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¿Qué registros alternativos, teóricos y proyectuales, se están perfilando sobre la noción de Espacio Público que son pertinentes para la realidad latinoamericana? ¿Es posible pensar a cabalidad los espacios públicos en las ciudades de Latinoamérica con los enfoques y epistemologías de las llamadas sociedades centrales del norte? ¿Qué experiencias y proyectos nos hablan del modo específico del hábitat y construcción del espacio público? ¿Qué aspectos de la forma en que se desarrolla la vida urbana son definitorios en la producción de espacios públicos en esta región? Estas son algunas de las preguntas principales que orientaron la convocatoria a este dossier. La inquietud viene de largo y se nutre de varias fuentes.

En Latinoamérica, gran parte del quehacer de arquitectos, diseñadores y estudiosos urbanos ha girado en torno a intervenciones en plazas y calles, y esto ha ocurrido con un sello especial, situándose entre lo que las experiencias del primer mundo referenciaban y lo que la realidad local ha ido visibilizando. Esa tensión se expresó en un primer periodo de la discusión, al menos en algunas ciudades latinoamericanas, en la expectativa de que los espacios públicos fueran expresión de la búsqueda de ciudadanía. Fue un momento en que las intervenciones urbanas de espacio público se interpretaron como el intento de representar espacialmente las democracias, pero en el que también se daba cuenta de los diversos actores y las diversas formas de constituir la esfera pública que se disputaron espacio en la ciudad (Low, 2009; Márquez, 2008; Segovia, 2007; Skewes, 2005). Resulta visible la influencia de la equivalencia entre esfera pública y espacio público que marcó la lectura de las propuestas de comprensión de esta última noción hecha por Habermas (Habermas, 1973, 1990; Wehrheim, 2015).

Los estudios, sin embargo, han mostrado que en nuestras ciudades este modelo ideal de espacio público no solo últimamente, sino que, en la larga duración histórica, resultaba muy poco propicio para interpretar las formas en que estos espacios se producen y despliegan. Lo anterior, no solo por los límites de la concepción misma de espacio público en la versión antes referida, su carácter idealizado, los que han sido señalados abundantemente en la discusión mainstream, sino por las especificidades que el espacio público toma en el caso de las sociedades latinoamericanas (Deutsche, 2018; Fraser y Ruiz, 1993; Magalhães, 2010).

Como bien anotaron Duhau y Giglia, estudiando el caso de la ciudad de México, el espacio público es un elemento central de reflexión, porque en última instancia éste es la ciudad (Duhau y Giglia, 2008). Pero, es todavía más. No solo es la ciudad, sino que en él se expresa, al mismo tiempo que se urde, como recordaba Jane Jacobs, una sociedad (Jacobs, 2011). En los espacios públicos se ponen de manifiesto, como Duhau y Giglia proponen, el conjunto de normas y reglas que organizan su uso y la convivencia que se desarrollan en ellos. Pero, esta función expresiva no es solo normativa (Duhau y Giglia, 2008). El espacio público está entramado por los factores estructurales que inciden en una sociedad, así como por las lógicas sociales que ordenan las relaciones entre las personas que la habitan (Araujo, 2019). Sus contornos y sus dinámicas son expresivas de los principios, paradojas, conflictos, soluciones que una sociedad ha producido en torno al desafío central de cómo organizarse materialmente y de la manera en que se desarrollan las relaciones entre sus miembros De esta manera, el estudio del espacio público en sociedades como las latinoamericanas, requiere recoger en toda su magnitud las especificidades que lo caracterizan, y por supuesto, contar para ello con interpretaciones y herramientas analíticas que le sean apropiadas.

Estas búsquedas se encuentran expresadas en las maneras en que se denominan los espacios públicos en la literatura de autores latinoamericanos: se nombran como “espacios abiertos”, para eludir la discusión sobre la propiedad (Hernández García, 2012); “espacios colectivos”, enfatizando la apropiación del espacio para fines privados (Duhau y Giglia, 2008); o bien “co-lugares”, que no solo se co-habitan (uso), sino que también se co-producen y en ello le dan sentido a la experiencia del espacio (Rocca, 2020). Pero ellas se extienden más allá.

En efecto, por ejemplo, se ha subrayado que en nuestra región es mucho más habitual encontrar espacios urbanos que propenden a la exclusión y no a la inclusión (Giglia, 2013; Jirón y Mansilla, 2014; Low, 2005; Segovia, 2007). Espacios urbanos donde se expresan notorias dinámicas de auto-segregación y en los que resulta muy difícil encarnar el anonimato (Araujo, 2019). Una realidad que contraviene las características distintivas de la concepción del espacio público en la cultura europea: una red social abierta donde los espacios públicos son el escenario de la libre expresión política de cada cual, independiente de su pertenencia social.

Por otro lado, como se ha señalado, pensar este espacio público como mero espacio de construcción de ciudadanía y encuentro social desconoce las relaciones de poder y de resistencia al poder que simultáneamente se producen en él (Salcedo, 2002). Lo anterior se agudiza, en el contexto de sociedades jerárquicas y verticalistas como las de esta región (Guerra, 1992). Es decir, en sociedades en las que la ficción igualitaria no ha tenido el peso formativo para el lazo social de la manera en que lo ha tenido para otras sociedades, como, por ejemplo, buena parte de las sociedades europeas del oeste (Rosanvallon, 2013).

También se puede agregar a este listado visiones que ponen en el centro la concepción del espacio público a partir de un fundamento societal, y que revisan críticamente la noción basada en la tradición individualista, la que caracteriza a las sociedades centrales del norte y que desconoce el peso de lo comunitario, una sociedad de pequeña escala y mediada por la solidaridad, la conciencia de las interdependencias y la auto-organización (Araos, 2016; Caldeira, 2017; Cortés Morales, 2013; Garcés, 2002; Millán, 2012; Pfirsch y Araos, 2019; Skewes, 2005). Aunque, por cierto, esta noción de lo comunitario se vea tensionada por los valores que el modelo cultural de la modernidad introdujo en la ciudad latinoamericana: un territorio disponible para formas de comunicación abiertas y flexibles en el tiempo (Delgado, 2008), así como por fenómenos más globales.

