introducción: la crisis de los opioides del siglo xxi como problema público en estados unidos

A lo largo del siglo XXI, Estados Unidos enfrenta una de las crisis por consumo de drogas más catastróficas de su historia. Desde 1999 las muertes por sobredosis aumentaron considerablemente: pasaron de 16 800, en ese año, a más de 106 000 en el 2021.¹ Este incremento en el número de decesos por consumo de drogas tiene su explicación en lo que denominamos “la crisis de los opioides² del siglo XXI”, para diferenciarla de otras etapas de consumo masivo de opiáceos y opioides como el de la morfina en la segunda mitad del siglo XIX,³ y la heroína entre 1920 y 1930⁴ y el repunte de la década de 1980.⁵ La nueva crisis de los opioides del siglo XXI comenzó en la década de 1990 y se caracteriza por tres momentos: la prescripción irresponsable de opioides para el tratamiento del dolor, el aumento en el consumo de la heroína y el crecimiento exponencial en el consumo y muertes por sobredosis de fentanilo ilícito.

De 2013 a 2014 se incrementaron 16% las muertes vinculadas con prescripciones de opioides y también se elevaron 28% los decesos relacionados con abuso de heroína. De igual manera, las muertes que involucraban sobredosis de fentanilo y/o tramadol se dispararon 79% según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS por sus siglas en inglés).⁶ Estos datos mostraban un avance desmedido de la crisis de los opioides y sus terribles consecuencias para la sociedad estadounidense, especialmente entre los sectores juveniles de la población y también las comunidades más marginadas. Aunque los casos de sobredosis de fentanilo ya se habían documentado cuando menos desde la década de 1980, fue en el 2014 cuando comenzó un incremento considerable de las muertes por sobredosis asociadas con este opioide, como se muestra en la gráfica 1. Para el 2015, el fentanilo⁷ se convirtió en la causa número uno de muertes por sobredosis, desplazando a sustancias como la heroína o las metanfetaminas.

Gráfica 1
Muertes por sobredosis de opioides,principalmente fentanilo, en Estados Unidos
elaboración con datos del National Institute on Drug Abuse.

El problema del consumo y muertes asociadas con el fentanilo en Estados Unidos se enmarca en dos contextos más amplios: el primero es, como se mencionó, la crisis de los opioides del siglo XXI, la cual ha tenido varias olas. El otro es el histórico problema de abuso de drogas de la sociedad estadounidense que se puede remontar, cuando menos, hacia mediados del siglo XIX.⁸ El fentanilo, como parte de estos dos procesos, comenzó a tener gran relevancia en la opinión pública, cobertura en los medios de comunicación y tratamiento en el gobierno estadounidense desde el 2014, por ello se toma esta fecha para iniciar el análisis de la política de drogas de Estados Unidos en lo relativo a los opioides, especialmente fentanilo.

La narrativa dominante en Estados Unidos destaca que la principal razón del aumento en el consumo y sobredosis se encuentra en factores externos como la producción y distribución ilegal de opioides hacia su territorio desde China y México, países a los cuales ha señalado en diferentes ocasiones como el origen del problema⁹ y a los que exhorta a realizar mayores esfuerzos para combatir la fabricación y contrabando de drogas sintéticas.¹⁰ Este tipo de argumentos se traducen en el impulso, planteamiento, consolidación y ejecución de políticas que consideran el tema de las drogas como un problema de seguridad pública o de seguridad nacional, fortaleciendo narrativas y acciones que han promovido los paradigmas de seguridad, securitización y vigilancia, desde la esfera estatal, en todo el mundo, usando el asunto de las drogas –especialmente su oferta– como pretexto para implementar acciones de contención en el sentido de preservar el interés y la seguridad nacional, consolidando un discurso y régimen internacional de drogas de corte criminalizador.¹¹

Por otro lado, en la opinión pública,¹² la sociedad civil,¹³ e incluso en la academia,¹⁴ también se enfatiza que la respuesta recurrente de Estados Unidos para hacer frente al problema de las drogas en su territorio ha sido el combate a la oferta de las mismas, por medio de operaciones fuera de su territorio, las cuales han afectado la soberanía de otros Estados y han tenido consecuencias sociales graves para los habitantes de los países donde estas acciones –de carácter policiaco, punitivo y militar– se han ejecutado. Sin embargo, ¿hasta qué punto Estados Unidos sigue manteniendo este tipo de política de drogas que privilegia el combate a la oferta –manteniendo el discurso de la seguridad nacional y la criminalización de la oferta y demanda de drogas– frente a otras posibilidades que pueden centrarse en otros aspectos más allá de la narrativa de seguridad?, ¿cómo resolver el problema de drogas en Estados Unidos fuera del discurso de seguridad pública y seguridad nacional?, ¿cómo replantear el enfoque tradicional de política de drogas estadounidense de corte criminalizador?

Este artículo se desarrolla a partir de la siguiente pregunta: ¿de qué manera el asunto de la crisis de los opioides, centrada en el tema del fentanilo, modifica la política de drogas en Estados Unidos? Se sostiene que, aunque Estados Unidos mantiene un discurso público y criminalizador que señala a otros países como los responsables directos de su problema con las drogas (en lo que concierne a fentanilo, México y China), en los hechos se ha visto forzado a destacar cada vez más el problema principal de las muertes por sobredosis de fentanilo: el consumo interno masivo y desregulado. El objetivo es mostrar cómo Estados Unidos, sin abandonar su política de drogas con enfoque en el combate a la oferta de carácter punitivo, policiaco y militar, complementa su acción política tradicional con un enfoque de prevención, tratamiento y reducción de daños. Es decir, se busca enfatizar cómo Estados Unidos transita de una política de drogas centrada en la seguridad nacional y la seguridad pública hacia un enfoque de salud pública, cuando menos dentro de su territorio. Se pretende también destacar las acciones de salud pública en Estados Unidos para contener la crisis de los opioides para demostrar este cambio. Para exponer con mayor detalle lo anterior, este texto se divide en cuatro apartados: el primero ofrece la perspectiva metodológica que sigue este artículo desde la propuesta del análisis de política de drogas de Alison Ritter. Los tres restantes describen, recopilan y analizan, respectivamente, las principales declaraciones, acciones e iniciativas que las administraciones Obama, Trump y Biden desplegaron respecto al tema del fentanilo desde el 2014. Finalmente, se exponen algunas conclusiones.

el análisis de política de drogas: concepto y método

El término droga se usa para aludir a cierta gama de sustancias psicotrópicas. Sin embargo, la palabra encierra una carga negativa, sustentada, muchas veces, sobre una evaluación moral o política que trata de expresar una especie de “naturaleza prohibida” y, por lo tanto, condenable.¹⁵ Desde la óptica descrita, la relación ser humano-droga no es legítima del todo, por lo que se justifica algún tipo de intervención que regule dicha relación.

