Cómo citar este artículo/Citation: Ojeda Cabrera, M. del P. (2017). La primera hacienda municipal de Santa Cruz de Tenerife, 1803-1820. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 63: 063-008. http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/9914

A finales del siglo XVIII y primeros tres lustros del xix, el núcleo urbano-portuario de Santa Cruz de Tenerife vivó una intensa vida política. Una orden regia de 28 de agosto de 1803 le concedió la categoría de «villa exenta», es decir, el rango político-administrativo homologable en parte al del municipio constitucional que crearía luego el decreto de 23 de mayo de 1812 de las Cortes de Cádiz[1]. Después de años de enfrentamiento con el municipio-isla, el vecindario santacrucero lograba su municipio, y lo prioritario era dotarle de su correspondiente hacienda.

Sin embargo, la ansiada autonomía no colmó las aspiraciones de las elites de Santa Cruz. De origen mercantil y foráneo en buena parte y ajenas al espíritu de la vieja aristocracia que gobernaba el municipio-isla, deseaban convertir su «villa exenta» en capital insular y regional. Además, su deseo no era ninguna presunción. Desde principios de la centuria anterior, la mayor parte de las instituciones del poder regio residían en Santa Cruz de Tenerife —con excepción del tribunal de la Real Audiencia y del Obispado—, de modo que en este núcleo urbano-portuario se ejercía de facto la función institucional propia de una capital insular y regional desde mucho antes de su controvertida independencia. Las elites santacruceras pretendían, pues, que aquella función centralizadora tuviera su respaldo jurídico-político. En diciembre de 1812, Santa Cruz de Tenerife fue declarada capital de la provincia única de Canarias en el modelo político-administrativo instaurado por el constitucionalismo gaditano. En síntesis, la antigua pedanía alcanzó el máximo nivel político-administrativo del Archipiélago, en consonancia con su creciente centralidad urbano-portuaria insular y regional.

Un cambio que generó enfrentamientos entre las elites hegemónicas de cada ámbito insular desde el mismo instante en que fue concebido. Hubo, además, conatos de rebeldía campesina contra un liberalismo que vulnerada sus derechos comunitarios[2], y si bien fue silenciada por la violencia y la diáspora[3], las tensiones jalonaron toda la historia isleña del siglo xix y primeros años del XX.

La historiografía ha tratado de aclarar los motivos de este secular enfrentamiento[4]. Gracias a su esfuerzo, sabemos que este descontento tuvo que ver con el proceso de construcción del nuevo Estado español, por cuanto este proceso afectó a todo aquello que cabe considerar como específico de la historia del Archipiélago. Aludimos, pues, a una realidad histórica cuyas sensibilidades no se adecuaban al nuevo modelo político y administrativo implantado por el Estado liberal, que hacía tabla rasa de una herencia institucional que se había acomodado a aquellas sensibilidades en el transcurso de los siglos XVIy XVII. Y si bien esta herencia sufrió tensiones en la centuria ilustrada, generadas por el poder centralizador protagonizado por los comandantes generales desde su sede santacrucera[5], esta actuación, auspiciada, obviamente, por el poder regio, desencadenó el efecto contrario: otorgó mayor fuerza a los defensores del viejo corpus institucional.

La comprensión de este proceso, especialmente en lo referente a la creación y posterior dinámica de la primera hacienda municipal de Santa Cruz de Tenerife, requiere distinguir dos etapas bien diferenciadas, que se corresponden a su vez con el doble signo de la economía insular y regional de la primera mitad del siglo XIX. Abordaremos en este artículo la etapa inicial, de 1790 a 1820 —la segunda se refiere al período 1820-1850—, que podemos definir de auge económico en un marco institucional caracterizado por la inestabilidad política. Asistimos a la formación de la municipalidad de Santa Cruz de Tenerife y a la creación de su primera hacienda, de carácter patrimonial.

