Introducción

La experiencia de Marinaleda (Andalucía, España) es conocida por resultar un experimento a escala local que ha implicado la colectivización de tierras y la creación de cooperativas de trabajo desde la década de los ochenta. El caso ha despertado la atención periodística y en el ámbito académico se han publicado algunos trabajos centrados en las cooperativas de trabajo; pero existe cierta carencia en el abordaje de su aspecto habitacional (Hancox, 2013; López-Bahut y Paz-Agras, 2018). En Marinaleda se producen viviendas mediante un sistema de autogestión y ayuda mutua entre vecinos, apoyados por el gobierno local, desde principios de la década de los ochenta. Se trata de una experiencia de desarrollo urbano excepcional en el contexto europeo por su peso específico a escala local, longevidad y contenido transformador. Al mismo tiempo, es una experiencia que ha influenciado las políticas de vivienda del gobierno andaluz, que ha aplicado este sistema al conjunto de Andalucía desde hace varias décadas, dando como resultado la producción de miles de unidades de vivienda, principalmente en ámbitos rurales.

La fórmula de construcción colectiva y autogestionada presenta conexiones evidentes con otras experiencias en distintas partes del globo. En América Latina este tipo de experiencias han sido analizadas habitualmente desde el paradigma teórico y político de la Producción Social del Hábitat (en adelante, PSH). Esta perspectiva aborda la vivienda producida al margen de la industria capitalista y, en gran medida, de las políticas estatales, realizada por la población de menos recursos de las ciudades latinoamericanas a partir de la colaboración y solidaridad colectiva (Nahoum, 2013; Rodríguez, 2009; Zapata, 2017, 2020). En este marco han surgido, desde el último tercio del siglo veinte, experiencias centradas en el control autogestionado del proceso productivo del hábitat por sus futuros habitantes, destacando el caso de FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativismo de Vivienda por Ayuda Mutua, Uruguay), con el que Marinaleda, a través del Programa de Autoconstrucción de Vivienda (PAV), tiene importantes conexiones.

El objetivo principal de este artículo es exponer el caso de las políticas de vivienda en Marinaleda, abordándolo desde una teoría principalmente desarrollada en América Latina como es la de la PSH. Este análisis, a su vez, permite reflexionar sobre la difusión de políticas y teorías urbanísticas entre ámbitos muy distintos y, en concreto, desde la periferia hacia el centro del sistema global.

La influencia de las teorías poscolonial y decolonial sobre los estudios urbanos ha sido relevante en los últimos tres lustros, formulando una importante crítica a la teorización en este campo relacionada a la falsa generalización esgrimida a partir de la experiencia de unas pocas ciudades europeas o americanas (Jackson, 2017; Maloutas, 2012; Robinson, 2006). Esta cuestión es especialmente relevante para los estudios comparativos urbanos o territoriales, donde ha suscitado numerosas reflexiones en la última década sobre qué tipo de comparaciones son válidas y sobre qué marcos teóricos (Lees, 2012; Maloutas y Fujita, 2016; Peck, 2015). En la discusión en las revistas de urbanismo en castellano, el uso explícito de la teoría decolonial o poscolonial ha sido más bien marginal. Sin embargo, gran parte de las ideas que giran en torno a esta discusión, especialmente la de la crítica al colonialismo cultural, tienen una trayectoria muy extensa en los estudios urbanos, que se remonta a la polémica en torno a la urbanización dependiente (Castells, 1973; Pradilla Cobos, 1981, 1984; Quijano, 1968), teniendo una gran relevancia en el panorama actual de la región.

La disponibilidad de recursos y posibilidades de transmisión de conocimiento con que cuentan las universidades de los países centrales (fundamentalmente los anglosajones), hace incuestionable la direccionalidad de las pautas de difusión de paradigmas, teorías y conocimientos, desde países centrales hacia países periféricos (Delgadillo, 2014; Robinson, 2006). La discusión puede haber llevado a un cierto escepticismo hacia la extrapolación de conceptos, incluidos los asociados a perspectivas críticas y radicales, como ha ocurrido en los recientes debates sobre la gentrificación (Jackson, 2017; López-Morales, 2015; Díaz-Parra, 2021). Esto podría conducir al efecto no deseado de limitar las posibilidades de la reflexión teórica urbana, según algunos autores (Scott y Storper, 2015; Storper y Scott, 2016). Aalbers (2022), como la mayoría de los autores críticos, defiende el interés del discurso poscolonial, pero advierte (siguiendo en gran parte a Peck, 2015), que algunos usos pocos reflexivos del mismo pueden ahogar las posibilidades de elaboración teórica a partir de estudios comparativos internacionales, ignorando el carácter transnacional de ciertos procesos relacionados con la producción de vivienda. Goonewardena (2018) también ha subrayado el interés para los estudios críticos, incluidos los poscoloniales, del concepto marxista y lefebvriano de totalidad interrelacionada. Por otro lado, Jajamovich (2013) o Beigel (2013) han atacado la representación (incluso por la academia crítica) de la producción intelectual latinoamericana como un simple elemento pasivo, a merced de unos flujos de políticas y teorías urbanas unidireccionales, desde países centrales (que no recibirían ningún tipo de influencia) al resto del mundo (Jajamovich, 2013, 2017).

