Introducción

El presente artículo se basa en el caso de una comunidad indígena [Comunidad Zona Lacan­dona (CZL)] localizada en la Selva Lacandona (Chiapas, México). En este trabajo se identifican algunos temas de tensión entre los recursos naturales (tenencia y uso de los recursos) y las poblaciones indígenas que los habitan. El análisis basado en la experiencia de la CZL es relevante para entender algunas características del conflicto por los recursos naturales que se refieren a la tenencia de la tierra (conflictos agrarios) y el acceso, uso y manejo de dichos recursos naturales localizados en sus tierras (conflictos ambientales). La Selva Lacandona, habitada casi en su totalidad por población indígena, destaca por los efectos que dos políticas públicas han tenido en el desarrollo de los conflictos: la reforma agraria (1915-2012) y la protección ambiental (1970-2015).

En la primera sección, se explica el caso de estudio antes de hacer una revisión de la definición de indígena. La tercera sección revisa la relación del sistema político con dos características: etnia y ecosistema. En un caso, se revisa la forma en que el conflicto de este tipo ha sido abordado por las estructuras del Estado; mientras que en el otro, se revisa la relación ecosistema-sistema político buscando un contexto para entender los puntos conflictivos en el caso de estudio. La clasificación del conflicto del que ha sido parte la CZL es presentado, explicado e ilustrado en la siguiente sección. La última sección contiene las conclusiones.

El caso de estudio

La CZL es una comunidad agraria e indígena, creada por la reforma agraria mexicana[2]. Tiene 16.794 habitantes (Tabla 1). La CZL alberga en su territorio dos localidades urbanas (Nueva Palestina y Frontera Corozal)[3] y diez rurales[4] (Tabla 1)[5], así como también siete áreas naturales protegidas (Figura 1 y Tabla 2).

La relación de la comunidad con el gobierno en los últimos cuarenta años, se ha centrado en temas agrarios y ambientales. La política agraria es fundamental para entender el proceso de formación de poblados en la Selva Lacandona. Es particularmente importante para entender el proceso de congregación y sedentarización de los grupos Lacandones (Boremanse, 1998; Garfias y Turok, 1983; Baer y Merrifield, 1971; Villa Rojas, 1967; Blom y Duby, 1956). De la misma manera, es importante para entender la conversión de grupos indígenas sin tierra (Choles, Tseltales y también Tsotsiles) a comuneros -beneficiarios de un proceso de restitución agrario-. En tercer lugar, el acomodamiento de los grupos indígenas, beneficiarios de la creación de la CZL, con las políticas públicas “del momento”: desde la explotación forestal (O’Brien, 1998; De Vos, 2002; González Pacheco, 1983); hasta la protección ambiental, mediante la creación y operación de áreas naturales protegidas. Es necesario recordar que, México tiene 177 Áreas Naturales Protegidas (25.628.239 hectáreas), en seis diferentes categorías -operadas por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).

Figura 1.
El territorio de la CZL y ubicación de las ANP
Fuente: Calleros Rodríguez y Guevara Romero (2017). Elaboración con base en: 1 Marco Geoestadístico, 2013 de INEGI; 2 ANP, 2015 de CONANP; 3 Secretaría de la Reforma Agraria. Programa de Atención Integral a la Comunidad Zona Lacandona y la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Principales Resultados. Abril 2007. México. [Presentación obtenida mediante solicitud de acceso a información pública].

Advertencia: la línea perimetral en negro se refiere a la primera demarcación que se realizó del polígono de la CZL (14.11.1982); la línea en amarillo indica un segundo intento de deslinde del polígono (23.11.1982); la línea en rojo indica el tercer intento de deslinde (03.03.1988).

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son el principal instrumento de conservación. México es un actor internacional relevante en materia de conservación de la biodiversidad: tiene registradas cuarenta y dos reservas de la biosfera (hasta enero de 2017) en la Red Mundial de Reservas de Biosfera de UNESCO. En este contexto, la importancia de la CZL viene dada porque su territorio alberga diversas áreas protegidas (Tabla 3). Finalmente, se da una relación dual con los gobiernos: de cooperación; pero también de conflictos sobre temas de tenencia de la tierra y acceso, uso, manejo de los recursos naturales (Calleros Rodriguez, 2014).

Pueblos indígenas

La población indígena[6] de México es la que habita en hogares indígenas más los hablantes de alguna lengua indígena. México es el país de América con mayor cantidad de población indígena y con mayor cantidad de lenguas originarias habladas (68 lenguas y 364 variantes dialectales registradas). En este país hay 112.236.538 habitantes (GITAI, 2016). El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GITAI) reporta que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) registran 16.933.283 indígenas en México (el 15,1% del total de la población). En la medición de 2010, se registraron más hablantes de lengua indígena (15.703.474); se reportaron 68 lenguas y 364 dialectos. El CONEVAL registra que poco más de 8,7 millones de indígenas viven en situación de pobreza o de pobreza extrema (GITAI, 2016: 81; CONEVAL, 2014).