Recuperación y crecimiento económico

La crisis del setecientos comenzó a remontarse a principios de la década de 1790 gracias a la expansión de las economías agroexportadora y de servicios marítimos de los puertos insulares. El tercer pilar del modelo económico isleño, el factor institucional, había impuesto trabas mercantiles y arancelarias al comercio exterior a lo largo de la centuria con el fin de reprimir el contrabando y, de paso, incrementar los ingresos aduaneros. El ciclo bélico iniciado en 1789 alteró este marco institucional y, sobre todo, el papel del Archipiélago en el concierto económico atlántico. Las trabas administrativas y arancelarias quedaron en suspenso y el ansiado librecambio imperó de facto en el comercio exterior canario. Un librecambio que tuvo también su razón de ser en la ruina del tejido institucional y económico de los competidores internacionales de la oferta agroexportadora canaria como consecuencia del ciclo bélico.

Examinemos, pues, los principales caracteres de esta etapa de expansión económica, pues gracias a su riqueza el nuevo municipio pudo contar con algunos recursos para poder afrontar las nuevas cargas comunitarias. Un aspecto que debemos tener en cuenta si consideramos que el nuevo ente administrativo no dispuso de los ingresos que nutrían las arcas de las haciendas locales de este período, es decir, de las rentas de la hacienda patrimonial del Antiguo Régimen; pues de la existente, propiedad del viejo municipio-isla, no recibió dinero alguno.

El Archipiélago no conoció las graves dificultades económicas y demográficas de finales del siglo XVIII y primeros tres lustros del XIX, derivadas del agotamiento de un modelo agrario expansivo en el caso hispano[6]. Además, el invasor francés no llegó a pisar el suelo isleño, de modo que no hubo aquí destrucción alguna de vidas y haciendas[7].

El prolongado período bélico y, sobre todo, las guerras con Inglaterra, afectaron a los flujos mercantiles con este país, principal socio de la economía isleña desde principios del siglo XVII[8]. Pero no puede sostenerse sin matices que el ciclo bélico arruinara a los canarios[9], pues el tráfico en navíos neutrales debió reducir sus efectos negativos. Además, el inglés no fue en estos años el principal socio de la economía isleña, por cuanto los Estados Unidos ampliaron sus intercambios con Canarias después de su independencia[10]. En realidad, el único enemigo del comercio fue la actividad corsaria[11]; pero los mercantes de bandera enemiga también circulaban por estos mares, de modo que esta actividad debió también de reportar beneficios a la flota isleña dedicada a este negocio.

Finalmente, no hubo en estos años graves crisis de mortalidad si exceptuamos la epidemia de fiebre amarilla, que castigó con dureza en 1810-1811 a los núcleos urbano-portuarios de Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Y aunque el hambre y la miseria no acabaron, el agente que mejor expresa el efecto mortal de este binomio, el tifus exantemático, era ya un recuerdo del pasado. Además, la lucha contra la muerte conoció importantes avances[12], y los insulares recuperaron, gracias a la expansión de su economía agroexportadora, la capacidad adquisitiva necesaria para adquirir en el exterior el sustento que les negaba la tierra.

Cuadro I
Evolución de ña población regional, 1787-1818
Macías Hernández, A. M., La población de Canarias (c. 1400-1850). Manuscrito

El crecimiento de la población insular y regional entre 1787 y 1818, a una tasa anual acumulativa en torno al uno por ciento (Cf. cuadro 1), demuestra, en primer término, la baja incidencia de la mortalidad epidémica y la relativa reducción de la mortalidad ordinaria, al tiempo que la natalidad mantuvo su elevada tasa, del orden del 42 por mil. Asistimos, pues, a un comportamiento de las tasas vitales altamente favorable al crecimiento vegetativo, como se ha comprobado en el caso de la población de Gran Canaria[13]. En segundo lugar, este fuerte crecimiento demuestra que durante estos años se redujo la emigración a América. Los factores de expulsión que motivaban la diáspora perdieron su influencia por el aumento de los niveles de renta y empleo, así como los de atracción en el caso de Venezuela por la guerra civil que asoló el país durante su emancipación. Un conflicto que dividió no sólo a los criollos sino también al colectivo inmigrante de origen isleño, cuya presencia había crecido en la centuria anterior[14].

