Introducción

Ser propietario de una vivienda es uno de los principales aspectos que la sociedad ha puesto como prioridad. El “síndrome de la casa propia (o el generalizado sueño de ser propietario)” surgió a partir de la prolongación de la ideología capitalista del Norte global después de la Segunda Guerra Mundial (Ducci, 2000, p. 16), cuando se empiezan a cristalizar políticas de financiamiento de la vivienda. Rolnik sostiene que, producto de la implementación de estas políticas fiscales, la vivienda pasó a ser, para los gobiernos, un mecanismo de recaudación financiera, sustituyendo el “derecho a la vivienda” por el “derecho a endeudarse” (Mendoza Hernández, 2018).

Parte del anhelo de la casa propia se relaciona, conforme Sabatini y Vergara (2018) y Short (1996), con: i) el significado de disponer de un espacio familiar seguro, y su apropiación; ii) el acceso a servicios y oportunidades; y, iii) la posibilidad de tener una fuente de ingreso futuro. Esta prioridad en la vida de las personas ha generado y genera una gran demanda que no ha podido ser solventada, desencadenando un gran déficit habitacional.

La región con mayor déficit habitacional del Ecuador es la Amazonía. Presenta un déficit cualitativo de 87,9%, por materialidad de 80%, por acceso a servicios básicos de 46,6% y por hacinamiento de 34,4% (Instituto Nacional de Estadística y Censos y Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2014). En este contexto, una de las formas de acceder a la vivienda es mediante la lucha colectiva o individual y el empoderamiento de diversos actores sociales.

En atención a esas demandas, en la última década, en el Ecuador se ha incrementado la producción de vivienda de interés social (en adelante, VIS) con el programa Casa para Todos (en adelante, CPT), a la vez que se ha limitado el sentido de lucha de la población, mediante acuerdos restrictivos firmados entre los beneficiarios de los proyectos y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (en adelante, MIDUVI); implementando así, estrategias de confrontación y medidas de “negociación”, como dispositivos de gubernamentalidad que se cristalizan en la espera de los beneficiarios.

En este contexto, esta investigación se inserta en estudios generales de urbanización amazónica y contested territories (territorios en disputa), desde el reconocimiento de la producción del espacio como “un proceso intrínsecamente conflictivo, que manifiesta, produce y reproduce varias formas de injusticia, así como también fuerzas alternativas de transgresión” (Boano, 2015, p. 51). El estudio de la producción del espacio, en esta investigación, específicamente relacionado al tema de la vivienda, implica reconocer el poder del Estado para homogeneizar las relaciones socio-espaciales (Lambert, 2021, p. 85) para controlar las prácticas y relaciones sociales (Loftus, 2015) y para legitimar la propiedad de la tierra (Blomley, 2003).

Como variable independiente se establece a la producción estatal de vivienda, con desagregación en dos dimensiones: i) las estructuras de interacción jerárquicas Estado-sociedad; y, ii) el diseño de las políticas públicas desde sus componentes (objetivos y medios). Como variable dependiente, se determina a la subordinación y opresión ejercida a los beneficiarios de VIS a través de la materialización de una política de espera.

Señalado el enfoque teórico desde el cual se plantean las variables y dimensiones de análisis, este estudio determina el mecanismo causal que opera entre las variables a través del uso del método denominado process tracing. Un método cualitativo que permite establecer de manera clara y detallada la línea de causalidad entre las variables.

Se pretende responder a la pregunta: ¿de qué manera el Estado ecuatoriano ha generado opresión y subordinación a través de la producción de vivienda de interés social y sus políticas públicas paralelas? tomando como caso de estudio el megaproyecto de VIS de CPT “Madre Guillermina Gavilanes” en la ciudad de Santa Clara, centro-norte de la Amazonía ecuatoriana.

La hipótesis es que, la producción estatal de VIS, que se concibe desde una lógica top down, (donde el Estado es el actor dominante de esta estructura jerárquica, que no considera: i) las identidades y liderazgos territoriales; ii) la necesidad de reducción de las desigualdades socio-espaciales; y iii) se aplica mediante instrumentos que no consideran la diversidad territorial) produce opresión y subordinación de la población beneficiaria, materializándose en la espera como instrumento disciplinario.

Marco teórico

La investigación basa su análisis en definir cómo la producción estatal de vivienda, desde las estructuras de interacción jerárquicas y el diseño de las políticas, desencadena la subordinación y la opresión de los beneficiarios a través de la espera.