El significado de la identidad étnica es polisémico: México es una nación multiétnica (Artículo 2º CPEUM)[7]; en la que todas las personas son iguales ante la ley; y, además, es una sociedad en la está prohibida cualquier forma de discriminación motivada por origen étnico (Artículo 1º CPEUM). Estos son los tres principios de la pluralidad (étnica) mexicana. Pero las características étnicas de un grupo humano pueden destacar en función de políticas públicas concretas. Por ejemplo, el sistema agrario no distingue a la población indígena del resto de los beneficiarios del reparto de tierras. Así, la población indígena se organiza tanto en ejidos como en comunidades agrarias. Otro ejemplo es el censo mexicano: INEGI (2016; 2016a) considera que la población indígena se distingue y define su identidad a partir de la lengua con la que se comunican, además de tener usos y costumbres propios, como cosmovisiones singulares o prácticas diferenciales de tipo ecológico, cultural y político.

Hay algunos instrumentos de Derecho Internacional que han establecido características o definiciones de lo que entendemos como “pueblos indígenas”. Por ejemplo, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) no presenta una definición del término pueblos indígenas, lo cual hace que se considere una “ambigüedad constructiva del texto” (Montes y Torres, 2010) que reconoce la dificultad de contar con una definición universal de indígena. Si en África y Asia resulta debatible hablar de pueblos indígenas, no es el caso en América. El acuerdo diplomático que encierra la DNUDPI es el dejar que los Estados nacionales elaboren la definición que sea más ajustada (Montes y Torres, 2010). Sin embargo, otros instrumentos internacionales sí han presentado definiciones. El Convenio 169 de la OIT[8] establece que un pueblo puede ser considerado indígena si es descendiente de aquellos que habitaban el área antes de su colonización, y si ha mantenido sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas desde la época de la colonización y el establecimiento de los nuevos Estados. El Convenio expresa que la auto-identificación es crucial para los pueblos indígenas. Otra definición existente es la del Grupo de Trabajo de la ONU para las Poblaciones Indígenas (GTPI). Este grupo designa a los pueblos como indígenas a aquellos que descienden de grupos que ya estaban en el territorio del país en el momento del arribo de otros grupos con culturas u orígenes étnicos diferentes. Dichos grupos, por su aislamiento de otros segmentos de la población han mantenido casi intactas las costumbres y tradiciones, las cuales son similares a aquellas caracterizadas como indígenas. Estos colectivos están sometidos, aunque sea formalmente, a una estructura estatal que incorpora características nacionales, sociales y culturales ajenas a las suyas (Montes, Torres, 2010)[9].

Una definición más es la contenida en el Informe Martínez Cobo para la Subcomisión de la ONU para la Prevención de las Discriminaciones y Protección de las Minorías (1986)[10]. Según este informe, comunidades, pueblos y naciones indígenas son aquellas que, poseyendo una continuidad histórica con las sociedades pre-invasoras y pre-coloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran disímiles de otros sectores de las sociedades dominantes en aquellos territorios o parte de los mismos. Ellos componen actualmente sectores no dominantes de la sociedad y están determinados a conservar, desarrollar y trans­mitir a las generaciones futuras sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base para su continuidad como pueblos en conformidad a sus propios patrones culturales, instituciones sociales y sistemas legales. Esta continuidad histórica puede consistir en la persistencia, durante un largo periodo de tiempo y has­ta el presente, de uno o más de los siguientes factores: ocupación de territo­rios ancestrales o parte de ellos; linaje en común con los ocupantes originales de esos territorios; cultura en general o en manifestaciones específicas (como religión, sistema tribal de vida, afiliación a una comunidad indígena, indumentaria, modo de subsistencia, estilo de vida, etc.); lengua (tanto si es utilizada como lengua única, lengua materna, medio habitual de comunicación en el hogar o la familia o empleado como lengua principal, preferida, habitual, general o normal); residencia en ciertas partes de su país o en ciertas regiones del mundo.

A tenor de lo expuesto, las definiciones de la DNUDPI, Convenio 169 de la OIT y el informe Martínez Cobo sugieren que el punto de partida para hablar de etnicidad es la pluralidad humana, es decir, la existencia de numerosas comunidades humanas que pueden ser definidas por afinidades raciales, lingüísticas, culturales, o de otro tipo. Es notable que las poblaciones indígenas tienen una característica crucial: una relación de la población con un territorio y con el ecosistema circundante.

