A diferencia del DIDR rural, el DIDR en ciudades fue sistemáticamente subestudiado (Cernea, 1993; Terminski, 2013), ya que se asumía que no afectaba demasiado la economía de los afectados y que era relativamente fácil generar nuevos medios de subsistencia dado el dinamismo de los mercados urbanos (Mejía, 1999; Roquet, Bornholdt, Sirker, y Lukic, 2017). Sin embargo, la especificidad urbana aporta nuevas variables, tales como la poca disponibilidad del suelo en áreas centrales; la relación con las economías informales; los problemas de transporte e infraestructura; el costo de los servicios públicos; la complejidad de las soluciones habitacionales; la heterogeneidad de la población; entre otras. A continuación, exploraremos algunas de ellas.

Las poblaciones urbanas tienen formas complejas de sustento, muchas veces basadas en actividades informales que a pesar de su aparente flexibilidad, las hacen depender de la demanda en ciertas zonas céntricas de la ciudad para poder subsistir (Mejía, 1999). No obstante, una práctica común del DIDR ha sido la reubicación en zonas periféricas (Cernea, 1993; Roquet et al., 2017)¹. En ese sentido, los efectos de empobrecimiento y marginalización socioeconómica derivados de la distancia -relacionados, por ejemplo, al aumento de los costos y tiempos de transporte dada la lejanía de las fuentes de empleo, la poca demanda laboral o la limitada base de clientes en áreas de reubicación- han sido uno de los aspectos más estudiados para los casos de DIDR urbano (Cernea, 1993, 1999; Day, 2013; Abebe y Hesselberg, 2015; Mejía, 1999). Por otro lado, los estudios que se concentran en reubicaciones en áreas centrales han recibido poca atención (Santiago, 1977), probablemente porque se asume que las menores distancias entre las zonas de afectación y reasentamiento mantendrían la relación con mercados y redes preexistentes (Cernea, 1993).

Estos estudios resaltan la necesidad de que la reubicación se dé lo más cerca posible de los asentamientos originales, de modo que se garanticen las oportunidades de los afectados para generar ingresos. También se afirma que muchas de las dificultades de las políticas de DIDR son la falta de suelo disponible en zonas centrales y su elevado valor (Mejía, 1999; Santiago, 1977). Por tal motivo, y tomando en cuenta los altos costos socioeconómicos y culturales que implica la reubicación a zonas cada vez más lejanas, aparece como una alternativa la dotación de vivienda en altura (Mejía, 1999). Sin embargo, esto suele ir en contra de las preferencias de los afectados (Santiago, 1977), deteriorando las relaciones de comunidad y agravando el hacinamiento habitacional (Akça, Fujikura, y Sabbağ, 2012; Abebe y Hesselberg, 2013).

A pesar de que el mejoramiento de las condiciones de vivienda es visto por la literatura como uno de los componentes menos complicados del DIDR, este sigue aun siendo poco efectivo (Cernea, 1993); lo cual denota una falta de atención al rol de la vivienda en la recuperación de los afectados. En lugar de generar proyectos con objetivos socioeconómicos, el DIDR urbano suele asumirse solo como la dotación de soluciones que siguen los procedimientos y estándares de la vivienda pública (Koenig, 2002; Mejía, 1999), los cuales simplifican la heterogeneidad y particularidades de las familias sin considerar aspectos tales como las características de sus viviendas anteriores, su composición familiar o sus preferencias (Sepúlveda, 1986; Mejía-Escalante, 2012; Abebe y Hesselberg, 2015).

La vivienda abarca más aspectos que la habitación, especialmente para los pobres urbanos que cuentan con ella como el activo fundamental para garantizar su sustento económico (Moser, 1998). Este sustento (livelihood) está conformado por las iniciativas de subsistencia adoptadas por los hogares

“a fin de asegurar mancomunadamente el logro de uno o varios de los siguientes objetivos: su reproducción biológica; la preservación de su vida; el cumplimiento de todas aquellas prácticas, económicas y no económicas, indispensables para la optimización de sus condiciones materiales y no materiales de existencia” (Torrado, 1982, p. 59).

