introducción

Ecuador, al igual que el resto de América Latina, se encuentra sumido en una aguda crisis de inseguridad por el avance del crimen organizado ligado, básicamente, al narcotráfico. De ser un país relativamente seguro hasta 2017, el 2023 terminó con “una tasa de homicidios por cada cien mil habitantes de 47.25, convirtiéndose en el país más violento de América Latina, sin contar el Caribe”.¹ Durán, una ciudad costera, registró una tasa de muertes violentas de 148.07 casos por cien mil habitantes,² una cifra superior a la de las ciudades mexicanas de Colima (con una tasa de 140.32) y Ciudad Obregón (con una tasa de 117),³ que la ubica como la ciudad más violenta del mundo.

En el marco de estructuras de desigualdad económica, social y cultural agudizadas por el neoliberalismo, en el 2018 se desata la peor crisis de seguridad de los últimos 30 años debido a las operaciones de los grupos de delincuencia organizada (GDO) nacional y trasnacional articulados al narcotráfico. Los conflictos entre los distintos GDO, por el control de territorios de cultivo y producción, rutas y escenario de distribución, tráfico y acopio, y control de mercados, llevaron al país a vivir una ola de asesinatos, extorsio-nes, secuestros y corrupción generalizada. En un lapso menor a dos años, aproximadamente 500 presos fueron asesinados en las masacres carcelarias, registradas entre febrero de 2021 y julio de 2023.⁴ En poco tiempo, las masacres ocurrieron en ciudades y barrios empobrecidos, las extorsiones y secuestros se extendieron por todo el país. El crimen organizado infiltró fácilmente, por cooptación o amenaza, los aparatos de seguridad del Estado, Policía y Fuerzas Armadas (FFAA). Esta situación creó mucha desconfianza de la población en sus instituciones, lo cual agravó la inseguridad social.

El 9 de agosto de 2023, la criminalidad alcanza su pico más alto con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a manos de sicarios.⁵ Este crimen se sumaba a una serie de asesinatos de alcaldes, jueces, fiscales, parlamentarios, policías, empresarios y abogados. Cada día Ecuador se convierte en un territorio dominado por los GDO que administran “la industria más productiva en los nuevos tiempos”.⁶ Para situarnos en la grave crisis de violencia y seguridad que vive el Ecuador los últimos cuatro años, es importante señalar tres hechos: 1. El país se encuentra situado en medio de Colombia y Perú, dos de los tres países productores de cocaína,⁷ y de frente a los países consumidores por las dos vías principales, la cuenca del pacífico y la cuenca del río Amazonas.⁸ Esta ubicación geográfica lo hace un territorio apto para almacenar y exportar el narcótico. 2. En el año 2000 la economía del país se dolarizó, lo cual permitió lavar dinero proveniente del narcotráfico con mayor facilidad. 3. El Estado ecuatoriano se caracteriza por una institucionalidad muy deficiente y débil que se agudizó desde el 2017. Estos tres hechos pueden explicar la ampliación y desarrollo de la economía criminal en el Ecuador, que se convirtió en un territorio de interés para el narcotráfico y las operaciones de los grandes GDO trasnacionales.

El 19 de enero de 2024, un grupo de encapuchados toma el canal TC Televisión en Guayaquil, un día después de que el presidente Daniel Noboa decretó el estado de excepción.⁹ La espectacularización mediática de este acto de violencia criminal aterrorizó a la ciudadanía e instauró el caos en el país el país durante varias semanas. Es importante señalar que TC Televisión es un canal público, lo que hace suponer que su toma fue una amenaza directa al Estado.

Frente a este hecho de violencia, el gobierno recién posesionado declara la existencia de un Conflicto Armado no Internacional (CANI) e identifica a 22 GDO como terroristas. Sobre la base de esta declaración, se delinea una política de gobierno cuyo objetivo es el combate al crimen organizado calificado como terrorismo, la misma que es aceptada y ratificada por la mayoría de la población en la consulta popular del 21 de abril de 2024. Las nueve preguntas de la consulta referidas al tema de la seguridad tuvieron el apoyo mayoritario de la sociedad, sobre todo la que preguntaba si se estaba de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las FFAA en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado.¹⁰

Ante este escenario nos preguntamos: ¿qué tipo de política de seguridad implementa el gobierno ecuatoriano a partir de la firma del Decreto 111, por el cual se reconoce la existencia de un conflicto armado no internacional en el territorio nacional? El objetivo fue establecer las características principales que tipifican la política de seguridad del gobierno del presidente Daniel Noboa, aplicada durante los primeros seis meses subsiguientes a la firma del decreto. La metodología es cualitativa de estudio de caso, con la cual se busca comprender la política de seguridad situada y observable en el contexto ecuatoriano.

