Introducción

Una de las definiciones más difundidas de la pobreza energética (PE) la expresa como una situación en la que un hogar no puede satisfacer sus necesidades energéticas básicas a causa de un nivel de ingresos insuficientes; sin embargo, en los últimos años se han encontrado otros motivos que agudizan esta condición (Barrella et al., 2022). Es así como se han propuesto, además de medidas objetivas (relacionadas a los ingresos del hogar y gastos energéticos), medidas subjetivas (Macedo et al., 2022) como, por ejemplo, la calidad de las viviendas, la medida de acceso a fuentes de energía, entre otros, que permitan medir la PE.

Macedo et al. (2022) destacan que las métricas simples, sean objetivas o subjetivas, no son adecuadas para medir la PE, por lo que proponen un indicador compuesto que responda a la definición de PE que considera un nivel de consumo de energía insuficiente para satisfacer ciertas necesidades básicas y enfatizan en la importancia de relacionar los determinantes de la PE con el crecimiento económico y el cambio climático.

Varios autores aseguran que las métricas de PE, que miden los ingresos de los hogares, ignoran los patrones de comportamiento de las personas (Poruschi y Gardner, 2022), por lo tanto, no reflejan verdaderamente la condición de PE (causas y consecuencias) y no logran incidir en propuestas de alivio y/o erradicación de este fenómeno.

Para el año 2020, casi 60% de la población mundial era urbana y se proyectó, en ese entonces, un aumento significativo de la población en áreas metropolitanas para el año 2035, ya sea por crecimiento o por migración. En ese sentido, se observa que el mayor volumen de estudios sobre PE analiza la problemática específicamente en zonas urbanas (curiosamente, en concordancia con el contexto mundial). Sin embargo, cabe destacar que la PE se presenta tanto en zonas urbanas como rurales (López et al., 2022).

La Unión Europea y un creciente número de otras naciones reconocen el fenómeno de la PE y la necesidad de conocer su impacto e incidencia en la sociedad para emprender medidas de solución (Costa et al., 2020; Jiglau et al., 2023). Sin embargo, se encuentran dificultades para hacerlo, debido a que no existe un consenso en la definición y, por consiguiente, en la métrica más apropiada para abordar de forma integral la problemática (Mould y Baker, 2017).

El enfoque multidimensional de la PE, que se basa en la adopción de indicadores compuestos, intenta abarcar la mayor cantidad de elementos que capturen la problemática, de tal manera de proporcionar una medida más exacta de esta condición que afecta en una microescala a los hogares y a las naciones en un análisis macroescalar.

Este trabajo tiene por objeto revisar de manera sistemática la literatura que estudia la pobreza energética multidimensional en el mundo. De esa manera, se pretende responder varias preguntas de investigación formuladas en el marco de este estudio, que de manera general busca abordar la conceptualización y contextualización del enfoque multidimensional de la PE, así como las métricas más utilizadas, lugares donde se aplica el enfoque, posibles propuestas de solución, entre otros puntos complementarios.

En el artículo podrán encontrar la sección de Trabajos Relacionados -que abordan la visión de trabajos similares a este-; también la sección de Metodología -donde se presenta todo el proceso realizado en este estudio-; la sección de Resultados -donde se podrán encontrar las respuestas a las preguntas de investigación propuestas- y, en la sección de Conclusiones, se podrán observar las reflexiones finales del trabajo. Por último, en la sección de Anexo se encuentra disponible el enlace del repositorio donde tendrán acceso a todos los datos y materiales extra relacionados al trabajo.

Trabajos relacionados

En un estudio de revisión hecho para América Latina y el Caribe, se menciona que, desde 1991 hasta junio de 2021, se habían publicado sólo 62 artículos sobre la pobreza energética (PE) en la región, centrados en uno o más países de América Latina y el Caribe, por lo que destacan que la PE es un término relativamente incipiente en la región, acompañado de la falta de definiciones formales respecto a la problemática (Thomson et al., 2022).

La PE se presenta como un problema complejo de nivel técnico y económico, el cual requiere una consideración de aspectos sociales, a través de métricas dinámicas que permitan un abordaje integral con resultados holísticos y personalizados (Baker et al., 2018; Boeri et al., 2020). Sin embargo, la diversidad en la conceptualización y contextualización de la PE es generadora de numerosas y complejas métricas de medición.

En la literatura se destacan principalmente dos enfoques de medición, por un lado, indicadores basados en ingresos/gastos de los hogares, y por el otro, medidas consensuadas o autoinformadas, basadas en encuestas de percepciones y declaraciones de los hogares acerca de las privaciones que se basan únicamente en métricas unidimensionales de acceso para comprender la privación energética en los hogares (Thomson et al., 2022). Sin embargo, el fenómeno de PE va más allá de la falta de acceso a servicios energéticos modernos, sino también se ve afectada por la confiabilidad de estos y las cuestiones de asequibilidad asociadas al acceso (Boeri et al., 2020).

Los recientes esfuerzos por medir la PE de forma más exhaustiva intentaron corregir las deficiencias de las métricas binarias, con o sin acceso, que siguen siendo de uso común (Castaño et al., 2020; Pelz et al., 2018), las cuales poseen la dificultad de considerar todos los factores que influyen en la actividad cotidiana de los hogares (Castaño et al., 2020). Sin embargo, siguen existiendo retos importantes, tanto en la construcción de los nuevos marcos de medición como en su aplicación.

Los grupos sociales más vulnerables a sufrir esta problemática son mujeres y niños (M. G. Pereira et al., 2018) que padecen de privaciones no rastreadas por las medidas unidimensionales y/o binarias de la PE (Pelz et al., 2018). Existe una amplia variedad de factores que se tienen en cuenta para evaluar los consumos energéticos en los hogares, los cuales involucran las capacidades para costear los precios de energía, la facilidad o no de adoptar nuevas tecnologías y las prácticas de eficiencia energética llevadas a cabo por los individuos (Lowans et al., 2021).

