introducción

Abordar la teoría del Estado es una labor complicada. Si bien hoy aún impera una noción weberiana del Estado, en la praxis ésta es insuficiente para comprender los fenómenos y dinámicas que ocurren en la actualidad. Entre estos fenómenos, uno de los más llamativos es el de la reconfiguración del monopolio de la violencia del Estado. En el sentido de que actualmente existe una serie de actores no estatales que desafían directa y abiertamente el monopolio estatal de la violencia. Entre estos actores, el crimen organizado es uno de los más preponderantes y es el que ocupa el planteamiento del problema de esta investigación.

El objetivo del presente trabajo consiste en examinar la dinámica de la reconfiguración del monopolio de la violencia en el contexto del Estado mexicano. La investigación se centra en analizar cómo los cambios en las operaciones del crimen organizado en México desafiaron y alteraron el tradicional monopolio estatal de la violencia, creando una configuración de Estado que se aparta de la concepción weberiana de Estado moderno. Cabe señalar que, para efectos de esta investigación, un Estado moderno se entiende como una “organización sociopolítica territorialmente centralizada que cuenta para sí con soberanía nacional, un monopolio de la violencia y aparato administrativo de gobierno”.¹

El estudio de caso que se analiza es el del “cualiacanazo” o “jueves negro”, un momento en la historia reciente de México en el cual el Estado libró un enfrentamiento armado contra fuerzas del crimen organizado. El caso se utiliza para exponer cómo es que en México se experimentan procesos de transformación del monopolio de la violencia. Cabe señalar que, aunque han ocurrido otras situaciones similares posteriormente,² se elige el caso de 2019 por dos cuestiones: en primer lugar, por ser la primera vez que un acontecimiento de tal magnitud ocurre en México,³ y en segundo lugar, porque el antecedente funciona como un caso paradigmático desde el cual se pueden abordar otros fenómenos similares.

Consecuentemente, se expone cómo es que el Estado mexicano se ha visto envuelto en procesos de reconfiguración del monopolio de la violencia dentro de su propio territorio, causado por fuerzas del crimen organizado. Lo anterior se aborda desde la socioantropología del Estado con conceptos tales como los márgenes del Estado,⁴ el orden clandestino,⁵ imagen y prácticas del Estado,⁶ entre otros, para brindar un abordaje alternativo al de la teoría weberiana –o incluso la teoría contractualista– del Estado. De igual modo, el fenómeno del crimen organizado en México se explica desde el concepto de nuevas guerras⁷ que define los conflictos entre el Estado y grupos criminales organizados. Por último, se utilizan los conceptos de territorialización, reterritorialización y desterritorialización⁸ para comprender la manera en la que el narco crea sus propias áreas específicas de control dentro del territorio del Estado.

Finalmente, la metodología se centra en un análisis cualitativo con enfoque de estudio de caso,⁹ mismo que se sustenta con fuentes periodísticas que nos permiten elaborar un recuento de lo ocurrido el 17 de octubre de 2019, como punto de partida para el posterior análisis de los hechos. Lo anterior es importante debido a que se contrasta la información obtenida con la teoría weberiana del Estado moderno, para señalar los cambios y resiliencias observados a partir del fenómeno estudiado.

En última instancia, la propuesta teórica aborda la viabilidad conceptual del Estado moderno para el caso mexicano. Por ello, se aborda el tema de las categorías de narco vs. Estado y narcoestado, al igual que la propia noción de Estado moderno, esto con el fin de dilucidar si las configuraciones endógenas que se dan entre el Estado mexicano y el crimen organizado responden a una forma estatal paralela a la conceptualizada como Estado moderno, o si ésta no es más que una forma de Estado fallido. Además, se analiza el cambio de lógica en los enfrentamientos entre el Estado y los grupos del crimen organizado, así como en sus técnicas de control del territorio, intimidación y despliegue de la violencia.

del estado moderno y el monopoliode la violencia: un marco conceptual

La discusión acerca del monopolio de la violencia en el Estado mexicano está directamente relacionada con los diversos actores no estatales que retan activamente al Estado dentro de su propio territorio.¹⁰ Desde la década de 1980, los índices de violencia causada por los cárteles de la droga han aumentado (Gráfica 1). Por ello, México es estigmatizado como un país que no puede cumplir con uno de los elementos fundamentales de un Estado moderno: garantizar la seguridad a sus ciudadanos mediante un control efectivo del monopolio de la violencia, es decir, que no puede hacer cumplir la ley debidamente en su territorio ni establecer un orden social vinculante efectivo.

En este sentido, la cuestión del territorio es una constante en las definiciones del Estado¹¹ y funciona a grandes rasgos como una de sus bases esenciales más importantes. Por ejemplo, para Norberto Bobbio,¹² la existencia del Estado está intrínsecamente ligada al territorio, y más aún, implica la necesidad de un poder central en ese territorio que tome decisiones, las cuales deben ser acatadas por la población bajo su gobierno. Esta perspectiva conlleva en gran medida a una conceptualización jurídica del Estado, ya que las fronteras delimitan la dualidad externa/interna del Estado en términos de la defensa territorial, convirtiéndolo en el límite espacial donde el derecho estatal tiene vigencia.¹³ De hecho, como señala Krader,¹⁴ el territorio es sinónimo al poder del Estado, de manera que su pérdida se traduciría en una disminución del poder estatal.

Gráfica 1
Número de muertes ocasionadas por violencia no estatal(crimen organizado)
Fuente: elaboración con datos de Uppsala Conflict Data Program, “Number of Deaths-Non State Violence-Mexico”, 2024 <https://ucdp.uu.se/country/70>.

