Migración, vivienda y desigualdades urbanas: condiciones socio-habitacionales de los migrantes regionales en Buenos Aires

Migration, housing and urban inequalities: The socio-housing conditions of regional migrants in Buenos Aires

El proceso de asentamiento de los migrantes en los espacios urbanos constituye un fenómeno complejo, donde las estrategias individuales, familiares y colectivas de acceso a la vivienda se entrecruzan con las condiciones estructurales de la sociedad de recepción. Como señala Bourdieu (1993), la apropiación del espacio físico, de un hábitat determinado, es producto de luchas en las que se apuestan los diversos capitales (económico, cultural, social, simbólico) con los que cuentan los ocupantes, y en tal sentido, las estructuras espaciales resultantes constituyen expresión de las diferencias sociales. En un espacio urbano atravesado por relaciones de poder y desigualdad, las características que adquiere el acceso al suelo forman parte constitutiva de la construcción y reproducción de las estructuras y jerarquías del mundo social.

En este marco, el presente artículo se propone abordar una problemática nodal del asentamiento e inserción social de los migrantes en la ciudad: sus condiciones habitacionales. El problema del acceso a la vivienda (a condiciones habitacionales dignas) es una cuestión sumamente difícil, pues por un lado remite a un bien indispensable como es la vivienda -proveedora de abrigo y entorno vital esencial para el desarrollo de los individuos, hogares y familias-, pero por otro lado, las condiciones de acceso y disfrute de este bien se encuentran atravesadas por la dinámica (competitiva y excluyente) del mercado inmobiliario. Como nos recuerda Algaba, en las ciudades capitalistas actuales, la vivienda no ha alcanzado la consideración de bien social como la sanidad, la educación o la cobertura social, por lo que más que un derecho garantizado por el Estado, básicamente “constituye una fuente de riqueza para quien tiene algo que vender o alquilar” (Algaba, 2003, p. 2). Y en tal sentido, muchas de las desigualdades y exclusiones (materiales y simbólicas) que operan en el campo social tienden a (re)producirse en el mercado del suelo urbano. De esta manera, las condiciones habitacionales de los grupos de población -en este caso, los provenientes de un movimiento migratorio- resultan fuertemente indicativas de sus condiciones de vida y su posición en el espacio social.

El presente artículo se propone brindar elementos que permitan dar cuenta de la situación socio-habitacional de los migrantes provenientes de países limítrofes y Perú en la ciudad de Buenos Aires, desde una estrategia metodológica cuantitativa que toma como fuente de datos el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. Se propone un abordaje que contemple una doble mirada sobre esta cuestión: por un lado, estudiar las características de la vivienda como unidad particular (mediante la construcción de indicadores estadísticos a partir de las potencialidades que brindan las categorías censales), y, por otro lado, rescatar en qué entornos urbanos han tendido a asentarse los migrantes regionales, en tanto se considera que la ubicación en el territorio y los déficits que atraviesan algunos tipos de hábitat en particular tienen efectos cardinales en las condiciones habitacionales de sus residentes.

La existencia de una preocupación sociológica -que es también social y política- en torno al asentamiento residencial de los migrantes en las ciudades tiene una extensa historia en el campo académico internacional. Desde los primeros modelos llevados a cabo por la Escuela de Chicago a comienzos del siglo XX, que consideraban a las pautas residenciales de los migrantes como un fenómeno ligado a su proceso de asimilación a la sociedad de recepción (Burgees, 1925; Park, 1926; McKenzie, 1925), hasta los estudios que vinieron a incorporar el papel que cumplen otros factores en las dinámicas de asentamiento, tanto los vinculados a las prácticas de los mismos actores en movimiento, como los asociados con las condiciones estructurales que brinda la sociedad receptora a los diversos grupos. Entre los primeros se ha buscado recuperar y poner en primer plano las estrategias familiares y las redes sociales de los migrantes en su asentamiento en la ciudad, dando cuenta del papel de los lazos nacionales o regionales y la influencia de las relaciones pre-migratorias en las estrategias de adaptación, que con frecuencia dan por resultado la concentración en entornos urbanos específicos (Baily, 1985; Devoto, 1991; Da Orden, 2000). Entre los segundos, se ha colocado el foco principalmente en la sociedad de recepción, en sus condiciones socioeconómicas y en la incidencia de la discriminación que se manifiesta en el mercado habitacional. Desde este enfoque se considera que la discriminación en el acceso a la vivienda constituye un factor condicionante de la localización residencial, relegando a los migrantes a determinadas zonas de la ciudad, de viviendas más degradadas y precarias, junto con los sectores más desfavorecidos de la población nativa (Bayona, 2007; Algaba, 2003). Esto propicia la conformación de una “línea étnica urbana” que genera un mercado de vivienda segmentado, jerarquizante y desigualitario (Checa Olmos y Arjona Garrido, 2006).

Estos estudios han abierto un campo de problematización sumamente interesante para pensar los múltiples factores que atraviesan la pregunta por la relación entre migración y vivienda en entornos metropolitanos. Si las dinámicas de acceso al suelo son procesos complejos para todos los sectores sociales, en el caso de los grupos procedentes de la migración, esta cuestión involucra otras dimensiones, en la medida de que aquí se articulan factores de origen y destino en las luchas por el acceso y definición de los usos del espacio urbano. En este marco, la condición migratoria se entrecruza indefectiblemente con elementos de índole socioeconómica, donde la interrelación entre clase social y etnicidad emerge como una dimensión fundamental que hace a la construcción de las jerarquías sociales.

En Argentina, la cuestión del asentamiento residencial de los migrantes en las ciudades y las desigualdades que atraviesan el acceso a la vivienda -en particular desde abordajes de tipo cuantitativo- ha tenido una escasa presencia en la historiografía y los estudios migratorios en general, frente a otros fenómenos como la inserción en el mercado laboral, la movilidad social y las cadenas y redes migratorias, que fueron abordados con intensidad. En los últimos años, sin embargo, se observa un renovado protagonismo de esta problemática en la agenda académica, en gran medida vinculado con la emergencia de discursos en el campo social y político que tendieron a asociar la presencia urbana de población migrante -de cierta inmigración, la de los grupos que ocupan las posiciones más bajas en las jerarquías étnicas consolidadas por los relatos nacionales argentinos- con el incremento de problemas habitacionales y los conflictos que desencadenan¹.

