Introducción

Es una morada humilde -añadió- por citar una expresión favorita de mi amigo Heep, pero puede que tan solo sea un peldaño hasta ocupar un alojamiento domiciliario más ambicioso (David Copperfield, Charles Dickens).

Existe una evidente contradicción en los modos de producción y acumulación de capital en la era de las finanzas: la relación entre el trabajo como vehículo principal en la generación de riqueza y la autonomización relativa del mundo financiero. Las teorías críticas de la ortodoxia marxista han descrito esta etapa sin compasión alguna con las bases que El Capital ha instalado, al menos en el primer libro y apoyándose en la tercera sección de esta clásica obra. Las razones, variopintas, reflejan la necesidad de explorar la dimensión invisible y casi emocional en la producción del capital, cuya actual situación conduce a la reflexión de Engels acerca de la plusvalía de los solares y las rentas agrícolas expuestas a conversión de propiedad urbana (Marx, 2017).

Con Jappe (2020), Postone (2007) y Kurz (2014) se establece el cuño más crítico del régimen de acumulación financiera, entendiéndolo como un nuevo e indeterminado horizonte de relaciones sociales multidimensionales. Si bien ninguno de los tres atendió a la cuestión urbana o de la vivienda, trabajos como los de Fix y Arantes (2021), Aalbers (2019) y Pike et al. (2014), entre otros, situaron los efectos de este giro hacia las finanzas en el espacio de las ciudades globales. La relación entre excedentes y expansión vertical y horizontal en los paraísos petroleros, por ejemplo, produjo entornos espejados de rascacielos desocupados sin otra expectativa que dar corporalidad a la especulación en los precios del petróleo, los bonos soberanos y paquetes de deuda futura, vehículos financieros coadyuvantes en la crisis de ajuste financiero global, denominada sub-prime en el Norte Global.

Por su parte, los Estados latinoamericanos salieron a defenderse de la crisis promoviendo el alquiler de viviendas por sobre la compraventa, la capitalización de las empresas energéticas públicas y algunos paquetes de asistencia en sintonía con las redes de protección promovidas por el Banco Mundial con anterioridad a 2008. Este año cero de una renovada e indeterminada era del capital financiero inaugura la consolidación del proyecto subsidiario de los gobiernos latinoamericanos, con el objetivo de canalizar recursos fiscales hacia la industria inmobiliaria, reconociéndola en su relevancia para la productividad, el empleo y la inversión. El aporte fiscal a la vivienda queda ensamblado a la propulsión del mercado residencial y el derecho a la vivienda se distancia del objetivo histórico de equidad, ajustándose a la receta chilena de competencia entre las distintas dimensiones de la vulnerabilidad socioeconómica para condicionar el acceso a la vivienda en propiedad. De ahí que Argentina con el Pro.Cre.Ar e INFONAVI lanzara políticas de subsidio a la vivienda diferenciadas; al igual que Brasil con los programas Favela Barrio y Minha Casa Minha Vida o México con el SEDATU (Hidalgo, Alvarado, Quijada et al., 2017; Salinas y Pardo, 2020; Soares y Sobarzo, 2021).

Las evidencias señaladas exponen una sofisticada versión del subsidio a la vivienda, en donde la relevancia está en la capacidad de producir un objeto residencial de mercado, más próximo a los productos financieros -hipotecas, créditos de consumo general, tarjetas de crédito- que a las anteriores lógicas de préstamo asociados a cajas de ahorro de las clases obrera y trabajadora. El ejemplo chileno es clave en este giro: con la creación del Servicio de Vivienda y Urbanización en 1976 y el ingreso de la banca comercial al mercado hipotecario para complementar el subsidio, se genera una relación hasta la fecha inseparable entre la gestión del acceso a la vivienda por parte del Estado y la liquidez de capital que representan estos aportes. En 2020, por ejemplo, el monto total del presupuesto nacional dedicado a subsidios habitacionales de compraventa de viviendas nuevas y usadas alcanzó 3.015 millones de dólares, cifra para nada despreciable para una industria que alcanzó un 6,4% del producto interno bruto chileno en 2018 (“Industria de la construcción”, 2018).

