El espacio público puede ser comprendido desde diversas perspectivas. En el ámbito administrativo, el espacio suele estar determinado jurídicamente como propiedad privada versus pública, siendo esta última la que posibilita su uso colectivo. Para Borja y Muxi (2003) el espacio público “es a un tiempo el espacio principal del urbanismo, de la cultura urbana y de la ciudadanía; es un espacio físico, simbólico y político” cuyo rol fundamental es contribuir a dar sentido a la vida urbana (p. 9). Asimismo, se caracteriza principalmente por ser de interés colectivo, acceso abierto, uso común y por lo manifiesto de las expresiones que en él se desarrollan (Delgadillo, 2012).

El espacio público también ha sido analizado en su condición conflictiva. Lefebvre (2013) señala los múltiples intereses que se debaten en y sobre él. El autor indica que el espacio planificado genera un supuesto consenso de uso entre los usuarios, neutralizando su carácter político (apropiación negativa). A esto se ha de contraponer una toma de control (apropiación positiva) que inicia con la “intervención constante de los interesados” y la repolitización del espacio (p. 484). Por su parte, Salcedo (2002) considera relevante estudiar el poder y sus manifestaciones en el espacio público, y la dialéctica de producción del espacio a partir del conflicto entre fuerzas hegemónicas y de resistencia, lo que para él requeriría un análisis no únicamente físico-urbanístico (estático) sino socio-histórico (dinámico) de la conformación del espacio.

Es en los espacios públicos, como espacios de representación, en donde la relación entre la sociedad y el espacio se muestra especialmente legible. Para Segovia y Neira:

“Los usos y costumbres que acontecen en los espacios públicos, sea que tengan el carácter de tradiciones, tendencias generales o eventos esporádicos, sirven para determinar los grados de integración social, el sentido de pertenencia, los niveles de democracia obtenidos en un barrio, una zona o una ciudad, y las capacidades de apropiación de lo público” (2005, p. 170).

Los espacios se constituyen así en “termómetros” de la apropiación espacial, como señalan Borja y Muxi: “la historia de la ciudad es la de su espacio público” (2003, p. 9).

Los dos espacios que se estudiarán son la plaza El Otorongo y el parque Iberia. La plaza está próxima al anillo externo del centro histórico y a barrios tradicionales como el Vado, San Roque y San Sebastián; está en un espacio de transición respecto de un ensanche moderno de la ciudad: el Ejido. La plaza tiene una historia marcada por el cambio de usos; su último rediseño se efectuó en 2008. En este espacio, convertido en lugar de tránsito, se ha ido erosionando la memoria y los vínculos sociales, debilitando la posibilidad de la acción social colectiva, su diseño actual ha contribuido a ello. Su gestión ha sido asumida principalmente por la autoridad municipal en ausencia de vecinos u otros grupos. De otro lado, el parque Iberia, ubicado al sur de la ciudad, es una zona principal del barrio Don Bosco, fundado en 1966. El parque alberga una diversidad de actividades y mantiene, gracias a su centralidad respecto del barrio, una dinámica particular. En este espacio se observa cierto grado de organización social y su gestión gira en torno a un club deportivo que mantiene relación con la municipalidad. En ambos casos la memoria social y la cultura política, que serán analizadas, son categorías para entender las formas en que estos espacios constituyen soportes de la vida en la ciudad (Figuras 1 y 2).

La ciudad alberga procesos de gran intensidad que incluyen profusas interacciones sociales, intercambios culturales, políticos y económicos, a la vez que amplios procesos de marginalización e injusticia. Esta ciudad captó la atención de Henry Lefebvre, proponente inicial de la noción del derecho a la ciudad. Lefebvre (1979) estudió un momento histórico en donde la industrialización cedió protagonismo a la urbanización, concebida como una fuerza vertebradora de la sociedad. Para su análisis de la ciudad tomó las categorías de valor de uso y de cambio para mostrar las contradicciones que se presentan a nivel urbano. Así, es posible concebir a la ciudad como obra en control de quienes la conciben y producen (valor de uso). Sin embargo, esta obra se erosiona por la superposición de valores mercantiles (valor de cambio), que determinan qué ciudad se produce y para quienes. Lefebvre pone las esperanzas en “una sociedad urbana y lo humano como obra […] y no producto” (1979, p. 126).