En este contexto, el presente artículo recupera el caso de Marinaleda para cuestionar algunos de estos presupuestos en torno a los flujos globales de conocimiento. Asimismo, defiende el interés de la teorización general a partir de los estudios comparativos y del intercambio transnacional de conocimiento desde una perspectiva internacionalista. La transmisión de conceptos y teorías no siempre sigue la misma dirección y puede ser productiva siempre que se asuma desde una perspectiva crítica y situada, tanto cuando se trata de un flujo de países centrales a países periféricos como cuando se recorre el camino inverso. En este caso, se propone tratar un caso en Europa occidental a través de las lentes de la discusión sobre la PSH desarrollada en América Latina. Esto coincidiría, hasta cierto punto, con los llamados recientes hacia estudios urbanos más cosmopolitas y menos localistas (Robinson, 2006, 2011, 2016). Pero más allá de esas discusiones, en este artículo se quiere resaltar la existencia de flujos globales alternativos de teorías y conocimientos, alejados de los patrones coloniales de difusión, que también merecen atención.

La experiencia de Marinaleda, extrapolada parcialmente a las zonas rurales de Andalucía mediante la ejecución del PAV, es un caso bastante excepcional en cuanto a políticas de vivienda en Europa occidental que, sin embargo, cuenta con fuertes vinculaciones con experiencias en otras geografías. ¿Qué elementos comunes existen entre la experiencia de Marinaleda y aquellas desarrolladas en el contexto Latinoamericano? ¿Cuál es el patrón común para poder generalizar estas experiencias de producción autogestionaria y colectiva del hábitat? ¿Qué puede aportar la teoría de la PSH al estudio del caso de Marinaleda? ¿Qué nos dicen estas conexiones sobre las posibilidades de generalización de ciertas teorías urbanas?

Para responder a estas cuestiones recuperamos los aportes teóricos de la PSH y la autogestión del hábitat como un discurso crítico sobre la producción del espacio urbano, abordando cuestiones como las formas de gestión de los recursos, de construcción del espacio y el carácter sociopolítico de la experiencia. A continuación, presentamos la experiencia de producción autogestionaria de viviendas en Marinaleda y su relación con las políticas de apoyo a la autoconstrucción de la Junta de Andalucía. Finalmente, en la discusión, se confrontan los resultados con el marco teórico, valorando el carácter autogestionario de la experiencia y la manera en que la discusión en torno a la PSH nos permite explicar el desarrollo de la experiencia de Marinaleda y su éxito.

El texto concluye que el abordaje desde la PSH permite establecer otras conexiones con contextos urbanos alejados geográficamente y, aparentemente, con grandes diferencias. El artículo demuestra la existencia de un patrón común para este tipo de experiencias en la tradición de la ayuda mutua que puede encontrarse en las clases populares o trabajadoras de distintas partes del globo, y en los movimientos políticos autogestionarios.

Metodología

El material empírico presentado procede de un estudio en profundidad de un caso específico, Marinaleda, como caso paradigmático de las políticas de producción colectiva de viviendas en Andalucía y como un tipo de producción del hábitat basado en la autogestión y la ayuda mutua, cuyo desarrollo más notable se encuentra en América Latina. La dimensión comparativa del mismo se introduce a través de la comparación de forma implícita con la literatura existente respecto de estas dos tradiciones, lo que se denominaría una “comparación individualizada” (Brenner, 2001). Este tipo de comparación sería especialmente útil para discutir casos a la luz de otras experiencias, inducir nuevas preguntas o señalar limitaciones u omisiones de la bibliografía sobre el tema abordado (Robinson, 2011).

El estudio del caso se realiza a partir de un trabajo de carácter cualitativo. La comprensión del fenómeno se fundamenta en su mayor parte en la observación participante en terreno (Guasch, 1997; Sanmartín, 1989). Esta observación se fundamenta en 10 visitas sucesivas al campo, cada una de un día de duración, desarrolladas entre 2020 y 2022. En estas visitas se tomaron registros en notas de campo de las características morfológicas y usos de los barrios autoconstruidos, del espacio público, las viviendas, los espacios comunes y de los edificios públicos, a fin de identificar disposiciones espaciales asimilables a las de las experiencias latinoamericanas. El proceso de observación se combinó con seis entrevistas activas (Holstein y Gubrium, 1995) a informantes claves que desempeñaron roles de decisión y participación activa en la gestión del Programa de Autoconstrucción de Vivienda (PAV) de Marinaleda, lo que ha permitido indagar en las prácticas de producción de vivienda y los discursos en torno a ella, incluidos aquellos elementos que las conectan con políticas, teorías y experiencias de América Latina.

El trabajo de campo permitió reconstruir el caso como proceso histórico y analizar los tipos de prácticas y discursos que implica el PAV. Las observaciones en los barrios arrojaron reflexiones sobre la influencia del modo de producción del hábitat y sobre su uso, permitiendo la comparación con los barrios producidos socialmente en Latinoamérica. Las entrevistas, además, aportaron algunas claves sobre la manera en que la experiencia uruguaya influyó sobre la política andaluza. Finalmente, como parte del proceso de investigación se organizó una mesa redonda en la Universidad de Sevilla (noviembre de 2020) con Pepa Domínguez (arquitecta municipal del Ayuntamiento de Marinaleda) y Benjamín Nahoum (académico y referente de la FUCVAM), indagando sobre las conexiones entre ambas experiencias.

La observación participante y las entrevistas se triangularon con una revisión documental (Hart, 2008; MacDonald y Tipton, 1993; Randolph, 2009) de los contenidos en el Archivo Municipal de Marinaleda sobre normas y planes de desarrollo, que conforman el marco legal en el que se desarrolla el proceso, así como documentos del PAV elaborados por el gobierno andaluz.

PSH y autogestión: la práctica en teoría

América Latina tiene en su haber una vasta trayectoria teórico-conceptual en el campo de los estudios urbanos. Dentro de este, la perspectiva de la PSH enlaza con una larga tradición latinoamericana del urbanismo preocupada por las formas del hábitat popular, especialmente a partir del boom demográfico de la segunda mitad del siglo veinte.