En México, las poblaciones indígenas han visto sus vidas considerablemente influidas, configuradas y reconfiguradas por la Reforma Agraria: introdujo formas de organización social, e implantó a su vez diferentes principios de tenencia de la tierra (p.ej. Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales). Una política que ha sido determinante, principalmente para las comunidades indígenas dueñas de vastos recursos naturales. Frecuentemente, la reforma agraria entregó áreas ricas en biodiversidad que posteriormente fueron convertidas en áreas naturales protegidas. Una de las primeras acciones de conservación ambiental fue la creación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RBMA) en 1978.

Recursos naturales: tenencia, acceso y uso

Etnia y sistema político

El papel de la etnicidad en los sistemas políticos, como la democracia, ha sido ampliamente estudiado. Por ejemplo, la Teoría de la Modernización sugería que el desarrollo económico haría que las diferencias étnicas pre-modernas fueran superadas (esto es, eliminadas u homogeneizadas), entendidas como la modernización de las sociedades tradicionales (Rostow, 1960; Almond, Powell, 1966; Huntington, 1968; Vidal de la Rosa, 2004). La premisa del cambio social (modernización) incidía en las políticas públicas del indigenismo. Pero la Teoría de la Modernización erró porque las distinciones étnicas dentro de las sociedades no se eliminaron. Cuando en un sistema político existen diversos grupos humanos, es posible decir que se establecen relaciones étnicas. Hay por lo menos tres modalidades: cuando las tensiones suceden entre uno de esos grupos con las autoridades o el sistema político, se habla de relaciones étnicas; si las relaciones suceden entre los grupos étnicos, se habla de relaciones inter-étnicas; y, finalmente, si las relaciones suceden dentro de un grupo étnico (comunidad indígena), se habla de relaciones intra-étnicas. Estos tres tipos de relaciones (étnicas, inter-étnicas e intra-étnicas) pueden generar tanto cooperación como conflicto en un sistema político.

La importancia que el tema de la etnicidad adquiere en cada sociedad es variable: mientras que, en algunos casos, se refiere exclusivamente a la vida comunitaria o, incluso, familiar; en otros casos, puede impactar en las estructuras sociales, políticas y económicas de la sociedad en cuestión (ver: Horowitz, 1985). Lijphart (1995)[11] identifica cuatro maneras de canalizar las divisiones étnicas dentro de un sistema políticos cuando existen tensiones: i) marcadamente; ii) cuando hay convivencia; iii) cuando hay una mayoría dominante; y iv) cuando comparten el poder. Uno de los temas más complejos en un sistema político multiétnico es el tema de la autonomía y la secesión, cuestión que, precisamente, fue un tema de difícil negociación durante las discusiones de la DNUDPI (Charters, Stavenhagen, 2010). Entonces, las relaciones entre los grupos étnicos pueden ser estructuradas de varias maneras, aunque en una democracia, dichas relaciones se establecen dentro de las instituciones de representación electoral (legislaturas) y a través de los partidos políticos. Desde luego, también se estructuran dentro del sistema legal, que reconoce la diversidad social. Es importante notar que las estructuras del estado democrático no son la única solución a las relaciones étnicas. Hay conflictos sociales que no necesariamente son mediados por los sistemas de representación política (partidos, elecciones, legislaturas), sino que son canalizados dentro de estructuras políticas, como el corporativismo. El corporativismo ha sido un fenómeno del siglo XX (Schmitter, 1974; Hayward, 1979; Cawson, 1986; Williamson, 1989) que ha operado en diferentes niveles (macro, meso y micro) y en temas muy concretos (arenas políticas). El corporativismo es incompatible con la democracia.

Este trabajo se concentra en las relaciones micro-corporativas. En ellas, las autoridades negocian directamente las intervenciones con la organización o grupo que tiene posesión o control sobre un recurso estratégico, a partir de los objetivos de una política pública concreta. Las políticas públicas (legislación, instituciones, programas) son las que llevan a generar cambios en las relaciones políticas y agrarias (tenencia y uso de tierra y recursos naturales). Dichas políticas agrarias y también las ambientales generan arenas políticas en las que tensiones y conflictos pueden ser canalizados.