Por ejemplo, mediante la incorporación de nuevos miembros o la diversificación de sus actividades productivas ante posibles situaciones de estrés económico y social (Moser, 1998; Rakodi, 1999).

Para reducir estos efectos se necesita incorporar nuevos indicadores de evaluación, tales como el valor de los activos familiares y las actividades realizadas en la vivienda (Mejía, 1999). Ello implica la incorporación de los aspectos no-económicos involucrados en las distintas formas del capital (Cernea, 1999), los cuales son “notoriamente complejos, ambiguos y dinámicos” (De Wet, 2006, p. 5). No obstante, los esquemas de compensación se entienden de forma limitada y solo permiten que las personas continúen subsistiendo, en lugar de restablecer o mejorar sus condiciones socioeconómicas previas (Terminski, 2013). A propósito de un estudio sobre el Puente Jamuna en Bangladesh, Al Atahar (2014) encontró que la poca compensación fue una limitante fundamental para la reconstrucción de la vida de los afectados, y que no pudo, por sí sola, evitar el empobrecimiento.

Dado el enfoque antropológico presente desde los estudios seminales sobre DIDR, el método más frecuente encontrado en la literatura es el del estudio de caso único de tipo cualitativo (Colson, 1971; Akça et al., 2012; Devitt y Hitchcock, 2010; Abebe y Hesselberg, 2013). Pueden encontrarse también estudios de caso cuantitativos (Day, 2013); cualitativo-cuantitativos (Amirthalingam y Lakshman, 2009); y estudios comparativos entre la situación antes y después del reasentamiento (Dash, 2008). Hay también evidencia de estudios longitudinales, que, si bien son ideales ya que proporcionan una línea de base precisa, son menos usuales debido a los grandes recursos que implican (Wilmsen y Van Hulten, 2017).

Entre los enfoques de investigación dominantes en el DIDR podemos encontrar el análisis de las condiciones de vivienda postreasentamiento entendida tanto desde las características de la vivienda como a propósito de la satisfacción residencial (Li y Song, 2009); el reasentamiento en relación a las estrategias de sustento familiar (Adam, Owen y Kemp, 2015; Amirthalingam y Lakshman, 2009); el aumento de la desigualdad entre los afectados (Akça et al., 2012); los niveles de participación de los afectados (Devitt y Hitchcock, 2010); entre otros.

El levantamiento de información se valió de métodos cuantitativos y cualitativos. Se realizaron 201 encuestas estructuradas a 69 hombres y 132 mujeres habitantes de departamentos elegidos aleatoriamente entre junio y septiembre de 2017, todos jefes de hogar. La muestra cubrió el 48.2% del universo de viviendas de PU, permitiendo un intervalo de confianza de 95% y un margen de error de 5%. La encuesta recogió data actual y data retrospectiva (antes del reasentamiento), concentrándose en aspectos físicos de las viviendas tales como sus dimensiones, nivel de consolidación y características espaciales (cantidad de dormitorios y baños); composición del hogar (número de habitantes, estructura familiar); aspectos socioeconómicos y laborales dentro y fuera de la vivienda (ubicación en relación a las fuentes de trabajo y estudio, actividades productivas, percepciones sobre su situación económica); los términos de la compensación recibida y opiniones sobre el proceso de reasentamiento; composición del tejido social (relación con sus vecinos); así como tenencia y propiedad de las viviendas. El conjunto de estos datos configuran el componente descriptivo del estudio.

El análisis se apoyó en un estudio de tipo cualitativo, a través de entrevistas semiestructuradas, que permitieron profundizar en los hallazgos cuantitativos y, a la vez, sirvieron para que posibles casos extremos no sean asumidos como típicos (Maxwell, 2016). La muestra no fue probabilística y se tomó a partir de los participantes de la etapa cuantitativa, eligiendo a quienes ayuden a explicar la data descriptiva². Se alcanzó el punto de saturación teórica luego de 35 entrevistas. De manera complementaria, se acudió a otras fuentes tales como el Censo Nacional 2007 y reportes proporcionados por LAMSAC. Adicionalmente, se realizaron entrevistas con una ex trabajadora y dos representantes de LAMSAC quienes participaron del proceso, y con el exfuncionario municipal a cargo del proceso.