Los avances en el estudio de la PE apuntan a enfocarse en los miembros de los hogares no solo como consumidores sino como agentes de solución para enfrentar esta problemática a través de la comprensión de las necesidades de los individuos y el papel de las comunidades en el desarrollo de estos (Boeri et al., 2020). Las propuestas de soluciones deben intervenir en extraer a los hogares de su condición de PE y además fortalecer su resiliencia a caer de nuevo en la misma, para lo cual las métricas y umbrales dinámicos son más apropiados (Baker et al., 2018).

Aun cuando se han desarrollado métricas con enfoque multidimensional de la PE, las mismas son complejas y específicas (se vuelven prescriptivas) para su aplicación en diversos contextos territoriales y socioeconómicos, por lo cual, se destaca la necesidad de adaptar las dimensiones y los umbrales de privación energética para captar la complejidad de la PE en contextos particulares de los países, enfocado específicamente en las debilidades de cada sistema energético (Pelz et al., 2018).

En el marco político, se destaca la importancia de establecer una definición de la PE a nivel nacional y regional (Thomson et al., 2022), que exprese específicamente lo que necesita ser medido (dimensiones) para ayudar en la visualización de las necesidades energéticas de los hogares, y en las proposiciones de estrategias por parte de los formuladores de políticas (policymakers) para la reducción de la PE (Baker et al., 2018). En este sentido, medir la PE es fundamental para definir las estrategias políticas que logren abordar en profundidad esta problemática (Pelz et al., 2018; Tirado Herrero, 2017).

Entre otras medidas destacadas para enfrentar la PE se presenta la eficiencia energética en los hogares, estrechamente vinculada a las condiciones de estos. La eficiencia energética se propone como una serie de medidas técnicas temporales que representan un menor costo de implementación inicial, pero que deben estar sujetas a normativas, subsidios, educación e intervención política para observar un aumento en su implementación (Boeri et al., 2020). Por otro lado, la eficiencia energética también es la aplicación de sistemas de energías renovables que cumplan con el suministro de niveles suficientes de energía para satisfacer las necesidades energéticas de los hogares (Thomson et al., 2022).

Cabe destacar que esta problemática no está únicamente asociada al área de las ciencias políticas y/o sociales, sino también han demostrado interés en el tema, profesionales de las áreas de ingeniería, arquitectura, medicina, política (Boeri et al., 2020), hasta la psicología social (Jiglau et al., 2023), por lo cual se destaca la importancia de realizar esfuerzos para integrar el estudio de la PE, en campos como las ciencias sociales o las disciplinas de ingeniería, de manera de romper las brechas disciplinarias (Lowans et al., 2021).

Metodología

En esta sección se detalla cada paso del esquema metodológico propuesto para este estudio (Figura 1). El esquema desarrollado fue utilizado en estudios similares de revisiones sistemáticas de la literatura (Cáceres et al., 2020; González, von Lücken et al., 2021; Oliveira et al., 2022; Pereira et al., 2020).

Definición de las preguntas de investigación

Las siguientes preguntas fueron escogidas para definir la investigación:

1. 1. ¿En qué consiste el enfoque multidimensional en el estudio de la pobreza energética?
2. 2. ¿Cuáles son las herramientas de medición o métricas de pobreza energética multidimensional utilizadas en mayor medida en la literatura?
3. 3. ¿Cuáles son las principales dificultades y/o restricciones para medir la pobreza energética multidimensional en los países?
4. 4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del enfoque multidimensional de la pobreza energética y su aplicación en el Contexto Mundial y Latinoamericano?
5. 5. ¿Existen propuestas de medidas sostenibles de prevención, reducción y/o eliminación de la pobreza energética en la literatura actual?

Identificación de estudios relevantes

Se seleccionaron dos fuentes de datos para la realización de este estudio. Dichas fuentes son Google Académico y Scopus.

Las fuentes de datos seleccionadas cumplen una función de complemento entre cada una, y sumando todos los datos disponibles entre ellas abarcan un alto volumen de bibliografía científica/técnica disponible a nivel mundial.

Posteriormente, se realizaron los ensayos correspondientes a las búsquedas de bibliografía en las distintas fuentes de datos. Se puede ver en la Tabla 1 los registros de las mejores búsquedas realizadas y las que fueron seleccionadas para la descarga final de bibliografía. En la tabla, se muestran resaltadas las búsquedas seleccionadas de cada fuente de datos.

Selección de estudios

Se proponen los siguientes criterios de inclusión y de exclusión para cada una de las fuentes de datos, con el objetivo de seleccionar los estudios más adecuados para responder a las preguntas de investigación, incluyendo aquellos estudios y/o documentos que abordan la pobreza energética multidimensional, abarcando definiciones conceptuales, análisis de casos prácticos y propuestas de soluciones. En contraste, se excluyeron los estudios que se enfocan únicamente en los conceptos de pobreza o energía de forma aislada, además de otros conceptos que no están relacionados específicamente con la PE multidimensional (Tabla 2).

Clasificación de los estudios

La clasificación por categoría de todos los documentos seleccionados se encuentra disponible en anexo.

Extracción de datos

Se realizó la lectura y recopilación de datos para responder a cada una de las preguntas de investigación que se puede observar en la sección de resultados.

Análisis bibliométrico

Se llevó a cabo un análisis bibliométrico, utilizando la herramienta Bibliometrix (Aria y Cuccurullo, 2017) utilizando los datos obtenidos de la búsqueda seleccionada en Scopus, lo que permitió obtener un panorama general sobre la bibliografía científica identificada (González, von Lücken et al., 2021; Oliveira et al., 2022; Pereira et al., 2020).

Síntesis de la investigación

Se respondieron las preguntas de investigación siguiendo la metodología propuesta, para luego presentar este trabajo, documentando todas las respuestas con una conclusión en función de todo lo desarrollado.

Resultados

Análisis bibliométrico

Se presenta un análisis sobre cómo se ha abordado y profundizado la PE a nivel mundial, los distintos enfoques y métricas utilizados, además de la profundidad de estos. Se pudo identificar que en el Reino Unido se concentra el mayor volumen de artículos, ya que las primeras aproximaciones de este concepto se gestan en dicho país. Además, se observa un alto volumen de producción científica en Estados Unidos, Alemania y España. A su vez, los resultados muestran una estrecha relación con las siguientes palabras claves: pobreza energética, pobreza de combustibles, equidad y eficiencia energética. Las fuentes de información que más divulgan el universo de la PE son las siguientes tres revistas: Energy Policy, Electricity Journal y Energy and Buildings (Figura 2).

