introducción

La concentración de capitales, principalmente financieros, de las industrias energéticas y farmacéuticas, así como los vinculados con corporaciones trasnacionales de comida rápida y super-mercados, consolida en el siglo XXI una hegemonía manejada por una red de poderes corporativos que definen los criterios, contenidos, modalidades y tiempos del Sistema Agroalimentario Mundial (SAgM). Esta hegemonía logra universalizar, estratificar y estandarizar los procesos productivos, de distribución y consumo de alimentos. Las corporaciones trasnacionales (CTN) son los agentes centrales en la configuración y extensión de esta red que, dotada de recursos físicos y cognitivos (instituciones, reglamentaciones, enunciados científicos, sentidos sociales), imponen mecanismos y ritmos a los aparatos de gobernanza estatales e intergubernamentales.¹ En escenarios tan críticos como el que hoy atraviesa el mundo, como consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, se pone de manifiesto el alcance y diferenciación de los efectos sobre los cuerpos y los territorios que habitan de acuerdo con su condición socioeconómica y la posibilidad de resistir a la dominación del Sistema Agroalimentario Mundial.

Este reordenamiento global de capitales en torno al SAgM ha convocado a investigadores alrededor del mundo a pensar la vigencia de una nueva etapa. Para Harriet Friedmann y Phillip McMichael,²the food regime project es un aparato teórico que permite ubicar la formación estructural de patrones estables de producción y consumo alimentario en relación con el ejercicio de un proyecto hegemónico. Esta manera de analizar los patrones de producción y consumo de alimentos permite reconocer que es una parte importante de la base material que sustenta la reproducción ampliada de capital. Desde este enfoque se discute la identificación de dos o tres regímenes a lo largo de la historia del capitalismo. El primero corresponde al Régimen Agroalimentario Británico, el cual abrió las cadenas de suministro de alimentos (cereales, vegetales, azúcar, café, especias) procedentes de las economías periféricas hacia el centro del emergente capitalismo industrial europeo. El segundo régimen lo lideró Estados Unidos, cuya producción subvencionada e intensiva impulsó la internacionalización del canon dietético genéricamente llamado “occidental”, abundante en carnes, huevo y lácteos.³

A partir del debate multidisciplinario incentivado por la propuesta del food regime project, es pertinente distinguir un tercer ciclo, que hunde sus raíces en la crisis inmobiliaria de Estados Unidos, fractura que aceleró el traslado de los fondos de inversión que escapaban del mercado inmobiliario hacia las llamadas commodities alimentarias.⁴ Este movimiento aseguró que la producción agrícola mundial, desprovista de su carácter exclusivamente alimentario, quedara supeditada a las fuerzas del mercado financiero, energético y del agronegocio. Esta reorientación de capitales es sólo una de las manifestaciones del gradual y largo proceso de relevo de un régimen de acumulación de capital liderado por Estados Unidos desde mediados del siglo XX, hacia otro régimen de acumulación aún en configuración, en el que incide notablemente el capital de vanguardia, particularmente el financiero, para la reestructuración de la división internacional del trabajo, así como de los patrones de producción y consumo.

El tercer sistema agroalimentario ha sido nombrado régimen agroalimen-tario neoliberal⁵ o sistema alimentario corporativo⁶ o imperios alimentarios.⁷ Estas tres caracterizaciones reconocen que el nuevo ciclo se distancia del anterior en tanto su principio organizativo, basado en la estructura del sistema estatal, transita hacia el nuevo orden de gobernanza global, protagonizado por las grandes CTN. Desde el enfoque aquí privilegiado, se le reconoce como un régimen debido a su capacidad amplificada de extender discursos públicos e imaginarios sociales favorables en su conjunto, a pesar de la competencia intrínseca entre capitales y experiencias sociales de resistencia.

En la actual crisis, donde adquiere mayor visibilidad el agotamiento de las bases materiales de las principales fuerzas productivas del sistema capitalista, el tercer régimen agroalimentario representa una fuente para la producción acelerada de nuevos espacios de valorización. La demanda creciente de alimentos por parte del mercado asiático y la hiperfinanciarización del SAgM, abren la oportunidad de movilizar grandes volúmenes de valor del sector primario hacia los demás sectores de la economía, aunque no estén respaldados necesariamente por una producción real. Esto agudiza, como nunca antes, el influjo de intereses económicos de actores anteriormente ajenos al SAgM, fomentando la fusión de capitales del agronegocio con nuevos rubros, algunos “aparentemente” fuera del ámbito agroalimentario, como es el caso de las compañías de tecnología, farmacéuticas, informáticas, financieras, tenedoras y plataformas digitales. Situación que se ve incrementada con la pandemia por covid-19.⁸

