Frente a la areté aristocrática que ensalzaba el valor y la valentía en la batalla, ya en el siglo VI a. de C. empezó a valorarse la areté cívica, que subrayaba virtudes vinculadas a la moderación, el equilibrio y el compromiso colectivo. De manera muy ilustrativa, los famosos guerreros griegos – los hoplitas – ya no eran superhombres solitarios sino soldados que dependían los unos de los otros. Sus escudos cubrían parcialmente a su compañero de batalla, de manera que la cooperación era indispensable tanto para dotarlos de fuerza como para protegerlos de las agresiones exteriores. El poder guerrero de los griegos – que se impuso durante prácticamente dos siglos en la cuenca del Mediterráneo – dependía así de la confianza entre unos soldados que, literalmente, dependían unos de otros (Finley 1992).

También en la vida civil, la confianza en las capacidades humanas estaba imponiéndose y dando lugar a la aparición de las primeras instituciones democráticas. Se empezó a concebir a los ciudadanos como seres dotados de logos (razón) y de hybris (moderación) y, consecuentemente, se debía permitir su participación activa en las tareas de gobierno. Las nuevas constituciones políticas que aparecieron entre el siglo VI y el siglo V a. de C. en las polis griegas representan la institucionalización de esta razón humana o, si se prefiere, la articulación de la confianza, entendiéndola como la capacidad de los ciudadanos para tomar decisiones. Unos ciudadanos que no sólo estaban capacitados para tomar decisiones de gobierno (democracia directa) sino también para resolver disputas judiciales. Así, la confianza en la capacidad de juicio de los ciudadanos se tradujo en la existencia de unos jurados populares muy alejados del énfasis que actualmente ponemos en la división de poderes y en la imparcialidad técnica de la justicia. En otros términos, hoy ya no confiamos la justicia a los ciudadanos sino a un colectivo especializado en su aplicación (Sartori 1987; Requejo 1990).

Por otro lado, simultáneamente, en esta democracia de la antigüedad se impuso también la desconfianza hacia los gobernantes, articulada, sobre todo, a través del rechazo a la representación. En el ágora se discutía y se tomaban las decisiones por unanimidad, evitando el uso del voto como forma de representar la voluntad general. Usando nuestros términos, se confiaba más en la capacidad de hablar y alcanzar acuerdos que en el uso de mecanismos agregativos destinados a condensar las voces ciudadanas. En la misma dirección, la elección de un cargo tampoco se sometía a votaciones, sino que se usaba el método del sorteo. Este es un dato muy significativo, pues suponía que se podía confiar en cualquier ciudadano a la hora de asumir una responsabilidad. Por el contrario, someter esta selección a procedimientos electorales era considerado una debilidad democrática, pues implicaba que los más audaces, los más ricos o los mejores oradores siempre serían elegidos. Finalmente, la desconfianza hacia los gobernantes se manifestaba también en la posibilidad de ser sometidos al juicio de los ciudadanos a través de unos jurados populares que podían sancionarles no sólo por incumplimientos penales sino también por el fracaso de sus políticas. El ostracismo era la peor sanción que podía imponerse a esos gobernantes fracasados a los que se les obligaba a abandonar la comunidad. En realidad, se les había retirado la confianza (García Gual 1995).

En resumen, tal como vemos en la Cuadro 1, la democracia de los antiguos se caracteriza por confiar en los ciudadanos y desconfiar de los gobernantes. No profundizaremos en este tema, pero es evidente que este peculiar binomio confianza-desconfianza se reflejaba en las formas de tomar decisiones y en la estructura institucional de estas democracias clásicas y que no entenderíamos sus rasgos más distintivos sin referirnos a él (Cuadro 1).

Cuadro 1

	Gobernantes que sí confían	Gobernantes que no confían
Ciudadanos que sí confían	Situación deseable	Democracia de los Modernos
Ciudadanos que no confían	Democracia de los Antiguos	Situación actual

Fuente: Elaboración propia.

