Introducción

Durante las últimas dos décadas, la discusión en torno a la integración social en Chile se ha instalado como un tema central en la agenda de estudios urbanos y como un desafío para la política urbano-habitacional.

En el caso chileno, la preocupación por la integración social adquiere relevancia en virtud de la agudización de problemas sociales y urbanos derivados del giro neoliberal de la política de vivienda implementada durante la década de 1980. La política de vivienda impulsada por la dictadura militar (1973-1989), exitosa desde el punto vista cuantitativo pues logró una reducción significativa del déficit acumulado de vivienda, ha sido determinante en el surgimiento de nuevos problemas sociales y urbanos (Ducci, 1997; Rodríguez y Sugranyes, 2005). En particular, los niveles de segregación residencial observados en las ciudades chilenas junto a los efectos negativos que esta ha traído aparejados se han constituido en un obstáculo para la integración social.

En ese contexto, la integración social se instala como horizonte de la política de desarrollo urbano y como fórmula pertinente para revertir los efectos derivados de la segregación residencial. Haciendo eco de esta discusión, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), inaugura en el año 2006 una nueva etapa en la política habitacional chilena incorporando nuevos instrumentos orientados a disminuir la segregación residencial y mejorar los niveles de integración social y urbana (Ruiz-Tagle y Romano, 2019). En lo fundamental, las innovaciones introducidas durante el periodo responden a la propuesta teórica que busca facilitar los procesos de integración social a partir de la proximidad física y la mezcla social en el espacio urbano (Ruiz-Tagle, 2013; Ruiz-Tagle y Romano, 2019; Sabatini y Brain, 2008; Sabatini et al., 2012).

Sin embargo, más allá del rol que le ha sido atribuido, la integración social no ha sido objeto de una conceptualización rigurosa que delimite su contenido, como el fenómeno al que hace referencia. Los trabajos que profundizan la discusión en torno a la noción de integración social son más bien escasos. En su lugar, predomina una utilización instrumental y restringida del concepto, en tanto los aspectos considerados refieren fundamentalmente a la dimensión físico-espacial, descuidando las relaciones sociales que se desarrollan en el espacio urbano y la complejidad que adquiere la integración social para las sociedades contemporáneas (Matus et al., 2019; Ruiz-Tagle, 2013; Soja, 2008).

Por otra parte, los problemas de integración social generalmente se presentan como una situación que afectaría particularmente a los conjuntos de vivienda social y a los pobres urbanos, quienes se encontrarían funcional y normativamente diferenciados del conjunto social. Por extensión, se asume a priori que los pobres urbanos, en tanto diferentes y diferenciados del conjunto social, mantendrían relaciones sociales significativas al interior del espacio barrial y una elevada integración comunitaria. Lejos de aquello, la integración social es una condición a determinar empíricamente, donde las relaciones que se establecen en el espacio urbano resultan fundamentales.

Con el propósito de someter a discusión estas ideas, se analizan los datos de un estudio que recoge la experiencia de dos proyectos habitacionales ejecutados en el Gran Concepción, Chile. Su objetivo: resolver los problemas de vivienda de 4.140 familias que habitaban en asentamientos irregulares. Los resultados del estudio abren nuevas interrogantes en la discusión sobre la integración social en conjuntos de vivienda social.

Segregación residencial e integración social

Durante los últimos veinte años, distintos estudios han venido observando cambios en los patrones de segregación residencial en las principales ciudades chilenas, expresados a nivel de escala geográfica y en la profundización de sus efectos negativos (Brain et al., 2007; Sabatini et al., 2001, 2012; Sabatini y Brain, 2008).

Las ciudades chilenas estarían transitando desde un patrón de segregación a “gran escala” hacia otro de “pequeña escala”, derivando en efectos diferenciados: la segregación disminuiría en áreas de mayor dinamismo inmobiliario privado y aumentarían en los sectores de bajos ingresos (Sabatini et al., 2001).

Los efectos negativos, en tanto, se habrían agudizado con la profundización de la pobreza urbana y la exclusión social, llevando a algunos analistas a sugerir la configuración de guetos urbanos (Brain et al., 2007; Ducci, 1997; Márquez y Pérez, 2008; Sabatini et al., 2001, 2012; Sabatini y Brain, 2008; Wormald et al., 2012).