Este artículo trata, justamente, sobre la implementación de esta política basada en el abuso del estado de excepción y la declaratoria de una guerra interna que abre paso a la formación de un gobierno policiaco, en el contexto del avance del crimen organizado vinculado con los negocios del narcotráfico. En especial, el artículo apunta a definir la forma en que los gobiernos apro-vechan la crisis de seguridad para mantener un control estricto sobre la sociedad mediante el debilitamiento de los derechos civiles con la aplicación de la fuerza y vigilancia de la policía y los militares que hacen las veces de policías, es decir, con el establecimiento de un nuevo tipo de gubernamentalidad caracterizada como necroliberal; y el impacto que esta política tiene en la aplicación y garantía de los derechos humanos. La gubernamentalidad necroliberal es el ejercicio de la soberanía política basada en el desprecio a la vida y en la capacidad de decidir quién debe morir. En función de este propósito se analiza críticamente la política de seguridad del gobierno de Daniel Noboa aplicada desde enero de 2024, a partir de la declaración del CANI y tomando en cuenta que su periodo presidencial es apenas de dos años.

Ecuador se ha convertido en un centro de la violencia y operación del crimen organizado vinculado con el narcotráfico y, por ello, en un territorio objetivo para ensayar nuevos patrones de control de los grupos de poder político. El artículo se desarrolla en tres secciones: la primera presenta el caso de estudio en el que se indagada la relación de interés y la metodología utilizada en la investigación. La segunda expone los conceptos principales que dan cuenta de la realidad que se busca explicitar. Finalmente, la tercera argumenta los dispositivos de la gubernamentalidad necroliberal que se aplican como política de seguridad.

metodología y caso de estudio

“Percibir la constelación en que se halla la cosa es lo mismo que descifrarla como la constelación que lleva en sí en cuanto producto del devenir”.¹¹ Si el concepto es la respuesta por el ser de la cosa y la cosa es su contexto, el concepto dice de ese entramado complejo de relaciones e interrelaciones que en su devenir constituyen la realidad de la cosa y del propio concepto. Así, el análisis crítico de la política de seguridad requiere una articulación conceptual que explique el entramado de relaciones políticas, jurídicas e ideológicas que explican el tipo específico de gubernamentalidad que la fundamenta.

En el marco del enfoque metodológico de la constelación, el estudio de caso permite comprender esta relación de poder en un escenario particular, en su contexto teórico-conceptual e histórico-social donde se destaca el mundo de particularidades y matices del complejo entramado de relaciones políticas, jurídicas e ideológicas que la hacen posible. El caso seleccionado es la política de seguridad implementada por el gobierno ecuatoriano a partir de la declaratoria de conflicto armado no internacional en enero de 2024.

La constelación implica una forma de comprensión y dotación de sentido de los conceptos estado de excepción, conflicto armado, seguridad y gubernamentalidad necroliberal que demanda la impureza de sus contenidos o sus estrechas relaciones con las expectativas y utilidades de los grupos sociales interesados en sus conexiones. “Sólo las constelaciones representan, desde fuera, lo que el concepto ha amputado en el interior, el plus que quiere ser por más que no lo pueda”.¹² De esto, la opción por una metodología relacional que tome en cuenta, por un lado, la determinación del tipo de relaciones por la totalidad social por cuanto las relaciones entre los conceptos propuestos son en sí mismas sus contextos, no su pura identidad conceptual; y por otro, la complejidad de los estados de excepción, los conflictos armados, la seguridad y el necroliberalismo¹³ situados en un contexto sociopolítico particular. La relación que buscamos no aparece más que a partir de la singularidad del caso de estudio, sólo así los conceptos recuperan el conocimiento concreto.

El caso de Ecuador, por efecto de la política de gobierno ejecutada a partir del Decreto 111, con el cual declara la existencia de un CANI, permite observar los signos iniciales de la implementación incipiente de una gubernamentalidad necroliberal. Ecuador es el primer país con crisis de violencia vinculada con el narcotráfico que ha declarado un CANI, sin tener la dimensión ni el tiempo de conflicto de otros países. Este hecho permite observar que el avance del crimen organizado se vuelve un fenómeno novedoso, prioritario y justificativo para una política de gobierno criminal, basada en regímenes de excepcionalidad y securitización con poder para administrar la muerte física, simbólica y social de la población y asegurar los negocios del capital criminal.

