Introducción

El presente texto, y como hemos adelantado en el resumen, tiene por objetivo abordar y dar cuenta acerca de la complejidad y las contradicciones que la dirigencia indígena de Almirante Brown transitó a través de su organización etnopolítica en articulación con el Estado municipal. A fin de ello, es que hemos decidido dividir el trabajo en dos secciones, no sólo por su pertinencia aclaratoria sino porque además permite describir el proceso de forma diacrónica. En primer lugar, una sección que retoma el conjunto de disputas y las estrategias que operativizaron dos segmentos de la dirigencia indígena local entre los años 2009 y 2013; para luego profundizar y describir las estrategias de negociación y de demanda entre la dirigencia indígena y los funcionarios municipales entre los años 2013 y 2015. Esto último busca problematizar la relación entre el Estado y la población indígena en general, y con aquellos que, en particular, habitan en el contexto urbano.

La Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA) está compuesta por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 43 unidades administrativas denominadas municipios o partidos (Maceira 2002). Su extensión total es de 18 380 km2 y en ella convive una población total de 12 806 866 habitantes, de los cuales 248 516 se auto-reconocen descendientes de o pertenecientes a un pueblo originario (INDEC 2015). Si comparamos esta última cifra con el total de población indígena de la Argentina de 955 032 (INDEC 2012), podemos afirmar que un 26.02 %, es decir un cuarto de la población indígena nacional, habita actualmente en la RMBA.

El partido de Almirante Brown se ubica en la zona sur de la RMBA y su extensión geográfica comprende trece localidades en total. Diversas familias indígenas arribaron a su tejido urbano desde la década de 1960 en adelante. La mayoría de ellas son provenientes de las regiones del Noroeste y Nordeste de la Argentina, particularmente de las provincias de Jujuy, Salta y Chaco. En el caso de Almirante Brown, y según datos relevados en el trabajo etnográfico, el origen étnico de la población migrante es altamente heterogéneo. En sus diferentes localidades conviven indígenas de pueblos tales como el toba(qom), moqoit, tupí-guaraní, avá-guaraní, kolla, diaguita-calchaquí, wichi, y en menor medida mapuche.²

Este escenario, en los últimos años, protagonizó un proceso de organización etnopolítica; hecho que se replicó, tanto localmente como en otros partidos de la región (Engelman 2019). En comparación con otros distritos de la RMBA, la población indígena de Almirante Brown, en términos de organización formal, condensa la mayor cantidad de asociaciones y comunidades indígenas reconocidas por el Estado.

Antes de comenzar con el análisis resulta pertinente caracterizar el escenario etno­político de Almirante Brown (Ver también Esquema Número 1). A nivel local, la población indígena está nucleada en una instancia de organización propia denominada “Consejo Indígena de Almirante Brown” (CIBA). Dicho consejo, por un lado, está conformado por siete comunidades: a) “Cacique Hipólito Yumbay” del pueblo tupí-guaraní; b) “Migtagan” del pueblo toba(qom); c) “Nogoyin Ni Nala” del pueblo mocoit; d) “Cacique Catán” del pueblo mocoit; e) “Cuimbaetoro” del pueblo ava-guaraní; f) “Guaguaji Jall’pa” del pueblo kolla; y g) “Juan Kalfulkurá” del pueblo mapuche. De las siete comunidades, sólo cuatro han sido reconocidas por el Estado, mientras las restantes aún se encuentran en trámite de hacerlo. Por otro lado, el consejo está vinculado a la creación de la Coordinación de Pueblos Originarios de Almirante Brown (CPOAB); área que hasta el día de hoy se encuentra en funcionamiento. Cabe destacar que dicha coordinación forma parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades que depende de la Secretaría de Cultura del municipio.

A partir del año 2008 el espacio de la CPOAB se constituyó como medio para la gestión local de eventos ocasionales, y como órgano de representación ante diversas instituciones estatales.

El presente trabajo tiene por objetivo explorar el conjunto de mecanismos que un sector de la dirigencia indígena local accionó a la hora de continuar con un trabajo etnopolítico, garantizar su participación al interior de la estructura municipal y sostener el proceso organizativo de los últimos diez años.

Según José Bengoa, la experiencia cotidiana en sociedades multiculturales y la movilidad espacial de la población indígena hacia centros urbanos son fenómenos que implican la ampliación teórica del concepto contemporáneo de etnicidad. Por ello, a la hora de abordar la nueva etapa de ‘emergencia indígena’, no sólo debemos contemplar la formación de las novedosas capas de dirigentes indígenas en las ciudades, sino que se trata de reflexionar acerca del impacto que recientes modalidades de negociación poseen en torno a la redefinición de nociones tales como por ejemplo la de ciudadanía indígena (Bengoa 2009). En este sentido, Almirante Brown expresa el inicio de una tendencia gradual de etnización (Burguete Cal y Mayor 2011) de los gobiernos locales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), en donde se destaca el uso del Estado, y su estructura institucional, por parte de las dirigencias indígenas como herramienta para la transformación y la participación al corto y mediano plazo.

