Hábitat popular y prácticas de subsistencia en villas del AMBA (Argentina) en contexto de pandemia

Popular habitat and subsistence practices in slums of the AMBA (Argentina) in the pandemic’s context

Mariela Paula Díaz mariela.díaz@fadu.uba.ar

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

Ana Sofía Lifszyc slifszyc@gmail.com

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Guido Bonano guidobonano@gmail.com

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina

Facundo Andrés Corti facundo.a.corti@gmail.com

Universidad de Buenos Aires, Argentina

Universidad de Buenos Aires, Argentina

El 19 de marzo de 2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 297/2020, el presidente argentino Alberto Fernández declaró el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) a nivel nacional con el fin de amortiguar los efectos de la pandemia del COVID-19, la cual venía causando decenas de miles de muertes en el mundo desde diciembre de 2019. En el contexto socio-urbano de desigualdad estructural que presenta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la consigna gubernamental “Quédate en Casa” puso de relieve la heterogeneidad propia de las ciudades latinoamericanas y, en particular, la vulnerabilidad del hábitat popular informal. Por este motivo, esta consigna se transformó en las villas y asentamientos en “Quédate en el barrio”.

Según el reporte diario del Ministerio de Salud de la Nación (del 13 de julio de 2020), el AMBA concentraba más del 90% de los casos confirmados del país (Ministerio de Salud de la Nación, 2020). El 7 de abril se conoció el primer caso de COVID-19 en las villas de la ciudad y desde ese momento se produjo un crecimiento exponencial de los confirmados en el marco de la realización de testeos en villas y barrios formales del AMBA.

En el contexto de la pandemia actual se realizaron una gran cantidad de relevamientos, diagnósticos e informes, especialmente de organismos públicos, para dar cuenta de las condiciones sociales de acatamiento de la medida y de su impacto a nivel nacional y en el AMBA en particular. Entre ellos, se pueden destacar los informes de la Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad de Coronavirus COVID-19 (MINCYT-CONICET-AGENCIA) para el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, del equipo del Instituto del Conurbano perteneciente a la Universidad Nacional General Sarmiento y del equipo de investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, liderado por la Dra. María Maneiro (Maneiro et al., 2020), entre otros. De estos estudios, se deriva que la medida de aislamiento fue acatada parcialmente en los barrios populares debido a diversas dificultades en sus condiciones urbanas y económicas. Por este motivo, el objetivo general de este trabajo es profundizar el análisis sobre el impacto de la política del ASPO (en la Fase 1)¹ en la reproducción material de las familias en cuatro villas del AMBA, haciendo eje en sus condiciones sociourbanas y económicas. A partir de este análisis, se busca, en primer lugar, mostrar de qué modo la reconfiguración de las prácticas cotidianas de subsistencia ponen en tensión constante los vínculos entre lo individual/familiar y lo colectivo/ comunitario. Y, en segundo lugar, se pretende debatir la idea -actualmente en boga en los medios de comunicación masiva- de que la crisis sanitaria registrada en las villas se originó con la pandemia. Esta cuestión soslaya las problemáticas estructurales preexistentes.

Según la bibliografía latinoamericana especializada, la población residente en villas y barrios populares se encuentra en una situación de informalidad y precariedad habitacional y de vulnerabilidad económica dada la segmentación del mercado de trabajo -que se caracteriza por su informalidad, precariedad y bajos ingresos- y del mercado de vivienda/tierra -donde el mercado inmobiliario informal fue el intermediario para el acceso al suelo urbano de los sectores populares (Cerrutti y Maguid, 2006; Cravino, 2006; Di Virgilio y Perelman, 2014; Rodríguez et al., 2018; Torres Ribeiro, 2004)-. Por consiguiente, se pretende actualizar y contextualizar estos estudios previos para dar cuenta de la forma coyuntural en la que se presentan los problemas estructurales de antaño.

Las villas seleccionadas son las siguientes: De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Villa 20 (la cuarta más poblada), Villa 31-31 bis (Barrio Padre Carlos Mugica, la segunda más poblada) y Villa Playón de Chacarita (pequeña de 2.700 habitantes); de la zona sur del Gran de Buenos Aires (GBA), la Villa Azul (pequeña, de aproximadamente 4000 habitantes). El barrio de Retiro donde se localiza la Villa 31-31 bis y la zona sur del AMBA -donde se encuentran la Villa 20 y la Villa Azul- presentaron los mayores números de contagios. Esta situación se comprende en el marco de las históricas desigualdades socioterritoriales entre un norte y un sur signados por altos niveles de empobrecimiento y la presencia de una cantidad importante de villas y asentamientos.

En síntesis, las villas bajo estudio, pese a su heterogeneidad en relación con su localización, tamaño e impacto de la pandemia, entre otras, tienen como común denominador la intervención por parte de los gobiernos locales de una política de reurbanización. No obstante, en el contexto actual, han visibilizado distintas aristas de la problemática de la crisis sanitaria, habitacional y económica que se concentra especialmente en las villas del AMBA. De este modo, se pudieron vislumbrar problemas estructurales y estrategias comunes de los hogares frente a la pandemia, trascendiendo así sus especificidades.

A continuación, se exponen las perspectivas teórica y metodológica, para luego presentar una descripción más detallada de los casos seleccionados. Por último, se plantean los resultados de investigación en relación con las dimensiones socio-urbana y económica, seguidos de unas reflexiones finales.