Se destaca la colaboración científica entre Estados Unidos, Europa (en particular Reino Unido) y Australia (Figura 3). Además, se observa una producción científica en Norteamérica, parte de Europa, África, Asia, China y algunos países de Sudamérica, como Brasil, Argentina y Colombia. La cantidad de producción científica de los distintos países se referencia en la misma figura.

Los tres autores más citados en PE son Nussbaumer et al. (2012), Pachauri y Spreng (2011) y Tirado Herrero (2017) (Figura 4). El artículo más citado, Nussbaumer et al. (2012), resultó así debido a que propone una métrica que aborda la PE con enfoque multidimensional, llamada MEPI, siendo una de las métricas más replicadas y adaptadas en el mundo.

Respuestas a las preguntas de investigación

Pregunta 1: ¿En qué consiste el enfoque multidimensional en el estudio de la pobreza energética?

El enfoque multidimensional de la pobreza energética consiste en la observación del fenómeno como una problemática de muchas causas; como un problema de mercados energéticos, desigualdad (Chandrashekeran et al., 2022), viviendas ineficientes y opciones restringidas de suministro de energía (Karpinska y Śmiech, 2020). Así también, entre otras causas frecuentemente relacionadas con este fenómeno, están los bajos ingresos de los hogares y los altos precios de la energía (Betto et al., 2020).

El análisis de la PE ha evolucionado en las últimas décadas, partiendo como un enfoque eminentemente unidimensional -orientado principalmente a la pobreza de combustibles (Fuel Poverty, FP)- que ha evolucionado hacia un enfoque multidimensional (González, Pereira et al., 2021). El enfoque unidimensional centra su atención en el confort térmico y la asequibilidad (Laldjebaev y Hussain, 2021). Las primeras definiciones de FP surgidas en Reino Unido (Boardman, 1991; Bradshaw y Hutton, 1983; Isherwood y Hancock, 1979), la describen como la incapacidad para obtener un adecuado confort térmico debido a la ineficiencia de la vivienda (Baker et al., 2018; Castaño et al., 2020).

A medida que la problemática se empezó a estudiar fuera del Reino Unido, también se empezaron a contextualizar los diferentes escenarios locales y a identificar nuevas causas, que fueron modificando y ampliando las definiciones, de modo de capturar la naturaleza multidimensional del fenómeno de la PE y así abordarla más allá de la dimensión económica, comprendiendo que un hogar pobre en energía no es necesariamente un hogar pobre en términos generales (Desvallées, 2021; García, 2022; González, Pereira et al., 2021).

Diversos autores han formulado una definición para la PE teniendo en cuenta las causas locales que identificaron el fenómeno. Así, se han formulado definiciones de acuerdo con diferentes y diversas dimensiones que son una respuesta a las causas identificadas previamente, como, por ejemplo, la asequibilidad, el acceso, la flexibilidad, la eficiencia energética, las necesidades del hogar y prácticas en el uso de la energía (Chandrashekeran et al., 2022; Desvallées, 2021).

De este modo, desde el enfoque multidimensional, la PE es un fenómeno complejo en el que se interrelacionan factores geográficos, económicos, socioculturales, ambientales y tecnológicos (K. González et al., 2022).

A modo de medir la cantidad de personas en situación de PE, la literatura destaca dos grandes enfoques (Costa et al., 2020; Ramos et al., 2018). Por un lado, se tiene el enfoque económico u objetivo, basado en los gastos energéticos e ingresos del hogar y, por otra parte, se tiene el enfoque consensual o también llamado enfoque subjetivo, que se basa en percepciones y declaraciones del hogar con respecto a indicadores energéticos. (Betto et al., 2020; Costa et al., 2020; Tirado Herrero, 2017).

De la misma manera, en la literatura se hace mención a dos perspectivas que pueden surgir en torno a la PE (Macedo et al., 2022): Por un lado, una mirada macroescalar, de carácter internacional, que se centra en el acceso y la disponibilidad, así como en el desarrollo energético a nivel general en la sociedad; por otro lado, una mirada microescalar, a escala hogares, que complementa a la primera a través de una implementación más integral (Pachauri y Spreng, 2011).

Las dimensiones identificadas en cada enfoque pueden ser observadas y medidas con base en uno o más indicadores (Costa et al., 2020) que permiten capturar fácilmente una imagen crucial de cada dimensión. Sin embargo, abordar la problemática solamente desde un indicador, que responde a una dimensión, presenta una estrecha imagen del problema medido (Nussbaumer et al., 2012).

A raíz de esto se crearon los índices compuestos, que logran condensar información sobre cuestiones complejas. Así pues, se obtiene una medición única a través del índice compuesto que es fácil de entender e interpretar. Adicionalmente, la métrica proporciona información detallada que permite superar las imperfecciones del índice presentado, a través del Multidimensional Energy Poverty Index, MEPI (Nussbaumer et al., 2012). Por su parte, Khanna et al. (2019) desarrollaron el Composite Energy Poverty Index, CEPI, que presenta una metodología macro, a escala nacional, para abordar la PE en los países a través de las dimensiones de disponibilidad, accesibilidad y asequibilidad (González, Pereira et al., 2021).

Pregunta 2: ¿Cuáles son las herramientas de medición o métricas de pobreza energética multidimensional utilizadas en mayor medida en la literatura?

Aunque se han desarrollado enfoques basados en las dimensiones medidas, unidimensional o multidimensional, no existe aún un consenso general acerca de cómo medir adecuadamente la PE, esto debido a que presenta diversos condicionantes de acuerdo con su lugar de implementación (Chandrashekeran et al., 2022; Martínez Jaramillo, 2018).