El derecho a la ciudad para Lefebvre se inscribe como “una forma superior de derechos” (1979, p. 159) dentro de un proyecto de autogestión urbana. Este incorpora varias dimensiones que incluyen el derecho a la ciudad como obra, como fruto de la participación directa de los habitantes; el derecho a la diferencia en tanto supone rescatar la diversidad; y el derecho a la centralidad, que se analizará en este trabajo, y se refiere no solo al ámbito espacial sino también político: la capacidad de participar, decidir y gestionar colectivamente el espacio urbano (COAVN-EHAEO, 2017; Lefebvre, 1979; Sevilla-Buitrago, 2011). La centralidad también se refiere a las funciones simbólicas, de gobierno, intercambio social, comercial y cultural que se desarrollan en el espacio (Delgadillo, 2012). En cierto sentido, la centralidad tiene que ver con el derecho a participar, dentro de un espacio polivalente, de la relevancia urbana.

El derecho a la ciudad se fundamenta en las nociones de producción del espacio, apropiación y habitar. La producción del espacio va más allá de la producción física, pues se puede entender como un hecho social, en donde los individuos se ven afectados y afectan al espacio mediante su subjetividad y no solo reaccionan ante él. El derecho a la ciudad reclama la libertad de transformación del espacio urbano no solo como una acción sobre el espacio construido sino como una manifestación de la vida urbana y de la capacidad de organización social de sus habitantes. De esta forma, existe una relación socio-espacial inmanente en donde es el sujeto (individual y colectivo) quien tiene la posibilidad de apropiarse del espacio y transformarlo material y subjetivamente (Hiernaux, 2013).

La apropiación del espacio no supone su propiedad sino una interiorización, el reconocimiento del sujeto en su creación: la ciudad. La planificación como fin dispone y regula el espacio para el uso/consumo pasivo, separando al sujeto de su obra; mientras, la apropiación, que es activa, exige “en todo momento una producción, la necesidad y el deseo de hacer” (Martínez, 2014, pp. 2-3). La apropiación se ejecuta a través del habitar: la capacidad de los sujetos de producir el espacio como obra colectiva (singular) en contraste con su producción instrumental (repetitiva). Como señala Lefebvre: “Habitar es apropiarse de algo. Apropiarse no es tener en propiedad, sino hacer su obra, modelarla, formarla, poner el sello propio” (1975). Esto implica reconocer a los habitantes como co-creadores tanto del espacio urbano como de sí mismos.

El habitar tiene cabida especial en los “espacios de representación”, son aquellos que muestran mayor flexibilidad y están “saturados con significados, construidos y modificados en el transcurso del tiempo por los actores sociales” (Oslender, 2002). Estos espacios, a pesar de estar muchas veces dominados por la administración o el mercado, posibilitan su apropiación por medio de las actividades cotidianas y la imaginación; en las ciudades se esperaría que estén vinculados estrechamente con espacios públicos como plazas o parques, albergando a una pluralidad de sujetos. El derecho a la ciudad aboga por la capacidad transformadora del habitar en la producción del espacio y tiene un contenido altamente político pues supone “un grito y una demanda” que “no puede concebirse como un simple derecho de visita o retorno hacia las ciudades tradicionales. Solo puede formularse como derecho a la vida urbana, transformada, renovada” (Lefebvre, 1979, p. 138).