Ecosistema y sistema político

Los ecosistemas son las interacciones entre comunidades de organismos. La vida biológica de los humanos es inseparable de la cultura, de las relaciones de poder, la economía y los lazos entre personas. En el estudio de la relación entre los ecosistemas y los sistemas políticos destacan temas como los límites del crecimiento, la crisis ambiental, la sustentabilidad y el rol de la sociedad civil y del individuo frente a las tecnocracias ambientales. Lo que interesa analizar en este artículo, son las relaciones de poder en los procesos de establecimiento y/o cambio de las reglas de tenencia, acceso, uso y administración de tierras, territorios y recursos naturales. El estudio de estas relaciones es multidisciplinar (Walker, 2005). Se relaciona con la geografía, la política económica de los recursos naturales o la ecología cultural (Wolf, 1972); pero también las ciencias de la tierra o ambientales (Blaikie, Brookfield, 1987). Es común que el estudio de estas relaciones se base en casos de estudio, relevantes geográficamente (localidades y regiones). Por ejemplo, la ecología política (EP) se interesa en temas relativos al acceso y control a recursos naturales, la marginalidad, los efectos de la integración de regiones y localidades en mercados internacionales, los temas de subsistencia, las disputas por derechos de propiedad, uso y tenencia tradicional (informal) de recursos naturales; la micro-política y su relación con los usos de recursos, los efectos de la falta de capacidad del Estado, así como la relación de todos estos problemas con legados y dinámicas coloniales y postcoloniales. En algunos de estos temas, los estudios del conflicto armado y la EP intersectan, en particular en lo que se refiere a las consecuencias ambientales de los conflictos y tensiones sociales o en las consecuencias ambientales de los conflictos y/o tensiones (etno)-políticos. La EP también se interesa en el pasado y presente de las relaciones entre política pública y economía política con el medio ambiente (Greenberg, Park, 1994). En el estudio de estas relaciones, una preocupación ha sido mantener el equilibrio entre los dos sistemas, el ambiental y el político (Vayda, Walters, 1999). Por una parte, poner un mayor énfasis en el ecosistema puede dejar de lado el estudio de las relaciones sociales, económicas, culturales y políticas de las poblaciones humanas. Por la otra, dar una mayor prioridad a la parte política puede incluso llevar más allá de la metodología y de la teoría social, política y antropológica para activarse como proyecto o movimiento político. La literatura registra críticas a movimientos socio-políticos anclados en algunas tradiciones intelectuales y que buscan promover formas alternativas de vida al sistema capitalista (ver: Martinez-Alier, et al., 2016). Otro problema que ha surgido, en el estudio de las relaciones sociales en conflicto por recursos naturales, es lo que algunos críticos han llamado “el eco-romanticismo” (ver: Li, 1996), refiriéndose a investigadores con agendas de investigación y políticas empáticas con la noción de “mayor control comunitario sobre los recursos naturales” (Vayda, Walters, 1999). Finalmente, el conflicto por recursos naturales puede comportar la subyugación de poblaciones y la abrogación de facto de sus derechos sobre sus territorios. Así, el conflicto por recursos naturales implica a las instituciones políticas. A escala global, en las relaciones entre naciones, se ha establecido la tesis de “la maldición de los recursos” (resource curse, en inglés). Esta tesis se ha asociado con casos de explotación de recursos naturales que devienen en conflicto (ver: De Soysa, 2015; Collier, 2007).

Sobre estas características temáticas, metodológicas y geográficas hay dos cosas que podemos aprender. La primera es que los ecosistemas son interacciones entre comunidades de organismos. Estas interacciones pueden ser planteadas en términos de relaciones entre los sistemas ambiental y político. Las escalas de análisis pueden ir desde lo global, lo internacional (continental, hemisférica) hasta lo nacional, lo regional, llegando a lo local. Las relaciones que reciben atención son las de poder, que surgen o existen en los procesos de establecimiento y/o cambio de las reglas de tenencia, acceso, uso y administración de tierras, territorios y recursos naturales. La segunda es que este tipo de estudios ha tenido éxito al generar preguntas que de otro modo difícilmente se habrían hecho. Las preguntas se refieren a la legitimidad de los sistemas políticos (democráticos, particularmente) frente a los problemas ambientales (la continua erosión ambiental, la sobreexplotación de los recursos naturales, los problemas y efectos de las políticas de conservación) y, también, sobre el destino de la democracia bajo la presión de la crisis ambiental (Blühdorn, 2013).

El conflicto étnico agrario-ambiental

La Selva Lacandona, donde se localiza la CZL, es una región en la que habitan diversos grupos indígenas, predominantemente organizados en ejidos (beneficiarios de la Reforma Agraria). La CZL es la única comunidad agraria en un área en que todavía quedan algunos propietarios privados. La SL es una región cuya población está organizada según las reglas de la Reforma Agraria. También hay varias ANP[12].

Los años setenta marcan el inicio de la configuración de la SL como la conocemos hoy. Anteriormente era una zona virgen habitada por los lacandones (De Vos, 2003) y bajo explotación forestal (González Pacheco, 1983) se convirtió en una región de pobladores agrarios y, casi simultáneamente, una zona de conservación ambiental. Desde su creación en 1972, si se clasifican los conflictos en los que la CZL es partícipe, con otros actores agrarios (ejidos) y con los gobiernos, podemos establecer una clasificación (Cuadro A). En efecto, el conflicto que involucra a la CZL tiene tres dimensiones: con comunidades (ejidos) adyacentes, también indígenas (inter-étnico); conflictos dentro de la propia CZL (intra-étnico); y conflictos de la CZL con las autoridades (federales, principalmente) (étnico). Los conflictos y las tensiones que se han desatado han sucedido principalmente por dos temas: por la tenencia de la tierra (agrario); y por la utilización de la naturaleza (ambiental). Estas dimensiones resultan en la clasificación propuesta.

