En la Declaración Programática de 1958 (PCU, 1958) quedó establecido un aspecto clave de la concepción estratégica que orientaría la acción de los comunistas uruguayos en los años sesenta. Este refería a la dimensión necesariamente continental que tendría el proceso revolucionario latinoamericano. Así como la revolución socialista sólo podía entenderse como un proceso de escala internacional, la revolución en cada país del continente sería parte de la revolución latinoamericana. Esta tendría en primera instancia un carácter esencialmente democrático y nacional, anti-oligárquico y anti-imperialista. He aquí un punto que se desarrollaría con mayor profundidad en el transcurso de los años sesenta, en particular a la luz de la experiencia cubana, pero que ya figuraba como parte del programa de 1958.

Los comunistas seguían con mucha atención la situación latinoamericana. Cada hito relevante era analizado desde la perspectiva de sus implicancias para la revolución a escala continental y de sus efectos sobre el proceso uruguayo. A lo largo de los sesentas los ajustes a la concepción revolucionaria y la estrategia política establecidas en 1958, se produjeron como resultado tanto de la evolución política local, como de la lectura de ciertos sucesos latinoamericanos.

Particularmente importantes fueron las lecciones que fueron extraídas de tres eventos clave. En primer lugar, la revolución cubana. Luego, el golpe de estado brasilero en 1964. Por último, el éxito electoral de la izquierda chilena en 1970. Lo que nos interesa aquí no es el análisis realizado sobre cada suceso en particular, sino las enseñanzas que para el proceso uruguayo se extrajeron de ellos, y qué ratificaciones o rectificaciones a la estrategia política definida en 1958 se derivaron de ellas, especialmente en lo que refiere a las posibilidades de transitar el camino de la revolución en el marco de las instituciones políticas democráticas.

El proceso cubano generó la percepción de una inminencia revolucionaria en el continente, de la plausibilidad, en un futuro que podía ser próximo, de una definición de la situación en favor de las fuerzas revolucionarias. Esta percepción se vio confirmada por otra vía al final de la década, cuando la Unidad Popular chilena triunfó en la disputa electoral por el gobierno nacional, coronando una experiencia unitaria de la izquierda que se remontaba a los años cincuenta. Ello volvió más urgentes, a juicio de los dirigentes del PCU, las definiciones sobre el carácter y las vías de la revolución.

El proceso cubano, que el PCU siguió desde el comienzo con extrema simpatía, tendría una fuerte influencia en la reafirmación y ajuste de su concepción estratégica. Su examen abonó el desarrollo de la tesis sobre la dimensión continental de la revolución latinoamericana, acerca de la cual Arismendi abundaría en el libro de 1962 titulado precisamente Problemas de una revolución continental. Si bien se valoraba positivamente la mayor libertad de acción con que los PC nacionales pudieron moverse a partir de las declaraciones de las Conferencias Internacionales de Partidos Comunistas y Obreros reunidas en Moscú en 1957 y en 1960, y se reconocía que cada país latinoamericano tenía peculiaridades que darían a la revolución nacional en cada uno de ellos un carácter peculiar, no consideraba que fuera posible que cada PC elaborara una teoría exclusivamente nacional de la revolución, sino que ésta debía ser concebida a una escala mayor, latinoamericana para el caso uruguayo (Leibner, 2011, p.497). El reconocimiento de la diversidad no podía hacer que se perdiera de vista la “unidad esencial de la revolución latinoamericana de nuestra época”, su carácter único y global (Arismendi, 1962, p.21-22).

La polémica chino-soviética fue una instancia de reafirmación de la posición del PCU en el tema de las vías de la revolución. Esta confrontación en el seno del movimiento comunista internacional se atizó con las críticas del PC de China al acuerdo Kruschev-Kennedy, que puso fin a la crisis de los misiles en octubre de 1962, y derivó a una crítica más general de los chinos a la coexistencia pacífica y a la vía pacífica al socialismo postuladas por los soviéticos y suscritas por las conferencias internacionales de los PC antes mencionadas. En defensa de la posición soviética, al tiempo que acusó a los chinos de hacerle el juego al enemigo dividiendo con métodos inaceptables y por motivos espurios al movimiento comunista internacional, Arismendi reivindicó la factibilidad y deseabilidad del tránsito pacífico al socialismo. De todos modos, insistió en que esto no implicaba descartar la vía insurreccional. Apoyándose en las resoluciones del XVIII Congreso del PCU (junio de 1962), sostuvo que ante la amenaza del imperialismo norteamericano y la resistencia que pudieran presentar las clases dominantes ante los avances de las fuerzas revolucionarias, la clase obrera y otras capas populares debían prepararse para enfrentarlos “en todos los terrenos”. Los revolucionarios debían estar capacitados “para pasar de una a otra forma de lucha”, y fuera cual fuera la forma de lucha que se adoptara de acuerdo a las circunstancias, lo importante sería contar con el apoyo de “las masas populares” (Arismendi, 1963, p.56).