Las posiciones, acciones y declaraciones de un gobierno que determinan, influyen o moldean la relación de una sociedad con las drogas constituyen un primer marco de referencia para definir lo que se entiende por política de drogas. La importancia de conocer una postura gubernamental se debe a que configura las tendencias sociales, imaginarios colectivos, prácticas individuales, así como usos y abusos de las diferentes sustancias conocidas como drogas. Para este ensayo se usa la propuesta metodológica de Alison Ritter,¹⁶ quien señala que el análisis de la política de drogas se enfoca en la revisión de las intenciones gubernamentales, tal como se documenta en declaraciones oficiales, leyes y regulaciones, así como en la explicación de las decisiones que un gobierno toma para definir el tratamiento que le dará al asunto de las drogas y las maneras concretas en que llevará a cabo dicho tratamiento, en el contexto particular en el que se encuentra. Los elementos que brindan el panorama más concreto de la política de drogas de un Estado son la retórica gubernamental, las acciones implementadas y las regulaciones formuladas.

En sintonía con lo que propone Ritter, el método seguido para la construc-ción de este texto contempló la consulta de diversas declaraciones oficiales contenidas en sitios electrónicos que corresponden a una amplia gama de medios de comunicación. Se accedió también a los principales comunicados oficiales que emitió la Casa Blanca en el periodo 2014-2024 relacionados con el tema de política de drogas y crisis de los opioides, así como minutas, boletines y pronunciamientos del Congreso y Senado de Estados Unidos y algunos estados de la Unión Americana. De esta manera, gran parte de la información localizada pudo ser contrastada o comparada para no hacer uso solamente de la narrativa gubernamental.

Los reportes e informes de organizaciones no gubernamentales vinculadas con la problemática sirvieron también para confrontar algunas declaraciones y datos, así como para mostrar el contexto de reformulación de política de drogas que atraviesa Estados Unidos. Sin embargo, para exponer cómo se mantiene un enfoque punitivo-prohibicionista en el asunto de drogas, se acudió también a información producida por la Drug Enforcement Administration (DEA), los Departamentos de Estado y de Justicia de Estados Unidos, y diferentes comisiones especializadas, entre las que destaca la Comisión para el Combate del Tráfico de Opioides Sintéticos.

De esta manera, toda la información fue recopilada y analizada para construir un seguimiento histórico que diera detalle de las principales acciones que cada administración estadounidense ejecutó desde el 2014 con el fin de reducir el número de muertes por sobredosis en el consumo de opioides al interior de aquel país. La literatura académica y especializada también se consultó para, en primer lugar, tener un punto de partida para el análisis y, segundo, para adentrarse en un contexto más detallado de cómo se aborda el tema de la crisis de los opioides y reforzar o desplazar el planteamiento de este texto.

Alison Ritter¹⁷ sugiere enfocar la mirada en las llamadas drogas ilícitas, es decir, aquellas sustancias que el Estado busca controlar su uso, producción o distribución dentro de un conjunto social por medio de algún tipo de regulación o restricción. Para ello, se deben contemplar las diferentes partes que conforman un determinado sistema político, así como el aparato administrativo concreto que existe dentro del sistema. También deben observarse el entramado jurídico y los diferentes niveles normativos (locales, nacionales y/o internacionales) que operan o influyen en la conformación de las leyes.

Por otro lado, Ritter argumenta que la política de drogas de un gobierno puede clasificarse también de acuerdo con el objetivo que persigue o con el ámbito de acción política que despliega. En el primer rubro pueden apreciarse al menos cuatro áreas: a) reducir la oferta de drogas; b) disminuir la demanda de drogas; c) reducir los daños que se derivan del consumo y la oferta de drogas (como el contexto de criminalidad); y d) prevenir que los miembros de una sociedad se acerquen y/o comiencen a consumir algún tipo de droga. Respecto de los ámbitos de acción política se encuentran las siguientes manifestaciones: a) vigilancia y cumplimiento de las leyes relacionadas con el uso de drogas; b) programas y/o políticas de tratamiento de usuarios; c) programas y/o políticas de reducción de daños; y d) programas y/o políticas de prevención.

De manera tradicional, Estados Unidos ha sido objeto de varios estudios de diversa naturaleza acerca de sus esfuerzos por reducir la oferta de estupefacientes en su territorio, especialmente respecto a operaciones fuera de su país con énfasis en la erradicación de cultivos ilícitos, desmantelamiento de laboratorios clandestinos para sintetizar drogas y el combate frontal a grupos del crimen organizado. Los estudios sobre la llamada “guerra contra las drogas”, especialmente sus efectos sobre América Latina o los países considerados productores, son ejemplo de ello.¹⁸

En cuanto al tema del fentanilo, dentro de la crisis de los opioides del siglo XXI, existen algunos estudios que analizan las causas y consecuencias de esta problemática sanitaria. Destacan dos publicaciones recientes que hacen énfasis en la política de drogas de Estados Unidos y en la respuesta gubernamental para detener las miles de muertes por sobredosis que ocurren cada año. Estos dos textos sirvieron de base para marcar la ruta de exposición de las acciones gubernamentales concretas que se detallan en los siguientes apartados, pero también se mencionan para proporcionar dos estudios a los cuales recurrir para analizar los contextos político, social, clínico e incluso de género, de la crisis de los opioides. El primero, un texto clave, es la compilación de artículos que realizó Sabine Cherenfant,¹⁹ la cual contiene una serie de ensayos que ubican los orígenes de la crisis de los opioides dentro de Estados Unidos y, más precisamente, al interior de su ramo clínico y médico. Un aspecto que debemos destacar es que, si bien se alude al fentanilo fabricado de manera clandestina por grupos del narcotráfico como la sustancia que provoca la muerte por sobredosis, la crisis comenzó en la sobreprescripción de opioides que convirtió en adictos a centenas de miles de estadounidenses. Estas recetas médicas provinieron de consultorios médicos y clínicas bien establecidas, como documenta el libro de Cherenfant.

Otro texto, muy cercano en el tiempo a la elaboración de este artículo, es el de Gail Ukockis,²⁰ quien también ofrece un amplio panorama de los orígenes de la crisis y el contexto político en el que surge, pero dedicando parte de su trabajo a analizar los efectos de los opioides y la respectiva política de drogas sobre ciertas comunidades: niños, mujeres, personas en situación de pobreza, algunas minorías étnicas y comunidades marginadas. Un gran aporte de este texto es hacer ver que, si bien se requiere de una gran respuesta estatal para hacer frente al problema de las muertes por sobredosis a escala nacional, también debe haber una serie de políticas que tomen en cuenta los contextos particulares de las comunidades referidas y establecer medidas sectoriales para brindar mejores y más prontas soluciones.

barack obama: las acciones iniciales

Barack Obama llegó a la Casa Blanca en noviembre de 2008. Destacó por convertirse en el primer presidente de Estados Unidos de origen afroamericano. En el tema del tráfico de drogas, Obama apoyó una de las políticas hacia el exterior más destacadas de la década de 2010: la Iniciativa Mérida, un ambicioso programa de cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y países de Centroamérica para combatir al narcotráfico y el crimen organizado. Dicha iniciativa reforzaba la línea prohibicionista y el combate frontal contra las personas vinculadas con el trasiego de drogas. No obstante, este tipo de esfuerzos fueron criticados por considerarse que no habían sido eficaces y no eran balanceados,²¹ sin mencionar que para países como México habían resultado en una crisis de violencia que, en vez de disminuir el poder de fuego de los grupos del crimen organizado, lo había aumentado. Estos cuestionamientos impulsaron al gobierno de Estados Unidos a contemplar alternativas.