Conflicto agrario

Desde la perspectiva de la CZL, el conflicto agrario se ha expresado en tres formas: con los gobiernos (etno-agrario), con ejidos circundantes (inter-étnico agrario) e internamente (intra-étnico agrario). El conflicto etno-agrario se configurado a lo largo de un proceso de colonización y reparto agrario en la Selva Lacandona. Por más de cuatro décadas, la creación de la CZL ha sido un punto medular en el surgimiento del conflicto. Este conflicto ha sido documentado ampliamente (Calleros Rodríguez, 2014; Ascencio, 2008; Estrada, 2007; Bob­row-Strain, 2004; Villafuerte, 2002; Reyes Ramos, 2002; Legorreta, 1998; Tello Díaz, 2005[1995]). Es importante destacar que, en este conflicto, la identidad de la población de la etnia lacandona, así como sus derechos de tierra y sus prácticas ecológicas, han sido parte no sólo del conflicto, sino también de los debates académicos y de la operación de la política pública ambiental, como se ve adelante (De Vos, 2003; De Vos, 2002; Paladino, 2005; Boremanse, 1998; Aubry, 1987; Garfias Ruiz, Turok, 1983; Baer, Merrifield, 1971; Blom, Duby, 2006 [1956]; Villa Rojas, 1967). Uno de los temas más importantes en estos conflictos y disputas por la tierra es el de los derechos de los Lacandones por haber habitado el territorio desde tiempo inmemorial y, de alguna manera, haber sido reconocidos por la restitución de tierra que dio génesis a la CZL (Calleros Rodrí­guez, 2013). Casi desde su creación, hace más de cuarenta años, esta comunidad ha sido parte de programas de regularización de la tenencia de la tierra. Sin embargo, las autoridades aún no han concluido el deslinde del polígono de las tierras.

El conflicto inter-étnico agrario (Tabla 3) se refiere a los problemas de tenencia de la tierra que surgieron en la SL, desde 1972, cuando se creó la CZL, entre diferentes grupos, poblados (ejidos) indígenas que llegaron a la selva buscando tierra (Tabla 2). La población que arribó a la SL adoptó la forma de organización social que la Reforma Agraria requería: ejidos. Muchos de esos ejidos se agruparon en organizaciones más grandes, con presencia geográfica más amplia. Esas organizaciones tenían diferentes afiliaciones políticas: era afines al gobierno (organizaciones corporativas) o independientes (movimiento campesino independiente) convertidos en guerrilla (Ejército Zapatista de Liberación Nacional o EZLN) (Calleros Rodríguez, 2014; Estrada, 2007; Legorreta, 1998; ver Gutiérrez Chong, 2015). Aunque los gobiernos se ven tentados a declarar el fin del conflicto agrario, sin embargo, quedan algunos pendientes considerables: falta terminar de demarcar el territorio (polígono) de la CZL y, además, falta determinar si la comunidad se escindirá o si seguirá como hasta ahora. De tal manera que es posible que continúen las tensiones agrarias y los programas de regularización de tenencia de la tierra, teniendo a la CZL como protagonista.

El conflicto intra-étnico agrario se refiere a las tensiones y problemas que los tres grupos que conforman la CZL tienen entre ellos (Calleros Rodríguez, 2014; Legorreta, et al., 2014). Las tensiones por la redistribución interna de la tierra han sido recurrentes y los lacandones sienten que sus recursos están bajo acecho. El tema de la redistribución del territorio ha sido constantemente enunciado: surgió en los años 2003-2005; en 2008 se pensó que el momento más propicio para hacerlo era al final de las negociaciones agrarias de 2003 (Calleros Rodríguez, 2010). Alternativamente, se consideró la posibilidad de convertirse en municipio. Lacandonia, como municipio, aparentemente ha sido una idea que data de 1974 (Paladino, 2005). Más recientemente, la idea de redefinir los municipios de Chiapas resurgió en 1996, en el contexto de la rebelión zapatista y los diálogos de paz.

El municipio de Lacandonia sería creado a partir de territorio del municipio de Ocosingo (Leyva y Rodríguez, 2007; Burguete y Leyva, 2007; Guillén, 2007; Harvey, 2007). En 1999, se crearon nuevos municipios en Chiapas (Maravilla Tenejapa, Benemérito de las Américas y Marqués de Comillas), pero no se constituyó Lacandonia (Calleros Rodríguez, 2010). En 2008, los comuneros discutieron nuevamente los beneficios y perjuicios que traería la medida (Entrevistas 15maj; 31ds; 16mh). La intención permanece hasta 2015.

