Entre 1879 y 1884, se desarrolló esta confrontación armada en la que se movilizaron más de cien mil hombres y mujeres de Bolivia, Perú y Chile, desarrollándose cinco campañas militares. Tras la ocupación de Antofagasta por parte de las fuerzas chilenas, la lucha se concentró en la obtención del control marítimo, clave para el desarrollo de las futuras acciones terrestres. La campaña de Tarapacá consolidó el objetivo político estratégico chileno por obtener el control de las salitreras de Perú, golpeando fuertemente las posibilidades económicas peruanas. Tras la campaña de Tacna y Arica, consideraba que el proceso llegaba a su fin, desarrollándose las primeras conferencias que buscaban la paz, pero tras su fracaso, las fuerzas chilenas arremetieron contra la capital del Perú y en dos rápidas acciones, conquistaron y ocuparon la capital Lima, proceso que a la postre se extendió por más de dos años. En este período, se produjo una guerra de resistencia, en la zona de la serranía que finalizó en 1883, firmándose el Tratado de Ancón entre Chile y Perú y, un año más tarde, el Pacto de Tregua con Bolivia, que pese a no participar en acciones bélicas desde la derrota en la batalla de Tacna o Campo de la Alianza, continuó en estado de guerra contra Chile.²

Bajo este contexto, la ribera del Pacífico sudamericano se transformó durante este período en uno de los principales escenarios de la guerra de América Latina, situación que no dejó indiferentes a los demás Estados de la región, especialmente cuando desde las cancillerías de los países beligerantes, se buscó defender su posición frente al adversario. Para ello, no se escatimaron esfuerzos en intentar obtener apoyo a su causa, ya sea a través del repudio a la acción hostil del contrincante o bien a través de la búsqueda de apoyos más concretos en la acción armada. Así, tanto Perú como Chile, intentaron acercarse a países que le podrían servir a sus intereses, donde Ecuador, por su posición geográfica, ribereña al Pacífico, por lo tanto, con intereses comerciales y navieros, sumado a los problemas de definición territorial que poseía, específicamente en la zona de la amazonia con el Perú, pasó a ser objeto de interés de las misiones diplomáticas de peruanos y chilenos, con el fin de acercar sus intereses a los de ellos.

Pese a los esfuerzos de ambas cancillerías, Ecuador optó por no emplear la ventaja que poseía y resguardar sus intereses, especialmente dada la naturaleza del poder del mandatario de la época, el general Ignacio de Veintemilla, por lo que se declaró neutral, y con ello se resguardaba de posibles consecuencias negativas, dependiendo del bando ganador. No obstante, el conflicto igualmente irradió a los intereses ecuatorianos, debiendo el gobierno salir a buscar respuestas frente a problemas en los que se vieron envueltos representantes diplomáticos, comerciantes y población civil asentada en ciudades o territorios que se transformaron en parte de los teatros de operaciones de la guerra.

A partir de este escenario, surgen preguntas que han guiado esta investigación, la primera de ellas, la más general, corresponde a ¿por qué las autoridades políticas ecuatorianas, que mantenían interés en resolver su problema territorial con Perú, no aprovecharon el escenario bélico que se les presentó? de ésta se desprende ¿la actitud del gobierno de Ignacio de Veintemilla respondía a una política americanista o era una decisión basada en la realidad de sus posibilidades político-militares? lo que desprende la tercera interrogante: ¿Estaba Ecuador en condiciones internas para entrar en una confrontación bélica de mayor escala que los conflictos locales que había enfrentado en los últimos años? finalmente cabe el cuestionamiento sobre si el poder de Ecuador, entendido como sus fuerzas materiales y simbólicas, estaban en sintonía como para enfrentar un proceso bélico en el exterior. Basado en estas interrogantes, se puede afirmar que Ecuador no entra a la guerra por un sentimiento americanista, como lo declaran las documentaciones oficiales, sino que se encuentra limitado por su escenario interno, vale decir la situación política, que genera efectos en la capacidad militar del país, lo que fue determinante en el momento de tomar una postura frente a la guerra que enfrentaba Chile contra Perú y Bolivia.

Desde la perspectiva teórica, para esta investigación se considera que el Estado-Nación es el principal actor de las relaciones internacionales, bajo la consideración de estar insertos dentro de un sistema internacional (Ortiz, 2002, p.100ss.), en donde la sociedad internacional, entendida en este caso como la región latinoamericana, estaba en permanente estado de búsqueda de un balance entre el interés del Estado y el interés de la comunidad para disminuir las amenazas a la paz internacional, tratando de mantener la mejor convivencia entre los países (Bull, 2005, p.62ss.). Así la idea de una sociedad en constante tensión entre la paz y el conflicto, justifica que los Estados, actúen de manera interesada, en la búsqueda de modificar el status quo imperante, en prosecución de imponer sus propios intereses nacionales a los de los Estados de la región, en la práctica, se busca a través de la acción internacional, la aplicación del poder, entendido como la capacidad de imponer la voluntad sobre otros. Esta característica esencial del "realismo político clásico", la que está presente en los textos clásicos que lo define, tanto desde la óptica sociológica de Raymond Aron (1963, p.73) o la politológica de Hans Morgenthau (1986, p.63-68) sin que la diplomacia sea capaz de mantener la paz entre los Estados.