Las estructuras de interacción jerárquicas entre el Estado y los actores no estatales son una dimensión de análisis de la producción de vivienda. Una estructura jerarquizada puede generarse a partir de redes que mayoritariamente son manejadas de forma autoritaria para la asignación de recursos, el control y la coordinación, siendo no intrínsecamente buenas o malas, sino más bien una forma de funcionamiento del gobierno, con la que el gobernante se relaciona de forma eficaz con otros actores (Rhodes, 2005, p. 100).

La forma de gobierno se establece alrededor de tres aspectos: i) sistémico, desde la “distribución del poder político y económico”; ii) político, desde la legitimidad y autoridad; y, iii) administrativo, desde “un servicio eficaz, abierto, responsable y auditado que tiene la competencia burocrática de ayudar a diseñar e implementar políticas públicas” (Leftwich, 1993, p. 11). Consecuentemente, la estructura de interacciones es más amplia que lo concerniente al Estado, “englobando también a actores no estatales y ampliando el límite de comprensión de lo que las interacciones generan en la red de la reconfiguración de las ciudades y sus periferias” (Barros, 2022, p. 30).

Por su parte, el diseño de las políticas públicas (segunda dimensión) es entendida como “la manera de hacer que responde a las expectativas de la comunidad, para anticipar o resolver problemas” (Fontaine, 2015, p. 32). El diseño de las políticas puede analizarse desde sus componentes (objetivos y medios) (Howlett, 2009, p. 73). Los objetivos representan las metas generales que pretende alcanzar una política pública; y los instrumentos estabilizan los modos de articulación de la acción pública al organizar los vínculos entre el Estado y los actores no estatales (Lascoumes y Le Galès, 2007 en Fontaine, 2015, p. 81). Los componentes de las políticas públicas se despliegan en tres niveles, política abstracta general, nivel operativo del programa y medidas específicas sobre el terreno (Howlett, 2009, p. 73).

Los conflictos que resultan de la producción del espacio pueden generar varias estrategias de confrontación entre el Estado y la sociedad que, de acuerdo con Del Romero (2018) son: i) aquellas que se insertan en la formalidad institucional de los procesos del Estado; ii) aquellas “activas”, que sobrepasan la formalidad, pero no involucran acciones de protesta; iii) las protestas, que implican conflicto; y, iv) las confrontaciones violentas o acciones ilegales, como toma de edificios, plazas, etc. En respuesta a estas estrategias de la sociedad, el Estado puede desarrollar tácticas para subordinar y oprimir a la población. Como un modo de dominación fundado (Auyero, 2012, p. 19) que limita la actuación de la población, volviéndolos sujetos pasivos.

En este punto, como lo señala Auyero en su estudio del sistema de salud público, el Estado al crear espera produce subordinación mediante la producción de incertidumbre y arbitrariedad (Auyero, 2012, pp. 15-19) en donde “los pobres se sujetan al poder estatal”, que, en efecto, se convierte en un instrumento disciplinario (Pérez, 2019, p. 499).

Así, el gobierno opera en distintos espacios, no espacios físicos, sino espacios cotidianos de la sociedad, como el trabajar, la recreación, la salud, etc., y en efecto, su poder afecta a estos distintos ámbitos (Foucault, 2007a). Uno de estos espacios no físico es el habitar. El Estado como creador del conjunto de mecanismos que dan forma a un sistema regulador y controlador de la “masa social” concentrados en la gráfica del Estado y su poder, afecta el habitar, el principal objeto de la vivienda.

El espacio, así como su producción, es activo, no estático (Blomley, 2003, p. 122). Dentro de la producción del espacio, se ha estudiado en Latinoamérica la producción del espacio urbano y periférico a través de la implementación de proyectos de solución habitacional por parte del Estado (Durán, Araujo et al., 2020; Durán, Bayón et al., 2020). Varios de estos estudios señalan el reforzamiento de la configuración de un modelo de ciudad liberal, con la configuración cada vez más marcada de espacios desiguales, fragmentados y excluidos (Durán, Bayón et al., 2020).

Se ha estudiado en los centros urbanos de las mega urbes que, el accionar del Estado, la mayoría de las veces a partir de políticas públicas, desencadena desplazamientos y destrucción de hábitats populares (Linz y Soto Villagrán, 2022). Se vincula a que la mayoría de las acciones estatales parten del objetivo de generar grandes cantidades de vivienda (Rojas et al., 2019). En Suramérica destaca el caso de Chile por su exitosa política de vivienda, caracterizada por la financiarización de la vivienda y el fuerte involucramiento del sector privado en su construcción (Ducci, 2008, p. 294).