La segmentación del espacio urbano en función de variables económicas habría sido el factor determinante en la conformación de áreas de pobreza socialmente homogéneas y separadas espacialmente (Flores, 2006; Kaztman, 2001; Rasse, 2015; Sabatini et al., 2001, 2012; Sabatini y Brain, 2008; Wormald et al., 2012). La diferenciación social del espacio en las principales ciudades chilenas se encontraría asociada a la disminución del contacto e interacción entre grupos sociales, al debilitamiento de los vínculos sociales y a la ruptura de un acervo normativo común, constituyéndose esto como un obstáculo para la integración social (Brain et al., 2007; Kaztman, 2001, 2010; Giménez y Ugarte, 2014; Larenas, 2014; Rasse, 2015; Ruiz-Tagle, 2014, 2015, 2016; Sabatini et al., 2001, 2012; Sabatini y Brain, 2008; Wormald et al., 2012).

En función de aquello, buena parte de la literatura especializada ha venido estableciendo un conjunto de argumentos que posicionan la integración social como horizonte de la política de desarrollo urbano y fórmula pertinente para revertir los efectos negativos de la segregación residencial. Sin embargo, más allá del estatus que le ha sido conferido, la integración social no ha sido objeto de una conceptualización rigurosa que delimite su contenido, como el fenómeno al que hace referencia.

Allí encontramos posiciones diversas. Desde un extremo, encontramos trabajos que prescinden de una definición clara de la integración social o hacen una utilización instrumental del concepto y, desde otras posiciones, encontramos algunos trabajos que avanzan en una discusión más detallada del concepto.

Dentro del primer registro encontramos posiciones variadas: algunos apuntan a la integración social como horizonte de la política de desarrollo urbano sin precisar qué significa aquello (Giménez y Ugarte, 2014); otros la subentienden como el opuesto de la segregación residencial (Brain et al., 2007; Sabatini et al., 2001, 2012; Sabatini y Brain, 2008); en otros casos la circunscriben al acceso a bienes y servicios o como la integración de barrios periféricos al espacio urbano (Brain et al., 2007; Giménez y Ugarte, 2014; Márquez, 2003; Márquez y Pérez, 2008; Rasse, 2015; Sabatini et al., 2012; Tironi, 2003).

Desde esa perspectiva, la integración social aparece circunscrita a la distancia espacial entre grupos socioeconómicamente diversos, a la heterogeneidad en la composición social de las ciudades y al acceso igualitario a bienes y servicios. En rigor, la integración social tiende a ser utilizada como sinónimo de integración urbana, donde la proximidad físico-espacial es subentendida como integración social (Matus et al., 2019; Ruiz-Tagle, 2013; Vicuña et al., 2019).

En tal sentido, observamos una utilización instrumental y restringida del concepto, en tanto los aspectos considerados refieren fundamentalmente a la dimensión físico-espacial, descuidando las relaciones sociales que se desarrollan en el espacio urbano, como el grado de complejidad que reviste la integración social para las sociedades contemporáneas (Matus et al., 2019; Ruiz-Tagle, 2013; Soja, 2008). Sin lugar a dudas, allí encontramos evidencias de un análisis sustancialista (Bourdieu, 1999) o cierto fetichismo espacial (Soja, 2010).

Tal situación, más que un error pareciera una cuestión sintomática. En contextos con niveles de segregación residencial históricamente persistentes, “la integración social tiende a ser idealizada, descuidando aspectos fundamentales para su adecuada comprensión” (Ruiz-Tagle, 2015). Esto explicaría que la integración social se instale como aspiración de política pública y reflexión académica, sin que esté muy claro a qué refiere y cuáles serían los caminos para alcanzarla (Arriagada, 2014).

Desde otra vereda, algunos estudios avanzan en un tratamiento más riguroso del concepto, encontrando posiciones variadas. Para Larenas (2014), por ejemplo, la integración social apunta a favorecer el contacto e interacción entre grupos sociales diversos a través de la política urbano-habitacional.

Rasse (2015), analiza los aspectos normativos (cohesión social) y funcionales (inclusión social) del concepto, destacando, como elementos fundamentales de la integración social: el acceso a recursos y oportunidades socialmente disponibles; y la posibilidad de establecer vínculos sociales y considerarse parte de un todo. Desde una posición cercana, Wormald et al. (2012), enfatizan el vínculo social, en tanto hablaría de “la disposición de los individuos a la construcción de patrones de convivencia con un “otro” de condición social diferente y que contribuyen a asentar un sentimiento de cooperación cívica y pertenencia a un todo social”.