Dado lo anterior, el objetivo del presente artículo consiste en caracterizar los rasgos estructurales del orden agroalimentario contemporáneo, identificado como régimen agroalimentario corporativo, así como analizar su impacto socioeconómico para el caso de México, a la luz del alto grado de vulnerabilidad con el que hoy la población mexicana enferma, como consecuencia de una alimentación de mala calidad. La primera parte estará destinada a la conceptualización del tercer régimen y la alineación de la economía mexicana en el mismo. La segunda parte expone las características más sobresalientes de este régimen: la construcción histórica de condiciones de vulneración de la población, en términos del derecho a la alimentación y la producción social de cuerpos enfermos. Al final se apuntalan algunas observaciones del proceso en relación con la notable crisis de salud que comporta México en el marco de la pandemia mundial.

el régimen agroalimentario neoliberal corporativo y su proyección en méxico

Como cada régimen agroalimentario, el neoliberal-corporativo organiza actores estratégicos, patrones de producción y consumo, relaciones y normas generalmente implícitas y reglamentaciones que pueden ser institucionalizadas en proyectos regionales y nacionales de gobernanza. De acuerdo con McMichael,⁹ la legalidad que permitió la emergencia del tercer régimen se sostuvo sobre las políticas de ajuste estructural impulsadas a partir de los acuerdos multilaterales (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, GATT; Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN; y Ronda Uruguay para el caso de México) e instituciones internacionales de mercado (Fondo Monetario Internacional, FMI; Banco Mundial, BM; y Organización Mundial de Comercio, OMC), que tuvieron como premisa la desregulación generalizada de las economías nacionales. La implementación de estos acuerdos se tradujo en la supresión del gasto público orientado a la producción nacional y el fomento a la inversión extranjera directa (IED), fijación internacional de las tasas de interés, apertura comercial indiscriminada, eliminación de subsidios y precios de garantía, ajuste fiscal e inflacionario, e incorporación de derechos de propiedad sobre recursos agrícolas y forestales.

El alineamiento del agro mexicano a estas políticas implicó la destrucción de la estructura productiva dirigida al abasto interno y la capitalización de grandes empresas, reorganizando la producción de alimentos para su exportación. Desde su incorporación al GATT, México fue presionado para eliminar todos los mecanismos de protección comercial en relación con la importación de productos de la canasta básica alimentaria, como maíz, frijol, avena, trigo, cebada, mijo, malta, huevo, pollo, leche, papa, café, aceites, caña de azúcar, etcétera. Con la entrada en vigor del TLCAN, estas condiciones se profundizaron, a la vez que se amplió el conjunto de cultivos afectados, dejando a los productores mexicanos, campesinos y agroindustriales en una crisis de rentabilidad, que anunciaba el principio de su sujeción al modelo agroexportador neoliberal.

Estas condiciones fueron más severas para México que para Estados Unidos, el hegemón del segundo régimen agroalimentario, debido a que sus representantes ante el GATT ganaron una cláusula de nación más favorecida, por lo que México en su condición de dependencia otorgó tratamiento de menos desarrollado a la potencia económica, a pesar de que la diferencia productiva era ventajosamente superior en Estados Unidos. Por si no fuera suficiente tal asimetría, de acuerdo con Alicia Puyana,¹⁰ el gobierno mexicano destacó por su docilidad, al disminuir las tarifas aduaneras, además de eliminar también barreras arancelarias no comprometidas en el acuerdo, como las fitozoosanitarias y órdenes de comercialización para los productos provenientes de los dos países del norte, mientras que eran obligatorias en Estados Unidos y Canadá para los productos de origen mexicano.¹¹

En cuanto al gasto público, el presupuesto asignado al Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo) empezó a decaer desde principios del siglo XXI, profundizando la desigualdad productiva entre los agricultores capitalistas y la agricultura campesina, con una clara distribución geográfica que distingue al sur del norte del país. Esta condición es observable desde la composición del padrón de beneficiarios. De acuerdo con un reporte de evaluación de 2019:

Procampo refleja en su padrón de beneficiarios la desigual estructura agraria del país: el grueso de los productores en el país son minifundistas (menos de cinco hectáreas) pero hay una gran concentración en pocas manos de las tierras de mejor calidad y con riego. En 2001, 44.04% de las unidades de producción inscritas en el programa eran de entre una y dos hectáreas y concentraban tan sólo 18.79% del total de hectáreas beneficiadas; le seguían en importancia las unidades de menos de una hectárea (17.43% de las unidades) con sólo 2.78% de las hectáreas cubiertas por Procampo. En el lado contrario, 0.27 del total de las unidades de producción concentraban 7.45% de las hectáreas cubiertas con Procampo y eran unidades que en promedio tenían 91.70 hectáreas.¹²