La emergencia de estos discursos puso sobre la mesa la necesidad de repensar la relación entre inmigración e informalidad urbana, y en este marco, desde el campo académico diversos autores (Grimson y Caggiano, 2012; Gallinati, y Gavazzo, 2011) han buscado discutir con las miradas más reduccionistas que asocian de manera automática inmigración y problemas de vivienda, magnificando la primera, y haciéndola responsable de los segundos. Pero la necesidad de tomar distancia de este tipo discursos estigmatizantes, como se ha trabajado en estudios previos (Mera y Vaccotti, 2013), corre el peligro de invisibilizar otra parte fundamental de esta ecuación: el hecho de que una importante proporción de migrantes en Buenos Aires efectivamente experimenta formas de inserción habitacional deficitarias, lo que da cuenta de un proceso de vulneración de derechos hacia un amplio sector de la población. Abordar este problema -y denunciar la persistencia de desigualdades en el acceso a la vivienda para un importante número de migrantes en esta ciudad- sin alimentar los procesos de estigmatización hacia estos grupos constituye sin duda uno de los grandes desafíos en materia de investigación social y de políticas públicas.

La posibilidad de brindar datos que permitan aproximarse a cuantificar la magnitud del déficit habitacional que padecen estos individuos y familias que han hecho de la movilidad parte de sus estrategias de vida, deviene una tarea ineludible para comprender aspectos centrales que hacen a su calidad de vida. Dentro del universo de bienes y servicios que permiten el pleno acceso a la ciudad, como sostiene Sala, la vivienda constituye una dimensión fundamental, que “permite una aproximación a las características socioeconómicas de los hogares y al grado de integración de los grupos migratorios a la sociedad receptora”, dando cuenta de su capacidad de acumulación, las estrategias implementadas y su grado de vulnerabilidad (Sala, 1999, p. 8). Y si bien los migrantes no constituyen el único colectivo vulnerable en este sentido, con frecuencia son quienes ponen en evidencia las mayores contradicciones y debilidades del sistema.

Como sostiene Zapata-Barrero (2001), en el tratamiento de la inmigración deben diferenciarse dos niveles: por un lado, el nivel del acceso, y, por el otro, el nivel de coexistencia una vez que los inmigrantes han sido admitidos. Y si en el nivel del acceso -donde se decide cuántos y quiénes entran- se observan las mayores contradicciones de las teorías liberales, es en el nivel de la coexistencia -donde se decide cómo se gestiona el espacio público- donde se encuentran los grandes desafíos democráticos que hacen a la convivencia en espacios pluriculturales.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tiene una larga historia como ámbito de recepción migratoria: primero de los europeos de fines del siglo XIX y comienzos del XX -cuando el país se convirtió en el destino privilegiado de las oleadas que se aventuraban a cruzar el Atlántico buscando en las Américas mejores condiciones de vida- y luego, en particular desde mediados de siglo, de los nacidos en países limítrofes o vecinos.

La migración de personas procedentes de países limítrofes tiene una amplia trayectoria en el territorio argentino, vinculada en un primer momento a movimientos en espacios transfronterizos, y a la provisión de mano de obra agrícola². Pero, a partir de la década de 1960, en un contexto de crisis de las economías regionales y crecimiento de la industrialización en las grandes ciudades, estos flujos comienzan a dirigirse progresivamente hacia el área metropolitana de Buenos Aires, donde los empleos en la construcción, la industria y los servicios estaban mejor remunerados (Balan, 1990, p. 272).

Desde 1970, Buenos Aires y su conurbación se constituyen en el principal ámbito de asentamiento de estas corrientes migratorias regionales, las cuales tendieron a incorporarse en sectores específicos del mercado de trabajo, de baja productividad, como la construcción, el servicio doméstico y las actividades industriales con demanda intensiva de mano de obra (Benencia, 2003, p. 434). En este marco, la ciudad de Buenos Aires en particular se ha erigido como el destino preferido de los inmigrantes recientes, en gran medida vinculado a la mejor accesibilidad a puestos de trabajo y a una amplia oferta de bienes y servicios públicos (Cerruti, 2009).

Según datos del último censo, la amplia mayoría de la población extrajera en viviendas particulares de la CABA en el 2010 estaba compuesta por personas provenientes de países de la región (71,5%); y en relación con la composición interna del colectivo de “migrantes regionales”, el grupo más numeroso son los oriundos de Paraguay (31%), Bolivia (29%) y, en menor medida, Perú (23%). Las personas provenientes de Uruguay constituyen un 11% de los migrantes de la región, y los brasileros y chilenos, apenas un 3% (figura 1).

Figura 1
Población extranjera en viviendas particulares por país de nacimiento, CABA 2010
Fuente: elaboración en base a Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC, 2010)

Estos tres grupos que, en la actualidad, constituyen los principales colectivos migrantes en la ciudad de Buenos Aires -los paraguayos, bolivianos y peruanos-, son quienes han adquirido el mayor dinamismo en las últimas décadas (Cerruti, 2009).

La migración paraguaya es la de más larga data, y ha ido incrementando progresivamente su magnitud desde mediados del siglo XX. Si en un primer momento tuvo un carácter rural-rural ―protagonizado por pequeños campesinos que se convierten en braceros en explotaciones forestales y cultivos agrícolas en el norte argentino― y temporario, paulatinamente se convirtió en un patrón migratorio de destino preferentemente urbano y de carácter permanente. Esta corriente se comenzó a orientar progresivamente hacia Buenos Aires, a la par que se feminizaba: como mencionan diversos autores, “para 1960, las mujeres paraguayas contaban con insertarse en empleos de servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires” (Courtis y Pacceca, 2010, p. 158). La incorporación de los migrantes paraguayos al mercado de trabajo urbano se fue produciendo así de manera segmentada, donde la construcción (en el caso de los varones), y el servicio doméstico (entre las mujeres) se consolidaron como los “nichos laborales” por excelencia de esta población. La alta proporción de paraguayos que se desempeña en estos sectores en gran medida se explica por la importante presencia de redes sociales dentro de este colectivo, donde una lógica de reclutamiento de la mano de obra -en la cual migrantes ya asentados facilitan la incorporación de los nuevos migrantes en los grupos de trabajo y en las casas de familia- fue retroalimentando un círculo que redunda en una estrechez extrema en el acceso al mercado laboral y en el nivel de ingresos (Bruno, 2008).