Estos antecedentes permiten configurar la exploración sobre las dimensiones y resultados críticos de este ensamblaje entre financiarización inmobiliaria y subsidio presentes en el caso chileno como propósito del manuscrito. Las operadoras de la construcción y el mercado de la vivienda subsidiaria, canal de capital real trasladado desde la competencia de las precariedades en la asignación de subsidios hasta la consolidación de la casa propia, representan una estructura subsidiaria residencial sofisticada y ágil, incluso en tiempos de crisis. Esta ingeniería tecno-política es la que ocupa la centralidad del trabajo, buscando develar las rutas de bancarización de la vivienda subsidiada a partir del impulso de nuevos valores urbanos, como la integración social y territorial.

La síntesis de esta discusión se canaliza a través de la integración social y territorial, en tanto producto de esta estructura para articular la demanda por vivienda con el ingreso de la banca hipotecaria al negocio de la vivienda subsidiada. Finalmente, se espera analizar el aparato crítico de la cuestión de clase que oblitera este sistema financiero, productor de categorías y realidades concretas, más allá de su flexibilidad y abstracción.

Así, la vivienda se ve totalmente monopolizada por las lógicas que rigen en el sistema-mundo capitalista: competencia, endeudamiento, disciplinamiento, comités de vivienda, ahorro, estratificaciones, marginalidad e intensificación de las tomas de terreno. Estas son características que evidencian la continuidad de las contradicciones irresueltas bajo promesas de integración mediante la masificación de la deuda. Cabe preguntarnos entonces ¿de qué forma están relacionados los procesos de endeudamiento y el acceso a la vivienda en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Urbano? ¿Cómo opera la promesa de integración social a través de la deuda? ¿Qué implicancias tiene para la financiarización de los hogares?

Dado que en Chile la integración social se encuentra mediada por el consumo y la deuda (Mayol, 2019) es totalmente plausible plantear la hipótesis que las políticas de acceso a la vivienda avanzan en ese camino: el endeudamiento masivo para la obtención de una casa. Y dada la segmentación del acceso a la vivienda mediante focalización subsidiaria, la vivienda de integración social orientada a lo que gubernamentalmente se denomina como sectores “medios-emergentes” tiene mejores estándares que algunos subsidios focalizados para las clases populares-vulnerables, generando un notable condicionamiento: endeudarse para acceder a una mejor localización en el espacio urbano.

Sobre la financiarización como estrategia global del capitalismo

Debemos comprender que el desenvolvimiento histórico del capitalismo está lejos de expresarse de forma homogénea y monolítica a lo largo de los siglos que ha dominado. El capitalismo es ante todo un sistema y, sobre todo, un sistema social histórico (Wallerstein, 1988). En esta dimensión histórica hay expresiones constitutivas a los patrones de acumulación del capital las cuales dan forma a una maquinaria de guerra y conquista; la irrupción del orden neoliberal no está ajena a estas dinámicas.

Para desentrañar la dominación neoliberal que involucró la mercantilización de las esferas de la vida, junto a una brutal ofensiva del capital sobre el trabajo, sustentada en el despojo de derechos sociales y la financiarización como piedra angular de la reestructuración económica-política del capitalismo, es necesario precisar la derrota histórica del movimiento obrero y los proyectos revolucionarios que animaron la disputa política en el siglo XX. Tal como lo menciona Lazzarato (2020), el “triunfo” sobre las clases subalternas es parte de la naturaleza y la definición del capital, como lo son la moneda, el valor y la producción. Dicho “triunfo” se expresó a través de dictaduras cívico-militares que movilizaron la tortura, la desaparición y la represión para construir las condiciones propicias para el orden neoliberal. En este sentido las evidencias indican que el giro neoliberal se encuentra ligado a la restauración o a la reconstrucción del poder de las elites económicas (Harvey, 2007).

Dicha alteración y trastocamiento histórico en el marco del capitalismo, implicó drásticos cambios en su fisonomía. Uno de los aspectos cruciales que estructura la ofensiva del capital es la financiarización de la vida, trayendo como condición formas de sujeción mediadas por la deuda, en cuanto dispositivo de disciplinamiento y reproducción del capital. Esto significa que los derechos fundamentales que han constituido toda la era desarrollista en un cierto sentido se titularizan, ampliando la esfera de la financiarización y del individualismo (Mezzadra, 2014).