La confirmación del alineamiento pro-soviético en el marco de la polémica entre el PCUS y el PC de China no impidió que el PCU mostrara cierto margen de autonomía ante la línea soviética en relación a los desafíos que planteó la revolución cubana para la revolución en América Latina. Aunque reproducían y defendían las posiciones del Partido Socialista Popular (nombre adoptado por el PC de Cuba en 1944), los uruguayos elaboraron sus propias opiniones sobre la revolución cubana, no siempre totalmente coincidentes con las del PCUS, aunque nunca lo explicitaran de ese modo, y con frecuencia explícitamente distintas de las del resto de los PC latinoamericanos. Desde el comienzo apoyaron el movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro, nunca criticaron públicamente sus posturas y acciones, incluso en momentos de suma tensión con los demás PC del continente y hasta con el propio PCUS, sobre todo cuando los cubanos practicaron la política de exportación de su modelo de revolución al resto del continente.

Poco después de la aceptación soviética de la posibilidad de la vía pacífica al socialismo refrendada en el congreso del PCU celebrado en 1958, la revolución cubana había colocado en la agenda de la izquierda la cuestión del poder y de la vía armada como nunca antes había sucedido en América Latina, obligando al PCU a realizar un esfuerzo importante de interpretación y elaboración en el marco de la doctrina marxista-leninista y de los lineamientos provenientes de la URSS. Básicamente, esto llevó a la confirmación de las posturas aprobadas en 1958: preferencia por la vía pacífica sin descartar ninguna otra posibilidad ante el eventual bloqueo de la misma por las clases dominantes y el imperialismo. La vía pacífica era una posibilidad a ser transitada lo más profundamente que fuera viable hacerlo, pero no se la entendía como una opción alternativa a la vía insurreccional, que se consideró como más probable aunque fuera menos deseable (Leibner, 2011, p.464).

Tras el golpe de Estado protagonizado por los militares brasileros contra el presidente Joao Goulart en marzo de 1964 y el apoyo brindado por los EEUU a la dictadura instaurada desde entonces, el PCU confirmó este lineamiento estratégico al tiempo que se extremó las previsiones sobre la vía violenta como el escenario más probable para la revolución latinoamericana. “Los peligros se han agravado”, advertía Arismendi en un breve artículo publicado a dos meses del derrocamiento de Goulart (Arismendi, 1964). En el mismo texto llamaba la atención sobre el error de generalizar acerca del papel de las Fuerzas Armadas. Si bien consideraba improbable que se aliaran a las fuerzas populares lideradas por la clase obrera, pero no podía ignorarse la existencia de oficiales patriotas. También advertía sobre los riesgos de alentar o confiar en cualquier clase de paternalismo militar. La clase obrera y demás fuerzas populares debían tener la iniciativa en la defensa de las libertades democráticas. Debían estar preparadas en todo momento para defenderlas, adoptando rápidamente las formas de lucha que el enemigo impusiera, y para pasar a la contraofensiva de modo que la defensa de la democracia amenazada por las fuerzas reaccionarias pudiera incluso tener un desenlace revolucionario.

A juicio de Arismendi ambas cosas habían fallado en el caso brasilero: ni se aprovechó la existencia de un sector militar dispuesto oponerse al golpe, ni se preparó al pueblo para defender la democracia en el terreno que las circunstancias imponían. El golpe en Brasil mostraba que, tras la revolución cubana y el fracaso del intento de derrotarla mediante una invasión, la política norteamericana y la inclinación de las clases dominantes hacia las salidas autoritarias dejaban poco espacio para el avance pacífico de los procesos de liberación nacional y social. La invasión militar de la República Dominicana por parte de los Estados Unidos en abril de 1965 lo confirmó no dejando ninguna duda al respecto. El mensaje que el líder comunista uruguayo quería transmitir a sus camaradas, aunque ambiguo en su contenido, era claro en su enunciación: había que aprovechar todos los espacios legales existentes para el accionar pacífico de la izquierda, pero al mismo tiempo había que prepararse para luchar en todos los terrenos, conscientes de que el enemigo no dudaría en aplicar la violencia para frenar el proceso revolucionario. Aunque en Uruguay la izquierda disfrutaba de las condiciones excepcionales que brindaban sus instituciones políticas democráticas, la lección brasileña no podía ser ignorada.