Son diversas las métricas que se han desarrollado con la intención de abarcar las diversas privaciones que hacen a la PE, siendo la de mayor presencia en la literatura el índice MEPI, propuesto por Nussbaumer et al. (2012), aplicando la metodología introducida en la literatura sobre pobreza por Alkire y Foster en el año 2011. El índice MEPI captura la incidencia e intensidad de la PE combinando medidas subjetivas y objetivas de esta, a través de cinco dimensiones basadas en servicios de energías para explorar este fenómeno utilizando seis indicadores de estas dimensiones (Hernández et al., 2018; Laldjebaev y Hussain, 2021; Vásquez Baca et al., 2023). Esta métrica fue aplicada para 54 países en todo el mundo, incluidos ocho en América Latina y el Caribe, siendo este uno de los primeros estudios comparativos que incluía países de la región (Thomson et al., 2022).

Otro índice bastante destacado en la literatura es el Marco de Múltiples Niveles, MTF, desarrollado por Bhatia y Angelou (2015), en el cual se agrupan los servicios de energía (electricidad, cocina y calefacción) y se clasifica su utilización según sus usos finales, entre domésticos, productivos o comunitarios. Esta métrica no define ponderaciones normativas para cada dimensión, sino que define el nivel de PE basado en la dimensión de desempeño más baja obtenida por el hogar (Pelz et al., 2018).

En América Latina y el Caribe se han propuesto varios índices, entre los que destacan el Índice Tridimensional de la PE que describe cuatro dimensiones de análisis en el que combinan tres referidas a acceso a servicios energéticos de calidad. Estas son alimentación e higiene, iluminación y dispositivos eléctricos, climatización de la vivienda, y una cuarta, que es equidad en el gasto energético (Calvo et al., 2021). El indicador denominado Pobreza Energética Multidimensional -desarrollado por García Ochoa y Graizbord (2016) para medir la PE en México- se basa en medir los usos finales de la energía más importantes del sector residencial, en el cual se le asigna la misma ponderación a cada uno y, a través de contabilizar la cantidad de bienes económicos con los que cuenta el hogar para cubrir sus necesidades energéticas, se determina si el hogar está en PE (Huitrado, 2021).

Entre los índices que combinan indicadores compuestos basados en un enfoque macro, se encuentra el Índice de Evaluación Integral de la PE, desarrollado por Wang et al. (2015), el cual está compuesto por varias métricas que cubren tanto la accesibilidad como la asequibilidad de la energía en el hogar (Lowans et al., 2021). Además, el CEPI propuesto por Khanna et al. (2019) y aplicado por Pereira et al. (2020) y González, Pereira et al. (2021), en un caso de estudio enfocado en comparar la problemática entre países sudamericanos (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay), considera las dimensiones como disponibilidad de fuentes de energía, la accesibilidad a dichas fuentes y la asequibilidad de la energía en los países mencionados.

Por su parte, se encuentran métricas multidimensionales que incorporan indicadores de eficiencia energética en las viviendas, entre ellos el MEPI propuesto por Okushima (2017), un índice compuesto desarrollado para evaluar la PE en Japón, que surgió luego del accidente de Fukushima. Las dimensiones que contempla son ingresos, gastos energéticos y eficiencia energética; esta métrica fue construida para ser específicamente aplicada en países desarrollados (Macedo et al., 2022).

En un estudio realizado por Ahmed et al. (2023) en Wa, una ciudad secundaria de Ghana, África, se midieron la pobreza y la PE a través del Índice de Pobreza Multidimensional (MPI), y el Índice de Pobreza Energética Multidimensional (MEPI) respectivamente. Se encontró que se obtuvieron valores altos de MEPI incluso en zonas donde el MPI presentó valores bajos, evidenciando que el acceso a la energía es aún un importante problema de sostenibilidad urbana. Además, se demostró una relación directa entre la pobreza energética y la seguridad alimentaria, ya que en zonas con bajo MPI y alto MEPI, la pobreza obtuvo bajos puntajes en el indicador de seguridad alimentaria (Ahmed et al., 2023).

Son varios los indicadores que no miden directamente la PE que, sin embargo, son relacionados en numerosos estudios por su correspondencia con la energía y su entorno. Entre los más relevantes está el Índice de Desarrollo Humano, que mide este fenómeno a través de los parámetros de educación, ingresos y esperanza de vida y establece una correlación logarítmica con el consumo de energía per cápita (MacCarty y Bryden, 2014).

Uno de los factores que hace al éxito o fracaso de la aplicación de una métrica son las fuentes de datos disponibles. En ese sentido, se hacen numerosas menciones en la literatura acerca de la utilidad de los resultados de las encuestas “Statistics on income and living conditions” de la Unión Europea (EU-SILC) (Castaño et al., 2020; Castaño-Rosa, 2018; Chandrashekeran et al., 2022; Martín-Consuegra et al., 2019; Walker et al., 2014), lo que revela la importancia de una base de datos actualizada, consistente y unificada para la medición de la PE.

Estas son solo algunas de las métricas identificadas para medir la PE Multidimensional. En la Tabla 4 se presentan las más resaltadas en la literatura y en la Tabla 5 se presentan las mismas métricas con sus modelos matemáticos correspondientes. Además, en el Anexo se presenta una extensa tabla con todas las métricas identificadas en esta revisión con informaciones respecto a sus autores, dimensiones, indicadores y los modelos matemáticos utilizados en los índices construidos.

Pregunta 3: ¿Cuáles son las principales dificultades y/o restricciones para medir la pobreza energética multidimensional en los países?

La principal restricción en la medición de la pobreza energética multidimensional es la ausencia o escasez de datos fiables y adecuados para abordar de forma confiable las dimensiones que evidencian la situación de privación energética en un hogar (Lowans et al., 2021; Macedo et al., 2022; Mizuno, 2017; Morero et al., 2021; Sareen et al., 2020).

Además del desafío común de muchos países sobre la disponibilidad de datos y, por consiguiente, para obtener bases de datos confiables, persisten otras dificultades, como el bajo nivel de cobertura y desagregación de estos (Macedo et al., 2022; Sareen et al., 2020).