Por su parte, el estudio de la política de espera se ha realizado respecto a situaciones donde el Estado “ayuda” a personas pobres a beneficiarse de un servicio, por ejemplo, la salud, siempre que “diligentemente” sepan esperar, subordinarse y aceptar la exitosa estrategia de dominación del Estado (Auyero, 2012, p. 9). En algunos casos se ha evidenciado que esta política de espera no siempre opera de forma disciplinaria y restrictiva sino que, en determinados casos, funciona como un catalizador para la organización de protestas y luchas por parte de la población (Pérez, 2019, p. 499).

En este contexto, se pone en relieve que Foucault en el marco de la reorientación de prácticas sociales acuña el concepto de “gubernamentalidad” como la actividad calculada del Estado (Energici, 2016, p. 30), que opera sobre los intereses de la sociedad, que son “el medio a través del cual el gobierno tiene influencia sobre los individuos, los actos, las palabras, las riquezas, los recursos, las propiedades, los derechos, etc. Gobernar es manipular intereses. El gobierno no interviene directamente sobre las cosas y las personas, sino que es más bien una “república fenoménica de los intereses” (Foucault, 2007b, p. 66). Miller y Rose (2008) proponen dos dimensiones de análisis de la gubernamentalidad, i) las racionalidades que es básicamente representación; y, ii) las tecnologías de intervención. En este caso se analizan las segundas, desde los “dispositivos de gubernamentalidad”, entendidas como aquellas estrategias de relacionamiento basadas en instituciones, leyes, políticas, discursos, que “tienen una función estratégica concreta que siempre está inscrita en una relación de poder” (Agamben, 2011, p. 250).

La producción estatal de vivienda opera mediante estrategias y tecnologías que se configuran y materializan en un espacio físico y en el habitar, especialmente en el caso de la vivienda, al ser el anhelo por esta uno de los mayores intereses actuales de la población, constituyéndose así en la base del actuar del Estado, como el medio a través del cual se establece la relación de poder de éste con los beneficiarios.

Metodología

La base estructural de la estrategia metodológica es cualitativa y se establece a partir de la determinación del accionar del Estado en la producción de vivienda en masa y las relaciones a partir de la utilización del método denominado process tracing con la subordinación y la opresión generada en los beneficiarios. De forma complementaria se hace uso de métodos cuantitativos, (estadística descriptiva) para el análisis de indicadores que forman parte de la metodología cualitativa general del process tracing.

Process tracing, es un método de investigación para rastrear mecanismos casuales utilizando un análisis empírico que detalla, dentro de cada caso, el funcionamiento de un mecanismo causal. De los cuatro enfoques que señalan los autores, esta investigación se concentra en la prueba-teoría, cuyo propósito es determinar si el mecanismo causal hipotético funciona según lo teorizado. Desde este enfoque se conceptualiza la relación causal entre las variables, haciendo explícito el contexto dentro del cual esta relación funciona. Posteriormente, se realiza la recolección de evidencia empírica para rastrear el mecanismo causal, comprobando la presencia de las implicaciones en el caso (Beach y Pedersen, 2019, p. 10) (Tabla 1).

Tabla 1

Mecanismo causal entre la producción estatal de vivienda y la opresión y subordinación de los beneficiarios.

Dentro del process tracing para analizar la evidencia empírica se plantean indicadores. Como parte del análisis de las políticas públicas de vivienda se utiliza un análisis anidado de sus componentes en tres escalas, la política abstracta general, el nivel operativo del programa y las medidas específicas sobre el terreno. El análisis de los objetivos identifica el grado de dirección hacia la reducción de las desigualdades sociales y el análisis de los medios identifica la consideración de la diversidad, las identidades y los liderazgos territoriales.

Los instrumentos de recolección de datos para la evidencia empírica son la recopilación de documentación (oficial y de trabajo), la realización de entrevistas semi estructuradas ―a los principales actores― y un acercamiento etnográfico a partir de entrevistas en profundidad a los beneficiarios del proyecto CPT de Santa Clara.

La investigación hace uso del método de estudio de caso, por su versatilidad “sí como la estructura que aporta para explorar una variedad de problemas, lo que lo convierte en un método apropiado para iniciar un estudio exploratorio” (Canta Honores y Quesada, 2021, p. 778).

Resultados

La base del malestar social: políticas habitacionales en la Amazonía ecuatoriana

En el Ecuador se definen tres generaciones de políticas de vivienda. La primera (1968-1972), según Acosta (2009), nace a partir del decreto que promueve el mutualismo, basado en el ahorro de recursos y la financiarización de la vivienda a través de créditos a largo plazo, con población objetivo de clase media y alta. En este periodo se impulsó programas de construcción de planes de vivienda con el apoyo de la Junta Nacional de Beneficencia.