En el caso de la migración boliviana, históricamente también constituyeron una migración de tipo rural-rural, en respuesta a la demanda de mano de obra para las cosechas en el norte argentino. Pero a partir de mediados de siglo -y en particular en las últimas dos décadas- comienzan a cobrar mayor peso relativo en Buenos Aires, en un proceso donde el componente rural-urbano, e incluso urbano-urbano, adquiere más relevancia, aunque sigue siendo importante su participación en actividades agrícolas. A partir de 1980, comenzó a aumentar su presencia en la Región Metropolitana de Buenos Aires y a feminizarse lentamente, pero siempre conservando un importante componente masculino. Hay que remarcar que la intensidad y la tradición de las migraciones bolivianas remiten tanto a las condiciones de los países de origen y destino, como a la fuerza de las redes sociales desarrolladas por este colectivo. Si bien las redes de paisanaje y parentesco constituyen un elemento crucial en cualquier comunidad migratoria, los oriundos de Bolivia han desplegado una trama de relaciones y vínculos comunitarios que parecen estar más institucionalizados que el resto. Esta circunstancia ha favorecido el acceso a determinadas ocupaciones y la concentración en ciertos barrios o localidades (Benencia y Karasik, 1994, p. 279). En el caso boliviano, su inserción en el mercado urbano ha sido particularmente segmentada: los varones mayoritariamente en las industrias que suponen un uso intensivo de mano de obra (textil, confecciones, calzado), así como en la construcción y, en menor medida, el comercio minorista; entre las mujeres, el principal destino es el servicio doméstico, pero también en el pequeño comercio y la industria (Maguid y Bruno, 2010).

Estos dos colectivos, a su vez, son los grupos migratorios que ocupan las posiciones simbólicamente más degradadas en los imaginarios de jerarquías étnicas de la Argentina, donde la representación de este país como nación blanca y europea -forjada a comienzos del siglo XX bajo la metáfora del crisol de razas como base del proceso de construcción de la Argentina moderna- fue de la mano de un proceso de descalificación y rechazo hacia toda la población que llevase las marcas del mestizaje latinoamericano. El tercer grupo extranjero más numeroso en la CABA, los peruanos, con frecuencia suelen ser agrupados, junto con los bolivianos y paraguayos, bajo esos imaginarios negativos. Pero los flujos del Perú tienen características diferenciales: se trata de corrientes más recientes que en gran medida están integradas por personas provenientes de ámbitos urbanos, con alto nivel educativo (Cerruti, 2005). Hasta 1980 se trataba de un grupo pequeño y altamente masculinizado, en su mayoría compuesto por estudiantes de nivel universitario (Pacecca, 2000). En la década de 1990, en contexto de la crisis económica y política que atravesó el Perú, se produce un nuevo flujo de emigrantes, más numeroso que el anterior y altamente feminizado, que se dirigió en su mayoría a la Región Metropolitana de Buenos Aires y a otras ciudades importantes de Argentina, insertándose en las áreas de servicios personales y manufactura (Cerruti, 2005).

Los restantes grupos migratorios provenientes de países de la región, como se observa en los datos del censo, tienen un peso relativo mucho menor en esta ciudad.

La presencia uruguaya en Buenos Aires históricamente fue la mayoritaria, pero desde mediados del siglo XX fue perdiendo protagonismo ante el incremento de población proveniente de Bolivia y Paraguay. Este flujo, históricamente, ha tenido un perfil diferente respecto al conjunto de la inmigración limítrofe: por un lado, desde muy temprano estuvo integrada por inmigrantes de origen urbano, que se concentraron en la ciudad de Buenos Aires y su área de influencia, y prácticamente no existen comunidades importantes en otras localidades. Esta inmigración presenta niveles educativos y una inserción laboral similar al promedio de la población argentina; no se encuentran concentrados en ningún sector del mercado de trabajo, y existe una gran presencia de trabajadores especializados. Sin embargo, en el último decenio aumentó su participación en ocupaciones no calificadas e informales y en el servicio doméstico, lo que habla de que las transformaciones en la estructura productiva y sus efectos sobre el empleo comienzan a reflejarse en el perfil migratorio del último período (Benencia, 2003, p. 467).

La migración chilena tiene una larga historia en Argentina, pero la principal zona de recepción han sido las provincias del sur patagónico, en una movilidad rural-rural vinculada con la zafra lanera y las cosechas frutales del Alto Valle de Río Negro y Neuquén. A estos primeros flujos se agregaron en las décadas siguientes nuevos contingentes, primero de carácter rural-urbano -donde, si bien las provincias patagónicas siguieron absorbiendo la mayor cantidad de migrantes, se observa un progresivo crecimiento de esta en la provincia de Buenos Aires- y luego de tipo urbano-urbano. A partir de fines de la década de 1990 comienza a registrarse el ingreso de migrantes vinculados a un movimiento que algunos autores han denominado “económico-cultural”, compuesto en su mayoría por jóvenes adultos provenientes de clases medias urbanas, que ven en Argentina la posibilidad de continuar con sus estudios y observan a Buenos Aires como una ciudad que ofrece una ampliación de los horizontes culturales, donde se pueden desarrollar en espacios profesionales y artísticos (Jensen y Perret, 2011).

Finalmente, los brasileros han ocupado un lugar menos destacado en términos cuantitativos respecto al resto de los migrantes en este ámbito; la dinámica migratoria de la población brasilera no incluye a la Argentina como alternativa significativa, por lo que su presencia en este país siempre ha sido marginal. La presencia brasilera en la Región Metropolitana de Buenos Aires es principalmente femenina y de nivel educativo elevado. Respecto al perfil ocupacional, a diferencia de las migraciones de Bolivia y Paraguay, caracterizadas por ser proveedoras de mano de obra no calificada, las originadas en Brasil (así como la del Uruguay) en general mantuvieron un perfil de trabajadores calificados, y tienen mayor presencia relativa en actividades de prestación de servicios, profesionales y técnicos (Ceva, 2006, p. 42). Los brasileños en Buenos Aires se distinguen de otros contingentes limítrofes, además, porque constituyen uno de los pocos casos en que los inmigrantes, más que estigmatizados, son exotizados. Esto se vincula con las características (estereotipadas) que se le asignan a la brasilidad -a partir de lo cual se les atribuye una etnicidad que es evaluada de forma positiva-, pero también se relaciona con la posesión de capitales culturales apreciados que aumentan sus posibilidades de inserción laboral (Frigerio, 2005).