El concepto de PSH alcanza su mayor difusión a partir de su utilización por parte de organizaciones populares de habitantes agrupados en la Coalición Internacional para el Hábitat-América Latina (HIC-AL) y sus participaciones en conferencias internacionales, fundamentalmente a partir de Hábitat II (1996). Es a posteriori que la academia se reapropia de este concepto para problematizar sobre su práctica y sobre la diversidad de estrategias desplegadas por los sectores de menores ingresos latinoamericanos para producir ciudad (Di Virgilio y Rodríguez, 2013). Su conceptualización más difundida es la esgrimida por Enrique Ortiz Flores (2002, 2004), quien entiende la PSH como una práctica que no persigue fines de lucro, sino un bien de uso, y que implica una construcción colectiva, a partir de redes sociales u organizaciones populares. Rodríguez et al. (2007) completan esta definición argumentando que la PSH busca satisfacer las necesidades de alojamiento de las familias mediante pequeñas inversiones que éstas desembolsan de manera paulatina a lo largo de sus vidas (a veces por décadas, dependiendo de la disponibilidad de ahorros con que cuenten), donde la urbanización o la vivienda resultan de un proceso que, por ende, es progresivo, y dirigido y controlado por sus productores/originadores mediante algún tipo de organización colectiva.

El término autogestión juega un rol central en las experiencias más politizadas de PSH, como teoría y como práctica. La idea de autogestión gana peso a partir de la década de los sesenta dentro del radicalismo de izquierda latinoamericano y europeo, importada de la experiencia socialista yugoslava, para referirse a la organización de fábricas en fórmulas cooperativas y bajo control obrero (Guillerm y Bourdet, 1976). Posteriormente, este término arraigado a prácticas laborales se extiende a otros ámbitos, incluida la producción de viviendas. En este sentido más general puede entenderse como “la toma en sus manos, sin intermediarios y a todos los niveles, de todos ‘sus asuntos’” por todas las personas (Arvon, 1980, p. 8). Desde la década de los noventa el uso del término se expande rápidamente en América Latina y en especial en Argentina (Ruggeri, 2011). En este contexto, se comienza a hablar de autogestión del hábitat que, a diferencia de la simple autoconstrucción, remite a una perspectiva política de transformación de las relaciones sociales dirigida a fortalecer las prácticas comunitarias y el ejercicio directo de la democracia (Rodríguez y Zapata, 2020; Zapata, 2017).

La autogestión así entendida suele involucrar la idea de ayuda mutua, que remite inevitablemente a la noción de apoyo mutuo de Kropotkin (1902), un término ampliamente utilizado por el movimiento anarcosindicalista a lo largo del siglo veinte (Breitbart, 1989). La idea clave de Kropotkin era que la sociabilidad es el mecanismo básico de la evolución y no la selección natural y la competencia. Las especies con una mayor capacidad de cooperación son las que cuentan con más oportunidades de sobrevivir (Kropotkin, 1902). En el contexto de una producción autogestionaria de hábitat, esta modalidad de producción, muy recurrente en la experiencia uruguaya de la FUCVAM, remite a la construcción colectiva, organizada, planificada, cooperativa y solidaria entre todos los trabajadores que van a ser usuarios finales de un conjunto de viviendas (Nahoum, 1984, 2013)¹.

Bajo estos parámetros, la producción autogestionaria puede entenderse como una forma de producción del espacio no alienada (Díaz-Parra, 2018; Rodríguez, 2020). Si la producción típicamente capitalista del espacio es una producción alienada, en la que los habitantes se ven separados de su obra, la ciudad o el hábitat (Lefebvre, 2013), la autogestión del hábitat implicaría un tipo de construcción en la cual los habitantes, de manera colectiva y planificada, conciben y construyen su propio entorno. Data de formas de construcción concebidas y ejecutadas desde los agentes populares que van a ser sus destinatarios (Jeifetz, 2002, 2011; Pelli, 2010; Rodríguez et al., 2007; Romero, 1996). Se ha planteado la abierta contradicción de este tipo de prácticas con las lógicas capitalistas, y también la manera en que este tipo de respuestas han resultado más satisfactorias que las brindadas por las políticas públicas de vivienda convencionales (Zapata, 2017).

La PSH, como alternativa a las dinámicas mercantilizadoras del mercado de la vivienda y la planificación burocrática del Estado, genera polémicas, especialmente respecto a la relación efectiva que tienen estas prácticas con el mercado o con las instituciones y políticas del Estado. Este tipo de estrategias pueden encontrarse tanto en abierta contradicción con la lógica capitalista, caso de las experiencias autogestionarias (Rodríguez, 2020), como insertarse indirectamente en ellas, lo que sucede con la mayor parte de la autoconstrucción en espacios urbanos en crecimiento (Abramo, 2012). De igual manera, la práctica de la autogestión con un carácter más organizado y militante ha estado por lo general asociada a políticas estatales. La provisión de suelos públicos para la construcción ha sido generalmente un aspecto fundamental.

En Uruguay, las cooperativas de vivienda, gracias a la Ley Nacional de Vivienda (Uruguay, 1968), cubren una gran parte de la producción de vivienda popular en el país. La iniciativa surge a partir de tres experiencias piloto en ámbitos rurales desarrolladas por el Centro Uruguayo de la Cooperación en 1966. Tanto los proyectos piloto como la elaboración de la ley de 1968 fueron influenciadas por el movimiento cooperativo de viviendas del norte de Europa, especialmente de Suecia y Dinamarca (González, 2021; Solanas, 2010, 2016). Algunos de los elementos más originales de la ley uruguaya fueron la creación de un Fondo Nacional de Vivienda para financiar proyectos cooperativos y la creación de un Instituto de Asistencia Técnica para apoyar el proceso de construcción. En mayo de 1970 se completa la primera cooperativa y se crea FUCVAM.