Conflicto ambiental

La SL se convirtió en una región donde población indígena se asentó en comunidades organizadas como ejidos, siguiendo el formato requerido por el programa de reparto de tierras. Sin embargo, en los años noventa, cuando se consolidó la política ambiental mexicana, las relaciones de los gobiernos federales con la población local fue configurada a partir de los objetivos de esas políticas (Calleros Rodríguez y Guevara Romero, 2017). El carácter del conflicto en la SL pasó de ser por la tenencia a serlo por el uso de la naturaleza (ver Villafuerte, et al., 2002).

Conflicto étnico-ambiental

Hay una dimensión étnico-ambiental del conflicto en la Selva Lacandona que afecta a la CZL; esta dimensión se refiere, precisamente, al uso de la tierra y los recursos naturales (Kosoy, 2008; O’Brien, 1998; Howard, Homer-Dixon, 1995; Nations, 1979). Las restricciones en el uso de recursos naturales, plantean preguntas sobre la titularidad de los derechos sobre las tierras en las que se asientan las ANP. La creación de ANP implica restricciones en el uso de los recursos naturales que realiza la población que habita las zonas (Bezaury-Creel, et al., 2009; Legorreta, et al., 2014; Paré y Fuentes, 2007). Este es el núcleo de las tensiones y conflictos entre los comuneros de las CZL y las autoridades ambientales. La creación y zonificación de una ANP establecen tipos de propiedad:

En muchos casos a estos decretos le siguen otro tipo de reglamentos —como los programas de manejo y ordenamientos ecológicos— con los cuales se busca normar y regular el acceso y uso que determinada población hace de los recursos naturales y de esta forma garantizar su conservación (Legorreta y Márques, 2014: 131).

Es decir, el decreto de creación de una ANP y su zonificación establecen tipos de propiedad que terminan regulando el acceso y uso que determinada población hace de los recursos. Esto es un mecanismo para garantizar la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, es fundamental pensar en los alcances y los límites de estas acciones frente a los reclamos de autoritarismo ambiental (Legorreta, et al., 2014; Blühdorn, 2013).

México es de los pocos países en el mundo donde los terrenos de las reservas y parques nacionales no pertenecen a la nación, sino que tiene dueños privados, ya sean ejidos, comunidades o pequeños propietarios. En la práctica, se ha visto que éste es un elemento que genera grandes obstáculos para el correcto manejo y protección de las ANP (Moctezuma, 2016; ver Bezaury-Creel y Gutiérrez Carbonell, 2009).

La conservación ambiental señala problemas de eficacia gubernamental. Por ejemplo, para los comuneros de la CZL, una forma de cuidar la selva es evitar invasiones de tierra de grupos ajenos. Por ello, presionan al gobierno para que desaloje a semejantes grupos de sus tierras. Para los comuneros, la peor situación es que mientras ellos no pueden utilizar las tierras que legalmente les pertenecen, lo hagan grupos invasores. Este problema debilita la cooperación de los dueños de las tierras con las autoridades ambientales. Desde luego, también cuestiona la eficacia de la política ambiental para frenar las tasas de deforestación. La eficacia del gobierno para ejecutar su política ambiental (p.ej. detener la deforestación) tiene diversas faltas (planeación territorial, continuidad en programas y articulación intergubernamental, aplicación de la ley), poco presupuesto y enfrenta intereses opuestos (De la Maza, De la Maza, 2005). Llama la atención que algunos de los problemas de operación de las ANP se hayan convertido en violaciones a los Derechos Humanos (CNDH, 2016; Azuela, et al., 2008). Por ejemplo: i) re-categorización que no ha repercutido en la actualización de decretos; ii) lineamientos de manejo y vigilancia insuficientes: iii) falta de reglas de operación y de lineamientos para actividades dentro de ANP; o iv) zonificación que debe ser parte de decretos de creación de ANP, pues se busca limitar el derecho de los individuos a realizar cualquier actividad dentro de ellas.

El déficit democrático es otro problema de operación de las ANP. La falta de legitimidad es un problema congénito de la política ambiental en México. Algunas áreas, como la RBMA, fueron creadas sin consultar previamente a los habitantes y dueños de los territorios donde fueron establecidas (De la Maza, De la Maza, 2005; SEMARNAP, 2000). Recientemente, la ley pide la creación de esquemas y procesos de participación social, pero los reclamos por la falta de influencia decisiva persisten (Legorreta, Márquez, 2014; Bezaury-Creel y Gutiérrez, 2009). El problema ha devenido en episodios de conflicto y falta de cooperación de los comuneros con las autoridades ambientales. En la SL hay una “diversidad de actores con distintas concepciones del uso del territorio” (Entrevista 81015-Conanp). A título de ejemplo vale la pena mencionar que para la mayoría de los Lacandones, la preservación de la selva es vista como un elemento de supervivencia y reproducción social. Para otros grupos, la selva puede ser un recurso que sirva para generar economía y bienestar. La operación de las ANP requiere que las relaciones entre los actores sean cooperativas (Legorreta, Márquez, 2014; Durand, Figueroa, 2014). La incorporación de las poblaciones locales en la gestión de los recursos naturales sigue siendo un foco de tensiones entre las autoridades ambientales y la CZL.