La discusión sobre el derecho a la ciudad se ha ampliado y complejizado, incluyendo varios aspectos. Estos están habitualmente ligados a las tensiones existentes entre redistribución de bienes y servicios públicos, reconocimiento de la diversidad, y participación en la definición de problemas y la toma de decisiones. En el ámbito de la redistribución, el derecho a la ciudad se ha enmarcado como la expansión de un derecho social, a veces encarnado en leyes. Se lo entiende como el reconocimiento y la provisión de bienes y servicios de la ciudad especialmente para los excluidos, y parte del reconocimiento de las disparidades urbanas: fragmentación entre barrios que cuentan con servicios básicos y aquellos en donde su ausencia compite con la cercanía a los vertederos (Harvey, 2008, p. 32).

El derecho a la ciudad también se refiere a la participación de las personas en su consecución. Harvey (2013) señala que es “mucho más que un derecho de acceso individual o colectivo a los recursos que la ciudad almacena o protege; es un derecho a cambiar y reinventar la ciudad de acuerdo con nuestros deseos” (p. 20). Por ello, es clave reorientar la arena de la toma de decisiones fuera del estado y hacia sus habitantes, lo que conlleva reestructurar las relaciones de poder que definen la producción del espacio fuera del capital y las instituciones estatales y hacia los habitantes urbanos (Purcell, 2002). Esto puede observarse, por ejemplo, en la emergencia de una ciudadanía urbana que, concibiéndose a sí misma como acreedora de derechos y productora de ciudad, demanda el derecho a la vivienda, como vía inicial de acceso al derecho a la ciudad (Pérez, 2017). Entonces, este derecho supone el desarrollo de una esfera pública en lo social y reta la concepción tradicional que circunscribe lo público exclusivamente a lo estatal/administrativo (Cunill, 1997).

Partiendo de la constatación de que la participación en la producción de la ciudad y de los derechos que guarda no es homogénea en la sociedad, es relevante reconocer la diversidad en tal producción. De acuerdo a Mitchell (2003) “cada vez más los espacios de la ciudad moderna están siendo producidos para nosotros en vez de por nosotros” (p. 18), lo que implica la movilización de una fuerza activa a favor de cierto “orden” social y en oposición al “desorden” producido por individuos o grupos considerados indeseables. Para Mitchell (2003) el derecho a la ciudad depende de la lucha por el espacio público, de su toma activa, así como de demandas específicas, toda vez que los “derechos sobre y al espacio público nunca están garantizados una vez para siempre” (p. 14). Por esto, la ciudad como obra colectiva precisa del reconocimiento de la heterogeneidad en su producción y de la lucha por el espacio público para conseguir ese fin.

La propuesta de Lefebvre, así como la de autores que se basan en su obra, reconocen la diversidad de ámbitos en los que el derecho a la ciudad se expresa, así como la necesidad de apoyos y acciones sociales y políticas para lograr transformar esta sociedad urbana. Para Lefebvre (1979), los habitantes urbanos en su conjunto, pero principalmente los trabajadores, sin quienes “la integración carece de sentido” (p. 133), son los principales sujetos de la transformación. Sin embargo, evidenciamos que en la literatura existe poco análisis sobre factores como la memoria social o la cultura política que pueden limitar o posibilitar esta transformación.

La categoría memoria social vincula a los sujetos con un espacio y tiempo determinados. Esta se fundamenta en la comunidad y posibilita tanto la identidad (conciencia de una “individualidad colectiva”) como la pertenencia (ser parte del grupo). La memoria “nos permite vivir en grupos y comunidades, y vivir en grupos y comunidades nos permite construir una memoria” que se consolida en forma de sentido de pertenencia (Assmann, 2008, p. 109, 114). Ahora, la relación entre la sociedad y su historia se teje de una manera compleja, analizarla permite “percibir estructuras de poder así como de intereses, normas, y valores en los que la sociedad se basa” (Herz citado en Meyer, 2008, p. 175). De la misma manera, en la memoria localizada espacialmente se refuerzan o negocian identidades, desigualdades o igualdades (Valle, 2000, p. 246). La memoria no solo nos proporciona información sobre el pasado, también nos ofrece pistas respecto de cómo actuamos y por qué.