La democracia de los antiguos sufrió una intensa crisis y el término democracia fue apartado de la centralidad del debate político durante más de 20 siglos. Podríamos intentar explicar esta situación como una crisis de confianza en unos ciudadanos que se mostraron manipulables y mediocres, pero no tenemos tiempo para ello. Tan sólo recordar –como ejemplo de desconfianza democrática- una de las citas más conocidas de Platón:

Necesitamos, en cambio, dar un enorme salto en el tiempo y situarnos en 1787, año en que se aprueba la Constitución de Filadelfia y que adoptamos como hito fundacional de la democracia de los modernos. Como sabemos, la Constitución de Filadelfia puede considerarse como el punto de partida de la llamada democracia de los modernos. Un modelo que se ha impuesto durante más de dos siglos y que se basaba en un equilibrio entre la voluntad (más o menos aparente) de otorgar el poder al pueblo y la voluntad (más o menos explícita) de desautorizar a este mismo pueblo para su ejercicio efectivo. Un ejercicio que, alternativamente, se reservaba a una elite de profesionales y de políticos electos. Se trataba, en otros términos, de construir un sistema de intermediación que sitúa el poder formal en el pueblo pero que reserva su ejercicio efectivo a un grupo de representantes de este poder popular (Madison, Hamilton & Hay 2009).

Este original diseño institucional parte de la desconfianza hacia las tendencias explosivamente revolucionarias del pueblo, que deben ser vehiculadas y controladas a través de una Constitución escrita, la división del poder, los sistemas de elecciones de representantes, la distribución territorial de los gobiernos, etc. La democracia liberal se preguntó cómo estabilizar el conflicto entre los derechos de una minoría de propietarios y los de una mayoría que no lo eran, y la respuesta fue una densa red de intermediación de proponía una nueva articulación del binomio confianza- desconfianza: confianza en los gobernantes (intermediarios electos) y desconfianza en los ciudadanos (que pueden amenazar los derechos de propiedad). Tal como lo expresaba magistralmente Crossman (1977, p.37), se trataba de “crear un sistema tan complejo que no dejara pasar ni una gota de sentimiento popular”.

Los dos cuadrantes que en la Cuadro 1 ocupan la democracia de los antiguos y la democracia de los modernos se encuentran hoy con enormes dificultades. Por un lado, la alternativa de la Grecia clásica no sólo colapsó, sino que su aplicabilidad a las sociedades actuales es como mínimo problemática. Por otro lado, el modelo liberal dominante e incuestionable hasta hace pocos años, se ha visto desafiado por una idea que torpedea su línea de flotación: no nos representan. Una sentencia que impugna la esencia de la democracia de los modernos y que se ha convertido en el punto de partida de una crisis que no para de agrandarse.

Así pues, parece que no podemos confiar ni en los ciudadanos (que se muestran mediocres y con dificultades a la hora de traducir sus pulsiones en decisiones colectivas) ni en los gobernantes (que ya no nos representan y que ejercen una intermediación que no aporta valor añadido). Frente a esta situación, nos encontramos con diversas alternativas en disputa:

En este artículo pretendemos avanzar en la construcción de esta tercera alternativa que, en realidad, se basa en la articulación de un nuevo binomio confianza-confianza. Posiblemente, como sugiere el trabajo de Wences y Güemes (2016), bajo un modelo de democracia republicana pluralista e inclusiva que, además de articular representación, participación y deliberación y garantizar derechos sociales, culturales y políticos, dirija su atención a incentivar la reciprocidad y el mutuo respeto la confianza tiene más sentido y encuentra mayor asidero, mejorando la eficacia de los gobiernos. Para ello necesitamos dar un paso más y trasladarnos de la teoría democrática al análisis de las políticas públicas. En este terreno, como veremos en el siguiente apartado, necesitamos superar una situación donde las decisiones de política pública se adoptan por expertos profesionales (evitando así la doble desconfianza hacia ciudadanos y políticos) y movernos hacia un nuevo escenario donde la ciudanía participa y se genera una democratización de las decisiones públicas, aunque sin renunciar al imprescindible ejercicio de autoridad que implica aprobar cualquier política pública (construyendo una doble confianza hacia ciudadanos y políticos).