Finalmente, además, se ha subrayado que lejos de la pacificación de los espacios públicos, en nuestra región estos están constantemente vinculados a disputas. Sociedades afectadas por la precariedad laboral y/o la informalidad, en conjugación con los más recientes e intensos movimientos migratorios, traen cuestiones relativas a las tensiones que se abren en relación de los no-nacionales como los no-ciudadanos o con la presencia de los trabajadores callejeros y de plataforma; que contribuyen y están expuestos a estas disputas por el espacio (Ducci y Rojas Symmes, 2010; Garcés, 2014; Imilan et al., 2014; Jirón et al., 2021; Pérez Bravo, 2019). Un escenario, además, en el que los espacios urbanos son percibidos como una amenaza para el individuo, siendo que son al mismo tiempo el marco de su existencia (Martuccelli, 2017).

El espacio público, así, no sólo es resultado de la producción social de un hábitat, sino que también de las condiciones estructurales y las lógicas sociales que definen las posibilidades de construir la esfera de lo público hoy. Condiciones estructurales y lógicas sociales que, siendo especificadas socio-históricamente, por cierto, ni están desconectadas de fenómenos globales, ni tampoco son homogéneas y compactas en la manera en que se despliegan e impactan en la conformación de los diferentes espacios públicos dentro de una misma sociedad. En esta perspectiva, es claro que la comprensión de los espacios públicos requiere tomar en cuenta que la acción de los individuos revela una singularización cada vez más exacerbada, en ciudades cada vez más globalizadas, y en un mundo cada vez más construido a partir de lógicas de asociación público-privado de gobiernos y actores económicos (Mattos, 2015). Pero, también, se agregan al escenario del estudio de espacios públicos, la interseccionalidad, que interpreta procesos urbanos desde relaciones de clase, género, etnicidad, para entender las diferencias entre los habitantes del espacio público y sus relaciones (Mulinari y Neergaard, 2011; Tedesco, 2000).

La importancia de la revisión de lo que podemos llamar espacio público en América Latina, tiene fuertes impactos en la política pública y en la intervención urbana. Subyace a campos de discusión tan diversos como, por ejemplo, el de la “barrialización” de las políticas para mejoramiento de urbanizaciones periféricas y el peligro de una territorialidad fragmentada, que han estado en el centro del debate reciente (Letelier et al., 2016, 2019; Tapia Barría, 2015). Pero, también, en el simultáneo énfasis en la planificación de la ciudad y en las micro-esferas, el que devela los desafíos de hacerse cargo no solo de una diversidad de formas de ser en el espacio público, sino de la forma relacional que se establece entre ellas, esto es, de nuevas fórmulas espaciales y concepciones del espacio urbano que entienden el “interés público” (Löw, 2015) como resultado de micro-esferas públicas de colectivos específicos que se relacionan y comparten valores y metas comunes y que podemos ver materializado en urbanizaciones periféricas (Schlack, 2019). El espacio urbano es un hábitat que se despliega en la tensión morfológica entre construir límites espaciales y producir continuidades espaciales: un habitar en tensión entre umbrales de lo común y heterotopías (Stavrides, 2016a, 2016b, 2017).

Es en este contexto que se situó el objetivo de este número especial dedicado al Espacio Público. Su intención fue abrir la discusión a todos aquellos registros alternativos que se han ido elaborando a partir de la teoría y trabajos empíricos, a partir de proyectos de calles, plazas, pasajes, edificios públicos, ferias libres, espacios de la movilidad y zonas baldías, que pudiesen aportar a pensar el espacio público de ciudades latinoamericanas para descubrir sus singularidades y construir un marco más apropiado para su reflexión y creación. De las respuestas que obtuvimos a este llamado emergen cinco grandes tópicos concernientes al espacio público en nuestra región.

Autoorganización y formas particulares de sociabilidad

En la ciudad latinoamericana, las características distintivas no son solo visibles en su condición físico-material, sino también en la forma en que ese espacio se produce y se habita, teniendo la organización en torno a su gestión cotidiana un lugar muy particular. La producción del espacio público es enriquecida por la presencia, en particular en las zonas y grupos menos favorecidos de la sociedad, de la auto-organización y de formas particulares de gestión de las disputas entre los diferentes grupos sociales. La auto-organización no es solo expresión de una forma de gestión y coordinación para proveerse de soportes socio-existenciales, sino que constituye en sí una forma de producir el espacio y definir los “trazos” del tejido urbano a través de la auto-construcción colectiva. La autoconstrucción ha sido una constante en el debate sobre la ciudad latinoamericana y ha encontrado eco en círculos académicos y de ONGs en diferentes países de la región como Perú, Bolivia, Colombia, Argentina o Chile (Arébalo et al., 2012; Calderón Cockburn, 2019; Garibotti, 2021; Hernández García, 2013; Ortiz y Zárate, 2002; Schroeder y Coello-Torres, 2020; Semillero de Investigación Praxis Urbana, 2016; Tapia, 2019; Urrutia, 2019; Di Virgilio y Rodríguez, 2013).