Desde esta perspectiva el interés nacional comenzó a primar en el comportamiento de los representantes de Estados, debiendo ellos hacerse cargo de cómo enfrentar la situación territorial, especialmente considerando la realidad interna del Estado, tomando conciencia de las capacidades materiales e intelectuales para establecer una estrategia de política exterior Duroselle y Renouvin (2000, p.9-10). Estas fuerzas profundas, son las que se proyectaran en la acción del Estado, basado en un discurso de defensa de territorios, buscando, a través de las arengas y acciones de propaganda, aunar esfuerzos en torno a la causa común, "la defensa del territorio patrio", como parte del imaginario colectivo, todo ello, dentro de la necesidad de consolidar una identidad nacional (Otero, 1996, p.123) este mecanismo ciertamente fue empleado, tanto por las autoridades políticas, como los grupos de opinión en el caso de los beligerantes, de forma de aumentar el apoyo y aunar esfuerzos en la contienda.

Como parte del interés nacional, la necesidad de posicionarse como un Estado con más poder, rápidamente decantaba, no solo en la estructura interna, en cuanto a lo político, sino también a los recursos económicos que le permitieran apoyar esta consideración, en el siglo XIX, las materias primas en la región son la principal fuente pugna entre los Estados. Perú, Bolivia y Chile, que se enfrentaban entonces por cambiar el status quo, a partir del control del salitre, lo que le permitiría adquirir una posición de poder en la región, especialmente en el caso peruano y chileno, ya que ambos, mantenían una interesada actitud de dominar el Pacífico sudamericano, y por tanto, el conflicto resolvería que Estado tendría más poder. La justificación fue, que Perú estaba aliado con Bolivia, y al violar el tratado de 1874, se escaló en la acción bélica. Empero, el trasfondo estaba en el dominio de materias primas, en este caso el salitre y su mercado internacional, llegando a emplear la fuerza para alcanzar sus objetivos (Barbe, 2007, p.247-248).

La idea entonces de las alianzas entre países, con la idea de obtener beneficios a partir de ese pacto, era parte del realismo político, reafirmando la idea de un sistema internacional competitivo, donde imponer la voluntad, implicaba emplear todas las estrategias posibles. Es bajo esta consideración que, se empleará también el concepto de Estados paravecinos. Éste consiste en la vinculación estrecha entre países que no limitan entre sí, pero que entre ellos existe un Estado que posee una frontera común, o en su defecto intereses contrapuestos (Estado A, Estado B, Estado C, en el A y C son Paravecinos, frente al Estado B). La aplicación de esta dinámica se ajusta a las relaciones interestatales, bajo la consideración realista de defender el interés del Estado.

Esta determinante pasa a tener un carácter geopolítico, en cuanto a que, los intereses existentes entre estos paravecinos pueden coincidir, generando per se, la idea de unidad o de potencial alianza frente a otros, implicando la factibilidad que frente a una situación conflictiva, la vinculación podría derivar en una alianza militar. El caso en estudio representa con claridad esta condición, en la medida que Chile y Ecuador no poseen una frontera común, pero ambos llegan a tener rivalidad con Perú, La alianza paravecinal, era entonces una estrategia válida para las autoridades chilenas y una posibilidad para Ecuador de obtener también una satisfacción de su interés nacional.

El asesinato de Gabriel García Moreno en 1875, significó el término de un proceso político-social, al interior del Ecuador, marcado por la visión conservadora que ese mandatario desarrolló, mientras que de forma paralela, desarrollaba un proceso de modernización material en el país. Si bien es cierto, que con su muerte terminó el período del conservadurismo vinculado a la iglesia católica, el efecto en el orden interno no implicó una transformación radical, sino más bien un equilibrio entre las elites conservadora y liberal, decantando con los años, al denominado progresismo.³

Los líderes de este pensamiento abogaban por la conciliación del pensamiento político más liberal, y el desarrollo económico. A ello se debe sumar otro actor político determinante en la vida política, los grupos conservadores católicos, que ostentaban el poder económico de las haciendas. Un tercer componente de la vida política ecuatoriana, era el fuerte regionalismo presente en el país, especialmente la rivalidad entre Guayaquil y Quito, que estuvo presente hasta 1884 (Maiguashca, 1994, p.414), situación que se manifestaba en los respaldos políticos y los proyectos del Estado, y que dejaban de manifiesto el individualismo de las provincias frente al poder central, ya que la situación de Guayaquil frente a Quito, se replicaba de forma similar, aunque no con la misma fuerza en Cuenca y Esmeraldas, demostración de aquello fue la crisis de 1859, donde existieron simultáneamente cuatro autoridades políticas (Ortiz, 1999, p.1-3). Todo ello, en el contexto de la disputa territorial que se arrastraba desde la emancipación ecuatoriana de la Gran Colombia, generando la rivalidad por los límites entre esta república y su vecino Perú (Tobar; Luna, 1994, p.133).