Dentro de las distintas federaciones existentes, la FUCVAM ha abanderado la noción de PSH en su versión más militante y establece su modelo de producción de vivienda popular sobre tres pilares: la autogestión, que implica el control por los pobladores del proceso; la ayuda mutua, que implica que los futuros usuarios aportan su trabajo en mano de obra de manera colaborativa para el proceso de construcción y/o urbanización; y la propiedad colectiva del bien construido (Nahoum, 1984, 2013). Actualmente el movimiento ya cuenta con más de 500 cooperativas en todo el país, más de 30.000 viviendas construidas y unas 4.000 aún esperan acceder a tierras y empezar a construir, teniendo presencia en prácticamente todas las ciudades uruguayas. La experiencia de cooperativismo autogestionado uruguayo ha sido inspiración para el surgimiento de una enorme cantidad de experiencias similares en países tales como Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, Panamá, entre otros (Hic-AL, 2017), pero también, como mostraremos, tuvo conexiones de peso con experiencias de otras latitudes.

El caso de la política de viviendas en Marinaleda

El Programa de Autoconstrucción de Vivienda

El PAV (Decreto 120, 1988) se implantó en Andalucía en 1988 y se desarrolló hasta el final de la primera década del siglo veintiuno. Se trataba de proyectos colectivos de urbanización en núcleos de carácter rural, donde las familias proporcionaban el trabajo de construcción, alrededor del 40% del valor total, y la financiación y la organización general correspondía al gobierno andaluz y a los ayuntamientos. Las viviendas eran construidas de manera colectiva por sus futuros usuarios, en suelos de carácter público transferidos a los destinatarios (Díaz García, 2008). La aportación de la Junta de Andalucía consistía, por una parte, en un préstamo con interés sin pago inicial a través de una hipoteca de 25 años, que se destinaba a la adquisición de materiales de construcción. Por otra, la Junta asumía el coste de algunos servicios técnicos (proyecto arquitectónico y dirección de obra, ejecución de obra y coordinación de seguridad y salud). Hasta 2008 se llegaron a construir algo menos de 5.000 viviendas, aproximadamente 1.400 en la Sierra Sur de Sevilla, donde se ubica Marinaleda.

Dentro de los documentos del PAV se destacan usos de una terminología muy próxima a la experiencia del cooperativismo autogestionado latinoamericano: especialmente, la idea de construcción por “ayuda mutua”. También hay referencias a la existencia de una tradición previa de autoconstrucción y cooperación colectiva entre la clase trabajadora rural andaluza (Morano, 2008). Al indagar sobre esta cuestión en el trabajo de campo identificamos que los informantes claves consultados vinculados a la Junta de Andalucía, arquitectos/urbanistas implicados en la dirección del PAV, estuvieron también trabajando en la oficina de Cooperación Internacional del gobierno Andaluz. A partir de esta política de cooperación y de contactos académicos previos, estos profesionales tuvieron vinculaciones estrechas con la experiencia de FUCVAM en Montevideo y con algunos de sus cuadros intelectuales, como Benjamín Nahoum. Muchas de las ideas transversales del cooperativismo uruguayo por ayuda mutua (como se dijo anteriormente, inspiradas en aquellas influencias originarias del socialismo europeo de principio de siglo pasado) son recuperadas por estos arquitectos y urbanistas para el diseño del PAV, adaptándolo a la realidad y trayectoria del pueblo andaluz.

Sí, conocí las experiencias de FUCVAM. Creo que ambas experiencias tienen fondos comunes. Se parecen mucho, aunque nosotros no usamos la fórmula cooperativa porque en España estaba "demasiado legislada" y eso suponía muchos dogales. Lo que nosotros hicimos lo legislamos desde el principio […]. Yo creo que puede decirse que las experiencias latinoamericanas influyeron mucho en nuestra definición, sobre todo las uruguayas (González Tamarit, principal responsable del PAV desde su creación hasta su extinción en 2008 en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Junta de Andalucía. Entrevista personal, 15/06/2022).

El final del PAV coincidió con el paulatino declinar de la militancia jornalera en Andalucía. El desarrollo económico fue cambiando las prácticas de la clase trabajadora, favoreciendo “el endeudamiento frente al ahorro y el desarrollo individual frente a la ayuda mutua” (Morano, 2008). No obstante, el programa se recuperaría en 2020 como “Programa de viviendas protegidas en régimen de autoconstrucción y otras fórmulas de promoción cooperativa”, incluyendo por primera vez en Andalucía la posibilidad de usar la figura de las cooperativas dentro de los procesos de construcción por ayuda mutua.

Marinaleda y el SOC

El municipio de Marinaleda se localiza hacia el sur de la Sierra Sevillana, a más de 100 km de Sevilla (capital de Andalucía) y cuenta con 2.618 habitantes promedio en 2021. La tasa de desempleo del municipio es del 17,8%, sustancialmente menor al 23,83% (media anual para 2021 en Andalucía)² que es una de las mayores de Europa. La principal ocupación de la población es la agricultura y las industrias relacionadas. Tradicionalmente, la mayoría de la población estaba compuesta por jornaleros sin tierra que trabajaban estacionalmente en cultivos extensivos, principalmente el olivar.

Marinaleda es un caso paradigmático del movimiento jornalero andaluz, donde tiene un fuerte peso el anarco-comunismo desde el último tercio del siglo XIX hasta la Guerra Civil Española. Durante la denominada “Transición a la Democracia Liberal”, este volvería a ser uno de los principales focos de agitación en Andalucía (Martínez Alier, 1968; Ramos Espejo, 1985). En este periodo se crean sindicatos clandestinos, que serían el germen de la creación del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en 1976. El SOC se ha caracterizado desde entonces por combinar acciones habituales de un sindicato, convenios colectivos y huelgas, con acciones directas como la ocupación de tierras.