Tal como se muestra en la estructura de los procesos participativos, se trata de combinar el reconocimiento de la autoridad (expresada en la persistencia de la democracia representativa) con el reconocimiento de la participación ciudadana (expresada en la elaboración deliberativa de las políticas públicas). La autoridad se refiere al quién de las decisiones públicas, mientras la deliberación se refiere al cómo éstas se adoptan (Brugué 2012). Usando nuestros conceptos, estamos proponiendo construir un escenario donde confiar tanto en la capacidad de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones como en la capacidad de los gobernantes para, dotados de autoridad, tomar las decisiones que les corresponden. Lo desarrollamos a continuación y los ilustramos en el tercer apartado con el ejemplo de la política hídrica.

La democracia de los modernos llegó acompañada de un modelo de administración que confiaba en el conocimiento experto y desconfiaba de las capacidades tanto de los gobernantes como de los ciudadanos a la hora de involucrarse en el diseño de las políticas públicas. Wildavsky (1979) ilustra esta posición en el propio título de su afamado libro, Speaking Truth to Power. Siguiendo la estela de la racionalidad tecnocrática weberiana, se considera que los profesionales expertos tienen acceso a la verdad y que, en consecuencia, el proceso decisional tiene que confiarse plenamente a sus criterios. Incorporar las opiniones de gobernantes y ciudadanos es absurdo, pues se trata de opiniones sin fundamento en las que, usando otra vez nuestro término de referencia, no podemos confiar.

El resultado ha sido una administración encerrada en sus propias certidumbres y ajena a cualquier aportación externa. Una administración que únicamente confía en las indicaciones del abstracto conocimiento experto y en los mandamientos de sus procedimientos, y que se muestra hostil a cualquier perspectiva alternativa. Podríamos definir esta administración como una forma organizada de la triple desconfianza: hacia los gobernantes, hacia los ciudadanos y hacia sus propios recursos humanos.

La base de nuestra administración tradicional es, pues, una peculiar combinación del binomio confianza-desconfianza: confiamos en los procesos y desconfiamos de las personas, confiamos en los técnicos y desconfiamos de los ciudadanos, confiamos en los directivos públicos y desconfiamos de los gobernantes electos. La administración es una máquina; y son los mecánicos los que deben hacerse cargo de su buen funcionamiento y no unos conductores que, demasiado a menudo, se caracterizan por sus comportamientos temerarios.

El problema es cuando los mecánicos tienen el coche en perfecto estado, pero nadie sabe muy bien hacia donde conducir el vehículo. Esto es lo que puede haber pasado durante las últimas décadas con algunas administraciones públicas. Los gobiernos han sido capaces de mejorar el funcionamiento de la máquina administrativa, aunque las políticas han perdido el rumbo y se muestran incapaces de resolver los problemas. Es decir, hemos mejorado en la prestación de servicios públicos y, al mismo tiempo, paradójicamente, las políticas públicas son cada vez más incapaces de transformar la realidad sobre la cual pretenden incidir (Stone 2002).

Detectamos, pues, una creciente incapacidad de gobernar nuestras sociedades, entendiendo por “gobernar” – usando su sentido etimológico – la capacidad de llevar el timón, de dirigir la comunidad hacia un determinado destino. Una incapacidad que, como ya hemos anticipado, encontraría su explicación en la doble desconfianza en los gobernantes y en los gobernados. Una desconfianza que se traduce en una parálisis de las políticas públicas: los gobernantes no confían en la capacidad de los gobernantes para tomar decisiones (y son capaces de paralizarlas), mientras que los gobernantes no confían en la capacidad de los ciudadanos y no los incorporan en los procesos decisionales (volviendo, así, a paralizar sus iniciativas).