Las funciones de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), así como el carácter legal del ejido, que garantizaba la propiedad social de la tierra, fueron considerados por los negociadores del TLCAN obstáculos para el establecimiento de la zona de libre comercio, por lo que ambos fueron modificados en sus sentidos originales. Se puso fin al carácter inembargable de la tierra (en 1992 con la reforma al artículo 27 constitucional), se cancelaron los precios de garantía para el maíz, el frijol y otros granos básicos, se eliminaron los subsidios a la comercialización, almacenamiento, transporte, transformación, aseguramiento de las cosechas y venta al menudeo. Estas disposiciones cercenaron las fuerzas productivas construidas y fortalecidas durante más de medio siglo.

Gradualmente se dejaron de distribuir alimentos contemplados en el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) para la atención de poblaciones rurales y urbanas en condición de vulnerabilidad, hasta su desaparición. Esta fue la renuncia oficial al proyecto de autosuficiencia alimentaria y la condena de las formas de existencia indígeno-campesinas, al socavar la potencia del agro mexicano para alimentar a la población nacional, así como quienes lo trabajaban.

De este nuevo régimen destacan cuatro rasgos estructurales que lo distinguen sustancialmente del anterior: 1) la centralidad de la corporación trasnacional en todas las fases y circuitos del sistema agroalimentario, 2) la financiarización de todos los procesos que involucra, 3) la transformación de la división internacional del trabajo productor de alimentos, y 4) el patrón dietético basado en mercancías comestibles ultraprocesadas. Estas cuatro transformaciones producen una crisis de salud pública expresada en el aumento de enfermedades crónico degenerativas resultado de una nueva dieta.

centralidad de la corporación trasnacional

Al ajustarse el funcionamiento de los Estados a la política neoliberal, se puso a disposición del mercado global el conjunto de sus recursos y facultades. Por lo que la regulación sobre la producción, almacenamiento y distribución alimentaria, de la que solían ser garantes, no desaparece, sino que se transfiere a las entidades privadas mejor colocadas en el mercado. Esto significó un cambio legal sobre las figuras de propiedad, y en consecuencia sobre la distribución de recursos e ingresos en aras de alcanzar el ideal neoliberal del “Estado no propietario”.¹³ Esta transferencia de poder económico y político deviene en una contradicción en la que el poder incrementado de las corporaciones trasnacionales confronta las mismas instituciones que les impulsaron. De acuerdo con Ceceña:

[...] las grandes corporaciones como entidades de poder globalizadas, ya no acatan las legalidades sociales, las manejan; ya no responden a los poderes estatales, los arrastran; ya no se detienen en las fronteras de la extinción, devastan. Son el sujeto central del capitalismo contemporáneo y su poder les ha permitido alcanzar el horizonte de impunidad.¹⁴

La formación de un tipo de gobierno trasnacional que han adquirido los poderes corporativos en el mercado global, sobre todo en el siglo XXI, resulta particularmente efectivo sobre el SAgM. Esto se expresa en la expansión geográfica del agronegocio y la incorporación de nuevos actores, procesos y circuitos comerciales. La corporación trasnacional es un actor clave en los diferentes ámbitos de producción, donde ya algunas tenían presencia desde el segundo régimen, ahora también en nuevas esferas de valorización de capital: desde la producción primaria hasta las cadenas de supermercados y comercio electrónico. La expansión de las cadenas agroalimentarias afecta el precio de las mercancías para los consumidores finales y produce mayor distanciamiento social sobre el contenido y métodos de elaboración de los productos.

Sin embargo, aunque se amplíen los espacios de intervención de este tercer régimen, no existe una tendencia a la diversificación de los propietarios, tampoco se favorece la distribución de la riqueza. Por el contrario, se potencializan las alianzas, adquisiciones y fusiones entre capitales de distintos sectores. Este proceso involucra la recepción de grandes flujos de IED y la eliminación o absorción de las empresas de escala nacional o local. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la IED en los rubros de agricultura, alimentación, bebidas y distribución, se incrementa exponencialmente a partir de 2003, pasó de 7.8 miles de millones de dólares anuales en el decenio 1981-1991 a 43.8 miles de millones de dólares anuales para 2005.