En lo institucional, este período de transición que se inició tras el magnicidio, estuvo marcado por los consensos de carácter utilitarios para mantener el orden del país.⁴ Como estamos hablando de gobiernos que no tenían una base o un sustento político fuerte, rápidamente algunos grupos comenzaron a cuestionar las medidas del presidente Borrero y a solicitar algunos cambios o reformas para beneficios de algunos sectores económicos y regionales. En Guayaquil se dio origen a una serie de acciones destinadas a debilitar el poder político, ello, encabezado por el general Ignacio de Veintemilla, quien se las arregló para desplazar al comandante de armas de ese puerto, en donde empleó como estrategia el jurar fidelidad al gobierno central, pero al mismo tiempo intrigando en su contra con representantes de la elite local. Las demandas, con sus definiciones particulares, ya sea económicas y políticas, fueron mermando la capacidad del gobierno, ya que éste se resistía a las presiones. Las consecuencias no se dejaron esperar dando paso a rebeliones que fueron escalando, tanto en apoyo como en violencia, hasta derivar en la revuelta armada y la irrupción militar. Guayaquil nombró como mandatario a Veintemilla, mientras que la zona de la sierra reconoce a Borrero, terminando esto en la batalla de Galte el 14 de diciembre de 1876, dejando un millar de muertos en el campo de batalla, la mayor tragedia del Ecuador hasta ese entonces. Borrero y sus más cercanos fueron exiliados. Veintemilla, para entonces jefe militar de Guayaquil, fue proclamado Jefe Supremo por esa misma provincia y triunfador frente a asonada militar, asumió el poder de todo el país. Demás está señalar entonces, el poder de la provincia costera en la política contingente, situación que implicó una doble condición, por una parte la base de apoyo del militar, pero a la vez, una debilidad para el nuevo gobernante, ya que debía ejercer su poder desde Quito, donde predominaban ideas e intereses que se contraponían a los de la costa. Eso sí, se suponía que su llegada daría las seguridades al resto de la clase política en función del progreso general que se buscaba para el país.

Así hacia 1878, en la Asamblea de Ambatos, se institucionalizó su poder como parte de las herramientas que colaborarían con el orden del país, se buscó nuevamente una alianza entre los grupos poderosos, lo que significó lograr un consenso que trajo consigo cambios a partir de una nueva Carta Fundamental. Pese a que a partir de la promulgación de la constitución, Veintemilla, fue reconocido como mandatario, éste no dejó de considerar a las fuerzas armadas como su principal respaldo, por lo que no escatimó esfuerzos en rodearse de militares leales, asociado a sectores de la elite tradicional, sin una eficiente preparación militar, y más bien vinculado a clanes familiares con interés en el control político. Al respecto se puede señalar que:

Bajo esta mirada, es posible señalar que, políticamente, la estabilidad del gobierno ecuatoriano, pendía entonces del favor de los grupos políticos que lo apoyaban, donde el ejército era una parte de ese delicado equilibrio político. Además, estaban los grupos opositores provenientes de otras provincias, que suman presión a la estabilidad interna, la que hizo crisis hacia 1883, a partir de una nueva confrontación militar que finalizó el mandato del caudillo.

En el período previo a la guerra y durante esta, la economía ecuatoriana, tuvo un período benévolo en relación al comercio de la cascarilla y del cacao, lo que le permitió tener un respiro financiero, y con ello, calmar las tensiones al interior del país, al menos por un tiempo, ya que las constantes asonadas, y la mala administración, fueron debilitando las arcas fiscales (Hurtado, 2010, p.101-102). Pese a ello, las elites no quedaron ajenas a las demandas por beneficios, especialmente en ese período de auge, en consideración a que esas materias primas eran originarias de provincias o territorios específicos, marcando con ello, una fuerte política regionalista, en palabras de Jorge Núñez tras la crisis de 1859-1860 había logrado "un 'equilibrio conflictivo', teniendo a Quito como capital del país, Guayaquil como puerto único y Cuenca como poder regional dirimente" (Núñez, 2015, p.29). Así, la relación Guayaquil-Quito en la consideración a que la condición de puerto privilegiado del primero, le otorgaba una importancia política relevante e incluso, con aires autonomistas. Al respecto, cabe señalar que en 1859, en el contexto de una crisis interna ecuatoriana, las provincias levantaron caudillos políticos, y en el caso de Guayaquil, además, la posibilidad de anexarse a Perú.