La memoria ancla espacialmente a la identidad, relaciona “el tiempo de la acción al lugar de la acción” (Alessandri, 2014, p. 7). Sin embargo, esta se ve amenazada en tanto que las intervenciones que sufre el espacio, gracias a las fuerzas “modernizantes”, la transforman constantemente, la “aplanan” al uniformizarla o incluso borrarla como cuando a un espacio histórico se lo transforma en un espacio de transacciones únicamente comerciales o de entretenimiento, como en el caso de la Plaza Roja en Moscú o el Zócalo en México (Delgadillo, 2012). Esto implica que la transformación modernizante del espacio trae consigo también la erosión del espacio público, como espacio de representación que condensa memoria, significados, referentes, y que es fundamental para el derecho a la ciudad (Lefebvre, 2013). Lo propio puede ocurrir cuando las vecindades barriales, relacionadas por vínculos cotidianos, van reemplazándose por bloques habitacionales herméticos al contacto. Como lo señala Alessandri: “Los lugares se van transformando de forma irreversible con el aplanamiento de la historia contenida en ellos, tornándolos iguales a tantos otros, situando la sociedad en relación directa con un espacio destituido de la memoria” (2014, p. 4).

La categoría cultura política puede entenderse respecto de dos enfoques que enfatizan sus manifestaciones individuales o colectivas. El primero tiende a entender la cultura en términos psicológico-sociales como las normas, valores, actitudes, etc., de las personas y suelen ser estudiadas cuantitativamente; el segundo hace mayor énfasis en las matrices de significados sociales y políticos que se desarrollan entre los distintos actores y se manifiestan en un ámbito discursivo (Herrera, Pinilla, Díaz y Acevedo, 2005, p. 34). Considerando este último sentido, por cultura política nos referiremos a la

“matriz de significados encarnados en símbolos, prácticas y creencias colectivas mediante los cuales las personas y las sociedades se representan las luchas por el poder, ponen en acto las relaciones de poder, la toma de decisiones, cuestionan o no los valores sociales dominantes y resuelven o no el conflicto de intereses” (Schneider y Avenburg, 2015, p. 127).

La cultura política permite, gracias a estas matrices de significado, interpretar las experiencias de las personas, las cuales se insertan en la trayectoria histórica de su entorno. Es así que la cultura es producto tanto de la historia colectiva del sistema político como de las biografías de sus miembros y por esto la podemos identificar en los hechos públicos y en las experiencias discursivas individuales (Chihu, 1996; Herrera et ál., 2005). En este estudio se buscará esbozar algunos rasgos de la cultura política de los cuencanos con base en los discursos de los entrevistados ² . Para ello la caracterizaremos alrededor de tres elementos que dan cuenta de las creencias y prácticas de los sujetos respecto de lo político: representación social de las instituciones, entendida como las imágenes y conceptos compartidos que guían la visión del mundo de las personas (Howarth, Andreouli y Kessi, 2014); jerarquía, como forma que se apoya en la asimetría y el ejercicio del poder social, económico y político, y que se traduce en relaciones clientelares y paternalistas (Landini, 2012); empoderamiento, referido a la búsqueda de coparticipación en los procesos sociales por medio del fortalecimiento de capacidades o protagonismo (Jorge, 2009).

Así también, es importante reparar en el conflicto como un mecanismo para la acción política de los sujetos. Es en el espacio público, como espacio de representación, en donde se expresa el conflicto entre las fuerzas de apropiación y las limitaciones existentes para ello. En esa tensión es posible que el conflicto desaparezca ya sea debido a la fuerza de la restricción o a la de apropiación (Lefebvre, 1975), lo que determina en cierta medida quién participa en la producción del espacio. Lo cierto es que la conflictividad conduce a la escenificación del descontento, la experiencia de participación en acciones políticas, en donde se discute y se definen temas específicos de interés público, conduce a la conformación de actores colectivos en torno al ámbito conflictivo (Melé, 2016; Mitchell, 2003). Sin embargo, se debe examinar contextualmente las antípodas de la participación. Esto implicaría que el actor colectivo se apropie del espacio de participación disponible, más allá de las instancias establecidas, o que se integre pasivamente a la participación institucionalizada. En el último caso cabe pensar en el rol que estos mecanismos podrían tener en la reducción del conflicto y en las posibilidades o limitaciones que presentan a la conformación de un actor colectivo.