Es así que en las próximas páginas enseñaremos cómo un grupo de dirigentes indígenas, que arribaron al tejido metropolitano siendo niños, entre las décadas de 1970 y 1980, forjaron una etnicidad atravesada por la experiencia política de una militancia barrial, una toma de conciencia étnica y una experiencia de participación efectiva en el municipio de Almirante Brown como expresión de una historia reciente de organización de población indígena en la periferia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Como veremos, la participación indígena en los gobiernos locales no sólo implica desafíos para la población étnica, sino que sus reclamos repercuten en las obligaciones y concepciones que los funcionarios poseen acerca de los indígenas que habitan en el distrito. La descentralización de la estructura estatal de las últimas décadas, producto del impacto neoliberal (Assies y Gundermann Kröll 2007), ha canalizado procesos de participación ciudadana que si bien generaron trabajos participativos también provocaron un alto nivel de conflicto político y económico. Es en este marco de políticas multiculturales (Hale 2002) cuando se origina la CPOAB como parte del organigrama de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades. Si bien la creación del área generó un impacto negativo sobre el proceso de organización etnopolítica que un grupo de dirigentes nucleados en CIAB venía protagonizando, cabe destacar que ello no inhabilitó continuar con la realización de un trabajo mancomunado en el nivel local. De este modo, entendemos que la disputa interna que transitó la dirigencia étnica a partir de la creación de la CPOAB en el 2008 hasta el año 2015, lejos estuvo de inhabilitar el proceso organizativo. Es decir que aunque hubo quiebres al interior de las alianzas étnicas, el trabajo continuó de forma grupal y desde reclamos específicamente étnicos y de clase. Por lo tanto, intentaremos dar cuenta que la fuerza de un espacio etnopolítico no está dada por el nivel de participación institucional; sino que la función reguladora de la dirigencia indígena junto a su capacidad de hacer efectivo aquello que regula es lo que, en definitiva, determina³ su potencialidad.

La invisibilización de la población indígena en la ciudad implicó que el proceso de organización etnopolítica se caracterice por una fuerte impronta en el uso de espacios públicos, así como de escenarios comunales y barriales. El ‘evento cultural’ fue el formato más utilizado para continuar con el trabajo de visibilización, y condensó, muchas veces, instancias de negociación. Es decir que, dichos eventos además de ser indicadores de la disputa interétnica por los derechos, evalúan la representatividad de las dirigencias indígenas y su capacidad de generar compromisos con los funcionarios locales. En tales escenarios de negociación, es donde la etnicidad expresa sus múltiples aristas y características contemporáneas. O en otras palabras, podemos decir que es en esos campos de acción cuando la presión de un conjunto de ‘censores de indianidad’ (Tamagno 1991) se ve retraída ante la reorientación que las nuevas dirigencias indígenas hacen de sus reclamos cuando recurren estratégicamente ante diversos movimientos sociales, partidos políticos, estructuras estatales, etc., para garantizar soluciones posibles y efectivas.

De este modo, y a través de la descripción etnográfica, esperamos develar aquellos mecanismos que los dirigentes indígenas de Almirante Brown dinamizaron para garantizarse instancias de participación cuando la estructura estatal del municipio operó por rotulación, identificación y tipificación de la población indígena urbana (Viveiros de Castro 2013). Cabe destacar que ello sucedió en un contexto donde se revitalizaron vínculos asistenciales a través de la entrega de becas y programas estatales que fueron entregados de forma individualizada a los diversos dirigentes. Esa dinámica al tiempo que segmentó el campo etnopolítico, provocó un efecto que apuntó más allá de lo local y re-situó la acción de los y las dirigentes a nivel provincial y nacional.

¿Trabajo social o cultural en el barrio? Reorganización etnopolítica de la dirigencia del “Consejo Indígena de Almirante Brown” 2009-2013

La experiencia de la CPOAB durante el año 2009, y el paso inicial de aquellos dirigentes que protagonizaron el proceso de lucha por el Estado municipal, encontró un cuello de botella en torno a la efectividad en su participación. El principal motor del conflicto, fue que de las siete comunidades indígenas –que conforman el CIAB–, solamente un dirigente fue contratado como coordinador. Este período culminó con su renuncia, y estuvo caracterizado por un alto nivel de conflicto que se generó entre las expectativas de los indígenas de Almirante Brown y la transformación de sus condiciones de vida, y las labores folklorizantes que llevó adelante el área municipal. Es decir que, los reclamos acerca de mejorar las viviendas, acceder a trabajos remunerados y/o a diversas ayudas sociales fueron relegados en un cronograma de actividades que difundía la cultura, los bailes y las comidas típicas y tradicionales de la población indígena desde la política browniana. El espacio etnopolítico así, sufrió un quiebre y definió dos grupos específicos. No obstante ello, el objetivo de ambos fue recuperar tanto la coordinación como el contrato laboral del puesto de coordinador. En este sentido, y como veremos a continuación, el reordenamiento de autoridades indígenas dependió de las trayectorias barriales, y de las alianzas personales que constituyeron históricamente la práctica etnopolítica local.

La división de la dirigencia se materializó en la creación de dos bloques definidos que si bien buscaban objetivos comunes, utilizaron medios diferenciales para concretarlos. El primero de ellos surge paralelamente a la CPOAB, y consolidó las bases de la llamada “Mesa Político Social”.⁴ Quienes participaban en dicho espacio, destacaban la necesidad de elaborar propuestas y proyectos que mejoraran la calidad de vida de la población indígena en el distrito. Mientras tanto, el segundo grupo buscaba la recuperación de la coordinación a través de la replicación de eventos culturales, la articulación con el municipio y la labor junto con otras organizaciones sociales y universidades.