Por otro lado, para Weber¹⁵ resulta imperativo comprender al Estado a partir de su posesión del monopolio de la violencia. Este concepto ocupa un lugar central en la obra de Weber, ya que lo que distingue al Estado moderno como la principal entidad de dominación, marcando su diferencia con cualquier otra organización social o política, es su capacidad para unificar bajo su autoridad los medios de coerción de manera legítima. De esta manera, la violencia física se convierte en un medio esencial para la supervivencia del Estado, por lo que existe una conexión estrecha entre el Estado y la violencia. En consecuencia, el Estado posee una autonomía institucional fundamentada, precisamente, en su monopolio sobre los medios de coerción legítima dentro de su territorio.¹⁶

La justificación para la construcción del dominio del monopolio de la violencia reside en que cuando el Estado centraliza los poderes y actores públicos dispersos, lo hace con el objetivo de evitar que en la sociedad y dentro de su territorio existan “múltiples centros de poder en tenaz rivalidad por la vía de las armas y del derramamiento de sangre”.¹⁷ Por lo tanto, el poder central, es decir, el Estado, debe operar como la única entidad que controla y ejerce la violencia, actuando como el agente exclusivo encargado de administrarla y restringirla en general.

Así, la cuestión de la violencia está estrechamente vinculada con la ilegalidad y con la manera en que actores, a menudo relacionados con el crimen, desarrollan sus propias dinámicas de control y aplicación de la violencia de forma paralela al Estado. Por ello, la capacidad del Estado para establecer un monopolio efectivo de la violencia dependerá en gran medida de las negociaciones que establezca con otros actores no estatales ostentadores de la violencia en momentos espaciotemporales específicos.

Es importante subrayar que la violencia en realidad no desaparece en ningún Estado, sólo se regula.¹⁸ En el caso de México, ésta es la gran falla a la que se alude, a la falta de una regulación verdaderamente efectiva de la violencia, así como a la incapacidad del Estado para desempeñar sus funciones básicas, tanto de administración como de extracción de los recursos, y también sus responsabilidades coercitivas y judiciales.¹⁹ Como señala Burgos,²⁰ el modelo de Estado moderno no tiene que ver únicamente con aquel que “use la fuerza o la violencia para hacerse obedecer, sino que además dice o pretende monopolizarla”. Derivado de lo anterior, es preciso aclarar qué es lo que entiende por violencia, así como por fuerza del Estado; el autor hace una diferenciación útil entre violencia y fuerza: “la fuerza está en el Estado, la violencia fuera de él”.²¹ Esto quiere decir que la fuerza es aquello que utiliza activamente el Estado para combatir las otras formas de fuerza que no son “legítimas”, y que, por lo tanto, el Estado define como “violentas”. En otras palabras, desde esta perspectiva, la violencia únicamente es violencia cuando un actor que no es el Estado la ejerce.

Por otro lado, Serrano se refiere a la fuerza del Estado como la capacidad que éste posee “para preservar sus instituciones y el control sobre la población y el territorio”.²² Además, señala que la fuerza del Estado se encuentra en las dinámicas de su estructura respecto a otros actores (sociedad civil, empresarios, crimen organizado, etcétera), en relación con la preponderancia de los designios del Estado sobre los de estos últimos.

De este modo, Burgos²³ indica que la fuerza del Estado está “organizada”, mientras que la violencia, que se encuentra fuera de él, es caótica; definición que para los intereses de este trabajo resulta, cuando menos, problemática. En este sentido, para Walter Benjamin la distinción entre fuerza y violencia es esencialmente construida desde el Estado, con el propósito de estigmatizar a aquellos que cuestionan de manera real o potencial la violencia ejercida por el propio Estado.²⁴ De este modo, se puede decir que “la constitución del Estado moderno es entonces un proceso de concentración y regulación de la violencia, no se trataba de eliminar o hacer desaparecer la violencia, sino de modularla en manos de una institución, de darle un lugar normado y unas instituciones capaces de aplicarla”.²⁵

Esta diferenciación entre fuerza y violencia se presenta como una dicotomía maniquea entre lo legítimo y lo ilegítimo. Es decir que el Estado, en un esfuerzo por monopolizar la violencia, deslegitima cualquier otra forma de ostentación de violencia que pueda existir en la sociedad dentro de su territorio, con el fin de brindar una organización centralizada; así construye el monopolio de la violencia, estableciendo parámetros bien definidos entre lo legítimo –el Estado– y lo ilegítimo –actores no estatales.

Respecto a la manera como los actores no estatales de facto transforman el monopolio de la violencia del Estado, es de gran ayuda retomar el esquema que brinda Reguillo sobre los alcances de la violencia, así como su ejercicio del poder y la racionalidad. En sus palabras, toda violencia está sustentada en la capacidad o competencia de unos sujetos conscientes que buscan alterar la realidad o el curso de los sucesos mediante el uso de métodos, mecanismos o dispositivos violentos para conseguir ciertos resultados previstos.²⁶

En este sentido, cuando un actor no-estatal (o actores) ejerce de manera efectiva el uso de la violencia, lo que provoca no es únicamente un enfrentamiento directo con las formas tradicionales y centralizadas de las violencias del Estado, sino más bien intenta cambiar la propia configuración y distribución de la violencia en un determinado territorio. Por tanto, todo actor que busque desafiar activamente el monopolio de la violencia del Estado, se le verá en una condición de beligerante, es decir, como un actor/agente que busca cambiar el statu quo.

jueves negro: una apresurada crónica de los hechos

El 17 de octubre de 2019, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, aconteció uno de los momentos más disruptivos en la historia reciente de la guerra entre el Estado mexicano y el crimen organizado. Durante un operativo de la Guardia Nacional junto con el Ejército mexicano, en el que pretendían arrestar a uno de los hijos del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, Ovidio Guzmán, se desató una de las batallas armadas más violentas y descontroladas que ha presenciado México en los últimos años.