El derecho a la ciudad es una promesa en tanto no se superen las limitaciones para su realización. Esto en por lo menos dos aspectos relevantes: en el orden de políticas sociales que aseguren la redistribución de bienes y servicios públicos como un derecho a ser garantizado y llevado a culmen por el Estado, y en el orden del reconocimiento y participación de los distintos grupos sociales en la producción de la ciudad. En tal sentido, la apropiación del espacio público tendrá más que ver con la construcción y consolidación de un orden público en lo social, con la implicación de los sujetos, que con los mecanismos administrativos. La memoria y la cultura política se expresan en los espacios estudiados, en las rutinas y acciones que componen el habitar de las personas. Es ese espacio de representación, que requiere ser apropiado, en donde se puede tomar conciencia de las relaciones de poder ahí implicadas con el propósito de transformarlas. En la siguiente sección realizamos un análisis de la memoria social y de la cultura política tanto en la plaza El Otorongo como el parque Iberia.

Existe una memoria social constitutiva de la ciudad que es relevante para la identidad de sus sujetos, esta repercute en la cultura política a la vez que enmarca la memoria más localizada, ligada a espacios particulares. En el ámbito más general, hay una memoria social que denota relaciones paternalistas entre grupos diferenciados de élite y populares. La formación de una élite social, económica y política, durante el siglo XIX y XX, coincidió con una conciencia política liberal progresista, característica de la ciudad. Son los miembros de esta élite quienes habrían conducido procesos de desarrollo social: “por supuesto, están industriales que querían el desarrollo de la región porque la gente se está muriendo de hambre” (Experto 1, 2017, Universidad de Cuenca). Las asociaciones de obreros se organizaron alrededor de grupos de poder o intelectuales como la iglesia u organizaciones socialistas. La fórmula de esta élite se apega más a una idea de desarrollo regional, vinculado al comercio y la industria, pero que no llega a germinar en una transformación social, económica y política más ambiciosa. En definitiva, esta élite cuencana mantendría una visión, aunque social, paternalista, conservando una jerarquía que divide a la sociedad en “clases económicas, clases sociales, ideológicas, la lucha por el poder. Esto no ha sido de ahora, eso viene desde la independencia, un poco antes también” (Experto 2, 2017, Universidad de Cuenca).

Esta memoria refleja las diferencias sociales insertas en la historia de la ciudad, y que se expresan, aunque a veces de forma sutil, en la distribución del espacio, en sus símbolos y monumentos. Estos elementos culturales y políticos, que germinan de un pozo histórico, denotan su carácter cohesionador, pero también su potencial excluyente. Aunque no es objeto de este análisis, vale señalar que esta dinámica se expresa también en los vínculos urbano-rurales de la ciudad, en las relaciones jerárquicas e incluso dominio sobre el territorio y/o las personas y se expresan muchas veces como segregación social, espacial y simbólica.

La memoria social asociada a los dos espacios públicos estudiados se relaciona de manera importante con sus condiciones de centralidad. El derecho a la ciudad implica el derecho a la centralidad no solo espacial sino de sus funciones: simbólicas, políticas, de intercambio social y comercial, culturales, etc. La centralidad, al ser contextual, no necesariamente coincide con la distribución espacial. Un espacio considerado parte del centro histórico, como la plaza El Otorongo, puede tener menores condiciones de centralidad que una “nueva” centralidad moderna como el parque Iberia, inserto en el núcleo del barrio Don Bosco.