La consolidación de ambos frentes al interior del espacio etnopolítico local disputó los objetivos que la dirigencia debía priorizar. Para el caso de la “Mesa Político Social”:

La intención es presentar una propuesta diferente de trabajo, caminando al lado de los vecinos que son el poder real del distrito. [...]. Nosotros somos los que tenemos mayor certeza cuando evaluamos proyectos y cómo se utilizan los presupuestos de desarrollo social en los diferentes distritos [...] (Referenta de la comunidad kolla “Guaguajni Jallpa”, nota correspondiente al diario InfoRegión, mes de Mayo del 2009. La negrita es nuestra).

El primer grupo refiere a no deslindar la práctica etnopolítica del barrio.⁵ Es decir que, los dirigentes han de considerar los reclamos sociales que poseen los miembros comunitarios y vecinos, con el objetivo de efectivizar parte de ellos. Esta propuesta considera que las problemáticas indígenas no se corresponden solamente en fortalecer la cultura o la defensa de derechos.

Cabe destacar que este sector de la dirigencia, acompañó parte del proceso de formación del partido Concertación-FORJA⁶ durante los años 2008 y 2009. Esa participación política al tiempo que intensificó las redes de parentesco y alianza en el AMBA reposicionó el tejido de relaciones clientelares. De acuerdo a los registros etnográficos participaron también dirigentes indígenas de municipios como Quilmes, Moreno y Marcos Paz; siendo que cada uno de ellos contaba con sus propias redes de parentesco y alianzas etnopolíticas. El manejo de planes sociales, su entrega y contraprestación de años anteriores enriquecerán una plataforma que legitimará un trabajo político, barrial y étnico tanto en Almirante Brown como en otros espacios circundantes.

Resaltar dicha experiencia tiene por objetivo dar cuenta que la etnicidad puede tomar diferentes rumbos de acuerdo con el escenario político y las alianzas partidarias. Es decir, este primer grupo buscó exceder la práctica etnopolítica que delimitó la participación municipal y optó por un mecanismo de la democracia representativa para acceder a una función pública.⁷ Evidentemente el objetivo fue entablar una alianza política para garantizar su acceso al Estado.

Mientras el primer grupo inició un trabajo paralelo a la coordinación, el segundo priorizó su reactivación tal como lo expone el siguiente testimonio:

Quien va a integrar el Consejo [Indígena de Almirante Brown] lo elige cada comunidad y al mismo tiempo el consejo elije un coordinador titular y uno suplente. Su trabajo no es representar sino coordinar, [...] es un cargo político con un sueldo que al mismo tiempo la idea es que la coordinación tenga proyectos nacionales y provinciales y, bueno, del mismo municipio (Dirigente indígena tupí-guaraní y ex coordinador de la CPOAB. La negrita es nuestra).

La articulación de niveles estatales fue el objetivo que delineó el segundo grupo para garantizar cierto nivel de participación y reconocimiento indígena. Desde una mirada institucionalizada de la práctica política buscaban el manejo de recursos a través de la reactivación de la coordinación, como nivel necesario para redistribuir los proyectos y programas que se lanzaban desde los Ministerios de Trabajo y Desarrollo Social de la Nación. La estrategia etnopolítica fue pensada en términos más regionales que locales, y ello resultó negativo ya que no transformó las condiciones de vida ni de las familias indígenas ni de los vecinos. No obstante ello, reparó en la importancia que suponía la continuidad de la coordinación a la hora de brindar apoyo y soporte técnico en torno a la ejecución de proyectos.⁸

Esa dinámica articuladora, por otra parte, no subsumió la estructura etnopolítica local. En enero del año 2010 parte de las autoridades del CIAB se reunieron, y mediante el uso estratégico del reglamento interno, eligieron una nueva candidata para ocupar el cargo de la coordinación. De acuerdo a los testimonios etnográficos ello sucedió en la sede de la comunidad mapuche “Juan Kalfulkurá” de la localidad de Longchamps. Es decir que, el procedimiento de elección del coordinador está reglamentado en la normativa del “Consejo Indígena”. Entre las diferentes funciones que describe el documento, expresa que los miembros de este consejo pueden “determinar con carácter vinculante los mecanismos de designación de los representantes indígenas a la Coordinación de Pueblos Originarios de la Municipalidad del partido de Almirante Brown” (CIAB 2007, 1).

A la hora de efectivizar dicha designación, se contemplaran también “las pautas culturales de las comunidades involucradas” (CIAB 2007, 5). De este modo, se contó con los miembros necesarios para legitimar el nuevo nombramiento. Una vez realizado, se acudió a la prensa local para difundir el nuevo compromiso; que se formalizó mediante la presentación de un petitorio y una “Propuesta de Trabajo”⁹ al intendente. En la nota periodística la candidata elegida expresó las siguientes palabras:

“Respeto para los caciques a la hora de tomar decisiones políticas porque, en tanto asamblearias, las definiciones del titular de la coordinación tienen que ser las del consenso” (La Tercera 2010).

El nivel de institucionalización que alcanzó la dirigencia indígena local está cuidadosamente detallado en la documentación de cada uno de los organismos que conformó. Es decir, no sólo está reglamentada parte de la vida política de las comunidades inscriptas con Personería Jurídica en el Registro Nacional de Comunidades Indígena (Re.Na.Ci.); sino también aquéllas que están en trámite por instancias de organización colectiva. El canal de reconocimiento administrativo reglamentó fuertemente la práctica etnopolítica, y muchas veces ese reglamento fue utilizado como herramienta para reordenar el campo etnopolítico local tal como hemos visto.

Figura 1.

“Consejo Indígena de Almirante Brown” (foto: La Tercera 2010).