Sabatini y Salcedo (2007), desarrollan una visión operacional, donde la integración social estaría compuesta por tres dimensiones: integración funcional, referida a la integración de los pobres en la ciudad; integración simbólica, referida al sentido de pertenencia respecto del lugar donde se vive; e integración comunitaria, que hablaría de las relaciones sociales significativas al interior del barrio. En la misma línea, Ruiz-Tagle (2013, 2015), entiende la integración como una relación compuesta por cuatro dimensiones: “i) física, proximidad entre grupos diferentes; ii) funcional, acceso efectivo a oportunidades y servicios; iii) relacional, interacciones no-jerárquicas, y iv) simbó lica, identificación con un territorio común”.

Evidentemente, la forma de entender la integración social se mueve a través de un amplio registro. Sin embargo, un aspecto central refiere a la existencia de vínculos y relaciones sociales entre los integrantes de la comunidad. Así, la noción de integración social se acerca al concepto desarrollado desde la sociología clásica, haciéndose extensivo a la relación individuo-sociedad, como a los condicionamientos para la acción colectiva (Barba, 2011). Visto desde esa perspectiva, los aspectos fundamentales de la integración social apuntan a los mecanismos que permiten la construcción, mantenimiento o restablecimiento de los vínculos sociales significativos al interior de una comunidad (Barba, 2011; Kaztman, 2001).

Integración social y vínculos sociales

La pregunta por la integración social forma parte de la reflexión sociológica desde muy antiguo, en tanto las transformaciones propias de la modernidad occidental fueron estableciendo nuevas condicionantes para la integración. La transición desde las sociedades tradicionales a las sociedades modernas y su impacto sobre los procesos de integración social quedan, sintética y claramente establecidos en la distinción entre solidaridad mecánica y solidaridad orgánica señalada por Durkheim (2001). De esta forma, a lo largo de la modernidad, observamos una tensión permanente entre diferenciación funcional e integración social, reflejándose en variaciones en la lógica, en los mecanismos y en las fórmulas pertinentes para alcanzarla (Barba, 2011; Chernilo, 1999; Millán, 2008).

A comienzos del siglo XXI, la integración social se encontraría lejos de la imagen unitaria de principios de la modernidad. Condicionada por los procesos de diferenciación funcional y el incremento de la complejidad de las sociedades contemporáneas, la integración social no respondería a una lógica unitaria y comprehensiva del conjunto social, sino que operaría a través de procesos segmentados y selectivos (Millán, 2008).

En esa perspectiva, los factores que condicionan la integración social en las sociedades contemporáneas derivan de procesos sociales de mayor alcance, sobrepasando con largueza las particularidades de barrios segregados (Barba, 2011; Beriain, 2000; Chernilo, 1999; Habermas, 2002; Kaztman, 2010; Millán, 2008). Todavía más, los problemas de integración social que se observan actualmente en el espacio urbano se dan en un contexto generalizado de crisis del vín culo social y del reconocimiento del otro (Fuster-Farfán et al., 2021). Por tanto, la integración social representa un problema y un desafío a resolver para las sociedades en su conjunto.

En este nuevo escenario, los procesos de diferenciación social del espacio urbano son cada vez más complejos, multilaterales e interconectados (Soja, 2008). Junto a los factores económico-estructurales que determinaban la ocupación diferenciada del espacio en décadas pasadas, hoy en día encontramos un conjunto de prácticas de diferenciación social que, de manera subterránea, vienen a complejizar las rutas hacia la integración (Salcedo, 2010; Salcedo et al., 2009; Soja, 2008).

Las prácticas de distinción y diferenciación social adquieren mayor grado de complejidad en las sociedades contemporáneas, en tanto las variables que estructuran las categorías sociales se han diversificado, redefiniendo las fronteras sociales. Consecuencia de aquello, los procesos de diferenciación social en el espacio urbano se presentan a través de complejos patrones marcados por una “socialidad” recompuesta, fluida y fragmentada; derivando en una nueva geometría social polimórfica y fracturada (Soja, 2008).