La plaza El Otorongo posee una importante historia, cuya memoria llega al siglo XIX. Este emplazamiento, “plaza El Otorongo” desde 1973, inició conectando la plataforma alta de la ciudad (centro histórico) con la baja (el Ejido); asimismo, conectaba a la ciudad con el sur del país y ha mudado constantemente de funciones (abrevadero, mercado, plaza de venta de carbón). Espacialmente, la plaza se ha convertido en un espacio de conexión y de flujo entre dos zonas patrimoniales: centro histórico y “ciudad nueva” (el Ejido) y respecto de los barrios tradicionales de San Roque, San Sebastián y el Vado ³ . Esto se puede identificar al observar que la zona más utilizada es la escalinata en su flanco noroccidental que ofrece conectividad entre las zonas señaladas (Durán y Vanegas, 2015). Aunque la plaza está en una zona patrimonial del centro, su posición relativa respecto de otros espacios es más bien periférica (Figura 3).

En cuanto a sus funciones, en la plaza no se observan elementos simbólicos como monumentos o edificaciones con los que los residentes o usuarios se identifiquen. La percepción de inseguridad que generaba la plaza cambió a partir de su rediseño en 2008; no obstante, las modificaciones resultaron “poco claras” y “grises” para los vecinos y usuarios, que no se sienten identificados con el espacio. Asimismo, los vecinos son principalmente estudiantes arrendatarios cuya estancia en el espacio es intermitente. Aunque la plaza cuenta con una historia rica, su condición de espacio de conexión, con ocupación y actividades transitorias, ha limitado la generación de elementos de identidad, sentido de pertenencia y apropiación. Las referencias identitarias más bien se relacionan a los barrios históricos colindantes, de manera especial al barrio El Vado.

El parque Iberia, por su parte, es un espacio vinculado al populoso barrio Don Bosco y se ha convertido en epicentro de diversidad de actividades de vecinos y usuarios. Espacialmente, el sector en donde se asienta el parque es recordado como una zona agrícola, con escasa población, pero estrechamente vinculada. Asimismo, ha mantenido relación estrecha con la Congregación Salesiana, presente en la zona desde 1927. El parque se ha formado de manera indisoluble con el desarrollo del barrio Don Bosco, creado en 1966. En cuanto a sus funciones, además del vínculo con la comunidad salesiana, y la memoria de un pasado agrícola, no existen mayores elementos identitarios. Consideramos, no obstante, que la identidad más bien se genera a partir del sentido de pertenencia al barrio Don Bosco (Figura 4).

La transición que ha sufrido el sector, de zona agrícola a barrio urbano, da cuenta también del paso de una convivencia vecinal a la individualización vinculada a la multiplicación de edificios departamentales. Un vecino del parque señala:

“antes se conocían todos los del barrio y ahora lo que son los edificios, los departamentos entonces uno no sabe quién vive ahí” (William, 2017, parque Iberia).

El sector y particularmente el parque eran considerados peligrosos, pero gracias al programa municipal “Mejora tu Barrio” del año 2000 la percepción ha mejorado. El parque Iberia se presenta como una potencial centralidad debido a su condición espacial de ser el centro de un barrio urbano importante, debido a la pertenencia que suscita al configurar la identidad barrial, la capacidad de gestión que ha tenido el “Club Deportivo Don Bosco” -que en cierta medida haces las veces de comité barrial-, y las distintas actividades significativas como intercambios sociales, comerciales, prácticas deportivas, etc. que tienen al parque como eje.

Las zonas saturadas de edificios, comercios u oficinas marcan su ritmo en la producción del espacio, deteriorando y frecuentemente desplazando formas más vecinales de habitar. En el parque Iberia la multiplicación de edificios departamentales va desgastando lentamente la forma de convivencia barrial. Sin embargo, el desplazamiento debido a la modernización puede observarse de forma mucho más nítida en la plaza El Otorongo. Allí se hacen visibles los efectos relacionados al desarrollo comercial y los cambios morfológicos introducidos. Aunque esta no ha recogido, históricamente, a sectores adinerados, es manifiesto que los comercios y cafés que se apostan en su contorno claramente están destinados a un sector de mayores recursos económicos. Uno de los entrevistados refiere:

“Allí en la plazoleta, si ustedes pueden apreciar, hay bastantes cafeterías, pizzerías, más para lo que es turistas. Hay negocios que hay gente que no podemos acceder a los costos. Por ejemplo, ir a consumir un café, una pizza, o sea, no está al alcance de uno. Entonces no va la gente para allá, más son la gente que puede, que puede pagar” (Wilson, 2017, plaza El Otorongo).

