Los usos del pasado en la disputa entre Corrientes y la nación por el territorio de Misiones (1862-1881)

The uses of the past in the dispute between Corrientes and the nation over the territory of Misiones (1862-1881)

Os usos do passado na disputa entre Corrientes e a nação pelo território de Misiones (1862-1881)

Alicia Belén Montenegro bel.montenegro22@gmail.com

Universidad Nacional del Nordeste. Facultad de Humanidades, Argentina

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Introducción

La historiografía correntina desde sus orígenes se ha empeñado en sostener y legitimar los derechos de la ciudad y la provincia de Corrientes sobre un dilatado territorio que excedía ampliamente sus límites actuales. Con ese fin se valió de interpretaciones anacrónicas respecto a la posesión del espacio territorial que era objeto de los reclamos de su élite dirigente. A fines del siglo XIX, cuando se iniciaron las acciones tendientes a poner al territorio de Misiones bajo la órbita del Estado nacional, la clase política y los intelectuales correntinos sostuvieron una serie de argumentos de carácter histórico a favor de sus derechos sobre dicho espacio, a través de los cuales trataron de reivindicar el lugar que sus élites dirigentes consideraban que debían ocupar en el orden institucional creado por la Constitución de 1853.

La disputa por el territorio de Misiones en la segunda mitad del siglo XIX se insertó dentro del proceso de definición de los límites nacionales y el despliegue de diferentes estrategias y acciones para controlar la región.^[1] También el estudio de este conflicto jurisdiccional resulta importante para analizar la relación entre el gobierno nacional y las provincias, la injerencia del primero en los asuntos locales, y la variedad de actores, identidades y procesos involucrados en la construcción estatal (Bragoni y Míguez, 2010; Míguez, 2021, 2013). En esta extensa y rica producción científica que aborda estos vínculos, hay que destacar los trabajos que analizan las disputas entre los gobiernos provinciales y el gobierno nacional por la definición de las fronteras internas y el rol que desempeñaron las nuevas instituciones, como el Congreso Nacional, en la construcción de estas definiciones (Bressan, 2016, 2017, 2020).^[2]

En las últimas décadas, el área de investigación referida a los “usos del pasado” ha crecido significativamente, e incluye la reflexión acerca de la función social de la historia, de las y los historiadores, así como el papel del Estado y de los distintos sectores sociales en el diseño de políticas públicas sobre el pasado (Leoni y Philp, 2021).^[3] En el presente artículo nos referimos a las representaciones sobre el pasado correntino construidas a fines del siglo XIX por diferentes actores políticos e intelectuales, en respuesta a problemáticas tales como la disputa con el Estado nacional por el territorio de Misiones. A partir del examen de fuentes como los diarios de sesiones de las Cámaras de Diputados y de Senadores, los mensajes presidenciales y de gobernadores e informes realizados por encargo de reparticiones públicas, indagaremos y analizaremos los usos del pasado en los argumentos esgrimidos por la nación y la provincia de Corrientes para legitimar sus pretensiones sobre el territorio misionero, durante el proceso que condujo a su federalización. Consideramos que el estudio de estos discursos resulta importante para comprender cómo los diferentes actores involucrados apelaron permanentemente al pasado, hicieron uso de él y reinterpretaron la historia para cumplir una función de legitimación de las prácticas políticas.

En un primer apartado, abordamos los antecedentes del proceso de incorporación del territorio de Misiones a la provincia de Corrientes, desde el poblamiento inicial hasta la primera mitad del siglo XIX. En el segundo, nos ocupamos de los primeros proyectos presentados y debatidos en el Congreso respecto a los territorios nacionales, a partir de la conformación del Estado nacional. En el último, exponemos el contexto en el cual surgió el proyecto de federalización de Misiones, su debate parlamentario y los usos del pasado en los argumentos utilizados por la provincia de Corrientes y la nación a favor de sus derechos.