Las urbanizaciones latinoamericanas periféricas presentan un peso importante de la lógica de la necesidad de producción de ciudad que interactúa de forma contradictoria y compleja con la lógica del mercado y del Estado. La producción de urbanización que deriva de la lógica de la necesidad también es conocida como urbanización popular o hábitat popular y representa cerca de la mitad de la superficie y de la población en las grandes ciudades de América Latina (Díaz, 2016; Herzer, 2008; Pírez, 2016). El hábitat popular latinoamericano se caracteriza por la presencia de un conjunto de prácticas desmercantilizadoras de producción y de consumo² que se vinculan estrechamente con la imposibilidad, para amplias fracciones de los sectores populares y trabajadores, de acceder a los bienes urbanos y materiales por intermedio del mercado y del Estado a través de sus políticas públicas.

Desde esta perspectiva es que se adhiere a una concepción amplia de vivienda como hábitat o medio ambiente (Di Virgilio y Rodríguez, 2013). Es decir, se entiende a la vivienda como una configuración de servicios urbanos (servicios habitacionales), los cuales satisfacen un abanico amplio de necesidades, definidos en el devenir histórico como soporte y condición de la reproducción de las relaciones sociales de una ciudad. Estos servicios habitacionales también incluyen a otras viviendas y al conjunto de las externalidades urbanas que son considerados indicadores de salud pública (Rodríguez, 2016; Salazar Antequera, 2001; Yujnovsky, 1984). Dicha definición se orienta a una comprensión integral de la vivienda directamente ligada al goce de las externalidades urbanas y por lo tanto al acceso a las oportunidades sociales y económicas que se derivan de su localización (Oszlak, 1991); vinculándose así con el concepto de “derecho a la ciudad”. Este último implica una multiplicidad de derechos -sociales, económicos y culturales- incluso la reapropiación, mediante un control democrático y colectivo, de los procesos de urbanización y de la relación con la naturaleza (Harvey, 2012).

Recuperando a Jaramillo y Cuervo (1993), las urbanizaciones periféricas o ciudades latinoamericanas presentan desigualdades estructurales tales como la agudeza de la informalidad y precariedad urbana y laboral, la deficiente provisión de valores de uso colectivo y una intensa segregación residencial que dan lugar a un desarrollo urbano desigual (Harvey, 2004; Smith, 2006). Como planteó Herzer (2008), los sectores populares pueden participar simultáneamente en actividades formales o informales del mercado de trabajo y de tierra/vivienda, teniendo la primera un impacto en las condiciones habitacionales y de vida.

De acuerdo con la definición de informalidad urbana propuesta por Clichevsky (2003) que refiere al aspecto dominial -basado en la falta de títulos de propiedad (o contratos de alquiler)- y al proceso de urbanización en cuanto al incumplimiento de las normas de construcción de la ciudad, dando lugar a diferentes situaciones de precariedad urbano-ambiental (Díaz, 2015). A partir de diferenciar los atributos que conforman esta categoría, es posible identificar en el hábitat popular diversas vinculaciones entre informalidad y precariedad urbana. Por otra parte, la informalidad laboral no es sinónimo de ilegalidad. La diferencia fundamental entre la economía formal y la informal guarda relación con la forma en la que es producida o intercambiada como actividad económica no regulada por el Estado. Además, la precariedad laboral puede existir tanto en actividades formales como informales (Neffa, 2010).

Las villas conforman un tipo de hábitat popular segregado (informal y precario) que expresan la brecha existente entre la producción capitalista de vivienda y su demanda social existente. Aunque su población se redujo drásticamente debido a las políticas de erradicación de villas de la última dictadura militar (1976-1983), actualmente han crecido en cantidad y tamaño a partir de las transformaciones estructurales que trajo consigo la globalización neoliberal impuesta desde mediados de la década de 1970.

En este contexto, se profundizó -con la complicidad de las políticas estatales- la acumulación por desposesión (Harvey, 2004) de los sectores populares a partir de un proceso creciente de (re) mercantilización de las condiciones materiales de reproducción de la vida cotidiana que en las ciudades latinoamericanas agudizó sus desigualdades estructurales preexistentes³. Parafraseando a Brenner y Theodore (2002) respecto a la importancia de contextualizar el “neoliberalismo realmente existente”, aquí abordaremos la “vivencia realmente existente” de la pandemia de los sectores populares.

Las hipótesis de este artículo tienen como fin analizar, de manera comparativa, el impacto de la pandemia en su configuración urbana y laboral en distintas villas del AMBA. La primera afirma que, dadas las precarias condiciones urbanas y habitacionales, la crisis sanitaria es previa a la pandemia y se profundizó en este contexto. Aunque esta hipótesis se asienta en un extenso antecedente bibliográfico, por varios motivos se considera importante su planteo, destacando, por ejemplo, la relación teórica entre hábitat y salud pública, escasamente abordada. De este modo, se intenta visibilizar cómo estas condiciones habitacionales agravan la situación sanitaria de los hogares ante medidas de aislamiento estricto. Cabe señalar que este artículo se enfoca en el déficit habitacional cualitativo (Rodríguez, 2016) como indicador de la precariedad habitacional que comprende un análisis de la provisión de infraestructura y servicios (cloaca, agua, gas y luz) y calidad constructiva de la vivienda y hacinamiento.