Conflicto inter-étnico ambiental

Un aspecto a destacar es el conflicto entre los miembros de la CZL y las decenas de ejidos indígenas de la Selva Lacandona. El conflicto inter-étnico por los recursos naturales refiere tensiones e, incluso, enfrentamientos, por la tenencia y uso de la tierra y de los recursos naturales. Los datos indican que en la Selva Lacandona hay aproximadamente, 73 localidades rurales y 2 localidades urbanas, cuya población suma 18.837 habitantes, y que se encuentran distribuidas principalmente en la parte norte de la CZL. Las 13 localidades ubicadas dentro de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (RBMA) suman una población de 3.065 habitantes (Figura 1) (Calleros Rodríguez, Guevara Romero, 2017).

El conflicto inter-étnico ambiental puede ser un conflicto sobre las prácticas ecológicas de distintos grupos humanos. Por ejemplo, la literatura reporta que las estrategias de manejo de los recursos naturales de los lacandones tienen poco impacto sobre los ecosistemas (Contreras Cortés, et al., 2015; Diemont, Martin, 2009), comparados con los grupos Tseltal, Chol, Tojolabal y Tzotzil. Lo mismo puede decirse sobre los habitantes de las zonas surorientales adyacentes: Marqués de Comillas y Benemérito de las Américas (Costedoat, et al., 2015; Meli, et al., 2015). Mientras que las políticas ambientales en la SL han configurado formas de organización social y, con ello, estructuras de poder (inter-étnicas), no ha sucedido que las prácticas ecológicas más sustentables se imiten por todos los grupos. En realidad, el efecto más obvio ha sido el acceso de un grupo (los lacandones de la CZL) más que otros (incluidos los propios tseltales y choles de la CZL) a recursos federales (Legorreta, Márquez, 2014). En efecto, esta forma de conflicto se reproduce dentro de la CZL.

Conflicto intra-étnico ambiental

El conflicto intra-CZL se refiere al uso de los recursos naturales y a la relación con la política ambiental, especialmente con la operación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP). Esta forma de conflicto apela a las diferentes prácticas ecológicas de los tres grupos (lacandones, tseltales y choles) que los pone en contradicción entre ellos con relación a las ANP. Las prácticas ecológicas de cada uno de los grupos que integran la CZL difieren. Los lacandones pueden vivir en una relación poco intensa con los recursos naturales, su tamaño poblacional es bajo y sus patrones ecológicos parecen ser incompatibles con una población creciente en la selva (Contreras Cortés, et al., 2015; Diechtl, 1988). Sus estrategias de manejo de los recursos naturales tienen un impacto mínimo sobre los ecosistemas (Contreras Cortés, et al., 2015; Diemont, Martin, 2009). Por otro lado, la población de Nueva Palestina (Tseltal) y Frontera Corozal (Chol) basan su economía en actividades agrícolas y ganaderas (Legorreta, et al., 2014). El cultivo de maíz y frijol es la principal fuente de alimento, se produce actualmente bajo una técnica que implica la deforestación de la cobertura vegetal en la parcela que se utilizará para la siembra. La gran demanda causa sobrexplotación, erosión de terrenos y pérdida de fertilidad del suelo por la reducción de los periodos de descanso (Legorreta, Márquez, 2014).

Las actividades económicas de los lacandones parecen ser compatibles con sus prácticas ecológicas, existiendo una amplia mayoría que ve con interés las políticas de conservación ambiental. Un buen número de ellos se dedican a actividades del sector servicios. El turismo[17] es una actividad crecientemente importante en contraste con la economía tradicional (Tozzer, 1907; Villa Rojas, 1967; 1967b). En general, dentro de la CZL, el ecoturismo, actividad compatible con la conservación, ha tenido éxitos en varios casos. El ecoturismo ha generado prosperidad, pero no de manera generalizada, particularmente, en Frontera Corozal. El desarrollo del ecoturismo ha generado tensiones entre quienes tienen iniciativa, recursos y capacidad para organizarse, acceder a fondos y desarrollar una actividad (el transporte terrestre y acuático hacia la zona arqueológica de Yaxchilán), y entre quienes no. Las políticas de protección al medio ambiente, en la Selva Lacandona, también han generado trabajos asalariados.

La ganadería es otra actividad económica. Los grupos Tseltal y Chol practican la ganadería sobre tierras que antes eran destinadas a la agricultura. La ganadería no es necesariamente una actividad económica compatible con la conservación ambiental (Entrevista 25sl). La extracción de recursos forestales ha sido una actividad dominante, hasta antes de la formación de asentamientos agrarios y de la creación de áreas naturales protegidas. Las actividades económicas agrícolas, ganaderas y extractivas se realizan bajo técnicas intensivas y generan presiones sobre los recursos naturales que chocan con las acciones de conservación, sobre todo, considerando las restricciones que impiden a los comuneros usar los recursos naturales que poseen (Entrevista 71jh; CONANP Metzabok, 2006; CONANP Najá, 2006).