La literatura académica ha analizado la dificultad de desplegar políticas públicas en un contexto como el que hemos presentado (Geyer & Rihani 2010). Incluso ha acuñado el término policy failure para referirse a lo que Bovens y Hart (1998) llaman el “fiasco de las políticas públicas”. Desde esta perspectiva, la lógica tecnocrática y simplificadora con la que operan las instituciones públicas entraría en colisión con la complejidad de la realidad sobre la cual pretende intervenir. Una asimetría letal para las políticas públicas, que fracasarían en su intento de abordar desde perspectivas simplificadoras (segmentación y especialización) realidades complejas (poliédricas y multidimensionales).

La Ilustración nos situó en un escenario marcado por la confianza y el control. Un contexto en el que nos aproximábamos al mundo desde la seguridad de poder conducirlo hacia un futuro que, además, siempre mejoraría tanto el pasado como el presente. Algunos autores han definido este escenario como el paradigma del orden. Es el paradigma de la revolución industrial y de la racionalidad tecnocrática; un modelo donde el conocimiento nos permite acceder a las leyes que rigen la realidad y, consecuentemente, también a las herramientas (políticas públicas) para intervenir sobre ella (Horgan 1996; Wilson 1998).

Hoy, en cambio, parece que las dudas han sustituido a las seguridades, descubriendo los límites de un conocimiento que ya no explica una realidad desbordantemente compleja ni permite intervenciones controladas sobre la misma (Scott 1988). Una complejidad que no es tan solo un atributo de la realidad sino algo que debemos integrar en nuestra forma de entenderla y de intervenir sobre ella. El fallo de las políticas se vincula, por un lado, a la complejidad irreductible de los problemas sobre los cuales pretende incidir y, por otro lado, a la simplicidad de los planteamientos y de los instrumentos de intervención. Esta nueva complejidad – a la que nos hemos referido como wicked problems – reclama ser asumida en las propias políticas públicas a través de la racionalidad deliberativa (Ritter & Webber 1973).

En este trabajo proponemos trasladarnos del “fallo de las políticas” al “colapso de las políticas”. No se trata de un simple cambio terminológico. Pretendemos, más bien, mover el foco desde las dificultades de implementar políticas públicas hacia algo más básico: la incapacidad de diseñarlas y ponerlas en funcionamiento. Mientras que el fallo de las políticas nos remite a un estudio de las condiciones en las que se produce el ciclo de las políticas públicas, su actual colapso ni siquiera alcanza este ciclo y, siguiendo con nuestra hipótesis de trabajo, se explicaría por lo que antes hemos denominado el doble déficit de confianza.

Desde este punto de vista, el binomio desconfianza – desconfianza no se limita a dificultar la implementación de las políticas, sino que nos incapacita para diseñarlas. Se trata de un bloqueo que tiene que ver con la incapacidad de ejercer las actuaciones político-democráticas más básicas cuando no disponemos ni de unos pocos gramos de su ingrediente esencial: la confianza. Sin un mínimo de confianza en los ciudadanos la democracia no es únicamente que no funcione adecuadamente, sino que ni siquiera consigue ponerse en funcionamiento. Y, del mismo modo, sin cierta confianza en nuestros gobernantes, los incapacitamos no sólo para tomar decisiones adecuadas, sino que impedimos que las tomen.