La recolección de información tiene dos estrategias: 1. Indagar en archivo digital noticias verificadas, documentos estatales, informes de organizaciones de derechos humanos, boletines académicos y contenidos de opinión ciudadana en redes sociales, fundamentalmente X. 2. Observar de forma directa la violencia del narcotráfico, esto refiere a las masacres carcelarias, guerras por territorios entre los GDO, torturas a las que son sometidos los miembros de estas organizaciones, amenazas y extorsiones, exhibición pública de cuerpos desmembrados, etcétera. Posteriormente, la información recogida es sometida al análisis crítico, con el propósito de encontrar el significado de ese conjunto de relaciones económicas, políticas e ideológicas y a partir de ahí sus conexiones. Cada relación será codificada a partir de las siguientes preguntas: ¿qué tipo de relación es?, ¿quiénes participan en ella?, ¿cuál es el devenir de esa relación? Es importante señalar que el texto se presenta en formato de ensayo académico.

aproximaciones teóricas y conceptuales

Con el fin de exponer los dispositivos de la gubernamentalidad necroliberal que subyacen a la política de seguridad aplicada por el gobierno ecuatoriano frente a la crisis de violencia criminal, dentro de un análisis que integra lo político, social y jurídico en el marco del desarrollo y transformación de la democracia liberal, es la teoría crítica el principal enfoque teórico.

La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado de excepción” en el que ahora vivimos es en verdad la regla. El concepto de historia al que lleguemos debe ser resultado coherente con ello. Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo.¹⁴

Benjamin anticipaba que el fascismo usaba el estado de excepción como norma, lo que hacía de éste no una anomalía o una irregularidad: “que irrumpen en el normal desarrollo político, normativo, económico y social de un Estado”.¹⁵ En un régimen democrático, autorizado por su Constitución, el poder del soberano puede hacer uso del estado de excepción cuando se enfrenta a una emergencia que pone en riesgo la seguridad de la nación, y tomar decisiones que en un estado normal de derecho no estarían facultadas. Ante catástrofes naturales o sociales, guerras externas o internas, epidemias o pandemias se ve como algo razonable otorgar el poder al gobierno para hacer frente a los riesgos que amenazan la estabilidad de la república. En definitiva:

Llamamos estado excepcional al derecho de excepción basado en el mantenimiento sustancial del orden constitucional incluso en situaciones de crisis, si bien con la previsión de una serie de competencias extraordinarias taxativamente enumeradas, que suponen la suspensión de la Constitución en alguno de sus extremos. El estado excepcional constituye el modelo más característico de derecho de excepción y supone el máximo esfuerzo por extender el imperio de la ley a las situaciones de emergencia.¹⁶

“Con todo, es claro que la institución se presta para otros fines menos nobles. Siempre los estados de excepción fueron presa codiciada del juego político”.¹⁷ La historia constitucional de América Latina muestra la desnaturalización de los estados de excepción, los mismos que dejan de responder a circunstancias excepcionales y se vuelven el recurso primero del poder gubernamental de turno para restringir derechos a la población y “supone una incidencia negativa sobre la vigencia de los derechos humanos”.¹⁸ Esta mala práctica ha pervertido el sentido original de esta institución.Se entiende que:

Los conflictos armados no internacionales son enfrentamientos armados prolongados que ocurren entre fuerzas armadas gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, o entre estos grupos, que surgen en el territorio de un Estado [parte en los Convenios de Ginebra]. El enfrentamiento armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima.¹⁹

Es importante señalar que para declarar un CANI debemos considerar la legislación internacional y las características que determinan la pertinencia de dicho derecho.

El Derecho de los Conflictos Armados No Internacionales es aquel conjunto de normas de Derecho Internacional que regulan un conflicto armado que tenga lugar en el territorio de un Estado entre las fuerzas armadas del Gobierno y fuerzas rebeldes (o entre dos grupos rebeldes). Estas últimas, bajo mando responsable, deberán ejercen control sobre parte de su territorio para posibilitar que realicen operaciones continuas y organizadas y observar un mínimo de reglas de Derecho Internacional.²⁰

Desde la sociología jurídica crítica se intenta comprender cómo el derecho de los CANI se relaciona con la sociedad, la política y las estructuras de poder; asimismo, cómo las leyes y las instituciones legales afectan y son afectadas por estos conflictos. La idea es analizar desde una legalidad subalterna los usos hegemónicos del derecho de los CANI, la misma que pueda dar criterios para la acción política de movimientos sociales en la defensa de los derechos humanos.