Entre las reconfiguraciones que instaló la ofensiva del capital se encuentra la centralidad de la deuda en la reproducción de la vida misma. En el capitalismo financiero es imposible librarse de la deuda, porque el capital como moneda, es decir, el crédito, es por definición deuda (Lazzarato, 2015). La deuda y la primacía de la financiarización de la vida implica concebirla como un mecanismo que es geopolítico en cuanto estructuración de relaciones en el marco del sistema mundo-capitalista, como también, individual-biográfico como sujeción disciplinante que rompe estructuras sociales.

Lejos de toda simplicidad y reduccionismo a una crítica moral a las prácticas que se desprenden de la financiarización, tal como sostiene Katz (2015), los banqueros son algo más que estafadores y el endeudamiento es un proceso más complejo que el fraude. El mundo de las finanzas cumple una función estratégica para la reproducción del capital, al movilizar los créditos que amplían el radio geográfico y sectorial de la acumulación (Aalbers, 2017).

Para Santana (2017), la concatenación de los procesos de globalización, neoliberalización y financiarización, produjeron un tipo de urbanización dominada por el mundo inmobiliario, la cual ha sido la principal estrategia de sobrevivencia, reproducción y acumulación del capitalismo. Esta reestructuración puede entenderse como una primarización del segundo circuito de la economía (Santana, 2017), cuestión que para Lefebvre (1974) adquiere la forma de una “polea” que transmite la liquidez del sector primario e industrial hacia al ambiente construido.

En otras palabras: los capitales que se ubicaban en una posición supletoria dentro de la dinámica capitalista-desarrollista, en la consolidación del periodo global-neoliberal-financiarizado, han cobrado ahora protagonismo, resolviendo teóricamente el problema histórico de la sobrecapacidad productiva (Lapavitsas, 2016) y consolidando oportunidades para la absorción de excedentes (Harvey, 2007). En este marco, el proceso general de urbanización y la producción de vivienda han sido engranajes claves para el entrelazamiento de la producción y reproducción de espacio y capital (Harvey, 1990; Hidalgo, Santana et al., 2016; Lefebvre, 2015; Madden y Marcuse, 2019).

En Chile, los intereses capitalistas en el rubro inmobiliario han estado articulados en la Cámara Chilena de la Construcción. Tal como ha mostrado Kornbluth (2021) este es un grupo económico multifacético que ha adquirido yuxtapuestamente las formas de gremio, sociedad por acciones y grupo de negocios. Su poder se ha materializado en la configuración de marcos normativos ad hoc, en el protagonismo dentro de la articulación de un mercado centralizado de capitales financieros y en la diversificación de inversiones (pensiones, salud, educación), donde la innovación en materia de instrumentos financieros ha dado mayor agilidad a la reproducción de capitales y mayores posibilidades de control en la toma de decisiones. Para Santana (2017) la clave de la vorágine inmobiliaria radica en la progresiva desintermediación bancaria del mundo inmobiliario desde fines de la década de los ochenta. Por lo tanto, la profundización de la financiarización ha significado una mayor independencia para el flujo de capitales.

En este contexto, la inversión de los capitales financieros en urbanización (infraestructuras, ambiente construido y espacios residenciales) ha puesto a la vivienda en el lugar de un activo financiero (Harvey, 2017; Marazzi, 2002). La vivienda, entonces, se produce y se distribuye como si fuese una mercancía y no como un bien fundamental para la reproducción de la vida. Su funcionalidad cambia: lo predominante no es que alguien la habite, sino que se aproveche su carácter instrumental como posibilidad de generación de beneficio monetario, expresando la clásica contradicción entre valor de uso y valor de cambio (Harvey, 2017; Madden y Marcuse, 2019).

Metodología

En términos metodológicos se aplicaron técnicas de producción de datos de carácter mixto (cuantitativas y cualitativas). Respecto a las primeras, se analizaron datos estadísticos secundarios proporcionados por el Banco Central de Chile y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Estos corresponden a las colocaciones hipotecarias en vivienda, la presencia del subsidio en el financiamiento de la vivienda principal, los montos de deuda asociados y la periodicidad, inversión y tipo de subsidios, respectivamente. Las colocaciones hipotecarias en vivienda son relevantes para el análisis de la relación entre producción de espacio residencial y endeudamiento, puesto que dan cuenta de préstamos que entregan los bancos para la adquisición de una propiedad ya construida o un terreno, para la construcción de viviendas. Por su parte, la dinámica de los subsidios en vivienda nos permite ver la frecuencia de su aplicación y los montos asociados a ellos. Su análisis es interesante en conjunción con el análisis de documentación pública.