Esta posición del PC uruguayo se fue afirmando y ajustando en medio de los fuertes debates que en esos años se plantearon en el seno de la izquierda latinoamericana. La relación entre democracia, violencia y revolución estaba en el centro del debate sobre las “vías de la revolución”. La conferencia de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) reunida en La Habana en julio-agosto de 1967 fue el ámbito donde las posiciones existentes al respecto quedaron claramente establecidas y confrontadas. Los anfitriones cubanos promovieron y lograron apoyo mayoritario para una declaración final en la que se estableció que la lucha armada sería la vía principal de la revolución en América Latina y que la vía pacífica tendría un papel subordinado y secundario. Se trataba de un pronunciamiento que podía conciliarse con las posiciones establecidas por el PC uruguayo desde 1955, pero que chocaba con la línea soviética que seguían la gran mayoría de los PC, la cual se había reafirmado en el marco de la ya citada polémica con los chinos.

Ese fue el momento más álgido de la confrontación entre los cubanos y los comunistas latinoamericanos. La situación era tal que algunos de los más importantes PC del continente (los de Argentina, Brasil y Venezuela) ni siquiera participaron de la conferencia reunida en La Habana. Los uruguayos, aunque no compartían totalmente sus posiciones, brindaron en todo momento su apoyo a los cubanos, al tiempo que trataron de actuar como amortiguadores de tensiones y facilitadores de una recomposición de la fraternidad comunista que se había perdido. Las buenas relaciones personales y políticas de Arismendi con cubanos y soviéticos, le permitieron jugar un papel en ese sentido.³ No por casualidad los anfitriones otorgaron al Frente Izquierda de Liberación (el FIDEL, una coalición creada en 1962 cuyo principal componente era el PCU) la responsabilidad de organizar la delegación uruguaya que participaría de la conferencia, y Arismendi fue designado como uno de los cuatro vicepresidentes de la misma (Rey Tristán, 2005).

Como una de las mayores evidencias de su posición independiente en el contexto latinoamericano en los años sesenta, y al mismo tiempo también de su propia ambivalencia en la discusión sobre la vía pacífica de la revolución y la lucha armada, debe mencionarse el apoyo encubierto que el PC uruguayo brindó al experimento guerrillero ensayado por Ernesto Guevara en Bolivia, en el mismo momento en que se llevaron adelante los preparativos y la propia reunión de la conferencia de OLAS. El PCU no sólo prestó su apoyo logístico para la llegada a destino de Guevara y de algunos de los participantes cubanos en dicha guerrilla, sino que además se propuso aportarle combatientes. En efecto, primero intentó sin éxito involucrar al Movimiento de Liberación Nacional “Tupamaros” (MLN), y finalmente seleccionó de entre sus propias filas a un grupo de voluntarios para sumarse a la guerrilla boliviana del Che. Esto no pudo concretarse por el rápido y trágico final de Guevara y su emprendimiento guerrillero ocurrido en octubre de 1967 (Leibner, 2011, p.505; Schvarz, 1997).

A lo largo de los dos años siguientes, cuando en Uruguay se produciría un pico del ciclo de la protesta social y la represión estatal, Arismendi produjo una serie de ensayos teórico-políticos centrados precisamente en el problema de las vías de la revolución en América Latina, a partir de una revisión de la cuestión en el pensamiento de Lenin. En 1970 estos textos fueron reunidos en Lenin, la revolución y América Latina. Luego de un extenso desarrollo recordaba que el camino de la violencia se abría “en la circunstancia de que las vías legales de lucha estén cerradas” (Arismendi, 1970, p.480). Cuando estaban vigentes, la democracia y las libertades públicas eran un contexto deseable para desarrollo de la transición pacífica al socialismo. Pero ésta se presentaba como poco probable en las condiciones concretas de la mayoría de los países latinoamericanos en los años sesenta. De allí que, en el momento mismo en que en Chile y Uruguay, en medio de rumores de golpes de estado y/o invasiones extranjeras, los comunistas se embarcaban en experiencias unitarias que apostaban a la vía pacífica como alternativa estratégica, de todos modos se terminara postulando la casi inexorabilidad de la insurrección armada como vía principal de la revolución latinoamericana. Dejaba además en claro que los comunistas no sólo estaban dispuestos a practicar todas las formas de lucha - siempre que las circunstancias políticas del proceso revolucionario así lo requiriesen y que el “estado de ánimo de las masas” garantizase el apoyo popular -, sino que además consideraban que era su obligación estar adecuadamente preparados para desarrollarlas cuando fuese requerido. (Arismendi, 1970, p.331-332).