La naturaleza misma de los datos utilizados, siendo estos relativos e imprecisos, asociados a indicadores influenciados por prácticas propias y comportamientos particulares, hace que estos sean difíciles y costosos de obtener (Mould y Baker, 2017). Además, es necesaria una combinación de varios indicadores individuales que por sí solos no reflejan una imagen completa de la problemática -como el confort térmico, la eficiencia energética, los ingresos y los egresos asociados al consumo energético de los hogares- pero que, combinados, pueden lograr suplir las deficiencias que presentan cada uno individualmente (Castaño et al., 2020; Lowans et al., 2021).

En contrapartida, a mayor complejidad de las métricas, con el objetivo de abordar con mayor precisión la problemática, también es mayor la dificultad para su aplicación en el contexto global e incluso en contextos nacionales (se pueden presentar situaciones muy dispares en una sola región) (Macedo et al., 2022). Para la recopilación de datos, una estrategia sería incorporar preguntas relacionadas a la PE en las principales encuestas nacionales, a modo de tener información específica y actualizada (Vásquez Baca et al., 2023).

Es importante comprender la complejidad de las métricas existentes para una aplicación precisa de las mismas (es imposible absorber toda la información necesaria sobre la PE únicamente con la aplicación de una métrica), por lo cual se hace énfasis en la necesidad de estudiar la problemática con una alta atención académica y, especialmente, con un enfoque multidimensional en cada país, de forma de internalizar el problema y sus condicionantes, conceptualizar la PE y elaborar herramientas que capturen información específica y relevante, a fin de obtener resultados que reflejen una imagen auténtica de la PE (López et al., 2022; Morero et al., 2021). Asimismo, también se hace necesario un consenso entre naciones acerca del abordaje del fenómeno, de modo de favorecer el aprendizaje intercontextual y la comunicación eficiente entre los policymakers y la sociedad en general (Jiglau et al., 2023).

Pregunta 4: ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del enfoque multidimensional de la pobreza energética y su aplicación en el contexto mundial y latinoamericano?

Las investigaciones sobre la pobreza energética han ido planteando la necesidad de construir métricas que abordaran una amplia gama de variables en busca de su análisis multidimensional (Jiglau et al., 2023; Lowans et al., 2021; Sareen et al., 2020). En general, los indicadores únicos o simples se han considerado insuficientes para medir la PE por no considerar todos los factores del hogar que influyen tanto en las actividades cotidianas, como en la salud y bienestar de sus miembros (Castaño et al., 2020). Estas características, atribuidas por los indicadores tradicionalmente utilizados, reflejan la importancia de comprender esta problemática de forma integral a través de la combinación de múltiples métricas que reúnan tantos factores como sea posible (Agbim et al., 2020; Laldjebaev y Hussain, 2021; Lowans et al., 2021; Riquelme, 2020; Tirado Herrero, 2017).

En los estudios de PE, el enfoque multidimensional ha cobrado importancia en virtud de su capacidad de captar diversos aspectos e intensidades de la problemática, siendo esta una de sus principales ventajas (Boeri et al., 2020; Drago y Gatto, 2023; Laldjebaev y Hussain, 2021). Así pues, en comparación con los indicadores únicos, los métodos de indicadores múltiples presentan la ventaja de capturar mayor diversidad de servicios de energía y de asignar pesos o umbrales que establezcan la relevancia de cada indicador (Laldjebaev y Hussain, 2021).

En contraparte, entre las desventajas que se distinguen en este enfoque, se menciona la dificultad de capturar las múltiples manifestaciones de esta problemática mediante un solo indicador (Bouzarovski y Tirado Herrero, 2016; Costa et al., 2020; García, 2022; Martín-Consuegra et al., 2019).

En este sentido, varios autores apoyan el Índice Multidimensional de Pobreza Energética (MEPI) desarrollado por Nussbaumer et al. (2012). Esta métrica, que logra analizar la intensidad e incidencia de esta problemática, se caracteriza por usar datos existentes para medir el acceso a múltiples servicios de energía (Pelz et al., 2018) y, para algunos autores como Li et al. (2023), captura la privación de energía limpia, e inclusive cuantifica la asequibilidad de la energía moderna. Así también, esta métrica se destaca por compensar las debilidades de cualquier indicador individual (Lowans et al., 2021).

De manera similar, en el MEPI, los indicadores relacionados a calefacción y refrigeración de espacios (aire acondicionado) fueron omitidos de la medición (Thomson et al., 2022). Sin embargo, se argumenta que el mismo tipo de combustible utilizado para calefacción es también usualmente utilizado para la cocción de alimentos (Laldjebaev y Hussain, 2021). En esta línea, es importante considerar que en la sociedad existen diferentes comportamientos de consumo energético que, de cierta manera, determinan las necesidades energéticas reales de las personas (Li et al., 2023).

Asimismo, se menciona que el MEPI no logra capturar la confiabilidad, disponibilidad y asequibilidad de los servicios energéticos (Pelz et al., 2018). Por otro lado, en los estudios de PE llevados a cabo en América Latina y el Caribe, se identificó que generalmente las métricas basadas en accesibilidad a servicios de energía, como el MEPI, indican una mayor vulnerabilidad de PE en las zonas rurales, mientras que los enfoques de asequibilidad denotan un mayor riesgo en las zonas urbanas.

De este modo, dado que un solo indicador se considera incapaz para medir la PE, ha surgido la combinación de indicadores objetivos y subjetivos ya existentes (Lowans et al., 2021), con el fin de realizar mejoras de estos indicadores o desarrollar otros nuevos (Jiglau et al., 2023). Esto, para lograr identificar a los hogares que presentan privación energética más allá del acceso (Agbim et al., 2020), logrando determinar de una manera holística las situaciones propias y las características técnicas de los hogares (Castaño et al., 2020). En ese sentido, el Índice Tridimensional de Pobreza Energética (ITTPE), desarrollado por la Red de Pobreza Energética de Chile, compuesto por múltiples criterios de evaluación, posee una buena precisión en la determinación de la PE, el cual es más efectivo en aquellos hogares que superan la línea de pobreza equivalente (hogares pobres en términos de ingresos) (Leyton Vergara, 2021).