Antecedentes del proceso de incorporación del territorio de Misiones a la provincia de Corrientes

La “región de Misiones” fue escenario de variados conflictos que determinaron finalmente la división entre los actuales Estados de Argentina, Brasil y Paraguay. Atravesado por los ríos Iguazú, Uruguay y Paraná, era considerado un espacio estratégico para el comercio y la vinculación de los pueblos en la cuenca del Río de la Plata, desde la etapa colonial y a lo largo del siglo XIX (Bressan, 2017). En el actual territorio argentino, se localizaron los quince pueblos que conformaron las Misiones Occidentales jesuitas (entre los que se encontraban Yapeyú, Santo Tomé, La Cruz y San Carlos), ubicados dentro del espacio que hoy pertenece a Corrientes.^[4]

Las élites dirigentes correntinas defendieron sus derechos sobre el territorio ocupado por los pueblos misioneros de los tiempos coloniales. En el transcurso del siglo XVIII, la ciudad correntina amplió su jurisdicción hacia el este y el sur, y ocupó tierras para la actividad pastoril. En esta etapa, la ampliación de la jurisdicción correntina significó la coexistencia de la ciudad y su área de expansión, por una parte, y de las Misiones jesuíticas por otra,^[5] dando lugar a relaciones conflictivas, ya que el cabildo correntino consideraba a las misiones como una intromisión en un territorio que le pertenecía por derecho desde su fundación. Sin embargo, hacia fines del siglo, Corrientes continuó su movimiento expansivo hacia el este y alcanzó la zona del Iberá y el río Miriñay (Schaller, 2000).

A principios del siglo XIX, tuvo lugar un hecho institucional de gran importancia porque a través del decreto emitido por el director supremo Gervasio Posadas en 1814, Corrientes fue separada de la dependencia de Buenos Aires y se convirtió en provincia.^[6] A partir de la conformación del Estado provincial se buscó avanzar de manera efectiva hacia el territorio de la provincia de Misiones. Un paso inicial para extender su jurisdicción más allá del río Miriñay y de incorporar las tierras de la cuenca del Uruguay, fue la incorporación de los pueblos de San Miguel y Loreto a través de la firma de un convenio con sus habitantes. Aunque la anexión definitiva de las Misiones Occidentales a la provincia de Corrientes se produjo finalmente a través de un acuerdo celebrado en 1830, por el cual un grupo de habitantes del pueblo de La Cruz aceptaba someterse a la autoridad de la provincia. Sin embargo, la transferencia era solo provisoria ya que la situación territorial de Misiones mantendría el statu quo hasta la organización constitucional definitiva (Schaller, 2001).

Hasta mediados del siglo XIX se había incorporado el sector de Misiones, comprendido entre los ríos Miriñay y Aguapey. Más allá de ese curso fluvial, el avance correntino fue contenido por Paraguay. Esta situación se modificó en 1852 con el reconocimiento de la independencia paraguaya por parte de Argentina. De esta manera, Corrientes pudo prolongar su avance al este de la frontera del Aguapey e incorporó el sector ubicado entre este río, el Uruguay y la sierra central misionera. Como se puede observar en la Imagen 1, el área fue anexada al departamento de Santo Tomé, el cual se convirtió en un centro comercial importante en la región y la provincia pudo tener acceso a los yerbales del interior de Misiones (Schaller, 2000). La derrota del Paraguay en la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870) contribuyó a que la provincia de Corrientes pudiera extender su control sobre las fortificaciones de San José y Loreto, completando de esta manera el avance hacia las tierras misioneras. Luego del conflicto, la élite correntina retomó su interés por dicho territorio, al mismo tiempo que desde el Estado nacional se proyectó incorporarlo a su dominio.^[7]

Imagen 1
El proceso de poblamiento de Corrientes sobre Misiones (primera mitad del siglo XIX)
Fuente: Cartografía elaborada por Tomás Guzmán, en base a Maeder y Gutiérrez (1995).

Los primeros proyectos nacionales sobre el territorio de las antiguas Misiones^[8]

La conformación del Estado argentino planteó la urgente necesidad de delimitar los espacios provinciales. Durante la presidencia de Bartolomé Mitre (1862-1868), se dieron los primeros pasos para la demarcación definitiva de las fronteras internas del país. Este proceso estuvo atravesado por las disputas entabladas respecto de los límites provinciales y de la potestad sobre territorios que las provincias y la nación consideraban de su jurisdicción. En este contexto, el Congreso se abocó a la discusión y la sanción de numerosas leyes que procuraban fomentar la inmigración y facilitar la colonización de vastas zonas consideradas “desiertos”, porque estaban escasamente habitadas por población “blanca” o se encontraban bajo el dominio de los pueblos indígenas (Pérez, 2014). Por entonces, la tarea de definir la jurisdicción de los territorios no pertenecientes a los Estados provinciales ocupó un lugar destacado en los debates del Congreso Nacional.