Así pues, la recesión del siglo XVIII alteró su curso luego de 1790, y durante las tres décadas siguientes asistimos a un acelerado crecimiento económico. Convendría señalar que la nueva coyuntura no fue una mera repetición de los elementos que determinaron el prolongado ciclo de bonanza del período 1550-1680[15]. Por el contrario, lo ocurrido en esta nueva etapa tuvo caracteres propios, entre los que cabe destacar, la elevada proyección que alcanzó la economía agroexportadora y la existencia de un marco institucional cuyo librecambio de facto mostraba a los insulares el camino que debían emprender en el futuro inmediato.

La fuerza motriz de la economía agroexportadora del Archipiélago, la agroindustria vitivinícola, en recesión durante la centuria ilustrada, amplió ahora su oferta como consecuencia de la creciente demanda de sus tradicionales mercados europeos y americanos[16]. Además, debemos considerar la creciente importancia de otro cultivo exportador, la barrilla, a raíz de la creciente demanda de la economía doméstica y de la industria textil europea y extraeuropea (norteamericana).

El crecimiento de las fuerzas productivas vinculadas a las exportaciones de vinos y barrilla tuvo un inmediato efecto multiplicador sobre la actividad económica regional. La especialización agroexportadora originó, en primer término, una nueva expansión del subsector agrario destinado a cubrir la demanda doméstica de subsistencias; una expansión estimulada por la espectacular alza en sus precios[17], al incidir también en esta subida las medidas liberalizadoras dictadas por la minoría ilustrada y los años de malas cosechas, más acusadas como consecuencia de la reasignación de las mejores tierras a aquella doble especialización agraria, así como de los suelos cada vez más marginales al cereal, con la consiguiente caída de los rendimientos medios.

Cuadro 2
Estructura productiva del Archipiélago a principios del siglo XIX
Hernández Rodríguez (1983). Elaboración propia.

La estadística de Francisco María de Escolar, reelaborada Francisco María de León[18], permite conocer la estructura productiva del Archipiélago a principios del siglo XIX (Cf. cuadro 2).

El sector agropecuario procuraba el 66,8 por ciento del renta bruta regional, seguido del binomio construcción-servicios (23,4%); la industria aportaba un modesto 9,8 por ciento, si bien sobresalía en este apartado La Palma (20,9%), en clara referencia a la importancia cuantitativa de los obrajes de lienzos y sedas de sus telares domésticos. Destaca también el peso del sector servicios en la renta bruta de Tenerife (23,3%), en clara alusión a su papel en el concierto económico regional.

Tenerife recupera su hegemonía

La expansión de las fuerzas productivas potenció la especialización y división del trabajo en el mercado interior y la demanda de bienes de equipo y manufacturados de origen europeo. Interesa entonces aclarar qué isla y qué centro urbano-portuario obtuvo mayor provecho de esta expansión.

Cuadro 3
Renta bruta de la actividad comercial y de la portuaria en 1800

Notas: %/ti = proporción sobre el total insular: %/tr = proporción sobre el total regional.

Hernández Rodríguez (1983). Elaboración propia

Los datos recogidos por Escolar permitió a Francisco María de León elaborar la renta bruta de la actividad comercial y la de los operarios vinculados a las actividades portuarias, así como la distribución insular de ambas magnitudes. Y como estas rentas se debían, por un lado, a la exportación de la oferta agroexportadora y a la comercialización en el mercado doméstico de los bienes manufacturados extranjeros que sufragaba aquella exportación, y, por otro, a la venta de bienes y servicios a la marina extranjera que frecuentaba los puertos insulares en su ruta atlántica, la información aportada por ambas rentas permite conocer con relativa precisión la isla que ejercía la función de centralidad portuaria regional a principios del siglo XIX.

Tenerife acaparaba el 79,6 por ciento de la renta bruta comercial del Archipiélago y el 57,2 por ciento de la renta bruta de los servicios portuarios (Cf. cuadro 3), dado que, en el caso de esta magnitud, en el resto de los puertos insulares operaba un tráfico de cabotaje, con el exterior e indiano[19], y en el caso de Gran Canaria debemos agregar la actividad de su flota dedicada a la pesca del salpreso en el mar de Berbería[20].

Cuadro 4
Renta bruta comercial y portuaria por habitante en 1802
Datos del cuadro 3.