Estos tres factores fueron determinantes en el contexto de la guerra, ya que el Estado ecuatoriano debía tomar una posición y defenderla con el peso del gobierno, siendo justamente el poder al interior del país, el que estaba debilitado.

Si bien es cierto, el detonante de la guerra del Pacífico, fue el incumplimiento de Bolivia del Tratado de Límites de 1874, que derivó en la reivindicación chilena de los territorios que según los decretos de la época colonial se le otorgaban, es decir, desde el río Loa al sur, cabe señalar que el conflicto de intereses más evidentes se identifica entre Perú y Chile, fundamentalmente por la rivalidad en las inversiones asociadas a la minería del salitre, que estaba en pleno auge por esos años, y que tenían a inversores de ambos países, además de los capitales estadounidenses y europeos, atentos al proceso de negociación y posteriormente a la guerra (Ravest, 2008, p.63-77).

En esta lógica, tras la toma de Antofagasta por parte de las fuerzas militares chilenas, se produjo un proceso de intenso movimiento diplomático, donde Chile, por una parte, buscó acercarse a Bolivia, mientras que ésta, se aferró al tratado de apoyo mutuo firmado en 1873 con Perú. Por su parte, este país, enviaba a Chile una delegación al cargo del plenipotenciario José Antonio Lavalle, con la misión de ofrecer sus servicios para buscar una salida negociada a la crisis vecinal. No obstante, el 1 de abril, Perú declaró la guerra a Chile en función al acuerdo firmado con el país altiplánico, mientras que Chile, replicó declarándola a ambos Estados el 5 de abril de 1879. A partir de ese momento, el discurso bélico (Rubilar, 2013, p.3) se hizo parte del lenguaje común entre los tres países, llegando a otras capitales de la región, donde se inició una campaña por conseguir el apoyo internacional, desde la perspectiva de las causas que derivaron en la acción militar, la búsqueda de solidaridad para denunciar al agresor y también, para obtener apoyos para enfrentar la guerra. En los tres casos, el rol de Ecuador será relevante, pero especialmente en el tercer aspecto citado, tanto por su condición de Estado ribereño del Pacífico en condición de paravecino, como por su situación limítrofe con Perú, la que estaba caracterizada por mantener una disputa territorial entre ambos países, y que en un escenario bélico esta pugna, podría tener un aliciente para poder aprovechar de imponer su interés nacional.

Durante los inicios de la guerra del Pacífico, las relaciones bilaterales chileno-ecuatorianas se habían mantenido dentro de lo que se podría calificar como protocolar. Desde el Ecuador, el presidente Veintemilla hacía votos para lograr terminar el conflicto llegando a un acuerdo que restableciera la paz en la región, declarándose neutral. No obstante, el tema de la negociación con España, que se arrastraba desde la guerra de 1865-1866, fue una señal que se interpretó en Chile como un acto de cercanía, ello, por informar de las tratativas que estaba llevando a cabo Perú, que a su vez había invitado al gobierno del Ecuador. El dilema entonces, para la diplomacia ecuatoriana era tomar o no participación en este juego, especialmente por las consecuencias de largo plazo que se pudieran generar, incomodidad que fue superada cuando desde Ecuador se informó, de manera extraoficial a Chile, de esas conversaciones y ofrecimientos, lo que fue considerado como una señal de verdadera neutralidad, por lo que en Santiago se tomó nota del proceso aunque sin mayores preocupaciones dado el foco que en ese momento tenía copado a los representantes de la política exterior chilena (AMRREE Ecuador, 1879, s/n).

En efecto, entre las preocupaciones de las autoridades políticas chilenas incluía un factor de amenaza, especialmente durante los primeros meses de la guerra, la posibilidad cierta que además de enfrentar a los aliados de Perú y de Bolivia, se sumara la incorporación de Argentina en el conflicto, dado los problemas limítrofes que se mantenían pendientes.⁵ Como si fuera poco el escenario adverso, existía también la presión de mantenerse alejados de posibles intervenciones a otras potencias, tanto de América como de Europa, quienes buscaban mantener algún grado de injerencia en el conflicto armado dado los intereses que poseían o deseaban poseer. Es por lo mismo que la estrategia de Chile en sus relaciones internacionales, buscaba establecer acercamientos con naciones amigas, o al menos mantenerlas neutrales, pensando especialmente en la región.