Rufino de Elizalde, senador por la provincia de Buenos Aires, presentó uno de los primeros proyectos de ley destinados a resolver esta cuestión, por el cual se declaraban nacionales todos “los territorios existentes fuera de los límites o posesión de las provincias”, comprendiendo también a aquellos que hubieran sido enajenados por los gobiernos provinciales después de la sanción de la Constitución de 1853. De Elizalde sostenía que el proyecto tenía dos objetivos principales: determinar cuáles eran las tierras de la nación y decidir qué destino se les debía dar. Para ello, propuso que las provincias presentaran un informe estableciendo sus límites y que el Congreso, con arreglo a esos datos, los fijaría. En 1862 se sancionó la ley 28 que declaraba territorios nacionales a todos aquellos espacios existentes fuera de los límites o posesión de las provincias. Al mismo tiempo, facultó al Poder Ejecutivo Nacional para pedir a los gobiernos provinciales los conocimientos necesarios para fijar los límites de sus respectivas jurisdicciones.^[9]

El 14 de abril de 1863, el gobernador correntino Manuel Lagraña emitió un extenso memorial para responder a la solicitud de la administración central.^[10] En él manifestó que los límites de Corrientes habían sido demarcados desde su fundación y, desde ese momento, siempre estuvo en posesión del territorio comprendido entre los límites mencionados. Asimismo, sostuvo que los antecedentes elevados manifestaban el “incontrastable derecho” que asistía a la provincia sobre todo el territorio, por lo que esperaba que el Congreso lo respetara y valorara “los sacrificios que ha hecho esta, para conservar la integridad del territorio y que no se la privará de un solo palmo de la tierra” (Colección, 1877, p. 505). Además, al referirse específicamente a Misiones, expresó que la acción de su gobierno produjo el aumento de la población, la refundación de pueblos y la apertura de nuevos caminos para facilitar la exportación de la yerba mate en aquella región. Los argumentos mencionados por el mandatario, como el acta fundacional y los sacrificios realizados por Corrientes en pos de la conformación del Estado nacional, fueron los aspectos claves que utilizó la élite dirigente correntina en toda la etapa del conflicto jurisdiccional.^[11]

La necesidad de delimitar la superficie de las provincias para legislar sobre las tierras que estaban bajo su domino particular, vinculada a la necesidad de atraer inmigrantes para poblarlas, continuó durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento (1868-1874). El gobierno nacional tenía la intención de reconstruir la antigua provincia de Misiones y, en 1872, esta idea se tradujo en un proyecto de ley que impulsó el Poder Ejecutivo. En esa propuesta se enumeraban cada uno de los territorios que serían declarados y sujetos a la jurisdicción exclusiva de la autoridad nacional, entre ellos, figuraba el de Misiones.^[12] La administración central realizaría la mensura y la exploración de todos los territorios nacionales y de aquellas colonias o establecimientos particulares que se hallaban dentro de los límites declarados nacionales. Si bien la Cámara de Senadores decidió aplazar el tratamiento de esa iniciativa hasta que el Estado nacional le solicitara a las provincias los antecedentes y los datos relativos a los límites de cada una, al incluir a Misiones quedaba en evidencia su interés por ese espacio. Al mismo tiempo, al señalar la necesidad de una cesión previa de dicho territorio por parte de Corrientes, se le reconocía a esta provincia la posesión o propiedad de al menos una parte del vasto espacio que ocuparon en su momento las reducciones jesuíticas.

La Ley Nacional de Inmigración y Colonización, sancionada en 1876, se refería a Misiones como territorio nacional y señalaba que era conveniente iniciar allí la colonización. Frente a estas expresiones, la élite correntina procuró conseguir los instrumentos legales que probarían que esos territorios le pertenecían a Corrientes desde su fundación. A principios de 1877, el gobernador José Luis Madariaga decretó la conformación de una comisión encargada de reunir los documentos probatorios y de elaborar un informe.^[13] La introducción a dicho documento, redactada por Ramón Contreras,^[14] brinda un relato histórico de la provincia desde la fundación de la ciudad de Vera en 1588, y constituye la primera interpretación articulada del pasado de Corrientes. A través de esta publicación oficial se puede apreciar la variedad de argumentos históricos que se desplegaron; entre ellos, la validación de la jurisdicción original del acta fundacional, considerada como el primer título jurídico que la provincia podía alegar a su favor; la presencia de la Compañía de Jesús, calificada como una “usurpación”; el decreto directorial de 1814; la posesión efectiva llevada adelante a partir de 1827, y la Constitución nacional. Al exponer cada uno de los argumentos históricos, Contreras expresó que los derechos de Corrientes eran claros, desconocerlos significaba dirigir “uno de los ataques más rudos a la Constitución, atentar contra la soberanía del pueblo correntino, violar la ley nacional de 1862 y amenazar la existencia política de los demás estados” (Colección, 1877, p. 31).