En un primer momento, el gobierno federal declaró que el encuentro se había dado de manera accidental. El discurso establecía que una patrulla de la policía se había encontrado con Ovidio Guzmán, por lo que se procedió con su captura, sin embargo, se optó por suspender la operación cuando los narcotraficantes superaron en número y armas a los agentes de la ley. No obstante, más tarde se conoció la verdad; no hubo ninguna patrulla que hubiese “tropezado” con Guzmán, sino que todo fue una operación planeada previamente para capturar al capo de la droga y posteriormente extraditarlo a Estados Unidos.²⁷

El operativo –que resultó con la liberación de Ovidio Guzmán– duró alrededor de tres horas, en las que “la ciudad de Culiacán le perteneció por completo al Cártel de Sinaloa, aun cuando el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado se encontraban ahí”.²⁸ Desde el momento en el que la Guardia Nacional arrestó a Ovidio en el domicilio donde lo encontraron, comenzó una movilización voraz de los sicarios del crimen organizado, en un intento por liberar al susodicho. En dicha movilización se mostró una coordinación, conocimiento del terreno y tácticas militares muy superiores a las de las fuerzas armadas mexicanas, que denotaban que éstas no estaban bien preparadas desde un inicio, o habían subestimado el propio poder con el que contaba el crimen organizado en Culiacán.²⁹

Por ejemplo, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, señaló en su momento que el operativo había estado diseñado de manera que se consideraron cuestiones como la ubicación, el aislamiento del presunto delincuente, etcétera, precisamente para evitar intromisiones del crimen organizado.³⁰ Sin embargo, como lo señala Navarro,³¹ apenas 30 minutos después de haber aprehendido a Ovidio Guzmán, un grupo de sicarios rodeó el inmueble y comenzó a disparar contra los efectivos que se encontraban dentro de la casa. En este lapso, la ciudad de Culiacán fue “tomada” por numerosos grupos de hombres armados que no dudaron dos veces antes de comenzar una batalla campal contras los soldados de la Guardia Nacional, el Ejército, y uno que otro efectivo de la policía estatal. Así, “la reacción de los grupos armados del cártel tras enterarse de la presencia de los policías militares y la Guardia Nacional fue formar anillos perimetrales mediante el bloqueo de los puntos de acceso de la zona –la cual conocen bien– con autos y camiones incendiados”.³²

Los efectivos de la Guardia Nacional que se encontraban atrapados por el refuego dentro del inmueble donde capturaron a Ovidio Guzmán, estuvieron esperando, durante horas, refuerzos que nunca llegaron. Esto fue así, ya que los soldados que debían dar protección adicional nunca pudieron arribar al lugar, puesto que fueron agredidos en su ruta por grupos de sicarios.³³ La movilización táctica del Cártel de Sinaloa fue superior en muchos aspectos, y las fuerzas armadas no tuvieron un papel protagónico, más bien fueron relegadas a responder a los disparos de los sicarios en el fuego cruzado.

[Por ejemplo,] con el fin de evitar el posible traslado de Ovidio Guzmán al aeropuerto y obstaculizar la movilización de los convoyes de las fuerzas armadas, el Cártel de Sinaloa bloqueó puentes, avenidas y bulevares principales que conectaban al sector Tres Ríos con las vías principales. Pusieron retenes, dispararon al aire y quemaron vehículos.³⁴

La extensión territorial que ocupó el Cártel de Sinaloa en Culiacán y sus alrededores, demostró que tenían un mayor conocimiento del área que el propio Estado mexicano. Fue un claro mensaje hacia el gobierno que podría entenderse como: “Esta es nuestra zona, la conocemos mejor que ustedes, y si entran, puede que ya no salgan”. Igualmente, las armas que portaban los sicarios eran de igual o mayor calibre que las que portaban los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército: calibres 50, fusiles AK-47, munición antiaérea (que evitaba que pudiesen entrar helicópteros del ejército al área), barrett’s, etcétera. Armas de uso exclusivo del Ejército. Así, “según un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ese día participaron al menos 385 personas con armas automáticas de grueso calibre, chalecos antibalas y pasamontañas”.³⁵

Por otro lado, los ciudadanos se encontraban en pánico generalizado, debido a que en el operativo que montaron los sicarios en la ciudad, no sólo encerraron a los elementos de las fuerzas armadas mexicanas, sino también a la población de Culiacán.³⁶ Además, la difusión de videos del Ejército siendo superado por los sicarios en las calles de la ciudad no ayudó a apaciguar a la ciudadanía, sólo aumentó el malestar. En este sentido, la sociedad civil presenció una ola que se clasificó de narcoterrorismo, en el que los elementos del Cártel de Sinaloa no temieron utilizar su superioridad logística y de fuego, por los medios que fuesen necesarios, para cumplir su objetivo: liberar a Ovidio Guzmán.

