Para la convocatoria de este dossier la pregunta ¿Qué distingue la pobreza energética de la pobreza general en contextos de exclusión urbana? se planteó con el objeto de reunir nuevas evidencias sobre pobreza energética en América Latina. Como reflexión inicial a este artículo podemos señalar que, en esencia, lo que diferencia una forma de pobreza de otra es el tipo de necesidad humana aludida. Es así como la Organización de Naciones Unidas define el concepto de pobreza general como: “una condición caracterizada por una privación severa de necesidades humanas”, aludiendo a necesidades de alimento, salud y vivienda (ONU, 1995, p. 57). Podemos definir entonces que la pobreza energética es una forma de deprivación específica basada en una dependencia de recursos domésticos tercerizados, entre los que podemos contar, el uso de energía de climatización, iluminación artificial, o cocción de alimentos. Por cuanto a la exclusión urbana como agravante a esta condición, es necesario primero situar esta reflexión a la luz de las evidencias que han permitido hasta ahora advertir la ocurrencia del fenómeno en la región.

Desde sus primeros acercamientos a la literatura, el concepto de pobreza energética en América Latina ha sido tratado más bien como un concepto homólogo al de pobreza general (García Ochoa, 2014; Nussbaumer et al., 2013). En efecto, en las primeras definiciones planteadas en los trabajos precursores de Nussbaumer et al. (2013), y García-Ochoa (2014) para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, se usaron criterios de medición de pobreza multidimensional (Alkire y Foster, 2009) y pobreza de ingresos, respectivamente (Desai, 1990; Feres y Mancero, 2001). Sobre esta misma línea, estudios posteriores han optado por abordar la pobreza energética desde un enfoque multidimensional, sumando a los criterios establecidos, indicadores de acceso y calidad de los servicios energéticos (Amigo et al., 2019; Goldemberg et al., 2004; Pereira et al., 2021). Como resultado de más de diez años de literatura, incluyendo estudios nacionales y transnacionales sobre el gasto energético en los hogares (Quishpe et al., 2019; Villalobos et al., 2020), se ha alcanzado el diagnóstico común de que la pobreza energética es un fenómeno de manifestación aguda que afecta, en menor o mayor medida, a toda América Latina (Calvo, Álamos et al., 2021; González e Ibáñez, 2023; Thomson et al., 2022).

No obstante, como revisaremos en los siguientes apartados, las preferencias de habitabilidad de los hogares latinoamericanos han estado en gran medida ausentes de esta discusión. El concepto de pobreza energética fue introducido originalmente por Boardman, a comienzos de los años noventa en el Reino Unido como la incapacidad de un hogar de satisfacer necesidades de calefacción (Boardman, 1991a). Desde entonces hasta la actualidad, numerosos autores han expandido el concepto para abarcar un conjunto de necesidades energéticas que comprometan los ingresos económicos de un hogar, incluyendo requerimientos de refrigeración (Palma et al., 2022), iluminación artificial (Petrova, 2018), cocción de alimentos (Li et al., 2023), o calentamiento de agua (Yoon et al., 2019). A continuación, bajo el postulado de que son estas necesidades, y no la ausencia de algún servicio energético per se, las que deben ser atendidas para abordar el fenómeno de la pobreza energética en América Latina, revisaremos los principales enfoques abordados hasta ahora.

Pobreza por gasto energético excesivo

Aunque menos común en América Latina, el uso de indicadores macroeconómicos para medir el gasto energético de un hogar representa un enfoque tradicional de aproximación a la pobreza energética (Thomson et al., 2022). En este caso, se estima que un hogar es pobre energéticamente si este incurre en un gasto energético desmedido respecto a sus ingresos, o bien respecto a un determinado índice de gasto o ingreso de una población (Robinson et al., 2018). Se han propuesto múltiples indicadores dentro de este enfoque desde que Boardman planteara como primer indicador de gasto, la regla del diez por ciento (RDP) (1991a), entre los que destacan otros indicadores relevantes como: el doble de la mediana (2M), altos costos bajos ingresos (LIHC), ingreso mínimo estándar (MIS) o pobreza energética oculta (HEP) (Siksnelyte-Butkiene et al., 2021, Pérez-Fargallo et al., 2023). Si bien este enfoque permite realizar un diagnóstico temprano sobre la incidencia global del fenómeno sobre una población, en su aplicación hasta ahora, este ha presentado importantes dificultades para capturar otras formas de pobreza energética reconocidas en la región, como aquellas asociadas a la falta de acceso (Calvo, Álamos et al., 2021), o a la insatisfacción de necesidades de habitabilidad ambiental (Bouzarovski y Petrova, 2015).