Por lo cual, un número cada vez más reducido de CTN concentra los recursos y procesos involucrados en el Sistema Agroalimentario Mundial. Éstas lideran también la producción y promoción de técnicas y tecnologías para la agroindustria y las fases de ultraprocesamiento de los alimentos, desde los paquetes tecnológicos básicos (semillas modificadas, agrotóxicos, maquinaria, fármacos veterinarios), hasta tecnologías de vanguardia (biología sintética manejada por medio de inteligencia artificial, drones, sensores, satélites, almacenamiento en nube, maquinaria pesada no tripulada).¹⁵ El procesamiento de los grandes volúmenes de datos (big data) que estas tecnologías permiten recabar, trasciende el propósito de la producción de alimentos; de hecho, potencializa la convergencia de poderes corporativos enfocados en otras ramas profundizando la intervención del mercado financiero a nuevas fases y circuitos de la producción.

financiarización

El incremento de la financiarización¹⁶ en el nuevo milenio, en medio de un escenario de crisis estructural del capitalismo, es utilizado como una ruta para transferir valores de un sector a otro sin depender del aumento de la producción global de plusvalor; lo cual permite la irrupción vertiginosa de nuevos monopolios a partir de la convergencia entre CTN. Esta lógica se despliega como un poderoso mecanismo de control político-económico que concentra en pocas manos la apuesta de cada vez más ámbitos de la socialidad, incluso aquellos esenciales para la vida como la alimentación, en función de la colocación volátil y de carácter especulativo de cuantiosos fondos de inversión.¹⁷

La financiarización de la agricultura es definida por Blanca Rubio como:

[...] el proceso a partir del cual los precios de los alimentos se establecen en función de las inversiones especulativas en las commodities alimentarias, como precios a futuro, proceso en el cual se compran por adelantado los bienes básicos apostando al alza de las cotizaciones, hecho que desvirtúa por completo el establecimiento económico de los precios.¹⁸

En este sentido, la aplicación de tecnologías informáticas y electrónicas en la agroindustria, promovidas por la FAO, el FMI y el BM como el futuro de la agricultura mundial (conocida como la Agricultura 4.0), no sólo va dirigida a la automatización del proceso productivo. Su principal interés está puesto en el análisis de datos sobre el territorio y los volúmenes de producción, lo cual permite llevar a otra escala los proyectos de biopiratería y la estimación de precios futuros de los bienes agrícolas para su colocación más competitiva en el mercado financiero.

Este modelo de negocios lo comienzan a aplicar las CTN en América Latina en productos super-comercializables,¹⁹ como Bayer con producción de soja en Argentina o Cargill y Archer Daniels Midland, más conocida como ADM, con el maíz en México. Estas últimas, de acuerdo con McMichael,²⁰ son las principales beneficiarias de la desviación de maíz mexicano hacia la producción de etanol y del alza en el precio de las tortillas. A la par se encuentran asociadas con filiales mexicanas que les conceden una mejor posición fiscal, como Gruma a ADM. La financiarización del sistema agroalimentario, y la concentración de capitales en no más de diez corporaciones, es el preámbulo de procesos que no podemos aún vislumbrar.

La financiarización profundiza una forma asimétrica de seguridad alimentaria corporativa, en la que la mercancía alimento, al dejar de estar regulada por los sistemas estatales, se vuelve más susceptible a ser valorizada por el capital privado, ya no sólo como mercancía productiva, sino financiera: que aún no existe y se controla, sin considerar los costos sociales, en función de obtener las mejores ventajas en el mercado internacional. Esta asimetría se observa en una dialéctica de sobreconsumo en el Norte Global, que importa alimentos no sólo en mayor cantidad que su requerimiento de consumo, sino bajo normatividades de calidad y fitosanitarias más estrictas (incluso antitransgénicos). En contraste con el Sur Geográfico global, que reproduce un subconsumo en términos cuantitativos y cualitativos, en tanto prevalecen y se magnifican fenómenos de desabasto, malnutrición y hambre, rasgos que ya no pertenecen exclusivamente al orden de la desigualdad distributiva sino a la lógica de funcionamiento productivo del tercer régimen. La localización de los patrones de producción y consumo se explica también de las relaciones estructurales históricas del capitalismo.

transformación productiva

Los regímenes estructuran patrones especializados de producción de alimentos a escala global de acuerdo con criterios fundamentalmente económicos, en los cuales destacan tipos particulares de técnicas, tecnologías y especies que definen organización específica del trabajo productor de alimentos. Esto exige progresivamente la incorporación de nuevos circuitos productivos que aseguren la circulación de sus mercancías. Un ejemplo lo representa el apuntalamiento de las economías china y brasileña del mercado de proteína animal, o la orientación de las agriculturas nacionales a la producción de bienes agrícolas en función de las ventajas comparativas del mercado financiero, ya sea como materia prima para el ultraprocesamiento de mercancías para la alimentación humana, forraje para la alimentación ganadera o insumo para la producción de biocombustibles. Condición que degrada la capacidad de los Estados y sus poblaciones de crear estrategias locales encaminadas a la construcción de soberanía alimentaria, ya que ésta se ve frustrada por procesos de dominación, explotación y despojo, ejercidos por las corporaciones tras-nacionales.