En este contexto, y a diferencia de la ciudad en que los “responsables urbanos” como el municipio o gobierno local tienen una injerencia protagónica, aquí el rol importante lo han asumido los pobladores y pobladoras. Su interacción se ha ido organizando alrededor de lo que podemos llamar "autoridades colectivas". Nos referimos con ello a las dirigencias comunitarias en las poblaciones y las situamos con toda la relevancia que el debate ha dado a esta estructura en la que se ha asentado la producción de los espacios urbanos del mundo popular. El constante esfuerzo de construir un hábitat y de salir de la precariedad, han condicionado procesos de décadas de consolidación espacial y una sociabilidad caracterizada por la vecinalidad (Araos, 2016). Así, y por mediación de estas formas de organización y dinámicas, se han identificado procesos de regeneración urbana continua. Procesos que parten desde el primer día en que sus habitantes se organizaron en tomas de terreno o en comités de vivienda para acceder a un sitio para vivir en la ciudad (Caldeira, 2017; Castillo y Forray, 2014; Garcés, 2002), y que continúa hasta hoy en comunidades que cobijan, al mismo tiempo, un grado de autonomía y una memoria de colaboración con el sistema formal de políticas públicas. Por supuesto, no todos estos procesos han sido exitosos. También se reportan experiencias de otras comunidades, que, si bien han puesto esfuerzo en mejorar su hábitat, no han podido desplegar mayor auto-organización, ya sea porque han sido víctimas de sucesivas erradicaciones de sus territorios o porque han padecido continuamente la intervención y el abandono por parte de un Estado caracterizado por ser fluctuante en sus decisiones urbanas (Márquez, 2008; Rasse Figueroa y Lin Muñoz, 2020).

En cualquier caso, lo esencial es subrayar este ingrediente particular del caso de las ciudades latinoamericanas: las maneras en que la producción del espacio urbano y del espacio público se han visto impactados por articulaciones de pequeña escala, mediadas por la solidaridad, por la consciencia de las interdependencias, y por una importante presencia de auto-organización (Caldeira, 2017). Esencial es también resaltar el hecho, por otro lado, que se trata de ciudades cuyos espacios se producen con una intervención estatal que ha estado siempre desafiada a entender su acción en una compleja interdependencia con los habitantes y actores locales. En tercer lugar, que lo anterior establece como algunos de los mayores desafíos la articulación entre el espacio de la ciudad y la mejora de las condiciones particulares de los territorios específicos; la necesaria urdimbre de un espacio público entendido desde la escala más amplia de la ciudad y que apunte a afirmar lo común, y la preservación de lo propio de los espacios públicos construidos “desde abajo y desde adentro” (Salazar, 2003). Finalmente, la relevancia de adentrarse en la especificidad de las sociabilidades que se despliegan en los espacios públicos, dado el vínculo entre esta variable y la producción del espacio público, pero también ante la apropiación que se da en el espacio público y la privatización, como respuesta a la inseguridad y la violencia, cuestión a la que volveremos más adelante.

El artículo de Link, Señoret y Figueroa en este dossier, precisamente aporta una mirada al último factor de los antes mencionados: a las formas de sociabilidad. Analiza las características de la sociabilidad en el mundo popular, a partir del caso chileno. Los autores ponen el énfasis en las pautas culturales comunes y en la identificación entre los habitantes para definir que estamos hablando de vínculos de vecindad profundos en el espacio público. En este sentido, argumentan convincentemente que un encuentro entre los habitantes en el espacio público no sería suficiente para el surgimiento de vínculos vecinales o de lo que estos autores denominan “familiaridad pública”. A partir del estudio de dos casos, dos barrios, sostienen que lo que contribuye al establecimiento de relaciones sociales es el periodo de tiempo de convivencia y la consolidación de cada barrio, las formas de organización social y política, así como la forma en que se estructura el espacio.

Este dossier también incluye el artículo de Agustina Bazán y Jorge Motta, quienes discuten la particular forma de producción de ciudad desde la auto-construcción, la que se enmarca en lo que se denomina “producción social del hábitat” (PSH) abordada por diversos autores en América Latina (Arébalo et al., 2012; Díaz y Ortiz Flores, 2017; Ortiz y Zárate, 2002). El artículo nos acerca a la comprensión de que la “producción social del hábitat” ocurre transversalmente, es decir, en la articulación entre vivienda y ciudad, entre el espacio doméstico y el espacio urbano. Al argumentar que el uso primordial de los espacios urbanos en barrios populares tiene relación con la vivienda, este artículo no solo da cuenta de que el espacio urbano es en muchos casos una extensión del hogar, sino que explica cómo esto incide en una difuminación de la esfera pública y privada. Es en ese contexto, donde políticas públicas dedicadas a la mejora y formalización de asentamientos informales entran en conflicto con la tuición e intervención compartida del espacio público.

Desigualdad y fragmentación en ciudades latinoamericanas

Aunque desigualdad y fragmentación no necesariamente están vinculados, hay una vasta literatura sobre espacios públicos en Latinoamérica que han explicado los dos fenómenos en una estrecha relación. Esto probablemente indica, que lo propio del fenómeno del espacio público en Latinoamérica sería justamente la conjunción de ambos fenómenos. Durante el periodo que estos temas estuvieron en el centro del debate de las ciudades latinoamericanas, sobre todo en Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela (Cáceres y Sabatini, 2004; Caldeira, 1997; Enríquez Acosta, 2005; Ferreira Neto, 2004; Janoschka, 2002; Pírez, 2005; Pulido, 2013; Santos et al., 2017; Thuillier, 2005; Vidal-Koppmann, 2008), ellos fueron puestos en relación. Adicionalmente, se ha demostrado que, en los últimos años ante políticas que han logrado la disminución de la desigualdad de ingresos (al menos levemente), se sigue manteniendo la dinámica de urbanización excluyente, lo cual sigue inhibiendo la capacidad redistributiva de la ciudad (Segura, 2017). La pertinencia de la pregunta sobre las condiciones que impactan espacialmente sobre la posibilidad de construir ciudades redistributivas y la pregunta sobre el rol que juega la gestión espacial de la fragmentación y la segregación en ese ámbito sigue vigente (Ramírez Kuri, 2016).