La segunda generación conocida como políticas alternativas de vivienda (década de los años 70 y 80), generó proyectos a través de Mutualistas y se otorgaron préstamos para el mejoramiento habitacional. Finalmente, la tercera generación de políticas empieza en los años 90 bajo la influencia internacional del modelo de mercado abierto y competitivo, estableciendo políticas de focalización, en busca de mayor involucramiento de organizaciones no gubernamentales para financiar y construir viviendas.

Dentro de la tercera generación de políticas se crea el MIDUVI como entidad encargada de formular la Política Nacional de Desarrollo Urbano, Vivienda y Saneamiento Ambiental, que promovió el cambio en el rol del Estado de hacedor-dador a facilitador (Acosta, 2009, p. 53) estableciendo una serie de incentivos. Con la Constitución de la República del 2008 se reconoce como un derecho fundamental de los ecuatorianos el acceso a la vivienda digna y el hábitat seguro y saludable y se establece como deber de todos los niveles de gobierno garantizar este derecho (artículos 30 y 375).

En el 2015 se crea la Empresa Pública Nacional de Hábitat y Vivienda, para “elaborar e implementar programas, planes y proyectos referidos a la mejora del hábitat y el acceso a la vivienda” (Presidencia de la República del Ecuador, 2015). En mayo de 2017, se modifica el nombre de la empresa a Casa para Todos, encargada de la ejecución del proyecto nacional CPT (Presidencia de la República del Ecuador, 2017). Desde la misión CPT, en coordinación con el MIDUVI, se planificó el proyecto de inversión de entrega de 49.370 viviendas subvencionadas, 401 en la Amazonía ecuatoriana (MIDUVI, 2018, p. 22).

De acuerdo con las entrevistas realizadas, además de la evidencia encontrada en la normativa expedida por el MIDUVI, las estructuras de interacción Estado-sociedad en todo el proceso de producción de vivienda, son jerárquicas, por cuatro motivos:

Primero, los mecanismos de participación ciudadana¹ mayoritariamente se dirigen a informar a la población sobre asesorías de acceso a vivienda, inscripciones, formas de aplicar e instructivos. No se establecen mecanismos mediante los cuales la población sea consultada, en una etapa del proyecto, en la que dicha intervención aportaría a la producción habitacional del país, región o barrio. Tampoco se definen mecanismos mediante los que la población toma una decisión activa respecto a los proyectos. Si bien existe y se implementa una “estrategia de fortalecimiento comunitario”, ésta se aplica únicamente después de construidas y otorgadas las viviendas, su finalidad es hacer seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones; más que en una forma de que la población forme parte de la toma de decisiones.

Segundo, respecto a la existencia de herramientas de control ciudadano ―como elementos de seguimiento de la actuación pública por parte de la sociedad― se evidencia que se concentran específicamente en el seguimiento de los presupuestos participativos y de rendición de cuentas de las instituciones del Estado. En efecto, son limitados, no permiten que el control social contribuya a una mejora de la producción habitacional, o una retroalimentación.

Tercero, el liderazgo territorial dentro de la producción de vivienda, concebido como “la capacidad de dominio, autoridad e incidencia de los distintos actores territoriales en la toma de decisiones, involucramiento e intervención” (Barros, 2022, p. 82), evidencia que los actores que son reconocidos antes, durante y después del proceso de producción habitacional es el Estado desde sus distintas instituciones y niveles. No obstante, existen también otros actores socioeconómicos, como Ecuador Estratégico y CPT, que funcionan como empresas (co)ejecutoras. Asimismo, los bancos y proveedores que colaboran en la modalidad de créditos hipotecarios son reconocidos en todas las etapas. Sin embargo, los actores sociales son básicamente vistos y tratados como beneficiarios; su involucramiento en la producción de vivienda en etapas de planificación y construcción es nulo.

Cuarto, se identifica en la producción habitacional un escaso reconocimiento de las características específicas del territorio, junto a mínimos y generalizados lineamientos para la calificación de tipologías de vivienda, por lo que la estandarización de los modelos de vivienda se da a nivel nacional; además el uso del lenguaje de parte del Estado es siempre el español, pese a que existen comunidades indígenas que hablan otras lenguas.