En México se constata lo anterior al observar la transformación productiva del campo, la ampliación de los cultivos perennes a costa de la reducción de los cultivos tradicionales cíclicos.²¹ Las unidades productivas que en México se especializan en los cultivos perennes son de carácter agroexportador y concentran la mayor cantidad de tierra y recursos públicos para fomento productivo. En tanto, los cultivos cíclicos, cereales y oleaginosas, propios de la agricultura local y de autoconsumo, se mantienen constantes, en aproxi-madamente 16 millones de hectáreas desde la década de 1980; en cambio, los cultivos perennes pasaron de 2 millones 800 mil hectáreas a seis millones entre 1980 y 2010. Si bien la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sagarpa) presenta un listado de 146 cultivos perennes presentes en el campo mexicano en 2010, 87% de la tierra se destina sólo a diez cultivos orientados a la exportación, casi en su totalidad hacia Estados Unidos, algunos tradicionales, como el café cereza, la caña de azúcar y otros más novedosos como agave, aguacate, alfalfa, limón, mango y naranja.

En el contexto de esta oposición, entre la producción agroindustrial destinada a la exportación y la producción para fines locales, la Sagarpa ubicó para 2018, del total de tierra cultivable en el país, 66.7% destinada a cultivos perennes; de esta fracción, 90% destinada solamente a 10 cultivos. Alrededor del 50% de este suelo se encuentra localizado en Veracruz, Estado de México, Chiapas, Puebla, Hidalgo y Michoacán, mismos en los que se lleva a cabo la producción de los principales productos de exportación agroalimentaria nacional: carne de bovino, aguacate, café cereza, pera, limón y fresa.²²

Además, debido al proceso de financiarización de los bienes agrícolas entre el mercado de alimentos, agrocombustibles²³ y forraje para ganado, a partir de 2008 se tiene identificada en el país la expansión de plantas productoras de etanol, pasta de maíz para forraje, dióxido de carbono para fertilizante y agrodiésel. Por ejemplo, en Sinaloa existen tres plantas para producir etanol a partir de maíz blanco local, con capital de Cargill, en los municipios de Salvador Alvarado, Ahome y Navolato, la última con capacidad para producir 350 mil litros diarios destinados a la exportación para California y Arizona. En Puente Nacional, Veracruz, comenzó en 2018, a cargo de Petróleos Mexicanos (Pemex), la construcción de una refinería de etanol a partir de la producción local de caña de azúcar; este proyecto pretende alcanzar en una primera etapa la producción de 60 millones de litros anuales hasta llegar a 120 millones de litros cada año. Además de estas plantas existen 35 proyectos en construcción en el país para la producción de agrocombustibles.

Por otro lado, se observa en el país en este mismo periodo la creciente especialización de zonas económicas dirigidas a la producción de carnes para exportación, que comienzan a posicionar a México entre los mayores productores de carne de cerdo y res. Con un volumen de producción anual de dos millones de toneladas de bovino, 1.5 mdt de cerdo, 3.3 mdt de pollo, 62 mdt de ovino y 39 mdt de caprino. De modo que el crecimiento en la producción de alimentos reportada por las autoridades mexicanas, no está orientada a la satisfacción del mercado interno, incluso los productos mexicanos que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) identifica en ascenso, no figuran en los modelos de canasta alimentaria de los hogares mexicanos.

patrón dietético neoliberal

Si bien el régimen alimentario basado en la hegemonía estadounidense logró exportar un patrón de consumo a partir de circuitos trasnacionales para beneficio de grandes compañías de carne y cereales desde mediados del siglo XX, los especialistas en la alimentación neoliberal contemporánea identifican la expansión y fortalecimiento de nuevos patrones de consumo, diferenciados según estratos socioeconómicos, pero centrados en las mercancías de los fabricantes trasnacionales de comida, productos ultraprocesados, generalmente de carente valor nutricional y cuyo consumo habitual desemboca en una crisis mundial de salud pública. La centralidad de los alimentos ultraprocesados en las dietas no desincentiva la producción de carnes, lácteos y huevos, cuyo consumo continúa creciendo desde el segundo régimen, más bien permite diversificar los mercados de acuerdo con la calidad de los productos comestibles, ofreciendo las versiones más tóxicas a las poblaciones periféricas, espacios donde las normatividades sanitarias y de calidad son más holgadas.