Desde la misma línea de argumentación teórica crítica, en el campo de lo político, este artículo toma como conceptos de su análisis la soberanía, la necropolítica y el necropoder trabajados por Achille Mbembe. A partir de estos conceptos se articula la noción de gubernamentalidad necroliberal. “La soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir. Hacer morir o dejar vivir constituyen, por lo tanto, los límites de la soberanía, sus principales atributos”.²¹ Simplificado: la soberanía es el derecho de matar. La soberanía es entonces la capacidad del Estado –o de un grupo de poder dentro del Estado, en alianza con él o fuera de él– “para definir quién tiene importancia y quién no la tiene, quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”.²² La necropolítica “da cuenta de la forma en que la política hace hoy del asesinato de su enemigo su objetivo primero y absoluto, con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha contra el terror”.²³ El necropoder es una forma específica de terror capaz de producir y administrar la muerte real o simbólica de una población en función de conservar el poder de dominación.

Por “gubernamentalidad” entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad.²⁴

La gubernamentalidad liberal hace referencia a un tipo específico de ejercicio de la soberanía política, el poder, basado en el régimen de verdad económica, que acompaña el desarrollo del capitalismo en sus distintas formas históricas, desde el liberalismo clásico, pasando por el keynesianismo, hasta el neoliberalismo; de este último, que transformó el trabajo en capital humano²⁵ y convirtió a los trabajadores en emprendedores capaces de administrar su propia explotación, el siglo XXI transita al necroliberalismo, que transforma al trabajador en residuo humano, peso muerto del capital, capaz de gestionar su propio sacrificio, su propia muerte. Esta gubernamentalidad se caracteriza por el desprecio total a la vida en función del mantenimiento del orden económico y político vigente, expresa la soberanía que “reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién puede morir”.²⁶ Dicho de otra manera, en el necroliberalismo la soberanía radica en el derecho de matar.

La gubernamentalidad necroliberal puede también ser comprendida desde el concepto de gubernamentalización necropolítica del Estado, es decir: “la gubernamentalización del Estado a través de la privatización criminal de la violencia y del dominio del capital criminal”.²⁷

descripción y análisis crítico de la política de seguridad

Las masacres carcelarias en las prisiones fueron una de las primeras expresiones de la crisis de seguridad que Ecuador vive desde inicios de 2021. El 23 de febrero de este año, 79 personas fueron asesinadas en cuatro cárceles del país durante un motín múltiple. El origen de esa masacre fue la disputa entre bandas narcodelictivas. En ese momento empezó una guerra por tomar el mando del mundo criminal.²⁸

Con Slavoj Žižek se puede afirmar que detrás de lo visible de esta “violencia subjetiva e irracional” se encuentra la “violencia objetiva”²⁹ propia del capitalismo y su enloquecida, imparable y autoestimulante circulación y acumulación de capital, que se exacerba en su forma criminal. Queda claro que la crisis de seguridad responde a problemas de índole estructural que deben ser identificados en toda su complejidad para dar solución con políticas económicas, sociales y jurídicas a largo y mediano plazo. De no ser así, la violencia del capital criminal no dejará de crecer y envolverá a toda la sociedad. Los procesos agudos de precarización de la vida social impuestos por el neoliberalismo, el debilitamiento y corrupción de las instituciones estatales de control, la infiltración del crimen organizado en los aparatos de seguridad del Estado, desde el 2017, crea el contexto perfecto para la ampliación incontrolable de la violencia y la inseguridad en Ecuador.