Exactamente dos años después del fusilamiento del Che en la escuelita de La Higuera, el 9 de octubre de 1969 el PC y el PS de Chile acordaron junto con otras cuatro organizaciones la creación de la Unidad Popular. La coalición de la izquierda chilena conquistó la Presidencia de la República al año siguiente, en setiembre de 1970. En el momento en que el ciclo de las guerrillas sesentistas parecía comenzar su declive - por cierto no en Uruguay, donde los tupamaros gozaban de su momento de mayor expansión -, el triunfo electoral de la izquierda chilena y las reformas llevadas adelante por el gobierno presidido por el socialista Salvador Allende, se volvieron un objeto privilegiado de reflexión para los comunistas uruguayos.

Chile representaba el primer caso en la historia contemporánea en que la izquierda revolucionaria alcanzaba el gobierno mediante una elección democrática. Por ello, en palabras de Arismendi, “la experiencia chilena es de interés histórico universal”. Sobre todo para los uruguayos, ya que en circunstancias en que el desafío la guerrilla tupamara impugnaba fuertemente la estrategia del PC, lo que estaba sucediendo en Chile ofrecía la posibilidad de ejemplificar en términos históricos concretos la factibilidad de la apuesta al “camino menos doloroso”, al menos como “vía de aproximación” a la revolución. Arismendi constataba en el período histórico que va de la revolución cubana al triunfo electoral de la izquierda chilena, la configuración de una situación revolucionaria a escala continental (“toda América Latina ha entrado en un proceso revolucionario de carácter general”) y una ampliación de las “vías de acceso” a la revolución nacional-democrática en América Latina. (Arismendi, 1971, p.30 y 25; Arismendi, 1973, p.29 y 42).

Sin desmedro de la importancia que los fenómenos regionales y mundiales tenían para un partido de vocación internacionalista, los ajustes a la estrategia cuyas bases quedaron establecidas en el XVII congreso indudablemente también fueron el resultado de su lectura de la dinámica de la situación nacional. Hacia 1958 los dirigentes comunistas ya visualizaban que el modelo económico-social que había permitido importantes avances sociales en el Uruguay de la posguerra había llegado al límite de sus posibilidades. De igual modo, consideraban que las élites políticas tradicionales habían agotado su capacidad innovadora y estaban seriamente comprometidas con los intereses de los sectores oligárquicos que se beneficiaban de la estructura económico-social imperante. En la perspectiva de lo que anticipaban como una crisis económica inevitable, y de la incapacidad dirigente que observaban en las elites políticas gobernantes, se habría entonces la posibilidad de un salto cualitativo para la izquierda. De ser aprovechada, esta situación podría ambientar una aproximación sustantiva al inicio de un cambio revolucionario. Para ello era necesario provocar un cambio en la correlación de fuerzas, mediante la constitución de una alternativa política capaz de tomar el poder y poner en marcha un programa de gobierno democrático y de liberación nacional para cumplir con las tareas propias de la primera fase de la revolución uruguaya en el camino hacia el socialismo (Massera, 1958, p.56). Tales eran el diagnóstico y el pronóstico de los comunistas uruguayos cuyos trazos básicos quedaron establecidos en 1958.

A partir de ese mismo año comenzó a producirse en Uruguay un proceso de cambios profundos que harían que, al cabo de diez años, el panorama de la sociedad se viera completamente transformado. Con el triunfo del Partido Nacional en las elecciones de 1958, accedieron al control mayoritario del gobierno algunos de los sectores políticos y sociales más conservadores del país. Un discurso fuertemente anticomunista y estigmatizador de la izquierda ambientó entre 1959 y 1962 una serie de acciones violentas de grupos de ultraderecha dirigidos contra militantes y viviendas de organizaciones de izquierda, y en particular del PC.

Estos hechos violentos interpelaron seriamente la apuesta del PC a la legalidad democrática. Ante la pasividad policial se tomaron precauciones de seguridad y se establecieron mecanismos y rutinas de autodefensa que incluyeron el porte y manejo de armas (Leibner, 2011, p.423). No obstante ello, la reacción pública del partido no derivó en un cuestionamiento al estado de derecho sino en el reclamo de su acción protectora, al tiempo que se denunció la complicidad de ciertos sectores del gobierno y de la embajada estadounidense con el accionar de las “bandas fascistas” que llevaban adelante las acciones violentas. En ese contexto, en base a una lectura que a pesar de las restricciones experimentadas era optimista acerca de las condiciones democráticas del Uruguay en el contexto latinoamericano, el PC reafirmó su compromiso con la acción política legal, desplegando una estrategia en la que, en combinación con la “movilización de las masas”, las elecciones y la acción parlamentaria eran elementos fundamentales de su comportamiento.