En tanto los procesos de diferenciación social se complejizan en función de la diversificación de las variables que definen las categorías sociales, las prácticas que los sujetos movilizan en la cotidianeidad podrán apelar a distintos criterios para establecer distinciones jerárquicas y fronteras simbólicas (Saraví, 2008; Soja, 2008). El espacio urbano, entonces, podrá acoger potencialmente procesos de identificación y/o diferenciación social en función de criterios o variables diversas. El producto resultante se presenta como un mosaico social reestructurado, asociado a complejos patrones de poder y estatus diferenciados que reproducen las desigualdades socioeconómicas preexistentes (Soja, 2008).

Por tanto, cuando analizamos la relación entre diferenciación social del espacio e integración social, debemos considerar un conjunto de aspectos que no solo son los estrictamente físico-espaciales. Lejos de cualquier determinismo, la integración social no puede ser entendida como epifenómeno de factores económico-estructurales o como el simple reflejo de estructuras sociales en el territorio, sino como producto de la interacción compleja entre las estructuras del espacio físico y del espacio social (Bourdieu, 1999) y como expresión de la articulación dialéctica entre relaciones sociales y espaciales (Soja, 2010).

No obstante lo último, la discusión en torno a la integración social dentro de los estudios urbanos en nuestro país presenta señales de un análisis reduccionista. Junto con asimilar integración social con integración urbana y priorizar aspectos físico-espaciales en desmedro de las relaciones sociales que se despliegan en el espacio urbano, no se asume el grado de complejidad que adquiere la integración social para las sociedades contemporáneas (Matus et al., 2019; Ruiz-Tagle, 2013; Soja, 2008).

Por otra parte, a partir de esta visión simplificada, el cuestionamiento por la integración social se encuentra circunscrito a los pobres urbanos, sin considerar sectores de altos ingresos en la ecuación, ni las dinámicas socioculturales prevalecientes. En tal sentido, los barrios pobres de nuestras ciudades reflejarían una fractura respecto del conjunto social, encontrándose funcional y normativamente separados de las corrientes principales de la sociedad. En síntesis, el problema de la integración social operaría en sentido descendente.

Luego, dada la existencia de áreas de pobreza urbana, socialmente homogéneas y espacialmente segregadas, se asume por defecto que tal situación implicaría relaciones sociales significativas al interior del espacio barrial, con una elevada integración comunitaria y una desconexión cuasi absoluta con el resto de la ciudad. Bajo este supuesto, los pobres urbanos, en tanto diferentes y diferenciados del conjunto social, experimentarían una suerte de ostracismo urbano, estableciendo relaciones y vínculos significativos exclusivamente al interior del barrio, en su espacio cotidiano.

Sin embargo, la existencia de áreas de pobreza urbana sociodemográficamente homogéneas no necesariamente implica que quienes allí viven conformen comunidades efectivamente integradas. La proximidad espacial no implica necesariamente mayor integración social (Ruiz-Tagle, 2013; Ruiz-Tagle y Romano, 2019). Si bien facilita el contacto y el establecimiento de relaciones sociales, no garantiza que efectivamente ocurra o que las relaciones que allí se generen no sean conflictivas (Wormald et al., 2012). Lejos de aquello, la integración social es una condición a determinar empíricamente, donde las relaciones que se establecen en el espacio urbano resultan fundamentales.

En función de aquello, pareciera necesario analizar con mayor profundidad las relaciones sociales que ocurren efectivamente en el espacio urbano. Como señalara Lefebvre (2013): “el espacio contiene relaciones sociales y es preciso saber cuáles, cómo y por qué”.

El caso de estudio

Entre los años 1995 y 2005, se desarrollaron dos proyectos habitacionales en el Gran Concepción¹, que pretendían responder al déficit habitacional de aproximadamente 5.000 familias emplazadas en asentamientos irregulares.

El Programa de Recuperación Urbana de la Ribera Norte del Río Bío-Bío (en adelante Ribera Norte) y el Plan Integral San Pedro de la Costa (en adelante San Pedro de la Costa), articuladas por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, con objetivos y destinatarios similares, representan dos formas distintas de resolver el déficit habitacional. La primera se inclina por la radicación de las familias en áreas centrales de la ciudad; la segunda opta por la erradicación en la periferia urbana.