De las cárceles, la violencia salió a las calles, barrios y ciudades más empobrecidas del país para muy pronto extenderse por todo el territorio nacional. Enfrentamientos entre bandas, sicariatos, asesinatos, extorsiones e incluso atentados con coches bomba se convirtieron en hechos cotidianos que aterrorizaban a la sociedad; no sólo padecían los ciudadanos comunes, sino que alcanzó a abogados, policías, fiscales, alcaldes, asambleístas y a un candidato presidencial. Para fines de 2023, la violencia criminal se volvió incontrolable y los GDO se convirtieron en un actor político nacional presente en el cambio de gobierno anticipado, después de la declaratoria de muerte. Uno de los grupos criminales más grandes del país, los Lobos, llegó a enviar una carta al nuevo presidente, Daniel Noboa, en la cual le ofrecen un “acuerdo de paz” y darle información para combatir la delincuencia. ³⁰

El 8 de enero de 2024, José Adolfo Macías, alias Fito, líder de la principal banda criminal, se fuga horas antes de un operativo de control en la cárcel en la que cumplía condena.³¹ Desde la madrugada de ese día, seis cárceles del país son tomadas por los presos que secuestran guías penitenciarios y generan altercados en el interior de los centros carcelarios.³² Ecuador vivía otro día de caos y violencia que justificó que el presidente decrete, para todo el país, el primer estado de excepción de su gobierno por 60 días que se prorrogaron por 30 más, hasta abril de 2024. Al día siguiente y con estado de excepción:

Un grupo de encapuchados armados han tomado este martes las instalaciones de la cadena ecuatoriana TC Televisión en el norte de la ciudad de Guayaquil, ubicada en el este de un país que atraviesa en los últimos días un repunte de la violencia y la inseguridad. El incidente se ha iniciado pasadas las 14:00 cuando miembros de grupos delictivos han irrumpido en las instalaciones y han abierto fuego dentro del estudio mientras la señal de TC Televisión estaba en el aire.³³

Ante estos eventos, el presidente Daniel Noboa firma el decreto 111 que, en su artículo 1, “reconoce la existencia de un conflicto armado interno”³⁴ que se suma al estado de excepción declarado el día anterior. Se dispone la movilización e intervención de las FFAA y la Policía Nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado trasnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes. Se identifican 22 grupos del crimen organizado trasnacional como organizaciones terroristas que oficialmente se configuran como el enemigo interno. Si bien la operación del crimen organizado se extendió y agudizó en el país desde 2021, no se puede hablar de un enfrentamiento, menos aún prolongado, entre los GDO y las FFAA. Aunque el conflicto entre los grupos criminales se hizo más frecuente, tampoco es válido decir que éste haya alcanzado un nivel mínimo de intensidad y que sean organizaciones con disciplina militar. En rigor, a los integrantes de los grupos criminales no se los puede definir como combatientes, sus enfrentamientos tienen un aspecto de extrema brutalidad con muy poca cabida para la legislación internacional.³⁵

Al igual que el caso mexicano, no hay “indicio alguno de una coalición de narcotraficantes cuyo objetivo sea controlar el Estado, tampoco han tenido ni tienen actualmente la capacidad para lograrlo [...] Tampoco están configurados como Fuerzas Armadas porque no poseen organigramas establecidos, ni grados o cargos oficiales”.³⁶ La confrontación desarrollada en Ecuador no abriga los parámetros establecidos para la existencia de un CANI conforme al derecho internacional humanitario. Según Human Rights Watch: “El gobierno ecuatoriano no ha presentado evidencias suficientes de que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional”.³⁷ Si esto es así, ¿cuál es la intención política del gobierno de declarar un CANI en Ecuador?

Sin observar lo que dictamina el derecho internacional y abusando de la institución del estado de excepción, la declaratoria del CANI crea el contexto perfecto para la puesta en marcha de una política de seguridad necroliberal que garantiza además el ajuste económico neoliberal. El decreto “presenta un retorno a la noción de enemigo de la sociedad, frente al cual ‘debe aplicarse una solución rápida que conjure dicho riesgo antes de que ocurra la catástrofe’”.³⁸ Así, la guerra a los narcoterroristas da inicio a la ejecución de una nueva práctica gubernamental destructiva de derechos fundamentales. A tres meses de la declaratoria del CANI y del estado de excepción, se ejecutaron más de 272 mil operaciones militares, sólo 260 contra grupos terroristas; más de 18 mil detenidos, 300 de ellos por presunto terrorismo; alrededor de 15 personas abatidas con ejecuciones extrajudiciales.³⁹ Debemos señalar que la intervención de las FFAA se da principalmente en las cárceles, en las ciudades y en los barrios más empobrecidos y violentos del país donde operan los GDO. No sólo se militariza la seguridad, sino principalmente la sociedad. Las imágenes que se repiten a diario son fusiles apuntando rostros de adolescentes, jóvenes y hombres adultos –la mayoría afrodescendientes–, detenidos por policías y militares en varias de las zonas más conflictivas en Ecuador como las provincias de Esmeraldas, Manabí y Guayas.⁴⁰ Esta acción gubernamental muestra el ejercicio del poder de matar, de exponer a la muerte a la sociedad (necropolítica), y al gobierno como el sujeto de ese derecho.