Dentro del MIDUVI, los procesos participativos no involucran a la gente que va a ser la dueña, muchas veces ya está la casa y luego se ve a las familias (…) Los diseños ya están hechos para la costa, sierra, oriente… es casi lo mismo; y realmente en el proceso no se consulta cómo quisieran tener su casa. Desde aquí mismo les controlamos que incluso tengan la casa de la misma forma durante 10 años, del mismo color, no hay como cambiar la distribución, no se puede poner paredes ni nada adicional (Gestor Social MIDUVI Napo, febrero 2022, c. p.).

En suma, la estructura de interacciones Estado-sociedad es jerárquica porque limita, tanto la participación y el control de la ciudadanía como su involucramiento en la toma de decisiones relevantes para definir las políticas que se aplicarán en sus territorios. Consolidando una forma de gobierno top down (de arriba hacia abajo) en la dotación de VIS.

La política habitacional derivada de estas estructuras jerárquicas sirve de base para la actuación del MIDUVI y la Empresa CPT, y se direcciona “a reducir el déficit habitacional, de forma que se aproxime a garantizar el derecho a una vivienda adecuada y digna a la mayor cantidad de personas posibles. No se declara de manera explícita, como un objetivo único o a nivel intermedio la [necesidad de] reducción de desigualdades entre territorios”. Asimismo, los medios de las políticas de VIS no consideran la diversidad del territorio amazónico. Si bien de manera general se señala que las viviendas deben ser acorde al territorio, en “los proyectos específicos no se reconoce la vocación territorial, no se incorpora una clasificación de tipologías de territorios ni mucho menos se definen estrategias para adaptar los objetivos de las políticas a las realidades del territorio” (Barros, 2022, pp. 81-87). Consolidando de esta manera, una base normativa que respalda la producción habitacional poco adaptada a las necesidades específicas de cada grupo social, de acuerdo como se resume en la Tabla 2.

Tabla 2

Objetivos y medios del diseño de las políticas públicas de VIS hasta el 2022.

En suma, y conforme lo antes expuesto, las políticas de vivienda establecen objetivos ligados a reducir el déficit habitacional cuantitativo y se ejecutan mediante instrumentos de implementación poco adaptados a la realidad amazónica, que se determinan a nivel nacional sin la consideración del territorio y sus particularidades.

Dispositivo de gubernamentalidad y mecanismo de subordinación: la espera

En la implementación de los proyectos de VIS, y tomando como caso de estudio el proyecto de CPT en Santa Clara, se evidencia el establecimiento de un mecanismo de subordinación y opresión hacia los beneficiarios, siendo un efecto de la espera prolongada que opera detrás de la entrega de viviendas.

Los beneficiarios de CPT se mantienen en una espera que inició antes del periodo comprendido entre la fecha en la que fueron identificados como beneficiarios y la entrega oficial de la vivienda, siendo este no más que un periodo administrativo de papeleo. La espera ha sido larga porque inició desde su aspiración de convertirse en propietarios, décadas antes de ser identificados como beneficiarios por CPT.

El periodo de espera se extiende hasta años después de haber recibido la vivienda; la entrega de esta no detiene esta espera ya que los beneficiarios aún no son propietarios (con el respectivo título de propiedad); solo lo serán en aproximadamente un año (cinco años en total desde la entrega de la vivienda), porque así lo señala el acuerdo firmado con el MIDUVI. En efecto, el sueño de ser propietarios de una vivienda no es real todavía y mientras el Estado les mantenga en este periodo de transición a ser propietarios, ellos tienen normas que seguir y conductas que mantener.

La firma del acuerdo es un requisito y una obligación a la cual los beneficiarios deben suscribir para acceder a la vivienda. El acuerdo limita el sentido de lucha de los subordinados a la espera, ya que en éste se establecen determinantes de conducta que son controlados por MIDUVI e incluso hacen uso de la misma población para controlar sus obligaciones. La aspiración de ser propietarios se mantiene presente y más fuerte que nunca, ya que el sueño está más cerca. Es esta aspiración, y lo establecido en el acuerdo, lo que les impide continuar con la larga y permanente lucha por sus derechos que, si bien nace con la necesidad de ser propietarios de una vivienda, en términos más amplios significa continuar luchando por el acceso a la educación, a la salud, a un trabajo, en última instancia, a la vida digna.

Hacemos guardia de 10 a 11:30 de la noche, es por pareja, dos cada noche turnándonos. En total somos como 17 personas de la comisión de seguridad. Entonces salimos a estar andando por el barrio hasta que todos entren a sus casas, no podemos salir de la casa más tarde de eso [10 pm las obligaciones de MIDUVI]. Controlamos también eso de no tener animales, ni tiendas, nada. Pero bueno, como ve, animales uno que otro si se tiene. (Entrevista a beneficiario CPT, 32 años, Santa Clara, febrero 2022, c. p.).