A partir de la llegada de Julio Argentino Roca a la presidencia de la nación (1880-1886), se inició el proceso de consolidación estatal. En este contexto, fue necesario ampliar la superficie de tierras disponibles para la expansión de la agricultura y la ganadería, e incorporar una considerable extensión de tierra al esquema productivo (Ruffini, 2006). En la sesión de apertura del Congreso Nacional, en mayo de 1881, el presidente remarcó la necesidad de dictar una ley definitiva que determinara los límites de los territorios nacionales, para que estos espacios se poblaran.^[15] Sus declaraciones comprometieron el dominio correntino sobre Misiones, al incluirlo entre las tierras de propiedad inmediata de la nación.^[16]

En abril de 1881, el Ministerio del Interior le solicitó a Mardoqueo Navarro^[17] que organizara los artículos publicados en 1877 por su hermano, Samuel Navarro, en La Tribuna, referidos al territorio de las Misiones,^[18] para convertirlos en una publicación oficial titulada El territorio nacional de Misiones (1881). En este informe se desarrolló una defensa de los intereses de la nación, a partir de un examen detallado de los documentos presentados por la comisión de 1877.^[19] A lo largo del texto, Navarro refutó los argumentos de cada uno de los documentos presentados por Corrientes y denunció que la comisión había intentado construir una historia nueva, desnaturalizando los hechos del pasado según sus propias conveniencias. Ese material, lejos de probar los derechos correntinos, al ser reinterpretado permitía desautorizar el trabajo realizado por la comisión. Navarro utilizó como ejemplo que no se había presentado la copia integral del acta de fundación, también sostuvo que la Asamblea General Constituyente no había respaldado el decreto de Posadas y lo estipulado por el artículo 4° del acuerdo de 1827.

Para los historiadores misioneros, el informe de Navarro constituyó el “primer texto historiográfico sobre Misiones”, por ser el primero que apelaba a la historia para resolver la cuestión de los límites, las jurisdicciones y las fronteras en el marco de la organización del Estado nacional, a través de la postura de un funcionario del gobierno central. También fue “un precedente en la socio génesis del trabajo histórico misionero, ya que mediante la utilización de la historia se debatían intereses políticos personales y los principios más generales de articulación entre la Nación y las provincias” (Jaquet, 2005, p. 89). Asimismo, representa un relato trascendente porque en él se especifica un espacio, un territorio y una población, a través de la identificación de ciertos “enemigos” (correntinos, paraguayos y brasileños), y la explicitación de “fronteras” mediante el uso de la historia. A partir de este relato se desprende una argumentación histórica que presenta a Misiones como un territorio despojado, invadido por “la rapiña de los vecinos” (Jaquet, 1998, p. 9). Es así que Misiones comienza a ser representada como una entidad definida, que habría tenido continuidad por sí misma en la vida nacional si no hubiera sido finalmente destrozada por fuerzas extrañas. Asimismo, aunque de manera indirecta, también aparece la idea de la reparación histórica para un territorio condenado al atraso y la postergación por culpa de correntinos, paraguayos y brasileños, idea que en el siglo XX fue retomada por los historiadores misioneros (Jaquet, 1998).