Si bien la normativa es un requisito del reconocimiento institucional, su manipulación permite generar mecanismos por los cuales se regula el conflicto. Esto sucede tanto en instancias de consenso como de no-consenso, pero sobretodo cuando hay un alto nivel de disputa interna. Apelar a las “pautas culturales de las comunidades involucradas” (CIAB 2007, 5) rebasa la normativa estatal y dispone una legitimidad de mecanismos de tipo horizontales y colectivos.

Cabe mencionar que no asumimos esa estrategia etnopolítica como parte de una dinámica de estructuras opuestas. Es decir, no se trata de confrontar el carácter ‘tradicional’ de formas específicamente indígenas contra mecanismos institucionales no-tradicionales. Sino ver cómo esos mecanismos que impone el Estado son apelados desde normativas que permiten un mayor margen de acción etnopolítico, como consecuencia del incremento de participación y toma de conciencia étnica. Por ejemplo, el alto nivel de conflicto que transitó la dirigencia indígena de Almirante Brown disminuyó cuando parte de ella se escindió formalmente y creó una nueva asociación civil. En este sentido, al tiempo que el primer grupo conformó la “Mesa de Trabajo Político” el segundo formó “El Instituto Teko Guaraní”.¹⁰ A continuación presentamos un esquema que da cuenta la heterogeneidad de estructuras reconocidas y no reconocidas estatalmente, hecho que permite diferentes grados de acción etnopolítica en Almirante Brown.

Este esquema, refiere por un lado al impacto fragmentador que tiene el Estado sobre la organización indígena; pero también es expresión de su capacidad transformadora a la hora de reapropiarse y crear nuevos espacios institucionalmente reconocidos y no-reconocidos, así como etnopolíticos. Aclaramos que desde esa organización estructural, debemos comprender las actividades que encaminó el CIAB a partir del año 2010, y en adelante.

Figura 2.

Diferentes niveles estatales e instancias de organización etnopolítica de la población indígena de Almirante Brown (elaboración: Juan Manuel Engelman).

Niveles de Estado, y ‘doble vínculo’

En el apartado anterior hemos avanzado en describir las fusiones y fisiones del espacio etnopolítico, y las estrategias que llevaron adelante los dos sectores de la dirigencia indígena a la hora de recuperar la CPOAB. En las próximas líneas abordaremos las relaciones con las y los funcionarios, así como las áreas institucionales del municipio.

Las autoridades de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades del municipio de Almirante Brown se mostraron renuentes sobre la candidata que el CIAB eligió para cubrir el puesto de coordinadora.

De acuerdo a los registros de campo, la subsecretaria de Cultura si bien enseñaba cierto grado de interés acerca de acompañar políticamente a la población indígena local, manifestaba un conjunto de razones por las cuales entendía que la coordinación no sería, nuevamente, ocupada por un indígena. Entre los argumentos más relevantes podemos mencionar aquellos que hacían referencia a que políticamente “no estaban unidos”, y que por ello “había un alto nivel de discusión y conflicto interno”. Hasta que no estuvieran “organizados” o “de acuerdo”, su participación efectiva –en palabras de la funcionaria– no sería un hecho posible.¹¹ Este tipo de argumento, que legitimó la no-participación en la municipalidad, múltiples veces fue alimentado desde estereotipos donde ‘lo indígena’ además de estar altamente idealizado y cuestionado, poseía un componente racista. Es decir que para los funcionarios ‘el consenso indígena’ debía estar definido por relaciones mancomunadas y comunitarias, ya que aquello que se buscaba era un trabajo carente de conflictos entre el municipio y la dirigencia indígena. Anacronismos como el mencionado, subsumen el carácter altamente conflictivo de la etnicidad, y niegan el efecto propio que tuvo el municipio a la hora de reproducir una estructura que fragmenta aquello que pretende como un todo organizado. Es ese doble mensaje, el que nos interesa resaltar para caracterizar el vínculo que el Estado, muchas veces, entabla con la población indígena en general, y con sus dirigencias en particular a la hora de llevar adelante instancias de participación estatal.