Las reuniones barriales las convocan la directiva, y es para tratar temas de, por ejemplo, si nos vienen a ver del MIDUVI, para tener todo en orden y que las casitas se vean como nos dieron … el presidente si nos hace acuerdo de las reglas, pero igual ya sabemos. (Entrevista a beneficiario CPT, 42 años, Santa Clara, febrero 2022, c. p.).

El Decreto Ejecutivo que expide el Reglamento para el acceso a subsidios e incentivos de CPT señala que “las titulaciones y reversiones de las viviendas, derechos y obligaciones de los beneficiarios de las viviendas con subsidio total del Estado, se subordinarán a lo dispuesto en la normativa” del MIDUVI. El acuerdo entre sus determinantes señala como obligación de los beneficiarios: i) habitar la vivienda, la persona o todo el núcleo familiar, de forma continua y permanente de cinco a 10 años; ii) destinar la vivienda al uso residencial, es decir, no poder poner negocios, peluquerías, restaurantes, etc.; iii) mantener la vivienda en buen estado, así como no modificar la construcción hasta la entrega definitiva; iv) no tener animales domésticos; v) no poder salir de las viviendas luego de las 10 de la noche; vi) no consumir bebidas alcohólicas (MIDUVI, 2018; entrevistas a profundidad). Parte de lo expuesto, y que no consta explícitamente en los acuerdos, es señalado a los beneficiarios en la Estrategia de Fortalecimiento Comunitario.

Este acuerdo les impone conductas y limitantes que deben ser cumplidas mientras esperan que transcurran los cinco años hasta ser propietarios reales. La vivienda es solo uno de los derechos a los que están muy cerca de acceder, pero junto con la vivienda, está el vivir, el habitar, al que aún no tienen acceso en autonomía.

Hemos esperado mucho el poder tener una casita, el proceso no fue tan difícil, largo por tanta burocracia, pero no difícil. Después de todo el papeleo y esperar que construyan, nos dieron la casa, pero tampoco es que ya estamos seguros, no es nuestra casa todavía, esto es como quién dicen “prestado”. Si nos comportamos mal, si hacemos algo indebido, esto nos van a quitar. Entonces nos queda nada más esperar (Beneficiario CPT, 52 años, febrero 2022, c. p.).

Los beneficiarios del proyecto de CPT saben que tienen que esperar, ya que es precisamente a lo que se han sometido gran parte de su vida. Señalan que no sería lógico que estando tan cerca de cumplir su anhelo de tener una casa propia, dejen de esperar. De esta manera y tras examinar la política de vivienda que se detalló en el apartado anterior, se evidencia que los mecanismos de confrontación del Estado y su estrategia o dispositivo de gubernamentalidad ―consciente o inconsciente por crear una subordinación de los pobres― es exitosa. Los acuerdos firmados con el Estado han generado personas impotentes que se sientan y esperan ser propietarios. De acuerdo con Auyero, en su estudio de la política de espera, el Estado, con la forma en la que hace esperar, recrea subordinación y lo hace al producir “incertidumbre y arbitrariedad” (Auyero, 2012, p. 12).

Dentro del MIDUVI, conforme el mismo acuerdo ministerial, una vez que se les entregan las viviendas, les ponemos unas obligaciones bien fuertes. Por ejemplo, vivir cinco años de forma permanente y continua en la vivienda; si no viven ahí, se inicia un proceso de reversión de la vivienda. Parece un poco contradictorio que el MIDUVI, en un determinado momento, le ofrece una casa a una persona pobre, le dice: “tú no tienes en donde vivir, te vamos a dar una casita”. Usted le pone a un ciudadano pobre en una determinada casa y al poco tiempo no tiene trabajo, (…) la casa es gastos ―se le quema el foco, el interruptor, se le daña el desagüe, y pintar a fin de año, y mantenimiento, y pago de impuestos―; entonces, si estamos trabajando con gente pobre, entenderá que la gente entra en una desesperación y en un conflicto dentro de la familia -“y ahora que hacemos, el MIDUVI va a venir a sancionarnos y a quitarnos la casa, a obligarnos a que paguemos el valor de la vivienda más los intereses”. (Gestor Social MIDUVI Napo, febrero 2022, c. p.).