Asimismo, la situación laboral de precariedad absoluta -que tiene un impacto en las condiciones habitacionales en el marco de limitadas políticas habitacionales- explica la masificación de las prácticas desmercantilizadoras de producción y consumo de los sectores populares. Aunque las urbanizaciones han estado caracterizadas por estas prácticas, en un contexto de pandemia y masiva desocupación, ponen en crisis -aunque sea de manera parcial o coyuntural- el contexto neoliberal de mercantilización de la vida cotidiana.

Para llevar a cabo esta investigación se aplicó una estrategia metodológica multimétodo, que combina procedimientos cuantitativos y cualitativos. Los datos primarios cualitativos derivados de la realización de 16 entrevistas semiestructuradas en profundidad a través de medios no presenciales a referentes territoriales que actuaron como informantes clave, permitieron abordar la situación actual⁴. Esta metodología se complementa con el análisis de datos de fuentes secundarias como documentos y datos producidos por organismos públicos para abordar la situación socio-urbana y económica de la población previa a la pandemia. Además, se realizó un análisis estadístico a partir del REDATAM disponible del último Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de Argentina (2010) y de los informes de los censos realizados por el Instituto de Vivienda de la ciudad (IVC), la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) y la Dirección Provincial de Estadísticas de la Provincia de Buenos Aires.

En Argentina, la crisis mundial de 1929 marcó tanto el agotamiento del modelo agroexportador como la aparición de las condiciones para el desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, configurando al AMBA como el centro fabril e industrial por excelencia.

En este contexto internacional, las villas del AMBA se consolidaron especialmente en tierras fiscales como lugares alternativos para ser ocupados, en primera instancia, por migrantes internos y, con posterioridad (especialmente a partir del 2000), por migrantes de países limítrofes que no podían costearse el valor de una pieza de alquiler (Cravino, 2006; Di Virgilio et al., 2010). En la CABA, las villas pueden ser centrales (zona portuaria, zonas ferroviarias) u ocupar el sector sur, próximo al Riachuelo -como es el caso de la Villa 20- con un trazado irregular que contrasta con el damero propio de la ciudad formal bajo condiciones de pésima habitabilidad (falta de agua y cloacas, edificaciones precarias, hacinamiento, vulnerabilidad ambiental, etc.); en el Gran Buenos Aires (GBA), se localizan en los partidos de la “primera corona”, alrededor de la CABA.

La Villa 20 de la zona sur de la ciudad (en el barrio Lugano de la Comuna 8)⁵, la 31-31 bis ubicada en el barrio porteño de Retiro (Comuna 1) y la Villa Azul en la zona sur del GBA surgieron entre las décadas de 1930 y 1950, conformando las primeras villas del AMBA. La Villa Azul tiene la particularidad de ser un macizo compartido por los municipios de Avellaneda y Quilmes. En cambio, la villa hoy conocida como Playón de Chacarita, ubicada en el terreno correspondiente a la playa de maniobras del Ferrocarril Urquiza del barrio de Chacarita (Comuna 15) en la zona centro norte de la ciudad, tiene un origen más reciente -principios de la década de 1990- debido al asentamiento de trabajadores ferroviarios (Paiva, 2017; Vaccotti, 2017).

Las villas generalmente presentan un componente migrante proveniente de los países limítrofes y Perú, crucial para entender sus dinámicas urbanas y laborales. Esta situación representa simultáneamente la dinámica migratoria hacia la Argentina desde la década de 1950 -y especialmente desde la década de 1960 con la crisis de las economías agrícolas de las áreas fronterizas-, cuyo epicentro son las áreas urbanas del AMBA.

Mientras la Villa 20 puede entenderse como un enclave boliviano pues el 42% de los principales sostenes del hogar (PSH) son de esta nacionalidad, el Playón de Chacarita se configura como un enclave peruano (el 45,3% de la población total)⁶ (Aguirre y Legisa, 2016). Cabe señalar que la Villa 20 refleja, en parte, las características de la Comuna 8 que ocupa, según los datos del Censo 2010, el segundo lugar con mayor porcentaje de población extranjera, especialmente de origen boliviana (23,3%), luego de la Comuna 1 (24,8%) (Aguirre et al., 2016). En la Villa 31-31 bis, los extranjeros representan el 49% del total de los habitantes que se distribuyen de manera más equitativa: los nativos de Paraguay representan el 25,1%, los de Bolivia el 12,8% y los de Perú un 10,4% (Secretaría de Integración Social y Urbana [SISU], 2016). En contraste, en la Villa Azul solo un poco más del 4% de la población residente es extranjera -proveniente de Paraguay-. En la Figura 1 se localizan las villas descriptas.

Figura 1
Localización de las villas bajo estudio en el AMBA.
Fuente: elaboración propia

Por otro lado, en las villas porteñas analizadas se destaca la intervención de una política local de reurbanización e integración socio-urbana. Desde el año 2016, el Gobierno de la ciudad (GCBA) impulsó la sanción de leyes fragmentadas por villas especialmente en comunas donde se promueven grandes proyectos urbanos y/o la construcción de grandes infraestructuras asociados a procesos de renovación urbana y al desarrollo inmobiliario-especulativo y productivo (de industrias “blandas”)⁷. Pese a que en estas villas ocurrió un gran avance en la construcción de nuevas viviendas sociales, el tendido de infraestructura y servicios quedó rezagado, aun cuando estas eran intervenciones estipuladas por Ley. En la mayoría de las villas de la ciudad el órgano responsable y ejecutor de la política de reurbanización es el IVC, excepto en la Villa 31-31 bis que es la SISU.