Gregory Bateson en Pasos hacia una ecología de la mente, analiza el impacto del metalenguaje en las formas de comunicación, y cómo ello afecta las relaciones interpersonales (1998). Para el caso analizado, su teoría sobre la esquizofrenia nos puede dar algunas herramientas para caracterizar como condición estructural de la población indígena urbana aquello que definimos como la ‘doble negación étnica’. Lejos de tomar análogamente el trabajo del autor, aludimos a su explicación para iluminar la acción de afirmación y re-afirmación que los ‘indígenas urbanos’ deben realizar constantemente en sus quehaceres cotidianos en la ciudad,¹² así como en ámbitos estatales. Hecha esta aclaración, pasaremos a exponer las características que Bateson hace sobre el doble vínculo. En primer lugar, la constitución de la relación doble vincular está definida por una posición desigual de sujetos o grupos sociales. A ello se le suma una dinámica de experiencias que se repiten a lo largo del tiempo. En tanto condiciones primarias, ambas características pueden ser encontradas en el caso abordado. Por ejemplo, las familias indígenas de Almirante Brown no sólo se encuentran subordinadas en términos económicos y políticos, sino que su identidad individual y colectiva es constantemente cuestionada desde la mayoría de los sujetos externos. En tercer lugar, Bateson menciona que el doble vínculo se compone por un “mandato primario negativo”, y en cuarto lugar por “un mandato secundario que esté en conflicto con el primero” (Bateson 1998, 236). A saber, ese primer mandato puede ser análogo a la presión de organización que el Estado ejerce cuando reconoce a las poblaciones indígenas. Es decir que si no cumplen con un grupo de requisitos, éstas no serán reconocidas, y por consecuencia: castigadas. El cuarto mandato tiene que ver con el carácter discriminador y oculto que posee –metacomunicativamente– la participación de la población indígena en una estructura política que marca sus límites y posibilidades. En este caso, su participación está subestimada desde una estructura de funcionarios cuya formación académica supone un manejo más ‘calificado’ a la hora de ocupar funciones estatales y de gestión. Finalmente, como quinto factor de la relación doble vincular debe haber “un mandato negativo que prohíbe a la víctima escapar del campo” (Bateson 1998, 237.) Si bien entendemos que éste último componente ha de ser matizado, también es real que parte de él puede ser rastreado en las relaciones que el Estado entabla con la población indígena. Mencionamos esto último ya que dichas relaciones se desenvuelven en una arena de reproducción de conflicto constante en torno a la negación/reconocimiento de los indígenas, siendo que muchas veces se producen grietas –instancias de participación– donde aquello que se niega/reconoce termina por ser reactualizado. O en otras palabras, podemos decir que esa acción constante está alimentada por procesos de reetnización, y que en conjunto con las experiencias de participación etnopolítica terminaron por generar las bases en que las poblaciones indígenas dignificaron lo étnico al otorgarle un sentido positivo. Por lo tanto, queda claro que las identificaciones no se ‘inventan’ en el presente sino que se actualizan (Bartolomé 2003).

Este tipo de abordajes nos permite sostener que aunque la invisibilización de la población indígena urbana continúa, ésta no actúa de forma homogénea en la actualidad. El trabajo etnopolítico local de los dirigentes indígenas de Almirante Brown, entre sus consecuencias, transformó parte de esa invisibilización en una relación doble vincular que niega y reconoce. Es decir que a través de la creación de la CPOAB podemos dar cuenta de cómo se ha resituado la cuestión étnica tanto en la agenda política del municipio, como en otras áreas institucionales.

El manejo de niveles de Estado –municipal y provincial– podemos decir que marcó una práctica etnopolítica que si bien estuvo asentada localmente implicó el tejido de alianzas con instituciones de la provincia de Buenos Aires. No obstante ello, el nombramiento de la nueva coordinadora de la CPOAB duró solamente dos meses puesto que en el mes de julio del año 2013 tanto la Sub­secretaria como el Director de Derechos Humanos de municipio presentaron su renuncia. Este hecho, nos lleva a reflexionar a continuación acerca de cómo la política partidaria afectó la política municipal en general y a la CPOAB en particular.

La vulnerabilidad política de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de Almirante Brown 2013-2015

Antes de caracterizar el próximo período temporal (2013-2015) resulta pertinente destacar un conjunto de características acerca de las relaciones que las y los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de Almirante Brown entablaron con las dirigencias indígenas locales. En este sentido, nos proponemos retomar abordajes teóricos que, a la hora de analizar el fenómeno del clientelismo político, superen la relación binaria de patrón-cliente.

Ya sean denominados –teóricamente– como “mediadores” (Auyero 2002) o “brokeres” (Bartolomé 1971), aquello que deseamos destacar de las y los dirigentes indígenas es su función reguladora (Bartolomé 2010), tanto al interior como exterior de los espacios etnopolíticos; y particularmente en los circuitos de redistribución y circulación de bienes (materiales y simbólicos). Reparar en dicha función, entendemos que nos permitirá distinguir metodológicamente diversos grados de eficacia y representación, los cuales pueden ser caracterizados desde una noción de trabajo etnopolítico tanto colectivo como disruptivo a la vez. Desde esta perspectiva, el clientelismo político no encontraría razón de ser en explicaciones tales como la ‘retirada del Estado’ o ‘la pobreza’; sino más bien en argumentaciones donde la validez explicativa está dada por la acción de los sujetos y grupos que combaten la pobreza, a partir de los modos de presencia que adquiere el Estado en los barrios populares (Vommaro 2008).

Al igual que cualquier ciudadano del conurbano, la población indígena fue beneficiaria de diversos planes y programas sociales. Pero más allá de analizar cómo fueron adquiridos, o redistribuidos al interior de los espacios etnopolíticos, deseamos enfocarnos en el marco municipal, provincial y nacional que los otorgó. Se trata de repensar cómo los procesos de participación, negociación y organización de la dirigencia indígena de Almirante Brown están fuertemente determinados por el tejido clientelar, y sus diversas ramificaciones, en torno a las alianzas partidarias que van más allá de los sujetos que regulan las relaciones en el plano comunitario/local (Soprano 2002). Por lo tanto, no se trata de pensar las jerarquías partidarias en relación a organigramas verticalistas; sino en relación al capital político que detentan los sujetos en esos diferentes niveles de gobierno (Vommaro 2008). Desde esta óptica, pasaremos a describir las relaciones y ‘pactos políticos’ que el intendente de Almirante Brown llevó a cabo entre los años 2013 y 2015 para repensar la vinculación estigmatizante que tiene el clientelismo como práctica política de los sectores más empobrecidos. Pues los funcionarios municipales también se encuadran bajo relaciones de prestación y contraprestación de favores, y tanto su representatividad y legitimidad se corresponde con un trabajo pragmático de política local.