Durante la administración Obama, el problema principal con las drogas fue el consumo y contrabando de heroína. Sin embargo, las acciones del entonces presidente estadounidense para atender la crisis de los opioides comenzaron a destacar hasta el 2015. En ese año, Obama emitió una convocatoria para formar grupos interdisciplinarios de trabajo entre los que hacía un llamado relevante a especialistas del sector salud, con el objetivo de que se capacitaran en un periodo de dos años para atender a los consumidores de opioides. A este llamado se sumaron empresas y organizaciones (como Google o la Major League Baseball) realizando importantes donativos para la causa. De manera interna en el gobierno se giraron órdenes en las diversas dependencias para que, en el ámbito de sus facultades, coadyuvaran a cumplir dos metas: a) brindar los recursos y atenciones necesarias para que los profesionales de la salud se actualizaran en el tema de la prescripción de opioides; y b) mejorar el acceso a los programas de tratamiento y rehabilitación de usuarios de drogas.²²

Una de las medidas más contundentes para frenar la crisis de los opioides durante el periodo de Obama se dio cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley Integral de recuperación y adicciones de 2016 (Comprehensive Addiction and Recovery Act), la cual propuso aumentar la disponibilidad en el mercado de la naloxona (medicamento clave para revertir una sobredosis de fentanilo), fortalecía los programas de monitoreo de prescripción de medicamentos (PDMP por sus siglas en inglés) y brindaba asistencia a los estados en materia de educación y prevención de consumo de drogas. En términos de valoración, la medida contó con un presupuesto aprobado de más de 181 millones de dólares, aunque esta cifra fue considerada por algunos sectores como insuficiente.²³ También se modificaron las atribuciones de las instituciones médicas para obtener datos más precisos sobre los pacientes y los medicamentos que éstos recibían para aliviar sus dolencias.²⁴

Los resultados no fueron los esperados. Las muertes por sobredosis de opioides siguieron en aumento. A inicios de 2016, la administración Obama solicitó al Congreso de Estados Unidos la aprobación de 1 100 millones de dólares para seguir atendiendo el asunto de la crisis de los opioides. Sabiendo que ese año sería el último de su administración, Obama realizó la solicitud para que el gobierno entrante tuviera los recursos necesarios para seguir atendiendo el tema de las muertes por sobredosis de opioides. Cerca de 90% del dinero estaba destinado a los estados, específicamente a sus respectivos sistemas de salud, con el objeto de que se pudiera expandir la atención médica para brindar tratamiento a los usuarios de opioides. La distribución se haría de acuerdo con la gravedad de la crisis que enfrentara cada entidad. El resto del presupuesto estaba dirigido a los proveedores de tratamiento médico y rehabilitación y un apartado para medir la efectividad de los programas.²⁵ Las medidas de Obama para contener el abuso de opioides en la sociedad estadounidense tenían un fuerte componente de reducción de daños, lo cual fue celebrado por algunas organizaciones que habían pugnado por años cambiar el paradigma prohibicionista de la política de drogas de Estados Unidos.²⁶ Medidas como otorgar jeringas nuevas a los usuarios de drogas, la ampliación de la oferta de naloxona o los programas de rehabilitación de consumidores significaban un giro en el tradicional tratamiento público de drogas. No obstante, tampoco era una política más abierta. La penalización del consumo seguía existiendo, lo cual significaba que también se mantenía la criminalización de los usuarios.

En septiembre de 2016, Barack Obama anunció la implementación de la Semana de Concientización sobre la Epidemia de Heroína y Opioides Recetados (Prescription Opioid and Heroin Epidemic Awareness Week). Esta jornada buscó ser un espacio para llamar a la población estadounidense en general, así como a la comunidad internacional, a tomar en cuenta las medidas de prevención gubernamentales para frenar las muertes por sobredosis de opioides. Lo anterior estuvo acompañado de una serie de acciones en las que estuvieron involucrados distintos miembros del gabinete y diferentes secretarías de Estado e instancias gubernamentales. Entre los esfuerzos destacaban los siguientes:²⁷

• • Prevención basada en evidencia y controles focalizados.

  • Reducción de la oferta de fentanilo.

  • Prevenir las sobredosis de fentanilo por medio del uso de naloxona.

  • Expansión del acceso a tratamientos de rehabilitación.

  • Mejorar la salud mental y los tratamientos para usuarios de sustancias para los beneficiarios del programa Tricare.

  • Apoyo a las comunidades rurales e indígenas.

  • Reclutamiento y capacitación de profesionales de la salud.

  • Retiro de opioides de prescripción innecesarios.

Frente a los mínimos resultados, el gobierno de Obama se justificaba diciendo que la oferta de los opioides era bastante abundante y eso hacía complicado cualquier medida de contención para reducir el problema del consumo. A finales de 2016, la administración Obama se acercó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para solicitar el ingreso de dos ingredientes clave del fentanilo a la lista de sustancias controladas de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Desde el Senado se levantaron voces, como la del demócrata Ed Markey, que solicitaban que el asunto del fentanilo fuera el tema prioritario a resolver y pedían también que fuera la principal cuestión política en las relaciones con China y con México.²⁸ Con este tipo de declaraciones y solicitudes se enfatizaba que la raíz del problema era externa.

Para algunos analistas, la administración de Barack Obama tardó demasiado en dar una respuesta al tema de la crisis de los opioides.²⁹ Desde el 2008, año en el que Obama llegó al poder, las sobredosis por drogas, principalmente metanfetaminas y heroína, ya eran un problema serio. No fue sino hasta que las muertes se dispararon que la administración Obama se vio forzada a actuar. Sin embargo, a pesar de los múltiples esfuerzos y los amplios presupuestos destinados para frenar la crisis de los opioides en los últimos tres años de su gestión, la crisis se agravó y sería uno de los principales retos para la siguiente administración.

donald trump: la crisis de salud pública

Al tiempo que Obama realizaba sus últimos esfuerzos institucionales para frenar la tendencia de muertes por sobredosis de opioides en Estados Unidos, se celebraban también en aquel país las elecciones para renovar el gobierno federal. La candidata demócrata Hillary Clinton, partido al que pertenecía Obama, perdió los comicios frente al republicano Donald Trump. El triunfo del empresario causó controversia por las polémicas declaraciones que, cuando era candidato, realizó a lo largo de su campaña. El tema de migración fue especialmente relevante por las posturas antimigratorias de Trump, quien asumió la titularidad del Poder Ejecutivo de Estados Unidos en enero de 2017.