La noción del espacio público en Latinoamérica es particularmente interesante de revisar en virtud de los conflictos acarreados por la desigual construcción de la ciudad y la subsecuente distribución inequitativa de espacios públicos y acceso a servicios e infraestructura (Ciccollella, 2011; Rodríguez y Di Virgilio, 2014; Rodríguez y Rodríguez, 2009; Rodríguez et al., 2007). La diferente calidad con la que ha sido construida la ciudad evidencia desigualdades entre los sectores o barrios y esa desigualdad ha sido habitualmente descrita como la causa de una fragmentación urbana visible y construida a través de característicos dispositivos físicos (Hidalgo y Janoschka, 2014; Mattos, 1999, 2015; Prévôt Schapira, 2001; Prévôt-Schapira y Cattaneo Pineda, 2008). Ya a comienzos de los 2000 se describían los “enclaves fortificados” y el empobrecimiento de la periferia (Caldeira, 2000). Hasta hoy en muchas ciudades latinoamericanas se hace visible el contraste que existe entre los espacios públicos construidos en distritos empresariales o conjuntos de vivienda de lujo -dispuestos por incentivos y la expectativa de constituir nodos globales-, y espacios públicos en urbanizaciones periféricas, caracterizados por falta de accesibilidad para sus usuarios y la mala calidad material en su implementación (Rodríguez y Rodríguez, 2009). En este contexto, ha habido una extensa discusión académica en torno a los así llamados “artefactos de la globalización” como condominios cerrados y shopping centers (Beltrão y Góes, 2013; Mattos, 2007, 2015; Simone, 2015; Sabatini et al., 2001; Sposito y Beltrão, 2020).

Estos procesos han tenido impactos muy distintos en la configuración del espacio público.

La desigualdad en la provisión de espacios públicos e infraestructura es puesta en perspectiva y relación con la fragmentación del espacio urbano debido a la aparición de barreras materiales y culturales en vínculo con estrategias de manejo de la seguridad y de diferenciación en el consumo y el estatus (Beltrão y Góes, 2013). Pero también, se trata de una separación física y simbólica que se expresa en una visible diferencia en los servicios públicos disponibles, así como en la calidad y experiencia al recorrer y vivir los diferentes espacios públicos de la ciudad latinoamericana (Araujo, 2019; Jirón y Mansilla, 2014; Serpa, 2014).

Se ha señalado, igualmente, que en las metrópolis ha sido más bien la “territorialización” del espacio el mecanismo que media la interacción social entre habitantes en el espacio público. Un trabajo de producción del espacio en territorio: “la marca social del suelo, el dispositivo que expresa la identidad del grupo, lo que una comunidad dada cree que debe defender contra las amenazas externas e internas” (Delgado, 1999, p. 39). Esto apunta a la debilidad de una comprensión del espacio público como común. Esto ocurriría tanto en sectores de altos ingresos, como en el mundo popular. Para el caso de Santiago de Chile, Araujo ha sostenido que la experiencia de lo común es más bien escasa, hay un trabajo de territorialización constante, y la sociabilidad se sustenta en lo que la autora denomina “los regímenes imaginarios de propiedad” (Araujo, 2019, p. 33).

El fenómeno de la territorialización descrita a través de la noción de estos regímenes alerta sobre los efectos de la fragmentación, en diferentes territorios urbanos y abre la pregunta sobre las formas de construir inclusión en diferentes circunstancias de la ciudad. Sin duda, como retomaremos más adelante, la discusión sobre la materialidad del espacio urbano, así como el tipo de provisión de equipamiento en los barrios y la relevancia de espacios alternativos para la apropiación espontánea y colectiva de los espacios, empieza a ser muy relevante.

En esta línea, en este dossier se continúa la discusión sobre urbanizaciones excluyentes, que ya han desarrollado diversos autores, buscando patrones específicos para gestionar la fragmentación a nivel macro y micro (solo para el caso de Chile: Rasse, 2015; Sabatini et al., 2017), buscando precisar más y mejor estas consecuencias. Por ejemplo, las diferencias que pueden encontrarse según la talla de la ciudad. Es precisamente lo que hace el artículo de Pablo Bender, contenido en este dossier, el que analiza el caso de una ciudad intermedia en Brasil. Al basarse en el análisis de ciudades intermedias y no grandes metrópolis, aporta una perspectiva interesante sobre configuraciones sociales específicas, en la que la fragmentación espacial y temporal hace posible un espacio público. El artículo describe, por un lado, la creciente construcción de condominios cerrados, bien equipados con infraestructura de ocio y seguridad, dando cuenta de la fragmentación en el uso del espacio público y la auto-segregación que practican sus habitantes, Pero, por otro lado, evidencia que, mientras los habitantes de las ciudades valladas se tienden a recluir, los habitantes de menores recursos exploran formas de resistencia a la falta de espacios públicos formales y practican usos creativos del espacio, tales como la habilitación espontánea de canchas de fútbol en estacionamientos o el uso productivo para el comercio informal en intersticios espaciales del barrio. Mientras tanto, las plazas oficiales son ocupadas por las clases medias y bajas en una modalidad de temporalidades diferenciadas. Con esta descripción múltiple, el autor da cuenta de las características diversas de la fragmentación para la ocupación del espacio por diferentes grupos sociales: ya sea aislamiento, apropiaciones informales u ocupación del espacio en temporalidades distintas. Argumenta desde la crítica al discurso de la “muerte del espacio público” y pone en valor el encuentro en la escala micro, entendiendo que es en la esfera de lo cotidiano, donde socializan los individuos y donde ocurre la reproducción social, relacionada con prácticas de trabajo, ocio, consumo (y subordinadas a las lógicas capitalistas).