Un mes después de la publicación del texto de Navarro, el presidente envió al Congreso el proyecto de ley que proponía la nacionalización de Misiones.^[20] Los fundamentos de “los incuestionables derechos de la Nación” sobre este espacio fueron presentados a través de una síntesis de su evolución histórica, de la falta de títulos por parte de Corrientes para reclamarlos, y de un informe detallado sobre el estado de abandono y el atraso en el cual se hallaban estas tierras. De esta manera, la intervención del Estado nacional fue presentada como el único camino para que este territorio saliera del aislamiento y se incorporara al desarrollo y el progreso del país. No obstante, se aclaraba que, si bien los verdaderos límites del territorio de Misiones alcanzaban hasta el río Miriñay, se debía dejar a esa provincia la parte comprendida entre este río y el Aguapey. De esta manera, en el mes de septiembre se inició el debate parlamentario por la federalización de Misiones.^[21]

Los usos del pasado en el debate por la federalización del territorio de Misiones

En el proceso de construcción estatal, el Congreso Nacional desempeñó un rol decisivo en la configuración territorial de las provincias y de los territorios nacionales, en tanto los límites propuestos por unos y otros debían ser aprobados en ese recinto legislativo (Bressan, 2017). En los debates en torno al proyecto de ley para fijar los límites de Corrientes, la necesidad de esclarecer las demarcaciones entre ambas jurisdicciones fue un eje que cobró gran relevancia, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Diputados. Los legisladores que abogaron por la aprobación del proyecto coincidieron en que representaba “la primera ley especial de límites que iba a dictar el Congreso para una provincia argentina”,^[22] y sostuvieron que esta cuestión debía resolverse en el marco de la Constitución nacional, que le otorgaba al Poder Legislativo la atribución de fijar los límites interprovinciales. Y también acorde a la ley 28, que establecía que los territorios ocupados hasta el 1° de mayo de 1853 pertenecían al dominio provincial, mientras que las áreas no ocupadas hasta esa fecha correspondían a la nación; ese era el criterio que se debía utilizar en cuestiones de límites.

En el discurso emitido por los funcionarios nacionales surgía la idea de una nación preexistente. Uno de los principales defensores del proyecto fue el ministro de Justicia e Instrucción Pública, Manuel Pizarro, quien sostuvo que todo el territorio comprendido dentro de las fronteras de la república era nacional, por lo tanto, no se podía hablar de soberanías diversas, o de un suelo o territorio correntino ni porteño, sino exclusivamente de “suelo argentino o territorio nacional”. Establecidos estos antecedentes, la cuestión de Misiones quedaba por sí misma resuelta y Corrientes no podría reclamar derechos sobre esos espacios:

La provincia de Corrientes que no ha nacido sino de un acto de los poderes nacionales y de su reconocimiento por la Constitución Nacional, la provincia de Corrientes que no es anterior a esta, sino el resultado, una creación de la Nación misma al organizarse… no puede pretender que tiene como provincia otros límites que los que la Nación misma le señale, con arreglo a la Constitución.^[23]

Desde esta perspectiva, los títulos que Corrientes podía invocar como prueba de sus derechos adquiridos, en una época anterior a la sanción de la Constitución, quedaban sin efecto por la voluntad del pueblo argentino que le confirió al Congreso la facultad de asignar límites a las provincias. Por lo tanto, las demarcaciones fijadas en las actas fundacionales de las ciudades no se podrían utilizar como fundamento legal.

Si bien en sus expresiones los legisladores nacionales intentaron demostrar que el gobierno nacional no pretendía menoscabar los derechos de Corrientes, sino proveer de seguridad al territorio de Misiones, promover su poblamiento y llevar la acción del Estado en todos los órdenes, sí responsabilizó a las anteriores administraciones correntinas por el estado de atraso y de despoblamiento en el cual se hallaban aquellas tierras. También se les objetó que hubieran incentivado el poblamiento de Misiones, porque la provincia carecía de los medios eficaces para fomentar la población y el desarrollo económico. La imagen de ese espacio abandonado fue un instrumento para sostener la necesidad de sancionar el proyecto: “No hay territorio más rico, ni más feraz que el territorio de Misiones, mientras tanto ese territorio es completamente inútil hoy para el progreso y para el comercio del país”.^[24] El ministro de Hacienda, Juan José Romero, planteó que con el establecimiento de colonias por parte del Estado central se pretendía poner un elemento de riqueza y de comercio que beneficiaría a esa provincia limítrofe.

Una de las principales voces defensoras de los derechos de Corrientes fue la del senador bonaerense Carlos Pellegrini, quien definió al proyecto de “inoportuno” e “inmoral”, porque era violatorio de los preceptos de la Constitución nacional. Pellegrini se había expedido en disidencia en la Comisión de Límites y planteó que el Congreso no estaba facultado para federalizar un espacio que, desde su opinión, era provincial. Si bien reconoció la existencia de la antigua provincia de Misiones como un hecho histórico innegable, después de los sucesos de la Revolución de Mayo, esta había sido incorporada a Corrientes y formaron una sola jurisdicción entre las dos. Por consiguiente, si se trataba de fijar sus límites, este propósito solo se debía concretar con el objeto de devolverle a Misiones su autonomía provincial, no con el fin de federalizarla.