El Programa Ribera Norte, surge como una intervención pública de recuperación urbana. El área de intervención (140 ha), ubicada a orillas del río Bío-Bío, frente al centro de la ciudad de Concepción, se encontraba ocupada por un asentamiento informal de antigua data. La propuesta de intervención buscaba compatibilizar los objetivos de desarrollo urbano y resolver los problemas habitacionales de los residentes. Al inicio de la intervención, el área estaba ocupada por 2.000 familias que vivían en condiciones de pobreza y precariedad habitacional (Rojas y Villagrán, 2008). Al efecto se definió la construcción de un nuevo barrio de menor extensión (15 ha) y mayor densidad habitacional que permitiera la radicación de los residentes dentro del área de intervención. El nuevo barrio, construido en cuatro etapas entre 1998 y 2004, consideró 1.426 viviendas.

San Pedro de la Costa constituye un producto derivado del Programa Chile-Barrio². En 1998, existían 320 asentamientos irregulares en la región del Bío-Bío, de los cuales una cantidad importante debían ser relocalizados debido a impedimentos técnicos y/o normativos. Esta situación se daba mayoritariamente en comunas del Gran Concepción.

En base a este diagnóstico, el MINVU resuelve la creación de un programa especial que abordará la situación de manera global, iniciándose el programa San Pedro de la Costa el año 2003. Definido como una intervención urbana integral, buscaba resolver los problemas habitacionales de más de 3.000 familias que vivían en asentamientos irregulares de distintas comunas del Gran Concepción.

El programa se articulaba en torno a dos proyectos habitacionales. El primero, consideraba 500 viviendas en la comuna de Chiguayante. El segundo, San Pedro de la Costa, generaría un nuevo barrio en la comuna de San Pedro de la Paz, con extensión de 73 hectáreas y 2.714 viviendas para familias de 59 asentamientos irregulares de las comunas de Concepción (30), Talcahuano (17) y San Pedro de la Paz (12).

Metodología

El estudio se desarrolló con un diseño no experimental, de corte transversal, de alcance descriptivo y de carácter cuantitativo. La población objeto de estudio estaba constituida por las viviendas adscritas a los proyectos habitacionales de Ribera Norte (1.426) y San Pedro de la Costa (2.714), con un total de 4.140 familias.

En función de aquello se trabajó con un diseño probabilístico a través de un muestreo aleatorio simple, con una muestra total de 1.130 familias (310 familias del Programa Ribera Norte y 820 de San Pedro de la Costa). El tamaño de la muestra consideró un intervalo de confianza de 95%, proporción de 0,5 y error máximo de 0,05.

La unidad de observación fue la vivienda, representada por el jefe de hogar o cónyuges. La recolección de información se realizó por medio de una encuesta aplicada durante el segundo semestre de 2009. El análisis de los datos se realizó durante el año 2010 a través del software SPSS.

Discusión y resultados

Atendiendo las características sociodemográficas de la población, se observa un alto grado de homogeneidad entre ambos proyectos. Considerando los niveles de pobreza³, la población de San Pedro de la Costa presenta un 44,62% de familias bajo la línea de pobreza, mientras que en Ribera Norte llegaba al 35,11%.

Estos indicadores guardan relación con los niveles de escolaridad del jefe de hogar, en tanto determinan acceso diferenciado al mercado del trabajo. El 73,7% de los jefes de hogar de Ribera Norte y 71,5% en San Pedro de la Costa no alcanzan la educación secundaria completa. Tan sólo 4,9% en Ribera Norte y 2,3% en San Pedro de la Costa poseen estudios superiores.

De acuerdo al tamaño de los hogares, son igualmente similares. Ribera Norte presenta una media de 3,68 integrantes por hogar y 3,85 en San Pedro de la Costa. Desde el punto de vista de la configuración familiar, el 63,39% de los hogares en Ribera Norte son biparentales y 36,60% monoparentales; cifras similares para San Pedro de la Costa, con 69,76% de hogares biparentales y 30,23% monoparentales. Adicionalmente, en el caso de Ribera Norte, el 62,41% de hogares tiene jefatura masculina y el 37,58% jefatura femenina. En San Pedro de la Costa, el 67,31% de los hogares presenta jefatura masculina y el 32,68% jefatura femenina.

Más allá de la homogeneidad sociodemográfica, la población de ambos proyectos difiere en un aspecto fundamental: el origen de las familias. En Ribera Norte, en tanto proyecto de radicación habitacional, el 95,7% de las familias provenía del antiguo asentamiento “La Costanera”. En San Pedro de la Costa, programa de erradicación habitacional, las familias beneficiarias provenían de 59 asentamientos irregulares de distintas comunas del Gran Concepción: 40,9% de Concepción; 26,9% de San Pedro de la Paz; 21,9% de Talcahuano; 5,6% de Hualpén y 4,6% de otras comunas.