Desde su campaña, Trump había acuñado el término de “bad hombres” para referirse a las personas –de origen mexicano– que introducían fentanilo y otras drogas. Con estas palabras aludía directamente a los llamados cárteles de la droga y enfatizaba la responsabilidad del gobierno mexicano en el asunto de la crisis de los opioides. Esta narrativa fue muy poderosa durante su campaña y también le sirvió una vez que se colocó al frente del gobierno para ganar popularidad y legitimidad en sus acciones. Para algunos autores, el discurso de los “bad hombres” de Trump fue una poderosa estrategia propagandística que se extendió por diversos actores políticos y grupos sociales que apoyaban políticas de drogas de corte punitivo y, por lo tanto, de orden criminalizador.³⁰

Sin embargo, al momento de asumir Trump el poder se habían registrado más de 63 mil muertes por sobredosis en 2016, de las cuales poco menos de 20 mil estaban asociadas con el consumo de opioides, principalmente fentanilo. La crisis de los opioides seguía en aumento, pero el gobierno estadounidense parecía no poner suficiente atención al asunto. De hecho, una de las primeras acciones de Trump fue el intento de eliminar la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (Affordable Care Act, también conocida como Obamacare). No obstante, a lo largo de ese año, el incremento sin precedentes de las cifras de muertes por sobredosis y la prospectiva de un crecimiento todavía mayor hicieron que el gobierno diera un giro al asunto. De esta forma, en marzo de 2017 Trump dio pie a que se estableciera la Comisión del Presidente para la Lucha contra la Adicción a las Drogas y la Crisis de Opioides, la cual tenía como misión “estudiar el alcance y la eficacia de la respuesta federal a la adicción a las drogas y la crisis de opioides y hacer recomendaciones al presidente para mejorar la respuesta”.³¹

En octubre de 2017, Trump declaró a la crisis de los opioides como una emergencia nacional de salud pública. Triunfante ante la prensa, el presidente estadounidense mostró el documento firmado por él, donde se desplegarían una serie de medidas para frenar la ahora crisis sanitaria. El punto central de la iniciativa era la asignación de un mayor presupuesto y la posibilidad de obtener todavía más dinero por medio de la disposición de los recursos de otros programas de salud, como el de la lucha contra el virus de inmunodeficiencia humana.

El documento señalaba que “el presidente Donald J. Trump está movilizando a todo su gobierno para abordar el problema de la adicción a las drogas y el abuso de opioides con la declaración de una Emergencia Nacional de Salud Pública a fin de resolver la crisis de opioides”.³² Entre las acciones que se desplegaron estuvo una serie de instrumentaciones para permitir la telemedicina, es decir, un programa para que las personas pudieran tener consultas médicas a distancia e, incluso, recibir una receta médica de la misma forma. Esto estaba principalmente dirigido para las personas que tenían problema en el abuso de sustancias o contaban con algún padecimiento de salud mental.

También se incluían una serie de disposiciones para eliminar los retrasos burocráticos en el proceso de contratación de personal médico por parte de las instituciones de Salud Pública de Estados Unidos. Otra medida contemplaba asignar recursos, según disponibilidad, al Departamento del Trabajo para ofrecer subsidios a los trabajadores desplazados de su puesto laboral debido a la crisis de los opioides.

Por otra parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) pusieron en marcha una campaña de concientización sobre medicamentos prescritos con el objetivo de llamar nuevamente la atención de que no se debía abusar en los medicamentos –principalmente opioides– para manejar las dolencias. La Administración de Medicamentos y Alimentos emitió una serie de nuevas regulaciones que exigían nuevos requisitos a los fabricantes de opioides con receta. El Departamento de Estado sostuvo reuniones con la industria farmacéutica para contemplar la investigación y desarrollo de analgésicos menos adictivos que pudieran reemplazar a los opioides en el mercado.

Las medidas implementadas, derivadas de la declaratoria de emergencia nacional, fueron bien recibidas y hubo gran ánimo sobre éstas. No obstante, también se señalaba que los esfuerzos no eran suficientes. En especial, el tema del dinero era visto como algo que se otorgaba a cuentagotas. La prensa señalaba que a pesar de que la crisis de los opioides era una prioridad para el gobierno, las muertes se seguían incrementando.³³ Como respuesta a las demandas por un mayor presupuesto, el senador por Pensilvania, Robert Casey, presentó la propuesta de la Ley para Combatir la Epidemia de Opioides (Combatting the Opioid Epidemic Act), la cual buscaba asignar 45 mil millones de dólares para financiar programas de prevención, detección, monitoreo y tratamiento de personas usuarias o adictas a los opioides.³⁴

La Comisión de Trump para la Lucha contra la Adicción a las Drogas y la Crisis de Opioides –conformada por los gobernadores Chris Christie (Nueva Jersey), Charlie Baker (Massachusetts), Roy Cooper (Carolina del Norte), el legislador Patrick J. Keneddy, la doctora Bertha Madras y la procuradora de Florida, Pam Bondi–, presentó su informe final sobre el asunto del problema de los opioides en noviembre de 2017. El informe destacaba las acciones emprendidas por la administración Trump y agrupó en los siguientes bloques las recomendaciones concretas para seguir fortaleciendo el combate a la crisis de los opioides:³⁵

1. • Mantener los fondos federales para los diversos programas de prevención y mejorar la cooperación entre el gobierno federal y los estados.

   • Fortalecer los programas de prevención de consumo de opioides, ampliar la cooperación del Departamento de Educación con los sistemas estatales y fortalecer las estrategias de reducción de oferta de sustancias.

   • Continuar con los tratamientos para adictos a los opioides, medicamentos para revertir sobredosis y métodos de rehabilitación de consumidores de diversas sustancias.

   • Impulsar el ámbito de investigación y desarrollo para desplazar a los opioides como analgésicos.

Las recomendaciones elaboradas por la comisión sintetizaron mucho del panorama que definió la política para frenar la crisis de los opioides emprendida por Trump. Además, fueron en sintonía con la narrativa que en medios de comunicación, sectores académicos y diversos grupos políticos defendían como acciones necesarias que el gobierno debía ejecutar para detener los decesos por sobredosis, así como mejorar una serie de programas como los de monitoreo de drogas, de tratamiento médico asistido, de reducción de abuso de sustancias, de control y aseguramiento de drogas, de prevención y de lucha contra el crimen organizado interno y trasnacional.³⁶

Las acciones de Trump tuvieron un efecto inmediato sobre las cifras de muertes por sobredosis. El 2017 finalizó con 70 mil decesos por sobredosis de drogas; mientras que el 2018 cerró con 67 mil. Aunque la diferencia era mínima, marcaba una clara desaceleración que generaba una buena expectativa frente al desolador contexto. Los datos respaldaban la política de Trump. En el camino de las iniciativas legislativas, Donald Trump firmó en octubre de 2018, un año después de la declaratoria de emergencia nacional de salud pública, la Ley de Prevención de Trastornos por Uso de Sustancias que Promueve la Recuperación y el Tratamiento de Opioides para Pacientes y Comunidades (Substance Use–Disorder Prevention that Promotes Opioid Recovery and Treatment for Patients and Communities Act), también conocida como Ley Support, la cual ampliaba medidas como la telemedicina, los tratamientos médicos y el mejoramiento de los programas de monitoreo de drogas (seguimiento de medicamentos prescritos).³⁷

A lo largo de 2019 volvió a marcarse una tendencia creciente de muertes por sobredosis de opioides. La prensa volvió a señalar que a pesar de ser una prioridad, los decesos seguían ocurriendo. Las críticas por la falta de fondos suficientes para combatir la emergencia sanitaria volvieron sobre la administración de Trump. El presidente estadounidense aseguró a mediados de ese año que su gobierno había destinado más de 1 800 millones de dólares en ayuda directa para que los estados pudieran tener recursos suficientes y atender la problemática de los opioides. Además, afirmó que durante los años fiscales de 2018 y 2019 se habían asegurado al menos seis mil millones de dólares adicionales para prevenir el abuso de sustancias, una variedad de adicciones y servicios de rehabilitación. En cuanto al tráfico ilícito de opioides, durante 2018 el gobierno de Trump aseguró 2.2 toneladas (cinco mil libras) de fentanilo en las fronteras de su país, lo cual equivalía a más de 1 800 millones de dosis letales “suficientes para matar a cada estadounidense cuatro veces”.³⁸ En el tema de acciones contra los traficantes se presumió el desmantelamiento de más de tres mil organizaciones delictivas dedicadas al narcotráfico en el territorio estadounidense.