En cambio, en la Villa Azul no hay una ley de reurbanización vigente. Solo una parte minoritaria fue urbanizada en el marco del plan de reurbanización impulsado por el Municipio de Avellaneda, junto al Programa Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en el año 2009. Este plan incluyó obras de infraestructura, equipamiento y construcción de viviendas sociales que se fueron adjudicando hasta el año 2017 inclusive⁸. De este modo, en gran parte de la villa subsiste la precariedad urbana y habitacional que expresa la vulnerabilidad general del Municipio de Quilmes. En la Tabla 1 se consignan sus características generales.

Tabla 1
Características generales de las villas del AMBA bajo estudio intervenidas por una política de reurbanización.

Fuente: Elaboración propia según el Censo del IVC (Aguirre et al., 2016; Aguirre y Legisa, 2016), datos del Ministerio de Hacienda y de la SISU del GCBA (2016) y el Censo de Población, Hogares y Vivienda de OPISU-DPE (“Informe Censo Villa Itatí”, 2019).

En resumen, los procesos de reurbanización generaron desigualdades urbanas entre un “macizo” precario -producto de la autoconstrucción y producción social del hábitat- donde se presentan demoras en el tendido de servicios e infraestructura y el terreno donde se concentran las viviendas nuevas recientemente construidas debido a sus características constructivas, provisión de servicios básicos y resolución del problema del hacinamiento.

En este apartado se pone de manifiesto la primera hipótesis planteada acerca de la existencia de una crisis sanitaria previa a la pandemia actual derivada de la situación de precariedad habitacional y vulnerabilidad ambiental del macizo de las villas debido a las limitaciones del proceso de reurbanización. Estas precarias condiciones habitacionales dificultan la posibilidad de los hogares de llevar a cabo ciertas medidas mínimas de prevención. En contrapartida, se destaca la disminución significativa del riesgo sanitario para un grupo minoritario localizado en las viviendas nuevas. Esta problemática se encuentra generalizada en la zona sur del AMBA a diferencia de la zona norte, focalizada en territorios específicos, dada la manifiesta desigualdad histórica y estructural.

A continuación, se actualizan los indicadores de precariedad de las condiciones habitacionales del macizo de las villas bajo estudio en comparación con sus comunas y jurisdicciones de pertenencia relevados por organismos públicos (Tablas 2, 3, 4 y 5).

Tabla 2
Indicadores de condiciones habitacionales. Total de hogares de la Villa 20, Comuna 8 y la CABA. En porcentaje. 2010 y 2016.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010 y Aguirre et al., 2016.

Tabla 3
Indicadores de condiciones habitacionales. Total de hogares de la Villa Playón de Chacarita, Comunas 15 y la CABA. En porcentaje. 2010 y 2017.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010 y Aguirre y Legisa, 2016. * Se omite la categoría “Calidad constructiva de la vivienda” por falta de registro para del sector.

Tabla 4
Indicadores de condiciones habitacionales. Total de hogares de la Villa 31/31bis, Comunas 1 y la CABA. En porcentaje. 2010 y 2017.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, 2010 y los datos relevados por Defensoría del Pueblo y ODS - UCA en el año 2017.

Tabla 5
Indicadores de condiciones habitacionales. Total de hogares de Villa Azul, Quilmes y GBA. En porcentaje. 2010 y 2018.

Fuente: Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010 y el Censo en Barrios Populares de la Provincia de Buenos Aires de 2018.

Previamente a una descripción detallada por villa, cabe señalar algunos elementos más generales. Como ya fue mencionado, la zona sur de la CABA presenta condiciones habitacionales y de vida más vulnerables por debajo de la media de la ciudad respecto al norte, configurando a la Comuna como un territorio segregado. La Comuna 1 es un territorio de polarización social en tanto se localizan villas y asentamientos y uno de los barrios más lujosos, Puerto Madero (Rodríguez, 2016). Esta situación norte-sur se replica en el GBA, aunque los niveles de pobreza (que impactan negativamente en sus condiciones habitacionales) son más altos que en el promedio nacional y en la CABA (Beccaria, 2017).

Respecto a las condiciones habitacionales, en las villas del AMBA se destaca el acceso mediante conexiones informales a los servicios básicos e infraestructura urbana de una calidad insuficiente. Esta cuestión provoca la exposición de los hogares a enfermedades infecciosas y a múltiples problemas. Si bien entre el 86% y más del 90% de las viviendas de las villas examinadas desagotan en una red cloacal, se presentan múltiples dificultades por su irregularidad y precariedad. En la Villa 20 el porcentaje de hogares sin red cloacal es mínimo (1,6%) en comparación con las villas de la CABA estudiadas y especialmente con la Villa Azul (96%). No obstante, su problemática se vincula con su conexión a la red pluvial que genera un colapso del sistema. Respecto a la provisión del agua potable, la escasa presión en diversas manzanas y las reiteradas interrupciones impactan negativamente en las condiciones de vida de los hogares.