A las masacres y torturas en cárceles y calles protagonizados por los GDO y permitidas por los aparatos de seguridad del Estado, se suma la lista de violaciones a los derechos humanos, incluidos asesinatos cometidos por los militares y policías desde el anuncio del CANI.⁴¹ Estos hechos son indicios de una política gubernamental que “hace del asesinato de su enemigo su objetivo primero y absoluto con el pretexto de la guerra, de la resistencia o de la lucha contra el terror”.⁴² Ahora bien, el enemigo de esta guerra no es la narcoburguesía⁴³ nacional, ni siquiera las grandes estructuras del crimen organizado, son las “estructuras pandilleras que operan en los territorios más violentos del país, donde jóvenes ejecutaban delitos como sicariato o extorsión”,⁴⁴ organizaciones delincuenciales pequeñas o simplemente jóvenes empobrecidos y racializados, signados como terroristas. “Después de todo, la guerra también es un medio de establecer la soberanía, tanto como un modo de ejercer el derecho a dar la muerte”.⁴⁵

El Estado, por medio de sus FFAA, la Policía y los GDO, implementa un tipo de gubernamentalidad basada en el derecho de matar, en un contexto de avance del capital criminal, de declaración de guerra y de estado de excepción. Este último, junto a la relación con el enemigo interno, establecen la normativa del derecho a matar, las FFAA están autorizadas a utilizar armas letales contra los grupos terroristas. Explica Edward Pérez: “la experiencia en América Latina nos muestra que el problema es que bajo estos estados de excepción se tienden a esconder atrocidades que luego se mantienen durante décadas en la impunidad y la oscuridad”.⁴⁶

El Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) denunció que los militares entraron a controlar las cárceles restringiendo el acceso al agua, a la alimentación, al sol, a la recreación y a las visitas familiares. Además de las armas, se decomisaron artículos de aseo, ropa y muchos otros objetos no prohibidos. Estas intervenciones están acompañadas de prácticas de tortura consistentes en encierros en celdas de castigo, aplicación en el rostro de toallas mojadas con gas pimienta, golpes y azotes con objetos contundentes, desapariciones forzadas, entre otros actos que atentan la dignidad humana.⁴⁷ Para el 26 de abril, las cárceles se quedaron sin prestación de comida por una deuda del Estado con la empresa encargada de dar ese servicio. La CDH, la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos del Ecuador, el Comité de Familiares por Justicia en Cárceles, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y Mujeres de Frente interpusieron una demanda constitucional de medidas cautelares para que se garantice el alimento y la salud en las cárceles. Sin embargo, pese a la resolución favorable del 2 de mayo que ordena que las personas privadas de libertad reciban alimentos, éstas pasaron sin comer casi todo el mes de mayo de 2024.⁴⁸ Los tratos crueles inhumanos y degradantes no sólo se han practicado a las personas privadas de la libertad, sino a cientos de jóvenes empobrecidos y racializados que fueron detenidos en las calles, barrios y ciudades donde operan los militares. Se declara la guerra a los jóvenes del lumpenproletariado, la mano de obra forzada y barata del crimen organizado, estén o no integrados a las bandas criminales. Muestras de esta violencia gubernamental son la muerte de Javier, el joven que iba a vender un perro y acabó acribillado en un retén militar de Ecuador;⁴⁹ la detención arbitraria de Raúl, un joven afroecuatoriano de 18 años que no tenía antecedentes penales, no cometió ningún crimen;⁵⁰ el caso de Jonathan que fue secuestrado de su casa por los militares quienes le dieron una golpiza criminal y lo torturaron hasta matarlo.⁵¹ La seguridad implementada claramente responde a una gubernamentalidad necroliberal que somete la vida al poder de la muerte y que acompaña al capitalismo necropolítico cuyas prácticas y formas de acumulación involucra desposesión, muerte, suicidio, destrucción de la vida y la organización general de la violencia.⁵² El poder del gobierno es “la capacidad de definir quién tiene importancia y quién no; quién está desprovisto de valor y puede ser fácilmente sustituible y quién no”. ⁵³ Poder que actúa en provincias, ciudades y barrios empobrecidos, racializados por la mano de obra obligada y desechable del capital criminal.