Tenerife centralizaba, pues, a principios del siglo XIX la función portuaria regional, que queda reforzada si examinamos la renta comercial por habitante (Cf. cuadro 4), y sorprende en esta ratio su elevado valor en el caso de Lanzarote y, en menor medida, de Fuerteventura. Ello debido a las crecientes exportaciones barrilleras de estas dos islas, vinculadas a los mercados británico y estadounidense, a cambio de las cuales, importaban bienes de equipo y manufacturados de origen foráneo.

Finalmente, la función centralizadora de Tenerife se corrobora en los intercambios interinsulares si examinamos el flujo de bienes, servicios y rentas en el ámbito interinsular a través del mercado interior (Cf. cuadros 5 y 6). Los productos agropecuarios representaban el 80,6 por ciento del valor total exportado por las seis economías insulares a la de Tenerife, mientras que las manufacturas, en su mayor parte foráneas, que aquellas economías importaban de Tenerife suponían el 71,2 por ciento del valor de sus importaciones. El saldo era favorable para aquellas economías, sobre todo para La Palma, Lanzarote y Fuerteventura, de modo que parte de las ganancias de la economía tinerfeña se distribuía en el escenario regional a través del mercado interinsular.

Cuadro 5
Balanza comercial de Tenerife con el resto de las islas. Media de los años 1800-1804 (en ptas)
Macías Hernández (1992), p. 373.

Así, los puertos de Tenerife centralizaban casi toda la actividad mercantil y portuaria regional a principios del siglo xix, y cabe pensar que mantuvieron esta posición durante las dos décadas siguientes en virtud del persistente crecimiento económico de los años 1790-1820. Veamos entonces cuál fue el núcleo urbano-portuario de esta isla favorecido por la nueva coyuntura.

Cuadro 6
Estructura de la balanza comercial interinsular en 1800

Nota: A = productos agrícolas; M = productos manufacturados.

Datos del cuadro 5.

Entre 1787 y 1822, las tasas anuales de crecimiento acumulativo de Santa Cruz de Tenerife y del Puerto de la Cruz se situaron en torno al 0,9 por ciento (Cf. cuadro 7), a pesar de la incidencia de la epidemia de fiebre amarilla de 1810[21]. El crecimiento del Puerto de la Cruz fue incluso más elevado que el de Santa Cruz, por cuanto se vio favorecido como puerto exportador de la oferta vinícola del Valle de La Orotava, integrando a las unidades familiares del colectivo de artesanos y obreros necesarios para el desarrollo de aquella actividad agroexportadora[22].

Cuadro 7
Evolución de la población de las principales entidades urbanas, 1787-1822

Notas: 1 Incluye la población de los lugares de Punta Hidalgo, Tejina y Valle Guerra. 2 Incluye la población del lugar de San Andrés. 3 Los datos relativos a Las Palmas deben rectificarse en posteriores estudios.

Macías Hernández, A. M., La población de Canarias (c. 1400-1850). Manuscrito.

Los ingresos aduaneros son, generalmente, erróneos por defecto y más aún en el caso del Archipiélago, por la importancia del contrabando. Además, resulta complicado verificar la evolución de la actividad comercial a través de esta información por los cambios operados en los aranceles. Aunque, si aceptamos que el fraude ocurrió en todos los puertos insulares, los ingresos aduaneros permiten conocer de forma aproximada los puertos de la región que centralizaban la función urbano-portuaria regional e insular. Los ingresos de 1792 confirman lo dicho a propósito de Tenerife: centralizaba toda la función urbano-portuaria de la región, pues los derechos abonados por las mercancías importadas y exportadas por sus puertos reportaban el 96,3% de la renta total aduanera (Cf. cuadro 8).

Cuadro 8
Valor total de los ingresos aduaneros en 1792
Balanza comercial de este año.

La centralidad portuaria de Santa Cruz de Tenerife no era total; la compartía con el Puerto de la Cruz, pues los ingresos por exportación e importación devengados en el primer puerto suponían 63,5 por ciento del total insular, correspondiendo al segundo el 36,2 por ciento, debido en este caso a los ingresos obtenidos por las exportaciones vinícolas. La actividad portuaria de Garachico era ya meramente testimonial (0,30%).