Frente esta situación, que la literatura especializada ha bautizado como policy failure y que nosotros hemos preferido calificar como de colapso de las políticas públicas, han aparecido propuestas en dos direcciones. En primer lugar, desde el enfoque de la excelencia empresarial se sugiere que la gestión de los servicios públicos debería contar con las ideas y las voces de los empleados y de los clientes. Estos no sólo son dignos de confianza sino que se convierten en los factores claves para explicar el éxito de las organizaciones. Estas propuestas, que encontramos en los trabajos seminales de Peters y Waterman (1982) y Osborne y Gaebler (1998), se han centrado en el ámbito de la prestación de servicios y, en consecuencia, no han abordado las dificultades de las políticas públicas.

En segundo lugar, ahora ya en el ámbito de las políticas públicas, han proliferado las aportaciones que han situado el acento en la necesidad de tomar decisiones de forma deliberativa; contando con los diversos puntos de vista que se encuentran tanto en las diferentes unidades de una organización como entre los múltiples agentes externos a la misma. El argumento central radica en la superioridad de la racionalidad deliberativa a la hora de abordar los problemas complejos que hoy debemos afrontar (Gutmann & Thompson 2004; Hajer & Wagenaar 2003; Wagenaar 2007).

Una administración que aborda el proceso decisional desde la racionalidad deliberativa debe abrirse al exterior y establecer diálogos entre los diferentes puntos de vista. Y esto únicamente se puede realizar desde la confianza. Más allá del debate sobre los diversos métodos de participación ciudadana y de transversalidad organizativa, la clave se encuentra en revertir una administración genéticamente desconfiada. No es casualidad que en los últimos años éste sea un término que ha proliferado en la literatura (Child & Faulkner 1998; Agranoff & McGuire 2003), aunque su traducción en la práctica ha sido más lenta y no exenta de límites (Elster 1998).

En el próximo apartado nos acercaremos precisamente a un caso concreto en el que una política pública compleja ha sido adoptada desde el diálogo.

El estudio de caso que presentaremos tiene la virtud metodológica de combinar en forma flexible estilos interpretativos y empiristas de investigación, apelando a la construcción de un relato narrativo que conecta coherentemente los acontecimientos y recupera el contexto histórico en el que se insertan las variables. Ciertamente, los hallazgos y conclusiones de un análisis de caso único no son generalizables, pero suelen generar hipótesis más complejas (Yin 1984). A partir de este caso, veremos cómo la confianza ha sido un elemento importante, simultáneamente como instrumento para favorecer el diálogo y como resultado del propio proceso de diálogo. Una confianza que se otorga a los diversos actores involucrados en la política pública y que, también, se traslada a aquellos que finalmente deberán tomar la decisión. Una doble confianza que expresa la articulación autoridad pública / participación ciudadana; una articulación difícil de alcanzar, pero sin la cual difícilmente podremos desplegar políticas públicas en los contexto de alta complejidad con los que hoy nos enfrentamos (Brugué 2014).

La DMA actuó como la palanca para impulsar, en Europa, el desarrollo de una nueva política que pretendía asumir la complejidad y la diversidad de lógicas y factores que intervienen en la gestión del agua. La nueva política debía concretarse en el llamado Plan de Gestión del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña (Videira et al., 2003; Boyden 2008).

La Agencia Catalana del Agua (ACA), dependiente del departamento de Medio Ambiente del gobierno autónomo, fue el órgano responsable de implementar la DMA en Cataluña. Respecto al proceso participativo, la Agencia constituyó una unidad específica para el fomento de la participación ciudadana y, a la vez, contó con la colaboración de la Dirección General de Participación Ciudadana (DGPC) del Departamento de Relaciones Institucionales y Participación. Esta colaboración supuso una importante inversión, tanto económica como humana, por parte de la administración de la Generalidad de Cataluña en el despliegue de la DMA (ACA 2006; 2010).

Por otra parte, el calendario del proceso fue muy dilatado en el tiempo. No es frecuente encontrarse con una política que permita dedicar 5 años sólo a la preparación y la discusión de sus contenidos. Esta situación fue propiciada por la propia DMA, la cual imponía un calendario que se iniciaba en 2003 y que permitía desplegar una fase de preparación y debate que abarcaba el período 2004-2009.