El Gestor Social del MIDUVI (encargado de ejecutar, controlar, y de llevar a cabo lo determinado en los acuerdos) señala que las determinantes del Acuerdo son “contradictorias” por ofrecer una vivienda a una persona pobre, imponiéndole, al mismo tiempo, medidas que lo ponen en conflicto. La contradicción y el conflicto, señala, se forman por tener que mantener la vivienda en buen estado, no poder modificarla, pintar, construir paneles divisorios, etc., y por el largo tiempo que deben residir de manera permanente. Todo esto, cuenta, va en contra de las dinámicas de la población amazónica, porque es “gente que vive moviéndose”, que cambia de trabajo fácilmente y que muchas veces pasa varios días trabajando en fincas como agricultores. El Gestor Social señala que, al poco tiempo de recibir la vivienda, muchos beneficiarios no tienen trabajo y a eso se le suma que “la casa no ayuda a ganar un solo centavo”, claramente por las condiciones del acuerdo. La vivienda implica gastos por su obligación de mantenimiento, obligándolos a vivir de manera continua y permanente, alterando sus dinámicas laborales y forzándolos a buscarse otros tipos de trabajo.

El Estado dice explícitamente a los beneficiarios mediante los acuerdos, e implícitamente mediante las consecuencias de esta política ―con palabras y con acciones― que esperen, que la vivienda será suya en un futuro y mientras tanto, que sean pacientes y cumplan las obligaciones. O sea: subordínense al acuerdo disciplinario. Los beneficiarios se han convencido de que el paso de tiempo pondrá fin a su espera, una espera que obedece a una política pública concebida, conforme lo señala Auyero (2012, p. 18), no como un motor de cambio y beneficio colectivo, sino como una práctica lejana y ajena a ellos, que los vuelve impotentes. Asimismo, los servidores públicos de abajo, aquellos funcionarios que ejecutan, han terminado por asumir lo mismo, por ocupar un puesto en una institución pública, obedeciendo normas que vienen de arriba y que son distantes, asumiendo que no hay nada que puedan hacer para cambiarlo.

Discusión

En el caso de estudio, las limitadas vías institucionales de participación e involucramiento ciudadano establecidas por las entidades encargadas de garantizar el derecho a la vivienda se enfocan principalmente en informar a la población las decisiones ya tomadas desde arriba. En estos contextos, de acuerdo con Del Romero (2018), la población puede desarrollar estrategias que les permitan acercarse a la toma de decisiones. Estrategias como luchas colectivas, protestas, tomas de edificaciones, etc. Sin embargo, se evidencia que los beneficiarios del programa CPT están “disciplinados” a normas de comportamiento y obligaciones que los impide desarrollar este tipo de estrategias.

La restricción materializada en un acuerdo beneficiarios-MIDUVI opera como un instrumento de subordinación y opresión que los sujeta a una espera prolongada. Una espera que comenzó décadas antes de ser identificados como beneficiarios y que se prolonga de cinco a 10 años de haber recibido su vivienda. La política de espera es exitosa por estar condicionada a una entrega de títulos de propiedad. Es decir, los beneficiarios pese a residir en las viviendas, no son propietarios; lo serán cuando, transcurrido el tiempo de espera, se hayan sujetado a las obligaciones del Acuerdo.

Como señala Auyero (2012, pp. 15-19), las políticas de espera crean subordinación al producir incertidumbre y arbitrariedad, además de ser un elemento simbólico de manipulación por aprovecharse del anhelo de ser propietario de los beneficiarios. En los estudios realizados por Auyero, la política es exitosa en el tema de la salud, por aprovecharse de la necesidad de acceder al sistema de salud y en última instancia a la cura. En suma, se toma una necesidad ―salud, cobijo, etc.― y se la transforma en un elemento de manipulación.

En este debate cabe no solo entender a la espera como mecanismo de subordinación, sino además como dispositivo de gubernamentalidad, pues esta “busca moldear la conducta de los individuos y colectivos, no solamente a través del control, la disciplina o la normalización, sino también por medios más sutiles y no directamente coercitivos que los hacen más inteligentes” (Galaz y Montenegro, 2015, p. 1668) como la misma espera. No obstante, el hecho de que sea un dispositivo de gubernamentalidad que permite al Estado ejercer su poder, no implica que no exista esta subordinación de la población por la incertidumbre y arbitrariedad que se produce en su ejecución.

En este dispositivo de gubernamentalidad del caso ecuatoriano no sucede lo que Pérez (2019) muestra en su estudio (que en ciertas ocasiones la espera puede ser la base, la razón y la motivación de las personas para organizarse y luchar por sus derechos). La espera generada por CPT se sujeta a instrumentos palpables, acuerdos amparados por todo un marco normativo que permite al Estado actuar en contra de los beneficiarios cuando no cumplen el acuerdo. Se evidencia lo que (Fernández, 2005) señala como poderes invisibles y dominadores sobre la sociedad, que no son reconocidos como tal, sino más bien se reconocen como algo legítimo.