Cuadro 9
Ingresos aduaneros del puerto de Santa Cruz de Tenerife

Nota: Total de ingresos aduaneros por importación y exportación

1792: Balanza comercial de este año. 1800: Hernández Rodríguez (1983), t. III, p. 305.

Los ingresos abonados en 1792 y 1800 en el puerto de Santa Cruz de Tenerife permiten medir de manera aproximada la importancia del tráfico comercial según sus principales destinos (Cf. cuadro 9). Mientras que en 1792 ocupaba el primer rango el comercio con América, que aportaba el 62,0 por ciento de la renta aduanera, este destino pasó a ocupar el segundo lugar en 1800.

Un cambio que residió en el incremento de la demanda de géneros extranjeros por parte de la economía isleña, pero también en el aumento del envío de los mismos al mercado indiano, al ser el puerto de Santa Cruz el único puerto habilitado para efectuar esta operación mercantil de forma legal. En 1792, los efectos extranjeros embarcados a Indias representaban el 68,8% y los cargados bajo el rótulo de comercio libre, es decir, de productos del país en el caso del comercio exterior canario con este destino, el 31,2 por ciento; en 1800, fueron del 89,0 y del 11,0 por ciento, respectivamente (Cf. cuadro 10).

Cuadro 10
Comercio con América por el puerto de Santa Cruz de Tenerife
1792: Balanza comercial de este año. 1800: Hernández Rodríguez (1983), t. III, p. 305.

El siguiente dato aduanero es de 1816, referido a las importaciones[23]. En este caso, la centralidad urbano-portuaria de Tenerife perdió casi catorce puntos porcentuales con respecto a 1792; a nivel insular, el Puerto de la Cruz aporta ahora el 61,0 por ciento de los ingresos aduaneros abonados en la isla, frente al 39,0 por ciento del núcleo urbano-portuario de Santa Cruz (Cf. cuadro 11).

Esta desfavorable circunstancia en la centralidad urbano-portuaria del puerto santacrucero tiene dos posibles explicaciones. La primera de ellas, relacionada con las consecuencias de la emancipación colonial. La segunda explicación se refiere al Puerto de la Cruz, que recibió un fuerte impulso en su ámbito de producción vitivinícola, al verse favorecido por la real orden de 16 de enero de 1812, al habilitar dicho puerto para el comercio con América[24].

Cuadro 11
Valor aduanero de las importaciones en 1816
Cf. nota 20.

La economía de Santa Cruz de Tenerife y su ámbito de influencia, nos indica que el sector agrícola no tuvo importancia alguna —su ratio de 6,4 ptas por habitante contrasta con la media del partido, de 73,7 ptas (Cf. cuadro 12)—, pues incluso le superaba San Andrés y los otros pueblos que formarían el partido de Santa Cruz de Tenerife: Arafo, Candelaria y Güímar. Lo único que parece destacar en Santa Cruz es el producto del reino animal, debido quizás a la existencia de una cabaña mayor dedicada a atender la demanda del sector del transporte[25].

Los datos recogidos por Escolar sobre San Andrés y Santa Cruz no se han localizado, de modo que debemos conformarnos con la copia parcial debida a Francisco María de León, en la que señala, que en San Andrés «la actividad más desarrollada es la alfarería, que ocupa a casi todas las mujeres del pueblo, que aprovechan las excelentes arcillas de las inmediaciones. Además tiene 4 telares de lienzo».

Por su parte, en la copia referida a la actividad industrial en la jurisdicción de Santa Cruz de Tenerife se menciona únicamente que su industria «se reduce a 5 molinos de viento, 1 molino de agua y 2 tenerías»[26]; sin embargo, esta escueta cita es insuficiente, pues se contradice con los datos que aporta sobre la población activa masculina, donde constan 544 activos dedicados a diversas manufacturas (carpintería, herrería, latonería, chocolatería), a los que debemos agregar los activos femeninos que trabajan en los obrajes propios de la industrial textil doméstica (Cf. cuadro 13).