Según las entrevistas, en la Villa 31-31 bis el principal problema es el acceso al agua potable, en cambio, el resto de las infraestructuras aparentemente tendrían una mayor consolidación. Esto pese a que más del 14% de los hogares no cuentan con red cloacal, porcentaje que supera la situación de las villas de la CABA:

El desagüe cloacal y pluvial funciona bien, hace mucho que no nos inundamos. La conexión eléctrica es estable hace dos años, tengo térmica en mi casa. El alumbrado público no funciona bien. Para cocinar uso garrafa, se consigue, pero aumentó el precio por la cuarentena. Es muy importante que garanticen el acceso al agua en todo el barrio por los diversos problemas que ocasiona (Valentina, referente del macizo, Villa 31-31 bis).

Esta deficiencia histórica en relación con la provisión de agua potable se agravó durante la pandemia. Diferentes referentes históricos de esta villa fallecieron por COVID-19. Un caso emblemático fue el de la referente Ramona Medina, quien había denunciado -apenas semanas antes de su fallecimiento- este acuciante problema. Estos graves problemas de abastecimiento se suscitaron por obras que la SISU no terminó en tiempo y forma. Asimismo, los camiones cisterna no llegaron a todos los sectores de manera adecuada.

Por consiguiente, la consigna de “lavarse las manos” para prevenir el virus se convierte en toda una hazaña en el macizo de las villas debido a los cortes frecuentes del servicio de agua y -en el mejor de los casos- previo reclamo al Ministerio local correspondiente se proveen a través de los camiones cisterna. Esto genera toda una movilidad cotidiana a partir de la necesidad de salir de sus viviendas para ir a buscar el agua en unos recipientes. Salta a la vista, entonces, el contraste con el área colindante donde se ubican las viviendas nuevas. Los siguientes relatos son una muestra de aquello:

El camión cisterna entrega agua gratuita y pasa cuando van a reclamar (…). Se hace el reclamo por manzana. Se juntan todos los vecinos para reclamar y como organización también vamos a reclamar por el comedor (...). Casi toda la villa se maneja así: tenés que cargar agua a la mañana o a la madrugada, cargar a los tanques de agua para que tengas para todo el día, directo así no. Tomamos el agua del camión cisterna y lo subís al tanque. A veces en el día no hay presión, no hay agua (Entrevista a Rosario, referente del macizo, Villa 20).

En la villa veo que están sufriendo muchísimo, veo que hay cortes de luz y como ellos no tienen no pagan mensualmente la luz, tienen que esperar hasta que les conecte la luz. Acá no, si se nos va la luz, llamamos a la empresa y nos activan (Entrevista a Ximena, referente de la vivienda nueva, Villa 20).

El camión de la UGIS⁹ sigue llegando porque nunca llegó el agua. Algunos tienen un pozo en el piso, cargan ahí en la noche con bombas de agua lo poquito que va goteando y de ahí suben a su tanque de arriba … El IVC hizo un anillado alrededor (...) con algunas entradas, pero esas entradas no tienen presión y en algunas manzanas ni sale el agua. Y en manzanas que tenían el agua clandestina, que en su momento cada uno se hizo, llega un hilito que a veces ni llega (Mariluz, referente del macizo, Villa Playón de Chacarita).

En el barrio nuestro, gracias a Dios, tenemos gas natural, agua corriente, cloaca. En la otra parte, si bien tienen agua, tienen pozo ciego para el baño y se manejan con garrafas. Y a los comedores eso (por las garrafas) no se lo banca el gobierno, entre ellos ponen (...). Mi familia que vive en la villa, por ejemplo, cuando se termina el gas van al almacén (Verónica, referente del área urbanizada, Villa Azul).

Además, las viviendas están conectadas informalmente a la red eléctrica que expone a los hogares a una vulnerabilidad extrema. En la Villa 20 su precariedad se vincula con la existencia de postes pegados a los hogares y de transformadores cercanos a los domicilios. Durante el año 2013 se sucedieron numerosos incendios con consecuencias fatales originados por estos motivos y también por el uso predominante de la garrafa, que impacta negativamente en la economía familiar. Esta situación de informalidad y absoluta precariedad urbana se integra en un contexto ambiental vulnerable con la presencia de basura dispersa, anegamientos focalizados por deficiencias de drenajes superficiales y zanjas a cielo abierto con agua contaminada. Por ejemplo, gran parte de los hogares de la Villa Azul, según el censo de 2018, se ven afectados significativamente por basurales (46,7%), olores fuertes (59,5%) y desbordes cloacales (24,9%).

Por ende, las previas crisis habitacional (ambiental) y sanitaria, en un marco general de hacinamiento crítico de los hogares¹⁰, se profundizaron en pandemia. En relación con esto último, en la Comuna 8 existe un rebrote de tuberculosis y casos de dengue que ubican a la población, especialmente de la zona sur en su conjunto, dentro de una mayor vulnerabilidad. Las siguientes citas manifiestan esta crítica situación:

(...) [E]n la Comuna 8 tenemos un rebrote de tuberculosis y también el gran problema que tenemos es el dengue, que hay muchísimos casos de dengue así que estamos con muchísimas más problemáticas que se van a ir profundizando con el correr de los días (Eliana N., pertenece a la Junta vecinal de la Comuna 8).