Como parte de la acción política externa, las autoridades chilenas optaron por buscar acercamientos en los Estados paravecinos, como mecanismo de contrarrestar presión, ya que al lograr mayor acercamiento o incluso un apoyo político, se lograba la finalidad de mantener un equilibrio de poder, permitiendo concentrar el esfuerzo político y militar en el Norte. Así, fue entonces que se intentó buscar una comunicación más cercana de Brasil. Al respecto, existe abundante historiografía chilena que hace referencia a las simpatías de Brasil hacia Chile (Fernández, 1959, p.90), pero en trabajos más recientes, se puede encontrar que tal situación no era más que una visión unilateral chilena sin sustento real al interior de las autoridades brasileñas (Villafañe, 2007, p.131), con la idea que ello detendría la acción argentina, situación que resultó. De forma paralela, y siguiendo con esa misma estrategia, representantes chilenos, intentaron conseguir un mayor respaldo a su causa en las repúblicas del Pacífico, situación nada fácil si se consideraba el peso de la diplomacia peruana en la misma intención. Para lograr éxito en la tarea, se destinó a Joaquín Godoy como plenipotenciario chileno en Ecuador, cuya misión se concentraba en tratar de persuadir al gobierno de Veintemilla, que sumarse a Chile en una alianza militar en contra de Bolivia y Perú, sería útil a sus pretensiones territoriales, que se arrastraban desde 1830 y que no se resolvían todavía. De no poder lograr este objetivo, se debía conseguir, al menos, la neutralidad de ese país en la confrontación (Barros, 1990, p.404).

La tarea no sería nada fácil, ya que de la misma forma que Chile lo buscaba, desde Perú, el esfuerzo era similar, situación que se veía facilitada por las relaciones comerciales existentes entre ambos Estados, especialmente vínculos entre los puertos de Callao y Guayaquil, donde se mantenían estrechos lazos en cuanto al intercambio y transporte de mercaderías, lo que generó, en el momento de iniciar la guerra del Pacífico, una alteración al proceso, que para algunos representantes de la elite comercial guayaquileña, sería negativo en cuanto a la navegación, aunque en lo relacionado al comercio, podría ser favorable en la venta de productos. Además, la diplomacia peruana no escatimó esfuerzos también en buscar que Ecuador se sumara a la causa aliada. Esta afirmación, más allá de representar la lógica de las tareas que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería emprender, en este caso estaba avalada por el informe de Emilio Bonifaz mientras fue representante en Quito entre 1879 y 1880, en su informe a la cancillería de su país, primero, cuestionando el oportunismo de Joaquín Godoy por intentar una alianza chileno-ecuatoriana, a la vez de señalar las buenas relaciones del gobierno de Veintemilla con Perú, que reafirmaba la idea que desde Guayaquil existía un acercamiento político hacia la posición peruana, acto reafirmado en reuniones con representantes del gobierno, donde se demostrarían las simpatías hacia la causa de su vecino del sur. Pero más importante aún, eran las instrucciones que Bonifaz señalaba haber recibido de su gobierno en relación a su rol en Ecuador: "establecer una alianza con Ecuador ... evitar una alianza de Ecuador con Chile ... solicitar del gobierno de esa república la prestación de su bandera para obtener buques y armamento y solicitar en último caso una declaración de neutralidad absoluta" (AMRREE Perú, 1884, s/n).

Veintemilla entonces tenía en sus manos una decisión que podría alterar su poder político, territorio, oportunidades comerciales y relaciones vecinales; tres alternativas de las cuales dos podrían cambiar el futuro del Ecuador, teniendo la tercera posibilidad, que era tomar palco y esperar el desenlace del conflicto bélico. Todas las opciones tenían beneficios y costos, por lo mismo, debió analizar cuidadosamente su propio escenario interno. Caracterizando el poder ecuatoriano, desde la óptica del realismo, se puede señalar que en cuanto a su capacidad económica, Ecuador pasaba por un período de expansión comercial, pero la administración del Estado era ineficiente y marcada por los favores personales, situación que se replica en el escenario político, con una inestabilidad marcada por las constantes reyertas entre los más liberales, los progresistas y los conservadores. En cuanto al poder militar, éste estaba limitado en consideración a los grupos de interés en las distintas provincias. El ejército Veintemillista, se caracterizó por incorporar liberales leales y tropas provenientes de Carchi, fieles al caudillo (Kléver; Macías; Aguilar, 2005, p.9) Bajo esta mirada, en donde el poder interno del Ecuador, no le garantizaba la posibilidad una participación exitosa, por el contrario, podría debilitar más su poder, determinó que su gobierno se declarase neutral frente a la guerra del Pacífico.