Los funcionarios municipales como sujetos transitorios, alianzas partidarias y el uso clientelar de políticas y programas sociales

La CPOAB, en términos administrativos, depende junto a otras cuatro coordinaciones¹³ de la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos Humanos. A su vez las direcciones en la estructura municipal están por debajo de las subsecretarías; lo que para el caso analizado se trata de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

Desde el año 2009 hasta el año 2013, los funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades formaban parte de la propuesta política del Frente para la Victoria¹⁴ (FPV). Dicha adscripción partidaria agilizó un canal de diálogo con otras dependencias estatales, así como fomentó la ‘bajada’ de recursos y programas del Estado Nacional. Sólo por mencionar algunos ejemplos, en el distrito de Almirante Brown se contó para el año 2008 con 7388 beneficiarios del “Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados”, 8134 “Planes Familia”, y al menos con 80 cooperativas formadas por entre 50 a 70 personas, que brindaban servicios municipales en el marco del “Plan Nacional Ingreso Social con Trabajo” (Municipio 2010).¹⁵

Almirante Brown, además recibió 15 000 tarjetas en el marco del “Plan de Seguridad Alimentaria” en el año 2010,¹⁶ y según datos del Blog del municipio al menos se contó con 23 000 beneficiarias del “Plan Más Vida”. Como podemos ver, y a grandes rasgos, el manejo de recursos estatales a través de las diferentes áreas del municipio fue un hecho relevante. Para el caso específico de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades se articuló el Programa que llevó por nombre “Envión”.¹⁷ Este programa fue creado el 20 de agosto del año 2009, con el objetivo de apoyar a jóvenes de entre 12 y 21 años –en situación de vulnerabilidad– y fortalecer su acceso a la educación, y al trabajo.

De acuerdo con registros etnográficos jóvenes de las comunidades indígenas fueron beneficiarios del “Envión”. El programa fue utilizado como ‘ayuda’ cuando el coordinador indígena renunció a su cargo, y el área quedó acéfala en 2009. Fue a través de la entrega de este tipo de beneficios que inferimos la transformación de una coyuntura municipal de mayor participación etnopolítica, hacia una caracterizada por vínculos de tipo asistencialista. Es decir, la fragmentación de la dirigencia étnica no implicó la desaparición de reclamos territoriales, culturales o sociales –como vimos en el apartado anterior–; sino que aquello que se transformó fue la respuesta municipal. Al no ser nombrado un nuevo coordinador o coordinadora indígena, las y los funcionarios comenzaron a entregar, a cada dirigente del CIAB, una cantidad de programas y ayudas sociales. Otro aspecto que contribuyó a reproducir esa relación asistencial fue el compromiso que el área generaba con la dirigencia a través de la prestación de equipamiento y materiales necesarios para la realización de encuentros, ceremonias o eventos culturales. La búsqueda del lugar, el sonido, las sillas, la impresión de los volantes, o mismo su difusión expresó la fuerte relación de dependencia con el municipio. Esa falta de infraestructura para continuar con la visibilización, en tanto objetivo etnopolítico local, vulneró las posibilidades de trabajar localmente de forma continuada, aspecto que se entroncaba con la relación asistencialista.

La escasez de medios reforzó la dependencia con el municipio, pero amplió el conjunto de actores comprometidos en la realización de cada evento cultural. En este sentido, si bien fueron pocos los momentos en que se hicieron ceremonias o encuentros con otros referentes indígenas del AMBA; mencionamos la importancia que tuvieron organizaciones y gremios locales a la hora de contribuir con recursos y materiales. El ‘evento cultural’, durante este período se constituyó como foco de expresión etno­política de un tejido heterogéneo de relaciones barriales que procuraba transmitir la importancia de la capacidad de convocatoria y organización. La etnización (Bengoa 2009) de una actividad –originalmente– intercultural se posicionó como estrategia de negociación política. Por otro lado, la participación de funcionarios municipales daba vuelta la fórmula: el Estado ‘bajaba’ a la comunidad o a la plaza; y ahí se negociaban objetivos comunes de manera pública y colectiva. Invitar a las y los funcionarios municipales, a participar de los eventos, se convirtió en un mecanismo de negociación política que acercaba al Estado –municipal– al campo etnopolítico.

Más allá de la realización particular de los eventos entre los años 2009 y 2013, lo cierto es que si abordamos el carácter asistencial –en relación a instancias supralocales de gobierno– el patrón de entrega de planes y programas como mecanismo para ‘reducir’ el conflicto de problemáticas sociales tiene cierta lógica. Y, a su vez, da cuenta del impacto de los procesos de reorganización política en períodos electorales.

El paso del intendente –Darío Giustozzi– del FPV al Frente Renovador¹⁸ instaló la interna peronista en la estructura administrativa local. Entre las diversas consecuencias, funcionarios y funcionarias de la Secretaría de Cultura y de la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades renuncian a sus cargos.

A través de un comunicado uno de ellos se expedía de la siguiente manera:

No podemos compartir la postura adoptada en el Municipio frente a las próximas elecciones legislativas porque no se puede desconocer el apoyo y la labor desplegada desde el Gobierno nacional.

Hubo decisiones, aportes y programas que han permitido que hoy los habitantes de esta bendita provincia puedan acceder a derechos esenciales que les estaban vedados (Infonews 2013).