La declaratoria de guerra interna contra el narcoterrorismo, justificó además la aplicación de una serie de políticas de ajuste económico como la subida del impuesto al valor agregado (IVA) del 12 al 15%, lo que incrementó el costo de la vida y los combustibles, situación que en otro contexto provocó los levantamientos populares de 2019 y 2022. Cualquier reacción social a medidas antipopulares por parte del gobierno se las juzga y castiga en el marco del CANI y el estado de excepción, lo que permite criminalizar la protesta social. Este ejercicio abusivo del poder, a nombre de la seguridad, se registró en la militarización de una zona de interés minero en la provincia de Cotopaxi. En las comunidades de Palo Quemado y las Pampas los trabajos de extracción se opusieron, así como a la presencia militar; el resultado de los enfrentamientos dejó 70 campesinos y ecologistas acusados de terrorismo.⁵⁴

La gubernamentalidad que tiene por blanco principal decidir quién debe morir a partir del saber de la economía política de la seguridad y por instrumentos técnico esenciales de los dispositivos de violencia criminal, la podemos llamar necroliberal. El poder de matar de los militares es inmenso y es lo que les permite, a sus jefes, afirmarse como hombres de gobierno capaces de imponer a la población un modo de proceder necrótico. De la guber-namentalidad liberal que consume y administra la libertad del intercambio, se pasó a la gubernamentalidad neoliberal que consume y administra la competencia desigual, y hoy se transita a la gubernamentalidad necroliberal que consume y administra la muerte. Entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2024, Ecuador registró un total de 3 036 homicidios, con la presencia de los militares en todo el territorio nacional.

De la fobia liberal al Estado se pasa al Estado bajo vigilancia permanente del mercado, y de ahí a la filia del estado policiaco. El necroliberalismo es una ideología que combina el total autoritarismo y la absoluta tolerancia a la humillación, la tortura, el asesinato y la muerte con tal de preservar la acu-mulación. Es el absoluto primado del mercado criminal sobre la vida con la autorización del Estado ecuatoriano, cuyas autoridades parecen haber tomado pocas o ninguna medida para prevenir las violaciones de derechos humanos o para garantizar sanción para los responsables. Incluso la Asamblea Nacional señala en un comunicado del 9 de enero de 2024, que está dispuesta a aprobar una amnistía o indulto en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de la policía y el ejército.⁵⁵

El Decreto 111 y el abuso de los estados de excepción da paso a la aplicación de la gubernamentalidad necroliberal, que opera un conjunto de procedimientos y dispositivos de extrema violencia estatal en sintonía con la violencia del crimen organizado. Desde el 9 de enero, Human Rights Watch registró múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad desde el anuncio del CANI: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tratos inhumanos, torturas, incomunicaciones, obstrucción de la asistencia jurídica y médica a los detenidos, etcétera.⁵⁶ En la línea argumental de Raimundo Viejo Viñas,⁵⁷ a grandes trazos, el necroliberalismo se configura mediante el primado autoritario y genocida del mercado sobre la democracia y los derechos humanos, sostenido bajo una amenaza de extinción permanente. Para esto se establece una serie de dispositivos disciplinares para extraer la dignidad de los seres humanos mediante la violencia ideológica que propagandiza el desprecio a la vida de la población empobrecida y racializada, donde se encuentra la inmensa masa de trabajadores del capital criminal. Seres humanos convertidos en población sacrificable dentro del proceso de valorización de capital son sometidos a la violencia del narcoestado con persecución, criminalización, humillación, prisión, tortura y muerte en las cárceles, los barrios populares y las calles. En la economía de la necropolítica, el racismo y el clasismo consisten “en regular la distribución de la muerte y en hacer posibles las funciones mortíferas”⁵⁸ del Estado. Las características culturales y sociales de la población objetivo del necroliberalismo son convertidas en signos de criminalidad y violencia, pertenezcan o no a los grupos de delincuencia organizada.