El movimiento jornalero participa también en las elecciones desde 1979 a través del Colectivo de Unidad de los Trabajadores (CUT), brazo político del SOC, integrado posteriormente en diversas coaliciones de izquierda. En este marco surge la figura de Juan Manuel Sánchez Gordillo, como uno de los principales líderes del movimiento. Profesor de escuela secundaria, se convierte en alcalde de Marinaleda en 1979, un puesto que mantiene desde entonces. En la década de los años ochenta lidera un intenso ciclo de luchas locales, que implican ocupaciones de tierras y huelgas de hambre (Falcón, 2015), consiguiendo forzar la expropiación por parte del gobierno andaluz de 1.200 hectáreas de tierras baldías pertenecientes al Duque del Infantado. Estas tierras son hoy cultivadas a través de la Cooperativa El Humoso (Figura 1), que emplea a alrededor del 50% de la población del pueblo, produciendo aceite de oliva y cultivando y envasando otras verduras.

Figura 1:
Vista interior de la Cooperativa El Humoso.
Fuente: Elaboración propia, junio 2022.

A esto se suman otras iniciativas como la construcción de una escuela taller, diversas dotaciones municipales y el programa de vivienda, todo ello organizado a partir de la asamblea de vecinos bajo el liderazgo de Sánchez Gordillo (Talego, 1996).

Los programas de autoconstrucción en Marinaleda

La iniciativa de construcción colectiva de vivienda en Marinaleda comienza con anterioridad a la constitución del PAV y se prolonga más allá del fin del programa en 2008. La primera iniciativa se remonta al primer ayuntamiento de la CUT y Sánchez Gordillo, con la construcción de la barriada de La Paz, ejecutada gracias a una ayuda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (Gobierno de España) (Orden de 8 de junio de 1982). Posteriormente se construiría la promoción El Cabrero a partir de fondos propios del Ayuntamiento, el trabajo voluntario de la población del municipio (denominados “domingos rojos”) y el uso de fondos de los Planes de Empleo Rural (PER). A partir de 1989, Marinaleda se acoge a los sucesivos PAV del gobierno andaluz entre 1988 y 2008. Los programas de autoconstrucción se han mantenido también durante el periodo de suspensión del programa entre 2008 y 2020, con la barriada Hugo Chávez, a partir de fondos propios del Ayuntamiento y una ayuda extraordinaria del gobierno andaluz que se logró a partir de la movilización social de los vecinos (Figura 2 y Tabla 1). La práctica auto-productiva colectivizada de vivienda impulsada en Marinaleda -previa al PAV- encuentra un espacio de canalización a través de su incorporación al PAV en 1989. Como dijimos anteriormente, la ejecución del PAV fue un punto de condensación de, por un lado, las influencias libertarias y socialistas que impregnaron a la práctica productiva de Marinaleda y, por otro, la impronta de autogestión que le asignaron los técnicos del PAV al programa (inspirados por la experiencia uruguaya). El PAV proporciona un marco legal y financiero a los procesos autogestionarios y de ayuda mutua que se desarrollaban en Marinaleda y permite exportarlos al resto de Andalucía.

Figura 2
Plano de localización de Marinaleda y las promociones de construcción colectiva de vivienda.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 1

Promociones de vivienda de autoproducción en Marinaleda.

Fuente: Elaboración propia.

El caso de Marinaleda cuenta con particularidades relacionadas al compromiso popular y al compromiso de la administración local con los programas de construcción colectiva de vivienda. El ayuntamiento ha desarrollado una política de compra de suelos a largo plazo, previendo la expansión del núcleo de población. Esto ha permitido ceder gratuitamente el suelo a los constructores, a lo que se suma la urbanización de estos con cargo al Ayuntamiento, a través de la canalización de ayudas del PER. Como resultado, el 90% de las nuevas viviendas en el municipio se han desarrollado bajo el paraguas de la autogestión (Candón-Mena y Domínguez-Jaime, 2020). En el caso uruguayo, el suelo supone la mayor parte del coste de la cooperativa, lo que supone una ventaja notable en el caso de Marinaleda. No obstante, en Uruguay también se ha desarrollado la estrategia de generar carteras de suelos públicos para proporcionar suelo a las cooperativas.

Junto con el rol del Ayuntamiento, es relevante la implicación del pueblo de Marinaleda en su conjunto, cuestión en la que se ven las influencias de la experiencia uruguaya. Los vecinos del pueblo cuentan con una fuerte tradición de auto-organización, de ocupaciones de tierras y de militancia masiva en el SOC (Rodríguez-Villasante, 1997), dando lugar a un tipo de “sindicalismo de movimiento social” (López, 2004). Los vecinos se organizan en una asamblea municipal que desborda a la estructura del sindicato y del ayuntamiento y que toma las decisiones sobre cómo se lleva a cabo la gestión municipal (Talego, 1996, p. 72). También interviene directamente en la política de vivienda, decidiendo sobre los futuros proyectos necesarios para cubrir las necesidades de los vecinos. Toda la comunidad participaba también a través del trabajo voluntario en los domingos rojos, jornadas de trabajo comunitario inspiradas en la experiencia cubana (Eduardo Valderrama, anterior Teniente Alcalde y Director de Obras del Ayuntamiento de Marinaleda. Entrevista personal, 02/06/2022). Esta apropiación de los recursos estatales y la conservación de la toma de decisiones por los constructores es un aspecto habitual en la producción autogestionada latinoamericana.