Otras dificultades que ha presentado este enfoque para su implementación en la región son la volatilidad y la falta de precisión de los indicadores usados frecuentemente para medir el gasto energético de los hogares (Villalobos et al., 2020). Esto además si se considera que el carácter utilitario de este enfoque tiende a desestimar la desigualdad socio-ambiental como una de las causas estructurales de la actual condición de pobreza energética que vive la región (Calvo, Álamos et al., 2021). Son argumentos comúnmente adoptados para desestimar este enfoque tanto la volatilidad de los costos del combustible (Villalobos et al., 2020), como la falta de instrumentos confiables de medición estadística que permitan reducir el riesgo de sobrerrepresentación o subrepresentación de la población afectada (Siksnelyte-Butkiene et al., 2021). Como resultado, las políticas tradicionalmente adoptadas bajo este enfoque tienden a promover medidas de alivio transitorio de baja incidencia sobre la situación global de pobreza que afecta a los hogares. Algunas prácticas ampliamente adoptadas en América Latina para abordar la pobreza energética bajo este enfoque son el subsidio al precio del combustible doméstico (Castillo, 2021), la entrega de bonos para el pago de servicios energéticos (Canese, 2013), o la exoneración total de pagos de consumo de energía residencial (Jimenez y Yepez-Garcia, 2017).

Pobreza por ausencia de servicios energéticos

La pobreza energética es una forma de exclusión social, esta última entendida como la falta de participación de segmentos de la población en la vida cultural, económica y social de sus respectivos grupos. Como manifestación de ello, la ausencia de servicios energéticos es uno de los desafíos a nivel global para resolver necesidades urgentes de exclusión a fuentes de energía moderna, cuando aún existe 10% de la población que no tiene acceso a electricidad y un tercio de la población que cocina con fuentes contaminantes que contribuyen a la contaminación ambiental y al desmedro de la salud pública (ONU, 2023). Asegurar el acceso universal a servicios energéticos modernos que sean equitativos y confiables, así como aumentar la contribución de energías renovables y la eficiencia energética son metas específicas de los objetivos de desarrollo sostenible establecidas por la Organización de Naciones Unidas para promover el acceso a energías no contaminantes (ONU, 2023).

En la literatura, los servicios energéticos se definen como las configuraciones específicas de uso de la energía compuestas por la combinación de artefactos tecnológicos y fuentes energéticas que se emplean para la satisfacción de necesidades básicas del hogar (Amigo et al., 2019; Calvo, Álamos et al., 2021). Al igual que la definición de pobreza energética, los servicios energéticos, además de ser aproximados desde la equidad, se abordan desde sus características de acceso y calidad.

El acceso a servicios de un hogar puede verse afectado por limitantes físicas y/o tecnológicas. Según la Red de Pobreza Energética (Calvo, Amigo et al., 2019; Calvo, Álamos et al., 2021), la condición de acceso se estima por la existencia de condiciones de conectividad, suministro y tecnologías apropiadas para permitir a un hogar contar con servicios energéticos de altos niveles de calidad pertinentes en consideración al contexto territorial. El concepto de acceso a servicios energéticos, a partir de las revisiones de literatura, muestra una relevancia menor en los países desarrollados a la existente en países en vías de desarrollo, como es el caso específico de territorios latinoamericanos (Urquiza et al., 2019). Por otra parte, los artículos que se enfocan en el concepto de acceso lo asocian a barreras físicas/tecnológicas que previenen el acceso adecuado a servicios energéticos, ya sea en cuanto a la implementación de sistemas tecnológicos modernos para energías limpias como la solar o eólica, en particular en países en vías de desarrollo o en condiciones territoriales rurales (Rifkin, 2011). Muchas veces el acceso se asocia a la conexión a redes eléctricas, y si bien es cierto algunas regiones, como la latinoamericana, muestran tasas de acceso a electricidad por sobre el 98%, este acceso no tiene patrones distribuidos de igual manera en todos los países, como aquellos con conectividad de menos del 50% de su población, o territorios insulares donde también es una excepción (Thomson et al., 2022).