Para los beligerantes, principalmente los que disputaban el control marítimo, la neutralidad ecuatoriana fue la alternativa menos perjudicial a sus intereses y sus propias estrategias de política exterior. La misión chilena de Joaquín Godoy se dio por cumplida por lo que la preocupación del gobierno se enfocó en otros escenarios, pese a que no se cumplió el objetivo de generar una alianza con Ecuador, bajo la idea que "era el momento para resolver la disputa Ecuador-Perú, ocupando el territorio en litigio" (St. John, 1999, p.92). Perú por su parte, trató de acercarse a Ecuador, pese a la neutralidad, especialmente a partir del nexo comercial, situación que sería parte de los problemas que se presentaron en el transcurso de la guerra, pero que no fueron los únicos.

El frente diplomático chileno, tenía una serie de quehaceres, tanto en América como en Europa, pero la situación con los países de la región era vital, más con Ecuador por lo antes señalado, especialmente cuando al poco avanzar de la guerra, en Santiago se supo que el representante ecuatoriano en Lima, habría entregado al gobierno de este país, su solidaridad hacia Perú y hacia Bolivia, señalando que deberían ser estos aliados los que triunfaran en la confrontación con Chile (AMRREE Ecuador, 1879, s/n).

En un proceso tan complejo como el que se vivía, estas declaraciones fueron el primer tropiezo en la estrategia chilena, la que salió a pedir explicaciones al gobierno ecuatoriano por lo que se consideró un acto inamistoso, en un momento en que se estaba discutiendo la neutralidad del Ecuador. La respuesta no se dejó esperar, y desde Quito se señaló, que no respondía a la visión del gobierno ecuatoriano, que se apegaba a la estricta neutralidad y que, básicamente era un comentario de carácter personal de dicho diplomático, pese a ser este un representante de la política de ese país (AMRREE Ecuador, 1879, s/n).

De esta forma el gobierno de Veintemilla, buscó desmarcarse de esas declaraciones quitándole relevancia, enviado directrices a sus representantes diplomáticos y consulares (AMRREE Ecuador, 1879, s/n). Todo acompañado de un discurso, enérgico en defensa de la neutralidad y el interés en que se resguarde la paz en la región y los respectivos votos para que termine la confrontación. Por su parte, Chile, reiteradamente emitía circulares y declaraciones con respecto a su posición frente a la guerra, algunas de éstas se transformaron en parte de las memorias de la Cancillería. Una referencia destacada corresponde a la nota enviada al Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, desde Santiago que se señalaba:

Esta cita representa dos aspectos relevantes de la posición chilena frente al conflicto, la primera que ya es conocida, que se relaciona con la visión de que la guerra se inició por responsabilidad de los aliados de Perú y Bolivia, y la segunda, más bien vinculada a la búsqueda de que la posición de Chile fuese aceptada por parte de los países neutrales. Especial relevancia tiene la última parte del extracto, ya que se puede interpretar como un mensaje para las autoridades ecuatorianas en relación al problema territorial con el Perú. Por su parte el gobierno en Quito, pese a las permanentes declaraciones de absoluta neutralidad, debió enfrentar el problema generado por navíos de su país que fueron capturados por naves chilenas, por actos considerados poco amistosos e incluso hostiles. En efecto, el primero de estos casos se relaciona con la captura de nave la embarcación "Isluga" capturada por el vapor "Amazonas" de la armada chilena, bajo el mando del comandante Manuel Thompson, situación que generó un importante roce en las relaciones bilaterales (AMRREE Chile, 1879, s/n).⁶

Durante 1880, entonces, a raíz de la captura de esta nave, el estado ecuatoriano presentó una queja formal al gobierno chileno considerando que Chile había violentado el derecho internacional al capturar una nave con bandera ecuatoriana, siendo que este país se había declarado neutral en la guerra. Sin embargo, la actitud del gobierno chileno, se justificó planteando que la nave, el vapor "Isluga", se encontraría al servicio del Perú para transportar pertrechos de guerra (AMRREE Ecuador, 1880, s/n). Sin embargo, las reclamaciones continuaron tras la captura de la nave "Alay" bajo la misma acusación, llevar pertrechos de guerra desde Guayaquil hacia puertos peruanos. Los comerciantes afectados seguirían exigiendo al gobierno de su país, reclamar ante su par chileno, frente a esos actos, manteniendo el intercambio de notas (AMRREE Ecuador, 1886, p.150).

A medida del avance chileno en la guerra, apareció otro frente que podía tensar las relaciones bilaterales: los daños que sufrieron comerciantes y ciudadanos ecuatorianos en Antofagasta, Iquique, Chorrillos y Lima por actos de guerra. Frente a esta acción la respuesta inicial chilena fue la de enfrentar los discursos antichilenos a causa de los perjuicios, especialmente los que se generaron en Guayaquil, debiendo "cultivar la amistad y eliminar sentimientos adversos" (AMRREE Chile, 1881, s/n), todo ello en un contexto en que existía por parte de grupos políticos relacionados con ese puerto, un intenso lobby para acusar a los chilenos de ser los responsables de la guerra y de las tropelías que se había cometido por parte de las tropas de ese país en el territorio peruano y en donde población ecuatoriana se había visto afectada (AMRREE Perú, 1881, s/n).