Con respecto al ITTPE, los subindicadores y umbrales de privación que lo contienen deben ser adaptados al contexto de cada aplicación, dado que no logran adaptarse a las realidades de cada territorio (Leyton Vergara, 2021). En este contexto, es destacable que aún exista una mayor confianza en las métricas binarias simplistas de acceso, debido en parte, a su conveniencia del cálculo simple y la facilidad de comunicación, lo cual dificulta la aplicación de métricas compuestas más complejas para la medición de la PE (Thomson et al., 2022), debido en parte a cuestiones sobre la asignación de ponderaciones, dificultando la formulación de políticas para su alivio (Sareen et al., 2020).

Pregunta 5: ¿Existen propuestas de medidas sostenibles de prevención, reducción y/o eliminación de la pobreza energética en la literatura actual?

Entre los factores que contribuyen a un mayor riesgo de la pobreza energética en los hogares se encuentran los altos precios de la energía, los niveles de ingresos insuficientes y la baja eficiencia energética en las viviendas (Castaño et al., 2020; Costa et al., 2020; Platten et al., 2020; Tovar y Lynch, 2022); para aliviar estas problemáticas, existen distintas medidas identificadas en la literatura, las cuales pueden implicar una variedad de mecanismos.

Entre las principales medidas, se destacan aquellas orientadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas, contribuyendo a la reducción del consumo energético e impactando indirectamente en la facturación energética del hogar (Barbosa y Almeida, 2021; Boeri et al., 2020; Castaño et al., 2020; Drago y Gatto, 2023; Macedo et al., 2022; Mizuno, 2017; Moreira, 2018; Pedreira, 2017; Walker et al., 2014). Esto ayuda además a mejorar las condiciones de confort térmico en los hogares (Barrella et al., 2022) y, por ende, influye en la disminución de enfermedades respiratorias (asociadas al confort térmico) y en el gasto médico asociado a ellas (Castaño et al., 2020; Willand et al., 2020).

Como medidas de implementación de la eficiencia energética se encuentran la sustitución de equipos de electrodomésticos y la rehabilitación de viviendas -influyendo en la envolvente térmica- (Barbosa y Almeida, 2021; Barrella et al., 2022; Bednar y Reames, 2020; Drago y Gatto, 2023; Filippín et al., 2018; Martín-Consuegra et al., 2019; Morero et al., 2021; Santiago, 2021). Este último incluye, por ejemplo, el acristalamiento mejorado, el aislamiento y la calefacción, los cuales deben estar diseñados de manera de no reducir las tasas de ventilación del hogar, a fin de no afectar la calidad del aire interior (Sharpe et al., 2019). Estas prácticas son reconocidas tanto en la Unión Europea (Barbosa y Almeida, 2021; Costa et al., 2020; Escribano y Cabrera, 2019; Santiago, 2021) como en el Norte Global (Willand et al., 2020), especialmente en el Reino Unido (Bednar y Reames, 2020; Sharpe et al., 2019).

Otra medida de mitigación de la PE es el uso de fuentes de energías renovables, consideradas como esenciales para satisfacer la demanda energética de los hogares (Calvo et al., 2021; Mahoney et al., 2020; Mizuno, 2017; Pedreira, 2017; Thomson et al., 2022;) y para ser aplicadas en todas las dimensiones de la pobreza energética (Macedo et al., 2022). En este sentido, se destaca su importancia abarcando no solamente la electrificación como prioridad, sino la transición del uso de recursos energéticos para usos calóricos (calefacción, cocción de alimentos y calentamiento de agua), siendo estas las mayores carencias en servicios energéticos, donde las fuentes utilizadas son distintas a la electricidad por motivos de costos y acceso (Mizuno, 2017).

De acuerdo a la literatura, los programas para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios en el sector residencial se enfocan en la promoción de instalaciones de generación eléctrica distribuida de energía renovable como: sistemas fotovoltaicos y eólicos aislados o conectados a la red, y equipos como estufas de biocombustibles, bombas de agua solares, calderas, etc. (Ferrall et al., 2022; Morero et al., 2021; Thomson et al., 2022). Estos permitirían, además de satisfacer las necesidades del hogar, reducir los impactos ambientales y emisiones de gases de efecto invernadero (Morero et al., 2021), realizar cambios culturales energéticos (K. González et al., 2022) y, por otro lado, mejoras en la calidad del servicio de suministro eléctrico mediante la reducción de sobrecargas de este (Pedreira, 2017). Sin embargo, existen dificultades para la adopción de sistemas distribuidos de ER debido al mantenimiento y operación que requieren, dificultades que muchas veces radican en la responsabilidad de los usuarios finales que ya se encuentran en situaciones de precariedad (Thomson et al., 2022).

En general, el ahorro de cantidades de energía para obtener los mismos servicios (medida que resulta ser más económica que producir energía) puede permitir que aquellos habitantes con escasos recursos económicos tengan acceso a esos servicios (Filippín et al., 2018). Sin embargo, el elevado costo de la renovación energética dificulta el cambio tecnológico a equipos más eficientes, la adopción de energías alternativas y la modernización de las viviendas (Mizuno, 2017; Morero et al., 2021; Thomson et al., 2022). A raíz de esto, la implementación de mejoras en la eficiencia energética, acompañada de una reducción de precios de la energía y aumento en los ingresos monetarios, demostraron ser populares por su efectividad en países como Irlanda y Escocia (Durán y Condorí, 2019; Mahoney et al., 2020; Tovar, 2021; Tovar y Lynch, 2022).

Esta popularidad se extiende en toda Europa para aumentar las medidas de eficiencia energética, como mejorar las calificaciones de los certificados de rendimiento energético (EPC), instrumento que contribuye a la mejora de la eficiencia energética de edificios y viviendas de manera transparente en la Unión Europea (Costa et al., 2020; Macedo et al., 2022).