Una constante de la campaña de Trump contra el fentanilo fueron los reiterados señalamientos que el titular del ejecutivo arrojó en contra del gobierno chino. Desde la perspectiva estadounidense gran parte del problema de la crisis de los opioides se debía a la amplia demanda de fentanilo ilícito que existía en las calles, el cual, según las autoridades estadounidenses, era procesado y contrabandeado desde México por parte grupos del crimen organizado, quienes obtenían los precursores químicos desde China al importarlos ilegalmente. Lo anterior se vio agravado por el contexto de la guerra comercial que iniciaron Estados Unidos y China en marzo de 2018.

Durante la disputa económica se dieron una serie de declaraciones entre los presidentes Trump y Xi Jinping. Particularmente el presidente estadounidense fue muy incisivo en las “recomendaciones” hacia su homólogo chino para frenar la exportación clandestina de fentanilo. En la prensa y redes sociales, Trump instó al gobierno chino a tomar medidas más enérgicas contra los fabricantes de opioides ilícitos. Incluso llegó a sugerir que China debía aplicar la pena de muerte a los narcotraficantes, lo cual traería “resultados increíbles”.³⁹

En los últimos meses de 2019 apareció una nueva variante del coronavirus, denominado SARS-CoV-2, mismo que provocaba la enfermedad llamada covid-19. Fue en China donde los casos del nuevo coronavirus comenzaron a esparcirse de una manera acelerada y fue considerado como el epicentro de contagios que pronto ascendió al grado de pandemia global. En Estados Unidos, el primer caso se registró el 21 de enero de 2020 y desde ese día el número de infectados fue en ascenso en proporciones por millones.

La pandemia provocada por el nuevo coronavirus frenó los esfuerzos en salud para combatir la crisis de los opioides debido a que el sistema sanitario estadounidense tuvo que reorientar sus recursos para hacer frente a esta nueva situación. Los tratamientos, programas de rehabilitación y otros servicios de apoyo en el tema de los opioides se vieron reducidos. Además, el contexto de aislamiento y estrés fueron factores que potenciaban el consumo de diversas drogas y también incrementaban los riesgos de muertes por sobredosis.⁴⁰

Las medidas para enfrentar la crisis de los opioides durante el 2020 tuvieron, además de la pandemia del coronavirus, otro elemento en contra: las elecciones presidenciales. En noviembre de 2020 se celebrarían los comicios para designar al nuevo presidente de Estados Unidos, evento en el cual Trump podía reelegirse por un periodo más de cuatro años o ser relevado en el cargo por uno de sus contrincantes del Partido Demócrata. Se llegó a pensar que la carrera presidencial eclipsaría al asunto de los opioides, sin embargo, el tema se hizo relevante en la opinión pública y la agenda política pero por señalar los enormes fallos de la administración Trump para resolver el asunto. Desde el Senado estadounidense se criticó que a pesar de las abundantes partidas de dinero destinadas al asunto de los opioides, los resultados financieros y sociales eran un completo desastre.⁴¹

Pocas semanas antes de la elección presidencial de Estados Unidos, el CDC reportaba más de 70 mil muertes por sobredosis de drogas, cifra que superaba al total de decesos de 2019. La opinión pública señalaba que Trump había fallado en el tratamiento de la pandemia del coronavirus y que también había fracasado en el problema de los opioides. Estos puntos fueron utilizados por sus críticos para atacar su campaña de reelección. Además, los opositores al republicano llamaban la atención sobre la intención de Trump por derogar la Ley de Asistencia Asequible (Affordable Care Act), lo cual podía dejar en una situación delicada a muchos adictos a los opioides. Se estimaba que cerca del 40% de usuarios que recibían un tratamiento para rehabilitación lo hacían en los términos de dicha ley.⁴²

En noviembre de 2020, tras una larga y disputada jornada, Trump perdía las elecciones para reelegirse como presidente de Estados Unidos. Con 306 votos electorales, frente a los 232 de Donald Trump, el demócrata Joe Biden se convertía en el cuadragésimo sexto presidente de los Estados Unidos, justo en el contexto de los picos más altos de contagios y muertes por el nuevo coronavirus y con un cierre de 2020 que dejaría más de 91 mil decesos por sobredosis de drogas, de los cuales más de 68 mil se debían al consumo de algún tipo de opioide.

joe biden: la doble crisis sanitaria

Joe Biden asumió la presidencia de Estados Unidos el 20 de enero de 2021. El tema prioritario para la nueva administración era lo relativo a los casos de infectados y decesos relacionados con el SARS-CoV-2. Por ello, una de las primeras acciones del gobierno entrante fue el despliegue de un Plan Nacional de Preparación para el covid-19.⁴³ Sin embargo, el asunto de la crisis de los opioides seguía empeorando. Antes de abandonar la presidencia, Donald Trump había formulado un plan de último minuto consistente en permitir que el personal médico pudiera recetar buprenorfina. Este fármaco no era de libre prescripción, para poder recetarlo los médicos necesitaban un permiso conocido como “exención-X” (X-waiver)⁴⁴ que amparaba el uso del medicamento. Trump había permitido que la buprenorfina pudiera recetarse libremente ya que se usaba para el tratamiento de adicción a los opioides con buenos resultados. Sin embargo, Biden no siguió este camino y volvió a exigir la X-waiver a cualquier profesional de la salud que quisiera realizar una prescripción médica de buprenorfina. La administración de Biden consideraba que al no exigir el permiso se había desatado una oleada irresponsable de recetas médicas cuyo efecto podía ser contraproducente. La situación fue todo un dilema puesto que había posturas a favor y en contra sobre el uso libre o restringido del analgésico.⁴⁵

El asunto anterior pondría sobre la mesa un interesante debate que marcó la directriz de la reflexión alrededor de qué enfoque debe estar presente en las acciones dirigidas a solucionar el tema de las muertes por sobredosis de fentanilo y cómo deberían ejecutarse. Por un lado, se encontraba la perspectiva tradicional, vinculada con el prohibicionismo de la política de drogas, ejemplificado por las restricciones y regulaciones, así como prohibiciones en el uso de fármacos, especialmente los opioides. A esto se sumaban los operativos contra los traficantes dentro y fuera del territorio de Estados Unidos. Desde otro punto de vista, se proponía que la legislación de drogas debía ser más abierta para enfocarse en una política centrada en la salud, la rehabilitación, la no criminalización y el acceso oportuno a fármacos que podían revertir una sobredosis, ayudar en el tratamiento de adicciones y mejorar la calidad de vida.