Tras la campaña de Lima, se creyó terminada la confrontación y se comenzaba el proceso de negociación de paz, con todas las implicancias que ellas generaban, tanto con los países vencidos, como también por aquellas personas naturales y empresas que consideraban que la acción militar chilena, había generado un perjuicio a sus intereses particulares. Así fueron varios los comerciantes extranjeros que iniciaron los procesos de reclamación por perjuicio de guerra ante las autoridades chilenas, ya durante la administración de Patricio Lynch en Lima (Tapia, 2009, p.32).

Por su parte, el gobierno ecuatoriano planteó la necesidad de mantener y profundizar las relaciones con Chile, a su vez, manifestó la responsabilidad de defender los intereses de los ciudadanos ecuatorianos que se vieron afectados por la guerra (AMRREE Ecuador, 1884, p.16). Entre 1883 y 1884, las relaciones bilaterales chileno-ecuatorianas comenzaron a tener un importante cambio, marcado por un lento pero continuo proceso de acercamiento, especialmente en la relación comercial entre los dos países. Esto se explicaría desde dos formas. Primero, el hecho de que Chile hubiera sido el país triunfador en la guerra planteaba el concepto de que el país podía ejercer cierto peso internacional en la región y, ante ello, el gobierno ecuatoriano habría preferido acercarse al chileno para evitar tener algún tipo de conflicto.

No obstante lo anterior, una vez terminado el proceso bélico, las reclamaciones fueron una parte destacada del intercambio bilateral de ambas cancillerías. Éstas en ocasiones iban acompañadas por algunas comparaciones que realizaban con la situación de ciudadanos europeos en igual inconveniente, ya que, los particulares franceses, ingleses, alemanes e italianos, entraron en negociaciones a través de tribunales arbitrales, generando un expedito proceso de arreglo (Soto, 1950, p.239). Ante ello, las autoridades ecuatorianas intentaron obtener un trato similar para sus connacionales, hecho que durante los primeros años fue completamente infructuoso (AMRREE Chile, 1882, p.316). En efecto, la población ecuatoriana que se vio afectada por la guerra no tuvo una respuesta por parte de las autoridades chilenas y simplemente hubo una permanente postergación del asunto por parte del gobierno santiaguino, bajo el argumento que era competencia de los tribunales civiles resolver dichos asuntos. Claramente para el Estado chileno, fue más relevante solucionar problemas con las potencias europeas, a las cuales se creía más cercanas que a los países de la región americana (AMRREE Ecuador, 1892, s/n).

Además, en el caso ecuatoriano, se podría afirmar que sería una posible sanción ante la negativa de colaborar en el conflicto bélico. Esta actitud aportaba a la consideración de que las acciones del Estado habían construido una imagen de un país triunfante, que se arrogaba la posibilidad de despreciar de alguna forma a sus pares de la región, básicamente por pensarse una potencia superior. A la vez, Ecuador, retomaba, la negociación con Perú, a juicio del historiador estadounidense Robert Burr, bajo el incentivo chileno, como acto de distracción frente a la problemática chileno-peruana (Burr, 1965, p.146). Esta maniobra sería entonces otra de las herramientas que emplearía la política chilena para concretar su interés nacional. Por su parte Ecuador, asumió la persuasión como una posibilidad de contar con apoyo para resolver el tema limítrofe, situación, que en la práctica demoraría, bastantes años más, incluyendo el conflicto armado hacia 1941 (Remiro; Sánchez, 1995, p.10).

No cabe duda que, en un escenario bélico en la región, en la cual un Estado se encuentra inserto, la preocupación generada por las consecuencias que puede acarrear para él, implica una mirada detenida por parte de las autoridades nacionales. Esto cobra más relevancia si, como fue en el caso de la guerra del Pacífico, los beligerantes tenían como uno de los objetivos político-estratégicos el control del océano, vital para el traslado de tropas, pertrechos e intervención sobre el comercio naviero.

Analizando el proceso desde una óptica realista de las relaciones interestatales, no cabe duda que el proceso bélico permitió cambiar los equilibrios de poder en la región, especialmente en la cuenca del Pacífico, aunque también implicó repercusiones en el Atlántico.

En tal sentido la situación pendiente entre Ecuador y Perú por la definición de sus límites en la zona amazónica, respondía también a una pretensión de cambio de status quo, ello porque la ambigüedad territorial frente a Perú, venía arrastrándose desde 1830 y, cada ciertas décadas, se levantaba con fuerza al interior del país, como una prioridad del Estado ecuatoriano, independiente de los tipos de gobierno que ejercieron el poder. En este escenario, la confrontación armada entre la Alianza peruano-boliviana frente a Chile, por las riquezas salitreras, se transformó desde el punto de vista realista, en una oportunidad para buscar una solución a su problema fronterizo.