Tabla 1

Variables, documentación y fuentes.

Fuente: Elaboración propia.

Cualitativamente, se analizó la Política Nacional de Desarrollo Urbano elaborada por académicos, desarrolladores de vivienda y autoridades públicas. En el análisis de contenido realizado se aprecia el énfasis del enfoque de la integración social y de la segmentación vulnerable-emergente. Para la presentación se describen los programas de subsidios a la vivienda según características generales, periodos de ejecución y significados de la nomenclatura gubernamental, cuestión que nos permite abordar representacional e ideológicamente la problemática subsidiaria.

El acceso a la vivienda entre deudas, subsidios e integración social

La financiarización ha logrado penetrar prácticamente todas las esferas de la vida. Desde objetos mundanos (Leyshon y Thrift, 2007) hasta la deuda pública de una nación (Marazzi, 2002), opera colonizando circuitos económicos superiores -más tecnificados- desplegándose hacia los inferiores (Bonilla, 2019), comúnmente pensados por fuera de esta lógica. Obviamente, los aspectos básicos de la reproducción social han quedado atrapados dentro de la financiarización. Esto, en consonancia a una reducción del gasto público y una merma general en los salarios, ha implicado un mayor endeudamiento por parte de los hogares y, como consecuencia, un mecanismo para el crecimiento de la demanda de diferentes bienes y/o mercancías (Gago y Cavallero, 2019; Lapavitsas, 2009, 2016).

La deuda, entonces, ha colonizado prácticamente todos los ámbitos de la vida. Para Gago y Cavallero (2019) esto consiste en la extracción de valor de las economías domésticas por parte de las finanzas, funcionando como dispositivo de explotación. Cuando los ingresos de un núcleo comienzan a depender de la deuda, la cotidianeidad es apropiada por el mundo financiero, expresándose no solo en el aumento de incertidumbres y responsabilidades al respecto, sino en un reemplazo de la seguridad social por la capacidad individual de “gestionar” y resolver estos problemas (Mawsdley, 2018; Pike y Pollard, 2010).

Posterior a la consolidación de los mercados de capitales como fuente ágil de inversiones y la voracidad de la urbanización inmobiliaria como mecanismo de absorción de excedentes, la financiarización de los ingresos hogareños se ha estructurado como la solución capitalista al problema de los bajos salarios y, por consecuencia, de la reproducción de la vida. Ante la apertura crediticia para los insumos más básicos, se entiende que el salario deja de ser garantía neta de las posibilidades de endeudamiento (Gago y Cavallero, 2019; Mezzadra, 2014).

Figura 1
Colocaciones según tipo de crédito.
Fuente: Elaboración propia en base a Serie de datos bancarios. Banco Central de Chile (2008-2020).

Al parecer, el acceso a la vivienda en Chile cada vez depende más del endeudamiento hipotecario generalizado (Figura 1). De la predominancia del ahorro durante el periodo desarrollista a la predominancia de la deuda en el neoliberalismo, en términos generales podemos decir que el instrumento subsidio ha articulado la toma de crédito mediante una garantía estatal, siendo un mecanismo de transferencia de flujo de capital por parte del Estado al mundo inmobiliario (Hidalgo, 2019; Sugranyes, 2005). Mawsdley (2018) sostiene que los subsidios se crean como soporte estatal para la penetración del capital financiero en mercados no consolidados o mucho más riesgosos. La vivienda para las clases populares podría tener esta característica, aunque Mayol et al. (2016) han demostrado que las clases populares tienden a ser mejores pagadoras, por ende más disciplinadas, ergo un mercado menos riesgoso.

Hidalgo, Alvarado et al. (2016) han evidenciado cómo la focalización subsidiaria ha significado un progresivo ingreso de las clases populares a las tramas del endeudamiento en vivienda. En esta lógica, el subsidio habitacional ha sido considerado como un “éxito liberal”. La entrega de vivienda en masa -más allá de su calidad material o localización- se ha convertido en un gran nicho de renta para el rubro de la construcción (Sugranyes, 2005).