Algunos legisladores solicitaron a Biden que el combate a la crisis de los opioides tuviera más contundencia en la aplicación de la ley. Se le pedía al presidente estadounidense la prohibición total del fentanilo y sus análogos, además de una modificación a las leyes para tener penas más severas contra los narcotraficantes en el asunto de la producción y comercio ilícito de opioides.⁴⁶

En mayo de 2021, Joe Biden realizó un decreto en el cual se ampliaba la lista de análogos del fentanilo para su restricción en Estados Unidos, es decir, se criminalizaba su comercialización y se perseguiría con mayor contundencia a los traficantes. Esta ampliación del programa temporal de emergencia de la Ley de Análogos del Fentanilo (Extending Temporary Emergency Scheduling of Fentanyl Analogues Act)⁴⁷ fue severamente criticada debido a que algunos opioides de la familia del fentanilo tenían fines médicos y esto ponía al personal de salud en una situación delicada. Además, con la extensión de la ley y la clasificación las penas por traficar sustancias se elevaban considerablemente, lo cual afectaba todavía más a ciertas comunidades ya de por sí marginadas. Organismos de la sociedad civil denunciaron que esto sólo propiciaba la represión hacia criminales menores y procesos de encarcelamiento masivo.

La sociedad civil organizada solicitó a la administración de Biden una reformulación de la política de drogas para el tema de la crisis de los opioides. Consideraban que las medidas habían abandonado el enfoque de la salud pública. En una carta dirigida al gobierno expresaron que la propuesta de Biden al Congreso de Estados Unidos sobre el fentanilo y sustancias relacionadas (Biden FRS Proposal) no iba a salvar vidas “ni haría que la sociedad esté más segura”.⁴⁸ Algunas de las consecuencias de la nueva clasificación que proponía Biden sobre las sustancias relacionadas con el fentanilo eran la criminalización de los sectores afroamericanos y la posibilidad de que se cometieran arbitrariedades, por parte de la autoridad, en la formulación y seguimiento de casos vinculados con el nuevo entramado legal. Los pronunciamientos puntualizaban que “en lugar de ampliar la criminalización, deberían ampliarse drásticamente los programas que ayuden a las personas a sobrevivir sin importar qué drogas consuman”.⁴⁹

El gobierno de Joe Biden se vio fuertemente presionado por sus decisiones. Junto a las críticas de su política de drogas tenía los casos de muertes por sobredosis y decesos por covid-19 en aumento. El confinamiento también provocó que el consumo de alcohol entre la población fuera en aumento. A la crisis de los opioides y a la pandemia del SARS-CoV-2 se le sumaba el problema de una crisis de salud mental en Estados Unidos. De esta manera, los esfuerzos se siguieron encaminando en la ruta prohibicionista de reducir la oferta de drogas a toda costa y de atender las demandas de tratamiento y rehabilitación de adictos por medio de mayores aportes al presupuesto destinado para este ámbito.

La crisis de los opioides no dio tregua. En los primeros cinco meses de 2021 ya se habían registrado más de 100 mil muertes por sobredosis de drogas. La prensa constantemente publicaba notas cuestionándose sobre si la administración de Biden podría realmente resolver la crisis del fentanilo.⁵⁰ Ante los escasos resultados, el gobierno estadounidense volvió a llamar la atención sobre las variables externas: China y México como partes fundamentales del problema y su baja disposición para cooperar o medidas poco efectivas para frenar el tráfico ilícito de drogas hacia Estados Unidos.

Uno de los documentos más importantes en el asunto de la crisis de los opioides producidos durante la administración de Biden fue el reporte final de la Comisión para el Combate del Tráfico de Opioides Sintéticos (Commission on Combating Synthetic Opiod Trafficking), organismo creado en el 2020 y donde participaba un variado grupo de dependencias de Estado: el Senado estadounidense, la Cámara de Representantes, la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Departamento de Seguridad Interior, el Departamento de Defensa, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

El informe de la Comisión fue relevante no sólo por las instituciones participantes y el contexto adverso en el que se generó; sus resultados y recomendaciones fueron integrales. Sin embargo, llamó la atención el énfasis que se le dio a México y a China, y a sus respectivas políticas domésticas, como elementos que no sólo no abonaban a la cruzada estadounidense sino que la obstaculizaban:

México es la principal fuente de fentanilo ilícito y sus análogos en la actualidad. En México, los cárteles fabrican estas drogas en laboratorios clandestinos con ingredientes (precursores químicos) que provienen en su mayoría de la República Popular China. Debido a que el fentanilo ilícito es muy poderoso y una pequeña cantidad rinde bastante, los traficantes ocultan dosis difíciles de detectar en paquetes, vehículos y personas y contrabandean la droga a través de la frontera entre Estados Unidos y México. Es difícil de confiscar dado que una pequeña porción física de esta potente droga es suficiente para satisfacer la demanda estadounidense, lo que la hace altamente rentable para narcotraficantes y vendedores.

De hecho, el tráfico de opioides sintéticos ofrece una alternativa más rentable que la heroína para los narcotraficantes mexicanos. El gobierno mexicano, por una parte para mantener la estabilidad y por otra porque el problema del narcotráfico ha trascendido su capacidad actual de la aplicación de la ley, recientemente adoptó un enfoque de “abrazos, no balazos” para gestionar la situación de los grupos del crimen organizado trasnacional. Sin embargo, estos enfoques no han podido dar solución a los problemas del tráfico de drogas y son necesarios más esfuerzos.⁵¹

La Comisión identificó una serie de nuevos retos para el gobierno estadounidense en el tratamiento de la crisis de los opioides, los cuales había que considerar al momento de formular acciones de contención. Entre éstos se encontraban los siguientes:⁵²

1. • La fabricación de drogas ilegales ha facilitado el contrabando al trasladarse del campo hacia el laboratorio.

   • Los problemas geopolíticos obstaculizan las acciones para interrumpir el suministro de opioides ilícitos hacia Estados Unidos.

   • Los opioides sintéticos son muy potentes y fáciles de producir, y se pueden transportar pequeñas cantidades para obtener enormes ganancias.

   • Las redes sociales y las nuevas plataformas digitales, así como los sistemas logísticos de comercialización, hacen que la distribución ilícita sea difícil de interrumpir.

   • El aumento de la demanda sigue impulsando la oferta de opioides sintéticos.

   • Los factores externos, incluida la pandemia del nuevo coronavirus, impul-saron el aumento en el uso de sustancias.

   • Los opioides sintéticos ofrecen ventajas económicas y tácticas que permiten a los delincuentes evadir fácilmente los esfuerzos por aplicar la ley.

Ante este panorama, la Comisión recomendaba las siguientes acciones como parte de la respuesta gubernamental ante los nuevos retos surgidos:⁵³

1. • El desarrollo de un organismo central más unificado para coordinar la planificación, la implementación y evaluación de todas las políticas de drogas en Estados Unidos.

   • Interrumpir el suministro de drogas mediante una supervisión y aplicación de la ley en específico.

   • Que el enfoque de salud pública y de reducción de la demanda sean el eje en la lucha contra el tráfico de opioides para así reducir el número de compradores potenciales.

   • Ampliar la colaboración con otros países involucrados en la producción y distribución de opioides sintéticos y precursores.

   • Mejorar la vigilancia y el análisis de datos para permitir evaluaciones más oportunas e intervenciones efectivas.