Renovación y expansión urbana y los modos específicos de habitar la ciudad

La expansión y densificación urbana que se ha producido en las ciudades de Latinoamérica ha sido muy acelerada en las últimas cuatro décadas. La materialidad de la ciudad, la infraestructura urbana y el espacio público se han ido produciendo a partir de proyectos tensionados por una configuración de la interacción entre los actores urbanos caracterizada por el paternariado público privado y la lógica de traslado de tareas que en las décadas precedentes habían sido asumidas fuertemente por el Estado, a actores privados propios de un urbanismo empresarial (Giglia, 2013; Hidalgo y Janoschka, 2014; Hiernaux y Lindón, 2016; Mattos, 1999, 2015; Rodríguez y Rodríguez, 2009; Tironi y Sabaté, 2008; Valenzuela, 2013; Vidal-Koppmann, 2008). Esto no solo se produjo en el ámbito de la construcción de sectores empresariales y comerciales de la ciudad, sino que también en el ámbito de la provisión de vivienda para los sectores medios y bajos de la población (Ducci, 1997; Hidalgo, 2004). Por otro lado, los proyectos de renovación y expansión urbana llevados adelante por los gobiernos locales en alianza con actores económicos (locales y globales), fue una tendencia importante en los años 2000-2010 y donde muchas iniciativas de mejoramiento de la calidad del espacio público y de la accesibilidad a los servicios de la ciudad fue dejada en manos de concesiones y licitaciones a privados. En este contexto, en muchos casos, esto implicó no prestar atención a la especificidad de la escala local y a los intereses propios de los habitantes de los territorios. Algunos gobiernos urbanos han ido paliando los problemas que se han generado en el espacio público debido a esta forma de desarrollar la ciudad, pero ellos no siempre se han logrado resolver. En muchas ocasiones, sobre todo en ámbitos residenciales del mundo popular, han sido los mismos habitantes los que han ido interviniendo el territorio con sus propios medios para ponerlos al día con sus necesidades de movilidad, esparcimiento y servicios.

En suma, se produjo un renovado y exacerbado protagonismo de actores económicos y de gobiernos locales en las tomas de decisión y responsabilidades urbanas y una limitada participación de los habitantes, organizados o sin organizar, en las decisiones sobre el espacio público y las infraestructuras.

La falta de convergencia entre las lógicas de la regeneración y la expansión urbana de las ciudades se ha descrito habitualmente en el ámbito de la construcción de urbanizaciones periféricas (Márquez, 2008) o bien en el contexto de grandes proyectos de remodelación urbana (Valenzuela, 2013). Sin embargo, han sido menos los autores que han debatido sobre el impacto de infraestructuras viales en la seguridad y los modos específicos de habitar de determinados territorios urbanos (Planzer, 2005).

En este dossier, el artículo de Sergio Andrade y Valeria Chaparro aborda este conflicto en el ámbito de la movilidad por medio del análisis del conflicto entre los peatones y el transporte motorizado. En su trabajo describen del gran número de atropellos que ocurre junto a puentes peatonales colocados sobre vías de alta velocidad en ciudades como Chihuahua en México. Sostienen, que el supuesto contemporáneo de que la movilidad urbana debe integrar la peatonalidad como un modo de desplazamiento relevante, no ha estado considerada en las políticas urbanas de los últimos años, donde la prioridad ha sido otorgada al transporte motorizado. Esto repercute sobre el espacio urbano, generando una fragmentación del territorio, una discontinuidad y desconexión en la vida cotidiana. El artículo plantea cómo se ha ido produciendo, sobre todo en territorios más populares, una “violencia infraestructural” que se expresa en patrones geográficos de los atropellamientos muy particulares y que en gran parte obedece a intervenciones infraestructurales, como los puentes peatonales, que fueron parte de un afán modernizador de la relación vehículo motorizado-peatón.

Un alto nivel de disputas en los espacios públicos

En la ciudad latinoamericana, la dimensión problemática del espacio público no es solo visible en su condición físico-material y en sus formas de producir el espacio, sino también está presente en las tensiones y el desapego al lugar, expresado a través de la violencia y el miedo a la criminalidad y a la criminalización. Tal como lo plantean diversos autores, en América Latina, el miedo, la inseguridad y la violencia han estado muy presentes en el ámbito de los espacios públicos (Aguilar Díaz y Caprón, 2022; Dammert, 2005; Gómez Dávila y Aguiar Arantes, 2016; Valenzuela, 2011, 2016). Esto se ha ido agudizando por el aumento de la violencia en estas sociedades. En efecto, la región ha sido y es considerada como la más violenta del mundo, lo que se evidencia, por ejemplo, en que cuenta con la tasa de homicidios más alta a nivel mundial (United Nations Office on Drugs and Crime, 2022). Es por ello que resulta indispensable incorporarlos como elementos en la comprensión del espacio y de la relación entre sociabilidad y espacio (Hiernaux y Lindón, 2016).

Una parte esencial de esta discusión ha estado vinculada con los procesos de encerramiento o encapsulamiento de la población (viviendas enrejadas, construcción de comunidades cerradas, construcciones de paredones y sistemas de vigilancia, etc.), concomitantes con el temor de la población al crimen, o la experiencia concreta de la toma de los espacios públicos por la violencia y sus actores. Un amplio debate se ha abierto también sobre las formas de abordar estas situaciones, por ejemplo, en torno a la vigilancia. Dependiendo del territorio específico dentro de Latinoamérica, la vigilancia puede ser más o menos intensa, pero en cualquiera de los casos, el sentido de la vigilancia es el de alinear una serie de comportamientos (normales o desviados) a un canon de normalidad. Paradójicamente a lo que se podría pensar, tal como han sostenido Caprón et al. (2018), la mayor vigilancia puede impactar sobre un sentimiento de inseguridad respecto de la calle. Al mismo tiempo, este sentimiento puede tener como efecto la disminución del uso de la calle y con ello la sensación de que es un territorio desconocido y amenazante. Es por ello que el restablecimiento de la confianza de los habitantes con la calle, no necesariamente pasaría por una mayor vigilancia y su explícita visibilidad, sino más bien por una reducción del miedo al otro por medios diferentes, como el cohesionar a los grupos, manejar la distancia con la alteridad, etc. (Aguilar Díaz y Caprón, 2022).