Atendiendo a la naturaleza de ambos proyectos y la diferenciación en el origen de las familias, resultaba esperable evaluaciones diferenciadas respecto del hábitat residencial y sus efectos en las condiciones de vida. En particular, el impacto en la identidad, el sentido de pertenencia y la integración comunitaria debía presentar diferencias significativas. Los proyectos de radicación habitacional presentan un conjunto de ventajas por sobre aquellos que operan vía erradicación, en tanto logran preservar una historia común, el conocimiento entre vecinos y la mantención de redes y soportes comunitarios (de la Puente et al., 1990; Elorza, 2019; “La vida después del campamento”, 2018; Sabatini y Vergara, 2018). Sin embargo, lejos de aquello, los resultados de la investigación apuntan a otra realidad.

Evaluación del hábitat residencial

En términos generales, los resultados muestran una evaluación positiva de la vivienda y negativa del barrio para ambos proyectos. Considerando la evaluación que las familias hicieron de distintos aspectos (Tabla 1) sobresale una evaluación negativa de la experiencia en el espacio público, de la estigmatización percibida y, especialmente, una imagen negativa de los vecinos.

Tabla 1

Evaluación del Hábitat Residencial*.

* Escala Likert: 1 significa “muy insatisfecho” y 7 “muy satisfecho” Fuente: elaboración propia.

Los datos muestran una tendencia a valorar positivamente aspectos centrados en la vivienda y una evaluación negativa del entorno y las relaciones sociales. Una evaluación positiva de la vivienda resultaba esperable dada las condiciones de precariedad habitacional en que vivía la población de ambos proyectos. Sin embargo, una evaluación negativa de los vecinos del barrio resulta paradójica.

Los proyectos de erradicación habitacional, como en el caso de San Pedro de la Costa, generan un conjunto de externalidades negativas, en tanto representan un traspaso traumático desde un espacio familiar hacia otro desconocido, con el consiguiente quiebre en las relaciones e identidades comunitarias (de la Puente et al., 1990; Elorza, 2019; “La vida después del campamento”, 2018; Sabatini y Vergara, 2018). Mas este no es el caso de Ribera Norte.

Una evaluación negativa de los vecinos en Ribera Norte resulta contradictoria. Proyectos de radicación habitacional, como estos, presentan ventajas significativas en tanto permiten preservar historia, redes y soportes comunitarios. El nuevo barrio, construido en los terrenos que ocupó el asentamiento “La Costanera” por más 50 años, permitía mantener el vínculo con antiguos vecinos y familiares, preservando el capital social preexistente (Rojas y Villagrán, 2008). No obstante, los datos del estudio se mueven en otra dirección.

Evaluación de la experiencia de habitar

Con la perspectiva de profundizar la evaluación, se analizó la evaluación pre y post asignación de la vivienda en relación a la calidad de vida, relaciones sociales, imagen del barrio y acceso a servicios.

Tabla 2

Evaluación experiencia de habitar Programa Ribera Norte.

Fuente: elaboración propia.

Tabla 3

Evaluación experiencia de habitar. San Pedro de la Costa.

Fuente: elaboración propia.

Como se observa en las Tablas 2 y 3, el único aspecto evaluado positivamente y que ha expresado un mejoramiento sustantivo es la calidad de vida del grupo familiar (70,6% para Ribera Norte y 67,1% para San Pedro de la Costa). Este ítem, centrado en la vida familiar al interior de la vivienda, difiere claramente de la evaluación de la imagen del barrio, de las relaciones sociales y del acceso a servicios.

Sin duda, la evaluación de los vecinos y las relaciones sociales al interior del barrio aparece como el aspecto más significativo. Dada la naturaleza de los proyectos habitacionales, se esperaba una evaluación diferenciada. Sin embargo, los resultados se mueven en la misma dirección. De acuerdo a los datos del estudio, observamos una clara tendencia a evaluar negativamente a los vecinos y las relaciones sociales dentro del barrio, situación que sobrepasa la naturaleza de cada proyecto como variable explicativa fundamental.

Tabla 4

Percepción de homogeneidad. Programa Ribera Norte y San Pedro de la Costa.