La ambivalencia comunista acerca del tema de las vías de la revolución tomó forma concreta en 1964. Dos años después de haber emprendido el camino de la construcción de un frente político para disputar con mayores chances las elecciones presidenciales y parlamentarias, el PC decidió la creación de un “aparato militar”. Varios testimonios y estudios coinciden en señalar que en ese año, probablemente a consecuencia de las conclusiones extraídas del golpe militar en Brasil, el PC tomó esa decisión y comenzó a implementarla.⁴ Obviamente la estructura montada fue mantenida en secreto para la gran mayoría de los militantes, y probablemente también para la mayoría de los dirigentes, de un partido que públicamente apostaba a la legalidad en el marco del régimen democrático imperante en el país.

Pero dadas las posiciones (estas sí, absolutamente públicas) adoptadas por el PC desde 1958 en adelante acerca del tema de las vías de la revolución, la existencia de tal aparato militar (que recién sería públicamente reconocida en 1989), no resulta sorprendente. Las prevenciones acerca de la mayor probabilidad de la resolución violenta de la lucha contra la oligarquía y el imperialismo, y sobre la consecuente necesidad de estar preparados para pasar rápidamente de una forma a otra de lucha, incluso en países donde, como sucedía en Uruguay, la situación política permitía avanzar por el camino menos doloroso, estuvieron presentes desde entones y se fueron afirmando con la revolución cubana a partir de 1959 y con el golpe militar ocurrido en Brasil cuatro años después. Aunque nunca llegó a ser utilizado para el fin principal con el que fue creado, el desarrollo clandestino del aparato militar comunista fue paralelo al desarrollo de los frentes de masas (básicamente el movimiento sindical y el estudiantil) y a la construcción de un frente político encaminado a la unidad de la izquierda.

Aunque en las elecciones de 1962 y 1966 fracasó el intento de concretar la unidad con los socialistas, los comunistas no abandonaron el propósito de promover una coalición de izquierda. La alianza que establecieron en 1962 con pequeños sectores blancos y colorados escindidos de sus respectivos partidos se denominó Frente Izquierda de Liberación (FIDEL). El propósito de identificarse de este modo con la revolución cubana apelando al nombre de su más reconocido dirigente y de capitalizar la adhesión que ésta despertaba entre los electores de izquierda era evidente y explícito. En ese momento histórico, la disputa por la revolución cubana, por el protagonismo en el papel de su mejor representante local, fue un elemento clave de la competencia dentro de la izquierda en todos los ámbitos, incluido el electoral. En notorio contraste con la fallida experiencia frentista que ensayó el PSU junto a un grupo procedente del Partido Nacional (una coalición que se denominó Unión Popular), el FIDEL promovido por los comunistas logró superar el apoyo obtenido por el PCU en 1958.⁵

El año 1968 representó un punto de inflexión muy significativo en la situación nacional, que plantearía nuevos desafíos a la implementación de la estrategia comunista. En primer lugar, en el contexto de empeoramiento prolongado del deterioro de la situación económica, se produjo una radicalización creciente de la protesta social protagonizada por el movimiento sindical, que se había unificado recientemente, y por el movimiento estudiantil, que se reactivó apelando a un repertorio de acciones crecientemente confrontativas con las fuerzas represivas. En segundo lugar, la respuesta del Estado ante la protesta social - que ya se venía modificando desde 1959 - evidenció desde entonces un cambio radical, pautado por el abandono definitivo del modo de resolución del conflicto basado en el diálogo y la negociación, y su sustitución por la represión violenta. En tercer lugar, la entrada en escena y el espectacular accionar guerrillero del MLN, sumada a la radicalización de otros grupos de izquierda (entre ellos el PSU, que fue ilegalizado en diciembre de 1967), representó una fuerte impugnación a la estrategia comunista.