Por supuesto, en América Latina no solo estamos frente a grandes violencias organizadas o ligadas a la criminalidad, sino también ante la expansión de un conjunto más inorgánico de conflictos y tensiones relacionales que atraviesan las relaciones sociales. La vida en los espacios públicos que Duhau y Giglia describen para México, por ejemplo, está marcada por el desorden y el conflicto en situaciones cotidianas como en el mal estado de las aceras y calles, la poca confiabilidad en el transporte público, la compleja convivencia vial y la inseguridad personal y delincuencia en las calles (Duhau y Giglia, 2008). Pareciera que un “orden urbano”, es decir, el encuentro de un principio de unidad que organiza las relaciones al mismo tiempo que las pacifica, fuera difícil de encontrar y que la relación de cada habitante con el espacio urbano es fragmentaria y construida a partir de circuitos específicos, múltiples y diferenciados (Duhau y Giglia, 2008). No solo en México, sino también en otras ciudades de América Latina, la “urbanidad”, es decir, la civilidad en el espacio público, es un objetivo difícil de lograr y donde la segregación y la atribución de territorios exclusivos para cada grupo pareciera ser la solución encontrada para resolver este tema, tal como ya se ha planteado antes (Araujo, 2019). Los ámbitos en los que esto se expresa con mucha intensidad son, por ejemplo, las zonas centrales, donde lidiar con el comercio ambulante es un foco de las políticas públicas y la gentrificación un recurso habitual para resolver la convivencia de habitantes esperados e indeseados en los espacios públicos (Giglia, 2013; Schlack et al., 2017; Vázquez et al., 2011). La expresión física del conflicto en el espacio público y la apropiación de éste como figura se ha ido instalando como un objeto de estudio recurrente del espacio urbano (Fonseca Rodríguez, 2007; Guadarrama Sánchez y Pichardo Martínez, 2020; Semillero de Investigación Praxis Urbana, 2016; Vergara Vidal, 2012).

Estas dimensiones son abordadas en este dossier. Por un lado, el trabajo de Link, Señoret y Figueroa, se detiene en el tema del conflicto desde la perspectiva de la forma del vínculo en la interacción social en el espacio público. En la descripción de escenas de desapego, miedo, disputas, este artículo explica la correlación con la dinámica de apropiaciones, es decir, privatizaciones del espacio como respuesta al miedo y violencia en entornos habitacionales. Su trabajo complementa una visión ya instalada en el medio, de que disputas y fenómenos de apropiación que se dan en el espacio público son propias y características de los espacios públicos latinoamericanos, y que son fenómenos que han contribuido a la transformación ocasionada como respuesta a la inseguridad y la violencia que mediaría la relación entre sociabilidad y espacio público (Hiernaux y Lindón, 2016).

Otro trabajo que aporta a esta reflexión es el de Ana Medina y Victor Cano Ciborro. Este artículo aborda la cartografía del conflicto cotidiano que acontece en el ámbito de micro actividades informales en Ecuador, y visibiliza los conflictos y negociaciones que mueven las intervenciones en el espacio urbano. La propuesta metodológica de una “geografía viva”, alineada con una teoría no representacional (NRT) (Thrift, 2008) hace posible apreciar cuerpos, relaciones, afectos, fuerzas y conflictos, habitualmente no representados y que muestran la superposición de lo informal sobre la planificación formal. Esta contribución se relaciona con el debate sobre la aplicación de la teoría del actor-red a los estudios urbanos (Farías y Bender, 2012), y constituye una aproximación empírica para el estudio de las disputas en el espacio público.

Materialidad del espacio urbano y formas de sociabilidad: tensiones entre escalas

La forma en que están dispuestos las calles y plazas, es decir el diseño de los trazados urbanos constituye la materialidad del espacio urbano. Su cualidad de espacios pequeños o grandes, íntimos o conectados, abiertos o cerrados, sin duda colaboran a una particular secuencia de morfologías que pueden estar condicionando diferentes formas de interacción social. Ese ha sido un tópico recurrente en la discusión sobre el espacio público en América Latina, colindante con el tema de la “producción social del hábitat”, pero también vinculado al rol importante que cumple el espacio en una relación recíproca con las interacciones sociales (Garibotti, 2021; Giglia, 2013; Schlack, 2019; Skewes, 2005; Vergara Vidal, 2012; Di Virgilio y Rodríguez, 2013).

El vivir en torno a una plazoleta en una población, por ejemplo, no solo implica una condición espacial, sino que también un anclaje a unidades territoriales de larga data que definieron la forma en que los vecinos y vecinas se organizaron para transformar una superficie de barro y polvo, en una cancha de futbol o una plaza con árboles y pasto. El rol que juega la materialidad en la forma de organización y uso, incluso incide en las formas de interacción social. Los modos de apropiación y control, así como la libre disposición del espacio de acuerdo a los diferentes acuerdos sociales que definen los vecinos para habilitar sus espacios y las interacciones sociales que se producen en los espacios, son definitorios para definir su carácter público (Stavrides, 2016b). La forma en que se establecen los límites y permeabilidades de comunidades y vecinalidades se asocian con el espacio y la materialidad del espacio. Si se trata de tramas urbanas diversificadas con plazas grandes, plazoletas íntimas, calles intercomunales y calles vecinales, o bien, de tramas urbanas homogéneamente domésticas e íntimas, por ejemplo, solo conformadas por pasajes pequeños, puede incidir en las cualidades públicas.

El desafío que se deriva para las políticas públicas está en la tensión entre tomar la iniciativa sobre la dotación de espacios públicos de mayor alcance, y al mismo tiempo, proveer espacios de autonomía en espacios pequeños e íntimos, posibles de gestionar entre grupos de habitantes. Aquí, como en lo relativo a las consecuencias del peso de la auto-organización para la producción del espacio urbano, esto requiere una reflexión sobre la articulación de las escalas locales y metropolitanas, esto es, el resolver la tensión entre diferentes nociones de lo común entre dichas escalas.

En este dossier el artículo de Lin y McLean se acerca a este tópico. Discute cómo los espacios públicos pueden convertirse en mediadores entre los pobladores y el Estado. Defiende esta idea deteniéndose a analizar la manera en que la morfología de las poblaciones chilenas de la década de 1960 en Chile, es decir, su materialidad, da cuenta de un discurso sobre las formas de sociabilidad. El artículo pone énfasis en las representaciones del espacio a partir de las que se concibió estos barrios, y permite identificar y caracterizar cómo las instituciones públicas, a través de la política urbana y el acto de lotear, expresaron determinados modelos de sociabilidad. Se plantea, así, que las llamadas “Operaciones Sitio”, que el artículo analiza, constituyeron una forma de diálogo entre las organizaciones de los pobladores y la acción del Estado y la política.