Los sicarios no diferenciaban entre soldados del Ejército, Guardia Nacional, policías o civiles; las balas no discriminan. Aquel día hubo “ocho muertos, siete militares y un civil, 16 heridos, ocho soldados secuestrados y liberados después, 51 presos fugados del penal, 19 bloqueos en calles y avenidas, 68 vehículos militares con impactos de bala y agresiones al Cuartel Militar en Culiacán”.³⁷ Esto es una muestra de que el Estado no sólo falló en su operativo de detención, sino también en brindarle seguridad a la población civil.

Mientras tanto, dentro del inmueble donde se encontraba Ovidio detenido, los elementos de la Guardia Nacional comenzaron a persuadirlo para llamar a sus hermanos y detener las hostilidades hacia el ejército y la población civil. En el video del operativo expuesto por el gobierno federal se puede escuchar a uno de los agentes decirle a Ovidio: “Dile a tu gente que paren todo”. Consecuentemente, Ovidio llama a uno de los mandos a cargo del operativo para liberarlo y le dice: “Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo”.³⁸ Aun así, la confrontación no cesó, en cambio, siguió su curso de agresión contra los militares. Ya que, en realidad, no tenía sentido que se retiraran cuando tenían un dominio casi total de la situación y de la ciudad.

Finalmente, después de casi cuatro horas de enfrentamiento, al ver que la situación se les había salido de las manos, y que la ciudad estaba como rehén, desde el gobierno federal, en conjunto con los secretarios de Marina, Defensa y Seguridad Pública, “se tomó la decisión de liberar a Ovidio para evitar bajas inocentes, ante el amago del grupo criminal de tomar represalias contra la comunidad si no era puesto en libertad”.³⁹ Ante dicha decisión, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró: “Se tomaron decisiones que apoyo; que apoyo porque la situación se volvió muy mala y muchos ciudadanos estaban en riesgo, mucha gente, y se decidió proteger la vida de las personas [...] No se puede valorar la vida de un delincuente más que la vida de las personas”.⁴⁰

El operativo fue un rotundo fracaso, el Estado mexicano fue puesto entre la espada y la pared por un grupo armado no estatal. En consecuencia, al día siguiente de lo sucedido, la prensa nacional e internacional no tartamudeo para clasificar el acontecimiento como una “gran humillación”⁴¹ y una vergüenza⁴² para el Estado mexicano, así como un “fracaso” en materia de inteligencia y contrainteligencia. Y apuntaban a que el suceso denotaba los fallos estructurales de las fuerzas armadas y de las secretarías de Defensa y Seguridad; en última instancia, se afirmaba lo que antes era un rumor a voces: en México, los cárteles de la droga mandan.

más allá del monopolio de la violencia:la reconfiguración del estado moderno

Aquel 17 de octubre de 2019 marcó un punto de quiebre en el entendimiento de la relación del Estado mexicano con el crimen organizado. La manta que cubría aquello que parecía ser algo subterráneo y únicamente salía a relucir en momentos determinados, cayó; en su lugar, la narrativa de que el Estado puede ser vencido en su propio territorio por agentes no estatales, sobrevino. Como señala Padilla, “ese día el crimen organizado incrementó la instrumentalización y la visibilidad de la violencia en el espacio público”.⁴³

Por ejemplo, en Culiacán, al igual que en muchas otras ciudades del mundo, existe una destacada iconografía relacionada con el narcotráfico y una historia constante de enfrentamientos armados. A pesar de la normalización de la violencia en el entorno urbano, el 17 de octubre de 2019 se convirtió en un evento paradigmático que marcó un antes y un después.⁴⁴ En este sentido, el suceso rompió con la lógica a la que los habitantes de Culiacán estaban acostumbrados, generando un acontecimiento⁴⁵ que cambió tanto la cotidianidad colectiva de la ciudad y sus habitantes, así como la percepción de éstos hacia el crimen organizado.

Por ello, en México existe una discusión bifurcada sobre la relación del Estado con el narcotráfico. Por un lado, como lo señala Le Cour,⁴⁶ durante décadas ha imperado la retórica sobre narco vs. Estado, que –aunque desgastada– es bastante poderosa y permite abordar fenómenos de la violencia generada por el narco sin la necesidad de un análisis coyuntural profundo.⁴⁷ Paralela a la retórica de la rivalidad, la denominación “narcoestado” es bastante utilizada por los violentólogos, periodistas y otros estudiosos contemporáneos de la teoría política y social, y obedece a un proceso y situación de simbiosis entre las estructuras criminales y el propio Estado, en el que comparten intereses, objetivos y, sobre todo, metas de acumulación de capital.

Ambas posturas rozan extremos de la relación entre el Narco y el Estado, y más que brindar una aproximación conceptual y empírica útil para comprender el fenómeno y a sus espinosas aristas, lo que provocan es encasillarlo dentro de parámetros normativos del deber ser, en el que de forma muy shakesperiana algo simplemente es o no lo es. En este sentido, los estudios sobre las nuevas reconfiguraciones del monopolio de la violencia están fuertemente atados a nociones weberianas sobre el Estado, en el que, si se desvían un poco de los parámetros propuestos por Weber y otras tradiciones clásicas de teoría del Estado, se tiende a denominar a dichas formaciones de Estado como Estados fallidos o, aún más, con una serie de adjetivos que detonan tal o cual característica determinada de dicho Estado. Como señala Dewey:

Las referencias a la ausencia y a la debilidad, sobre todo al ser usadas como adjetivos del sustantivo Estado, no son más que estrategias destinadas a mantener a resguardo esa idea de lo que debería ser y no es. El problema, dice este juicio, es la debilidad o la ausencia y no el Estado. O dicho de otra manera: en algún lugar el Estado está, sólo hay que reforzarlo.⁴⁸

