Institucionalización de procesos de evaluación

Es un ejemplar sobresaliente acerca de la temática y revi-sión del proceso de institucionalización de la evaluación en Europa, Norteamérica y América Latina; expone la calidad de las evaluaciones aplicadas en México y analiza la bibliografía que aborda el tema de la utilización de los resultados para la orientación, rediseño o cancelación de programas gubernamentales.

La primera parte ilustra el desarrollo en el campo de estudio y práctica de la evaluación a escala internacional; analiza la cultura en evaluación que guardan países del continente americano y europeo con base en sus experiencias durante los siglos XX y principios del XXI.¹ El grado cultural en evaluación en el que oscilan estos países depende de la normatividad y la profesionalización propia en cada localidad sobre el tema. De tal forma, el libro compila una amplia documentación de experiencias, argumentando que Estados Unidos es pionero en la evaluación de programas gubernamentales y posee un alto grado de institucionalización en el campo evaluativo en la actualidad. Se sitúan sus antecedentes en 1914 con el Servicio de Investigación del Congreso, el cual sirvió para analizar políticas e impactos en salud y educación pública, realizar evaluaciones de políticas con especial énfasis en problemas económicos y presupuestarios. También revisó fondos públicos, analizó políticas y programas públicos, efectuó recomendaciones y asesoró al Congreso en elaboración de políticas y fundamentación de decisiones.

A este referente le sigue Reino Unido, Francia y Canadá, todos con un consi-derable grado cultural en evaluación, cada uno con diferente manejo en cuanto a la exigibilidad y periodización de las evaluaciones, los equipos que las realizan, los valores que guían la evaluación, las asociaciones nacionales de profesionales en el tema, las publicaciones especializadas y programas académicos de estudio, entre otras.

También se observa el esfuerzo que los países latinoamericanos han hecho en el tema. Parte de esto son las leyes de planeación y sistemas de seguimiento y monitoreo (la Ley de Planificación Nacional de 1974 en Costa Rica; el Sistema de Evaluación y Seguimiento de Proyectos en la década de 1980 en Colombia; el Ministerio de Planificación y Cooperación de 1990 en Chile; y el Sistema de Seguimiento de Metas Presidenciales de 2002 en México) que el conjunto de países elaboró para atender problemas de ineficiencia, propios de los planteamientos de la nueva gestión pública. México por su parte, recibió el cuarto lugar en el Índice de Gestión para Resultados en 2010, de 25 países que participan de la región.

La segunda parte profundiza en la calidad de las evaluaciones aplicadas en México a nivel federal y en la capital del país por medio de la metaevaluación, es decir, en palabras de Cardozo: se analiza y valora la corrección de los métodos de evaluación, sus técnicas operativas y la calidad de los resultados alcanzados, a la luz del conjunto de “factores contextuales que afectan a los anteriores, poniendo énfasis en la organización y funcionamiento práctico del sistema que conforma el contexto inmediato de la evaluación”.² En esta parte, el análisis y valoración de la muestra de las 16 evaluaciones a nivel federal³ estudiadas arroja datos interesantes que expresan la importancia de realizar evaluaciones con calidad y no sólo en cantidad:

• En el periodo 2009-2014 aparece siempre alguna evaluación de baja calidad o en el límite de aceptable.

• En poco más de la mitad no se locali-zaron los términos de referencia (TR).⁴

• Existe un bajo grado de accesibilidad en información relativa a la contratación de los equipos evaluadores, además de que desde 2014 ya no se publica dicha información.

Como contraste a la experiencia federal, las evaluaciones aplicadas por Evalúa DF en 2010 y 2011 realizaron convocatorias abiertas; utilizaron TR específicos para el tipo de evaluación, presentaron el preestablecimiento de montos de contratos y dieron explicaciones profundas y amplias de los resultados. De esta manera, se comprueba la existencia de una brecha importante de la calidad de las evaluaciones entre el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social de México (Coneval) y el Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Evalúa DF).

Una vez que se ha revisado y estudiado el nivel cultural, institucional y de calidad en las evaluaciones tendría sentido pensar ahora en qué hacer con los resultados que emiten los evaluadores. Este es el tema que ocupa a la parte final de la obra, en la cual se propone una nueva tipología de utilización de los resultados, la utilización presupuestal,5 es decir, la vinculación directa de las recomendaciones emitidas en el informe final de la evaluación aplicada con las instancias que asignan el presupuesto público (además de observar la vinculación de la etapa evaluación con la de reformulación). Sin embargo, se expone que la tarea no es sencilla, existe un conjunto de factores que pueden limitar que se usen los resultados, o que se utilicen ineficazmente. Por ejemplo, la factibilidad (tanto política, presupuestal y organizacional) de las recomendaciones; la etapa por la que está pasando el programa (también añadiría a políticas y estrategias); la integración de los principales usuarios de la evaluación al proceso de orientación de decisiones en la realización del ejercicio evaluativo; suficiencia de información recogida, analizada y valorada, ligada a una presentación clara, entendible y en tiempo de los resultados; horizontalidad de la comunicación entre evaluadores y usuarios potenciales de la evaluación; credibilidad de los resultados obtenidos; entre varios más.

Sin duda, esta obra profundiza y trata de manera integral la etapa crítica de las políticas públicas: la evaluación, y la pone en el centro de atención para impulsar el valor público que programas, políticas y estrategias buscan, pero que en la realidad del usuario muchas veces es inexistente.