Finalmente, la movilización popular es un factor clave legitimador del poder negociador del alcalde frente a otras instituciones como la Junta de Andalucía, lo que ha permitido mantener los programas de autoproducción cuando han dejado de ejecutarse a nivel andaluz, así como responder a las necesidades y demandas locales.

Autogestión y ayuda mutua

La accesibilidad a este tipo de vivienda para las familias cuenta con un conjunto de requisitos. Los de tipo económico se relacionan principalmente con el nivel de renta. También se valoran aspectos técnicos, experiencia previa de obra de algún integrante de las familias y otras cuestiones que garanticen la viabilidad de los proyectos (Asamblea de Autoconstructores de Marinaleda, 2013). Además, en cualquier caso, el perfil sociodemográfico y laboral de los destinatarios resulta fundamental para el ingreso al PAV, ya que en temporada se dedican mayormente a tareas agrícolas y luego, durante los periodos de paro estacional, se dedican a la autoconstrucción. El sector de la construcción, generalmente en otras localidades costeras de Andalucía, es -tras la agricultura- la principal actividad laboral de los destinatarios, lo que otorga experiencia y formación útil para las obras. Finalmente, los entrevistados consultados señalaron “la cultura solidaria y el compromiso” propios de la población local como factores explicativos del éxito de esta política de autoconstrucción de vivienda.

La construcción de las viviendas se realiza de manera colectiva, organizada y solidaria entre todos los usuarios finales de la vivienda (Figura 3). Similar al caso uruguayo, las familias destinatarias aportan 450 días de trabajo en calidad de mano de obra. Si las familias destinatarias no desean o no pueden aportar su propio trabajo (por ejemplo, por disponer de otro trabajo remunerado durante todo el año) pueden responder con el pago de 45€ por día para la contratación de trabajadores que los reemplacen. Para el avance de obra se requiere de un 75% de autoconstructores formados en tareas específicas de obra y el 25% de no constructores, por lo que la contratación de trabajadores obreros formados es estimulada en la selección de los destinatarios. En el caso uruguayo se diferencia entre cooperativas de ayuda mutua y cooperativas de ahorro. En FUCVAM se agrupan las primeras, donde la contribución de los cooperativistas se reparte entre trabajo no cualificado en la obra y ahorros. Todos los hogares tienen que contribuir con trabajo, pero, de manera similar, se puede sustituir parcialmente ahorro por trabajo y viceversa (ver Nahoum y Vallés, 2011 o Solanas, 2016).

Los autoconstructores de Marinaleda se organizan en una asamblea propia y a lo largo de los años se han dotado de un código de comportamiento propio: las normas generales de autoconstructores (Asamblea de Autoconstructores de Marinaleda, 2013). Este suele ser modificado, mediante consenso previo, cuando las reglas necesitan ser cambiadas. Este código establece un sistema de auto-supervisión del trabajo del autoconstructor fundado en que todos trabajan juntos y al mismo tiempo. Se lleva un registro minucioso de asistencias y horas de trabajo realizadas, lo que permite compensar o sancionar las faltas no justificadas. El control sobre el proceso de construcción de la asamblea de constructores es grande. La asamblea ha influido sobre el diseño de las viviendas y controla el desarrollo de los trabajos hasta que las viviendas son entregadas. Esto coincide bastante bien con la idea de autogestión que se maneja en las cooperativas de FUCVAM, que cuentan con funciones y una autonomía similar. Si bien las características del PAV están prediseñadas por el gobierno andaluz, la asamblea ha modificado estos planteamientos a través de la negociación política y la movilización. Fue la asamblea la que decidió rechazar los intereses del préstamo y la intermediación de las entidades bancarias. Además, por mandato de la asamblea, el ayuntamiento pleiteó para ampliar el limitado tamaño de las viviendas (66 m²) y los estrictos parámetros que se imponían en el proyecto técnico.

Figura 3:
Modelos de viviendas autogestionarias de Marinaleda (Andalucía).
Fuente: Elaboración propia, junio 2022.

Que haya una reunión de vecinos en la que ellos debatan y discutan sobre la organización de las viviendas hace que las normas se cumplan mejor. Es decir, no es lo mismo que el Ayuntamiento imponga de manera unilateral una norma o una regla, a que sean ellos quienes la debatan y se cumpla. Porque son los propios compañeros los que, en el caso de que el compañero no cumpla con esa norma, le digan; «oye, que esto tienes que hacerlo así». (Sergio, actual Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Marinaleda. Entrevista personal, 18/04/22).

Aunque los constructores no se constituyen formalmente en cooperativa (como sucede con FUCVAM), sí se constituyen en asamblea, que cumple una función similar en cuanto a organización del trabajo y vigilancia de la disciplina. Los constructores entrevistados se refieren de hecho al grupo como “la cooperativa”, que funciona como sinónimo de organización colectiva:

Incluso ha habido gente de «vamos a terminar cada uno la suya». No, nunca. Bueno, no era impuesto, para eso estaba la asamblea de autoconstructores. Dábamos las razones, porque éramos partidarios de que no se adjudicaran las casas ya, y se votaba. Y la gente, la mayoría, siempre decía «no, no, aquí hemos empezado en cooperativa y vamos a terminar en cooperativa». (Eduardo Valderrama, anterior Teniente Alcalde y Director de Obras del Ayuntamiento de Marinaleda. Entrevista personal, 18/04/22).