Este estudio toma al hogar y la vivienda como principales unidades de análisis, las cuales han recibido poca atención a diferencia de la comunidad que ha sido la unidad de análisis predilecta dado el fuerte sesgo rural del DIDR. A pesar de ello, ámbitos como el hogar son centrales para medir las consecuencias del desplazamiento, ya que abordan una condición intermedia entre los individuos y la estructura socioeconómica en la que se desenvuelven (Terminski, 2013; Adam et al., 2015). De acuerdo con Adam et al. (2015, p. 3) “los hogares son conceptualizados como unidades complejas que toman decisiones sobre la provisión y cuyo objetivo funcional es dar soporte a la producción y reproducción social”. Lo urbano impone un importante grado de autosuficiencia económica a nivel del hogar como unidad productiva y reproductiva (Vaughan, 1983).

Este no es un estudio longitudinal, y el total de la data retrospectiva está basada en el recuerdo de los encuestados, lo cual puede contener sesgos de memoria y subjetividad (Wilmsen y Van Hulten, 2017). Por tanto, el componente retrospectivo no considera variables relacionadas a opiniones emocionales tales como el grado de satisfacción en sus antiguos barrios y viviendas (Blane, 1996). La falta de estudios previos y la imposibilidad de acceder a encuestas de línea de base no permitieron cruzar los hallazgos de la encuesta con información anterior. Por tanto, y a pesar de que fueron recogidos a partir de recuerdos relativamente recientes (de tres a cuatro años), todos los datos anteriores a la reubicación son aproximados.

Una versión preliminar de la encuesta fue aplicada a una muestra de 15 familias, lo cual evidenció la dificultad de recoger datos relacionados a la valorización de las viviendas, así como los niveles de ingreso debido a los problemas de memoria mencionados y a la sensación de incomodidad que se generó. Una variable frecuente en la literatura que tampoco fue tomada en cuenta es la distancia, ya que se asume que no hubo un considerable desplazamiento, lo cual fue luego corroborado con los hallazgos. Debido a que, según la literatura, la ubicación de los proyectos de reasentamiento en zonas centrales tiende a correlacionarse con temas de vivienda, se prestó más atención a dicho componente. Otras variables comunes al DIDR son las relaciones a nivel comunal/barrial. Estas fueron excluidas, ya que consideramos que, dado lo reciente de la reubicación, fue muy pronto para evaluar comparativamente impactos a nivel comunitario, ya que las familias se encontraban aún en proceso de adaptación luego de haber habitado sus barrios de origen durante períodos mayores.

En relación a las variaciones en términos espaciales y funcionales antes y después del reasentamiento, las viviendas existentes tenían en promedio más del doble del área de los departamentos actuales; más de 50% de baños y más de un dormitorio extra (tabla 1). A pesar de que el número promedio de habitantes de estas era casi 50% mayor, el área promedio por habitante disminuyó en 29.6% luego de la reubicación hasta llegar a 14.12 m² en una ciudad cuyo promedio es de 27 m²(“Crecimiento urbano y acceso a oportunidades”, 2017). Actualmente, 38% de los departamentos de Patio Unión tienen cinco o más habitantes.

Tabla 1
Variaciones de los indicadores de habitabilidad de las viviendas antes y después de la reubicación (n = 201)

Las percepciones sobre la cantidad de espacio disponible en los departamentos siguen la misma dirección que los datos de la Tabla 1. Mientras 71.5% de los encuestados opina que les falta espacio a diferencia de sus viviendas anteriores, hubo una reducción de m²/hab en 74.6% de los casos. Eliana, quien antes habitaba una casa consolidada de 180 m², refleja dicho sentir sobre el departamento que recibió:

“Muy chiquito es. Mis nietecitos van creciendo […] somos seis: tres niños y tres adultos. Son cuartos chiquitos. Estamos en camarotes con una mesita al costado […] En mi casa cada uno tenía su cuarto y su cama. Ahora compartimos, yo con mi nieta en un cuarto, mis nietos solitos en otro cuarto, y mi hija con su esposo en el tercero”.