También el artículo de Agustina Bazán y Jorge Motta se refiere a la importancia de la materialidad del espacio urbano. Lo hace por medio del análisis de políticas públicas de mejoramiento barrial en Buenos Aires, Argentina. A diferencia del caso de la “Operación Sitio” descrita por Lin y Mc Lean, analiza un caso en que el Estado no había predispuesto una forma urbana previa para ser ocupada y habitada por los habitantes, sino que interviene directamente sobre una forma producida por los habitantes. Muestra que, a pesar de pretender mejoras y modernizaciones, estas políticas no consideraron las formas en que se han construido los frentes de las viviendas, la lógica de accesibilidad de los micro-pasajes ni lo que implica el cambio en el régimen de tuición y organización de los espacios y lotes. Este artículo releva, así, la relación entre el espacio urbano y las viviendas auto-producidas, y explica el rol que juega para la economía popular, la que se sustenta en una necesaria diversidad de usos y en su rol fundamental para la interacción vecinal. Desde esta perspectiva, las intervenciones estatales consistentes en apertura de calles y pasajes, y el cambio del régimen de tuición de los espacios no son neutrales, pues, pueden inhabilitar el modo habitual de coexistencia, la accesibilidad, el uso del espacio y la co-organización que se ha desarrollado a lo largo de los años en torno al espacio común de la calle. El intento del Estado de conectar estas poblaciones con la ciudad y hacer a sus habitantes parte de la ciudadanía produce una alteración de la manera informal y orgánica en que se tejieron las redes de interacción social. Una alerta sobre cómo consensuar las políticas urbanas que sostienen la idea de lo público desde un espacio para todos en un contexto donde la forma en que se ha producido el espacio nace de un modo en que los vecinos han co-construido sus territorios con sus propios esfuerzos.

Preguntas abiertas

Un conjunto de tensiones, aún en búsqueda de resolución, se perfilan de todas estas discusiones y debates. La especificidad de la cuestión del espacio público en América Latina se expresa en las variadas formas de nominación con las que se procura aprehender aquello que la discusión ha solido denominar como espacios públicos (espacios abiertos, espacios colectivos, co-lugares, etc.), pero también en las formas en que se estructuran sus conflictos, contradicciones o paradojas.

Una cuestión central en este marco, y que nos gustaría resaltar, es lo relativo a la producción de lo común, uno de los rasgos esenciales y considerados como característicos de estos espacios sustraídos al uso de unos pocos, y en los que la ficción de igualdad de los que los transitan u ocupan temporalmente está en la base de su constitución. Cada uno de los cinco tópicos que aparecen, en esta presentación, como formativos de la cuestión del espacio público en América Latina, tiene en su núcleo una tensión muy importante entre lo local y lo metropolitano; entre lo común compartido por los habitantes de la ciudad, y lo común particularizado para y por un conjunto de sus habitantes al momento de producir sus territorios; entre los empujes a la renovación y sus intereses económicos, y las formas de habitar el espacio que son sedimento de la idea de lo común; entre impulsos de apertura de los espacios con el fin de conectar y pluralizar los vínculos de sociabilidad, y la presión hacia la clausura, la desconfianza, la poca tolerancia a la alteridad vinculada con las tensiones y amenazas con las que aparecen significados los espacios públicos; entre actores que apuntan a la planificación o diseño más sistemático de la materialidad de la ciudad, y aquellos que defienden la singularidad de sus intervenciones en la producción del espacio.

En efecto, el espacio público se vive desde la experiencia de la fragmentación espacial, una condición que parece no reversible por lo menos no en el mediano plazo, incluso si la desigualdad social aminorara. En este contexto, se abre la pregunta por cómo construiremos formas de interacción social para poder vivir la experiencia de habitar un espacio común e igualitario y donde la experiencia de la alteridad no sea siempre vista como un hecho problemático. Ello implica responder a la cuestión de cuál es el nivel desde el que podemos imaginar esta producción: si se realizará desde lo micro o desde lo macro; si deberemos inventar nuevas articulaciones entre estos niveles, etc. Pero, también, por cierto, responder quiénes se harán cargo de construir un espacio común en estas condiciones. ¿Cuál será el papel del estado?, ¿serán las personas en su cotidiano, las que irán urdiendo escenas de interacción “micro-públicas” en el espacio? (ver Amin, 2013), ¿serán nuevas fórmulas espaciales y concepciones del espacio urbano, las que permitirán poner en práctica el “interés público” como resultado de micro-esferas públicas de colectivos específicos, que se relacionan, y comparten valores y metas comunes? (ver Löw, 2015).

Pero aún más, procesos como los de la retracción hacia lo privado en ciertas zonas, o los de “territorialización” abren, de manera más radical, la pregunta de en qué medida en este contexto podemos seguir imaginando la comprensión y la producción de los espacios públicos a partir de las mismas coordenadas con las que veníamos haciéndolo. En efecto, debido al alto nivel de disputas y amenazas presentes o percibidas en los espacios públicos latinoamericanos, no es de extrañar que emerjan con mayor visibilidad estrategias de “territorializar” el espacio (Araujo, 2019, p. 33), y que la apropiación del espacio se constituya como un rasgo importante en el estudio de los espacios públicos (Guadarrama Sánchez y Pichardo Martínez, 2020). Su condición muchas veces colectiva, su tuición por parte de grupos o personas individuales, y su producción social en constante reconfiguración, lo hacen un objeto complejo de abordar, sobre todo desde las políticas públicas. El conflicto permanente en relación con el dominio del espacio lo hace un espacio que requiere un alto rendimiento para poder transar, negociar e incluso imponerse para estar en él, y subraya la importancia de entender los modos de sociabilidad, y formas urbanas asociadas a ello, que pueden promover mayores niveles de confianza en el espacio público (Caprón et al., 2018). Lo anterior en contraste con culturas en que la “urbanidad” se constituye en un acuerdo bastante tácito sobre lo que se puede y no se puede hacer en el espacio público (Selle, 2011). Frente a lo antes mencionado, ¿cómo construiremos espacios públicos inclusivos cuando estos se construyen a partir de acciones de territorialización?, ¿es que deberemos re-interpretar las interacciones sociales en pequeñas sedes sociales o micro plazas como espacios privilegiados para la producción de lo común en el contexto de Latinoamérica?, ¿cómo lidiaremos con el impacto de universos morales disímiles en la disputa por el espacio?, ¿será el contacto cercano y el conocerse, más que el anonimato y el aprender a interactuar con la alteridad, lo que será clave para la producción de espacios que tributan a lo común? y si así fuese, ¿cómo imaginar en este contexto la idea de lo común en lo referente al espacio?