A partir de estas abstracciones generadas, es de importancia señalar que, además de que el Estado ha generado una estructura jerárquica de actuación y relación con la sociedad, el resultado es la masificación y estandarización de la vivienda, como respuesta caduca ante el déficit habitacional en la Amazonía. La estandarización de modelos de vivienda para familias tanto de dos personas como de once, para soluciones localizadas en la costa, la sierra y la Amazonía, alineados a acuerdos que los impide adecuarlas a las necesidades específicas, subordina además al no poder habitar los espacios. Los beneficiarios son conscientes de las reglas y normas, una de ellas, y la que más se cumple y controla es la de no modificar la vivienda; consecuentemente, no se habita los espacios; ya que “el construir como habitar se despliega en el construir que cuida -es decir: que cuida el crecimiento- y en el construir que levanta edificios”, construir entonces, tiene al habitar como meta (Heidegger, 2001, p. 1).

Conclusiones

Se establecen conclusiones alrededor de tres puntos principales.

Primero, en relación con la pregunta de investigación, que dice: ¿de qué manera el Estado ecuatoriano ha generado opresión y subordinación a través de la producción de vivienda de interés social y sus políticas públicas paralelas?, se evidencia que esto sucede a través de la materialización de una espera prolongada que obliga a los beneficiarios (a través de un Acuerdo firmado con el MIDUVI a convertirse en sujetos pasivos) mientras cumplen y se disciplinan a las determinantes del acuerdo. Este mecanismo empleado se configura como un dispositivo de gubernamentalidad que utiliza el poder legitimado del Estado de forma sutil para que no sea necesario recurrir a la fuerza y a la coerción.

Segundo, se comprueba la hipótesis planteada. La producción estatal de vivienda de interés social en el Ecuador se concibe desde una lógica top down, en la cual el Estado se vuelve el actor dominante y en su operar no considera las identidades y liderazgos territoriales; la necesidad de reducción de las desigualdades socioespaciales; y sus instrumentos no se adaptan a la diversidad territorial Amazónica.

La producción de vivienda de interés social del programa CPT en la Amazonía opera mediante un instrumento de poder y dominación del gobierno. Este instrumento se materializa en acuerdos entre el ente rector de hábitat y vivienda y los beneficiarios. Acuerdos que diciplinan y establecen obligaciones a ser observadas hasta la entrega definitiva de las viviendas (aproximadamente cinco años). De esta forma, cristalizando una efectiva política de espera, que crea subordinación, incertidumbre y arbitrariedad.

La política de espera utiliza el tiempo como un elemento de manipulación que da a la ciudadanía beneficios limitados (como el entregar un simple espacio de cobijo, que no es lo mismo que un hogar) aprovechándose del “sueño de ser propietario”, de los beneficiarios. La dominación que establece este instrumento disciplinario limita a la población el desarrollo de estrategias de involucramiento en la toma de decisiones que sobrepasen el régimen institucional; es decir, limita este sentido de lucha por el acceso a los derechos territoriales.

Como parte del acuerdo y dentro de la espera se restringe a los beneficiarios el poder construir o modificar sus viviendas; cabe preguntarse entonces: ¿realmente están habitando esas viviendas, les pertenecen realmente? Partiendo de la noción heideggeriana de que “al habitar llegamos, así parece, solamente por medio del construir. Éste, el construir, tiene a aquél, el habitar, como meta” (Heidegger, 2001, p. 1), el impedir la modificación, el modificar el espacio de acuerdo con las necesidades específicas de sus habitantes limita la apropiación, condenándolos a una espera en lugares que ni siquiera pueden sentir como suyos.

Tercero, de los hallazgos de la presente investigación se desprenden algunas interrogantes que pueden ser consideradas para futuras investigaciones, entre ellas: ¿de qué manera las estructuras jerarquizadas de producción habitacional interfieren con la falla o efectividad de las políticas públicas habitacionales?; ¿cuáles son las estrategias desarrolladas por la población para hacer frente a la política de espera?

Adicionalmente, será de interés para futuras investigaciones explorar la materialización de la política de espera que opera en el marco de la producción de VIS, en una escala mucho más micro que la estudiada en esta investigación: la escala de los cuerpos. Partiendo de que, también son un lugar y un espacio.

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Notes