A raíz de lo anterior, antes de emprender la labor de análisis sobre la formación estatal, así como su estructura, atributos y demás elementos, es preciso hacerse la pregunta sobre la propia capacidad del Estado contemporáneo para operar bajo la idea de un Leviatán todopoderoso⁴⁹ que posee para sí un monopolio efectivo de la violencia, soberanía nacional, control del territorio, legitimidad, etcétera. Porque, si se parte de la idea de que el Estado es todopoderoso y puede desempeñar efectiva y eficazmente todas sus tareas, y suplir y atender todas las necesidades de su población, entonces se estaría hablando de un Estado bastante ontológico y antropológico que no necesita de ninguna otra fuerza social, política o económica para funcionar.

Aunque la idea del monopolio de la violencia resulta de ayuda para casos concretos de ejercicio de la coacción estatal, también resulta reduccionista en otra clase de problemas más complicados, como el del crimen organizado. Como señala Le Cour:

La teoría es dominante y resulta difícil criticarla. Incluso en la academia, la ciencia política y la criminología estadunidenses (o inspiradas por) siguen produciendo estudios que yacen en una concepción weberiana –caricatural– del Estado como garante del monopolio de la violencia en su territorio. Lejos de esta visión, en México el Estado nunca desaparece. Es más, logra consolidarse como el espacio político central a pesar, a través y en contra de la violencia, legítima o no. Lo importante es entender que la organización de la violencia y sus reglas de uso son una co-construcción: se negocian permanentemente, de forma más o menos violenta, entre varios protagonistas públicos y privados.⁵⁰

Es necesario apuntar que el Estado efectivamente nunca desaparece. Incluso cuando su aparato de seguridad y defensa falle, eso no es sinónimo de debilidad, desaparición, erosión, etcétera, puesto que éste se manifiesta de muchas otras formas. Retomando el caso de Culiacán, aun cuando el Estado falló para proteger a su población en términos de defensa inmediata, éste siguió presente en otras muchas formas relacionadas con la seguridad personal de los ciudadanos: servicio de electricidad, agua, aparato burocrático, impuestos, alumbrado público, carreteras, recolección de basura, etcétera. Entonces, cabe señalar que el poder de los actores criminales o, más precisamente, del crimen organizado, no depende o proviene de la ausencia del Estado per se, sino de la manera en la que éste actúa⁵¹ o no ante ciertas situaciones.

Desde la socioantropología del Estado, a menudo se observa en la práctica que las acciones realizadas por actores concretos de un Estado pueden entrar en conflicto con la imagen del mismo.⁵² Esto significa que las políticas y discursos del Estado pueden ser eclipsados o contradichos por las acciones de diversos actores internos y externos, tales como individuos, actores no estatales, instituciones, etcétera. Es decir que dichos actores persiguen sus propios intereses independientemente de los objetivos del Estado. Esta clase de situaciones contradictorias pueden comprenderse a partir de lo que Das y Poole⁵³ llaman “márgenes” del Estado, que delimitan los parámetros de lo que es “legal” e “ilegal”; cabe señalar que dichos márgenes no se limitan sólo a aspectos territoriales o de aplicación de la ley, también comprenden “lugares en los que la ley y otras prácticas estatales son colonizadas por otras maneras de regular”.⁵⁴ En este sentido, Andreas Schedler, en su libro En la niebla de la guerra, denomina el fenómeno de la guerra contra el narco en México dentro del concepto de “nuevas guerras”. Este concepto significa un parteaguas de las “viejas guerras”, es decir, guerras libradas entre Estados o poblaciones civiles, sustentadas por motivos políticos o ideológicos, hacia nuevas formas de violencia que se dan entre Estados y actores no estatales que obedecen principalmente a cuestiones de acumulación de capital. En otras palabras, las “nuevas guerras” son económicas y posideológicas, no persiguen objetivos o intereses políticos, sino simplemente el aumento de ingresos económicos, es decir, el autoenriquecimiento.⁵⁵

Lo acontecido en Culiacán el 17 de octubre de 2019 fue una muestra de estas nuevas guerras. Este suceso puede explicarse en el sentido de que desde el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), donde comenzó la guerra contra el narcotráfico, los cárteles aumentaron gradualmente su poder dentro del territorio nacional.⁵⁶ La persecución hacia altos mandos de los cárteles de la droga, las repetidas “balaceras” en ciertos estados del país, las iniciativas de combate contra el narco, la propia narcocultura, etcétera, fueron catalizadores que en vez de disminuir el problema propiciaron su aumento. Si bien el gobierno mexicano fue mejorando sus estrategias, el crimen organizado también lo hizo. Es decir, se estableció una relación dialéctica en la que ambos bandos en vez de verse menguados se volvían más fuertes.

En este aspecto, en México se han dado diversos procesos de territorialización causados por el narco. Territorialización entendida como “áreas más o menos demarcadas que son gobernadas por una autoridad política con poder para tomar decisiones vinculantes sobre los residentes de esas áreas”.⁵⁷ Esto quiere decir que existen zonas dentro del territorio nacional controladas por grupos del crimen organizado, y donde el Estado apenas tiene cabida o marco de acción. Así, el territorio nacional se “desterritorializa” del control del Estado y posteriormente se “reterritorializa” de acuerdo con las dinámicas de control del narcotráfico. Por ejemplo, para Mainhold,⁵⁸ estos espacios reterritorializados pueden entenderse como “áreas de presencia limitada del Estado”. Por “áreas”, el autor no sólo se refiere a la cuestión geográfica, sino a segmentos poblacionales, periodos temporales y sectores políticos⁵⁹ que se posicionan más allá del control del Estado, o de los gobernantes.