Para los comunistas, el gobierno encabezado por el Presidente Jorge Pacheco desde diciembre de 1967 representó el acceso directo de la oligarquía al control del gobierno, así como la demostración de su incapacidad directa y la de los partidos tradicionales a los que controlaba, para seguir gobernando en el marco democrático. En la óptica del PCU, lejos de impugnar la legalidad cuyos límites eran estrechados por el gobierno, la izquierda y las organizaciones populares debían responder denunciando su vulneración, reclamando su respeto. Debían desplegar su accionar en el ámbito institucional democrático, no renunciando al mismo. Así fue que la estrategia comunista siguió orientada a la “acumulación de fuerzas” y al desarrollo de la base social y política necesaria para provocar un cambio en la correlación de fuerzas que por el momento beneficiaba a los sectores oligárquicos. En un contexto de radicalización social y política, y de impugnación desde la izquierda por parte de tupamaros, socialistas y otros grupos radicales, el PCU, mientras preparaba en secreto su propio aparato armado, se afirmó en la defensa de la legalidad, en el llamado a la cautela y a la prudencia para no contribuir al deterioro de la situación en perjuicio de la izquierda política y de los movimientos sociales.

La deriva autoritaria del gobierno presidido por Pacheco y de los sectores conservadores de ambos partidos tradicionales propició la convergencia de partidos y grupos de izquierda, incluyendo a los sectores progresistas de blancos y colorados y a la democracia cristiana (fundada como partido en 1962). Fue precisamente el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el que en junio de 1968, tras reclamar la disolución de las cámaras para poner en marcha la realización de elecciones anticipadas, convocó a la conformación de un amplio frente opositor integrado por todos aquellos que eran contrarios a la política del gobierno (Terra, 1971). En marzo se había constituido el Movimiento por la Defensa de la Libertades y la Soberanía, del que además de parlamentarios del FIDEL y del PDC participaron dirigentes sindicales y autoridades de la Universidad de la República. Sin embargo, el apego incondicional del PC a los lineamientos soviéticos provocó la crisis de esta amplia convergencia unitaria: el apoyo de los comunistas uruguayos a la invasión soviética de Checoslovaquia en agosto de 1968 provocó que el PDC se retirara de las conversaciones.

Las conversaciones en favor de un frente unitario fueron retomadas al año siguiente. Al son del deterioro de la situación política y probablemente también acicateados por el crecimiento y la escalada violenta del MLN, las negociaciones prosperaron a fines de 1970. Con la creación del Frente Amplio (FA), el PCU vio finalmente concretada su larga apuesta a la conformación de un frente que expresara la “unidad sin exclusiones”. Golpeados tras la experiencia de una década de acción extraparlamentaria, un trienio de vida clandestina y sucesivas escisiones, los socialistas volvieron a la legalidad en enero de 1971. Lo hicieron en el marco de las negociaciones que dieron lugar a la fundación del FA. Este pronto se constituiría en la primera experiencia exitosa de coordinación electoral de la totalidad de los partidos y fracciones de izquierda en la historia del Uruguay. Incluyó además a la democracia cristiana - que jugó un papel clave en el proceso - y a sectores blancos y colorados escindidos de sus respectivos partidos. Así fue que en 1971 la izquierda intentó desafiar a los partidos tradicionales con alguna chance de disputarles el predominio por primera vez en la historia del Uruguay.

Esa oportunidad derivaba no sólo de la presentación de una oferta competitiva, sino también de la situación que había creado la oportunidad que esa oferta apuntaba a explotar. Las bases de la competencia política fundada en las prácticas particularistas propias del clientelismo estaban severamente erosionadas por el estancamiento económico y el déficit de las cuentas públicas. La pauta de competencia estaba virando notoriamente hacia una de tipo más programático. Este componente siempre estuvo presente, pero lo estaba en forma combinada con prácticas clientelares de reproducción de las adhesiones partidarias que alcanzaban a una importante porción de los electores. La presencia desafiante del FA, forzó a los partidos tradicionales a redimensionar el peso de su oferta programática, en un momento en que el clientelismo se volvía cada vez más difícil de ser sostenido a la escala en que se lo venía practicando.

En la elección de 1971 el PC no se vio beneficiado con un crecimiento electoral importante. Apenas pasó del 5,7% obtenido por el FIDEL en 1966 al 6%. Era la primera de tres elecciones en que casi no aumentaba su porcentaje de votación desde la de 1962. Pero esta vez compareció como parte de una coalición electoral que alcanzó el 18% del total, lo que significó el mayor desafío experimentado por los partidos tradicionales desde el nacimiento de la democracia uruguaya. El FIDEL fue el sector individualmente más votado dentro del mismo. En ese momento era además la corriente política mayoritaria dentro del movimiento sindical, el cual se había nucleado en una central única (la Convención Nacional de Trabajadores, CNT) cinco años antes. A la vista de esta situación, y aunque reconocía que se había votado por debajo de las expectativas, Arismendi evaluó con optimismo el resultado obtenido, señalando que por primera vez en su historia el PC era “una fuerza política real” (Arismendi, 1973, p.94), un objetivo que había quedado explícitamente establecido en el XVI Congreso (1955). En la óptica comunista la creación y ­desempeño del FA representaba un salto cualitativo en el proceso de construcción de la fuerza política y social necesaria para llevar adelante la revolución democrática nacional. El FA constituía una “vía de aproximación” al FDLN y por tanto a la propia revolución, “una vía concreta de aproximación del pueblo al poder” (Arismendi, 1973, p.97).