El necroliberalismo suspende en los hechos la universalidad de los derechos humanos. Hay humanos que importan y otros no, unos que tienen permiso para vivir y otros no. La seguridad basada en la gubernamental necroliberal requiere establecer en la población general un tipo de subjetividad adversa a la lucha por la dignidad. El necroliberalismo niega “la dignidad humana como factor esencial intrínseco y del respeto al otro por el hecho de ser mi igual, sin hacer juicios de valor que lo califiquen como pseudohumano”.⁵⁹ La vida del otro y la propia pierden valor o se mantienen en niveles mínimos. Cualquier vida incómoda e innecesaria es una vida sacrificable, lo que da cuenta del desprecio por la vida. El Estado y su política necroliberal interviene sobre la sociedad misma (mundo de vida) para mercantilizarla e integrarla a los mecanismos de la muerte (adicciones, secuestros, minería ilegal, migración forzada, sicariato, extorsiones, criminalización de la lucha social, etcétera).

El enfrentamiento del terrorismo ha puesto en la balanza un supuesto enfrentamiento entre la seguridad humana que como derecho fundamental tienen las comunidades y la libertad frente a la supuesta necesidad de restringir los derechos humanos. El terrorismo es pretexto para que se legisle en contravía de los derechos humanos.⁶⁰

Para restringir derechos humanos se pone en marcha una propaganda ideológica agresiva que los deslegitima en el seno de la sociedad, con el objetivo de hacer que la población acepte la muerte de los otros (narcoterroristas) y renuncien a muchos derechos en nombre de la seguridad y el combate al narcotráfico, el mismo que se centra en las poblaciones empobrecidas, racializadas y encarceladas. En el contexto del incremento de la violencia producida por el capital criminal, los grandes medios de comunicación, grupos de formadores de opinión y de troles en redes sociales se dedican a atacar a las organizaciones de derechos humanos acusándolas de ser defensores de delincuentes. Por ejemplo, sostienen que “la Corte Interamericana de Derechos Humanos considera que los delincuentes que matan, roban y están presos en una cárcel tienen los mismos derechos que las personas que no lo hacen y están libres”^.61

Esta campaña en contra de los derechos humanos se agudizó en torno a la consulta popular del 21 de abril de 2024, cuyos resultados mostraron un apoyo mayoritario de la población a todas las medidas de seguridad que abre paso a la formación de un estado de militarización permanente en Ecuador. Era común leer en redes sociales opiniones como esta: “Gracias a Dios más del 80% de los ecuatorianos apoyamos a las FFAA, si tienen que poner orden de la forma que sea ¡que lo hagan! No tengan miedo”.⁶² Un número importante de opiniones de la ciudadanía en redes apoyan que se torture o asesine a los delincuentes, incluidos niños y adolescentes que fueron detenidos en el marco de la declaratoria del CANI. Criterios violentos que se hacen en nombre de la seguridad.

conclusiones

Los resultados de esta investigación son un aporte al debate teórico y político en torno a la política de seguridad implementada por el gobierno ecuatoriano, en el contexto de la crisis de violencia provocada por las operaciones del crimen organizado vinculado con el narcotráfico. Básicamente, en la tesis que plantea que dicha política se fundamenta en la aplicación de una gubernamentalidad necroliberal, forma que le sucede a la neoliberal.

El necroliberalismo constituye una práctica de gobierno que garantiza la acumulación de capital, a partir del saber de la economía política de la muerte y de tecnologías y técnicas de dominación basadas en la violencia, el terror, el sufrimiento, el dolor y desangramiento de los cuerpos. La gubernamentalidad necroliberal comienza a aplicarse en el marco del uso abusivo de los estados de excepción y es totalmente contraria a la aplicación, no se diga a la ampliación de los derechos humanos, no sólo aquellos ligados al acceso a beneficios sociales, que ya fueron golpeados por el neoliberalismo, sino al fundamental derecho a la vida. La libertad del mercado que deviene en libertad de matar se constituye en el principio organizador y regulador del Estado. La gubernamentalidad necroliberal restringe derechos humanos con base en configurar una subjetividad que se criminaliza y administra su propia muerte a cambio de la promesa de seguridad.

Finalmente, es importante aclarar que esta investigación tiene el límite del periodo en que se desarrolló, por cuanto la política de seguridad con indicios de la aplicación incipiente de una gubernamentalidad necroliberal tiene apenas seis meses de ejecución. Además de esto, varios organismos de derechos humanos denunciaron poca transparencia gubernamental en los datos oficiales sobre los resultados de la política de seguridad puesta en marcha, lo cual limita el acceso real a la información. Sin embargo, por los signos mostrados en este semestre es recomendable monitorear con detenimiento los efectos de su aplicación en el futuro para corroborar o descartar la instauración de una gubernamentalización necropolítica del Estado.

Referencias

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Notas

Información adicional

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