A pesar de las menores dotaciones de m²/hab, el promedio de habitantes por dormitorio bajó de 1.62 a 1.54 habitantes. Ello podría deberse a que las antiguas viviendas tenían dormitorios más grandes y más áreas comunes, lo cual es fundamental considerando la gran cantidad de familias extendidas que las habitaban. En la zona de afectación vivían 1.38 hogares por cada vivienda y al menos 24% de la población residente no era parte de las familias nucleares principales (Walsh Peru S.A., 2011; Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2007).

Solo 854 de 1.274 miembros de los hogares encuestados pudieron ser reubicados en PU, mientras los 421 restantes tuvieron forzosamente que buscar vivienda en otro lugar. Esto hizo que el número de habitantes del predio promedio se redujera en 2.1 personas (33%) luego del traslado. El testimonio de Amelia, quien vivía en una casa de 130 metros cuadrados (dos pisos), evidencia el desmembramiento de su familia debido a la falta de espacio:

“Actualmente somos cinco personas viviendo en el departamento. Antes vivíamos ocho personas pero en una casa de 200 metros cuadrados. Arriba tenía como cinco dormitorios; allí estaba mi hijo con sus hijitas […]. Ahora tuvimos que separarnos porque no hay espacio. Mi hijo paga 300 soles (~USD90) en la casa de un familiar de su esposa. Están en un cuartito que está dividido; no tiene cocina, comen en la calle y lo usan solamente para dormir”.

De las personas que no lograron reubicarse en PU, actualmente 48.8% alquila una vivienda; 20% se mudó con un familiar; 20% compró una nueva propiedad o invadió un terreno y 11.2% falleció. Considerando que solo 11.9% de los propietarios recibió algún tipo de compensación aparte de los departamentos, se asume que gran parte de esta población excedente no fue compensada.

Setenta encuestados tenían negocios en sus viviendas antiguas (34.8% del total), de los cuales 51 eran tiendas, 13 eran talleres y seis subarrendaban habitaciones. 47 de ellos tuvieron que cerrar luego del reasentamiento y en 23 casos, las familias aun conservan sus negocios (17 en Patio Unión y seis en otras zonas). Aproximadamente cerraron 1.2 tiendas por cada tienda que se trasladó a Patio Unión. Para el caso de los talleres, esta relación fue de tres a uno y para el caso de las familias que alquilaban habitaciones, dicha fuente de ingreso se perdió completamente. El testimonio de Tamara da una idea del impacto de la pérdida de sus negocios:

“Tenía un negocio de venta en la puerta de mi casa. Primero era tipo tienda y después tipo restaurante […]. Vivíamos de eso. Ahora mis hermanas trabajan cada una por su cuenta pero nos da menos. Ya no se puede pagar la universidad; sale solo para los gastos de la casa”.

Entre las razones de cierre de negocios luego de la reubicación, las familias mencionan la poca demanda en PU, la falta de espacio o problemas de compatibilidad de usos semiindustriales con los edificios multifamiliares, tomando en cuenta que no se implementó ningún espacio especializado para ello. Según los entrevistados, el valor intrínseco de los negocios y el lucro cesante derivado de su pérdida no fueron reconocidos, sino únicamente las funciones de vivienda, lo que generó un descontento generalizado, tal como comenta Amelia, quien solo recibió un departamento en compensación:

“Mi negocio lo he suspendido; ya no puedo trabajar aquí. Fabricaba muñecas y peluches. A pesar de que ellos vieron todas mis máquinas en mi antigua casa, no me dieron espacio […] ¿Dónde pongo la máquina? ¿Dónde pongo ahora la mesa para trabajar?”.