Desde la Mesa de crisis reclamamos que los servicios lleguen regularmente, que si se corta la luz vengan a arreglarlo, que los camiones cisterna se garanticen, porque tampoco hay agua. También reclamamos la desinfección y desratización, porque en este momento tenemos un foco de dengue y de tuberculosis (Mariluz, referente del macizo, Villa Playón de Chacarita).

El dengue también es un problema muy grave y poco atendido (Valentina, referente del macizo, Villa 31-31bis).

En la Villa Azul, los siguientes datos son ilustrativos: el 8% de los habitantes declaró haber tenido vómitos, diarreas y/o fiebre alta en los tres meses anteriores a la realización del Censo (“Informe Censo”, 2019). En síntesis, el crítico estado de salud preexistente de la población de las villas se conecta en primer lugar con las condiciones habitacionales y ambientales en el marco de políticas públicas limitadas.

En este apartado se intenta abordar la hipótesis respecto a la masificación de las prácticas desmercantilizadoras de producción y consumo de los sectores populares, vinculada a la precariedad e informalidad laboral de los hogares. Esta característica se vincula con la segmentación del mercado de trabajo según condición migratoria (y pertenencia de género), asociada además a una situación documentaria irregular que, sumada a la estigmatización territorial (Wacquant, 2007), ubica a la población residente en villas en empleos informales, precarios y de menor calificación; produciéndose así múltiples desigualdades¹¹.

Según un relevamiento realizado por Agenda Migrante 2020, más del 80% de las personas migrantes no recibieron el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia)¹² brindado por el Gobierno Nacional en este contexto debido fundamentalmente a diversos obstáculos administrativos y a una clara discriminación estatal (Gavazzo y Penchaszadeh, 2020)¹³.

Por ende, esta situación también es previa a la pandemia. Según información oficial del Censo IVC (Aguirre et al., 2016; Aguirre y Legisa, 2016), el 74% de la población de la Villa Playón de Chacarita y el 77% de la Villa 20 no tienen cobertura de prestaciones sociales. En la Villa 31-31 bis a partir de una entrevista realizada a un funcionario de alto rango se pudo estipular que aproximadamente el 75% de la población tampoco cuenta con esta cobertura. En contraste, las familias de Villa Azul no tuvieron inconvenientes en cobrar el IFE, cuestión que puede vincularse con la composición poblacional descripta.

En las villas se concentran los trabajadores ocupados en empleos informales, precarios e inestables, con salarios por debajo de la media de la CABA, además de la población trabajadora desocupada, con una fuerte presencia del desempleo estructural. Esto da cuenta de la desigualdad interna y del empobrecimiento de ciertos segmentos dentro de la clase trabajadora, configurando a la población migrante como la fracción más empobrecida de los sectores populares. En la Villa Azul, en la porción urbanizada del partido de Avellaneda, existe un número significativo de personas empleadas por el Municipio para realizar diversas tareas enfocadas en trabajos de mantenimiento. Esto último generó una desigualdad al interior de la villa ya que se conformó una fracción minoritaria de trabajadores estatales formales con mejores ingresos.

No obstante, la situación del ASPO impactó en la totalidad de los trabajadores indistintamente de la desigualdad económica y habitacional presente en su interior frente a un contexto de inflación galopante¹⁴. Aquellos que pudieron preservar sus empleos, vieron sus ingresos reducidos, dándose al mismo tiempo un aumento del desempleo forzoso de las familias de las villas del AMBA debido al confinamiento, especialmente si tenemos en cuenta el peso del cuentapropismo. También al interior de las villas, en la Fase 1 de la cuarentena, cerraron los locales comerciales y ferias que ocupaban la vía pública y vendían sus productos a precios inferiores. Cabe aclarar que dicha situación laboral se manifiesta tanto en los hogares residentes en la vivienda nueva como en el sector del macizo, viéndose ambos afectados en el marco del ASPO:

La mayoría de mis vecinos trabaja por cuenta propia o en negro, les quedó mal, no tienen un sueldo, son albañiles o costureros o son una persona de limpieza en las casas, y ahora con esto lo que está pasando no pueden ir a trabajar ni para reclamar un sueldo, como trabajan en negro no pude reclamar (...). La mayoría quedaron rechazados (IFE), mi hija hizo el trámite y no ingresó (...). Algunos tienen AUH¹⁵, algunos no tienen nada. Muchos no tienen, porque han estado trabajando de manera independiente o trabajas en negro y no te dan el permiso, no tienen tiempo para el hacer el trámite (Entrevista a Rosario, referente del macizo, Villa 20).

Yo trabajo en blanco no tengo, yo trabajo al día, trabajo en negro. Hacia costura, textil ropa. Tenía que hacer un viaje para ir a mi trabajo, en Villa Celina (...). Cuando fui a repartir con el IVC, nadie está trabajando (...) La mayoría son costura, pero lo hacen ahí en donde viven, en la villa, son talleres chiquitos, no están en blanco. Trabajan en taller, la mayoría de mis paisanos (de Bolivia) trabajan solo de eso (...). Mi marido era albañil, en construcción, pero en negro, el DNI lo está tramitando, tiene solamente la precaria (Ximena, referente de las viviendas nuevas, Villa 20).