Finalmente, según los documentos de la ACA, los objetivos del proceso llamado “consultivo” eran “informar y escuchar la opinión de los ciudadanos y ciudadanas, así como de los representantes de entidades, administraciones y empresas, para debatir las propuestas sobre la gestión del agua a las diferentes cuencas catalanas” (ACA 2006, p.12). Tomando como punto de partida la valoración sobre el estado de las masas de agua y siguiendo las indicaciones de la DMA, la ACA y la DGPC diseñaron un proceso deliberativo estructurado en 5 fases⁴:

El proceso deliberativo se desarrolló durante un período relativamente largo de tiempo e incorporó un amplio abanico de actividades, de manera que su análisis no resulta una tarea sencilla de abordar (para un análisis más detallado ver Brugué et al., 2012) Lo intentaremos simplificar a partir de fijarnos únicamente tres aspectos: la diversidad de participantes a los que se dirigió, las reglas y los protocolos de funcionamiento y, de manera algo más detallada, los valores y las actitudes que permitieron construir la confianza sobre la que debe asentarse –según nuestra hipótesis- la construcción de una política pública.

En este último apartado nos preguntamos sobre el tipo de relación que se estableció entre los diversos actores involucrados en el proceso deliberativo – tanto sociales como institucionales. Se trata de valorar, tal como hemos establecido en nuestra hipótesis, hasta qué punto se generó el binomio confianza-confianza y cómo influyó en la aprobación final del plan de gestión de las cuencas fluviales catalanas.

De entrada, tal como ya habíamos anticipado, resulta evidente que las relaciones comenzaron impregnadas de una fuerte desconfianza: los participantes desconfiaban de la administración y la administración desconfiaba de los participantes, mientras que los participantes representaban intereses diversos y también recelaban unos de otros. En las sesiones informativas que daban el pistoletazo de salida a los procesos deliberativos se abría un turno de intervenciones entre los asistentes, los cuales de manera prácticamente invariable siempre manifestaban las dudas sobre la voluntad real del gobierno de abrir un espacio participativo de verdad. “Lo hacen para cubrir el expediente y nada más, ¿verdad?” – era una intervención bastante común y que ponía de manifiesto la desconfianza con la que arrancaba el proceso. Incluso había quien interpretaba el impulso gubernamental del proceso como una trampa, como una farsa en la que, por consiguiente, se negaban a participar.

Sin pretender ser excesivamente optimistas, y derivado de la observación del caso y de las entrevistas, consideramos que el proceso fue capaz de generar cierta confianza y esto fue, probablemente, uno de los éxitos del proceso. No estamos insinuando – ni mucho menos – que el proceso haya generado consensos y acuerdos entre los diferentes actores, los cuales legítimamente defienden sus posiciones, sus intereses y sus visiones dispares. Tampoco estamos afirmando que el gobierno y la administración hayan recuperado un crédito que hoy la sociedad difícilmente les otorga. Consideramos, más modestamente, que todo el mundo pudo mantener sus posiciones pero que, al mismo tiempo, se logró escuchar las de los demás con respeto y con una actitud positiva. Conocer y reconocer a los demás es uno de los objetivos de la deliberación, ya que es el paso previo e imprescindible para poder trabajar juntos.