La fabricación de los alimentos ultraprocesados se lleva a cabo con la misma gama de ingredientes, pero calidades diferenciadas (aceites, grasas sólidas, azúcares, sodio, harinas refinadas y almidón) con poco y a veces prácticamente ningún contenido de alimentos frescos, de los que se aprovecha sólo la matriz fibrosa o acuosa. Formulados por las compañías para ser atractivos “principalmente en cuatro factores: sabor, costo, conveniencia y publicidad”.²⁴

La bibliografía especializada en alimentos ultraprocesados, generalmente contempla a los productos para consumo instantáneo y fast food (conservas, enlatados, refrescos, jugos, licores, lácteos embotellados; latas con conservas, golosinas, galletas, pasteles, frituras, platillos de las cadenas restauranteras trasnacionales, etcétera). Desde esta limitada definición que abarca productos de consumo final, se llega a considerar que otras mercancías disponibles en los supermercados, “de apariencia más natural” (paquetes de avena, soya, arroz, maíz, café, aceites de cocina, carnes, frutas y vegetales, y similares) están exentos de los preservativos de la industria química, y que por ello su consumo es inofensivo o incluso benéfico. Ante esta comprensible confusión (propia del discurso público emitido por las gigantescas campañas de mercadotecnia), quisiera precisar que la expansión del tercer régimen agroalimentario introduce distintos niveles de ultraprocesamiento en todas las etapas de fabricación de sus mercancías, desde la modificación genética de las semillas antes de ser cultivadas o la inoculación de antibióticos y hormonas de crecimiento acelerado a la mercancía animal,²⁵ hasta los procesamientos y aditamentos de la industria alimentaria de diseño.²⁶

Esta última no se especializa en la producción de las materias primas (como la agroindustria), sino en la transformación de las mismas en productos de consumo final que atiborran la oferta en los supermercados, tiendas de autoservicio, pequeños abarrotes, farmacias, cafeterías, restaurantes, máquinas expendedoras, puestos callejeros y similares, generando una política de cercanía y normalización hacia estas mercancías comestibles, de las cuales la mayoría de los consumidores desconocen su contenido y formas de elaboración debido a la discreción de los fabricantes. El principal objetivo de esta industria es lograr que los productos permanezcan aptos para resistir mayores periodos de almacenamiento y largos traslados sin descomponerse. Su procesamiento puede incluir: secado, refrigeración, congelación, irradiación, extrusión, entre otros. Así como adición de almidones, preservativos, vitamínicos, conservadores, colorantes, olorantes, etcétera. Algunas de estas técnicas y aditivos tienen efectos nocivos para la salud de los consumidores, incluso las empresas, muchas veces, superan los límites de las concentraciones permitidas.

La fabricación y venta de los alimentos ultraprocesados se encuentra acaparada en el mundo por un pequeño conjunto de corporaciones trasnacionales, en las que año tras año figuran: Nestlé, Unilever Group, Pepsico Inc., Coca-Cola, Mondeléz International Inc., Mars, Grupo Danone, Asociated British Foods, General Mills Inc. y Kellogg Company. A consecuencia de esto, aunque se oferte una infinita cantidad de marcas de productos alimentarios, sus contenidos se homogeneizan. Al provenir de un mismo tipo de fabricantes, tienden a ser elaborados con la misma fórmula de ingredientes y técnicas, diferenciándolos del precio tan sólo los nombres y presentaciones.

En esta dirección resulta apropiado evaluar como unidad la oferta de los productos ultraprocesados, ya que su diseño químico, su mercadotecnia, distribución en los anaqueles de los supermercados, proponen formas de consumo singulares que incentivan una mayor regularidad y acompañamiento con otros comestibles ultraprocesados, incluso su asociación con hábitos y sentidos sociales específicos. Al respecto, la FAO contabilizó que para el 2004 el comercio de alimentos procesados representó alrededor de 66% del comercio global de alimentos. En el modelo promedio de canasta básica en México, 45% de los comestibles lo constituyen productos ultraprocesados de firmas trasnacionales, destacando en frecuencia las marcas: Bimbo, Nestlé, Kellogs, Fud, Lala, Bachoco y Unilever.