Mientras 45.6% de las familias que realizaban actividades económicas en sus viviendas siente que su situación ha empeorado, los impactos económicos en aquellas familias que no tenían viviendas productivas parece ser menor, ya que solo 20.2% cree que su situación es peor que antes. Haber permanecido en el centro de la ciudad es un factor importante en la satisfacción de este último grupo, considerando que 48.6% de los encuestados trabaja en el Cercado de Lima. Ello les permitió conservar sus redes económicas y patrones de movilidad, tal como manifiesta Emma, cuyo esposo trabaja en el centro de la ciudad:

“Hubiésemos preferido un terreno, pero nos querían mandar por Ventanilla [periferia norte de la ciudad]. Entonces imagínate, ¿quién va a querer vivir tan lejos? Por eso, así nos lamentemos, escogimos el departamento por estar cerca al trabajo de mi esposo y el colegio de mis hijos”.

Del total de encuestados, 52.5% opina que la compensación otorgada fue injusta y solo 14.7% estuvo satisfecho con la opción del departamento, mientras 52.8% hubiera preferido una casa y 25% un terreno para construir. Entre las razones por las cuales eligieron el departamento, 37% consideró como primera opción el hecho que la compensación era insuficiente y ello no les permitió optar por algo de acuerdo a sus preferencias; 28.6% consideró que los terrenos disponibles estaban demasiado lejos; 18.2% considero que el departamento era la única opción disponible y 16.2% mencionó otra razones. El testimonio de Emma evidencia que la ubicación céntrica de Patio Unión fue un factor importante a la hora de optar por el departamento, tomando en cuenta que la distancia promedio entre el complejo y sus antiguas viviendas era de solo 850 metros.

A las familias aptas para recibir un departamento se les dio la opción de comprar otra propiedad de USD 30.000. Sin embargo, el valor del suelo construido en áreas cercanas era de ~USD900 por m². Eso significa que para la familia promedio, el reubicarse en una vivienda equivalente, hubiera tenido un costo de ~USD114.000, lo cual estaba fuera de los términos de la negociación. Tal como manifiesta Ada, quien tenía una vivienda consolidada de 200 metros cuadrados donde vivían ocho personas y recibió solo un departamento a cambio:

“La cuestión era económica; no alcanzaba porque nos daban solo USD30.000. Por eso nos pusimos de acuerdo con mi hermana y dijimos: mejor agarramos el departamento y después cuando nos den el título lo vendemos. ¿Por qué? Porque necesitamos más espacio; ojalá que se pueda. Si no, ya nos quedaremos con esto”.

“A mí me gustaría mudarme porque en mi familia somos siete y si tuviera una casa, tendría los aires. La casa que tenía era de dos pisos pero tenía los aires para seguir construyendo para mis hijos. Acá en un departamento no se puede.” (María).

“En esa construcción hemos invertido pues; los hijos trabajando hemos construido eso. Entonces es un patrimonio para la herencia de los hijos. La empresa no nos quiso reconocer y nos dijo: que los hijos se busquen su casa. Y yo le dije: ¿cómo? ¿Tú nos vas a despojar de la herencia que nos corresponde de nuestros padres? ¡No! te equivocas. […] Era una pelea con la empresa” (Eladia, quien recibió un departamento a cambio de una vivienda de 120 m² y dos pisos).

El esquema de compensación solo consideró a la vivienda como un activo físico presente mas no como un valor futuro. En ese sentido, la declaración de María y Eladia evidencian su importancia como un legado para sus descendientes, de modo que puedan iniciar su vida familiar a menor costo.

Dadas las diferencias entre la población afectada, queda claro que no todos los predios fueron compensados de la misma manera sino que algunos recibieron más, no solo como reflejo del valor de sus viviendas sino también de estrategias de negociación diferenciadas (Strauch et al., 2015). En consecuencia, mientras la mayoría de afectados recibió un departamento en compensación (92.9%), otros recibieron dos (5.3%), tres (1.3%), cuatro (0.25%) y siete departamentos (0.25%).

“El problema era que había una directiva que no trabajaba, solamente se dedicaba a pedir plata. Entonces cada uno se apartó, cada uno hacía sus cosas independientemente. Porque si hubiera sido conjuntamente, la negociación hubiera sido diferente” (Amelia, quien recibió un departamento a cambio de una vivienda de 120 m²).