A pesar de que cuando se realizó el rediseño de la plaza se llevó a cabo un proceso consultivo, este parece no haber traducido materialmente los deseos de los vecinos. Después de la intervención, el espacio continuó siendo percibido como gris, poco amigable y los residentes no vieron “intenciones claras” en el diseño, de modo que generen nuevos elementos de identidad (Durán y Vanegas, 2015). Debido a la modernización de la plaza, actividades que antes eran habituales se marchan junto con los vecinos, uno de ellos comenta:

“Son llevados [los vecinos], si hacemos deporte así, como sea, pero no aquí, sino sabemos ir a una canchita más arribita. Aquí ya no hay cómo, porque aquí solo saben hacer conciertos por las fiestas” (Marco, 2017, plaza El Otorongo).

Esta lógica de modernización tanto de infraestructura habitacional como de rediseños no orientados a servir a vecinos y usuarios, socavan paulatinamente las formas de vida propias de los espacios, a la vez que van destituyendo su memoria. Como indica Alessandri (2014): al aplanamiento físico le sigue el simbólico.

Este proceso, que debilita la memoria, hace mella también en la conciencia de pertenencia del individuo respecto del espacio. Así, va menguando la noción del espacio público como aquel de reproducción de la vida, de aprendizaje, de expresión del habitar y de ejercicio del derecho colectivo de apropiarse de los espacios y transformar la ciudad. Con esta pérdida se acentúa el control institucional y el espacio público termina por dejar de pertenecer a los habitantes.

Aunque la cultura política no es homogénea y presenta particularidades, se ha realizado el ejercicio de caracterizarla alrededor de tres elementos: jerarquía, representación social de las instituciones y empoderamiento. Respecto de la jerarquía, se puede ver que tiene un trasunto histórico y hace que los individuos apelen a la autoridad institucionalizada y no a su capacidad de agencia. En el parque Iberia se observan varias manifestaciones al respecto, uno de los entrevistados afirma:

“Solo la llegada del patrullero ya genera seguridad” o que las personas “toman porque no hay control. Porque ya te digo, en los lugares que yo he estado sí hay control. Porque si vas a tomar en el parque te cogen, te multan, o te arrestan y te llevan preso” (Juan, 2017, parque Iberia).

La ausencia de agencia, junto con la dependencia en la jerarquía, hacen que lo político se vea como poco accesible a los habitantes, que se perciben como ajenos a la política doméstica. La falta de asimilación de lo que implica el bien público como bien común limita la posibilidad de asumir la responsabilidad social sobre el espacio, cediéndolo a la autoridad.

En cuanto a la representación social de las instituciones públicas, es notoria la crítica y poca confianza que motivan ciertas instituciones vinculadas a lo administrativo. Por ejemplo, en el parque Iberia se considera a la Guardia Ciudadana como arbitraria, cuya función tiene más que ver con el control, con mantener cierta “imagen” de la ciudad, que con una labor en temas de seguridad efectiva. Ante esta situación los residentes se decantan por apoyar, al menos discursivamente, a los informales que han sido objeto de reprimendas. Uno de los entrevistados afirma:

“Que no es permitido, ¡ese es el gran sustento de ellos! Y si no se van les cogen, le dejan botando el producto a la persona o se lo van llevando, y eso no es en ningún sentido de la ley, que se lo lleven. Ellos lo que pueden hacer es notificar a las autoridades y si no es permitido decirle: señor, sabe que no es permitido vender, y ya” (Juan, 2017, parque Iberia).