Sin embargo, esta lógica de producción habitacional ha tenido consecuencias en la producción del espacio urbano en las ciudades chilenas. Durante principios de siglo se identificó a la segregación residencial socioeconómica como una de las consecuencias directas de la liberalización de los mercados de suelo y como una fractura de los lazos sociales en la metrópolis (Rodríguez y Arriagada, 2004; Sabatini, 2000). Ante esta realidad, la respuesta gubernamental ubicó a la integración social urbana como el antídoto general ante la segregación. Conceptualmente ubicado como su anverso, desde 2009 se atestiguan esfuerzos por avanzar en este plano por parte de los expertos de la ciudad. Incluso, la aparición del discurso del derecho a la ciudad en textos estatales propone vagamente la necesidad de mejorar accesos a bienes públicos urbanos (Hidalgo, Alvarado y Santana, 2017). Ya desde 2014 se evidencia que la integración social y la sostenibilidad se convertirán en los ejes del desarrollo de las políticas de vivienda y ciudad, materializados en la Política Nacional de Desarrollo Urbano y en una ley que se encuentra en tramitación.

Subsidiar para endeudar; endeudar para integrar

El endeudamiento en los hogares chilenos ha avanzado notablemente en las últimas décadas. Desde el ciudadano credit card presentado por Moulian (2002) en la inmediatez de la post-dictadura hasta la actual población que adquiere deuda con fines alimentarios, el crecimiento de la morosidad en Chile ha sido relativamente sostenido. Recientemente, Duran y Kremermann (2019) han mostrado el panorama actual de los salarios en Chile, dando cuenta que dos tercios de las personas que trabajan asalariadamente obtienen ingresos menores a $550.000¹ mensuales. Al respecto, Alegría y Bravo (2016) han señalado que el ingreso resulta una variable para determinar la probabilidad de incumplimiento de pago. Dicho de otro modo, el comportamiento de pago tiene un grado de dependencia respecto a la cantidad de salario obtenido. Entonces, si los salarios han tendido a estancarse y el costo de bienes como la vivienda ha tendido a aumentar sistemáticamente ¿de qué manera los hogares del país acceden a ella?

Los datos proporcionados por el Banco Central son elocuentes al mostrar el aumento del acceso a la vivienda mediante instrumentos subsidiarios. En la última década, los hogares que han ingresado a estos programas han aumentado casi en un 10% (Figura 2), a la par que los programas ofrecidos por el Estado han ido ajustándose y sofisticándose.

Figura 2
Porcentaje de viviendas principales financiadas con subsidio habitacional.
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Financiera de Hogares. Banco Central de Chile (2010-2014-2017).

Ahora bien, si miramos la distribución general de la deuda hipotecaria diferenciada por estrato socioeconómico, resulta elocuente el avance sostenido durante la última década. Si bien en los primeros cinco deciles el crecimiento es leve, en el resto de ellos se muestra un aumento más notable. Sobre todo en los deciles 9 y 10 que corresponden a los con mejores posibilidades económicas (Figura 3).

Figura 3
Deuda hipotecaria media en vivienda principal.
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Financiera de Hogares. Banco Central de Chile (2010-2014-2017). Nota: montos homologados a 2021².

Como veníamos advirtiendo, desde el fin de la dictadura cívico-militar el subsidio habitacional se ha erigido como la herramienta central para canalizar la demanda de vivienda. Si bien fue enfocada mayoritariamente para las clases más desposeídas, en los últimos años hemos presenciado un aumento notable de clases medias accediendo a la vivienda a través de este mecanismo. Al respecto, Fuster (2019) ha dado cuenta de que el crecimiento de la inversión en subsidios (expresado en las Figuras 4 y 5), también ha significado un mejoramiento de la calidad de las viviendas, su localización y las herramientas de focalización para determinados grupos sociales. Sin embargo, Alvarado (2019a) ha sido crítico respecto a la ubicación de las viviendas subsidiadas vinculadas al programa Fondo Solidario de Vivienda (FSV-FSEV), puesto que el patrón de ubicación ha tendido a ampliarse hacia los extrarradios metropolitanos (zonas con pocos bienes públicos y conectividad deficiente).