Entre otros instrumentos también se encuentran la utilización de subsidios monetarios a través de intervenciones financieras (Macedo et al., 2022; Morero et al., 2021); estos recursos están destinados a hacer frente a los gastos energéticos de las viviendas (Costa et al., 2020). En esta línea, se proponen políticas, de manera de que cada hogar reciba la asistencia monetaria suficiente para afrontar el pago de sus facturas energéticas (Chandrashekeran et al., 2022). La definición de un subsidio dirigido a las poblaciones afectadas es comúnmente aplicada en diferentes países. Se reconoce que el 74% de los países de América Latina y el Caribe disponen de algún mecanismo de subsidio al consumo de energía (Durán y Condorí, 2019). Sin embargo, en los últimos años, en América Latina y el Caribe se ha observado una política de subsidios que en muchos casos no están efectivamente orientados a la población más vulnerable (Morero et al., 2021). En este sentido, estas políticas son vistas por algunos autores como soluciones que sólo intervienen temporalmente la PE (Boeri et al., 2020; López et al., 2022).

En términos de intervenciones financieras, también se proponen tarifas sociales como medio para mejorar la asequibilidad en las viviendas (Chandrashekeran et al., 2022; Jiglau et al., 2023; Lowans et al., 2023; Moreira, 2018). Estas tarifas o bonos sociales (eléctricos y/o energéticos) consisten en aplicar descuentos a las tarifas de energía dirigidas a las viviendas de escasos recursos (Pedreira, 2017; Thomson et al., 2022). Por ejemplo, en Irlanda del Norte, mediante la reducción de precios del combustible, se logró disminuir en un 4% la situación de PE (Lowans et al., 2023; Mahoney et al., 2020); esta política social también se ha convertido en una importante herramienta en la región de América Latina y el Caribe (Sevillano Reimers, 2022; Thomson et al., 2022). Sin embargo, algunos autores mencionan que ese instrumento generalmente no soluciona el problema, sino que, de cierta manera, lo enmascara (García, 2022). Por ejemplo, las tarifas sociales pueden no erradicar la PE oculta, situación en la que los hogares restringen su consumo de energía por debajo de sus necesidades reales, debido a que un descuento aplicado en la tarifa energética no eliminaría el “miedo a la factura” (Barrella et al., 2022).

Por otro lado, la definición y medición de la PE (a nivel nacional, regional y urbano) juega un papel esencial para los formuladores de políticas, además de la detección de medidas estadísticas apropiadas (Costa et al., 2020; Desvallées, 2021; Jiglau et al., 2023; Martín-Consuegra et al., 2019) acompañado de la alta disponibilidad de datos para la evaluación de la problemática (Mahoney et al., 2020). Esto permite determinar y cuantificar la magnitud del problema en los distintos territorios e identificar sus causas y consecuencias principales y, por consiguiente, diseñar vías de acción para paliar la problemática (Cunha, 2021; Desvallées, 2021; Durán y Condorí, 2019; Ramos et al., 2018; Thomson et al., 2022).

En los últimos años, varias instituciones fueron desarrollando programas para la concientización social acerca de cambios en hábitos de consumo, lo que fue acompañado del acceso a informaciones relevantes para apoyar la toma de decisiones de los ciudadanos (Costa et al., 2020), como por ejemplo, la Red de Pobreza Energética (RedPE) de Chile (K. González et al., 2022), la Red de Pobreza de Combustible de la UE, el Observatorio Nacional de Pobreza Energética de Francia, el Observatorio INSIGHTE, entre otros (Chandrashekeran et al., 2022). A esto se suma el esfuerzo por parte de las instituciones y del gobierno para fortalecer la educación energética de las personas en vista de construir comunidades energéticas (Morero et al., 2021). Este importante movimiento requiere de involucrar a la academia, las organizaciones públicas, privadas, la sociedad civil y los ciudadanos, de manera de crear redes amplias entre investigadores y profesionales de distintos campos, potenciando las diversas capacidades de construir un conocimiento integral sobre la problemática de manera de comunicarlo de forma eficiente (Jiglau et al., 2023).

Conclusiones

Este artículo presentó una revisión sistemática de la literatura, con una metodología bien definida, donde se pudieron identificar distintos tipos de trabajos que permitieron cumplir con el objetivo propuesto y responder todas las preguntas de investigación, además de otros resultados agregados al mismo con el análisis bibliométrico.

La pobreza energética es una problemática que se desencadena como un fenómeno de muchas causas muy diversas entre sí, pero que inciden directamente en el desarrollo de los hogares y sus miembros y, por consiguiente, de forma general en el desarrollo de los países.

Diferentes autores han estudiado la problemática e incluso han llegado a proponer métricas basándose en el estudio del contexto local analizado, descubriendo así múltiples factores que constituyen la PE, atendiendo los recursos disponibles, los aspectos geográficos y climáticos, los modelos de mercado, la economía nacional, las políticas públicas y la gobernanza que se presenta en los diversos territorios, dando lugar a una falta de consenso entre los investigadores y, que hasta el momento, resulta muy difícil de superar a nivel global dificultando el abordaje del fenómeno.

El enfoque multidimensional que se le ha dado a esta problemática surge como una oportunidad de desagregar los diversos factores mencionados a fin de conocerlos en detalle y desarrollar estrategias específicas para la reducción, prevención y/o eliminación de la PE. Sin embargo, es necesario concertar sobre las medidas más apropiadas para abordar el fenómeno y volcar los esfuerzos en mejorarlas a modo de hacerlas flexibles (adaptables a distintos contextos) pero efectivas en la medición. Es así como resulta relevante hacer una distinción entre métricas a escala hogares (microescala), y escala nacional (macroescala) a modo de conocer los aspectos que condicionan el fenómeno de manera general y específica.