En el asentamiento residencial de estos colectivos nacidos en países de la región, en la ciudad de Buenos Aires se fueron produciendo patrones de distribución espacial diferenciales, en los que confluye un entramado de factores vinculados al momento de llegada, las redes sociales y las condiciones socioeconómicas, políticas y culturales de la sociedad receptora. La figura 2 permite observar en qué áreas de la ciudad han tendido a asentarse estos colectivos: puede verse allí que las unidades espaciales con mayor peso relativo de migrantes regionales (donde, en algunos casos, estos migrantes llegan a constituir más del 30% de la población) se localizan predominantemente en la zona sur de la ciudad -en determinadas áreas de los barrios de Villa Lugano, Villa Soldati, sur de Parque Avellaneda, en el límite entre Flores y Nueva Pompeya, Barracas, Parque Patricios y La Boca-, con algunas pocas excepciones en otros barrios del este y centro. Cabe aclarar que lo que en el mapa se observaba como las áreas de mayor presencia de los migrantes regionales en su conjunto, se debe a la localización residencial de las colectividades mayoritarias (en particular paraguayos y bolivianos)⁵.

Figura 2
Distribución espacial de los migrantes regionales en la ciudad de Buenos Aires, 2010
Fuente: elaboración en base a INDEC, 2010

Esos patrones de distribución abren diversos interrogantes en torno a cuáles son las condiciones socio-habitacionales de asentamiento de estos migrantes, y si las diferencias que se manifiestan en la localización residencial remiten a (y son expresión de) desigualdades de índole social y material.

La pregunta por la situación habitacional de la población, y la precariedad (o no) de la misma, constituye un sumamente tema complejo de relevar. La posibilidad de dar cuenta de cuestiones como el tipo de vivienda, el régimen de tenencia, la calidad de sus materiales o los servicios básicos que posee un local de habitación es sin duda una tarea esencial, pues se trata de un conjunto de elementos cuya disposición es altamente expresiva de la inserción social de sus habitantes y su calidad de vida. Pero, como señala Yujnovsky (1984), la vivienda no es solo una unidad particular, sino que implica el conjunto de servicios proporcionados por una estructura urbana, que conlleva la accesibilidad relativa a los beneficios de otras unidades y actividades urbanas. En este sentido, resulta interesante rescatar también aquí en qué entornos urbanos han tendido a asentarse los migrantes, en tanto la ubicación relativa en el territorio, y las desigualdades materiales y simbólicas que atraviesan algunos entornos en particular (como es el caso de las villas y asentamientos informales) tienen efectos cardinales en las condiciones habitacionales de sus residentes.

Por este motivo, el presente artículo se propone aproximarse a la problemática habitacional de los migrantes regionales desde una doble mirada: por un lado, mediante la construcción de algunos indicadores estadísticos clave elaborados a partir de las potencialidades que brindan las categorías censales; y, por otro lado, considerando los tipos de hábitat o entornos urbanos en los que estos migrantes han tendido a asentarse.

Esta propuesta analítica implicó tres desafíos metodológicos fundamentales. En primer lugar, la identificación de los migrantes de la ciudad a partir del Censo 2010, que tiene la virtud de ser la única fuente que provee información para unidades espaciales pequeñas (imprescindibles para reconstruir los tipos de hábitat de la ciudad), pero a su vez, por su mismo diseño, es escasa la información disponible para ese nivel de desagregación espacial. En segundo lugar, la construcción de indicadores que contemplen diversas aristas del déficit habitacional, con las posibilidades y limitaciones que implica trabajar con las categorías censales. Finalmente, la clasificación de las unidades espaciales que componen a la CABA en diversos tipos de hábitat que permitan dar cuenta del entorno socio-urbano en el que se insertan las viviendas. A continuación, se desarrollan brevemente los criterios, decisiones y procedimientos metodológicos involucrados en este proceso.

La propuesta de este artículo requiere contar con información de la condición migratoria de la población de la CABA con representatividad estadística confiable para trabajar con unidades espaciales pequeñas. La fuente de datos idónea para este tipo de análisis es, sin duda, el censo de población, que al ser relevado en forma universal, brinda información para cualquier nivel de resolución espacial, mientras que los datos generados por muestreo tienen representación confiable a niveles de agregación espacial particulares (Robirosa, 1996, p. 629).

Sin embargo, existen cuestiones metodológico-conceptuales propias de las fuentes censales que imponen restricciones para trabajar con unidades espaciales pequeñas (Mera y Marcos, 2012). Hay que tener en cuenta que los censos argentinos han tenido como prioridad facilitar la gestión pública, publicando datos por divisiones político-administrativas, es decir, a nivel nacional, provincial y eventualmente, municipal. Las áreas menores en las que el censo divide el espacio geográfico -de mayor a menor tamaño, fracciones, radios y segmentos- son subdivisiones que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) con el único objetivo de facilitar la organización de la tarea de recolección de los datos.

El Censo 2010 constituye un caso complejo en este sentido, dado que se aplicaron técnicas de muestreo para relevar los datos en las áreas más pobladas del país, con el fin de simplificar el operativo censal, reducir costos y acelerar la obtención de resultados. En estas áreas se utilizaron dos tipos de cuestionarios: uno básico, que contiene una cantidad reducida de preguntas, y uno ampliado, que incluye la totalidad de las variables relevadas y se aplicó solo a una muestra de la población. Como consecuencia del diseño muestral implementado, los datos del cuestionario ampliado no están disponibles para unidades espaciales pequeñas.

Con respecto a la información de la condición migratoria de la población que se requiere aquí, el cuestionario básico relevó el país de nacimiento de la población, pero la pregunta por el lugar de residencia habitual -fundamental en un censo de hecho para diferenciar a los desplazamientos definitivos (migratorios) de los de carácter temporal- solo se relevó en el cuestionario ampliado. En otras palabras, para realizar este trabajo se cuenta con información del lugar de nacimiento de las personas, pero no se puede distinguir entre quienes se encontraban transitoriamente en el lugar en que fueron censados y quienes habían cambiado de lugar de residencia estableciéndose donde los empadronó el Censo.

Para sortear esta dificultad, se decidió restringir el universo de análisis a la población en viviendas particulares, excluyendo a la población en viviendas colectivas (hospitales, prisiones, cuarteles, internados, campamentos/obradores, hoteles turísticos y hogares de ancianos, de menores y de religiosos), bajo el supuesto de que muchas de estas personas no se encontraban en su lugar de residencia habitual. Si bien con esta decisión no se logró llegar a la categoría tradicional de “migrante”, los resultados obtenidos constituyen una buena aproximación, en la medida que se logró excluir del estudio a 17.649 personas nacidas en países extranjeros que habían sido censadas en viviendas colectivas, 11.506 de ellas -65%- en hoteles turísticos.