transición epidemiológica: la construcción de la vulnerabilidad

Esta transición nutricional mundial es estudiada por investigadores especialistas en ciencias de la salud. El nutriólogo Barry Popkin²⁷ identifica cinco etapas nutricionales, desde la humanidad paleolítica de hace 10 mil a 15 mil años hasta el presente, definidas a partir de patrones singulares de dieta, actividad física, tamaño y composición del cuerpo;²⁸ actualmente, Popkin reconoce el predominio de la fase cuatro vinculada con enfermedades crónico degenerativas. Esta transición implica la sustitución de las dietas tradicionales, basadas en alimentos frescos y de producción local, por el patrón de consumo neoliberal elevado en la ingesta de productos ultraprocesados, azúcares refinados, harinas y productos de origen animal, aunado a la disminución de la actividad física o sedentarismo. Lo que deriva en un aumento descontrolado de sobrepeso en población de todas las edades.

El peligro de una ingesta de calorías superior a las necesidades del organismo radica en que al sobrecargar los almacenes de grasa, se entorpecen muchos procesos del metabolismo; por ello, el sobrepeso se asocia con otras enfermedades derivadas como las cardiovasculares, la diabetes mellitus y la hipertensión. Estas tres encabezan las principales causas de muerte en México y constituyen los criterios de grupos de mayor riesgo frente al contagio por coronavirus.

Al respecto, el Estado mexicano implementa estrategias para la atención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes. Un ejemplo es la campaña nacional “Chécate, mídete, muévete”, aprobada por decreto presidencial en 2013, con la finalidad de contener el aumento de enfermedades crónico degenerativas, su publicidad incorpora mensajes como: hacer ejercicio diariamente, disminuir el consumo de carne, comer frutas y verduras. No obstante, lejos de contener el problema, el incremento de las enfermedades de nueva generación en México deriva en una crisis de salud pública, que nos posiciona en la lista de los países con mayor parte de su población enferma por estas causas. El gasto público en salud, antes de la pandemia, se consumía en atender las complicaciones derivadas del sobrepeso y la diabetes.

A partir de la estadística nacional de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se recuperó el comportamiento histórico de las principales causas de defunción en el país, con la finalidad de apreciar su transformación entre el periodo que comprende el segundo régimen agroalimentario y lo que se identifica como el tercero, donde se observa la expansión de las enfermedades asociadas con el régimen agroalimentario neoliberal (Cuadro 1).

Cuadro 1

Principales causas de mortalidad en México

elaboración con información de Inegi, “Estadísticas de mortalidad”, enero de 2020 [http://www3.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/407].

Cabe destacar que el exceso de peso es el principal factor de riesgo de las enfermedades del sistema circulatorio, que incluyen enfermedades isquémicas del corazón, enfermedades cerebrovasculares, enfermedades hipertensivas, entre otras.²⁹ Este conjunto representó alrededor de 25% de las defunciones totales y las enfermedades isquémicas del corazón la segunda causa de mortalidad. La diabetes mellitus también se trata de disminuir por medio de las campañas de control de peso; representó 15% de las defunciones totales y, en singular, la principal causa de defunción. Las enfermedades del sistema digestivo constituyen el 10% de las defunciones totales; de este grupo, las enfermedades del hígado representaron la tercera causa de mortalidad. Tanto sus causas como su tratamiento se basan fundamentalmente en la composición de las dietas.³⁰

La desnutrición en el mundo contemporáneo expone quizá uno de los más decadentes rasgos del sistema económico, la producción extrema de la desigualdad. De acuerdo con Popkin, 90% de los casos de desnutrición son ocasionados por una sola causa: la subalimentación. Ya sea por deficiencia en la calidad o la cantidad de alimentos consumidos. El 10% restante se atribuye a otras afecciones como: infecciones diarreicas, defectos congénitos, nacimiento prematuro, entre otras. La asimilación deficiente de nutrientes por el organismo conduce a un estado patológico de múltiples manifestaciones clínicas y escalas de gravedad antes del deterioro mortal del organismo. Éstas pueden transitar desde el agotamiento físico, afectaciones al desarrollo psicomotor, anemia, mayor absorción de metales tóxicos y contaminantes, dificultad para respirar, entre otros síntomas.³¹

México comporta esta penosa característica, la paradoja de la seguridad alimentaria neoliberal, en la cual el aumento en la disponibilidad de alimentos en el mercado, acompaña el aumento del hambre y la malnutrición. Si bien la oferta disponible en el país por volumen de energía alimentaria sobrepasa los requerimientos para cubrir la demanda correspondiente a la cantidad de población, la desigualdad en la estructura económica, además de la calidad de dicha oferta, generan un panorama heterogéneo que, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Nacional de Salud Pública (2012), implica un “acceso deficiente a la alimentación”³² a más de la cuarta parte de la población nacional.