Además, Pellegrini realizó una activa defensa de los derechos de Corrientes. Desde su perspectiva, la finalidad del proyecto era dividir el territorio y arrebatarle a esa provincia la posibilidad de prosperidad y de engrandecimiento. Si bien reconoció que no estaba al nivel de otras regiones en materia de progreso y de educación, consideró que la nación era la principal responsable del atraso correntino y lo expuso en estos términos:

En toda su extensión no he encontrado sobre sus numerosos ríos un puente, no he encontrado una sola vía, no he encontrado un surco en la tierra costeado por el tesoro nacional, no he visto un ladrillo sobre otro ladrillo colocado por el gobierno nacional, he encontrado si, campos de batalla, en que los correntinos han combatido por la libertad común; he visto pueblos arrasados o destruidos por el enemigo extranjero; he visto a esos hijos desheredados de la familia argentina que jamás han merecido atención del gobierno nacional para ayudarlos.^[25]

Al exponer esta situación, sostuvo que, así como el gobierno nacional no hizo nada para favorecer el progreso de Corrientes, tampoco correspondía “arrebatarle” parte de su territorio. Desde su perspectiva, no era necesario federalizar a Misiones para proceder a su colonización y desarrollo, por el contrario, la nación debía apoyar y ayudar a Corrientes para que realizara esas tareas en las tierras misioneras.

Como señalamos anteriormente, el dominio correntino sobre Misiones se vio seriamente comprometido tras el mensaje que el presidente emitió en la inauguración de sesiones del Congreso Nacional, en mayo de 1881. En respuesta, la Legislatura de Corrientes, en sesión extraordinaria, emitió un manifiesto con el fin de acreditar los derechos de esa provincia sobre el territorio misionero. En dicho texto, los legisladores manifestaron su descontento por las declaraciones de Roca, porque representaban una violación a la soberanía provincial y a los derechos de jurisdicción y dominio territorial sobre esa región. Con estas palabras expresaron su descontento:

¡Será justo que el pueblo de la provincia sea dividido, de modo que una porción notable de sus hijos sea obligada a romper violentamente los lazos sagrados que los ligan a la misma política que les dio el ser!^[26]

A través de una reconstrucción histórica de los acontecimientos más destacados de la historia correntina, se mencionó cada uno de los títulos probatorios que tenía la provincia sobre el territorio disputado. Ese documento se dividió en tres secciones. La primera se titulaba “Derechos de soberanía local” y en ella se exponían los motivos por los cuales los representantes de la provincia defendían la soberanía política sobre Misiones. En la sección denominada “Posesiones de Corrientes en Misiones” se realizó una descripción de los actos de soberanía llevados a cabo en ese espacio desde 1814 en adelante, para demostrar que los diferentes gobiernos de la provincia jamás habían descuidado esas tierras. En la última sección, “Los límites de Corrientes sobre Misiones”, se definía este asunto como una “cuestión de títulos”, y se resaltaba sobre todo el acta fundacional de la ciudad y el decreto de Gervasio Posadas, como las principales evidencias jurídicas que la provincia podía alegar a su favor.

Asimismo, los legisladores denunciaron una campaña de difamación en contra de la provincia, realizada a través de la publicación de informes, artículos, folletos y mapas que, según ellos, falseaban la realidad. Por este motivo, además de enumerar los títulos probatorios de los derechos correntinos, se subrayó el accionar de sus administraciones dirigido a tierras misioneras: reglamentaron la explotación de la madera, favorecieron la elaboración de la caña de azúcar y de la yerba mate, y fomentaron la repoblación con la fundación de colonias a través de la firma de distintos contratos de colonización.^[27] Por último, expresaron que los hechos históricos citados en el documento eran suficientes para que el Congreso Nacional y la opinión de las otras provincias se inclinaran a favor de los derechos de Corrientes.