Para cuantificar la presencia de situaciones deficitarias vinculadas al hábitat se trabajó a partir de las potencialidades que brinda la información censal. En primer lugar, se retoma un indicador propuesto por Rodríguez y Di Virgilio (2009) que considera no solo las condiciones físicas de habitabilidad de las viviendas -en base a los tipos constructivos y la dotación de servicios que dispone- sino también una dimensión que relaciona las características de la vivienda con la composición de los hogares, incorporando entre las situaciones deficitarias a aquellos hogares que conviven en condiciones de hacinamiento (dos o más personas por cuarto). De esta manera, clasifica a los hogares según desarrollen su vida cotidiana en:

• viviendas deficitarias irrecuperables: viviendas que, por la calidad de los materiales con que han sido construidas, son irrecuperables y deberían ser reemplazadas por nuevas unidades, como es el caso de los ranchos, casillas y locales no construidos para fines habitacionales;

• viviendas deficitarias recuperables: viviendas que, si bien presentan rasgos de precariedad como falta de terminaciones o carencia de instalaciones sanitarias, son posibles de ser recuperadas mediante obras de refacción o completamiento;

• viviendas no precarias que se encuentran habitadas por hogares que padecen hacinamiento por cuarto;

• viviendas no deficitarias, en buen estado, que agrupa las categorías de casa (tipo A⁴) y departamento donde no se observa ningún grado de hacinamiento.

Dicho sistema clasificatorio brinda posibilidades no solo de carácter analítico sino también en términos de políticas públicas, en la medida que discrimina tres tipos de carencias habitacionales que precisarán intervenciones diferentes: en algunos casos promover la recuperación o el mejoramiento de las viviendas existentes, mientras que en otros casos construir unidades residenciales nuevas.

Esta medida es complementada con otras en los que se incorporan cuestiones nodales que hacen a la calidad del hábitat como son los tipos vivienda desagregados, que permite dar cuenta de situaciones habitacionales específicas -distinguiendo: casas construidas con buenos materiales y servicios básicos (tipo A), casas que no cuentan con buenos materiales y/o presentan déficits en el acceso a servicios básicos como el agua o la red de cloacas (tipo B), departamentos, ranchos, casillas, piezas en hoteles o inquilinatos, y otras alternativas precarias de vivienda como los locales no construidos para habitar o las viviendas móviles-, y el régimen de tenencia de la vivienda, que posibilita dar cuenta de la situación (regular o irregular) de tenencia de la vivienda y el terreno.

Para transcender las características de la vivienda en tanto unidad particular y dar cuenta de los entornos urbanos en los que han tendido a asentarse los migrantes regionales, se retoma una propuesta clasificatoria desarrollada por exponentes de la geo-demografía mexicana (Connolly y Suárez, 1978; Connolly, 2005; Duhau y Giglia, 2008), y aplicada a la CABA por Di Virgilio, Marcos y Mera (2015), que permite diferenciar el territorio urbano en un conjunto de tipos de hábitat, definidos en función del período de urbanización y la forma de producción del espacio habitacional.

Dicha forma de diferenciar los entornos urbanos -que reconoce la relación entre los procesos de producción de las áreas construidas, la fisonomía de las mismas y las características de los residentes (Connolly, 2005)- permitió clasificar al territorio de la CABA en diversos tipos de hábitat, a saber: ciudad colonial (el centro histórico de la ciudad), ciudad central (el centro administrativo y de negocios), urbanizaciones populares de origen informal (villas, asentamientos y núcleos habitacionales transitorios), conjuntos habitacionales financiados por el sector público, y las áreas residenciales originadas a partir del proceso de suburbanización del casco histórico con base en loteos residenciales, que pueden diferenciarse por el nivel socioeconómico de la población que contienen.

La aplicación de esta propuesta tipológica al caso de la CABA implicó integrar fuentes de carácter diverso. Por un lado, para la reconstrucción de algunos tipos de hábitat -ciudad colonial, ciudad central, urbanizaciones de origen informal y conjuntos habitacionales- se tomaron como fuente estudios previos que, con objetivos y perspectivas diversas, habían relevado y representando cartográficamente estos entornos específicos. Por otro lado, para las zonas originadas a partir del proceso de suburbanización de la ciudad colonial con base en el desarrollo de loteos residenciales, la clasificación se basó en el nivel socioeconómico de su población, definido a partir de una batería de indicadores habitacionales y educativos, tomando como fuente al último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2010).

Los trabajos elaborados por los referentes de la geo-demografía mexicana constituyeron la base teórico-metodológica de los procedimientos efectuados, pero su aplicación exigió modificaciones, vinculadas tanto con las características de este entorno como con la disponibilidad de la información. Para los tipos de hábitat reconstruidos a partir de relevamientos previos, su integración al modelo tipológico se basó en la superposición de los mapas realizados por otros autores con la cartografía censal, y la clasificación de las unidades espaciales en cuestión (radios censales), tomando como criterio la cantidad de superficie cubierta por dicho tipo de hábitat. Por su parte, para la diferenciación de las áreas residenciales en función del nivel socioeconómico de sus habitantes se partió de una adaptación de la batería de indicadores propuestos por Duhau y Connolly y se trabajó con las técnicas de análisis factorial de componentes principales y de análisis de conglomerados jerárquico o clúster para conformar los tres grupos de nivel alto, medio y bajo⁵.

Para brindar una primera aproximación a las condiciones socio-habitacionales de los migrantes regionales en la ciudad de Buenos Aires, la tabla 1 resume los valores obtenidos en el indicador propuesto por Rodríguez y Di Virgilio (2009) que considera tanto las condiciones físicas de habitabilidad de las viviendas como la existencia de problemas de hacinamiento.

Puede verse allí que cuatro de cada 10 personas nacidas en países limítrofes o el Perú padece algún tipo de déficit habitacional; situación que solo afecta a alrededor de una de cada 10 personas del total de la ciudad. En cuanto a la composición del déficit, la situación más extendida entre los migrantes se vincula con la residencia en viviendas recuperables (24,8%), seguida por el hacinamiento en viviendas no precarias (13,6%), y en menor medida por la residencia en viviendas irrecuperables (1,8%). El bajo porcentaje de viviendas irrecuperables puede vincularse con el proceso de consolidación de las villas en la CABA, que implicó la casi desaparición de las casillas y la incorporación de materiales más sólidos en las viviendas y la conexión -muchas veces precaria- a servicios básicos. Pero en todos los casos se observan porcentajes significativamente más altos que los promedios de la CABA en las categorías deficitarias, dando cuenta de una importante desigualdad en las condiciones habitacionales de los migrantes regionales en este contexto.