Las condiciones de calidad de acceso a la energía se definen por Calvo, Amigo et al. (2019) y Calvo, Álamos et al. (2021), con pertinencia ecológica, técnica, y cultural respecto al territorio habitado. Según los mismos autores se establecen mínimos umbrales de tolerancia que permiten evaluar la calidad de los servicios energéticos relacionados con: adecuación; confiabilidad, disponibilidad, estabilidad y seguridad; con un mínimo impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas (Calvo, Álamos et al., 2021; Calvo, Amigo et al., 2019). Como parte de la condición de calidad del servicio energético, la adecuación y la confiabilidad son fundamentales para satisfacer las necesidades de los usuarios finales. En este sentido, las tecnologías asociadas deben contar con sus respectivas certificaciones o estar aprobadas por regulaciones locales. La confiabilidad se refiere a la estabilidad del servicio brindado a los hogares.

Evidencias empíricas sugieren que los hogares pueden combinar múltiples servicios energéticos, denominados “modernos” o “primitivos”, de acuerdo con lo que se conoce en la literatura como la teoría de la “escala energética” (Van Der Kroon et al., 2013). Su acceso dependerá fuertemente de normas culturales y prácticas, características climáticas y territoriales, condiciones socioeconómicas y de infraestructura, las cuales pueden influir en las necesidades energéticas, así como también en la cantidad de energía necesaria para satisfacerlas, la calidad apropiada de los servicios energéticos y el costo que el hogar considere aceptable (Urquiza et al., 2019).

Un aspecto importante es como la crisis climática está afectando el acceso y calidad de los servicios energéticos en eventos climáticos, en especial en países y sociedades más vulnerables. Un ejemplo de ello son precarias normativas térmicas o la no existencia de éstas en muchas regiones de América Latina, donde una gran cantidad de viviendas no cuentan con aislación térmica, lo que hace aún más vulnerable a las familias en eventos extremos como olas de frío o calor. El reforzamiento de políticas para establecer mínimos necesarios para lograr un desempeño energético eficiente y de confort ambiental es uno de los aspectos importantes para el desarrollo de la región. El éxito a la transición energética depende del entendimiento y barreras económicas o socioculturales al cambio tecnológico. Por otra parte, es esencial verificar que la implementación de estos cambios no profundice o genere nuevos tipos de desigualdad. El cambio climático ha generado una transformación de gran envergadura en los sistemas energéticos, que, por ahora, países desarrollados han podido implementar y llevar a cabo en sus territorios. Sin embargo, las condiciones geográficas de América Latina suelen ser consideradas como una de las barreras más relevantes a sortear para garantizar un acceso equitativo a energía de calidad a toda su población (Calvo, Álamos et al., 2021).

El acceso a servicios energéticos de alta calidad y libres de contaminación atmosférica, por otra parte, se asocian a efectos positivos en las oportunidades laborales y educativas de los miembros del hogar citados en Bridge et al. (2016), Calvo, Álamos et al. (2021), Day et al. (2016), González-Eguino (2015) y Pueyo y Maestre (2019). En particular, el acceso a estos servicios permite abordar la desigualdad de género que se ha instaurado también como una preocupación relevante para la pobreza energética en la región. Un ejemplo de ello fue el aumento de empleabilidad de mujeres en sectores rurales de Sudáfrica al entrar al mundo laboral en lugar de dedicar su tiempo a tareas domésticas (Calvo, Álamos et al., 2021). Por esto es que hay que ampliar la mirada más allá de la electrificación como medio de alivio, hacia una visión multidimensional que permita abordar las diversas condiciones de desigualdad y particularidades territoriales de las sociedades contemporáneas, como lo plantea la CEPAL (2021), desde las desigualdades económicas, desigualdades de género y desigualdades étnicas.