Las normas generales de autoconstructores (Asamblea de Autoconstructores de Marinaleda, 2013) establecen que el proceso adjudicatorio de las viviendas a cada familia se realiza una vez finalizada la totalidad de la obra y el criterio de selección es por sorteo, a no ser que exista consenso en el reparto de las viviendas. Es muy importante aclarar que los autoconstructores trabajan en la producción de los conjuntos en su totalidad, sin identificación aún de viviendas individuales, como forma de modo de garantizar de esta forma la misma dedicación a cada una de las viviendas y espacios colectivos. Esta metodología es idéntica a la que se desarrolla en las cooperativas de FUCVAM y en otras experiencias cooperativas latinoamericanas, para lo que se suele dar una justificación similar.

La inexistencia de la fórmula legal cooperativa es clave para que no exista la propiedad colectiva en el caso de Marinaleda, al contrario que en FUCVAM. El suelo es propiedad del ayuntamiento, pero las viviendas construidas en el marco legal del PAV deberían acabar siendo de propiedad privada. No obstante, como parte de la militancia colectivista de los constructores en Marinaleda, la regulación dominial se mantiene en suspenso de manera indefinida y los títulos de propiedad no han llegado a entregarse en ningún momento. Este es un subterfugio utilizado explícitamente en el caso de Marinaleda para evitar la propiedad privada. En las charlas sostenidas con vecinos en las visitas de campo inferimos que existe la creencia generalizada de que la propiedad de los barrios construidos por apoyo mutuo es colectiva. Los beneficiarios entienden así que disfrutan del usufructo de la vivienda, incluso con la posibilidad de dejarla en herencia a sus hijos. No obstante, tanto por conciencia social -para evitar prácticas mercantilistas como la reventa- como por el ahorro de los costes burocráticos, renuncian a formalizar la propiedad:

Yo tengo mi papelito que estoy pagando todos los meses mi recibo de la luz, del agua, no se han planteado nunca el tema de la propiedad de la vivienda ya bajo una escritura. (Eduardo Valderrama, anterior Teniente Alcalde y Director de Obras del Ayuntamiento de Marinaleda. Entrevista personal, 02/06/2022).

Respecto al futuro de la autogestión, la militancia en el pueblo tiene un carácter muy generacional, impulsada históricamente por gente implicada en los procesos de ocupación de tierras durante la Transición. Todos coinciden en que los jóvenes ahora lo ven como un servicio público más y no entienden el proceso que ha habido detrás:

Ahora es diferente, ahora parece que la gente va cada uno a lo suyo. Ya no en el tema de las viviendas, sino en todo. Se ve que la gente nueva no ha vivido el proceso. Es como… «quiero una vivienda, así que voy al Ayuntamiento, me apunto y si me toca a trabajar, bien, y si no, pues bueno, a esperar otro año». Y entonces no han luchado ni saben apreciar lo que tenemos. (Antonio, activista social, autoconstructor y beneficiario de una de las viviendas de Marinaleda. Entrevista personal,18/04/22).

Discusión y conclusiones

Este artículo ha presentado un estudio de caso, localizado en un contexto semi-periférico (Andalucía) al interior de uno de los principales centros del capitalismo global (Europa Occidental), que propone una conexión implícita con la teoría y la práctica de la PSH desarrollada en países latinoamericanos. Este planteamiento coincide en gran medida con la idea de construir perspectivas más amplias que atraviesen la diversidad de experiencias y territorios urbanos (Robinson, 2022). La idea de “pensar lo urbano desde otro lugar” puede referirse, de esta forma, a pensar un caso a partir de sus conexiones con otros lugares y, sobre todo, con “imaginaciones teóricas” derivadas de otros contextos que permitan desplazar asunciones etnocéntricas (Robinson, 2006, p. 3).

Comprobamos cómo la aplicación de la teoría de la PSH a los procesos de autogestión desarrollados en Marinaleda muestra sorprendentes conexiones con lo que podría suponerse como realidades incomparables. La experiencia de Marinaleda, a través del PAV y la de FUCVAM, está conectada por un flujo específico de ideas, teorías y vocabulario urbano desde Uruguay a Andalucía. Esta práctica concreta hace que las ideas de autogestión y apoyo mutuo, tal como se entienden en el movimiento de autogestión del hábitat latinoamericano y desde la perspectiva de la PSH, permitan definir tan bien el caso de Marinaleda. Incluso más allá de las estrategias metodológicas y del vocabulario que ha atravesado el Atlántico, las experiencias se conectan por su carácter popular. Se trata de formas tradicionales de construcción popular, practicadas históricamente por los pueblos originarios de América Latina y por sus actuales clases populares, pero también por el tradicional proletariado agrícola andaluz. Prácticas que se siguen reinventando en un contexto de planteamientos anticapitalistas y de carestía material de las clases populares. La experiencia de Marinaleda se puede integrar dentro de las versiones más militantes de PSH, en la medida en que recupera las formas de producción propias de los sectores de menores ingresos, disputa los recursos estatales y se basa en la práctica concreta de la ayuda mutua, la autogestión y el rechazo a la propiedad privada. El caso estudiado comparte el control popular de los procesos a través de la asamblea de constructores y la propia asamblea de vecinos de Marinaleda, incluyendo la reapropiación de recursos públicos del Ayuntamiento y del conocimiento técnico de sus trabajadores. También el principio de ayuda mutua, mediante la aportación de horas de trabajo en la producción de las viviendas, en un proceso constructivo colectivo e igualitario. En lo que mejor se ajusta Marinaleda a la vertiente autogestionaria de la PSH es en la participación y la toma de decisiones de la comunidad y los destinatarios en el propio diseño de la política de vivienda, las normas que rigen su construcción e incluso la forma en que se conciben las mismas (diseño, materiales). Incluso la participación del Ayuntamiento no tiene por qué concebirse como la participación de un actor externo, pues la propia política municipal se ve subordinada a las decisiones de la asamblea del pueblo, colaborando el conjunto del mismo en la construcción de las viviendas o en los procesos de reivindicación política cuando ha sido necesario.