En el marco de un régimen neoliberal, el subsidio, entonces, puede ser comprendido como una de las principales herramientas gubernamentales para promover y materializar la propiedad (Hidalgo, Alvarado y Santana, 2017; Alvarado, 2019b). Una de las principales críticas a esta política ha sido la localización y los efectos que ha generado en materia de segregación residencial socioeconómica (Hidalgo, 2019; Sugranyes, 2005). Como señalábamos, esta problemática ha sido central en la elaboración e implementación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, instrumento que ha sido presentado como un consenso público-privado-académico respecto al quehacer en materia de acceso a la vivienda en Chile, tomando como ejes centrales dos problemáticas que ya venían siendo trabajadas hace años por la institucionalidad en vivienda: la integración social urbana y la sostenibilidad (Hidalgo, et al., 2018).

Esta carta de navegación puede ser leída como una reafirmación de lo que ha sido denominado neoliberalismo con rostro humano, cuestión que no es más que un reajuste discursivo, con efectos económicos, sobre algunos ejes fundamentales para la reproducción de la vida en sociedades contemporáneas (educación, salud, vivienda, previsión), pero que de ningún modo ha reestructurado el carácter subsidiario del Estado, ni ha contenido la expansión de la mercantilización en esferas vitales. Al contrario, la profundización de la trenza entre ahorro, subsidio y endeudamiento aparece evidenciada con claridad en esta política.

1.4.2 Establecer políticas que permitan el acceso a la vivienda a las familias de sectores emergentes y medios, otorgando subsidios que complementen su esfuerzo individual, velando siempre porque los beneficios sean adecuados a las necesidades y real capacidad económica de las personas (…) 1.4.3 Mantener un esfuerzo permanente respecto de mejorar los estándares de las viviendas sociales, sin que ello signifique sacrificar la buena localización (…) 1.4.4 Fomentar instrumentos de subsidios para adquisición de viviendas existentes, que permitan a las familias optar por un barrio que cuenta con adecuados bienes públicos urbanos (Giménez y Ugarte, 2014, p. 27).

Más allá de eufemismos o imprecisiones no forzadas, esta política muestra la continuidad de la apuesta hacia la sujeción bancaria. En esta lógica, el subsidio de Integración Social y Territorial DS-19 ha comenzado a jugar un rol nodal. Hoy por hoy se constituye como el programa más bullado de esta política pública, caminando a consagrarse como un subsidio de carácter unificado, en tanto en él se depositan las esperanzas para lograr la anhelada mixtura social, cuestión que supondría “ciudades más integradas”. Ahora bien, si comparamos la inversión por tipo de subsidio y el porcentaje acumulado según la distinción entre “vulnerables” y “medios-emergentes” podemos apreciar cómo los subsidios vinculados a endeudamiento bancario han cobrado mayor protagonismo en los últimos años (Figuras 4 y 5; Tabla 2).

Figura 4
Subsidio regular para sectores “vulnerables” (1990-2020).
Fuente: Elaboración propia en base a subsidios otorgados por programas regulares y reconstrucción. Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos. Observatorio de Vivienda. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1990-2020).

Figura 5
Subsidio regular para sectores “medios” y “emergentes”.
Fuente: Elaboración propia en base a Subsidios otorgados por programas regulares y reconstrucción. Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos. Observatorio de Vivienda. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (1990-2020).

Tabla 2

Caracterización general de los subsidios de vivienda en Chile. Fuente: Elaboración propia en base a Resumen de subsidios y aportes a la Vivienda. Centro de Estudios Habitacionales y Urbanos. Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2017).

En este contexto, la Política Nacional de Desarrollo Urbano ha propuesto a la mixtura social como el gran antídoto para la segregación residencial socioeconómica. Sin embargo, la mixtura aparece reducida solo a la aproximación espacial; quedando desprovista de la pregunta por el encuentro, la interacción, la conflictividad y la integración de quienes arriban a nuevos barrios y quienes ya llevan una trayectoria más larga en estos.

Incentivar el desarrollo de proyectos mixtos que contemplen viviendas de distinto costo, generando programas de subsidios especiales y considerando herramientas de integración espacial como la calidad arquitectónica del conjunto y el diseño de fachadas (Giménez y Ugarte, 2014, p. 28).