Tabla 1
Población en viviendas particulares por situación habitacional según país de nacimiento, CABA 2010

La posibilidad de desagregar los diversos tipos de vivienda que identifican las categorías censales permite observar que, si en el total de la ciudad los tipos de vivienda predominantes son los departamentos (65,6%) y las casas tipo A, es decir, las casas construidas con buenos materiales y dotadas de servicios básicos (28,1%), la situación de los migrantes de países limítrofes y del Perú presenta diferencias significativas. Por un lado, entre estos migrantes los departamentos constituyen una alternativa mucho menos extendida (39,9%) y, en cambio, hay un porcentaje mayor que reside en casas -tanto en las de tipo A (34%) como en casas que presentan condiciones edilicias y acceso a servicios de carácter deficitario (10%)-, así como en piezas de inquilinato (10%) u hoteles-pensión (3,8%). Es decir que los migrantes provenientes de países de la región tienden a adquirir un mayor peso relativo en las alternativas habitacionales de carácter deficitario, como son las casas tipo B o el alquiler de piezas. En el caso de los tipos de vivienda más precarias, como son los ranchos o casillas, los porcentajes en general son muy bajos -lo que se vincula, como se mencionaba previamente, con el proceso de consolidación de las villas-, pero aun así los porcentajes de migrantes superan al promedio de la ciudad (tabla 2).

Tabla 2
Población en viviendas particulares por tipo de vivienda según país de nacimiento, CABA, 2010

Para brindar nuevos elementos que complementen este panorama, la tabla 3 presenta un indicador fundamental del acceso al suelo urbano como es el régimen de tenencia de la vivienda. En este caso, la incidencia de la irregularidad entre los migrantes (15%) no parece alejarse demasiado de la que experimenta el total de población de la ciudad (12%). Dichos valores, sin embargo, pueden involucrar cierta subdeclaración, por el mismo temor que genera la falta de documentación sobre la vivienda que se ocupa.

Resulta interesante observar, sin embargo, la incidencia que tiene para estos migrantes el régimen de alquiler; opción que abarca a casi al 50% de esta población. Bajo esta forma aparentemente regular de acceso al hábitat, la figura del “inquilino” puede ocultar situaciones de irregularidad (como acuerdos de palabra o la ausencia de contratos escritos), que no son relevadas por las fuentes censales, y que pueden implicar formas de precariedad habitacional. La “falta de papeles de la casa” no remite a una cuestión meramente administrativa: constituye un elemento constructor de estabilidad, seguridad y confianza que atraviesa el habitar cotidiano y la posibilidad de crecimiento a futuro.

Tabla 3
Población en viviendas particulares por régimen de tenencia de la vivienda según país de nacimiento, CABA 2010

Los indicadores presentados brindan elementos para conocer la situación habitacional de los migrantes regionales en la CABA, pero nada dicen respecto al contexto socio-urbano en el que se insertan. Para ello resulta interesante rescatar la propuesta de clasificación de las unidades espaciales (de base censal) que componen a la CABA en diversos tipos de hábitat, que permitan dar cuenta de su entorno urbano específico.

Como resultado de la aplicación de este modelo tipológico se obtuvo la distribución presentada en la figura 3. Allí se observa que la ciudad colonial, el antiguo casco histórico de Buenos Aires, se ubica en la zona este, y colindante a esta, extendiéndose en particular hacia el norte, se encuentra la ciudad central, el centro administrativo y de negocios. Por su parte, las urbanizaciones populares de origen informal (villas, asentamientos, y NHT) mayoritariamente se localizan, con algunas pocas excepciones, en la zona sur de la ciudad. También en esta zona se encuentra gran parte de los conjuntos habitacionales, muchas veces cercanos a las villas de mayor tamaño, pero con importantes diferencias en las condiciones sociales y habitacionales de sus residentes.

El resto de las unidades espaciales que conforman la CABA constituyen zonas residenciales que se originaron a partir del proceso de suburbanización de la ciudad colonial con base en el desarrollo de loteos residenciales, y que no se corresponden con los tipos de hábitat anteriores, pero se diferencian por el nivel socioeconómico (NSE) de la población que contienen, por lo que fueron clasificadas en áreas residenciales de NSE alto, medio y bajo. Estos entornos urbanos describen un patrón espacial que presenta una marcada diferenciación en sentido norte-sur. Las unidades en las que predomina población con NSE alto se localizan en su gran mayoría en el norte, y se extienden en torno a dos ejes que avanzan hacia el centro y oeste de la Ciudad. En contraste, las unidades espaciales de NSE bajo se concentran en gran media en la zona sur, donde se localiza la amplia mayoría de las urbanizaciones de origen informal. Finalmente, las áreas residenciales de NSE medio se extienden en el centro y oeste, conformando una suerte de transición entre el norte de NSE alto y el sur de NSE bajo; mientras que hacia la zona este, en las inmediaciones de la ciudad colonial, se observa una situación más heterogénea, donde colindan unidades de NSE medio y bajo.

Figura 3
Unidades espaciales según tipo de hábitat, CABA 2010
Fuente: Mera, Marcos y Di Virgilio (2015)

La figura 4 resume los porcentajes de migrantes de países limítrofes y Perú que fueron censados en estos entornos urbanos, así como los porcentajes correspondientes al total de la población de la ciudad, y permite observar algunas tendencias llamativas. En primer lugar, puede verse que una alta proporción de migrantes nacidos en países limítrofes o en el Perú (casi tres de cada 10) residen en urbanizaciones de origen informal⁶, en particular en villas (27,7%). Asimismo, un porcentaje igualmente importante (29,5%) se asienta en áreas residenciales de nivel socioeconómico medio y, en menor medida, en otras áreas de ciudad formal donde predomina población de nivel socioeconómico alto y bajo⁷. El porcentaje de migrantes que reside en otros tipos de hábitat es muy poco significativo.

Estos datos brindan elementos muy interesantes sobre la situación habitacional de los migrantes de la región en la CABA: por un lado, el alto porcentaje que reside en urbanizaciones de origen informal da cuenta de una marcada relación entre inmigración y pobreza en Buenos Aires, y refleja la existencia de condiciones de acceso a la vivienda excluyentes hacia ciertos grupos, para muchos de los cuales la única forma de asentarse pasa por tales alternativas de hábitat informal. Pero, por otro lado, la proporción nada menor de migrantes regionales en áreas residenciales de nivel medio, también obliga a relativizar la tendencia a homogeneizar la situación de los migrantes regionales, para rescatar la presencia de perfiles socioeconómicos y sociohabitacionales diversos.