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 4 muestra la percepción de homogeneidad entre los vecinos del barrio, en atención a sus características, hábitos y costumbres. En ambos casos, se observa una tendencia a destacar cierto grado de heterogeneidad intrabarrial. Para ambos proyectos, la percepción de “poca” o “mucha” diferencia gira en torno 75%-80%, en contraposición al rango 6%-10%; que considera a la población homogénea.

Estos datos son coincidentes con los indicadores de integración horizontal de la escala de Guttman (Tabla 5), reflejando que la distancia social se incrementa en la medida en que el vínculo entre vecinos exige mayor cercanía, y por lo tanto, reconocimiento y aceptación del otro. Junto a la evaluación negativa de los vecinos, encontramos una percepción de heterogeneidad que difiere de las condiciones objetivas y cierta distancia al establecer relaciones sociales. Todo indica que los sujetos de ambos proyectos expresan una evaluación poco favorable de los vecinos del barrio y una tendencia a diferenciarse de aquellos.

Tabla 5

Escala de Guttman. Programa Ribera Norte y San Pedro de la Costa.

Fuente: elaboración propia.

En términos generales, los resultados se encuentran en sintonía con estudios anteriores. En el caso chileno, investigaciones recientes identifican valoraciones diferenciadas del barrio y las relaciones sociales según nivel socioeconómico. Para algunos investigadores, el barrio constituiría un fundamento del vínculo social en sectores de menores ingresos; mientras que representaría un símbolo de status para sectores de ingresos medios y altos (Wormald et al., 2012); para otros, las relaciones sociales en conjuntos de viviendas de clase media estarían reforzando el sentido de pertenencia e integración, a diferencia de los conjuntos de vivienda social -donde las relaciones y prácticas cotidianas buscan la distinción y diferenciación (Márquez, 2003; Márquez y Pérez, 2008).

Valoraciones diferenciadas y aparentemente contradictorias pueden ser interpretadas como señales de transformación de las referencias identitarias en el espacio urbano, donde las relaciones que se desarrollan en el territorio podrán operar alternativamente como mecanismo de identificación e integración o de distinción y diferenciación social (Márquez, 2006).

Investigaciones recientes han reparado en el debilitamiento de la organización comunitaria en conjuntos de vivienda social (Ducci, 1997; Ibarra, 2020; Márquez, 2003; Márquez y Pérez, 2008; Sabatini y Salcedo, 2007; Salcedo, 2010; Salcedo et al., 2009, 2017; Salcedo y Rasse, 2012). En particular, los vínculos sociales en conjuntos de vivienda social se tejen a partir de niveles bajos de confianza, donde las redes comunitarias se establecen más en torno a relaciones de apoyo circunstancial y menos en acciones colaborativas permanentes (Ibarra, 2020).

Esta nueva tendencia se encontraría relacionada con factores diversos. Por una parte, el miedo y la desconfianza se ha instalado como constante cotidiana en conjuntos de vivienda social (Ducci, 1997; Márquez, 2003; Márquez y Pérez, 2008). El temor crece en la misma medida que aumenta la delincuencia, constituyéndose en un obstáculo al restablecimiento de vínculos sociales y la integración comunitaria.

Por otra parte, al interior de los barrios populares se experimentaría una tensión entre individualismo y colectivismo (Márquez, 2003; Márquez y Pérez, 2008; Salcedo et al., 2009), situación que se explicaría en función de la diversidad socioeconómica y cultural de las familias, como por un cambio significativo en sus valores y prácticas.

Lejos de la aparente homogeneidad que caracterizaría a los conjuntos de vivienda social, las familias presentarían una gran diversidad socioeconómica, cultural e identitaria (Salcedo et al., 2017; Salcedo y Rasse, 2012). Tal situación implicaría un stock diferenciado de capitales, reflejándose en niveles variables de inclusión/exclusión en la estructura de oportunidades de la sociedad.

El cambio en valores y prácticas sería aún más significativo. Distintos trabajos en Santiago apuntan a un distanciamiento de patrones tradicionales por un giro individualista. Los residentes de barrios populares estarían transitando desde valores colectivistas hacia un estilo individualista propio de la clase media (Sabatini y Salcedo, 2007; Salcedo, 2010; Salcedo et al., 2009). Este cambio se expresaría en sus proyectos de vida, en la privatización de la vida cotidiana, en la disminución del contacto con vecinos y en la baja utilización del espacio público. Así, hoy sería más frecuente encontrar prácticas de diferenciación dentro de conjuntos de vivienda social y la aparición de conflictos de estatus entre vecinos (Márquez, 2003; Márquez y Pérez, 2008; Salcedo, 2010; Salcedo et al., 2009). El cambio cultural se constituiría en un nuevo condicionante para a la integración comunitaria, traduciéndose en procesos de sociabilidad segmentados y selectivos.