Algunos trabajaban por hora en casas de familiar, otras eran vendedoras de café en carritos en la calle, otros que salían a juntar cartones o changas. Estos trabajos ya no se pueden hacer más ahora por la cuarentena. Estos son vecinos que ahora están en la vivienda nueva. Otros trabajaban desde la vivienda, preparaban alimentos y los salían a vender afuera. Esos trabajos también están parados (Liliana, referente de la vivienda nueva, Villa Playón de Chacarita).

Solicité el IFE pero me salió denegado al principio, tenía Ciudadanía Porteña pero me lo cortaron hace dos años. Volví a intentar y finalmente me otorgaron el IFE luego de mucho insistir. El trabajo que realizo en el Bachillerato Popular es remunerado y en casa tengo un pequeño negocio de comida rápida que tuve que cerrar porque no vendo nada y los sábados participaba de la Feria al Plato donde suelo cocinar comida paraguaya. Pero la Feria no está abriendo y no hay ventas en mi negocio. Estamos sobreviviendo como podemos (Valentina, referente del macizo, Villa 31-31 bis).

Los ingresos se redujeron en más del 50%. En general están todos dependiendo de los comedores y de la ayuda del Estado. No es lo mismo que antes. Antes yo me iba a comprar toda la oferta de la papa, de las verduras, y ahora tengo que comprar al menudeo. Es una gran diferencia (Verónica, referente del área urbanizada, Villa Azul).

Ante este escenario que conlleva también una emergencia alimentaria, los comedores tuvieron un rol protagónico en la reproducción de los hogares de las villas analizadas. En general, están a cargo de mujeres migrantes que realizan un trabajo esencial -invisibilizado y no remunerado- que forma parte de estas prácticas desmercantilizadoras por “abajo”. Al mismo tiempo, el IVC y la SISU desarrollaron un conjunto de políticas desmercantilizadoras por “arriba”. Por ejemplo, el IVC creó una Mesa de Emergencia del COVID-19 donde se consensuan protocolos y procesos internos consensuados con referentes y organizaciones locales, como es la entrega -por parte de las organizaciones barriales- de bolsones de alimentos a un grupo de familias seleccionadas y el aumento de raciones de alimentos para los comedores en el marco de la política local de “Seguridad Alimentaria”.

Asimismo, la SISU creó un nuevo sector de “contención social” que dispone de un área denominada “asistencia alimentaria” que otorga soporte al Ministerio de Educación del GCBA para la entrega de viandas a niñas/os, para la centralización y distribución de la donación de alimentos y el seguimiento a los comedores, a los cuales se les duplicó la cantidad de raciones de comida entregada semanalmente. A diferencia de la Villa 20, en la Villa 31-31 bis, se conformó un Comité de Crisis, en un primer momento por fuera de la SISU, integrado por 68 comedores y merenderos y organizaciones sociales, políticas y religiosas, que logró integrarse al Consejo de Gestión Participativa estipulada por la Ley de reurbanización vigente. Desde este Comité se realizaron diversos reclamos al GCBA, entre ellos exigieron que declaren la "emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria”.

De hecho, la emergencia alimentaria es de tal magnitud que los referentes entrevistados sostienen que los comedores existentes en las villas no están pudiendo asistir a todas las familias necesitadas. Una de las causas que empeoró la situación fue el cierre de algunos comedores debido al contagio de COVID-19 de sus trabajadoras.

En la Villa Azul, ambos Municipios también entregaron raciones de comida a los comedores, que en este contexto se multiplicaron. No obstante, en el mes de mayo de 2020 con el rebrote de 53 casos confirmados de COVID-19, todos los comedores cerraron y la entrega de alimentos se realizó directo a las familias. Luego de este episodio, solo unos pocos comedores volvieron a abrir y se dejó de entregar bolsones de alimentos.

En este contexto de escasez o nulos recursos económicos, las familias -las que residen en el macizo y en las viviendas sociales-, se proveen de los alimentos principalmente a partir de los comedores que funcionan todos los días. Además, aquellas familias con hijos en edad escolar reciben de la escuela pública una bolsa de alimentos cada 15 días.

Ante la magnitud de la crisis sanitaria y económica y las deficientes e incompletas respuestas estatales¹⁶, la trama organizativa existente tuvo un rol fundamental en las luchas anteriores por reurbanización y actualmente contiene la emergencia alimentaria. Los siguientes fragmentos dan cuenta de nuestra hipótesis acerca de la presencia de una masificación de las prácticas desmercantilizadoras, latentes entre los sectores populares, que ponen en crisis el proceso neoliberal de mercantilización de la reproducción de la vida cotidiana:

(...) [E]l hecho de ganarse el pan de cada día en condiciones económicas "normales" ya es difícil, pero en un contexto de pandemia y cuarentena se hace casi imposible hacerlo ahora (...). Los comedores comunitarios no dan abasto ante tanta demanda (...). (Entrevista a Marcos, referente del macizo, Villa 20).

Hacemos la comida, la cena para 800 personas en un solo día, repartimos 800 raciones tanto de cena y de merendero (...). Tenemos un montón de lista de espera. Antes era 585, el gobierno nos aumentó la ración, pero nosotros intentamos alargarlo más porque hay muchas familias y mucha gente que está desocupada (...). (Entrevista a Rosario, referente del macizo, Villa 20).