Figura 4

Población en viviendas particulares por tipo de hábitat, según país de nacimiento, CABA 2010

(1) Corresponde en gran medida a población en villa: 5,2% de la población en viviendas particulares del total de la ciudad y 27,7% de la población en viviendas particulares nacida en países limítrofes y Perú.

Fuente: elaboración en base a INDEC, 2010

Según las cifras presentadas, tres de cada 10 personas nacidas en países limítrofes o Perú fueron censadas en hábitats informales de la ciudad en 2010, y ello, más que cerrar discusiones, abre numerosos interrogantes vinculados al rol de las urbanizaciones de origen informal en la trayectoria migratoria de estas personas y el acceso a condiciones habitacionales adecuadas. Dar respuesta a estas preguntas requiere de herramientas conceptuales y metodológicas específicas para el abordaje de procesos longitudinales. No obstante, cabe intentar una sintética exploración en este sentido, explotando la información censal disponible -siempre escasa, dada la exigencia de trabajar con los datos publicados para unidades geoestadísticas pequeñas a partir de las que se reconstruyen los tipos de hábitat de la ciudad.

A falta de información que dé cuenta de manera directa de la dinámica de la población -no se dispone siquiera de los datos que se derivan de las preguntas por el año de llegada al país y el lugar de residencia cinco años antes- las pirámides de población constituyen el recurso indirecto más revelador en este sentido (figura 5). A primera vista, la estructura por sexo y edad de los migrantes en hábitats informales presenta claras particularidades respecto al resto de la ciudad: en el primer caso sobresale el importante peso de la población joven (de entre 20 y 29 años), mientras que en el segundo las características distintivas son el envejecimiento relativo y la sobrerrepresentación de las mujeres en la población adulta en general. No obstante estas diferencias, tanto en la ciudad formal como en los hábitats de origen informal se observa la presencia de niños, lo cual es evidencia de que los flujos de migrantes limítrofes y peruanos continúan renovándose y de que están compuestos, al menos en parte, por personas jóvenes que parten desde su país de origen junto a sus hijos de corta edad. En síntesis, las pirámides de población permiten observar que siguen llegando migrantes a la ciudad, pero el lugar de llegada privilegiado tiende a ser los hábitats informales. Si estos constituyen tan solo la puerta de entrada a la ciudad, si los migrantes fijan su lugar de residencia allí o logran con el tiempo acceder a la ciudad formal, son interrogantes que exceden a las posibilidades de la perspectiva transversal y a los objetivos de este artículo.

Figura 5
Personas en viviendas particulares nacidas en países limítrofes y Perú: pirámides de población, según tipo de hábitat agrupado, CABA, 2010
Fuente: elaboración en base a INDEC, 2010.

Información adicional relativa a la composición de los migrantes limítrofes y peruanos en distintos tipos de hábitat (tabla 4), revela que las urbanizaciones de origen informal constituyen un recurso para acceder a la ciudad fundamentalmente para bolivianos y paraguayos (el 43% de estos colectivos fue censado allí), y en menor medida de peruanos (16%)¹⁰.

Por otro lado, hay indicios de que la extracción social de los migrantes de la ciudad (observada a partir del nivel educativo que adquirieron presumiblemente en su país de origen) es bastante homogénea, aunque levemente inferior en los hábitats informales, donde es más frecuente que los migrantes no hayan llegado a completar el nivel secundario y menos aún los estudios superiores. Es decir, que el capital educativo no garantizaría el acceso a la ciudad formal.

Tampoco se observan diferencias importantes en cuanto a las estrategias residenciales de los migrantes en tipos de hábitat formales e informales, en el sentido de que la tendencia es siempre a vivir en familia, preferentemente sin el allegamiento de personas ajenas al núcleo familiar primario.

Tabla 4
Composición de la población y los hogares migrantes (1) según tipo de hábitat (agrupado), CABA 2010

Los datos estadísticos presentados trazan un cuadro complejo, en el que un significativo número de personas provenientes de países limítrofes y del Perú padecen situaciones habitacionales deficitarias en la ciudad de Buenos Aires.

La CABA arrastra un déficit habitacional de carácter histórico que, si bien afecta a todos los sectores sociales, condiciona más fuertemente a las clases populares. Entre las décadas de 1940 y 1970, el mercado de suelo urbano en este ámbito fue accesible para las clases bajas -que en muchos casos resolvieron sus viviendas mediante mecanismos de autoconstrucción o, en ciertos períodos, gracias al acceso al crédito subsidiado por parte del Estado-, y si bien existieron formas irregulares de asentamiento, tendieron a ser una situación minoritaria. En las últimas décadas, particularmente a partir de los años 1970 (gracias a normativas cuyos efectos implicaron el fin de los loteos económicos, la implementación de mecanismos indexatorios de precios de lotes y alquileres, la desindustrialización, el crecimiento del desempleo, la erradicación de asentamientos informales) y, a comienzos del decenio de 1990 (con el aumento del desempleo, la privatización de servicios públicos, la falta de oferta de lotes para sectores populares y de vivienda social estatal), se deterioraron fuertemente las formas de acceso a la ciudad para los sectores bajos (Cravino, 2009a, pp. 126-7). Esta situación ha forzado a los sectores populares -en los cuales se insertan buena parte de los migrantes, pero que también incluyen población nativa- a optar por modalidades residenciales informales, ante la insuficiencia de la regulación estatal y las condiciones restrictivas que impone el mercado para el acceso a la vivienda.

Dentro de estas modalidades informales de acceso al hábitat, las villas miseria emergen como el ejemplo más emblemático de precariedad socio-habitacional, debido no solo a su historia y magnitud actual, sino también al lugar central que ocupan (y han ocupado históricamente) en los imaginarios sociales sobre la ciudad. Surgidas en la década de 1930, con los años se fueron configurando como una opción de acceso al suelo para los sectores más vulnerables. Y, en las últimas décadas, cuando la tierra urbana disponible comienza a escasear, se inicia un proceso de densificación y crecimiento en altura, al tiempo que en torno a ellas se desarrolla un dinámico mercado inmobiliario informal (Cravino, 2006). En la década del 2000, este fenómeno se vio acompañado de nuevas formas de manifestación territorial de la pobreza, como el surgimiento de los denominados “nuevos asentamientos urbanos”, en espacios vacantes de la ciudad con características topográficas inadecuadas -como terraplenes del ferrocarril, autopistas, antiguas fábricas y basurales- que carecen de los servicios más básicos y se distinguen por la extrema precariedad de sus construcciones (Rodríguez, 2009, p. 201), así como también se desarrolla un nuevo movimiento de ocupaciones de tierra, incluso en zonas céntricas, como un medio para presionar por el acceso a dichas viviendas (Cravino, 2009a, p. 39).

