introducción

El 28 de febrero de 2020, el gobierno de la Ciudad de México informó sobre el primer infectado por SARS-CoV-2 en todo el país. Se trataba del caso de un individuo que recientemente había regresado de un viaje por Italia y ahí contrajo el virus. Desde entonces, las autoridades sanitarias iniciaron una serie de monitoreos sobre el contagio y casi un mes después, la Secretaría de Salud anunció la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia como medida preventiva para contener el brote y suspendió temporalmente las actividades no esenciales. Con ello se reprogramaron los eventos de concentración masiva, se adelantó el periodo vacacional de Semana Santa en las escuelas y se restringió la atención de las dependencias de gobierno, incluidas las instituciones de administración y procuración de justicia. Las salas y las cocinas de las casas se convirtieron en oficinas y en salones de clase; y la separación de lo público y lo privado se evaporó. Los habitantes del país, en su mayoría, entramos en un estado de aislamiento bajo la consigna #QuedatenCasa.

A partir de ese momento, las problemáticas sociales más críticas como la lucha contra el crimen organizado, la violencia contra las mujeres o la crisis económica, entre muchas otras, pasaron a un segundo plano en el entendido de que la prioridad era mitigar la propagación del virus y contener sus efectos sobre los servicios de salud y el bienestar de la población. Sin embargo, no pasaron muchas semanas cuando se advirtió que los riesgos de daño y muerte en algunos hogares, no provenían únicamente de la enfermedad, sino que las situaciones de estrés económico y tensión familiar, conllevaban a circunstancias más peligrosas de surgimiento o agravamiento de la violencia doméstica. Las mujeres, los menores y los adultos mayores principalmente, se hallaban entonces frente a una más amenazante y en algunos casos devastadora realidad: confinados con sus agresores, presas del maltrato psicológico o los abusos sexuales y los golpes que, en ocasiones, culminaron en el homicidio.

Para muchos sectores de la sociedad, este panorama no resulta extraño dados los altos índices de violencia que se presentan en el país y que afecta de manera dramática a las mujeres y a las niñas; sin embargo, no deja de ser preocupante porque constata la persistencia de una problemática histórica visibilizada a partir de la década de 1990 cuando la magnitud de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, encendió las alarmas sobre la dimensión de la violencia contra las mujeres. Desde entonces, el maltrato, la violencia sexual y el feminicidio no han disminuido y las medidas del Estado mexicano para prevenirlo han resultado infructuosas.

Lo particular del asunto es que en medio de la pandemia por covid-19, la violencia extrema ocurra en el espacio doméstico, donde las mujeres y los menores deberían estar protegidos y resguardados de cualquier amenaza. Sabemos, aunque no lo justificamos, que en las regiones donde opera el crimen organizado, los asesinatos de mujeres en su mayoría obedecen a enfrentamientos entre los grupos del narcotráfico que se disputan el control de las plazas y la población civil queda en medio del fuego cruzado o a merced del poderío de los cárteles de la droga, o que muchos de los asesinatos de mujeres corresponden a lo que Julia Monárrez denomina feminicidio sexual sistémico,¹ más inaceptable todavía es que en las calles o espacios públicos –con frecuencia– las mujeres son hostigadas, agredidas y víctimas de desaparición forzada, pero que la violencia extrema ocurra al interior de los hogares, es inaudito.

Frente a este panorama, los interrogantes que surgen entonces como miembros de la sociedad son: ¿a qué obedece la persistencia de este fenómeno y por qué ocurre en el entorno familiar? y ¿qué aspectos sociales y culturales no se han tomado en cuenta en el diseño de las políticas públicas y más aún en su aplicación?

En un intento por responder a estos interrogantes, el presente artículo se propone analizar la violencia extrema contra las mujeres y en particular el feminicidio íntimo en el contexto de la pandemia por covid-19, desde que iniciaron en México las medidas de aislamiento entre marzo y octubre de 2020. Metodológicamente, la reflexión tiene un carácter descriptivo cualitativo desde una perspectiva sociocultural; y se presenta en dos niveles: el primero, a partir de las estadísticas publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre violencia contra las mujeres, la Encuesta nacional de seguridad pública urbana (ENSU-2020) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se enfocan en el registro de los tipos de delitos en ese periodo; y el segundo, un análisis de la violencia a la luz de noticias publicadas en algunos diarios nacionales y locales, los informes emitidos por diferentes organizaciones internacionales y nacionales como ONU Mujeres, y de la sociedad civil como México Evalúa y EQUIS-Red Nacional Refugios, entre otras, así como de la bibliografía disponible sobre la violencia contra las mujeres y el feminicidio íntimo.

pandemia y violencia contra las mujeres en cifras

De acuerdo con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la violencia doméstica se define como el control o ejercicio de poder por parte de una persona sobre su pareja en el contexto de una relación sentimental, hasta llegar al uso de la fuerza hacia un niño, niña, pariente mayor u otro miembro de la familia. La violencia doméstica puede incluir diferentes tipos de abuso, como violencia física, sexual, abuso emocional, económico y acoso o acecho.² De acuerdo con las estadísticas, quienes más tienden a padecer este tipo de abuso son las mujeres en cuyos casos extremos, terminan siendo asesinadas por su esposo, pareja sentimental o compañero íntimo.