Pobreza por insatisfacción de necesidades de habitabilidad

Podemos entender la pobreza energética también como síntoma de un problema mayor alojado en la insatisfacción de necesidades de habitabilidad. De forma que un hogar es pobre energéticamente no sólo si carece de un servicio o incurre en un gasto energético desmedido, sino también si su vivienda no ofrece los medios para satisfacer necesidades básicas de habitabilidad ambiental ―como confort térmico, iluminación o ventilación natural (Chen y Feng, 2022). Pese a que este enfoque releva la calidad de la vivienda por sobre la dependencia de recursos energéticos tercerizados, esta vertiente de estudio no ha sido suficientemente explorada para América Latina que precisamente busca liderar una transición justa hacia el uso de fuentes de energía distribuida (Pérez Urdiales et al., 2021). Es así que, en línea con nuestro postulado inicial, resulta imperativo para la región articular una base común de indicadores de habitabilidad que permitan a sus hogares avanzar hacia la plena autosuficiencia de sus recursos energéticos.

Para exponer los alcances de un enfoque centrado en habitabilidad podemos responder también a la pregunta convocada para este dossier ¿Qué tipo de privaciones son propias de la pobreza energética en América Latina? señalando que las privaciones de habitabilidad originadas en condiciones de segregación socioambiental representan una situación distintiva de pobreza energética en la región. Prueba de esto, son el aumento de la demanda de energía de climatización (Palme y Carrasco, 2022), la concentración de contaminantes atmosféricos (Islam y Archer, 2020), o la falta de infraestructura sensible al clima en periferias urbanas donde se concentran los hogares de menores ingresos (Sarricolea et al., 2022). Mientras que, en respuesta a esta condición de desigualdad macroestructural, los primeros enfoques revisados respecto al gasto excesivo o a la ausencia de servicios energéticos, tienden a promover la entrega de beneficios económicos o programas de modernización energética (Amigo et al., 2018), un enfoque centrado en habitabilidad busca promover transformaciones en la agencia actual del espacio doméstico por medio de la participación activa del habitante en la gestión del entorno (Castán Broto et al., 2019). Ejemplos de esto son iniciativas colectivas de regeneración urbana (Herrera-Limones et al., 2023), programas de divulgación de nuevas prácticas energéticas (Valenzuela-Flores et al., 2023), o reacondicionamiento térmico del hogar (Medrano-Gómez e Izquierdo, 2017).

Distintos autores que han abordado la pobreza energética con un enfoque en habitabilidad han identificado umbrales de insatisfacción relevantes para su reconocimiento (Boardman, 2010; Healy y Clinch, 2004; Petrova, 2018). De igual modo que los enfoques centrados en el gasto o en la ausencia de servicios energéticos abordan la pobreza energética desde la escala territorial, un enfoque centrado en habitabilidad permite abordar la pobreza energética desde la microescala urbana hasta la escala misma del hogar (Pérez-Fargallo et al., 2022). Es por esto que, a diferencia de los primeros, un enfoque centrado en habitabilidad requiere identificar umbrales de insatisfacción inherentes a la cultura y microclima local, entre los que diversos autores han identificado variaciones locales significativas en las condiciones declaradas de disconfort térmico (Boardman, 2010), presencia de fenómenos de condensación superficial (Healy y Clinch, 2004), incidencia de iluminación natural (Bardhan y Debnath, 2016), o exceso de gases contaminantes (Reyes et al., 2019).

Entonces frente a la pregunta ¿Qué factores socioespaciales definen vulnerabilidad a la pobreza energética? podemos decir que estos factores dependen tanto de la calidad físico-ambiental del entorno como de la capacidad de agencia de los habitantes para adaptarse a sus constantes transformaciones en el tiempo. Por tanto, para los efectos de un enfoque en habitabilidad podemos definir vulnerabilidad de pobreza energética en función del grado de autonomía que tenga un hogar respecto a la gestión de sus recursos energéticos. Podemos inferir entonces con suma preocupación, antes de ahondar en los respectivos factores de vulnerabilidad que, si no se toman las precauciones debidas, las políticas de alivio tradicionalmente usadas para abordar la pobreza energética (Amigo et al., 2018; Villalobos et al., 2020), podrían estar más bien contribuyendo al aumento del consumo de energía, sin necesariamente contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad ambiental de los hogares latinoamericanos.