Considerando el relativamente exitoso estreno electoral del FA, la existencia de un movimiento sindical unificado y fortalecido, y la presencia de un Partido Comunista que se había constituido en “fuerza política real”, la estrategia aprobada en 1958 e implementada con particular intensidad a lo largo de los años sesenta, parecía obtener el respaldo de los hechos. La estrepitosa y violenta debacle del MLN entre marzo y setiembre de 1972, clausuró la alternativa guerrillera y con ello pudo interpretarse como la confirmación del acierto de la estrategia de acumulación de fuerzas desplegada por los comunistas durante más de una década. Como había sucedido diez años antes, la autocontención demostrada ante los violentos y dolorosos atentados sufridos en abril de 1972⁶ de­mostraron la capacidad disciplinadora de una estructura partidaria que se había expandido notoriamente, así como la convicción sobre la certeza de la opción por la competencia político-electoral y la movilización social en el marco de la legalidad democrática, por entonces muy disminuida bajo el imperio del estado de excepción permanente instituido a partir de abril de 1972.⁷

Los comunistas tenían razones de orden táctico y estratégico como fundamento para esta conducta. En el plano táctico, no querían contribuir a la perpetuación de la dicotomía orden-caos que el gobierno había logrado instalar, y a la que habían contribuido las acciones del MLN. El PC, como el resto de la izquierda legal, se empeñaba en demostrar que la verdadera contradicción a la que se enfrentaba el país era entre el pueblo y la oligarquía. Esto se vinculaba a su vez con una razón de orden estratégico, referida al papel que los militares podrían jugar en el proceso revolucionario. Especialmente a partir del análisis de la situación que derivó en la instauración de la dictadura brasilera en el año 1964, el PC había incorporado a su concepción estratégica la convicción de que aunque no podría confiarse la iniciativa del proceso revolucionario a los militares, el mismo no podría triunfar sin militares. No se trataba de la participación de las FFAA como tales, pero era una tarea clave ganar para la revolución a los militares “patrióticos”, aquellos que en una situación revolucionaria, como resultado de sus posiciones nacionalistas, no estarían dispuestos a continuar sirviendo al mantenimiento del dominio de la oligarquía y de la sumisión al imperialismo.

Aquí es donde táctica y estrategia se anudaban en torno al problema militar. A juicio de los comunistas la contradicción no era entre las instituciones y la subversión, pero tampoco entre civiles y militares. Para enfrentar con éxito a la oligarquía había que incluir en el bando popular a los militares que por nacionalistas habían evolucionado hacia posiciones antimperialistas. En este punto se evidenciaba otra de las ambivalencias de la estrategia comunista en relación a la democracia. Esta quedó expuesta con toda claridad en febrero de 1973, cuando el Ejército y la Fuerza Aérea se desacataron ante la designación de un nuevo Ministro de Defensa por parte del Presidente de la República. Guiándose por los preceptos anteriores y por lo que probablemente fuera una lectura equivocada de la situación interna de las Fuerzas Armadas, lejos de repudiar el desacato militar, el PC se mantuvo expectante de que los sucesos fueran la manifestación del protagonismo de un sector “patriótico” y avanzado dentro de las FFAA (Leibner, 2011, p.613-614; Garcé, 2012, p.83-84).

Además, al igual que el sector mayoritario del Partido Nacional, el PC y otros sectores del FA vieron en el hecho la oportunidad para provocar la salida del presidente Bordaberry. Al cabo de once meses de ejercicio del gobierno éste se encontraba en una situación de debilidad institucional, aislamiento político y desprestigio público. Finalmente, los sucesos de febrero de 1973 derivaron en un pacto entre el presidente y los militares insubordinados. Como resultado, el mando civil de las FFAA se vio aún más debilitado de lo mucho que ya lo estaba. Los miliares salieron fortalecidos, y entre ellos los golpistas, en lo que sin dudas fue un paso decisivo hacia la instauración de la dictadura cuatro meses después, cuando el Presidente de la República Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento Nacional. Para entonces, el PC estaría en la vanguardia de la resistencia social y política al golpe y la dictadura que le siguió, pero los sucesos de febrero habían revelado los límites que la ambigüedad de su estrategia y de su visión de la democracia imponía a la lealtad institucional de los comunistas uruguayos.