En cuanto al tema de China, se mantenía la postura sobre la responsabilidad del país asiático en el problema de la crisis de los opioides por ser el origen de la producción ilícita. También se destacaba la necesidad de aumentar la cooperación bilateral entre ambos gobiernos y realizar una petición a China para que redoblara esfuerzos para detener el tráfico ilegal, a pesar de que desde el 2021 el gobierno de Estados Unidos reconoció que la clasificación del fentanilo y sus análogos realizada por la administración de Xi Jinping en sus listas de fiscalización de drogas habían contribuido notablemente a disminuir los envíos del opioide ilícito hacia el continente americano.⁵⁴

El gobierno de Joe Biden recuperó la intención de las recomendaciones y puntos anteriores en su Estrategia Nacional de Control de Drogas de 2022. El eje central del documento versó alrededor de evitar las sobredosis por abuso de sustancias, especialmente opioides. La política de drogas se mantuvo con las medidas ya implementadas durante los primeros dos años del presidente demócrata y su antecesor republicano: prevención e intervención temprana; reducción de daños; tratamiento para los desórdenes en el uso de sustancias; recuperación de la calidad de vida; reducción de la oferta nacional e internacional de drogas; mejoras en la justicia penal y la seguridad pública; y recolección de datos y generación de información para producir intervenciones basadas en evidencia.⁵⁵

Para que la estrategia funcionara era preciso tener suficientes recursos para financiar, en especial, los amplios servicios médicos requeridos en materia de prevención y tratamiento. Biden solicitó al Congreso de Estados Unidos, para el presupuesto de 2024, más de 46 mil millones de dólares para las agencias del Programa Nacional de Control de Drogas, un monto que fue catalogado como “histórico”.⁵⁶ La opinión pública estuvo conforme con estas medidas puesto que la política de drogas seguía las recomendaciones de numerosas organizaciones y legisladores que pedían al gobierno apostar por un enfoque de salud pública y reducción de daños⁵⁷ e ir abandonando la perspectiva prohibicionista y punitiva. Incluso, las sugerencias fueron escalando en el ámbito de la liberalización de la política de drogas para proponer, de manera cada vez más frecuente y directa, la despenalización en el consumo de ciertas sustancias para no criminalizar a sectores y usuarios y enfocar los esfuerzos hacia casos más importantes, así como poner en la balanza pública los “costos de la guerra contra las drogas”^.58

Durante el primer trimestre de 2023, una serie de congresistas del Partido Republicano de Estados Unidos, junto con una coalición multiestatal, ante la falta de resultados del gobierno de Biden y condenando la falla en los esfuerzos del gobierno mexicano por combatir a los grupos del crimen organizado, a pesar de haberse firmado el Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades Seguras entre ambos países, propusieron que se catalogara a los llamados cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas como una medida para detener el tráfico de fentanilo usando medidas de despliegue de fuerza militar más contundentes y contemplando la posibilidad de una intervención armada en México para lograr el objetivo.

En una carta dirigida al presidente Joe Biden y al secretario de Estado Antony Blinken, autoridades y representantes de diversas entidades federativas de Estados Unidos señalaban lo siguiente a manera de petición al gobierno federal:

Colectivamente, el statu quo destructivo causado por el fentanilo y la violencia está costando cientos de miles de vidas estadounidenses cada año. Esta catastrófica pérdida de vidas es inexcusable, sin embargo, ha recibido una respuesta anémica del gobierno federal. Para proteger a los estadounidenses de estas organizaciones terroristas, debe tomar medidas decisivas contra los cárteles mexicanos de la droga designando al Cártel de Sinaloa, al Cártel de Jalisco Nueva Generación y a otros cárteles en situaciones similares como organizaciones terroristas extranjeras.⁵⁹

La petición fue controvertida entre diversos sectores políticos tanto de Estados Unidos como entre los mexicanos. Añadía bastante tensión a la relación bilateral México-Estados Unidos en materia de cooperación contra el narcotráfico y ponía en tela de juicio las acciones para frenar el tráfico de fentanilo ilícito en ambos lados de la frontera. Sin embargo, varios analistas coincidieron en que esta propuesta no prosperaría y era más bien parte de una estrategia de opositores al régimen de Joe Biden para obtener cobertura mediática y respaldo político utilizando el tema del fentanilo y la crisis de los opioides, lo cual era bastante efectivo por el número de decesos por sobredosis que seguían en aumento. No obstante, la polémica petición marcaba un punto de inflexión puesto que colocaba la atención ciudadana sobre la administración Biden y sus resultados en diferentes temas políticos.

Mientras ocurrían las solicitudes de lanzar una campaña militar contra las organizaciones del crimen organizado en México, Biden puso en marcha la Operación Loto Azul (Blue Lotus) para reforzar los patrullajes y vigilancia en la frontera con México con el objetivo de detener cualquier contrabando de droga hacia territorio estadounidense. La iniciativa quedó a cargo del Departamento de Seguridad Interior y, de manera concreta, incluyó aumentos en inspecciones focalizadas, un mayor número de unidades caninas, así como la implementación de tecnología avanzada a lo largo de la frontera. Además, la operación también estaba diseñada para ayudar a desarrollar casos penales contra las organizaciones criminales trasnacionales dedicadas al tráfico de fentanilo.60

En diez días, a partir de su lanzamiento, la Operación Loto Azul logró realizar 18 incautaciones, 16 arrestos federales y dos arrestos estatales. Las autoridades estadounidenses realizaron aseguramientos por más de 900 libras de fentanilo, más de 700 libras de metanfetamina y más de 100 libras que tenían como destino el territorio interior de Estados Unidos.⁶¹

Poco después de la Operación Loto Azul, la DEA mostró los resultados de la Operación Última Milla (Last Mile), una campaña que había iniciado el 1 de mayo de 2022 y que estaba dirigida a detener el tráfico de drogas sintéticas, como metanfetaminas y fentanilo, realizado por el denominado Cártel de Sinaloa y el llamado Cártel Jalisco Nueva Generación dentro de Estados Unidos. En la investigación realizada por la DEA se anunció que:

Los carteles de Sinaloa y Jalisco utilizan redes de distribución en varias ciudades, violentas pandillas callejeras locales y traficantes individuales en todo Estados Unidos para inundar las comunidades estadounidenses con fentanilo y metanfetamina, fomentar la adicción, alimentar la violencia y matar estadounidenses.

Lo que también es alarmante es que las plataformas de redes sociales estadounidenses son el medio por el que lo hacen. Los cárteles utilizan las redes sociales y plataformas encriptadas para llevar a cabo sus operaciones y llegar a las víctimas, y cuando su producto mata a estadounidenses, simplemente intentan victimizar a los millones de otros estadounidenses que son usuarios de las redes sociales.⁶²

Entre los logros de la Operación Última Milla estaban el seguimiento a 1 436 investigaciones, 3 337 arrestos, la incautación de 44 millones de pastillas de fentanilo, aseguramiento de 6 500 libras en polvo, 91 mil libras de fentanilo, 8 497 armas de fuego y más de 100 millones de dólares. Algo innovador fue el trabajo cibernético, ya que se realizaron investigaciones a profundidad para dar con redes criminales que operaban en plataformas digitales de comunicación como Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, WhatsApp, Telegram, Signal, Wire y Wickr. Lo anterior era resultado del trabajo de poco más de un año.⁶³