Al respecto, Eduardo Medida Mora señaló:

[...] el presidente Felipe Calderón ha dicho que las organizaciones criminales en algunas de esas zonas [la frontera norte de México] han disputado al Estado sus potestades básicas. El derecho exclusivo al uso legítimo de la fuerza. El derecho exclusivo de cobrar impuestos, y en alguna ocasión el derecho exclusivo de dictar normas de carácter general.⁶⁰

Sin embargo, en este caso no podría afirmarse que todo el país este territorializado por el narco o que está sumido “en el caos”, ya que la violencia en realidad se encuentra concentrada en ciertos estados y municipios específicos;⁶¹ la violencia de Ciudad de México no es la misma violencia de Tijuana, y viceversa. De este modo, Schedler señala que los más violentos son los estados de la frontera norte, como Baja California, Sonora, Tamaulipas, etcétera, y algunos de la costa del pacífico, como Sinaloa, Jalisco, Michoacán y Guerrero, que durante los últimos 20 años han sido los escenarios centrales de la guerra contra el narco.⁶² En consecuencia, estos estados podrían considerarse como territorializados por el crimen organizado, con altos grados e índices de violencia y asesinatos, sobre todo como estados que fungen como ruta del tráfico de drogas. De este modo:

[...] las clásicas insurgencias políticas, cuando ingresan a un territorio tratan de gobernarlo. Establecen espacios de soberanía que compiten con la autoridad del Estado en monopolizar la violencia, cobrar impuestos, reclutar soldados, imponer reglas, resolver conflictos y proveer servicios. Según los lugares comunes que dominan la discusión pública, también las organizaciones criminales luchan por territorios. Sin embargo, la lucha por el control territorial (por la famosa plaza) no es una lucha por gobernar territorios, sino por monopolizar el crimen en ciertos territorios.⁶³

Lo acontecido en Culiacán puede entenderse bajo el supuesto de que la ciudad es un área territorializada por el crimen organizado y que obedece a sus propias lógicas de control. Por lo tanto, cuando el Estado intentó realizar el operativo para la captura de Ovidio Guzmán, naturalmente se vio superado por los efectivos que sirven al Cártel de Sinaloa en dicho lugar, ya que entraron en un territorio que está, en la praxis, fuera de jurisdicción. De modo que el crimen organizado mostró un control avanzado del territorio en el que afirmó y dominó formas de poder que se sobreponían a las del Estado.

El poder mostrado por el Cártel de Sinaloa el jueves 17 de octubre de 2019 no se puede traducir únicamente como una muestra estrafalaria de instrumentos y voluntad para enfrentar tanto al Estado como a sus instituciones de seguridad, sino más bien como una declaración sobre la capacidad que posee el crimen organizado para controlar territorios, poblaciones y momentos espaciotemporales concretos. Las técnicas utilizadas –establecimiento de puntos de control, balaceras sistemáticas con armas de alto impacto, presencia de hombres armados en puntos estratégicos de la ciudad, incendio y robo de vehículos para el bloqueo de calles, puentes y otros puntos importantes de la ciudad, secuestro y atemorizamiento de militares y sus familias, etcétera–⁶⁴ mostraron una empresa bien organizada logísticamente, así como un despliegue de recursos sumamente estructurado.

Es aquí cuando se puede realizar una diferenciación clara entre el Culiacanazo y otros eventos relacionados con enfrentamientos entre agentes del Estado y miembros del crimen organizado. Esto por una serie de cuestiones que van desde el nivel de respuesta de los grupos armados ante el operativo del gobierno federal que se llevaba a cabo, el calibre de las armas utilizadas, la extensión territorial de dominio del crimen organizado sobre la ciudad de Culiacán –que prácticamente la colocó bajó la denominación de Estado de sitio–, la duración del suceso –aproximadamente tres horas–, la difusión de contenido audiovisual entre la población –que tenía como objetivo causar terror entre los ciudadanos– y, en última instancia, que el operativo para arrestar a Ovidio Guzmán finalmente fracasó y el Estado tuvo que ceder ante la demanda de liberar al capo de la droga.

No obstante, acontecimientos de esta magnitud no suceden con regularidad en México, más bien emergen y se articulan alrededor de contextos y acuerdos espaciotemporales concretos. Por lo tanto, el monopolio de la violencia parece estar, más que perdido, en negociación, en tanto que en algunos de sus territorios el Estado no cumple con un control efectivo de éste. Desde este supuesto, y recuperando lo dicho en el primer apartado, el “verdadero problema con la violencia [...] no es que se ejerza, sino que ya no es exclusivamente el Estado quien la ejerce”.⁶⁵ Estas lógicas de control del territorio se dan por distintos factores, por ejemplo, un cartel de la droga cuenta con diversas características que hacen que sea un digno adversario del Estado, entre las que se pueden encontrar:

1. 1. Capital: si bien es un fin para los cárteles de la droga, también lo utilizan como medio, en el sentido de que les brinda armas, herramientas, información, sobornos a políticos y funcionarios públicos –así como a policías y militares–, operatividad, infraestructura, etcétera.