La estrategia comunista elaborada en la segunda mitad de los años cincuenta del siglo pasado concebía a la revolución uruguaya como parte de un proceso continental a escala latinoamericana. Sería una revolución de carácter democrático y nacional, que sentaría las bases para el tránsito al socialismo. Para llevarla adelante se requería la constitución de un Frente Democrático de Liberación Nacional (FDLN), que sería la expresión de la alianza de todos los sectores sociales y políticos opuestos a los intereses de la oligarquía y del imperialismo. Su base sería la alianza obrero-campesina, pero la conducción debía estar desde el comienzo en manos de la clase obrera, para asegurar el tránsito hacia el socialismo. Para ello, el desarrollo del PC como un partido capaz de vanguardizar el proceso revolucionario era un factor clave. En términos generales, la vía insurreccional sería el camino más probable para la revolución latinoamericana, pero como parte de las peculiaridades que el proceso presentaría en cada caso nacional, los comunistas consideraban que en Uruguay existían condiciones excepcionales para su realización por la vía pacífica. De todos modos, entendían que debían estar preparados para pasar rápidamente “de una forma de lucha a otra”. No se necesita ser muy imaginativo, dado el contexto de época en que estas enunciaciones eran emitidas, que esto quería decir concretamente que los comunistas debían estar preparados para tomar las armas cuando las circunstancias así lo requiriesen. O sea, cuando la dirección del partido así lo decidiese.

La dirigencia comunista entendía que la crisis del modelo económico y social vigente desde los años treinta, así como la incapacidad de los partidos tradicionales para conducir políticamente la superación de dicha crisis, representaban una oportunidad para la izquierda. Para aprovecharla en su favor, era necesario generar un cambio en la correlación de fuerzas políticas. Y para ello era clave acumular fuerzas propias, desarrollando la estructura partidaria y su capacidad dirigente, fortaleciendo el movimiento sindical y ampliando la influencia comunista en su conducción, y creando amplias alianzas políticas y sociales que lograran el máximo aislamiento posible del enemigo encarnado por la alianza oligárquico-imperialista. Con estas orientaciones el PCU tuvo un desempeño bastante exitoso en el contexto de la izquierda uruguaya durante los años sesenta. Logró revertir la adversa situación en que se encontraba a fines de los cincuenta, aumentar su presencia en los movimientos sociales, incrementar su influencia política especialmente dentro de la izquierda, y empujar la creación de un frente político que sería el germen del proyectado FDLN. Con la creación del FA en 1971 el PCU fue parte fundamental de la primera alternativa político-electoral real para desafiar a los partidos tradicionales en la historia uruguaya.

Más allá de las prevenciones que tenían al respecto, la apuesta de los comunistas a la legalidad democrática les había resultado altamente redituable. Hacia el final del período, aunque seguía siendo un partido electoralmente pequeño, había ganado la histórica puja con el PSU dentro de la izquierda. El PCU se convirtió en un actor clave dentro del FA y de la CNT. El fracaso de la experiencia guerrillera del MLN representó para los comunistas la confirmación de sus previsiones al respecto.

Dado este desempeño, que evidencia un eficaz aprovechamiento de las oportunidades políticas, parece razonable concluir que en esas circunstancias el PCU no tenía razones para desistir de un comportamiento preocupado por la continuidad de las instituciones políticas existentes. Esto era consistente la previsión de dos etapas en el proceso revolucionario, la primera de las cuales sería democrática y nacional. Si bien la democracia liberal no era parte del mundo ideal de los comunistas, entendían que era el régimen político preferible para transitar hacia aquel. De tal modo que el importante grado de lealtad democrática que exhibieron entre 1962 y 1973 también puede explicarse a partir de este manejo de distintos horizontes temporales dentro de una misma formulación estratégica.

Sin embargo, en ese mismo momento la democracia estaba en crisis y en ese marco las ambivalencias de la estrategia comunista se hicieron evidentes. Si bien el aparato militar del PCU no tuvo actuación, cuando las Fuerzas Armadas se insubordinaron ante el gobierno civil en febrero de 1973, las especulaciones sobre el papel que un supuesto sector progresista de las mismas podría jugar en el proceso revolucionario llevaron al PCU a mantener una actitud de expectativa.