“Tuvimos que negociar para recibir cuatro departamentos. Al principio nos quisieron dar uno, después dos. Mis hermanas eran las que negociaron a cuatro. Incluso ellos (LAMSAC) mismos querían dividir a los hermanos.” (Marina, quien recibió cuatro departamentos a cambio de una vivienda de 130 m²).

“Los primeros que se fueron de allá fueron mal pagados; tremendas casotas que tenían. Vivían dos, tres familias y solo les reconocieron un departamento” (Tamara, tercera etapa, cuya familia recibió tres departamentos por una vivienda de 160 m²).

Según varios entrevistados, el punto de partida estratégico de LAMSAC fue negociar individualmente (trato directo) ofreciendo un departamento por cada propietario sin considerar la cantidad de personas/familias ocupantes o la estimación del valor de las propiedades. Para una informante de LAMSAC, la negociación individual era inevitable ya que la relación con las organizaciones barriales se había roto luego de un conflicto social y no veían otra manera de retomar el proceso. Por otro lado, debido a la falta de información disponible, la población no tomó iniciativas organizadas porque no se sabía exactamente quien sería afectado y quién no (M. Silva, comunicación personal, 30 de noviembre de 2017; ver también Strauch et al., 2015). La atomización y secretismo de la negociación, generaron desconfianza, no solo hacia la empresa, la municipalidad o los dirigentes sino también entre los mismos vecinos, lo cual ha tenido efectos socioespaciales en Patio Unión.

Aquellas familias que recibieron mayores compensaciones fueron reubicadas en la segunda y tercera etapa. 27% de los departamentos que fueron dados a más de un propietario se encuentran en la segunda etapa, 73% en la tercera y ninguno en la primera. Según Waldo, quien recibió un departamento a cambio de una vivienda consolidada de 100 m²:

“A mí me dieron en compensación este departamento, pero había otra vecina de un costado que no tenía ni siquiera la mitad; su casa era de adobe mientras la mía era de ladrillo. A mí me dieron este departamento valorizado en USD 30.000 y a esa vecina le dieron USD 57.000 en efectivo. Me he enterado que a otros les ha pasado; les han dado hasta dos, tres departamentos. Han negociado y en esa negociación, los que han venido últimos han ganado y los que hemos venido primero hemos perdido”.

Sin embargo, la evidencia arroja que aquellos que se mudaron después tenían viviendas más grandes y familias más numerosas. Por ejemplo, las viviendas de los que hoy habitan la tercera etapa eran 21.6% más grandes y tenían 31.3% más habitantes que los de la primera. Por tanto, el hecho que hayan esperado más tiempo para negociar puede estar relacionado con la defensa de sus legítimos intereses más que con un comportamiento oportunista, ya que estas familias tenían más que perder.

Las percepciones sobre la inequidad de las compensaciones han fortalecido dinámicas preexistentes de estigmatización hacia barrios considerados como socialmente problemáticos debido a que la estrategia implementada por LAMSAC implicó que estos barrios sean dejados para el final y, en consecuencia, reubicados también en la tercera etapa. Entre ellos, puede mencionarse el barrio Agnoli, donde los habitantes en 2007 tenían una tasa de desempleo 72.4% mayor que el promedio del área de afectación (INEI, 2007). Hay 12 familias encuestadas provenientes de este barrio, de las cuales tres viven en la segunda etapa y nueve en la tercera.

“En parte de la etapa dos y la etapa tres hay gente de Huascarán, y lo peor es que han traído gente de Agnoli, que es la zona más difícil quizá de Lima […] Incluso se habla de que han sacado gente que ha estado vendiendo droga. Se habla que en el tercer lote, en el quinto piso hay un prostíbulo” (José, primera etapa).

“Aquí [en la primera etapa] son amistosos. En el primer block sí, pero de atrás para allá… ¡wow! […] En la tercera etapa, si vas para allá vas a ver que hay un basural en la cochera. Roban, todo se llevan de acá. Por eso hemos puesto rejas y las mantenemos con llave” (Catalina, primera etapa).