Lo interesante de estas tensiones está en lo que se exhibe en la Tabla 2 y Figura 5, donde la evolución de los instrumentos subsidiarios acusa estos ajustes, incluso con anterioridad a la política de 2014. Precisamente, la fortaleza de la fase financiero-subsidiaria del mercado inmobiliario recibe inyecciones no solo económicas para mantener girando la maquinaria hipotecaria. Requiere, también, de ajustarse a las bases ideológicas que insuman las perspectivas corrientes sobre la vivienda por fuera del objeto urbano aislado, apuntando al barrio, entorno y servicios como claves en la generación de valor. En este sentido, lo emergente es interesante como interpelación ideológica (Therborn, 1987), usando metáforas respecto al ascenso constante (pero limitado a no ser elite); del triunfo individual que pretende imponer disposiciones de distinción entre quienes se encuentran más cerca.

Lo relevante, para poder traducir la proximidad espacial en conclusiones que dan cuenta de la disminución del patrón de la segregación y la configuración de barrios caracterizados por mixtura de clases sociales, no solo es la interacción en espacios de sociabilidad informal (Kaztman, 2001), sino que pasa por destrabar el patrón de segregación de las clases altas, puesto que la distancia social entre los denominados sectores “medios” y “vulnerables” no es tan amplia como la de ambos grupos respecto a la población de la elite.

Sectores vulnerables y emergentes: la segmentación como dominación

Dado que la ofensiva neoliberal se ha materializado en un trastocamiento de la concepción de la política social concibiéndola como un mecanismo de estratificación sostenido en la competencia, la concepción de una política social de carácter universal ha quedado desechada. La mercantilización de las dimensiones de la vida no es tan solo la privatización más explícita, sino el despliegue, a través de la política social, de posibilidades de financiarización que generan un férreo disciplinamiento asociado a la deuda y la despolitización bajo la definición de “sectores emergentes y vulnerables” tal como lo realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Es así como para acceder al beneficio de la vivienda expresada en el subsidio para construir una vivienda DS49 ante la pregunta ¿En qué consiste? Se señala lo siguiente: “Permite a familias que no son dueñas de una vivienda y viven en una situación de vulnerabilidad social y necesidad habitacional, construir una vivienda o un conjunto de ellas (casas o departamentos) sin crédito hipotecario”(Ministerio de Vivienda y Urbanismo, s. f.).

La producción ideológica de la clase a partir de la vivienda en subsidio, termina por convertirse en la llave que manipula los regímenes de mixturación socio-espacial que los programas de subsidios proveen. Recientes programas como DS 49 y DS 19 han construido un relato de clase media buscando aplacar la vulnerabilidad desde el discurso y la acción de la casa propia, símbolo central de la clausura de la pobreza. Esta ideología “propietarista-viviendista” ha sido leída con eficacia desde los agentes del mercado inmobiliario, que hoy advierten en estos programas subsidiarios la posibilidad real de instalar negocios de gran alcance y expansión en las principales ciudades del país (Arce, 2020).

De esta forma, la vulnerabilidad social constituye la piedra angular de la estratificación que erosiona a la clase trabajadora y la disecciona en innumerables sectores, construyendo la obligatoriedad de sujeción social ciudadana en cuanto a una ejemplaridad que invita a constituirse como beneficiario. La imposición de una nomenclatura que la despolitiza profundamente lleva por título “sectores vulnerables y emergentes” neutraliza la acción política. La sobrevivencia está dada por dar cuenta de las exigencias que instauran los perfiles de los programas sociales, al mismo tiempo que la convierte de facto en una feble clase media hipotecaria y propietaria.

La creación de instrumentos tales como el Registro Social de Hogares³ no persigue otro objetivo que la identificación de sectores que ameritan una respuesta. Es acá donde observamos una continuidad, una perpetuación de las lógicas neoliberales en materia de política social impuestas en la dictadura cívico-militar, que resquebraja el sentido de pertenencia a una clase social transversalmente explotada, pero expresada en la responsabilización individual ante la resolución de problemas estructurales.

Es importante precisar que la reestructuración económica en materia de política social ha enfatizado el criterio de focalización como mecanismo de selección para beneficiarios (González, 2018). El endeudamiento, canalizado a través de subsidios como el de Integración Social, puede ser premiado con mejor localización y acceso a bienes públicos en desmedro de quienes han accedido al Fondo Solidario de Vivienda.

La precisión que realiza el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en torno a “sectores emergentes y vulnerables” no constituye una excepcionalidad, sino más bien la expresión sistémica neoliberal desde donde se vertebran sus lógicas de sujeción.