Cuadro 12
Producto agropecuario de los pueblos del partido de Santa Cruz de Tenerife en 1800
Hernández Rodríguez (1983). Elaboración propia.

Cuadro 13
Población activa de Santa Cruz en 1800 según sectores de actividad
Hernández Rodríguez (1983), t. iii, pp. 145-146. Elaboración propia.

Pero, estos obrajes no debieron ser relevantes, por cuanto en las estadísticas de los años 1788-1792 aparece Santa Cruz con 11 telares de lienzo que elaboran 2.167 varas. Además, ya había acabado en estos años la labor textil de los acogidos en el Hospicio de San Carlos[27], fundado en 1785 por el comandante general Branciforte[28].

En resumen, el Santa Cruz que aspiraba a convertirse en municipio independiente era un núcleo urbano con una baja actividad agrícola e industrial, es decir, con un escaso peso de las industrias de la contrucción y del textil. El puerto y el comercio eran lo primero, y de ahí que destaque el sector servicios, que daba empleo a más del 50 por ciento de los activos si consideramos que la mayor parte de los criados trabajaban en almacenes, tiendas y bodegas. Un sector al que parece referirse la estadística de Escolar cuando alude a la existencia en el término de nada menos que 4 billares, 58 lonjas o ventas, 36 tabernas, 22 bodegas, 2 posadas y 32 figones[29].

Cuadro 14
La industria de Candelaria en 1800 según la Estadística de Escolar
Hernández Rodríguez (1983), t. III, p.34. Elaboración propia.

Lo dicho sugiere que la economía de Santa Cruz necesitaba contar con su complemento agrícola e industrial. Los datos del cuadro 12 revelan que el primero se hallaba enclavado en el Valle de Güímar, conectado al puerto santacrucero por vía marítima. Pero también la tradicional actividad industrial se hallaba en estos lugares (Cf. cuadros 14 y 15)[30], como los subsectores de la construcción —teja y cal, al que se añade la loza en el lugar de Candelaria— y, sobre todo, la manufactura textil doméstica.

Cuadro 15
La industria de Güímar en 1800 según la Estadística de Escolar
Hernández Rodríguez (1983), t. III, p. 87. Elaboración propia.

Al tomar en consideración los valores industriales y agropecuarios, el resultado refleja la existencia de una economía diversificada en los casos de Candelaria y, sobre todo, de Güímar, donde el peso del sector industrial representaba el 73,6 por (Cf. cuadro 16). Ello explica la estrategia política expuesta por las elites santacruceras en el momento de concretar la superficie de su nuevo término municipal, independiente del municipio-isla: debía de abarcar las jurisdicciones pedáneas de los lugares de San Andrés, Arafo, Candelaria, Güímar y Santa Cruz[31].

Cuadro 16
La agricultura y la industria en Candelaria y Güímar en 1800
Datos de los cuadros 14 y 15.

La primera hacienda municipal

La economía fue colaboradora necesaria en la conquista de la autonomía. Aunque, como dijo el profesor Cioranescu, la sabiduría política de las elites santacruceras también desempeñó un papel clave al saber elegir en cada momento el partido que mejor convenía a sus intereses de clase[32].

En este contexto, comienza a adquirir un elevado grado de protagonismo el descontento de las elites de cada ámbito insular. La centralización de la mayor parte del comercio exterior en el puerto de Santa Cruz de Tenerife debió de elevar los costes de transacción de las mercancías intercambiadas en los puertos de Santa Cruz de La Palma y Las Palmas de Gran Canaria, procedentes mayoritariamente del puerto de Santa Cruz de Tenerife. Estos costes disminuían las ganancias de la clase mercantil que operaba en aquellos dos puertos y perjudicaba la relación de intercambio del género extranjero por la oferta agroexportadora de estas islas y, por tanto, las rentas de su clase terrateniente.

El descontento de la mayoría campesina por la privatización de los bienes comunales aumentó entre 1808-1814[33]; y, no olvidemos, el papel arbitral desempeñado en estos años por la Comandancia General. El prolongado ciclo bélico y los acontecimientos que jalonaron los años de 1809 a 1814 incrementaron su capacidad jurídico-política para intervenir en el Archipiélago como único representante del poder regio.