El testimonio citado expone la relación que el municipio tenía con la provincia y el ejecutivo nacional. La redistribución del proceso de descentralización estatal al tiempo que creó dependencias ganó voluntades políticas partidarias. El paso del intendente a otro sector del peronismo hizo que esas voluntades abandonasen sus funciones públicas y se retiraran administrativa y partidariamente de la política local. El área de la cual dependía la CPOAB cesó sus actividades de forma repentina. El mapa político municipal, y el conflicto que lo caracterizó subsumió por completo las actividades indígenas a mediados del año 2013. En lo concerniente al Programa “Envión” las denuncias que lo definían como una herramienta de control fueron reiteradas. Estos mecanismos clientelares, y su carácter negativo, fueron difundidos desde un gran diario de impronta nacional:

En la primera reunión que sostuvieron, Geneira (Secretaria de Desarrollo Social) explicó que el programa debe orientarse al trabajo político en pos del proyecto personal de Darío Giustozzi. Tomó lista para saber quiénes éramos y qué vinculación teníamos con la gestión anterior”, relató una profesional de la educación del Envión y agregó que la funcionaria planteó que había que ir a los plenarios de Darío, y los que no confiaban en su liderazgo tenían que dar un paso al costado (Frías 2013).

Resulta interesante que si bien los funcionarios renuncian en julio de 2013, se abre en el mes de octubre en la localidad de Longchamps, partido de Almirante Brown, una segunda “Oficina Descentralizada de la Secretaría de Derechos Humanos” de la provincia de Buenos Aires. La continuidad del trabajo local en manos del FPV resultó claro, y la ejecución de recursos fue independientemente del municipio. La voluntad política nacional y provincial no acompañó la candidatura del intendente como diputado nacional, y su sanción se expresó con un recorte del presupuesto.

Luego de las elecciones legislativas del año 2013,¹⁹ el intendente asume como diputado nacional del Frente Renovador y toma licencia en el ejecutivo local.

La composición política de Desarrollo Social, Cultura y Educación del municipio estuvo definida por funcionarios y funcionarias que habían acompañado la decisión de Darío Giustozzi de integrarse al nuevo espacio político. En los primeros meses del año 2014 se nombra un Subsecretario de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, así como un Coordinador de Pueblos Originarios.²⁰ Ambos funcionarios eran abogados, y desconocían las condiciones de vida y reclamos de la población indígena del distrito. De acuerdo con las entrevistas realizadas, se encontraron a su llegada con un “espacio vacío, sin papeles porque se habían llevado todo. Hasta las computadoras”.²¹

La comunicación del CIAB con el espacio municipal fue nula durante la primer mitad del año. En el mes de junio, fruto de un acercamiento de un sector de la dirigencia indígena local y un recambio de autoridades del CIAB,²² se inicia el diálogo a partir de la presentación de una carta dirigida al Secretario de Educación, Cultura y Derechos Humanos:

Con el objetivo de hacerle llegar copia electiva del consejo arriba mencionado; como así también recordándole su aporte grato y positivo en su momento como edil HCD (Honorable Consejo Deliberante), sancionada Ordenanza Nº8647 declarándose como Interés Municipal al “Consejo Indígena de Almirante Brown”. Es por ello que nos ponemos a disposición para articular actividades inherentes a la política indígena (Documento presentado el 5 de junio de 2014 por el CIAB).

El 27 de junio se acuerda otro convenio de trabajo junto a las nuevas autoridades municipales. Comprendía fomentar la participación de la población indígena a través de la realización de una agenda de actividades culturales que tomó por nombre: “Mes de los Pueblos Originarios”. Así fue que en el mes de agosto, se presentó el siguiente calendario:

• 7 de agosto: conmemoración del día de la Madre Tierra ‘Pachamama’. Realización de la ceremonia, y luego presentación del espectáculo musical con el grupo “Pueblos Naciones Indígenas” y la participación de artistas invitados.

• 8 de agosto: coordinación de la charla-debate titulada: “Pueblos Originarios y Derechos Humanos”, proyección de un documental sobre problemática de violencia, explotación y persecución que afecta a las mujeres indígenas.

• 16 de agosto: preparación de una ceremonia de la Pachamama a cargo del Consejo Indígena, feria artesanal, música y comidas típicas.

• 20 de agosto: participación musical en el programa de radio “Entre Amigos” de música y difusión sobre las problemáticas actuales de los pueblos originarios.

Cabe mencionar que previo al convenio de trabajo, el 21 de junio se realizó un “Festival por los Pueblos Originarios” en un teatro importante de la localidad browniana de Burzaco. Entre los diversos artistas invitados se presentó un número de baile, un grupo musical y el cierre del evento estuvo a cargo de la cantante Marta Pirén del pueblo mapuche. Mencionar la realización del encuentro tiene por objetivo resaltar por un lado la esencialización de lo indígena y, por otro, una dinámica de participación efectiva de la dirigencia local en el área del municipio. La impronta culturalista y la teatralización étnica presentó una población indígena local sin conflictos sociales ni demandas específicas. Por otra parte la actividad estuvo dirigida por los abogados que habían sido recientemente nombrados como Subsecretario de Cultura y Coordinador de Pueblos Originarios de Almirante Brown.