Los estudios sobre este tipo de asesinatos, definidos como feminicidios, muestran que en su mayoría son ejecutados por hombres y un alto porcentaje ocurre en el ámbito privado. Se trata de la expresión más cruda de la violencia contra las mujeres por su condición de género, es decir, por la posición de desventaja y subordinación que cultural e históricamente ha determinado a las mujeres con respecto a los hombres en la sociedad.³

En el contexto de la pandemia, las estadísticas disponibles señalan que la escalada de violencia en los hogares pasó de ofensas y palabras altisonantes, a las agresiones físicas y en algunos casos al asesinato. Según la información estadística sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911, publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre se recibieron alrededor de 221 323 llamadas vinculadas con probables incidentes de violencia contra las mujeres a nivel nacional, incidentes que podían ir desde golpes, amenazas, violencia sexual, acoso u hostigamiento o privación de la libertad, las cuales ocurrieron tanto en la vida pública como en la privada.⁴ Este número de llamadas tuvo un incremento significativo respecto a las llamadas similares en 2019, que fue de aproximadamente 197 693 y de 172 210 en 2018; dicho aumento fue monumental en estados como Chihuahua, Estado de México y Ciudad de México.

De ese total de llamadas durante la pandemia, 4 325 estuvieron asociadas con denuncias por abuso sexual; 7 122 por acoso u hostigamiento sexual y 3 071 relacionadas con incidentes de violación. En lo que respecta a violencia de pareja, definida en el reporte como como: “Agresión infligida por la pareja que incluye maltrato físico, sexual o emocional y comportamientos controladores por un compañero íntimo”, hubo 200 967 llamadas, de las cuales se destacan con mayor frecuencia las provenientes de la Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Veracruz (Cuadro 1).

Es importante considerar que, si bien un porcentaje de estas denuncias pueden resultar falsas –tener un registro erróneo dado que muchas de ellas no son propiamente emergencias, o los/as operadores de los centros que las reciben tienden, en ocasiones, a duplicar la información–, los datos que provee el 911 contribuyen a nutrir el estudio de incidencia delictiva y complementar las cifras de las carpetas de investigación y las encuestas de victimización para tener una mejor medición de la incidencia delictiva en el país.⁵

De ahí que los datos que aquí se examinan nos permiten hacer un estimado de las conductas, atentados y actos, que muchos individuos, hombres y mujeres en el contexto de la pandemia, decidieron denunciar.

Cuadro 1

Llamadas telefónicas al 911. Denuncias relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres (32 entidades federativas)

elaboración a partir de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “Información sobre violencia contra las mujeres e incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911”, op. cit.

Por su parte, en lo que respecta a presuntos delitos de violencia intrafamiliar, se registraron entre enero y octubre alrededor de 184 462 casos a nivel nacional, los cuales aumentaron 3.4% respecto del año pasado e incluyen tanto a hombres como a mujeres. En este sentido, vale la pena mencionar que la incidencia delictiva a la que se refiere el Informe que provee estos datos, corresponde a la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas iniciadas o carpetas de investigación reportadas por las procuradurías de justicia y fiscalías generales de las entidades federativas en el caso del fuero común y por la Fiscalía General de la República en el fuero federal. Por lo tanto, utilizamos otras fuentes oficiales para contrastar los datos y ofrecer un panorama más cercano a la realidad.

Así, comparando esta información con la ENSU, se estima que, entre enero y septiembre, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar.⁶ De enero a septiembre de 2020, meses en los que es más notable la violencia en el entorno familiar, fueron agosto y junio con 2%, seguido de julio con 1.9 por ciento.⁷

De acuerdo con el tipo de violencia que padecieron, de enero a agosto de 2020 se advierte que 5.4% de las personas de 18 años y más, en zonas urbanas, fueron violentadas con ofensas o humillaciones por parte de algún miembro de su hogar. En mujeres, este porcentaje fue de 6.6%, mientras que en hombres de 4%. Si bien la mayoría de las agresiones se concentran en violencia verbal, es importante destacar que la violencia es gradual; así, 2.1% declaró haber sido golpeada o agredida físicamente en el entorno familiar⁸ (Cuadro 2).

En relación con los/as agresores/as, identificados por la población de 18 años y más que sufrió violencia en el entorno familiar, el/la principal agresor/a miembro del hogar, fueron personas sin parentesco especificado: 43.9%; en segundo lugar se destaca la identificación del/la esposo/a o pareja sentimental: 22.9%; en tercer lugar se menciona a otro familiar, que representa 17.9%, seguido por hermano/a con 11.6% y la madre con 10.5 por ciento (Cuadro 3).

Cuadro 2

Violencia padecida en el entorno familiar (población mayor de 18 años, zonas urbanas) (enero - agosto 2020)

elaboración con base en Inegi, Encuesta nacional de seguridad pública urbana, septiembre de 2020 [https://www.inegi.org.mx/programas/ensu/], fecha de consulta: 17 de noviembre de 2020.

Cuadro 3

Tipo de agresor en entorno familiar (población mayor de 18 años, zonas urbanas) (enero-agosto de 2020)

elaboración con base en Inegi, ENSU, op. cit.

Es importante resaltar que la ENSU es un instrumento que enfoca la medición de percepciones y experiencias sobre seguridad pública en zonas urbanas, ya que, de acuerdo con los resultados obtenidos por la Encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública (ENVIPE), la mayor parte de los casos de victimización en el país ocurren en zonas de elevada densidad poblacional. En este sentido, existe una diferenciación por sexo en la proporción de población de 18 años y más que sufrió violencia en el entorno familiar, pues las mujeres señalaron en mayor medida que el/la principal agresor/a era su esposo/a, pareja sentimental en 25.3%, otro familiar 19.3% y el hermano/a en 11.8%; en el caso de los hombres 18.5% declaró haber sido agredido por su esposo/a o pareja sentimental; 15.2% por otro familiar y 11.3% por un hermano/a⁹ (Cuadro 4).

Cuadro 4

Percepción tipo de agresor en entorno familiar (población mayor de 18 años, zonas urbanas) (enero/agosto 2020)

elaboración con base en Inegi, ENSU, op. cit.

Ahora bien, en relación con los atentados contra la vida y la integridad de las personas, el Informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana registra 48 279 presuntas mujeres víctimas de lesiones dolosas, 12 036 de lesiones culposas y 777 feminicidios a nivel nacional, equivalente a 1.19 asesinatos por cada cien mil mujeres, con un alto incremento en el Estado de México, seguido de Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Puebla¹⁰ (Cuadro 5).

Cuadro 5

Tendencia de mujeres víctimas de lesiones y feminicidio en las 32 entidades federativas

elaboración a partir de “Información sobre violencia contra las mujeres e Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911”, cuya información está basada en los reportes de las procuradurías o las fiscalías de los 32 estados [https://drive.google.com/file/d/1err78aRUv63aU1_HipYKE_VgAcEdC2tN/view], fecha de consulta: 20 de noviembre de 2020.

En el Estado de México se registró, entre enero y octubre, el mayor número de feminicidios con 119; le siguen Veracruz con 71, la Ciudad de México con 61, Nuevo León con 57, Jalisco con 47, Puebla con 44, Baja California, Chihuahua y Morelos con 29, así como Oaxaca con 26. Al final de la lista están Querétaro y Zacatecas con 8, Yucatán con 6, Tlaxcala con 5, Campeche con 3, así como Aguascalientes y Baja California Sur con 2 feminicidios registrados cada uno¹¹ (Gráfica 1).

Este número de asesinatos de mujeres fue ligeramente menor respecto de los años anteriores, cuando se registraron 937 feminicidios en 2019 y 892 en 2018 en todo el territorio nacional, pero considerando que el conteo de los años anteriores se hizo de enero a diciembre, mientras que para 2020 apenas llega a octubre, podemos inferir que hay un aumento relativo.¹² Además, si consideramos que la mayoría de la población se encontraba en aislamiento, se puede afirmar que la mayor parte de esos feminicidios ocurrieron en el espacio privado.

Gráfica 1
Presuntos delitos de feminicidio en las 32 entidades federativas
elaboración a partir de “Información sobre violencia contra las mujeres e Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911”, op. cit.

Sumado a ello, otro dato relevante que nos proporciona el Reporte de Incidencia delictiva actualizado en noviembre, es el tipo de arma que se utilizó para la comisión de los delitos contra la vida. En el caso de los feminicidios que tuvieron lugar durante la pandemia a nivel nacional, 168 fueron ejecutados con armas de fuego, 144 se cometieron con arma blanca; en 404 casos se utilizó otro elemento que podía ser una piedra, una varilla u otro objeto contundente, e incluso las manos; y en 50 casos esta información no se especifica en el reporte. En el caso de los asesinatos ejecutados con arma de fuego, con mayor recurrencia se dieron en Nuevo León (25), Estado de México (17), Puebla (12), Jalisco (10), San Luis Potosí (10) y Sonora (10). Mientras que en los que se utilizó un arma blanca con mayor frecuencia fueron los ocurridos en Jalisco (17), Estado de México (15), Ciudad de México (12) y Nuevo León (11). Finalmente, en los estados donde se cometieron feminicidios utilizando otros elementos u objetos contundentes son Estado de México (87), Veracruz (71), Puebla (25), Nuevo León (21), Jalisco (19) y Colima (14).¹³

En suma, los datos que ofrecemos en este apartado revelan los alcances de la violencia contra las mujeres y su expresión más atroz, el feminicidio. Aunque se trata de los primeros informes que emitieron las instancias gubernamentales –pese a las limitaciones de funcionamiento por las medidas de sana distancia emitidas a partir de marzo–, nos ayudan a realizar por lo menos un estimado de la violencia que ocurrió especialmente en el ámbito familiar y a no soslayar un tema prioritario en nuestra sociedad.

Sin duda, sabemos que es necesario considerar aspectos que debe contemplar un estudio cuantitativo de carácter académico, como el desglose de los datos en el caso de los feminicidios íntimos, que el periodo del levantamiento no representa la totalidad de los meses para establecer mediciones anuales más precisas y que en ocasiones las cifras que ofrecen las procuradurías o fiscalías no fueron entregadas de manera oportuna o claramente especificadas. También estamos conscientes del subregistro de estos delitos por inoperancia de la administración de justicia y porque no todas las muertes violentas de mujeres son clasificadas como feminicidio, y a ello se suman las desapariciones forzadas, entre otras violencias documentadas; sin embargo, esta información resulta útil para fines de reflexión sobre el tema que aquí nos ocupa y que, como veremos en el siguiente apartado, presenta varias aristas de lo que se denomina violencia estructural.¹⁴

los saldos sociales y culturales de la pandemia

El informe emitido en noviembre por ONU Mujeres, señala que desde que comenzó la pandemia se disparó la tendencia de la violencia contra las mujeres en el mundo; en Nigeria y en Sudáfrica se dispararon las violaciones; en Perú aumentaron las desapariciones de mujeres; y en Brasil y en México, los feminicidios.¹⁵

No hay duda de que la evidencia estadística es importante para conocer la tendencia durante la pandemia, pero lo que realmente nos sugieren estos datos –y más aún, constatan– es el problema estructural de la violencia contra las mujeres y las niñas en México. Una violencia, sin desconocer la ejercida hacia los niños, los adultos mayores o los mismos varones, constituye un fenómeno más complejo dado que se trata de una violencia contra las mujeres por el hecho de serlo. En otros términos, un tipo de violencia que se produce como resultado de expectativas normativas sobre los roles asociados con lo femenino y lo masculino, junto con las relaciones desiguales de poder.¹⁶ Una violencia de carácter histórico, que no ha podido ser erradicada a pesar de las campañas gubernamentales, la lucha de los movimientos de mujeres o el feminismo, la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; y las modificaciones jurídicas, como la introducción de la figura de feminicidio en el Código Penal de la Ciudad de México (2011) y en el Código Federal (2012), entre muchas otras normas y legislación.

Desde que fue visibilizada, en la década de 1970, y cuando aparecieron progresivamente los cuerpos torturados, violados y mutilados de mujeres víctimas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la década de 1990, no solamente se revelaron los extremos de esa violencia, sino las formas más sutiles y estremecedoras de su expresión, que van desde la violencia económica o financiera, étnica, psicológica o emocional, la violencia sexual y la física, hasta llegar al asesinato.¹⁷

Prueba de ello son las noticias difundidas a lo largo de estos meses en el contexto del confinamiento, con encabezados como: “Mata a su madre, guarda el cadáver en una maleta y lo tira a la calle en Ciudad de México, porque se resistió a darle dinero para drogarse”, registró El Diario, el 24 de marzo; “Estudiante de derecho, asesinada por su propio primo en Nayarit, quien ingresó a la vivienda en horas de la mañana y le asestó 39 puñaladas”, publicó Milenio, el 25 de mayo; “Mujer de 28 años de edad, fue golpeada y herida con arma punzocortante por su conyugue, un hombre de 33 años que al ser detenido afirmó: ‘ella me apuñaló primero’”, notificó el Diario Plaza Juárez en Hidalgo, el 13 de julio; y “Una mujer fue encontrada desnuda y sin vida en un departamento de la colonia Ocho Cedros en Toluca, Estado de México, quien tras discutir con su pareja sentimental, habría sido asesinada a puñaladas en el baño”, difundió La Jornada del Estado de México el 10 de noviembre.¹⁸

Pero más allá de competir con la nota roja, lo que me interesa señalar es el tipo de hechos que evidencia la pandemia: por una parte, que la violencia contra las mujeres en México trasciende el problema de inseguridad que vive el país con la delincuencia común y el crimen organizado; por otra, que la violencia extrema se ha incrementado en el ámbito doméstico, en el hogar y con la familia, espacios en los que tradicionalmente las mujeres cumplen un papel fundamental y tendrían que sentirse protegidas; finalmente, que los mecanismos legales y/o judiciales disponibles resultan insuficientes, cuando no inoperantes, para prevenir, sancionar y erradicar la conducta de los agresores.¹⁹

Asimismo, también expone que si bien las mujeres –e incluso niñas y niños– se encuentran resguardados del contagio del virus en su casa, en algunos casos se mantienen en riesgo porque conviven con sus agresores y potenciales verdugos: que pueden ser parejas, familiares o personas cercanas a su entorno social; en un ambiente de tensión y conflictos que fomenta la ansiedad y el miedo permanente. Muchas mujeres padecen violencia doméstica al extremo de morir a manos de quienes dependen, aman o cuidan.

Los conflictos conyugales en ocasiones han llegado a un punto tan irresoluble que pareciera que la salida más próxima es la violencia letal; lo que resulta angustiante es la constatación de que el peligro para las víctimas de violencia está también en casa o en su entorno familiar. ¿Pero por qué se ha llegado a tales extremos? Parece claro que, como señala Judith Butler, “las mujeres son asesinadas no en función de lo que hacen, sino de lo que se percibe que son y por la jerarquía que tienen en un sistema dominado por los hombres”.²⁰

En este sentido, algunas especialistas en el tema han afirmado que la violencia hacia las mujeres en el espacio doméstico es el resultado de un desequilibrio de poder entre individuos en el contexto familiar. Según Irma Saucedo, los hechos violentos al interior de la familia no están corporeizados en los sujetos hombre y mujer, sino en los sujetos investidos de poder y autoridad para mantener un orden que garantice la jerarquía en un entorno de convivencia. De manera que la violencia en el ámbito doméstico, es efecto del “poder que mantiene un orden social capitalista y sexista en las sociedades modernas de tradición judeo-cristiana”.²¹ Un orden marcado por la división sexual del trabajo y la distinción simbólica y estructural de la experiencia humana en una esfera privada e íntima; y una esfera pública donde la regulación de las relaciones se deposita en el Estado y sus instituciones.²² En consecuencia, la distinción simbólica y estructural de las esferas privada e íntima separada de la pública, hace que los actos violentos sean “regulados” al interior de las familias y las unidades domésticas por el poder cultural y contextualmente asignados a los sujetos sobre la base de la posición que ocupan en tanto género y generación en el ámbito doméstico.

Así, como lo han demostrado los principales aportes de los estudios feministas, la violencia hacia las mujeres tiende a ser perpetrada principalmente por hombres, porque se ejerce dentro del ámbito de una sociedad en la cual ellos pueden desplegar su poder sobre las mujeres y los menores de una forma sexualizada.

Este poder sexualizado funciona en todos los ámbitos del imaginario y la práctica social, de tal manera que se utiliza como arma de guerra e instrumento de humillación contra países enteros al violar a sus mujeres; como mecanismo de control de las mujeres en el espacio público; y como mecanismo de control sobre mujeres y menores en el espacio doméstico.²³

Durante el confinamiento por la pandemia, las mujeres son violentadas y en casos extremos asesinadas por sus parejas hombres, muchas veces por el intento de éstos de moldear a los familiares, por la dificultad de afrontar las frustraciones que ocurren en el ámbito familiar y en función de la no correspondencia de la expectativa cultural masculina. En otras palabras, los agresores que por lo general conviven en ambientes violentos, intentan cumplir el mandato patriarcal del poder basado en el ejercicio de la fuerza física y supremacía sobre los miembros más “vulnerables” como las mujeres y los menores.

En este contexto, el feminicidio se convierte en el culmen de un ciclo de múltiples violencias que se manifiestan de diversas formas y representa la manera más dramática del ejercicio de ese poder, con el fin de aleccionar a todas las mujeres sobre los riesgos de desafiar “el delicado equilibrio asimétrico” en el hogar.²⁴

Sumado a esto, también se encuentra la infranqueable creencia de los hombres de poseer el cuerpo y controlar la sexualidad de las mujeres, de ahí el permanente temor a la infidelidad femenina o miedo al abandono que los lleva a actos extremos, lo cual parece mantener “intacta” la noción ancestral de defensa del honor masculino basado en la “virtud” femenina y en el uso de la fuerza como característica de la hombría para defenderlo.

Desde tiempos coloniales, la violencia conyugal –entendida no como una desviación sino como una práctica normal del comportamiento de género– era un patrón generalizado; y más que hablar de la violencia como ataques pasajeros de cólera sin motivos o como un comportamiento patológico, se consideraba parte de los derechos sociales de los hombres y sus obligaciones de género. “Era un valor fundamental de la masculinidad, de su honorabilidad y una práctica común de construcción de la identidad”.²⁵

Durante el siglo XVIII, los malos tratos a las esposas formaban parte de las cualidades de la masculinidad, aunque en “los procesos judiciales de la época, las mujeres se empeñaron en condenar actos tales como: el trato vulgar, los golpes, el escándalo público, las amenazas de muerte, la falta de respeto a los hijos, las calumnias personales y familiares, el expulsarlas de la casa conyugal y la imposición de concubinas”.²⁶ En otras palabras, por un lado estaban los maltratos físicos como los golpes; por el otro, el maltrato verbal y psicológico como la celotipia, las amenazas y las calumnias. A lo largo del siglo XIX, el varón continuó siendo la autoridad máxima en el hogar y la mujer la aceptaba. En dicha sociedad eran “valorados el carácter masculino fuerte y su autoridad sobre la sumisión femenina; sin embargo, como en todo proceso social, la difusa frontera entre autoridad masculina como cualidad positiva y maltrato femenino como cualidad negativa, marcó la compleja historia de la violencia conyugal decimonónica”.²⁷

En las primeras décadas del siglo XX, la violencia conyugal estaba permitida por el Estado mexicano, siempre y cuando el hombre tuviera causa justa para aplicarla, de tal manera que por momentos parecía que el maltrato leve, los golpes, los castigos y los actos de crueldad no severos, eran consentidos. Además, como la mujer debía obediencia a su marido, los comportamientos femeninos que demostraban libertad en el actuar podían ser fuertemente castigados con todo tipo de maltratos. “Los esposos no soportaban ver a sus mujeres en la calle, paseando por la alameda, visitando a sus parientes, atendiendo a extraños o realizando compras que ellos no hubieran consentido”.²⁸ En las siguientes décadas estos patrones no se modificaron sustancialmente y, por el contrario, las autoridades tendieron a hacer caso omiso al maltrato en el ámbito doméstico, incluso, la legislación penal continuó disculpando a los maridos que asesinaban a sus esposas bajo la sospecha o constatación de infidelidad; en función de la defensa del honor y la moral familiar, por lo menos hasta la década de 1970.²⁹

De alguna manera, el legado de esos tiempos parece seguir presente en la cultura patriarcal que promueve, y en ocasiones exalta, una masculinidad negativa basada en el uso de la fuerza para resolver los conflictos cotidianos en el hogar y con la familia. De ahí que continúe existiendo una tolerancia hacia la violencia en el ámbito social y familiar que tiende a ser normalizada y consecuencia de los conflictos conyugales. Así, se puede constatar en el testimonio del casero del departamento del feminicidio de Ocho Cedros en Toluca, quien al declarar como testigo dijo: “Escuché una discusión fuerte y pensé que era como la de cualquier matrimonio, pero no fue así, vi salir al chavo como si nada durante el día y luego ella ya estaba muerta”.³⁰ O la del feminicida de Ingrid Escamilla en la colonia Vallejo de la Ciudad de México, quien relató a las autoridades lo siguiente: “discutimos porque me reclamó que yo estaba tomando y me dijo que me iba a matar y tomó un cuchillo y me lo enterró. Yo le quité el cuchillo y luego [...] me entró el diablo”.³¹

La violencia tiende a considerarse parte de las prerrogativas de la autoridad masculina en la familia, basadas en la subordinación de las mujeres a ese dominio. La condescendencia de la sociedad frente al uso de la fuerza física constante, y a veces excesiva, de los padres o esposos en la esfera privada en connivencia con normas legales que disculpan a los agresores o feminicidas, ha posibilitado que las representaciones de una masculinidad negativa y las desigualdades de género se reproduzcan como un continuum.

Pero no sólo eso. Desde que se desató el brote por covid-19, la magnitud de la violencia hacia las mujeres ha demostrado ser la consecuencia de problemas estructurales que incluyen prácticas y normas discriminatorias que socavan las oportunidades de mujeres y niñas en el acceso a la educación, a la salud, a ingresos e independencia y a la capacidad de decisión sobre sus cuerpos, pero también a la falta de protección y acceso a la justicia.

Un estudio reciente constató que durante el confinamiento en México, la violencia de género se potenció a raíz de que muchas mujeres perdieron el empleo, lo que provocó conflictos con sus parejas frente a la dificultad de ellos de proveer el hogar. En muchos casos, el conflicto se “solucionó”, reforzando las normas tradicionales de género, con lo cual aumentaron exponencialmente las actividades de cuidado y limpieza para las mujeres. La situación se veía agravada, en otros casos, “por la frustración de los varones, dada la falta de ingresos, por el encierro y el consumo de alcohol y sustancias que aumentó al asociarse con el tiempo en el que no se trabajaba”.³²

De igual forma, el aislamiento contribuyó a que las mujeres, víctimas de violencia, enfrentaran obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pudieran salvar sus vidas, ya que se ampliaron las posibilidades de los agresores para controlar a sus parejas aprovechando que no podían acudir a sus redes de apoyo y con la certeza de que no serían denunciados, en tanto las instituciones de procuración de justicia permanecían cerradas o funcionaban con escaso personal. Por tanto, el riesgo de feminicidio era alto y, en muchos casos, inminente.

En ese sentido, es importante señalar que la falta de atención y acceso a la justicia fue otro factor que contribuyó durante la pandemia a que se elevaran los feminicidios, pues muchas mujeres que habían solicitado ordenes de restricción en materia familiar y en materia penal, no les fueron renovadas o se dejaron de emitir. Por ejemplo, de los 32 estados solamente en 17 el Poder Judicial estableció guardias para la emisión de órdenes de protección, en dos de las 32 entidades el Poder Judicial no planteó explícitamente las guardias para la emisión de órdenes de protección; y en 13, no informaron sobre sus procedimientos como parte de su plan de contingencia sanitaria. El resto, dejaron de funcionar o simplemente no atendieron los casos.³³ En cuanto a las medidas de protección en materia penal, de los 32 poderes, únicamente cinco (Baja California Sur, Morelos, Nayarit, Querétaro y Tamaulipas) tomaron en consideración la necesidad de contar con personal para ratificar medidas de protección emitidas por ministerios públicos. Otros ocho estados (Aguascalientes, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, México, San Luis Potosí y Sonora) no lo hicieron de manera explícita, y el resto de las entidades (19) las omitieron. Esto es particularmente preocupante en tanto las medidas de protección en el proceso penal tienen como fin proteger a la víctima, por lo que constituyen herramientas pertinentes para prevenir que la violencia escale.³⁴

Sumado a este panorama, se halló la falta de recursos de los centros de apoyo para proporcionar servicios de emergencia a las víctimas, además de la limitada capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para hacer frente a las necesidades que requieren las mujeres y las niñas víctimas de esa violencia. En una entrevista, la directora de la Red Nacional de Refugios señaló que varias mujeres llamaron a una línea de gobierno y no las escucharon, no les dieron la atención o no les ofrecieron refugio. En otros casos, el Ministerio Público y jueces les indicaron que mejor debían quedarse en su casa porque los refugios no tenían dinero y podían quedarse sin comer.

También se cancelaron citas jurídicas o análisis de expedientes arguyendo que no tenían tiempo ni capacidad para asistirlas. En ocasiones, las mujeres fueron remitidas a la Fiscalía en donde para atenderlas, las hicieron esperar en la calle durante muchas horas, con el riesgo del consabido contagio y de la violencia.³⁵

En suma, como se observa, son varias las causas del aumento de la violencia hacia las mujeres y el feminicidio en México durante la contingencia sanitaria por covid-19, aspectos que si bien estaban presentes en el país, contribuyeron a agudizarla, con el agravante de que en el futuro su erradicación será más compleja. Nuestra sociedad se encuentra en un atolladero entre la persistencia de estructuras socioculturales que reproducen desigualdades de género con un alto costo para las mujeres; y la falta de recursos económicos, así como la incapacidad de las instituciones del Estado para enfrentar esa violencia tanto en el contexto de la pandemia como fuera de ella.

reflexiones finales

En este trabajo nos propusimos analizar la violencia hacia las mujeres, y en particular el feminicidio íntimo en tiempos de pandemia, desde una perspectiva sociocultural, utilizando como fuentes los recientes informes oficiales que muestran el incremento de la violencia en el espacio doméstico; así como la prensa y la bibliografía disponible sobre el tema. Consciente de que todavía hay mucho que explorar sobre el fenómeno y que no hay resultados definitivos hasta la fecha en que se escribió este artículo, se propone como un texto para el debate que será enriquecido por estudios posteriores.

Mientras tanto, vale la pena enfatizar en los hallazgos de este acercamiento y en los aspectos que contribuyeron al aumento exponencial de la violencia contra las mujeres y el feminicidio. En primer lugar, la constatación de una violencia estructural en México desde hace ya varias décadas, y que afecta de manera directa a las mujeres y las niñas, especialmente con prácticas y normas discriminatorias, que obstaculizan el avance hacia una sociedad más igualitaria, como falta de oportunidades en el acceso a la educación, a salud integral, a ingresos justos y formales e independencia y a la capacidad de decisión sobre sus cuerpos.

En segundo lugar y vinculado a lo anterior, se encuentra la permanencia de estructuras culturales en las que se advierten rupturas, pero también continuidades, pues parece claro que los efectos más perversos de la pandemia no han sido únicamente el daño en la salud o la muerte por el contagio del covid-19, sino una enfermedad más compleja que se encuentra en nuestra cultura y que se resiste a abandonarnos, una enfermedad que se llama machismo.

Así, lo que el confinamiento demuestra es que no sólo el crimen organizado ni la delincuencia común o la psicopatía de algunos individuos contribuye a mantener la violencia contra las mujeres, sino que ésta se ve agravada por la reproducción de patrones de una masculinidad hegemónica basada en el uso de la fuerza para resolver los conflictos en muchos hogares, en su mayoría urbanos. De esta forma, lo que revelaron las cifras oficiales es que los actos violentos son generados al interior de las familias y las unidades domésticas, por el poder cultural y contextual asignado a los hombres sobre la base de la posición que ocupan en tanto género en el ámbito doméstico. Y que la violencia hacia las mujeres tiende a ser perpetrada principalmente por hombres, porque se ejerce dentro del ámbito de una sociedad en la cual ellos pueden desplegar su poder sobre las mujeres y los menores de una forma sexualizada.

Finalmente, la consigna #QuedatenCasa demostró –una vez más– que el aumento de la violencia de género obedece a la escasa e ineficiente atención y acceso de las mujeres a la justicia. Pues si bien la emergencia sanitaria requería el despliegue del Estado en cuanto a recursos económicos y humanos, los efectos perversos de la pandemia al interior de los hogares también demandaba que las medidas de control punitivo se reforzaran o, por lo menos, se mantuvieran para frenar la violencia hacia las mujeres y las niñas, la cual en muchos casos es letal.

Agradecimientos

* Agradezco a l@s evaluador@s del texto por las sugerencias y recomendaciones para mejorarlo. Asimismo, a la maestra María Alejandra Cortés por la buena disposición para leerlo y hacer puntuales comentarios que enriquecieron mi reflexión.

Referencias

Julia Monárrez Fragoso, “Feminicidio sexual sistémico: impunidad histórica constante en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores”, Estado & comunes. Revista de políticas y problemas públicos, núm. 8, vol. 1, enero-junio, Quito, 2019, pp. 85-110.