   2. Un ejército propio: el crimen organizado cuenta con miles de efectivos armados y entrenados, especializados en el combate urbano –muchos de ellos exmilitares, que a la vez entrenan a los nuevos miembros. Igualmente, parece que –dada la situación socioeconómica del país– “el narco” siempre puede tener capital humano a su disposición, más que nada porque en muchos lugares del país, la vida de narcotraficante se ha colocado como una vía para salir de la pobreza.⁶⁶

   3. Logística: el propio nombre de “crimen organizado” denota que se trata de una organización bien estructurada, que cuenta con toda una jerarquía de mando, desde los “capos” de la droga hasta los sicarios o gatilleros, o los simples halcones. De igual modo, las operaciones de cultivo, traslado, comercialización, compraventa de droga y armas –y otros productos o servicios– requiere de toda una organización logística de alto grado que muchas veces sobrepasa las tácticas de contrainteligencia del Estado.

En su libro, Schedler señaló lo siguiente: “Su poder coercitivo y financiero no le da al crimen organizado los medios para vencer al Estado en confrontaciones directas, pero le da los medios para colonizar partes del Estado mediante la corrupción y la intimidación”.⁶⁷ Sin embargo, el Cualiacanazo demostró que esto no es así, sino todo lo contrario. El crimen organizado, además de poseer los medios para “colonizar partes del Estado” –formas de territorialización–, ahora también tiene los medios para vencer al Estado en confrontaciones directas. En otras palabras, el viejo paradigma del narcotraficante que prefería rehuir del conflicto con las fuerzas armadas del Estado parece haberse derrumbado. El Jueves Negro es un parteaguas de las formas en las que se habían desarrollado las “nuevas guerras” en México, e invita a pensar, tal como lo señaló en su momento Juan Veledíaz, a que este suceso funja como precedente, y no falte quien quiera imitar lo ocurrido;⁶⁸ cosa que, a la fecha, ya se ha replicado en otras dos ocasiones: Tijuana (2022) y Culiacán (2023).

A raíz de lo anterior, se vuelve complicado catalogar o conceptualizar el fenómeno del enfrentamiento entre el Estado y el narcotráfico en México, ya que más allá de una retórica de narco vs. Estado, o de narcoestado, la realidad es mucho más compleja. Las configuraciones que ocurren en la praxis sobrepasan las distinciones dicotómicas de fuerza-legalidad y violencia-ilegalidad. Por ello, Reguillo,⁶⁹ en la misma línea conceptual de los márgenes del Estado, propone abrir un tercer espacio analítico entre lo legal y lo ilegal en pos de definir el fenómeno del narcotráfico en México. Introduce el concepto de “paralegalidad”, que “emerge justo en la zona fronteriza abierta por las violencias, generando no un orden ilegal, sino un orden paralelo con sus propios códigos, normas y rituales que al ignorar olímpicamente las instituciones y el contrato social se constituye paradójicamente en un desafío mayor que la ilegalidad”.⁷⁰ Dicho concepto se asienta en dos analizadores clave:

1. a) El aumento de la violencia expresiva en detrimento de la violencia utilitaria. Es decir, se trata de violencias que no parecen perseguir un “fin instrumental”, sino constituirse como un lenguaje que busca afirmar, dominar, exhibir los símbolos de su poder total.

   b) El control casi absoluto de vastos territorios de la geografía nacional [...] donde los grupos del narcotráfico organizan, dirimen, gestionan importantes áreas de la vida social relevantes para sus intereses.⁷¹

De este modo, los márgenes del Estado se vuelven evidentes en tanto los procesos espaciotemporales de territorialización que ocurren dentro y fuera de éstos. Por lo tanto, de acuerdo con Jessop,⁷² la configuración socioespacial del Estado, junto con la diversidad de actores que convergen con ella, conlleva a que el poder estatal se disperse y se localice en distintas partes del sistema estatal, provocando que las relaciones de poder de estos numerosos actores, en constante interacción y conflicto, tiendan a desbordar con frecuencia al propio Estado,⁷³ lo que provoca contradicciones, antagonismos, dilemas y tensiones⁷⁴ entre el Estado y otros actores no estatales con la capacidad de despliegues instrumentales de violencia.

Por ende, fenómenos como el Culiacanazo denuncian, en términos teóricos, la necesidad de trasladar la atención de teorías centradas en el Estado, con tendencias instrumentalistas, funcionalistas o estructuralistas, a teorías socioantropológicas que comprendan al Estado como un agregado de actores antagónicos que no están ni centralizados ni concentrados bajo un mando de poder único, debido a que existen dinámicas interestatales que sobrepasan al control del propio Estado y que no pueden comprenderse bajo una teoría de un Estado unificador y centralizador todopoderoso. De nuevo, calificar dichos fenómenos como señal de debilidad o ausencia del Estado, no es más que una salida fácil ante una labor teórica y de comprensión empírica mucho más profunda y complicada.

Por ello, lo que actualmente presenciamos es el aumento del protagonismo de los actores no estatales que escapan al control del Estado, desviándose de la lógica de éste como una entidad territorialmente centralizada, con una soberanía sólida y un monopolio del control de la violencia. Es decir, existe un proceso de “tránsito de un modo de integración estado-céntrica a un modo de integración fragmentada”,⁷⁵ que puede servir o no a los objetivos e intereses del propio Estado. En este sentido, las diversas formas que el Estado solía emplear para ejercer un poder efectivo sobre el territorio nacional se ven disminuidas en la actualidad debido a los procesos de desterritorialización y reterritorialización experimentados. Esto resulta en una reinvención de las relaciones geopolíticas del Estado con otros actores, transformando las formas clásicas y tradicionales de gobierno del Estado moderno. En otras palabras, la capacidad previa del Estado para gobernar por medio de una red elaborada de instituciones, organizaciones y actores estatales y no estatales, junto con mandatos jurídicos y constitucionales que apuntaban hacia la centralización del poder político,⁷⁶ parece experimentar una transformación hacia una lógica más dispersa y fragmentada.