A modo de cierre

Los resultados del estudio proyectan una imagen compleja, contradictoria. La evaluación positiva de la vivienda y de su impacto en las condiciones de vida del grupo familiar coexiste con una evaluación negativa de los vecinos del barrio. Los resultados se mueven en la misma dirección para ambos proyectos, sobrepasando la modalidad de operación de los proyectos habitacionales como variable explicativa fundamental (radicación/erradicación).

La evaluación negativa de los vecinos del barrio se encuentra acompañada de una percepción de heterogeneidad que difiere de las condiciones objetivas deviniendo en una resistencia a establecer relaciones sociales significativas dentro del barrio. Los resultados, en general, reflejan una tendencia que busca la distinción y diferenciación de los vecinos del barrio, lo que apunta a la existencia de fronteras intrabarriales. En el caso chileno, se ha identificado el surgimiento de fronteras al interior de conjuntos de vivienda social, pero siempre referido a familias de orígenes y condiciones socioeconómicas diversas (Márquez, 2003; Márquez y Pérez, 2008). Esto explicaría los resultados de San Pedro de la Costa; mas no los de Ribera Norte.

En tanto la tendencia de diferenciación de los vecinos no responda a la naturaleza del proyecto habitacional, será necesario buscar explicaciones plausibles en otro lugar. En tal sentido, esta situación se encontraría relacionada con los procesos y tendencias de distinción que afectan a la sociedad en su conjunto. En el caso chileno, durante la última década se ha venido acentuando una tendencia de distinción y diferenciación del otro, especialmente de aquellos categorizados como pobres (Araujo, 2009; PNUD, 2017). No podemos olvidar que los procesos de integración y/o diferenciación social que se expresan en el territorio, junto con representar relaciones y dinámicas locales, son tributarios de los procesos socioculturales dominantes de la sociedad de referencia. En rigor, los procesos y prácticas de diferenciación social existentes en conjuntos de viviendas sociales no operan en el vacío, sino que expresan de manera soterrada las tendencias y lógicas de distinción dominantes en la sociedad chilena.

Las relaciones y prácticas que se pueden identificar en el espacio urbano responden a procesos más amplios y generales de diferenciación social; la ocupación diferenciada del espacio urbano se encuentra directamente relacionada con los procesos y prácticas de distinción existentes al interior de un colectivo (Rodríguez Vignoli, 2001). En sociedades jerárquicamente organizadas no habrá espacio que no esté jerarquizado y que no refleje las distancias sociales existentes (Bourdieu, 1999).

En tal sentido, no podemos obviar que los procesos de diferenciación social que se expresan en el espacio urbano son cada vez más complejos, multilaterales e interconectados, en tanto las variables que estructuran las categorías sociales en las sociedades contemporáneas se diversifican, redefiniendo las fronteras sociales (Soja, 2008). Entonces, el territorio y el espacio urbano podrán acoger potencialmente procesos de identificación y/o diferenciación social en función de variables diversas, derivando en procesos de integración segmentados y selectivos.

Por lo tanto, más allá de la distancia espacial entre grupos socioeconómicamente diversos y la heterogeneidad en la composición social de las ciudades y al acceso a bienes y servicios, la integración social es una condición a determinar empíricamente, donde las relaciones que se establecen en el territorio resultan fundamentales.

Lejos de concepciones sustancialistas, la integración social dentro del espacio urbano no puede ser vista como un epifenómeno de la ocupación diferenciada del espacio, sino como el producto de la interacción compleja entre las estructuras del espacio físico y las del espacio social (Bourdieu, 1999) y como el producto de la articulación dialéctica entre relaciones sociales y espaciales (Soja, 2010). Así entonces, pareciera necesario analizar con mayor profundidad las relaciones sociales que se despliegan en el territorio. Parafraseando a Lefebvre (2013): podremos decir que el espacio urbano contiene relaciones sociales, pero más allá de aquello, necesitamos profundizar el análisis para determinar qué tipo de relaciones son estas, cómo se producen y por qué razones.

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Notas