No obstante, se da la paradoja de que las personas consideran que precisamente a través de estas instituciones deberían venir las soluciones a los problemas comunes que enfrentan. Desde la administración de los espacios, se llevaría con una lógica clientelar, hasta ciertas actividades propiciadas por autoridades, que se desvanecen luego de que compromisos electorales se pierden. Ese, a decir de los entrevistados, fue el caso de la bailoterapia:

“Antes hacía la prefectura del Azuay, pero ahora dicen que está una del municipio. Antes era de la prefectura, pero como perdió el Guillermo Lasso, entonces ya quitaron eso” (Ana, 2017, parque Iberia).

El empoderamiento es limitado. Esto se manifiesta en la plaza El Otorongo en donde la apatía se traduce en una relación cordial entre vecinos, pero indiferente respecto de lo que ocurre en el contexto social, así, se afirma:

“es que la gente no asiste, ya no les interesa reunirse, solo nos saludamos y pasamos” (Magnolia, 2017, plaza El Otorongo).

Se podría decir que los sujetos, en tanto no se vean afectadas directamente no se involucran, más bien es común que se espere una intervención y resolución institucional. Los vínculos sociales se gestan con el fin de dar respuesta a problemas puntuales: seguridad, por ejemplo, pero no como un mecanismo de cohesión social relacionado con la gestión de lo común. Un entrevistado señala:

“No. Sabes que no nos reunimos, ya cada cual tiene su vida. Ahora la gente se ha hecho medio egoísta” (Wilson, 2017, plaza el Otorongo).

Los elementos antes mencionados expresan, a la vez que afectan, las formas de organización social en los espacios públicos estudiados. La plaza El Otorongo resulta un lugar de encuentro para diversos grupos. A los vecinos -arrendatarios en buena medida- se suman estudiantes, miembros del colectivo “Komuna”, bikers y extranjeros que acuden a los cafés. Los entrevistados subrayan las relaciones cordiales entre los distintos grupos. Sin embargo, la organización se limita a los comerciantes, quienes crean confluencia en torno a demandas concretas como la seguridad. Esta dinámica es preocupante si consideramos que la gestión de los espacios públicos ocurrirá independientemente de la organización de los vecinos y/o usuarios. Si estos no se organizan se presentarán grupos (por ejemplo, organizaciones religiosas, empresariado, municipio etc.) que gestionarán estos espacios, pero descuidando su dimensión pública y debilitando a sus actores (Coto y Solís, 2016). En este sentido, se señalan las dificultades que enfrentan los comerciantes en tanto que la gestión del espacio gira en torno a dos actores: una asociación de artesanos que ocupa el espacio únicamente en festividades y ferias, y por la municipalidad que concede el uso del espacio a eventos masivos como mítines políticos, conciertos, etc. Esto contrasta con las dificultades de residentes y comerciantes para conseguir permisos municipales con el fin de realizar sus propias actividades.

De otro lado, en el parque Iberia se observa la presencia de organizaciones más o menos formales. Hay vecinos que se han organizado utilizando aplicaciones tecnológicas como WhatsApp, con el fin de resguardar la seguridad. Un actor muy relevante es el “Club Deportivo Don Bosco” que, en muchos aspectos, hace las veces de comité barrial y se relaciona con la municipalidad. No obstante, un entrevistado señala, en cuanto a las posibilidades de organizarse de los vecinos:

“son personas que tienen que trabajar, tienen sus obligaciones, entonces no pueden estar dedicando todo su tiempo a esto” (William, 2017, parque Iberia).

¿Cómo organizarse y llegar a apropiarse de un espacio cuando las condiciones de la vida restringen tal posibilidad? El uso del tiempo para el intercambio actúa como una bisagra que posibilita la confluencia de intereses y la apropiación de los espacios públicos, así como se convierte en sí mismo en una lucha social y política. En palabras de Coto y Solís: “El derecho a la ciudad reclama y convoca al derecho al gobierno común del tiempo, no hay producción y apropiación del espacio sin apropiación del tiempo expropiado a los habitantes” (2016, p. 737).