A continuación, resumimos algunas formas de pobreza energética propias del enfoque propuesto y algunos vacíos en el conocimiento necesarios de abordar para promover nuevas fronteras de acción que permitan a los habitantes ejercer su capacidad de agencia activa sobre el entorno con el uso mínimo de fuentes de energía convencional:

Pobreza de climatización: basados en esta revisión, entendemos por pobreza de climatización a una forma de pobreza energética distintiva referida a la incapacidad de un hogar de alcanzar condiciones mínimas de habitabilidad térmica (Boardman, 1991a, 2010). Esta dimensión, que comprende necesidades de calefacción y refrigeración requiere de forma urgente definiciones de vulnerabilidad asociadas tanto al cuidado de adultos mayores, infantes o enfermos crónicos, como de los miembros a cargo de estos u otras actividades productivas que demanden requerimientos especiales (Valenzuela-Flores et al., 2023). Por otro lado, con el propósito de contribuir a reducir la dependencia energética resulta imperativo avanzar en la generación de conocimientos sobre los patrones actuales de acondicionamiento térmico natural, los que comprenden de acuerdo con la literatura especializada: las preferencias de temperatura de confort térmico (Humphreys et al., 2016), expectativas de acondicionamiento ambiental (Rubio-Bellido et al., 2017) y patrones de comportamiento estacional (Marín-Restrepo et al., 2023). Por tanto, son factores de vulnerabilidad socioespacial por pobreza de climatización, la falta de infraestructura urbana de acondicionamiento microclimático (Palme y Carrasco, 2022), la ausencia de una envolvente térmica sensible al clima y la falta de oportunidades para la autorregulación, entre las que podemos contar la falta de diversidad ambiental, provisión de dispositivos operables y el ejercicio regular de acciones individuales de termorregulación personal (Rubio-Bellido et al., 2017).

Pobreza de iluminación: esta forma de pobreza energética ha sido entendida, a partir de diversos autores reconocidos en la materia, como la incapacidad de un hogar de alcanzar condiciones mínimas de habitabilidad lumínica, ya sea esta por ausencia de fuentes de luz natural o artificial (Kralikova et al., 2019; Petrova, 2018). Además de los grupos vulnerables mencionados en la dimensión anterior, ingresos y composición etaria del hogar, podemos reconocer vulnerabilidad particular en hogares con miembros con fotofobia, sensibilidad lumínica o epilépticos (Kralikova et al., 2019). La generación de conocimientos debería centrarse en este caso en la comprensión de las preferencias y necesidades mínimas de iluminación natural, tanto por latitud como por localidad, y la consiguiente carga de estas condiciones sobre el gasto en energía (González et al., 2023). Son factores de vulnerabilidad socioespacial por pobreza de iluminación la falta o excesiva exposición de cielo visible (o de igual manera en el caso de la luz artificial), la consiguiente falta o tamaño excesivo de vanos de envolvente (Bardhan y Debnath, 2016), y la ausencia de elementos de control lumínico para promover el ejercicio de adaptación individual (Mardaljevic, 2012).

Pobreza de calidad del aire: aún menos reconocida formalmente en la literatura, esta forma de pobreza energética ambiental refiere a la incapacidad de un hogar de mantener condiciones de calidad del aire (Husaini et al., 2023; Sun et al., 2019). En este caso podemos reconocer vulnerabilidad, más allá de los grupos mencionados hasta ahora, en hogares con miembros con insuficiencia respiratoria, asma u otras enfermedades broncopulmonares (Sun et al., 2019). Los avances en el conocimiento sobre la materia deberían enfocarse, especialmente para el caso de América Latina, en la comprensión de las necesidades y preferencias de ventilación domiciliaria por renovación de aire, y en la búsqueda de medios para suprimir las fuentes actuales de emisión de gases contaminantes (Husaini et al., 2023). Son factores de vulnerabilidad por pobreza de calidad del aire, los entornos urbanos saturados por material particulado u otros gases dañinos para la salud humana (Islam y Archer, 2020), la ausencia de vanos practicables o medios pasivos de ventilación controlada (Moreno-Rangel et al., 2020).