Algunas respuestas se están desarrollando. Para citar una: la discusión que recoge el estímulo de la propuesta sobre los “Commons” de Ostrom (Ostrom, 2000), una recepción que viniendo más allá de América Latina (Amin, 2013; Atutxa, 2017; Cámara-Menoyo et al., 2022; Subirats, 2000) tiene impacto en ella. La discusión de autores y autoras latinoamericanas ve en la interpretación de los espacios públicos (plazas, calles, espacios urbanos) como “bienes comunes” de la ciudad, la oportunidad de discutir la condición multiescalar así como las condiciones complejas (sociales, culturales, políticas) del espacio público y la necesidad de responder a ello con una igualmente compleja policentralidad de su gobernanza (Campos Cortés y Brenna Becerril, 2015; Castro-Coma y Martí-Costa, 2016; Giglia, 2013; Guadarrama Sánchez y Pichardo Martínez, 2020; Merino Pérez, 2014). En este marco, las reglas debiesen ser de “sentido común” así como acordadas entre los múltiples actores involucrados en el espacio (Giglia, 2013). Un buen ejemplo lo da la cuestión de la seguridad. Los conflictos de seguridad que son los que más tensionan y justifican la intervención controladora de la privatización en el espacio público, son entendidos por estos autores latinoamericanos como un problema que se origina en la transformación de la organización y tuición del espacio que ha ocurrido en las tres últimas décadas, donde el espacio es administrado por actores autónomos y autorreferenciales, pero también desde el estado, los que ocupan la fórmula de la privatización del espacio (cerramiento) y la especialización de sus funciones (ocio programado, consumo, reglamentación de los usos) (Campos Cortés y Brenna Becerril, 2015; Giglia, 2013). Pero, al mismo tiempo, han argumentado que, en este contexto, la seguridad también debiese entenderse como un bien compartido, el que debe ser resguardado por el interés común, señalando que cuando no se hace, es la respuesta colectiva, por ejemplo de cierre de pasajes, la que resuelve un miedo individual ante la falta de una concepción de la seguridad como bien común (Campos Cortés y Brenna Becerril, 2015; Vergara Vidal, 2012). En estas posiciones del debate latinoamericano, el riesgo de aceptar lo común como un patrón en el que el estado está ausente, y que se construya la ciudad solo “desde abajo”, es que aumenta la posibilidad de que el principio de exclusión se imponga sobre el de usufructo (Vergara Vidal, 2012) y que se movilicen iniciativas individuales que no aporten a la redistribución de la riqueza (Castro-Coma y Martí-Costa, 2016). Se ha sugerido, así, que, ante gobiernos centralizados y autoritarios y una débil sociedad civil, la forma de gestionar los espacios en clave de lo común implicaría muchas veces una postura prácticamente contra-cultural e incluso políticamente radical (Opazo, 2022). En ella, la tensión respecto al control de los recursos urbanos, en muchos casos, es una arena de politización, e incluso de la reclamación de derechos, que va más allá de los propios recursos en sí (Castro-Coma y Martí-Costa, 2016). De este modo, se sugiere encontrar nuevas formas de pensar la gobernanza (Castro-Coma y Martí-Costa, 2016), en las que se ponga particular cuidado en la participación de los usuarios locales (Campos Cortés y Brenna Becerril, 2015) y usuarios habitualmente marginados (Giglia, 2013; Guadarrama Sánchez y Pichardo Martínez, 2020), pero donde el estado actúe como facilitador de las prácticas cooperativas y alianzas comunales-ciudadanas (Castro-Coma y Martí-Costa, 2016).

Otra respuesta la entrega la mirada sobre espacio público “desde afuera” aportada para esta reflexión sobre espacio público en el texto de Stavros Stavrides (ver sección Opinión). Ella nos permite volver a colocar la vasta experiencia de la producción espacial desde la comunidad como un valor diferencial de Latinoamérica. Unas producciones que han contado con especificidades según países, dependiendo, entre otras cosas, en la manera y magnitud en la que han dialogado con el Estado. Pero, la propuesta que hace Stavrides en su texto, va más allá. Propone entender el espacio público como capaz de transformarse en un verdadero espacio común cuando las reglas de su gobernanza desafían no solo a quienes se toman el espacio, no solo para apropiarse de este, sino que para abrirlo al uso de todos. Según Stavrides, esta posibilidad está vinculada con una reinvención de la colaboración y con una forma de ejercer el “commoning”.

Un análisis detallado de estas y otras entradas al problema no es el objetivo de esta Editorial, por supuesto. Pero subrayar la ligazón entre las especificidades de los tópicos relativos al espacio público y el problema de la constitución de lo común, nos sirve para mostrar de qué manera el debate y la investigación sobre espacio público son extremadamente relevantes. En la cuestión del espacio público se juega uno de los hilos más sólidos que anudan las cuestiones de la producción material, simbólica e interactiva del espacio con el corazón de lo que sostiene la vida social en la ciudad. Sabemos que hay mucho aún que recorrer en esta problemática, pero esperamos que los aportes recogidos en este dossier contribuyan a enriquecer y vitalizar este indispensable campo de discusión y estudio.

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