Según el Banco Mundial, la cantidad de la población mexicana en condición de pobreza alimentaria oscila durante el periodo analizado, en orden creciente, en torno a los 50 millones de personas.³³ Esta cifra, que también coincide con la admitida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), fue criticada por investigadores y organizaciones independientes por ocultar la cantidad total de población expuesta al hambre a partir de un ajuste estadístico por intersección de conjuntos. Es decir, si el Coneval sumara todos los conjuntos expuestos a padecer desabasto alimentario, debido a los criterios que los categorizan en algún tipo de pobreza: pobreza multidimensional (52.4 millones), vulnerables por carencias sociales (36.7 millones), vulnerables por ingreso (8.8 millones), identificaría 97.9 millones de personas y no 52.4 millones.

La tendencia global a sustituir las dietas tradicionales de las comunidades por patrones de consumo dietético ultraprocesados (uniformes, masificados y estratificados) a conveniencia del gran capital, despliega además de un ejercicio de violencia económica, una violencia biopolítica que impone hábitos y restricciones sobre la corporalidad (diferenciada de acuerdo con el estrato socioeconómico). Que en escenarios tan críticos como el que hoy se atraviesa por la pandemia de covid-19 exhibe las graves implicaciones que genera la producción histórica de cuerpos enfermos y susceptibles de padecer complicaciones letales tras el contagio. Resultado de la imposición de una ingesta determinada por intereses ajenos a la vida que los consume, energéticamente suficiente para la reproducción de la fuerza de trabajo aunque exigua para la nutrición del individuo y a largo plazo altamente perjudicial.

algunas consideraciones finales

A diferencia de los primeros dos regímenes agroalimentarios, el neoliberal-corporativo representa, de manera notable para el capitalismo, una fuente estratégica para la generación de nuevos espacios de riqueza, productivamente excluyentes. La expansión global de las mercancías del tercer régimen moviliza grandes volúmenes de valor del sector primario hacia los demás sectores de la economía, sin que éstos estén respaldados necesariamente por una producción presente. Lógica que, además de favorecer la creación acelerada de cotos de gran capital concentrados en firmas trasnacionales que detentan un ejercicio oligopólico del mercado, permite la especulación sobre los precios de las mercancías primarias a partir de los cuales se manipula la producción real, aunque sea a costa del encarecimiento, el desabasto y el desperdicio, es decir, expresiones de una crisis alimentaria artificialmente creada.

Lo que no es artificial son los efectos en la salud pública ocasionados por la instalación del patrón dietético neoliberal, el cual incorpora al centro de la oferta productos ultraprocesados cuyo consumo frecuente ha desencadenado una nueva etapa de morbilidad y mortalidad (identificada con las enfermedades crónico degenerativas no infecciosas) derivada de las complicaciones patológicas ocasionadas por el sobrepeso y la obesidad.

De manera que hoy México hace frente a la actual pandemia por coronavirus desde una emergencia epidemiológica previa al covid-19, las enfermedades crónico degenerativas. Pasaremos a la historia como uno de los países más afectados, aunque la tasa de casos positivos guarda semejanza con otros países, los niveles de mortalidad son catastróficos debido a las complicaciones que produce el virus en una población mayoritariamente enferma. Como muestra, tenemos que casi 60% de las defunciones por covid-19 en México durante el 2020 fueron de población con diabetes (16%), obesidad (19%) e hipertensión (20%).

Esto es la construcción estructural de la vulnerabilidad que hoy expone al límite la vida de más de la mitad de la población nacional, producto de las desigualdades históricas producidas por el sistema capitalista y la sofisticación de sus lógicas de explotación y exclusión dentro del ordenamiento del nuevo régimen neoliberal-corporativo. Esto cobra una relevancia determinante para el futuro próximo del país, de cara al proceso de transformación que sacude al mundo y que la pandemia agiliza. Pero quizá abre también la oportunidad de observar críticamente el funcionamiento del régimen y entender con mayor claridad la urgencia de construir colectivamente y a distintas escalas, condiciones de existencias alternativas.

Referencias

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Harriet Friedmann y Phillip McMichael, “Agriculture and the State System: The Rise and Decline of National Agriculture”, Sociologia Ruralis, 29(2), 1989, pp. 93-117.

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Notas