A la luz de estos hechos, la respuesta de los dirigentes fue ‘invitar’ a dichos funcionarios el 27 de junio a un club barrial de localidad de Glew. De forma concomitante a un trabajo etnopolítico el CIAB dirigió la actividad junto con referentes indígenas de localidades como Bernal, Monte Grande y Avellaneda. A diferencia de la teatralización, se expresó frente a los invitados un conjunto de demandas sociales y etnopolíticas de los ‘indígenas urbanos’. El grupo de dirigentes reflexionaron acerca de la problemática territorial y habitacional de las familias indígenas, así como de la sistemática negación del Estado, y la necesidad de abrir canales de diálogo verdaderamente participativos y alejados de imágenes estigmatizantes y anacrónicas. Expusieron las causas de una migración forzada hacia Buenos Aires y el trabajo realizado en los últimos años bajo condiciones de discriminación política e identitaria. El evento, en términos generales, fue una respuesta efectiva y concreta a la actividad que habían realizado “dos abogados blancos” –en palabras de los dirigentes– quienes ocupaban un lugar y una función que no les correspondía en la CPOAB.

Por otro lado, la candidatura para la gobernación de la provincia de Buenos Aires –a la que apuntó el intendente– tuvo como consecuencia nuevas renuncias a las ya mencionadas. Los dos abogados recientemente nombrados abandonaron rápidamente sus funciones en la Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades, y por consecuencia fue disuelto el convenio con el CIAB. El año 2015 no contó con actividades desde el municipio, sólo una se realizó en el mes de agosto, y la dirigencia local no fue convocada. No obstante ello, el trabajo etnopolítico continuó a través de su articulación con la provincia y la nación. El pedido de renuncia de los funcionarios en el mes de marzo puso en relieve la fragilidad de la alianza que el intendente había realizado. De acuerdo a los registros de campo, el paso de una candidatura para gobernador bonaerense –en el Frente Renovador–; por una, nuevamente, para la intendencia –en el FPV– tuvo fuertes repercusiones sobre su representatividad y liderazgo en la política local.²³ El área indígena quedó acéfala nuevamente hasta Junio de 2015. En ese mes, asume un nuevo Coordinador de Pueblos Originarios, que al igual que la gestión anterior, recibe un área vacía, sin documentación ni contactos de los dirigentes indígenas locales. La contratación de nuevo personal para ocupar los espacios administrativos no fue azarosa. Durante el 2015 se incluyeron militantes políticos en la estructura municipal, para garantizar un trabajo barrial continuado, primero, en el marco de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO)²⁴ y, luego, durante las presidenciales del mes de octubre de 2015.

Figura 3.

Entrega de certificados a los miembros del “Consejo Indígena de Almirante Brown” (foto: Juan Manuel Engelman, 2014).

Conclusiones

La experiencia de participación etnopolítica y de gestión que atravesó la CPOAB entre los años 2009 y 2015, nos permite repensar la práctica etnopolítica en Almirante Brown como el resultado de una estructura de grados autonómicos de acción –local, provincial y/o nacional– que mediante el manejo de recursos aceitan la articulación de planes, programas y proyectos. Esta dinámica de instituciones heterogéneas fue reapropiada diferencialmente por una dirigencia indígena que reguló políticamente un tejido constituido por relaciones de parentesco y de alianzas interétnicas –CIAB, TEKO, Mesa Política– en un campo de relaciones caracterizadas por una alta diversidad de grupos sociales y organizaciones. Esa complejidad, por un lado, da cuenta que más allá de las instancias de reconocimiento institucional, o la creación de áreas específicas para los pueblos originarios, la población indígena se apropió de herramientas administrativas de la estructura municipal. Por otro lado, cabe destacar que el trabajo etnopolítico de los y las dirigentes encontró grietas y avances gracias a la “doble negación” (Engelman 2016) o al “doble vínculo” (Bateson 1998) que entabla con el Estado. Ahora bien, cuando se trata de esto último nos resulta relevante mencionar que la re-localización de la cuestión étnica, planteada por Bengoa (2009), se da en una contexto caracterizado por el desempleo masivo, la relegación de la pobreza urbana a barrios desposeídos, y a la estigmatización creciente de la vida cotidiana en el discurso público (Wacquant 2013, 41). Esa polarización de la estructura de clases, que se combina con la segregación étnica, responde a las transformaciones económicas de las últimas décadas, y desencadenan lo que Wacquat define como “dualización de las metrópolis” (2013, 40). Si bien retomamos dicho planteo, no referimos al sentido de re-localización cognitiva-conceptual –como sí lo hace el mencionado autor– sino más bien a su sentido espacial. De este modo, el conjunto de construcciones discursivas acerca de los barrios donde se ubican los indígenas urbanos, actúan como motor que invisibiliza tanto su identidad como sus demandas sociales. Es decir que, cuando los ‘indígenas urbanos’ reclaman por el territorio, también lo hacen por la inexistencia de cloacas y agua corriente, sobre la necesidad de extender las conexiones de gas natural y evitar el uso de garrafas, o sobre un sistema diario de recolección de basura que mejore la higiene local. De este modo, la ubicación de los ‘indígenas urbanos’ y su inclusión social es sinónimo de una organización del espacio citadino que se corresponde con una división de clases (Harvey 2012). Por lo tanto, aquello que queremos resaltar es que el análisis de la organización etnopolítica y los procesos de formación de las nuevas capas de dirigentes indígenas en las ciudades debe contemplar que los reclamos, así como las modalidades de negociación, implican correrse de argumentaciones culturalistas. Se trata de reparar en la complejidad y heterogeneidad del campo de acción etnopolítica, las relaciones interculturales que dinamiza, así como aquellas que establece con el Estado y sus funcionarios para dar cuenta de la multiplicidad de acciones y estrategias a la hora de repensar los reclamos étnicos en relación con las condiciones de vida de los sujetos.

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Notas