En el contexto del debate de la ley de federalización, los senadores correntinos Santiago Baibiene (Partido Liberal) y Miguel Gelabert, y el diputado José Luis Madariaga (Partido Autonomista), basaron sus argumentaciones en exaltar el pasado de esa provincia y resaltaron la activa participación que esta tuvo en el largo proceso de la organización nacional. Para ello, remarcaron los sacrificios realizados por Corrientes, no solo a favor del poblamiento de Misiones sino también de las libertades de todo el pueblo argentino. A través de una extensa reseña histórica, sostuvieron que esa jurisdicción siempre luchó contra los poderes extranjeros para reconstruir y poblar estos territorios, sin recibir jamás auxilio del gobierno nacional. En estos términos expresaron su enojo: “¿es acaso la recompensa con la que se trata de premiar a Corrientes, sancionar sin su consentimiento, el cercenamiento de su territorio?”.^[28]

Para comprender estas afirmaciones debemos tener en cuenta que, al promediar el siglo XIX, los miembros de la élite dirigente correntina estaban convencidos del futuro promisorio que le aguardaba a su provincia. Esta certeza era producto de las grandes expectativas que se habían generado en el imaginario de esa élite, y crecieron alimentadas por la concreción del proceso de organización institucional en el cual se habían destacado como impulsores del pacto federal –a través de la política desarrollada desde las gestiones de Pedro Ferré–, como defensores de los derechos autonómicos de las provincias y como consecuentes opositores a la “tiranía” rosista contra la que habían combatido hasta la batalla de Caseros (Quiñonez, 2012).

Consideramos relevante subrayar que, más allá de las diferencias entre liberales y autonomistas, existía un sustrato común en el imaginario de esa élite que le permitía a ambos sectores políticos utilizar argumentos idénticos para sostener sus expectativas y, con el tiempo, sus reclamos y reivindicaciones. Al hablar del carácter del pueblo correntino, que ambos grupos decían encarnar, se remontaban a la actuación de sus antepasados y destacaban las enormes dificultades que tuvo que sortear el núcleo inicial del poblamiento hispánico. También resaltaban el desarrollo institucional prolijo y peculiar que poseían, la economía floreciente y diversificada, el peso demográfico en la región, la capacidad de expansión territorial y su espíritu de entrega en pos de sacrificar sus logros particulares para ponerse al servicio de la causa de la organización nacional.

A través de la exposición de José Luis Madariaga se reconoce que la élite gobernante correntina era consciente de que, en medio del proceso de definición del Estado nacional, llegaría una instancia en la cual se deberían tomar decisiones en torno a los problemas que entrañaba la llamada “Cuestión Misiones”:

La provincia de Corrientes que durante esa época luctuosa conservó bien alta la bandera tradicional de mayo sacrificando todos sus tesoros y la fortuna de los particulares sin limitación alguna, regando con la sangre de sus mejores hijos del territorio de la república de un extremo hasta el otro en sostén de esa bandera y en defensa de las libertades del pueblo argentino, no vendría hoy a echar un borrón sobre las páginas gloriosas de sus nobles antecedentes, negándole a la Nación una parte no poblada de esos territorios para su población y su riqueza desde que la nación, es la patria común de los argentinos.^[29]

A través de estas palabras, Madariaga justificó su voto a favor del proyecto como un sacrificio de Corrientes en provecho de la nación argentina. De esta manera, la renuncia a las aspiraciones de esa provincia de poseer definitivamente el territorio de Misiones fue presentada como uno más de los sacrificios hechos por ella, sin recibir del Estado nacional la retribución que aspiraba.^[30]

Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto, pero excluyó el artículo 5°, que planteaba que el Poder Ejecutivo Nacional no reconocería ninguna de las ventas de tierras realizadas por el gobierno de Corrientes en el territorio de Misiones con posterioridad al 5 de julio de 1881. Sin embargo, el Senado rechazó esa modificación y el proyecto retornó a la Cámara iniciadora. Allí, la mayoría de los diputados, que tuvieron como principal portavoz a Felipe Yofre, defendieron su postura inicial y alegaron que esta cuestión se debía resolver en el ámbito judicial. También coincidieron en que incluir este artículo implicaba proceder de manera injuriosa con los poderes públicos de esa provincia. Al respecto, Susana Zouvi (2010) sostiene que, en general, los diputados defendieron el “decoro del pueblo y gobierno de Corrientes” (p. 11), valiéndose de argumentos jurídicos y hasta sentimentales, porque insistieron en que estaba en juego la dignidad del Estado correntino, que se vería seriamente afectado si se lo obligaba a devolver fondos al tesoro nacional.