Para Estados Unidos, el asunto del fentanilo iba más allá de sus fronteras, así que la respuesta debía ser integral y ejecutarse de manera coordinada en todo el mundo. Con el secretario de Estado, Antony Blinken, como portavoz, el gobierno hizo un llamado a conformar la Coalición Global para abordar las amenazas de las drogas sintéticas (Global Coalition to Address Synthetic Drug Threats). La convocatoria tenía como objetivo reunir “a países de todo el mundo en un esfuerzo concertado para prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de drogas sintéticas, identificar tendencias emergentes en materia de estupefacientes y responder con eficacia a los impactos para la salud pública”.⁶⁴

Las tres líneas de acción que seguiría la Coalición Global eran: a) prevenir la fabricación y el tráfico ilícitos de drogas sintéticas; b) identificar amenazas emergentes y patrones de consumo de drogas; y c) promover intervenciones y servicios de salud pública para prevenir y reducir el consumo de drogas, las sobredosis y otros problemas relacionados con la salud. La convocatoria de Blinken tuvo una nutrida respuesta. Para marzo de 2024, al menos 149 países y 14 organizaciones internacionales eran parte de la Coalición Global, y todos trabajaban “para elaborar medidas y resultados en un corto periodo, y acelerar la respuesta global al aumento de las amenazas de las drogas sintéticas”.⁶⁵

En noviembre de 2023, el presidente chino Xi Jinping visitó Estados Unidos. Biden y Xi se reunieron en la ciudad de San Francisco para abordar diversos temas, entre éstos el del fentanilo. El presidente Joe Biden destacó los resultados del trabajo diplomático en materia de cooperación para la reducción de la oferta del fentanilo. Entre estos logros, Biden hizo énfasis en la política de China para regular su industria farmacéutica, en especial a aquellas empresas dedicadas a fabricar precursores químicos. También reconoció las labores policiales contra traficantes chinos y el congelamiento de cuentas bancarías, así como la información que China compartió con otros organismos gubernamentales e internacionales para dar seguimiento a envíos de contrabando y con traficantes de drogas en tiempo real.⁶⁶

Derivado de la reunión Biden-Xi, el gobierno estadounidense anunció el lanzamiento de una iniciativa conjunta entre China y Estados Unidos para frenar el tráfico de drogas, todo en el marco de la cooperación bilateral entre ambos Estados. Entre las acciones a ejecutar se encontraban las siguientes:⁶⁷

1. • Anuncio de un enfoque estratégico para interrumpir comercialmente la cadena global de suministro de fentanilo ilícito.

   • Incremento de la seguridad en las fronteras.

   • Implementación de tecnología de detección de fentanilo.

   • Ampliación del Programa Área de Alta Intensidad de Narcotráfico (HIDTA por sus siglas en inglés).

   • Enfocar los esfuerzos contra las cadenas globales de suministro de productos ilegales.

   • Lanzamiento de la Coalición Mundial para abordar las amenazas de las drogas sintéticas.

   • Regular los precursores químicos utilizados para producir fentanilo ilícito.

   • Desplegar acciones policiales contra todos los aspectos y participantes de la cadena global de suministro del fentanilo ilícito.

   • Establecimiento del Comité Trilateral de Fentanilo, en colaboración con México y Canadá para frenar el tráfico de fentanilo ilícito.

conclusiones

Desde el 2014, las diferentes administraciones de los presidentes estadounidenses que han ocupado la Casa Blanca dedicaron múltiples esfuerzos para detener el número de muertes por sobredosis vinculadas con el consumo de opioides en aquel país, así como a frenar la producción y tráfico ilícito de los mismos, principalmente el fentanilo.

En este texto se argumenta que el drástico aumento de muertes por consumo de drogas, principalmente opioides, en Estados Unidos, propició que las diferentes administraciones de aquel país en la última década reaccionaran de una manera muy precipitada para contener en el corto plazo la tendencia mortal referida. Esto provocó que la política de drogas estadounidense tenga un enfoque más balanceado (tanto en el ámbito institucional como en el presupuestal) entre las estrategias punitivo-prohibicionistas y las iniciativas centradas en la prevención del consumo y la reducción de daños.

El consumo y abuso de fentanilo en los últimos años tuvo resultados catastróficos, por lo que las diversas iniciativas gubernamentales han requerido de millonarias inversiones y partidas del gasto público para frenar la crisis sanitaria. Como se expuso, los fondos permitieron el despliegue de numerosos programas en los ámbitos de la salud pública, las campañas de prevención y tratamiento, así como en operaciones de patrullaje y operativos de alto nivel contra redes del crimen trasnacional.

En su intento por reducir las muertes por sobredosis de opioides, el gobierno de Estados Unidos modificó sus acciones en términos de la política prohibicionista tradicional, la cual no ha perdido su esencia de criminalizar y castigar el uso de diversas sustancias, pero comienza a coexistir con un enfoque de salud pública. Este último es más abierto respecto del uso de diversas drogas y apuesta por un enfoque de concientización, tratamiento y reducción de daños. La prueba son las múltiples acciones que desde la administración Obama hasta Biden han tenido lugar para frenar las muertes por sobredosis, enfocándose ya no en la eliminación de la oferta de opioides sino en la reducción de la demanda y en el tratamiento de los usuarios.

Las diferentes administraciones de Estados Unidos emplearon todos los recursos y medidas posibles para lograr un resultado efectivo que puediera traducirse, en un primer momento, en una reducción notable de los decesos. La conjunción de iniciativas y combinación de enfoques de política de drogas se ejemplifica en campañas como “Salva vidas de la sobredosis” (Save lifes from overdose), la cual es un llamado a la acción a todos los grupos, sectores, actores y dependencias de la sociedad estadounidense para que se sumen a la cruzada gubernamental contra los opioides de origen ilícito, haciendo énfasis en el apoyo para desmantelar las redes internacionales de tráfico, la ampliación de la disponibilidad de medicamentos para revertir una sobredosis (como la naloxona) y –algo que se presenta como novedoso– no sólo financiar los tratamientos de rehabilitación en términos físicos sino también tratar el asunto de la salud mental.

Lo anterior también muestra que la política de drogas en Estados Unidos es cada vez más flexible, dejando a un lado el monopolio de la decisión al Estado y buscando el consenso, o por lo menos invitar al diálogo, con diversos grupos sociales, estatales o no. También ha fomentado la participación e involucramiento de las administraciones de los diferentes niveles de gobierno, de los distintos poderes del Estado, incluso del partido político de oposición. En ese sentido, el problema del fentanilo y la crisis de los opioides es transversal al Estado y, por lo tanto, las respuestas no han sido unilaterales del todo.

Queda pendiente un análisis más detallado sobre los retos y puntos de encuentro que Estados Unidos tiene con otros países involucrados en el asunto del fentanilo, como México y China, puesto que las tensiones geopolíticas y los intereses de política exterior también son factores relevantes para la configuración doméstica de la política de drogas. Es necesario también un estudio para indagar qué tanto este cambio o complemento en la política de drogas de Estados Unidos modificó el régimen global de prohibición de drogas y la llamada “guerra contra las drogas” en los países productores. Sin embargo, en el contexto interno de Estados Unidos, es un primer esfuerzo por ofrecer un panorama de acercamiento para presentar un balance de las acciones puestas en marcha y demostrar cómo se ha desenvuelto este cambio-complemento en la política de drogas estadounidense, a pesar de mantener su discurso tradicional.

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Idem.

Idem.

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Idem.

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Idem.

Notas

Información adicional

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