En la literatura existe una diversidad de métricas para medir la PE, tanto unidimensionales como multidimensionales, que, además, se clasifican nuevamente según sea para un análisis a escala hogares de la PE o a escala nacional de la misma. Asimismo, en estas dos escalas, existe una falta de consenso acerca de los parámetros a los cuales denominar dimensiones o indicadores y se evidencia la relevancia que adquieren las fuentes y bases de datos disponibles, ya que inciden en el grado de efectividad que tienen las implementaciones de estas métricas. También se destaca la necesidad de incorporar procedimientos estadísticos apropiados para la obtención de datos requeridos para la medición de la PE. Para ello se hace imprescindible la formulación de preguntas de estadísticas enfocadas específicamente en la problemática con el esfuerzo de los gobiernos, investigadores y profesionales del ámbito energético, social, etc. Entre otros factores que influyen en la implementación de las métricas, se destaca la adaptación al contexto territorial la cual puede variar de un lugar a otro, debido a las diferencias en las pautas de consumo de los hogares y las necesidades energéticas. Un ejemplo de esta variabilidad se encuentra en el MEPI desarrollado por Okushima (2017) que condiciona la aplicación de esta métrica a países desarrollados.

Así como ha sido difícil llegar a un consenso sobre la definición y las métricas más adecuadas para abordar la PE, ha sido difícil la adquisición de datos para aplicar las métricas desarrolladas, lo que en gran medida ha incidido en el incremento de nuevas métricas que buscan responder a los datos disponibles en un determinado espacio y tiempo.

Los datos son un componente vital en la correcta medición de la PE, ya que solamente a través de estos es posible obtener resultados confiables que reflejen la realidad que viven los hogares y sociedades que padecen esta problemática. Entonces, cuanto más desagregados sean estos datos, es más fácil determinar con exactitud los aspectos a considerar en el análisis de la PE, especialmente en el enfoque multidimensional, en el cual se busca abordar diversas privaciones y formas de estas.

A medida que se consiga homogeneizar las informaciones contenidas en las diversas bases de datos y se consigan fuentes actualizadas y confiables de información, se avanzará un peldaño más en el consenso a una métrica común y eficaz para medir la PE, de acuerdo con la escala de análisis.

Pese a la complejidad asociada a la PE y a las dificultades para medirla directamente, es necesario tener en cuenta que existen posibilidades de que cualquier métrica pueda presentar debilidades, por lo que estas deben ser comprendidas a profundidad y ser esencialmente consideradas por los formuladores de políticas. Entre las ventajas de las métricas multidimensionales se destacan: su abordaje integral de la problemática (mediante la combinación de indicadores objetivos y subjetivos ya existentes) y la construcción de métricas que contemplen las distintas privaciones energéticas de las viviendas. De esta forma, la combinación de múltiples métricas posee el potencial de impulsar a los formuladores de políticas a identificar la naturaleza de esta problemática y a diseñar soluciones efectivas para enfrentar este desafío. Por otro lado, en la literatura se resalta que una de las desventajas para su efectividad es que se hace indispensable contar con indicadores adaptados al contexto de su aplicación, incluyendo las dimensiones de servicios energéticos en términos de disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad y calidad. De esta manera, se refuerza nuevamente la dificultad generada por la definición de dimensiones.

Para afrontar la naturaleza multidimensional de la problemática de manera efectiva, las propuestas de solución implementadas deben ser enfocadas tanto en sus causas como también en sus consecuencias, además en la revisión de la literatura se logró destacar que no existe un único medio que resulte eficiente para afrontar la PE. Así, se distinguieron diversas políticas de eficiencia energética que pueden contribuir al ahorro de gastos energéticos en aquellos hogares afectados por esta problemática; además de incorporar el uso de fuentes de energías renovables para ser aplicadas en zonas sin acceso a electricidad y/o para la sustitución de combustibles contaminantes por combustibles limpios y eficientes especialmente los de usos calóricos. Asimismo, los programas dirigidos al alivio de esta problemática se enfocan en incentivar el autoconsumo de ER en las comunidades energéticas.

Estas soluciones, dirigidas a modernizar los hogares en función de su efectividad energética, se encuentran acompañadas de subsidios que incentiven su implementación, junto a subsidios que buscan proveer recursos monetarios a los hogares afectados por esta problemática, para así hacer frente a los gastos asociados a los servicios energéticos. Otra forma de realizar intervenciones financieras son las tarifas sociales, las cuales se basan en descuentos aplicados a las tarifas energéticas para hacer frente a las facturas energéticas de los hogares que padecen PE.

Para monitorear de una forma exhaustiva la evolución de la PE en aquellos hogares que fueron beneficiados con distintas soluciones, son necesarias la evaluación, medición y verificación de los hogares, a fin de conocer las percepciones de estos con base en los beneficios energéticos y financieros que se fueron logrando.

Finalmente, para el abordaje integral de esta problemática, es importante recalcar el involucramiento de acciones multisectoriales enfocadas en la salud, la rehabilitación de viviendas, la energía, el medioambiente y otros. De esta manera, se evidencia la necesidad de un trabajo articulado entre las diferentes disciplinas que intervienen en el abordaje del fenómeno de la pobreza energética y la colaboración global que, finalmente, permita visibilizar esta problemática y lograr el objetivo común de erradicarla.

Es importante considerar que la pobreza energética no es un fenómeno aislado de otras problemáticas y/o cuestiones que interesan a los países. De esta manera, una comprensión más profunda de la problemática implica analizarla desde la perspectiva del desarrollo sostenible, así como desde la equidad social y energética. Es así como este concepto es frecuentemente asociado a los conceptos de vulnerabilidad energética, justicia energética y derecho a la energía, entre otros, los cuales abordan temas que van más allá de los aspectos técnicos asociados a la problemática e involucran aspectos sociales, económicos y culturales de la misma, así como el análisis de un contexto adecuado para evitar el desarrollo de la pobreza energética.

El desafío para los investigadores, tomadores de decisiones, policy makers -y para todas las partes interesadas- radica en la estandarización regional de las bases de datos mediante una política regional de datos energéticos. Solo así se daría el primer gran paso para transitar el camino de una conceptualización general de la PE bajo el enfoque multidimensional, y aunque existen muchos otros desafíos y numerosas restricciones, es necesario concretar de manera gradual las acciones que erradiquen esta problemática.

Agradecimientos

Los autores agradecen a la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción por la formación y el espacio de desarrollo en el ámbito profesional y de la investigación. Agradecen también al Ing. Jairo de Oliveira por su constante apoyo e invaluable soporte durante el proceso de la redacción de este trabajo.

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