Para todas estas formas de pobreza energética ambiental es importante considerar, en el caso de que sea inevitable recurrir al uso de energía auxiliar, la dotación integrada de tecnologías situadas de generación renovable ―energías solar, eólica o geotermia (Rifkin, 2011). Así como dejamos entrever en los acápites anteriores, el hábitat doméstico es una dimensión compleja de valores humanos objetivos y subjetivos intrínsicamente relacionados que requiere una comprensión dinámica y sistemática sobre las necesidades del habitante (Arcas-Abella et al., 2011). En consecuencia, las distintas formas de pobreza energética expuestas hasta ahora pueden verse perjudicadas o favorecidas entre sí o bajo la influencia de otras formas de deprivación, como la pobreza de cocción de alimentos o la pobreza de calentamiento de agua, ampliamente reconocidas a nivel de la literatura internacional (Bouzarovski y Petrova, 2015). En todos los casos descritos, son también agravantes de vulnerabilidad la falta de acceso a energías modernas, la tenencia de artefactos deficientes y cualquier situación relativa que desmejore el ingreso mensual disponible de un hogar (Calvo, Amigo et al., 2019).

Reflexiones finales en torno al rol de la vivienda

Por último, antes de introducir los artículos presentados para este dossier, nos queda pendiente la pregunta ¿Qué medidas de acción podrían contribuir al alivio de la pobreza energética en la región? De acuerdo con Boardman (1991b), la manera más efectiva de reducir la pobreza energética de forma sostenida en el tiempo es a través de la inversión en vivienda ―entendida para efectos de este articulo como una expresión más amplia contenida bajo el concepto de hábitat residencial (INVI, 2017). A partir de esta visión, planteamos como reflexión final que la necesidad de aumentar y mejorar el parque construido de viviendas en la región (Cecchini et al., 2015), representa una oportunidad única para abordar la pobreza energética no sólo desde la consumación de medios de alivio transitorio, si no también desde la deliberación de planes de vivienda integral que permitan abordar su prevención y reparación sostenida en el tiempo (Boardman, 2010). Así destacamos, como respuesta al escenario actual de la región, la necesidad de repensar la vivienda como un medio de continuidad de la cultura local en torno al clima y los recursos naturales, y como un medio de generación de nuevas prácticas en la agencia participativa del entorno doméstico (Hügel y Davies, 2020).

Para abordar la pobreza energética como un problema alojado en la insatisfacción de necesidades de habitabilidad, concluimos con base en nuestra revisión, que son necesarias nuevas orientaciones para profundizar el conocimiento sobre las prácticas de autocuidado ambiental. Esto se traduce, por un lado, en avanzar en la comprensión de las necesidades, anhelos, y expectativas de los hogares respecto a la gestión de sus recursos materiales y energéticos disponibles (Rubio-Bellido et al., 2017) y por otro, profundizar en el estudio de las circunstancias físico-ambientales que condicionan la dependencia energética de los hogares, específicamente respecto a requerimientos de calefacción, refrigeración, iluminación y ventilación natural (Jimenez y Yepez-Garcia, 2017). Por tanto, junto con promover la participación del habitante en la agencia activa de su entorno, postulamos que la vivienda debería ser comprendida como garante en si misma de las necesidades de sus habitantes, profiriendo así la dotación integrada de tecnologías situadas de generación renovable, y una envolvente sensible a las necesidades de los habitantes en relación al clima local (Nicol y Humphreys, 2002).