La traducción hacia la política social deviene entonces en esto que conocemos y que hemos naturalizado profundamente como vulnerabilidad, ya que de esta forma evitamos el ejercicio lógico de preguntarnos por los orígenes de los riesgos, su existencia o su reproducción (González, 2018, p.163).

En este sentido “lo vulnerable y lo emergente” son expresiones ideológicas neoliberales que dan cuenta de la competencia como estructuración amparada en el mito meritocrático que se traduce en cumplir con una serie de requisitos. Lo emergente como aquello que irrumpe en ascenso constante chorreando exitismo y triunfalismo pero presentando la misma constitución que lo vulnerable, en cuanto disputa de un beneficio, de un lugar, de reconocimiento y visibilidad. Distinguirse y distanciarse de un otro derrotado es el mandato neoliberal encarnado en las fachadas de las viviendas.

Conclusiones

La dinámica de la financiarización se ha agudizado hasta el punto de convertirse en política pública, tanto en materia de vivienda como en otros ámbitos cruciales de la vida. La deuda no se experimenta como una relación lejana, sino como el pilar fundamental en la reproducción de la vida bajo el mandato de la hegemonía neoliberal y la consagración del Estado subsidiario.

La realidad constatada en este trabajo no presenta una excepcionalidad de nuestro país, sino que también puede ser rastreada en experimentaciones de países como Brasil, donde la consigna “endeudar para integrar” fue asumida como política pública. Tal como lo ha planteado Lazzarato (2020), se incluye socialmente mediante las finanzas, pero aquello no ha significado la subversión de las estructuras productivas y de las lógicas de dominación, sino que, por el contrario, su reproducción.

La integración por medio de las finanzas ajustada a la dimensión de la vivienda es el carácter que presenta la política social articulada en un ramillete de subsidios. Poner en el centro la integración mediante tales mecanismos ha generado una intensificación de la desigualdad y la marginación, que se expresa, por ejemplo, en el crecimiento exponencial de los campamentos y, en su contracara, a través de la especulación inmobiliaria que depreda distintos territorios.

Lo que se propone en este trabajo es que el neoliberalismo financiero actual en Chile depende de los mecanismos y vialidad institucional que le entrega el Estado para sobrevivir, incluso en tiempos de crisis. Los instrumentos subsidiarios, ensamblados al sistema bancario, proveen de vivienda y ciudad fuera de toda autarquía, pues la estructura de subsidios, sofisticada gobierno tras gobierno, le permite a la industria inmobiliaria adecuarse a los nuevos regímenes de producción de espacio residencial, como los contenidos en los diversos subsidios habitacionales cerrados y vigentes. Por lo tanto, la ideología de dominación y disfraz de los sectores “vulnerable y emergente” desconecta no solo a quien adquiere la vivienda; también impulsa al entorno a convertirse en mercancía futura a partir del acceso a una situación mesocrática generada por la capacidad del Estado de sostener flujos de capital real para sostener el endeudamiento coadyuvante a la propiedad.

Si bien los diagnósticos y propuestas emanadas desde la Política Nacional de Desarrollo Urbano reconocen relevantes problemáticas, tras la experiencia constatada en el análisis presentado, y más allá del diagnóstico y las propuestas conceptuales que ha levantado, esta se entrampa en una intención tan idealista como contradictoria, que parece no comprender las dinámicas violentas y excluyentes que genera el desenvolvimiento del capital. Por lo tanto, no hace más que consagrar su operación.

Ante la crisis agudizada a nivel global que presenta la formación social capitalista, la Política Nacional de Desarrollo Urbano la asume sin cuestionar los patrones en los cuales se sostiene la acumulación del capital. Simplemente propone una enunciación decorativa que no tiene lugar frente a la privatización y la mercantilización constante de la vida. Es así como ámbitos temáticos vinculados a la integración social o a la sostenibilidad ambiental se vuelven contradictorios, ya que no proponen una alteración del modo de producción. En este sentido, la sostenibilidad solo opera como mistificación de un sistema mayor incompleto, el cual esconde las fisuras topológicas de la producción de vivienda subsidiada: desatención de servicios e institucionalidad, seguridad pública, transporte y movilidad, áreas verdes y acceso a bienes comunes, educación y amenidades, entre otros elementos edificadores de entornos residenciales concretos y complejos cuya ausencia sigue siendo merma del proyecto de desarrollo y modernización urbana neoliberal.

Referencias bibliográficas

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Notas