Los propios participantes, al ser entrevistados, destacaban como uno de los resultados más valorados del proceso deliberativo la oportunidad de establecer nuevas relaciones entre ellos, de haber conocido a otros actores y de haberse enriquecido del intercambio mutuo:

Respecto a la relación de los diferentes actores con la administración o, más concretamente, con la ACA, la mayoría de los miembros de la Agencia entrevistados valoraron también la oportunidad de conocer y de darse a conocer;

No era sencillo conseguir unas relaciones de respeto y de colaboración entre los diferentes actores participantes en el proceso. Lo cierto es que, aunque esto no se logró de forma absoluta, sí que se detectaron síntomas de acercarse a unas relaciones de mayor confianza. La clave radicó en varios factores, entre los que destacaríamos el tiempo dedicado al diálogo, el trabajo de los dinamizadores, el papel jugado por los técnicos de la ACA, la claridad de las reglas de juego y la predisposición de los propios participantes:

Si la complejidad de las políticas públicas requiere que, de una u otra manera, los diversos actores se sientan implicados, entonces el proceso deliberativo jugó un papel crucial en la generación de complicidades y confianzas. El proceso se convirtió en un espacio de encuentro donde los diferentes actores se conocían y aprendían a compartir y a trabajar juntos desde el respeto mutuo y la colaboración.

Así pues, la confianza no es sólo un input de los procesos participativos. También es un output y, como tal, debe ser gestionada y producida. Siguiendo las recomendaciones de Child y Faulkner (1998), para generar confianza entre los diferentes actores vinculados a una política pública, deberíamos tomar en consideración tres etapas:

Como hemos venido relatando, el camino hacia la confianza es largo y plagado de obstáculos; un esfuerzo que, sin embargo, se ve compensado cuando se alcanza el destino final. Tal como establecíamos en nuestra hipótesis de trabajo, este destino se describe en términos de política desbloqueada o, expresándolo en términos positivos, en la capacidad de planificar e implementar una política pública compleja en el marco de una sociedad también compleja. Y éste fue, efectivamente, el destino de la experiencia presentada.

De entrada, para mostrar este resultado basta constatar como en Cataluña, a diferencia del resto de cuencas hídricas españolas, el plan de gestión se aprobó en plazo, el 23 de enero de 2010 (decreto 188/2010 que incorporó el programa de medidas del acuerdo GOV/238/2010). En el resto de cuencas hídricas españolas, la política permaneció bloqueada durante un intervalo de entre tres y cinco años. No es el objetivo de este artículo valorar los contenidos de este programa, pero sí mostrar la existencia de una relación entre el proceso deliberativo y la capacidad para aprobar una política pública hídrica.

Un proceso deliberativo que estimuló aquello que en nuestro planteamiento teórico hemos llama la doble confianza: confianza en la capacidad de los actores sociales y económicos de involucrarse en el proceso decisional y confianza en los representantes gubernamentales que tienen la obligación de ejercer la autoridad y adoptar la decisión final. Dos confianzas que se encuentran altamente interrelacionadas y que deben producirse de forma simultánea. Es decir, es la confianza de los gobernantes hacia los gobernados lo que se torna en confianza de los gobernados hacia los gobernantes.

En el resto de cuencas españolas se mantuvo la lógica de la doble desconfianza y, consecuentemente, el bloqueo de la política. La desconfianza hacia los ciudadanos inhibió a las autoridades hídricas en la realización de un auténtico proceso deliberativo y, de esta forma, no sólo no incorporaron sus aportaciones, sino que se ganaron la desconfianza de unos actores que, en última instancia, han sido capaces de bloquear el despliegue de una política. De una política compleja que no era capaz de incorporar la complejidad en el proceso decisional.

Podemos concluir este punto valorando los resultados del proceso deliberativo en términos del tipo de decisión de política pública finalmente adoptada. Para ello nos apoyaremos en las cuatro características que, según Gutmann y Thompson (2004), provoca la deliberación en las decisiones finales. Como podrá comprobarse enseguida, estos autores no se refieren a los contenidos sectoriales de cualquier decisión (es decir, a aspectos hídricos, sociales o escolares de unas políticas determinadas) sino a atributos de la propia decisión. Parten de preguntarse sobre para qué dedicar tanto tiempo y esfuerzo a tomar una decisión siguiendo la lógica deliberativa y nos proponen los cuatro argumentos que podemos trasladar a nuestro caso de estudio: