introducción

Desde mediados de 2006, México se ha visto envuelto en el torbellino de violencia desatado por la “guerra contra el narco” lanzada por el primer presidente panista, Vicente Fox Quesada, en la etapa final de su sexenio,¹ y continuada a una escala mucho mayor por su correligionario, Felipe Calderón Hinojosa, quien, como afirman varios analistas, vislumbró en la conflagración la posibilidad de obtener el reconocimiento y la legitimidad regateados por un gran porcentaje de la población como resultado del cuestionado proceso electoral de ese año.²

Como es sabido, la estrategia de la administración calderonista se enfocó en la captura o aniquilación de los capos del crimen organizado, aunque sin intentar siquiera escudriñar la vasta red de empresarios, políticos y funcionarios públicos que, como lo señalan numerosas investigaciones periodísticas,³ estaban ligados a los cárteles, ni solucionar los acuciantes “problemas internos en el gobierno como la corrupción e impunidad en las instituciones de seguridad y el sistema judicial”.⁴

Por si fuera poco, tal como lo han sugerido autores como Astorga, Ríos, Trejo y Ley,⁵ la decadencia del régimen de partido hegemónico –y la subsecuente alternancia electoral federal y estatal–, causó el progresivo desmantelamiento de los sistemas de control formales e informales instituidos por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a lo largo del siglo XX, lo que a su vez favoreció la diseminación de la violencia debido a la fragmentación del poder político, situación agravada por la subsecuente descoordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno y los conflictos poselectorales derivados de la competencia partidista,⁶ todo lo cual posibilitó la autonomía y fortalecimiento de los grupos delincuenciales.⁷

Aun cuando esta premisa es esgrimida de forma reiterada en distintos trabajos, ciertos autores opinan que es necesario matizar sus alcances, pues algunos indicadores muestran discrepancias significativas, por ejemplo, cuando la mirada se centra en los ámbitos estatal y municipal. Por ello, esta investigación se pregunta cuáles fueron los factores que propiciaron el desbordamiento de la criminalidad en Veracruz y qué papel tuvo este fenómeno en el fin del régimen de partido único en la entidad.

Desde esta perspectiva, el artículo sugiere que en el estado de Veracruz, el binomio “alternancia electoral + violencia” transitó por un proceso cuyo recorrido tuvo, hasta cierto punto, un sentido inverso al observado a escala federal, pues en esta entidad el priismo se mantuvo como la fuerza hegemónica, hasta que la indignación causada por la aparente connivencia entre la clase política y la delincuencia organizada, la brutal violencia padecida por la ciudadanía, y la desmesurada corrupción de las dos últimas administraciones priistas, confluyeron en un repudio generalizado contra el PRI, que se tradujo en las derrotas ante el Partido Acción Nacional (PAN, 2016), y frente al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, 2018).

Sin embargo, la llegada al poder de la oposición no se reflejó en una transformación sustancial del sistema de procuración de justicia, ni en la formulación de políticas públicas para erradicar la corrupción y terminar con la impunidad: por el contrario, en la “transición” mexicana prevalece una astenia institucional⁸ generalizada, pues los nuevos gobiernos renunciaron a la posibilidad de perseguir los delitos cometidos durante el priato.⁹

Desde esta perspectiva, el estudio se basa en la revisión de los textos de aquellos académicos que en fechas recientes analizaron el fenómeno de la violencia en la entidad veracruzana y, sobre todo, en el análisis de los materiales producidos por organizaciones foráneas y medios de información que desde hace años dan cuenta de lo ocurrido en tierras jarochas, ya que por la ominosa y hermética naturaleza del objeto de estudio y la opacidad de los actores involucrados, resultan las más apropiadas para escudriñar sus oquedades.

Con ese objetivo, la investigación recurre a los postulados de la historia del presente, corriente teórico-metodológica que alude a la “posibilidad de [hacer] un análisis histórico de la realidad social” contemporánea, en la que confluyen “una relación de coetaneidad entre la historia vivida y la escritura misma de la historia”, es decir, entre quienes participan en los hechos y quienes los analizan y explican,¹⁰ con el propósito de atisbar, como lo señala Fazio Vengoa,¹¹ los procesos y las coyunturas que determinan el curso de los acontecimientos.

méxico, veracruz y la guerra contra las drogas

A principios de este siglo, mientras el país atestiguaba eufórico el inicio de su hipotética transición a la democracia, el estado de Veracruz permanecía bajo el firme dominio del gobernador priista Miguel Alemán Velasco, quien en 2004 entregó la estafeta de la administración estatal a su cofrade Fidel Herrera Beltrán. Durante el primer tercio de su mandato, Herrera Beltrán logró mantener al estado al margen del caos desatado por la “guerra contra el narco” lanzada por el gobiermo federal,¹² lo que cimentó su imagen como un líder eficaz y carismático, ello le granjeó un respaldo popular sin precedentes,¹³ al grado tal que numerosos columnistas locales¹⁴ afirmaban que el mandatario jarocho tenía posibilidades de ser postulado por el PRI para contender por la presidencia en 2012.

Gracias a su enorme aceptación, Herrera Beltrán consiguió edificar un “régimen político semiautoritario”, que destruyó “la institucionalidad del Estado”, el sistema de justicia y “toda noción de ciudadanía”, e “inauguró una forma de captura” del aparato gubernamental, con lo cual el gobernante y su camarilla pudieron disponer de las rentas estatales a su antojo, lo que no sólo les permitió asegurar la continuidad de su proyecto, sino que los alentó a intentar expandir su influencia política al ámbito nacional.¹⁵

Empero, los sueños de “la fidelidad”¹⁶ comenzaron a desvanecerse en 2006,¹⁷ cuando aparecieron los primeros signos de descomposición en la entidad, que explotó en marzo de 2007,¹⁸ cuando tras un evento hípico celebrado a poca distancia del puerto de Veracruz, se suscitó una balacera entre presuntos integrantes de la delincuencia organizada.¹⁹ Aunque en un primer momento el incidente fue visto como un hecho aislado, en las semanas que siguieron varios jefes policiacos fueron asesinados,²⁰ y ocurrieron múltiples enfrentamientos en diversos puntos de la zona conurbada.²¹

En los años siguientes, Veracruz quedó sumergido en una marejada de violencia, con frecuentes combates²² entre las fuerzas del orden y grupos de sicarios, así como numerosas desapariciones –incluso de funcionarios federales–²³ y ejecuciones.²⁴ La impunidad con la que actuaban los criminales y la desidia del gobierno veracruzano para enfrentarlos, alimentó los rumores de la existencia de lazos de complicidad entre los delincuentes, la policía²⁵ y las más altas instancias gubernamentales,²⁶ tal como lo señalaron distintos medios de comunicación nacionales,²⁷ lo que hundió en el descrédito a Herrera Beltrán y sepultó sus aspiraciones de ser el candidato presidencial de su partido.

Las malas cuentas del mandatario veracruzano presagiaban una debacle para el PRI en las elecciones estatales de 2010; no obstante, contra todos los pronósticos, la aceitada maquinaria electoral del partido oficial corroboró su consabida eficacia y consiguió la victoria de su candidato, Javier Duarte de Ochoa, quien se impuso al abanderado del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, enemigo acérrimo del gobernador saliente. A diferencia de Herrera Beltrán y de Yunes Linares, políticos a la vieja usanza, Duarte de Ochoa era un tecnócrata cuya llegada al poder sólo podía explicarse por su cercanía con su antecesor.

La victoria del cordobés le granjeó la simpatía del presidente Peña Nieto, para quien el novel mandatario representaba –junto con Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo; César Duarte Jáquez, de Chihuahua; y Fernando Ortega Bernés, de Campeche, entre otros– “una generación nueva” que encabezaría el “proceso de renovación del partido”.²⁸ Para mala fortuna del telegénico mexiquense, todos los mencionados terminarían su gestión envueltos en escándalos de corrupción.²⁹

Más allá de lo anterior, lo cierto es que desde el inicio de su administración, Duarte de Ochoa tuvo que enfrentar la violencia originada por la lucha entre las bandas criminales que se disputaban las plazas más importantes del territorio veracruzano,³⁰ y los enfrentamientos entre éstas y las fuerzas federales.³¹ Por tanto, apenas asumió el cargo, el gobernante ordenó la disolución de algunas corporaciones policiacas municipales que, como se dijo, eran sospechosas de servir al crimen organizado.³²

Por las mismas fechas, en julio de 2011, “Los Matazetas”³³ anunciaron su llegada a Veracruz mediante un video difundido a través de las redes sociales. En la grabación, el grupo prometía “limpiar” la entidad de forajidos,³⁴ amenaza que cumplió de forma metódica, eficaz y vertiginosa, lo que alimentó las sospechas de que dichos personajes actuaban en coordinación con las fuerzas federales³⁵ que se habían hecho cargo de la seguridad pública en las prin-cipales ciudades.³⁶

En opinión de Duncan, la inusitada brutalidad de Los Zetas obligó al gobierno federal a involucrarse a fondo en el conflicto, en un intento por “reducir el desorden que causaba la violencia desbordada”;³⁷ sin embargo, otros autores sostienen que el verdadero motivo de la intervención de la administración calderonista fue “abrirle las puertas” a los enemigos de “la última letra” para que se apoderaran de la lucrativa plaza veracruzana, como puede inferirse de los cargos formulados en 2019 por Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón Hinojosa.³⁸

Especulaciones aparte, lo cierto es que la contienda entre los cárteles sacudió a la sociedad veracruzana,³⁹ provocando una psicosis colectiva⁴⁰ que alcanzó su punto culminante el “jueves negro” (25 de agosto de 2011), cuando Facebook y Twitter se inundaron de mensajes que alertaban de enfrentamientos a lo largo y ancho del puerto de Veracruz, Alvarado y Antón Lizardo, así como de granadazos y secuestro de niños en las escuelas de la zona.⁴¹ Aunque al parecer los rumores eran infundados, Duarte de Ochoa aprovechó la oportunidad para tratar de censurar la información que circulaba en la web.⁴²

Todo ello, aunado a las desavenencias del gobernador con un enorme sector de la prensa veracruzana –debido a los numerosos periodistas asesinados y desaparecidos durante su administración–,⁴³ terminó por hundir la ya de por sí muy desgastada imagen del priista, lo que anticipaba una derrota sin precedentes en un estado que desde siempre había sido considerado uno de los principales bastiones del régimen “emanado de la Revolución”.

el fin del régimen de partido único en veracruz

En ese contexto, el proceso electoral de 2016 representaba una prueba de fuego para el priismo veracruzano, tanto por el rechazo popular a Javier Duarte de Ochoa, como por la mala imagen del presidente Peña Nieto, cuya pésima gestión –plagada de escándalos y equívocos–, complicaba aún más la posibilidad de retener la gubernatura jarocha, condición sine qua non para que el Revolucionario Institucional contendiera con esperanzas de triunfo en los comicios presidenciales de 2018, pues debido a su enorme población, la entidad veracruzana constituye el cuarto padrón electoral a escala nacional.

Así, en las elecciones estatales de aquel año se enfrentaron el priista Héctor Yunes Landa –excolaborador de Herrera Beltrán y Duarte de Ochoa–, Cuitláhuac García Jiménez, candidato de Morena cuyo mayor –en realidad, el único– mérito era ser un fiel seguidor del líder populista Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y el panista Miguel Ángel Yunes Linares, cuya campaña se basó en la promesa de castigar la corrupción de los fidelistas y duartistas y resolver la gravísima condición de inseguridad prevaleciente.

Para entonces, Duarte de Ochoa enfrentaba una crisis sin precedentes, puesto que a la violencia ejercida por los cárteles se sumaban el hallazgo de decenas de fosas clandestinas –con innumerables restos de personas presumiblemente ultimadas por la delincuencia organizada–,⁴⁴ los “levantones” –desapariciones– realizados por los grupos criminales⁴⁵ y las fuerzas estatales,⁴⁶ así como los numerosos escándalos de corrupción en su gobierno, lo que obligó a los senadores del PRI a pedir que se investigara a su correligionario,⁴⁷ en un desesperado intento por desligarse de él para retener la gubernatura.

Un día antes de la jornada electoral se reportaron múltiples incidentes violentos, orquestados, según la oposición, por los operadores del gobierno estatal, que pretendían desalentar a los votantes y que el PRI pudiera usar su maquinaria electoral para favorecer a Yunes Landa;⁴⁸ no obstante, los funestos resultados de las dos últimas administraciones priistas,⁴⁹ aunados a la imparable avalancha de terror que se vivía en la entidad, fueron un escollo insuperable aun para los curtidos “mapaches” del partido oficial, que tras 86 años de dominio incontestable, tuvo que reconocer la victoria del Partido Acción Nacional.

En los primeros meses de su mandato, Yunes Linares se dedicó a perseguir a muchos de los colaboradores de su antecesor, gracias a las pistas proporcionadas por distintos exfuncionarios menores, quienes accededieron a cooperar con él a cambio de impunidad.⁵⁰ Simultáneamente, algunos medios de comunicación,⁵¹ organizaciones de la sociedad civil⁵² y colectivos de víctimas⁵³ rastreaban las huellas de la corrupción y la represión orquestadas por el régimen duartista. Sólo entonces pudieron conocerse las dimensiones de las atrocidades cometidas durante la gestión del último gobernador priista.⁵⁴

Aunque inicialmente el “caso Duarte” favoreció a Yunes Linares, con el paso de los meses los errores en los procesos judiciales en contra del mandatario y varios de sus colaboradores alimentaron las críticas de los detractores del panista, quienes afirmaban que su gobierno únicamente se sostenía en los ataques a sus antecesores,⁵⁵ pero sin conseguir resultados concretos en materia de seguridad pública⁵⁶ y crecimiento económico, por lo cual la inseguridad y la falta de empleo cundieron en toda la entidad veracruzana.

En consecuencia, en el transcurso de su corto mandato,⁵⁷ Yunes Linares fue incapaz de solucionar la grave situación del estado, lo que provocó una creciente desilusión entre sus simpatizantes, e impulsó el rápido crecimiento de Morena en la entidad. La popularidad del controvertido político panista⁵⁸ decayó todavía más cuando el PAN designó a su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, para competir por la gubernatura para las elecciones estatales de 2018, lo que desató una andanada de reproches frente a lo que a todas luces era un descarado acto de nepotismo.⁵⁹

La caída de la imagen del gobernador, en conjunto con el formidable arrastre a escala nacional del candidato presidencial y líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, impulsaron la figura de Cuitláhuac García Jiménez, cuya campaña se basó en denostar a Yunes Linares por su ineptitud y su intento de retener el poder “heredándole” el cargo a su hijo. Fue así como, tras décadas de gobiernos priistas, en apenas dos años, el estado de Veracruz experimentó una doble alternancia electoral: del PRI al PAN en 2016, y del PAN a Morena en 2018.

Como sucedió a escala federal con AMLO, García Jiménez inició su gobierno con un amplio apoyo popular; empero, apenas un día después de los comicios, el novel mandatario comenzó a levantar suspicacias entre los veracruzanos, al declarar que en el proceso contra Duarte de Ochoa se había abusado “de eso para ganar votos, simpatías”,⁶⁰ a pesar del cúmulo de evidencias en contra del exgobernador y su círculo. Por si fuera poco –tal como lo hizo Yunes Linares–,⁶¹ apenas unas semanas más tarde la administración morenista integró en su equipo a reconocidos priistas, incluyendo personajes vinculados con los desfalcos al erario.⁶²

Más allá de lo anterior, lo cierto es que en los primeros meses del gobierno de García Jiménez, la violencia en la entidad veracruzana escaló a un nivel similar al de los peores días del duartismo: en consecuencia, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 3 de abril de 2019, se cometieron más de 581 asesinatos⁶³ y un total de 70 feminicidios.⁶⁴

Por si fuera poco, tras un operativo aparentemente exitoso de la Fuerza Civil en Misantla –en el que fueron abatidos tres delincuentes–,⁶⁵ el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) colocó numerosas mantas en diversas ciudades del estado, en las que afirmaba que los agentes policiacos habían ultimado a sus hombres cuando éstos ya se habían rendido, y además, acusaba a altos funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de haber pactado con los remanentes de Los Zetas para combatir a los jaliscienses.⁶⁶

Días más tarde, grupos de sicarios arremetieron contra las fuerzas del orden en múltiples puntos de la entidad, como Tierra Blanca, Tlalixcoyan,⁶⁷ Jáltipan⁶⁸ y Córdoba,⁶⁹ bloquearon la circulación entre esta última población y el puerto de Veracruz;⁷⁰ además, vandalizaron algunas unidades de transporte foráneo de la ruta Jáltipan-Acayucan.⁷¹ La virulencia de los embates fue tal, que en Minatitlán, los cuarteles de la policía fueron desalojados como medida preventiva.⁷²

Aunque García Jiménez trató de minimizar los hechos asegurando que su gobierno tenía la situación bajo control, los ataques ocasionaron un gran temor entre los habitantes de las poblaciones afectadas, ante la posibilidad de que los delincuentes perpetraran más agresiones, por lo que en ciudades como Córdoba y Orizaba decenas de bares y cantinas cerraron sus puertas para evitar algún contratiempo.⁷³

Por otra parte, varios medios de comunicación dieron a conocer una grabación en la que un presunto integrante de la Fuerza Civil le reclamaba a uno de sus comandantes la falta de recursos para enfrentar a los criminales, aduciendo que la corporación enviaba a sus elementos al “matadero”, ya que “los malandros saben que nos vamos a mover y nos están esperando”, así como por la escasez de unidades adecuadas y hasta de refacciones.⁷⁴

Ante las críticas suscitadas a escala nacional, el Senado de la República pidió al gobernador veracruzano que explicara públicamente su estrategia de seguridad. Como lo ha hecho desde que asumió el poder, García Jiménez atribuyó la violencia a la complicidad de los gobiernos anteriores con el crimen organizado, y culpó al titular de la Fiscalía del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz –nombrado en dicho puesto por Yunes Linares–, por la falta de resultados en procuración de justicia.

Cabe señalar que en 2019, tras un proceso plagado de irregularidades, el Congreso del Estado –dominado por los morenistas– destituyó a Winckler Ortiz,⁷⁵ y designó en su lugar a Verónica Hernández Giadáns. La investidura de la joven abogada desconcertó a muchos por su inexperiencia en materia judicial,⁷⁶ pero luego la extrañeza se transformó en conmoción cuando se supo que la fiscal tenía vínculos familiares con la cabecilla de un grupo delictivo.⁷⁷

Pese a las excusas de García Jiménez, el clima de terror prevaleciente en la entidad provocó que la empresa farmacéutica Pfizer emitiera una alerta para sus trabajadores en el extranjero, previniéndoles de viajar a Xalapa, Veracruz, Poza Rica y Coatzacoalcos,⁷⁸ esta última fue considerada en 2021 una de las 50 urbes más peligrosas del mundo.⁷⁹ Además, por las mismas fechas se supo de diversos episodios en los que, supuestamente, algunos elementos de la Fuerza Civil incurrieron en graves violaciones a los derechos humanos,⁸⁰ prácticas que, al parecer, han sido replicadas por otras corporaciones policiacas estatales.⁸¹ Lo anterior, aunado a los escándalos en torno a distintos miembros de su círculo más cercano, ha tenido un efecto demoledor en la popularidad del mandatario veracruzano, que apenas en el primer tercio de su administración había dilapidado ya buena parte del enorme respaldo con el que llegó al poder, lo que lo situó como el octavo gobernador peor evaluado del país,⁸² declive que en los años siguientes se agudizó, hasta colocarlo en la cuarta posición.⁸³

un ominoso panorama

Aunque en los últimos dos años la violencia en la entidad pareciera circuns-cribirse a ciertas zonas como los corredores Orizaba-Xalapa y Coatzacoalcos-Minatitlán, las masacres⁸⁴ y las ejecuciones continúan,⁸⁵ lo mismo las agresiones en contra de comunicadores y luchadores sociales, como lo muestran los casos de los activistas Abiram Hernández86 y Adán Vez Lira,⁸⁷ y los periodistas Celestino Ruiz,⁸⁸ Ma. Elena Ferral,⁸⁹ Julio Valdivia,⁹⁰ Yesenia Mollinedo y Johana García.⁹¹

Todavía peor, las liberaciones del exsecretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita,⁹² y del exfiscal Luis Ángel Bravo⁹³ –acusados de graves violaciones a los derechos humanos durante los sexenios de Herrera Beltrán y Duarte de Ochoa– evidencian la falta de voluntad de las instituciones del Estado para procesar, juzgar y castigar a los servidores públicos que presuntamente incurrieron en conductas delictivas, así como para ofrecer a las víctimas de estos hechos opciones factibles para la reparación de los daños sufridos.

Por ello, puede decirse que al llegar al poder, tanto la derecha como la izquierda olvidaron sus promesas de justicia y prefirieron, por diferentes motivos, conservar prácticamente intacto el entramado de complicidades heredado del priismo, tal como lo dejó ver Calderón Hinojosa, cuando afirmó que durante el mandato de Herrera Beltrán⁹⁴ las autoridades veracruzanas “entregaron la policía estatal y las municipales a Los Zetas”.⁹⁵ Dado que los sexenios de ambos personajes transcurrieron casi en paralelo, cabría preguntarse por qué la federación no tomó cartas en el asunto.⁹⁶

Aunque a inicios de su mandato García Jiménez prometió reactivar la economía del estado y reducir la violencia, esta última continúa enseñoreándose en vastas zonas del territorio mexicano, incluyendo Veracruz, como lo demostraron los fuertes enfrentamientos suscitados en los últimos meses de 2022 en Córdoba, una de las principales ciudades de la zona centro de la entidad; y los ataques perpetrados a inicios de 2023 en contra de varios bares en Poza Rica, importante población del norte del estado.

Por si fuera poco, en mayo de este año se dio a conocer que el gobierno de Veracruz adjudicó numerosos contratos a varias empresas fantasma, mediante un modus operandi similar al empleado en su momento por Duarte de Ochoa, lo que supondría un desfalco al erario por unos 439 millones de pesos.⁹⁷

radiografía del horror: las cifras

Para dimensionar adecuadamente los alcances del proceso de descomposición institucional gestado en los 15 años en el estado de Veracruz, es preciso analizar el impacto causado por este fenómeno en la seguridad humana⁹⁸ de sus habitantes. En este sentido, es pertinente mencionar que en los primeros años de este siglo, la tasa de homicidios en la entidad se había reducido gradualmente, pasando de 6.13 en el 2000, a 4.49 en el 2008.⁹⁹

Incluso, de acuerdo con fuentes oficiales, en el sexenio de Miguel Alemán Velasco se registraron más asesinatos que durante la administración de Herrera Beltrán (2 837 frente a 2 778); dichas cifras deben tomarse con reservas, puesto que entre enero de 2001 y diciembre de 2007 algunos datos sugieren un comportamiento anormal en la relación entre homicidios dolosos y homicidios culposos:

[...] se observa que un aumento (o disminución) en los homicidios dolosos de un mes a otro se refleja en un aumento (o disminución) en los culposos. La existencia de una relación positiva entre las tasas de ambos delitos se podría vincular a un efecto de sustitución. En otras palabras, es posible que las autoridades de Veracruz hayan manipulado los registros de homicidios, clasificando homicidios dolosos en culposos.¹⁰⁰

Esta hipótesis resulta plausible si se considera que entre 2006 y 2012, las autoridades estatales enviaron 5 245 cuerpos a la fosa común, cifra considerablemente más elevada que la reportada por otras entidades que vivían una situación grave de violencia como Nuevo León (2 990), o mucho más pobladas como la Ciudad de México (1 253). De hecho, en el mismo periodo, el puerto de Veracruz superó a Monterrey como la urbe con más cuerpos no identificados (3 748 frente a 1 505) del país. En la tercera posición se ubicó Xalapa, con 960 cadáveres.¹⁰¹

Aunque la mayor parte de esas víctimas fueron hombres, la violencia contra las mujeres también aumentó de forma desmesurada: mientras que de 2000 a 2014 ocurrieron 1 196 asesinatos de mujeres y niñas (79.73),¹⁰² entre 2014 y 2016 se registraron 318 (106), lo que colocó a Veracruz en el sexto lugar a escala nacional¹⁰³ y obligó a las autoridades a emitir la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Violencia Feminicida en 58 municipios de la entidad. Aun así, entre 2017 y 2022 hubo otros 548 casos.

En cuanto a las desapariciones, según los cálculos de la Comisión de la Verdad de Veracruz, en el periodo 2004-2016 hubo cinco mil víctimas, cifra que podría representar sólo una fracción de un universo mucho mayor, pues entre 2011 y 2013 las autoridades deliberadamente ocultaron, manipularon o simplemente ignoraron unas tres mil denuncias relacionadas con dicho delito, por lo que algunos colectivos de búsqueda estiman que el número total oscilaría entre cuatro mil y 20 mil personas. Por ello, no es de sorprender que la Procuraduría General de la República informara en 2015 que de cada cuatro desapariciones en el país, una sucedía en Veracruz.¹⁰⁴

En relación con lo anterior, es oportuno decir que la falta de una base de datos confiable es aprovechada en diversas ocasiones por las autoridades veracruzanas para minimizar la crisis de inseguridad en el estado y desacreditar los datos de las organizaciones no gubernamentales y las asociaciones de familiares de víctimas; no obstante, incluso considerando únicamente los datos oficiales, la catástrofe es innegable: mientras que en 2010 hubo 583 homicidios dolosos, en 2017 fueron 1 722.

Más todavía: de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2011 y julio de 2019, ocurrieron “8 897 homicidios dolosos, 1 180 secuestros y 413 feminicidios”.¹⁰⁵ Con todo, el indicador más claro de la tragedia en Veracruz es el de las fosas clandestinas, delito que por sus particularidades exhibe como ningún otro la impunidad de sus perpetradores y la indolencia de las autoridades, pero sobre todo la vulnerabilidad de los afectados. Tras la irrupción del crimen organizado, el número de entierros ilegales se multiplicó: si entre 2009 y 2014 “sólo” se hallaron 20 fosas con 69 cuerpos,¹⁰⁶ en los seis años posteriores se contabilizaron 661 enterramientos con 978 osamentas, cifra que aumentó todavía más al finalizar los trabajos de excavación en las fosas de Colinas de Santa Fe (Veracruz) y El Arbolillo (Alvarado), de las que se exhumaron 615 cadáveres.¹⁰⁷

Más allá de la ignominiosa frialdad de los números, la virulenta degradación político-institucional ocurrida en Veracruz y otros estados, exige un análisis exhaustivo en torno de la naturaleza y los alcances de los vínculos entre la delincuencia organizada, el poder político y el sector empresarial, con miras a tratar de dilucidar su naturaleza: ¿son relaciones coyunturales, o estructuras de larga data que operan de manera sistemática?, o peor aún, constituyen un sistema institucionalizado, consustancial al Estado,¹⁰⁸ en el que los gobiernos en turno y ciertos agentes privados se valen de las organizaciones criminales para asegurar el dominio y explotación de áreas determinadas.¹⁰⁹

En cualquier caso, es válido afirmar que, tal como ocurrió en las últimas décadas a escala nacional, en Veracruz la alternancia electoral no logró socavar los cimientos de la democracia iliberal¹¹⁰ edificada por el “régimen de la Revolución” en el siglo XX, pues salvo por ciertos avances puntuales, a lo largo y ancho del país continúan muchas de las prácticas instauradas por el priismo, lo que configura un escenario en el que la delincuencia organizada y el Estado se disputan la potestad “del derecho de matar”, donde la población está a merced de un entramado de poderes fácticos que la somete y la violenta.¹¹¹

Así, en la actualidad proliferan en el país múltiples “organizaciones difusas y polimorfas”, auténticas “máquinas de guerra” que gracias a sus conexiones político-empresariales, se han arrogado diversas “funciones legales e ilegales”, que “mediante capturas y depredaciones” obtienen inmensas ganancias. Lo anterior, aunado a la escasa cultura cívica y democrática de la inmensa mayoría de la población, la falta de medios independientes y la inoperancia de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, ha configurado un “ecosistema” proclive a la “reconfiguración cooptada del Estado”.¹¹³

A escasos días del final del sexenio, el panorama es desolador, no sólo por el rotundo fracaso de las políticas y estrategias de pacificación¹¹⁴ y seguridad¹¹⁵ del gobierno morenista, sino porque en estos años se evidenciaron como nunca los estrechos lazos que unen a las distintas facciones de la clase política: así, mientras que el morenismo incorporó en sus filas a varios priistas de cuestionable trayectoria,¹¹⁶ en las pasadas elecciones federales el PAN y el PRD formaron una alianza contra natura con el PRI, su némesis hasta hace poco, en tanto que en Veracruz, la gobernadora electa, Rocío Nahle García, acogió en su equipo a conspicuos integrantes de la fidelidad y el duartismo.¹¹⁷

comentarios finales

En estas páginas se presentó un panorama del proceso de alternancia electoral sucedido en los últimos años en el estado de Veracruz, México, y su relación con el estallido de violencia provocado por la entrada de distintas bandas delincuenciales en la entidad, como resultado del complejo entramado de complicidades existente entre dichas organizaciones y los actores políticos; y en un segundo momento, por el rompimiento de los acuerdos establecidos entre unos y otros, todo lo cual configuró un escenario de terror y muerte en la entidad que, desafortunadamente, hasta el momento permanece incólume.

Por otra parte, más allá de las dinámicas propias del narcotráfico y las disputas político-electorales, existen otros factores que inciden en la prevalencia de la barbarie, por ejemplo, la complicidad entre los cárteles y ciertas empresas nacionales y extranjeras y funcionarios públicos, relaciones que les permiten a dichos grupos “blanquear” sus ganancias e incursionar en otras actividades, como el robo y comercio ilegal de combustible, la trata de personas y la producción de piratería, incluso la prestación de servicios a empresas del Estado como Pemex y la propia Secretaría de Seguridad de Veracruz.¹¹⁸

Como colofón, debo decir que en este sexenio, al tiempo que las fuerzas armadas asumieron el control de numerosas áreas de la función pública, la política federal para enfrentar a la delincuencia organizada se ha reducido a acciones de contención, por lo que vastas zonas del territorio nacional han caído o permanecen bajo el dominio de la delincuencia organizada, lo que ha dado pie a que se especule acerca de nuevas ententes entre el poder político y el criminal,¹¹⁹ hipótesis plausible en vista de la inacción gubernamental para abatir el lavado de dinero y el tráfico de influencias. En este sentido, episodios como el “Caso Cienfuegos”,¹²⁰ el affaire “Rocha Moya-Mayo Zambada”, y el errático manejo del caso de los “43 de Ayotzinapa” por parte del gobierno federal,¹²¹ constituyen signos preocupantes de la imposibilidad de romper con las ataduras del pasado, así como de una suerte de gatopardismo de las cúpulas partidistas, concertado tal vez con la idea de procurar una transición “tersa” a la democracia, pero que en los hechos ha conseguido justamente lo contrario: hacer de México una nación cada día más violenta¹²² y por ende, cada vez más corrupta e impune.¹²³

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Notas

Información adicional

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