En resumen, se produjo un cambio en la gestión tanto de la violencia como de los recursos para ejercerla, y de quienes tienen la capacidad para ejercerla. Incluso, las lógicas de control y legitimidad que utilizan los actores no estatales en cuestiones de violencia sugieren reconsiderar el concepto de “monopolio”, y tal vez sería más adecuado renombrarlo para comprender mejor esta diversidad de dinámicas y actores que se presentan de manera integral. Por tanto, lo que actualmente está en juego no es el concepto de monopolio de la violencia, sino más bien el propio concepto de Estado moderno, y “su capacidad para definir y hacer cumplir un orden social vinculante”.⁷⁷

Finalmente, Le Cour⁷⁸ señala que si se insiste en argumentar que la violencia es un producto de la debilidad o erosión del Estado, se tendería a brindar soluciones que vayan en la misma línea, es decir, se traduciría en que la solución a la debilidad del Estado en sus aparatos de seguridad es aumentar su fuerza, así como sus técnicas, herramientas y procedimientos. Tal situación se reflejaría en una mayor militarización y fortalecimiento del Estado en sus aparatos coercitivos. Por ello, intentar proponer respuestas que vayan más allá de una apreciación estadocentrista podría brindar el camino a seguir para nuevas formas de relacionarse con esas otredades que comienzan a tener cada vez un papel más preponderante y vertiginoso actualmente.

conclusiones

El monopolio de la violencia en México se encuentra en procesos de negociación y reconfiguración. El Culiacanazo, además de fungir como un fenómeno paradigmático en los estudios del crimen organizado y la violencia, también funciona como un punto de inflexión en la propia lógica para comprender al Estado mexicano contemporáneo. Esto debido a que el Culiacanazo desafió la noción tradicional de Estado moderno, y abrió tanto la oportunidad como la necesidad de repensar las relaciones territoriales, geopolíticas y de seguridad del Estado, así como su propia gestión de la violencia.

Los discursos sobre narco vs. Estado o narcoestado, más que ayudar a la explicación de los fenómenos que atraviesan coyunturalmente la realidad sociopolítica de México y otros países, lo que logran es reducir el marco analítico y la comprensión de los propios fenómenos. Porque, de acuerdo con lo que se puede observar en la praxis, existen dinámicas que sobrepasan las concepciones dicotómicas de narcoestado o narco vs. Estado. Por ello, si algo debe quedar claro es que el Estado no se presta a concepciones maniqueas, sino que está en constante formación y negociación a raíz de sus relaciones con otros actores no estatales que en la actualidad se salen de la lógica de centralidad y concentración política.

Denunciar que, en este caso, el Estado mexicano falló como estructura de organización sociopolítica, sería igualmente bastante riesgoso, apresurado y, de nuevo, reduccionista. Lo anterior porque el Estado no se reduce únicamente a sus instituciones y aparatos de seguridad y de defensa, sino que se manifiesta y tiene presencia en toda una red de funciones que van más allá de la coerción. Es decir, aunque falló en gran medida en sus funciones de seguridad pública, existen otras funciones en las cuales es plenamente funcional.

Si bien el elemento del monopolio de la violencia es una de las prerro-gativas del Estado contemporáneo, actualmente ya no se presenta como absoluta, sino que oscila entre acuerdos y dinámicas espaciotemporales que existen entre el Estado y actores no estatales. Por ello, más allá de cuestionarse sobre si existe o no un Estado moderno en México, el cuestionamiento debería ir en dirección sobre la capacidad que tienen los Estados contemporáneos, en este caso el mexicano, para proveer seguridad a sus poblaciones aun cuando existen lógicas fragmentadas de control sobre los territorios y actores no estatales. Es decir, si actualmente los Estados ya no funcionan bajo el paradigma de centralización y concentración de poderes dispersos –quizás porque simplemente no pueden hacerlo–, de qué manera se puede lograr un orden social vinculante sin caer de nuevo en el supuesto de la centralización. Por lo tanto, más que hablar de un monopolio de la violencia, o de un Estado moderno como tal, de lo que debemos hablar es de los controles de regulación que posee el Estado para implementar su ley dentro de sus propias fronteras territoriales, aun cuando otros actores emergentes poseen la capacidad de enfrentarlo activamente.

Cabe aclarar que no pretendo señalar que los fenómenos del crimen organizado, las nuevas guerras o los procesos de territorialización sean una situación “normal” o propia del Estado mexicano. Dichos procesos y fenómenos son mucho más complicados de lo que parecen y requieren, por ello, un estudio atento y amplio. No todos los Estados son iguales y no pueden encuadrarse bajo un mismo concepto universal, más bien debemos observar con detenimiento las configuraciones endógenas que se dan en los Estados, para posteriormente plantear cómo explicarlas. En última instancia, aunque éste sea sólo un estudio de caso específico, se considera que puede tomarse como punto de partida para otros casos similares. Por lo que su función primordial es señalar la urgencia de replantear la utilización de los conceptos de monopolio de la violencia y de Estado moderno en la actualidad.

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Notas

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