Y por otro lado… “los de la primera etapa se han independizado, y casualmente les dicen hasta los ‘gringos’ porque nadie entra. Incluso ellos mismos manejan su llave y quieren hacer su propio condominio interno. Al hacer eso, los otros quieren hacer lo mismo. No hay unión y así no vamos a llegar a ningún lado” (Gloria, tercera etapa).

Además de los problemas de estigmatización antes mencionados, la gestión de responsabilidades colectivas tales como el pago de servicios, impactan en el sentido de comunidad. Por ejemplo, ya que las familias no cuentan aún con la propiedad de sus departamentos y los recibos de agua potable llegan a nombre de LAMSAC, estas tienen que organizarse para dividir el pago en partes iguales. Ello genera una sensación de descontento ya que muchas familias sienten que están subsidiando a otras que consumen más, tal como evidencia el testimonio de Julia:

“Yo acá tengo mis dos hijitos no más, pero pago igual como si vivieran dos familias. Ellos son como 20 y aquí hay cuatro. Los 20 se bañan, se duchan y yo les estoy pagando el agua”.

54.5% de familias piensa mudarse apenas reciban un título de propiedad que les permita transferir sus departamentos, lo cual refleja un sentido de insatisfacción. A continuación, desarrollaremos las posibles razones de la insatisfacción al interior de PU, así como su relación con el proceso de compensación y reubicación.

En general, los hogares urbanos presentan una serie de particularidades en relación al número de habitantes y composición familiar (Driant y Riofrío, 1987); sus estrategias de sustento y activos familiares (Moser, 1998; Rakodi, 1999); su concepción de la vivienda y la familia como proyecto de alcance intergeneracional (Wheelock y Oughton, 1996) o sus capacidades de negociación (Koenig, 2002). Para el caso estudiado, estas diferencias contribuyeron a definir preferencias específicas de reasentamiento, configuradas a partir de la ubicación céntrica de las alternativas disponibles; sus dimensiones y posibilidades de crecimiento; o su capacidad para ser utilizadas como medio de producción e inversión, aportando al bienestar futuro de la familia.

El espíritu del programa de reasentamiento implicó que los afectados elijan “la mejor alternativa para sus necesidades” luego de contrapesar dichos factores (“Programa de reubicación de viviendas”, 2017), ya que, mientras mayores sean las alternativas de reasentamiento, las posibilidades de aminorar los impactos negativos serán mayores dada la heterogeneidad social (Mejía, 1999). El problema es que en muchos casos, estas opciones estuvieron principalmente limitadas por los montos de compensación. LAMSAC tuvo un importante incentivo para que las compensaciones sean en principio las menores posibles, ya que los costos de reasentamiento no fueron incorporados en la estructuración financiera del megaproyecto LA, lo cual significó que mayores compensaciones habrían afectado la tasa de retorno de la concesión.

Ello se canalizó mediante tres estrategias: en primer lugar, en 2007 se revocó la zonificación residencial del área de afectación en función de reducir el valor de las viviendas (Strauch et al., 2015); segundo, la capacidad de elección de los afectados se vio limitada ya que el predio donde está Patio Unión fue donado por la Municipalidad de Lima a LAMSAC, lo cual implica que la opción de los departamentos contenía un subsidio oculto y alternativas cercanas por USD30.000 eran inviables. Finalmente, la atomización de la negociación minimizó los rendimientos crecientes a escala de una negociación colectiva, al dejar que cada familia mejore su posición de manera independiente. Adicionalmente, los bajos niveles de representación y el comportamiento oportunista de los líderes locales afectaron el tejido social y facilitaron las estrategias de ‘divide y conquistarás’ por parte de actores como LAMSAC (Koenig, 2002, p. 9).

La percepción generalizada de injusticia a propósito de las compensaciones puede explicarse desde el diseño del esquema de compensación que puso el valor de mercado (de intercambio) de los activos por delante del valor social (de uso) reconocido por las familias, el cual tendió a ser mucho mayor (Al Atahar, 2014; Terminski, 2013). A diferencia, de los métodos usuales de análisis costo-beneficio que no son capaces de capturar aspectos tales como la pérdida o el costo de recuperación de los afectados, la construcción de dicho valor tiene dimensiones tanto económicas como no económicas (Cernea, 1999).