Presentación del dossier

La compilación de los artículos seleccionados para este dossier representa un esfuerzo importante por contribuir a profundizar y diversificar la mirada actual sobre la pobreza energética en América Latina. Los seis artículos seleccionados contribuyen a comprender en conjunto, y por separado, el estado actual del debate en la materia, desde una mirada global centrada en las tendencias de pensamiento regional, hasta el reconocimiento de nuevos enfoques que nos invitan a pensar la pobreza energética como un fenómeno situado, complejo y multifacético, que se aloja en las vivencias cotidianas de los hogares afectados. Los trabajos seleccionados, que incluyen autores de México, Argentina, Chile y Paraguay, pasaron por un exhaustivo proceso de revisión de pares evaluadores que permitió orientar la conformación del dossier de la siguiente manera:

En primer lugar, en línea con la necesidad de profundizar la mirada de la pobreza energética desde la escala del hogar, el artículo “El individualismo como política pública: la vivienda incremental amenazada por la pobreza energética” de los autores Felipe Encinas, Carmen Freed, Carlos Aguirre-Nuñez, Alejandra Schueftan, Francisco Vergara-Perucich y Sebastián Orellana, nos invita a reflexionar sobre la pobreza energética desde la trialéctica del espacio (espacio social, espacio simbólico y espacio físico). Tomando como caso de estudio un conjunto de vivienda incremental ubicado en una comuna periurbana de la ciudad de Santiago, el artículo aborda las dimensiones sociales y simbólicas del espacio a través de entrevistas a mujeres jefas de hogar, y la dimensión del espacio físico, a través del registro de variables físico-ambientales relevantes (temperatura, humedad relativa y concentración de carbono). Las reflexiones finales del artículo y los resultados de los instrumentos aplicados dejan entrever las carencias del modelo de vivienda incremental en la construcción de un espacio físico de representación simbólica de los habitantes, así como las dificultades que estos deben enfrentar para alcanzar condiciones mínimas de calidad ambiental interior.

Desde una mirada al continente en su conjunto, el artículo “Six Decades of Energy Poverty: Reducing Disparities in Latin America and the Caribbean?” de los autores Fernando Antonio Ignacio González y María María Ibáñez-Martín, examina la existencia de un proceso de reducción de disparidades entre los países de América Latina y el Caribe, lo que los autores definen como un proceso de beta-convergencia. El artículo ofrece recomendaciones específicas que abordan la pobreza energética y con el objetivo de reducir las disparidades en la región. Dichas recomendaciones se resumen a: (1) la promoción de energías renovables; (2) la reducción de retrasos en los tiempos de conexiones eléctricas; y (3) eliminar subsidios al gas natural y al petróleo. Este estudio aborda una brecha en el conocimiento, relativa a la evolución de indicadores de pobreza energética y sus correspondientes factores más determinantes. Además, resalta la importancia de mejorar la calidad de los servicios energéticos, y la disponibilidad de datos para así lograr una evaluación más precisa. Este estudio destaca la reducción de disparidades en la pobreza energética en América Latina y el Caribe, ofreciendo recomendaciones prácticas y resaltando la necesidad de datos de mejor calidad. Esto con el fin de enriquecer la comprensión del tema de pobreza energética en la región.

En una línea similar al artículo anterior, el trabajo “Origen, evolución y aplicación de indicadores de pobreza energética en Iberoamérica” de los autores Alexis Pérez-Fargallo, Valeska Cerda-Fuentes, Evelyn Delgado-Gutiérrez y José Alí Porras-Salazar, nos ofrece una revisión sistemática de la literatura a partir de la descripción del origen, evolución y uso de indicadores de pobreza energética en Iberoamérica (América Latina, España y Portugal), dada su cercanía en las características climáticas, culturales, socioeconómicas, y sus fuertes vínculos históricos y lingüísticos. Utilizando un marco analítico llamado “Search, Appraisal, Synthesis and Analysis”, o SALSA por sus siglas en inglés, los autores presentan una exhaustiva revisión que permite identificar los diversos indicadores que se han desarrollado en la región. El marco analítico planteado permitió identificar un universo de 49 indicadores de un total de 150 evaluaciones de PE desarrolladas en Iberoamérica. Los resultados muestran un crecimiento importante en los últimos años, destacando España y Chile como los países que han desarrollado más investigación e indicadores en la materia. Sin embargo, los indicadores con mayor número de aplicaciones identificadas no son multidimensionales o, en general, no pueden aplicarse bajo esa metodología de forma integral. El estudio sugiere la necesidad de futuras investigaciones que puedan profundizar las distintas realidades de Iberoamérica de forma de abordar esta problemática.