Yendo más allá de la adecuación del vocabulario de la PSH para describir el caso de Marinaleda, la discusión latinoamericana nos proporciona algunas herramientas para caracterizar dicha experiencia frente al resto de la autoconstrucción promovida desde la Junta de Andalucía a través del PAV. Es la militancia política de Marinaleda, que también ha podido darse en alguna medida en otros pueblos de la zona, lo que otorga un carácter autogestionario y radical a la experiencia. La política de la Junta de Andalucía mediante el PAV (a través de sus perfiles políticos y técnicos) adopta algunos elementos del discurso y de las prácticas latinoamericanas, principalmente la idea actualizada de la ayuda mutua (que encuentran eco en el caso de Marinaleda), para convertirlo en un plan andaluz integrado y expandirlo así a todo el territorio. No obstante, en el marco del PAV se abandonan algunos elementos claves de la producción autogestionaria del hábitat, como la relacionada al control del proceso por parte de los propios constructores o la propiedad colectiva. La militancia colectivista de Marinaleda, por el contrario, desarrolla sus propias estrategias para mantener estos planteamientos frente a un marco legal-estatal que los obstaculiza, por ejemplo, sorteando el trámite legal del registro de la propiedad, que nunca llega a efectuarse. El caso analizado, con sus complejidades, permite con claridad visualizar la circulación contrahegemónica de ideas y prácticas que cuestionan el “orden” capitalista y la direccionalidad de los flujos globales de teorías y conocimientos.

La tensión actual en torno a la teorización en estudios urbanos tiene que ver con la denuncia de la universalización como falsa generalización a partir de la experiencia europea. El principal riesgo con esta legítima denuncia, como detecta Aalbers (2022) junto a otros, es que toda generalización acabe metiéndose dentro del mismo saco, obstaculizando la posibilidad de teorizar a partir de los estudios comparativos -dada la irreductible particularidad de todo caso-. La propia idea de ciudad o de urbanización, o de estudios urbanos, no tienen mucho sentido si no se trata como una forma y un proceso generalizable. Para Lefebvre (2013) es la propia producción del espacio la que es universal, aunque cada sociedad produce su propio espacio. En términos generales, desde la perspectiva marxista, el capitalismo (o la urbanización capitalista) conlleva un impulso universalizador, que para Chibber (2013) se encontraría en las lógicas de la acumulación. La construcción popular, que conlleva necesariamente autoconstrucción y cierto grado de control colectivo de los procesos, demuestra tener también cierto grado de universalidad como una forma de producción del hábitat. Por un lado, se trata de una fórmula pre-moderna, previa al desarrollo de la industria capitalista, prácticamente universal. Pero también es un proceso generalizado y global en la actualidad, en los márgenes del sistema capitalista, allá donde este no llega, y contra la homogeneización del urbanismo mercantilizador, allá donde se desarrollan militancias con capacidad de oponérsele. Es indudable que, hoy en día, la producción colectiva y directa del hábitat desarrollada por los propios habitantes, sin la mediación de instituciones de mercado o estatales, es generalizable a gran parte del mundo, no siendo un rasgo propio achacable simplemente a una cultura en particular y dando lugar a formas muy distintas en distintos contextos.

El segundo riesgo que se corre con ciertos planteamientos anti-universalistas es que, de manera bien intencionada, algunos autores críticos pueden acabar asumiendo erróneamente que toda la teoría urbana del siglo veinte se ha hecho en Europa o Estados Unidos, pensando en unas pocas grandes ciudades de estos territorios y aplicándose a partir de allí al resto del mundo. Esto, como si la urbanización no se hubiera pensado en el pasado desde otros lugares y como si las ciudades europeas no hubiesen recibido en el pasado influencias extraeuropeas. Al menos en el caso de América Latina, la teoría urbana, como el propio hecho urbano, tiene un gran peso y una gran profundidad histórica (Jajamovich, 2013, 2017) que ha incluido desde hace medio siglo la crítica a las generalizaciones erróneas esgrimidas a partir de la experiencia europea, especialmente desde la consolidación de la teoría de la dependencia (Beigel, 2016). El pensamiento y la práctica urbanística en América Latina ha influido de forma determinante en el urbanismo moderno, si no en el conjunto de Europa al menos sí en la península ibérica (por ejemplo, en las políticas de ensanche decimonónicas en España). Entender críticamente los procesos urbanos implica investigar la complejidad de estas conexiones y estar dispuestos a reevaluar nuestros propios presupuestos.

La discusión teórica en torno a la PSH, que implica el análisis de formas populares tradicionales de provisión de vivienda (y sus versiones más militantes, críticas concretas a la urbanización capitalista y la mercantilización de la vivienda), es aplicable a una generalidad de casos. Es una práctica que atraviesa distintos lugares, dando lugar a formas distintas e incorporando o transformando aspectos dentro de un proceso concreto de difusión de prácticas y teorías, siendo rastreable (como son los flujos de ideas socialistas) en ambos lados del Atlántico. Basándonos en lo anterior, podemos afirmar que la discusión en torno a la PSH y la producción autogestionada del hábitat no es un planteamiento parroquialista, sino una teoría urbana internacionalista que explica una práctica igualmente internacionalista.

Las diferencias entre regiones son grandes. La actitud respecto del rol de las instituciones del Estado o la articulación del sujeto popular pueden ser algunas de las más evidentes. No obstante, la experiencia de Marinaleda invita a rechazar divisiones tajantes y generalizaciones excesivas sobre lo que presuponemos que deben ser las características definitorias de la urbanización del Norte y del Sur global.

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Notas