En el jardín de mi bebé me dan mercadería una vez por semana, fideos, arroz. Después tenemos un local en la cooperativa que hay veces que nos dan algo de verdura. Termino saliendo todos los días porque me dicen “vení a buscar comida acá” y vamos y retiramos (Georgina, referente de la vivienda nueva, Villa Playón de Chacarita).

Los vecinos de vivienda nueva también vienen al barrio a buscar la comida. Y si hay familias que están aisladas y sabemos que retiran la comida de tal comedor, nos organizamos para dar una mano (…) (Mariluz, referente del macizo Villa Playón de Chacarita).

Las familias, por ejemplo, más carenciadas, que siempre tuvieron un nivel más bajo que todos, aquellos que no tienen por ejemplo un trabajo en blanco y todo eso, los que más o menos vivían el día a día y los que contaban con planes, o mismo trabajaban para las cooperativas y tenían un sueldito así precario, a ellos, como siempre, como en todos lados, le afectó más que a otros, porque nos dimos cuenta que acuden ahora a los merenderos y a los comedores, donde está abierto al mediodía, a la noche, van a buscar. Pero también se ve la gente que estaba en buena posición económica, que también van. Van a buscar la comida o preguntan si se puede ir a buscar (...). Algunos tienen vergüenza, ¿Viste? (Marcela, referente del macizo, Villa Azul).

Antes había uno o dos comedores en el barrio, ahora tres veces más. Algunos lo hacen a pulmón, otros tienen agrupaciones y otros los ayuda los municipios (...). Ambos municipios están respondiendo de la misma manera. Ayer hablábamos con los responsables de un comedor y dice que le bajan raciones de los dos municipios, porque está al límite (...). Pero dentro de la villa hay varios comedores, que antes no existían (Verónica, referente del área urbanizada, Villa Azul).

Finalmente, la vulnerabilidad extrema que viven las familias de las villas analizadas nos indica que la solución habitacional es una condición necesaria pero muy insuficiente para el acceso a un pleno derecho a la ciudad. Por este motivo, esta situación urbana y económica crítica de las villas del AMBA habilita la reflexión acerca de los límites de la planificación estatal y nos coloca ante el desafío de repensar una solución estructural e integral al denominado problema del “hábitat popular latinoamericano”.

Este artículo comprende una reflexión colectiva sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en la reproducción material de las familias en cuatro villas del AMBA en contexto de confinamiento, a partir del desarrollo de una metodología multimétodo que nos permitió captar la situación en distintas escalas sociales y territoriales.

A partir de este análisis, nos propusimos comprobar de manera preliminar dos hipótesis de trabajo. En primer lugar, la crisis sanitaria que a primera vista parece ser una novedad que trajo la pandemia, en realidad es previa en las villas del AMBA, a pesar de la existencia de procesos de reurbanización desarrollados por los gobiernos locales. Cabe mencionar, como ejemplos, los rebrotes de tuberculosis y de casos de dengue en las Villa 20, Playón de Chacarita y la Villa 31-31 bis, así como el alto porcentaje en la Villa Azul de familias con vómitos, diarreas y/o fiebre alta debido a las condiciones ambientales y habitacionales.

En este sentido, los principales problemas relevados en los macizos de las villas ponen de manifiesto una desigualdad sociourbana evidente en las áreas donde se construyeron las nuevas viviendas sociales. En este marco, las posibilidades de llevar a cabo las medidas de prevención no solo son mínimas -dadas las condiciones habitacionales y ambientales-, sino que además requieren de una movilidad cotidiana que va en contra de esa prevención buscada.

En segundo lugar, la hipótesis acerca de la existencia de una masificación de las prácticas desmercantilizadoras de los sectores populares, que se conjugan con las desarrolladas por los gobiernos locales, ponen en crisis (aunque sea parcialmente y de manera coyuntural) el proceso neoliberal de mercantilización de la reproducción de la vida cotidiana. Esto sucede dada la estrecha relación entre la emergencia económica causada por el aislamiento y la precariedad e informalidad laboral previas que se vinculan con la segmentación laboral según condición migratoria, pertenencia de género y tipo de hábitat de residencia.

A pesar de las desigualdades socioeconómicas y urbanas presentes en las villas, el ASPO empujó a un mayor número de familias a los comedores barriales. En estos comedores son las mujeres, en general migrantes provenientes de los países limítrofes y Perú, las que están llevando a cabo una tarea de reproducción social esencial, no reconocida ni remunerada por el gobierno local. Por este motivo, consideramos que la vulnerabilidad económica extrema en que viven las familias indistintamente es un ejemplo más de que la solución habitacional es una condición necesaria pero no suficiente para el acceso a un pleno derecho a la ciudad. En este sentido, es pertinente reflexionar sobre la necesidad de políticas integrales que comprendan la condiciones habitacionales y laborales de manera conjunta.

Finalmente, este trabajo forjó nuevas preguntas de investigación; por ejemplo: ¿cómo afectó el cierre de las fronteras para aquellos migrantes que mantienen relaciones de plurilocalidad con sus países de nacimiento? y ¿cómo impactó el ASPO en los inquilinos (sector vulnerable y bajo amenaza constante de desalojo debido a su situación irregular)? Ante todos estos antecedentes se estima necesario profundizar en el análisis de las políticas estatales en este contexto urbano desigual, donde una vez más la zona sur del AMBA es la más afectada y perjudicada.