El artículo “Pobreza energética y cambio climático. Aproximación desde el análisis territorial en los municipios de México” de los autores Patricia Catalina Medina-Pérez, Jesús David Quiroz-Jiménez y Héctor Jesús Tapia-Fernández, representa un esfuerzo importante por capturar la dimensión espacio-territorial de la pobreza energética que afecta a los hogares mexicanos. El trabajo se sustenta en la necesidad de comprender los efectos de diversos parámetros climático-ambientales (e.g. relieve, temperatura y precipitaciones) sobre la ocurrencia y severidad de la pobreza energética de cara a la incertidumbre causada por el cambio climático en México. Para ello, los autores proponen y desarrollan un índice de pobreza energética municipal (IPEM) usando información censal (2020), para proyectar la incidencia de la pobreza energética en la población de hogares, y el uso de sistemas de información cartográfica (SIG) para el análisis de las variables climático-ambientales mencionadas. De este cruce, se puede destacar como resultados relevantes para trabajos futuros, la alta incidencia de la pobreza energética en dicho país, la dispersión no-uniforme de la pobreza energética respecto a variables climático-ambientales, y el reconocimiento de enclaves de pobreza energética en el norte, poniente y sur del país donde se concentra su población indígena.

El artículo “Medición de la pobreza energética con enfoque multidimensional: revisión sistemática de la literatura” de los autores Karen Fernández, Laine Lezcano y Arturo González, ofrece una revisión sistemática de la literatura existente sobre pobreza energética con un enfoque multidimensional. Esto se refiere a que el artículo explora distintas definiciones, métricas, indicadores, así como un análisis de ventajas y desventajas. Se observa que los principales estudios sobre este tema se han realizado principalmente en el Norte Global, pero que en los últimos años ha existido un aumento en investigación y aplicaciones en América Latina. Este estudio destaca la importancia de comparar y comprender las distintas definiciones, métricas e indicadores de pobreza energética con el fin de que los políticos, tomadores de decisiones e investigadores en el diseño de estrategias que contrarresten este problema consideren particularidades regionales y locales. Sobre la misma línea, este estudio considera necesario desarrollar métricas estandarizadas y adaptables a las distintas regiones. Este artículo ofrece una revisión integral de la pobreza energética, enfocándose en sus distintas facetas, el cómo ha sido analizado en América Latina y el Caribe, enfatizando sobre la necesidad de abordarlo de manera adaptada a circunstancias locales.

Por último, el trabajo “Estrategias de vida ante la pobreza energética de mujeres en una localidad de Argentina” de las autoras Paula Cecilia Rosa, María Eugenia Castelao-Caruana y Florencia Magdalena Méndez, incorpora una visión de la pobreza energética desde las desigualdades de género. Se releva una identificación y entendimiento de diversas estrategias de vida familiar, que aun estando en áreas urbanas con acceso a electricidad deben ser implementadas cotidianamente para atenuar las causas y consecuencias de la pobreza energética. Bajo el concepto de lo que las autoras identifican como la “feminización de la pobreza”, se puede leer en el texto la capacidad que deben tener las mujeres para asumir y enfrentar una serie de prácticas necesarias para paliar sus carencias energéticas. Estas prácticas de adaptación requieren respuestas rápidas, creativas y altamente resilientes, entre ellas: cambiar hábitos domésticos, disminuir el consumo de energía, y modificar el uso de los espacios en la vivienda. Todas estas acciones implican una sobrecarga al ya asumido trabajo doméstico y cuidados no remunerados y la consecuente afección de la salud física y mental tanto de las mujeres como de los demás miembros de la familia. Una sobrecarga que incrementa cuanto mayor es el número de integrantes del hogar, sobre todo ante la existencia de personas con discapacidad o vulnerables a mayor cuidado. Este estudio destaca la importancia de avanzar en procesos colectivos auto gestionados, que permitan la construcción de espacios de intercambio, debate y aprendizaje sobre la gestión energética. De especial manera, nos devela la necesidad de avanzar en el diseño de políticas públicas y programas que puedan ayudar a la equidad de género en torno a la gestión de las condiciones intrínsecas y extrínsecas de las carencias en todas las escalas.

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