Encuesta nacional de seguridad pública urbana (ENSU), Inegi, septiembre de 2020, cuyo propósito es generar información con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la población acerca de la seguridad pública.

Infobae, “México registró 777 feminicidios de enero a octubre de 2020, Estado de México, Veracruz y la CDMX dominan los estados con mayor número de homicidios dolosos contra mujeres” [https://www.infobae.com/america/mexico/2020/11/26/mexico-registro-777-feminicidios-de-enero-a-octubre-de-2020/], fecha de consulta: 26 de noviembre de 2020.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “Información sobre violencia contra las mujeres e Incidencia delictiva y llamadas de emergencia al 911”, op. cit., p. 14.

Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, “Reporte de Incidencia delictiva al mes de octubre 2020”, México, actualizado a noviembre [https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva], fecha de consulta: 17 de diciembre de 2020.

SWI swissinfo.ch, “La violencia contra las mujeres se dispara, la otra cara del coronavirus” [https://www.swissinfo.ch/spa/la-violencia-contra-las-mujeres-se-dispara--la-otra-cara-del-coronavirus/46179016], fecha de consulta: 26 de noviembre de 2020.

Francesca Poggi, “Sobre el concepto de violencia de género y su relevancia para el derecho”, DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, núm. 42, 2019, pp. 285-307.

Marta Torres Falcón (comp.), Violencia contra las mujeres en contextos urbanos y rurales, México, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, El Colegio de México, 2004.

Gerardo Miranda, “Mató a puñaladas a su pareja en Colonia 8 Cedros”, 10 de noviembre de 2020 [Tolucahttps://estadodemexico.jornada.com.mx/mato-a-punaladas-a-su-pareja-en-colonia-8-cedros-toluca/], fecha de consulta: 21 de noviembre de 2020.

Irma Saucedo, “Violencia de género en el ámbito doméstico. Una propuesta de análisis teórico-feminista”, Isonomía, 12(1), 2005, pp. 59-72.

Irma Saucedo, “La violencia contra las mujeres. Conceptualización y datos”, en Irma Saucedo (coord.), La violencia contra las mujeres en México. ¿Qué debemos saber sobre este tema?, México, PUEG-UNAM/ONU Mujeres, 2011, pp. 35-36.

La expresión es de Rita Segato, “¿Qué es un feminicidio? Notas para un debate emergente”, Serie Antropología, 2006 [https://www.nodo50.org/codoacodo/enero2010/segato.pdf], fecha de consulta: 27 de abril de 2021.

Ana Lidia García Peña, El fracaso del amor. Género e individualismo en el siglo XIX mexicano, México, El Colegio de México/Universidad Autónoma del Estado de México, 2006, pp. 62-63.

Mayra Lizzete Vidales, Legalidad, género y violencia contra las mujeres en Sinaloa durante el porfiriato, México, Universidad Autónoma de Sinaloa/Instituto Sinoalense de las Mujeres/Plaza y Valdés, 2009.

Saydi Núñez Cetina, “Entre la emoción y el honor: crimen pasional, género y justicia en la Ciudad de México, 1929-1971”, Revista de Estudios de Historia Moderna y Contemporánea, núm. 50, 2015, pp. 28-44.

Gerardo Miranda, “Mató a puñaladas a su pareja en Colonia 8 Cedros”, op. cit.

“Esto sabemos del feminicidio de Ingrid Escamilla en la GAM”, Milenio, 11 de febrero de 2020 [https://www.milenio.com/policia/ingrid-escamilla-vargas-paso-feminicidio-gam-cdmx], fecha de consulta: 27 de noviembre de 2020.

Cristina Herrera, “Cambios y continuidades en las violencias contra mujeres y niñas durante la pandemia de covid-19 en México”, Coyuntura Demográfica (19), 2021, pp. 71-76 [https://cieg.unam.mx/covid-genero/pdf/reflexiones/academia/61-cambios-continuidades-en-violencias-contra-mujeres.pdf], fecha de consulta: 27 de abril de 2021.

EQUIS/INTR/Red Nacional Refugios, Las dos pandemias. Violencia contra las mujeres en México, en el contexto de covid-19, 2020 [https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/08/informe-dospandemiasmexico.pdf], fecha de consulta: 17 de octubre de 2020.

EQUIS/INTR/Red Nacional Refugios, (Des) protección judicial en tiempos del covid-19 [https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2020/03/DESProteccion_Informe.pdf], fecha de consulta: 25 de abril de 2021.

Elvia González, “Covid-19 y violencia contra las mujeres. Expediente de la pandemia”, Ibero, núm. 55, “El recuento de los daños: 200 días de covid-19 en México”, pp. 46-65 [http://revistas.ibero.mx/ibero/uploads/volumenes/55/pdf/covid-19-y-violencia-contra-las-mujeres.pdf?fbclid=IwAR3K0GQjBbHlz0JC_JnF7Gxe_X2wp6lF7p4O78UXpf7j7o9oItKa4sMAnPk], fecha de consulta: 27 de abril de 2021.

Notas