Finalmente, el 20 de diciembre de 1881 fue sancionada y promulgada la ley que determinó los límites de Corrientes.^[31] La misma norma nacionalizaba el territorio de las antiguas Misiones que se encontraba al este del río Aguapey, y reconocía la integración definitiva a la provincia de las áreas situadas entre el Miriñay y el Aguapey, donde el poblamiento correntino estaba consolidado y, como lo señalaba el proyecto, el gobierno provincial podía llevar fácilmente su acción y hacer efectiva su autoridad. De esta manera, como se puede observar en la Imagen 2, los departamentos de La Cruz, Santo Tomé y parte de Candelaria quedaron bajo la jurisdicción correntina; mientras que el nuevo territorio incluía los departamentos de San Javier y parte norte de Candelaria. ^[32]

Imagen 2
Límites de la provincia de Corrientes a partir de 1881
Fuente: Cartografía elaborada por Tomás Guzmán, en base a Maeder y Gutiérrez (1995).

Palabras finales

El territorio de Misiones ocupó un lugar importante en los intereses económicos y políticos de la provincia de Corrientes y de la nación. La existencia de yerbales naturales y la riqueza de sus maderas convirtieron a este dilatado espacio en objeto de disputas y de maniobras para su apropiación territorial a fines del siglo XIX. Una vez constituida la unidad nacional en 1862, el Congreso se abocó a la sanción de leyes destinadas a fomentar la inmigración, facilitar la colonización de los “desiertos” y definir la jurisdicción de las áreas no pertenecientes a los Estados provinciales. Desde la presidencia de Bartolomé Mitre y, sobre todo, durante la administración de Nicolás Avellaneda, se dieron los primeros pasos para elaborar las herramientas jurídicas que definieran los límites de los territorios que quedaban bajo potestad de la nación y, al mismo tiempo, lograr la ocupación rápida de esos espacios. El proyecto de integrar a las Misiones Occidentales dentro de los espacios considerados desiertos formaba parte de un programa de largo plazo, que buscaba consolidar la soberanía e iniciar el proceso de integración del territorio de Misiones.

Consideramos que estudiar los debates que se dieron con relación a la región misionera resulta relevante, porque permite comprender las tensiones y los mecanismos institucionales presentes en la construcción de las fronteras internas, y también entender las ideas que sustentaron determinadas estrategias de la administración territorial como medio de garantizar su jurisdicción. Sostenemos que las concepciones respecto de los derechos fundacionales de las provincias constituyeron elementos claves en las discusiones en torno al territorio de Misiones. El acta fundacional de Corrientes, la Constitución provincial y la nacional, los relatos históricos y los recursos jurídicos fueron los aspectos principales que esgrimieron los sectores dirigentes para sostener los derechos de la nación o de la provincia en extensos y encendidos debates que buscaban probar la legitimidad de sus pretensiones territoriales.

Por un lado, la clase política y los intelectuales correntinos recurrieron a variados argumentos para reclamar sus derechos territoriales a lo largo del siglo XIX, entre ellos, el de la validez de la amplísima jurisdicción que le asignara su fundador en 1588 y la tesis, ya esgrimida por el cabildo correntino en tiempos coloniales, de la usurpación de su territorio por parte de las reducciones guaraníes instaladas por la Compañía de Jesús sobre la margen izquierda del río Uruguay, luego denominadas Misiones Occidentales (Maeder, 2004). Por otro lado, desde el Estado nacional, los relatos construidos sobre Misiones sustentaron la idea de un espacio desarticulado de la república, abandonado y atrasado económicamente. Estas expresiones sirvieron de argumento para cuestionar los títulos presentados por la provincia de Corrientes y su acción administrativa en aquellas tierras.

De esta manera, podemos señalar que Corrientes trató de privilegiar momentos de su pasado para reivindicar el papel que tuvo en la formación del orden institucional argentino, presentándose como una de las sociedades que hizo un gran esfuerzo por constituir la nación y no fue recompensada por esa participación. Esta realidad política sirvió de contexto para la elaboración de los relatos iniciales sobre el pasado correntino que se escribieron desde ese lugar, frente a una élite que percibía su alejamiento de los primeros planos de la política nacional y el derrumbe de sus expectativas en el terreno económico (Leoni y Quiñonez, 2001). Así, se sentaron las bases de las interpretaciones del pasado correntino que se mantendrían a principios del siglo XX.

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