El tamaño de las poblaciones es un aspecto más de la diferenciación entre los grupos de comuneros. En la SL, el crecimiento poblacional contribuye a entender por qué crece el uso de los recursos naturales a pesar de las restricciones existentes (Entrevista 81015-Conanp). En la CZL la población ha crecido, principalmente, hasta en un 50% en NP y FC (Tabla 1). La población de la región tiene necesidades que, tradicionalmente, se han suplido con los recursos naturales de su entorno. La consecuencia es que las necesidades de una población en crecimiento están transformando el entorno ambiental y eso no significa que estén mejorando sus condiciones de vida. Los grados de marginación en el caso de estudio son altos (Calleros Rodríguez y Guevara Romero, 2017; Legorreta, Márquez, 2014).

El ambientalismo reproduce estructuras de poder y diferencias entre las partes de la CZL y dentro de las propias sub-comunidades. La forma en que las políticas de conservación han afectado las relaciones y equilibrios en las relaciones entre los lacandones, los tseltales y los choles es considerable. Así, vale la pena mencionar que la conservación de los recursos naturales es parte del Estatuto Comunitario (Calleros Rodríguez, 2010). Para los lacandones, la conservación ambiental es compatible con sus prácticas ecológicas y con sus intereses agrarios, pero no están exentos de los efectos de los procesos de cambio que sus prácticas ecológicas viven por efecto de la urbanización y el consumo.

Uno de los sustentos de la conservación ambiental son las prácticas ecológicas: mientras los lacandones son vistos como portadores de prácticas sustentables, los tseltales y los choles reciben críticas y sanciones por talar árboles y limpiar zonas para cultivo y ganadería (Entrevista 31ds). Estos últimos no sólo son criticados y cuestionados por sus prácticas ecológicas, sino también por ser beneficiarios y tener acceso a fondos ambientales (Legorreta, Márquez, 2014). Estas divisiones internas son creadas y/o recreadas en el proceso de operación de las ANP. Por ejemplo, el enfrentamiento de FC, en el año 2000, con la autoridad ambiental federal, sobre la Reserva de la Biosfera Lacan-Tún (REBILA), relativo a la planeación de la operación en el área. Mientras algunos comuneros trabajaban con las autoridades ambientales para llevar a cabo la consulta sobre las acciones de manejo de REBILA, otros comuneros exigían mayor control comunal sobre las áreas y el pago de fondos adeudados. El conflicto tuvo repercusiones en las relaciones de los choles con los lacandones y los tseltales, quienes preferían tener una relación menos contenciosa con las autoridades ambientales (Calleros Rodríguez, 2014; Tejeda Cruz, 2002). Las diferencias intra-CZL, sobre la operación de las ANP, no son ajenas al tema de la escisión de la comunidad. Esta propuesta ha aparecido ya en repetidas ocasiones. En junio de 2000, hubo una votación sobre este tema (Tejeda Cruz, 2002); se retomó en 2003, durante las regularizaciones agrarias de 2009 (Entrevista 37ccc; Calleros Rodríguez, 2010) y nuevamente en los años 2014-2016. Por eso, se habla de que el conflicto y las tensiones comunales internas sobre el uso de los recursos naturales han tenido efecto sobre la unidad de la propia comunidad.

Conclusiones

Este artículo concluye presentando la vinculación entre las características étnicas, agrarias y ambientales de los conflictos que se han registrado en la Selva Lacandona y de la que han sido parte la CZL, en el periodo 1972-2015. Se han identificado en el texto algunas características de la población de la Selva Lacandona y, en particular, del caso de estudio. La relación de los pueblos indígenas con la tierra y los recursos naturales es uno de los componentes esenciales de estos pueblos. Sobre estos elementos, se sugiere una clasificación del conflicto y tensiones de las que ha sido parte la CZL desde su creación en 1972 hasta 2015, fecha en que se realizó la visita más reciente a la zona de estudio. Sistema político y etnicidad, en el caso en estudio no se refieren a conflictos de representación política, sino a relaciones de tenencia, acceso y uso de recursos naturales. Es decir, son relaciones con un componente de etnicidad relativas a temas agrarios y ambientales. Finalmente, es necesario saber más sobre la SL y, en particular, sobre los efectos que las diversas políticas públicas tienen sobre la población local. Por ejemplo, la economía ambiental tiene tareas en tres direcciones: analizar los impactos demográficos, los impactos económicos de la población, y el desarrollo de nuevas actividades económicas.

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Notas

Notas de autor