La dimensión económica tuvo un importante rol sobre la decisión de las familias, que estuvo fuertemente influenciada por las ventajas de centralidad de Patio Unión. Si bien las economías informales pueden permitir un relativo nivel de movilidad, tienden también a generar dependencia territorial, y en ese sentido la pérdida de fuentes de ingreso y empleo suele ser vista como un factor más relevante que la pérdida misma de vivienda en una ciudad donde el 60% de la población pertenece al sector informal (Cernea, 1993; INEI, 2014;).

El reconocimiento de la centralidad de los barrios debiera ser el punto inicial de cualquier proceso de reasentamiento (Abebe y Hesselberg, 2013), tomando en cuenta los altos riesgos socioculturales derivados del desplazamiento a zonas alejadas (Cernea, 1999; Mejía, 1999). No obstante, el caso estudiado evidencia que la sola implementación de un proyecto de reasentamiento en una zona central no garantiza dicho desarrollo. Por el contrario, las restricciones derivadas del uso intensivo del suelo podrían limitar el alcance de las soluciones (Koenig, 2002).

El beneficio para los hogares, derivado de la centralidad se dio a cambio de sacrificar la habitabilidad de sus nuevas viviendas, aumentando la densidad y obligando a las familias a desmembrarse. Considerando un escenario, en el que ningún afectado haya tenido que salir de PU, el índice de ocupación hubiera pasado de 4.25 a 6.34 personas por departamento, y el área por habitante, de 14.12 m² a 9.46 m². Los miembros de los hogares marginados fueron expuestos a una condición socioeconómica vulnerable ya que sus únicas opciones eran ocupar nuevo suelo en cada vez peores condiciones (Ramírez-Corzo y Riofrío, 2006); alquilar habitaciones o viviendas en condiciones de hacinamiento (CNDH, 2002 en Riofrío, 2004); incorporarse en otros hogares como allegados en condiciones desventajosas (Necochea, 1987); o asumir los costos de la compra de una vivienda.

Además, sea por falta de espacio o poca demanda, muchas viviendas dejaron de operar como medios de producción, exponiendo a los hogares a situaciones de vulnerabilidad (Moser, 1998; Rakodi y Lloyd-Jones, 2002; Siegel, 2005). Ello coincide con los hallazgos de Mejía-Escalante (2012) para un caso en Medellín-Colombia, donde evidencia la pérdida de sustentos económicos debido a que la tipología de vivienda postreasentamiento no se adaptó a las dinámicas preexistentes, encontrando que a diferencia de las antiguas viviendas que permitían la subdivisión y el crecimiento en altura, sea para albergar a nuevos miembros de la familia o desarrollar actividades económicas; los nuevos apartamentos solo permiten incorporar estas nuevas actividades sin poder separarlas de aquellas existentes, lo cual afectó la calidad de vida de la población.

Las compensaciones diferenciadas generaron un escenario postreubicación conflictivo, el cual se encuentra influenciado por la constante comparación entre los afectados (Jiang, Waley y Gonzalez, 2018). En ese sentido, coincidimos con De Wet (comunicación personal como se cita en Koenig, 2002, p. 23) cuando encuentra que para un caso de estudio en Lesotho, las variaciones en las compensaciones pudieron haber afectado la solidaridad entre los reubicados. A las percepciones negativas relacionadas al supuesto oportunismo de los habitantes de la tercera etapa, se sumaron dinámicas de estigmatización asociada a los barrios de origen de las familias que también, debido al diseño mismo del proceso, fueron reubicados allí. La estigmatización barrial ha cambiado su escala y se ha reproducido dentro de Patio Unión con efectos de microsegregación que impactarían negativamente en la adaptación social y especialmente en la recuperación económica debido a que tienden a socavar la conformación de nuevo capital social (Cernea, 2000), algo que debió planificarse de antemano.