En la actualidad, la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades de disfrutar de los bienes y servicios urbanos se han profundizado para miles de personas, tanto nacionales como extranjeras. En este contexto se entiende, siguiendo a Herzer, la existencia y crecimiento de amplios sectores de la población “que no logran articularse en los nuevos espacios de integración social, económica y territorial”, y que resuelven su acceso al mercado del suelo y la vivienda por fuera de las reglas institucionales establecidas, es decir, que se asocian a dinámicas de informalidad urbana; donde la inserción informal en el mercado inmobiliario se imbrica fuertemente con una inclusión similar en el mercado de trabajo (Herzer, 2008, p. 181). En el caso de los migrantes limítrofes y del Perú, estos grupos tuvieron un acceso marginal al mercado laboral, con una inserción segmentada en sectores específicos, como la construcción y el servicio doméstico, que se agudizó en los últimos años (Cerrutti y Maguid, 2007; Maguid y Arruñada, 2005). Y estos procesos de inserción en el mercado laboral e inmobiliario -separados con fines analíticos, pero inexorablemente entrelazados en la experiencia social de los sujetos- están atravesados por diversas formas de discriminación y obstáculos simbólicos que, en ocasiones, superan incluso a las barreras materiales de inclusión plena en la ciudad.

Las posibilidades de acceso al suelo y la vivienda de los inmigrantes están condicionadas por procesos similares a los que han atravesado los sectores populares en general, pero los grupos procedentes de la migración se enfrentan con dificultades adicionales vinculadas a su condición de “extranjeros”. Como señala Cravino (2009b, p. 37), los inmigrantes regionales han sido protagonistas de procesos de informalidad urbana, no solo por situaciones de pobreza, sino también por las barreras legales impuestas por el mercado inmobiliario formal, por lo cual se ven compelidos a acceder a la ciudad por medio de otras alternativas. En la actualidad, marcan Gallinati y Gavazzo, los requisitos para acceder al alquiler de una vivienda en la ciudad incluyen garantía de una o dos personas propietarias de inmueble (generalmente ubicados también en la ciudad), recibo de suelo, y una importante cantidad de dinero en efectivo. Estos factores definen un horizonte de difícil alcance para amplios sectores de la población, y más aún para muchos migrantes regionales -gran parte de los cuales se inserta en el mercado laboral informal, en ocasiones en situación documentaria irregular- que no alcanzan a cumplir con las exigencias en términos de capital económico, social y simbólico que demanda este mercado. A ello se le suman los estereotipos y prejuicios de la clase propietaria de inmuebles sobre determinados colectivos (en especial bolivianos, paraguayos y peruanos) y su supuesta ‘falta de confiabilidad’ para alquilarles una vivienda en el mercado formal (Gallinati y Gavazzo, 2011, p. 45).

La relación entre la inmigración limítrofe y déficit habitacional se inscribe, así, en el contexto de un mercado inmobiliario excluyente y un Estado que no ha logrado implementar políticas habitacionales suficientes, que solucionen el problema del acceso al suelo de miles de habitantes, nacionales y extranjeros. En el caso de los inmigrantes, la situación no solo se presenta mucho más difícil por cuestiones vinculadas a los requerimientos impuestos por el mercado inmobiliario, sino también en la medida que las estrategias desarrolladas para acceder a los bienes y servicios urbanos (autoconstrucción, alquiler de piezas en villas, ocupación de terrenos vacíos) muy frecuentemente es cargada de estigmatizaciones hacia estos grupos (tildándolos de “ocupas” o “usurpadores”), lo cual deslegitima de todo reclamo por mejores condiciones de vida.

El presente artículo se propuso analizar las condiciones socio-habitacionales de los migrantes provenientes de países limítrofes y el Perú en la ciudad de Buenos Aires, entendiendo que las condiciones de acceso al suelo y la vivienda son altamente expresivas de las dinámicas (y desigualdades) materiales y simbólicas que atraviesan el campo social. Y se propuso trabajar desde un abordaje que contemple tanto las características de la vivienda como unidad particular como los tipos de hábitat o entornos urbanos en los que se asientan, considerando que ambas cuestiones confluyen en las condiciones socio-habitacionales de sus residentes.

Los datos estadísticos permitieron observar que un significativo número de migrantes regionales en la ciudad de Buenos Aires viven en condiciones habitacionales deficitarias (en viviendas precarias por sus características, materiales constructivos o dotación de servicios, o bajo formas de hacinamiento), y/o deben recurrir a modalidades informales de acceso al suelo, habitando entorno urbanos como villas y sentamientos, donde se conjuga la precariedad habitacional con la falta de servicios básicos, el constante temor ante posibles desalojos y el verse envuelto en los imaginarios estigmatizantes que se construyen en torno a estos entornos y sus pobladores.

Así, estos datos dan cuenta de la existencia de una marcada relación entre inmigración y pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, y refleja la existencia de una estructura urbana y condiciones de acceso a la vivienda excluyentes hacia ciertos grupos, para muchos de los cuales la única forma de asentarse pasa por tales alternativas de hábitat informal, lo que da cuenta de un proceso de vulneración de derechos hacia un amplio sector de la población.

Debe recordarse siempre que los inmigrantes no arriban a una tabla rasa social, sino que se encuentran con una ciudad que, como todas las sociedades capitalistas, funciona estratificando a su población con dinámicas de inclusión-exclusión. En el caso particular que interesa abordar aquí -el acceso al suelo y la vivienda-, el mercado inmobiliario opera con la misma lógica estratificadora y excluyente. Y si bien en el mercado inmobiliario la principal discriminación sin duda opera en el plano socioeconómico, los inmigrantes constituyen un colectivo especialmente desfavorecido, en parte por situaciones de precariedad económica, pero también en la medida que se encuentran atravesados por otros factores, desde la falta de requisitos que exige el mercado de viviendas formal hasta la existencia de racismo o prejuicio por parte de la población local, que genera un mercado de vivienda segmentado, jerarquizante y desigualitario. Esta es una problemática que excede la esfera estrictamente migratoria, pues se vincula con condiciones estructurales de la ciudad como ámbito de recepción. La situación de los migrantes regionales -colectivo particularmente vulnerado en cuanto a sus derechos habitacionales, como resultado de la existencia de barreras específicas que obstaculizan el acceso a una vivienda y un entorno urbano de calidad- se configura así como un caso más en este contexto que exige políticas integrales que garanticen el pleno acceso a los bienes y servicios urbanos.