En este contexto fue, que la acción de la diplomacia chilena trató de aprovechar, mostrando al gobierno de Veintemilla, que desarrollar una estrategia de política exterior, enfocada a convencer al gobierno limeño de negociar un acuerdo, con la finalidad de que si no se alcanzaba una respuesta satisfactoria a la demanda, se podría generar una alianza con Chile, por lo tanto, abriendo otro frente que debilitaría a las tropas peruanas. Pese a lo tentador de la oferta, finalmente el gobierno ecuatoriano descartó esa posibilidad, bajo la argumentación de la mantención de la neutralidad frente a dos países hermanos, donde incluso ofreció sus servicios como mediador a través de una misión especial, la que fue rechazada por todos los beligerantes.

Lo anterior no es más que una elucubración asociada a las prácticas en las relaciones entre los Estados, marcadas por la óptica más clásica donde la rivalidad, en un sistema internacional en permanente inestabilidad, generando una atmósfera que obligaba a los diplomáticos a desplegar sus esfuerzos para cumplir y proyectar los intereses nacionales en una política exterior.

Así, ya pensando en el contexto interno ecuatoriano en los tiempos de la guerra del Pacífico, es posible determinar que la situación interna del gobierno del general Ignacio de Veintemilla fue determinante en el comportamiento externo. Ello se desprende en tres factores a considerar: el primero, tiene que ver con el rol de Guayaquil y las redes políticas que poseían en el gobierno, que explica las declaraciones destempladas del representante ecuatoriano en Lima a inicios de la guerra. De igual forma, los navieros guayaquileños se esforzaron en mantener el comercio con Perú, abasteciéndolo de materias primas y productos alimenticios, una práctica que se desarrollaba antes de la guerra y que se intensificó debido a la demanda para las tropas. Esta situación implicó también que algunos comerciantes proveyeran de armamentos y otros pertrechos que prohibía la declaración de neutralidad, y que cuando fueron sorprendidos por las fuerzas chilenas, capturándolos y confiscando las embarcaciones y las mercancías, tensando la declaración del gobierno central de absoluta imparcialidad en la confrontación. En contraparte, no son pocos los especialistas que señalan que en Quito existió una corriente más favorable hacia la posición chilena y que incluso consideraba la posibilidad de la alianza en pos de definir la frontera sur con Perú.

El segundo factor, la debilidad interna del sistema político ecuatoriano, constantemente en tensión por las pugnas entre las elites locales y las regionales, que buscaban obtener mayores beneficios a sus intereses particulares que a un proyecto de Estado moderno, intentando además, incluir en sus movimientos a militares, que corresponde al tercer factor a considerar. En efecto, el poder militar ecuatoriano era limitado para aquella época, y además estaba sometido al permanente influjo del poder político, que lo había llevado a participar en las diferentes asonadas, especialmente las que surgían desde las provincias hacia la capital (cabe recordar que Veintemilla se hizo del poder de esa forma), por lo que ciertamente llegar al poder por las armas implicaba tener una relación más estrecha con sus tropas, evitando que estas quisieran derrocarlo, ello debido a que los principios de lealtad, podían ser modificados en la idea que surgieran otros liderazgos o fueran conminados a modificar el apoyo.

Basado en lo señalado, es posible considerar que finalmente la declaración de neutralidad por parte del gobierno de Veintemilla, se basara entonces en su problemática interior más que en lo públicamente declarado de abogar por la paz en la región, dejando pasar la oportunidad de definir su límite sur-oriental con Perú, no porque no quisiera, ya que al poco tiempo (1887) se retomaron nuevamente las discusiones por la definición fronteriza, sino por la falta de cohesión interna, una visión geopolítica en pos de una tarea nacional, como podría entenderse la consolidación de sus límites territoriales.

Finalmente, esa debilidad institucional da cuenta de que en 1883, cuando la guerra del Pacífico estaba en proceso de culminación, se generara un intento por parte del mandatario por establecer un mandato autoritario, el que abrió la puerta a nuevas movilizaciones en su contra, en donde parte de la clase política y militar, incluyendo antiguos colaboradores, se levantaron en su contra derrocándolo y estableciendo un gobierno de transición de carácter colegiado, el que buscó aproximarse al gobierno chileno, tanto por los procesos de reclamación frente a daños a la población de este país generados por la guerra, como por los intereses comerciales que se intentaron establecer a partir de ese momento y que se consagraron con el arribo de los liberales encabezados por Eloy Alfaro en la primera magistratura ecuatoriana a partir de 1895.