Sin embargo, sus continuos enfrentamientos con las autoridades locales y con otras instancias del poder regio (Real Audiencia, Hacienda regia), demuestran que debían actuar con cautela, es decir, apoyándose en las fuerzas que mejor se acomodaban a sus decisiones políticas. Y ocurrió que el núcleo principal de estas fuerzas radicaba precisamente en el lugar de su residencia, Santa Cruz de Tenerife, de modo que la tradicional alianza de las elites santacruceras con la Comandancia General se estrechó todavía más durante esta etapa conflictiva de la historia isleña, con el objetivo de conseguir sus aspiraciones autonomistas, al tiempo que desvincularse definitivamente de la la oligarquía insular representada en el municipio-isla.

Finalmente, las fuerzas que pretendían el nuevo municipio participaban en diverso grado de los principios liberales que forjaban la nueva sociedad, frente a los privilegios que sostenían la sociedad estamental y cuyo poder se expresaba a través de su control del municipio-isla[34]. Y desembarazadas entonces de la intransigente tutela de este Consistorio, consideraron que había llegado la hora de hacer de Santa Cruz la urbe insular y atlántica que habían soñado durante casi una centuria.

La independencia llegó en el momento oportuno. El ataque del almirante Nelson a Santa Cruz de Tenerife el 23 de julio de 1797 se presentó a los pies del Trono como una victoria del pueblo de Santa Cruz, levantado en armas en defensa de la españolidad de la isla. Un mérito patriótico de tal calado merecía, según el comandante general Antonio Gutiérrez, la concesión de una gracia particular, que no podía ser otra que la ansiada libertad política.

El real decreto de 28 de agosto de 1803 declaraba Santa Cruz de Tenerife «villa exenta» de la tutela del municipio-isla, autorizaba la elección de sus representantes, que debían recibir luego la correspondiente aprobación regia, y ordenaba la delimitación de su término municipal. El enfrentamiento con el Consistorio insular se intensificó, pero la creación del nuevo ente municipal era ya imparable[35].

Ahora bien, el contencioso Santa Cruz-La Laguna no superó la estricta dimensión política insular durante estos primeros años del siglo xix; en realidad, las elites de Santa Cruz pretendían conseguir lo que habían ganado en derecho: convertir su antigua pedanía en municipio independiente —si bien proyectaban incluir los términos de Arafo, Candelaria y Güímar, como bien indica Cioranescu[36], y tal pretensión obedecía a las razones ya apuntadas—. Pero a esta exigencia se oponía el viejo municipio-isla, que hizo todo lo posible por retrasar lo inevitable.

El constitucionalismo gaditano alteró el curso de esta historia. Las aspiraciones de las elites santacruceras adquirieron una nueva dimensión política, esta vez de ámbito regional. Los diputados canarios participaron en los debates de las Cortes de Cádiz, defendiendo, sin duda, propuestas de mejora de los intereses comunes a sus más directos parroquianos[37]. El decreto de supresión de los señoríos no tuvo incidencia alguna, pues tiempo hacía que los señores nada mandaban en sus respectivos territorios insulares. Las propuestas de reparto de los terrenos baldíos tenían quizá por objeto acallar las demandas del campesinado sobre estos terrenos, frente al apetito privatizador de la clase terrateniente y de determinados miembros de las clases urbanas[38].

La reducción del poder de la Real Audiencia y de la Comandancia General a sus concretas funciones judiciales y militares no causó ningún revuelo, como tampoco la fragmentación de la unidad municipio-isla, motivada por la creación de los nuevos ayuntamientos constitucionales en cumplimiento del decreto de 23 de mayo de 1812. Los enfrentamientos por la delimitación de los bienes comunes y de propios entre los nuevos municipios fueron, en cualquier caso, conflictos de ámbito estrictamente local; además, por lo que respecta a la villa exenta de Santa Cruz, declarada ahora municipio constitucional, el citado decreto dio por cerrado su contencioso con el municipio-isla, cuya jurisdicción quedaba ahora limitada al estricto término del municipio constitucional lagunero.

Las verdaderas tensiones generadas por el constitucionalismo gaditano en la vida política insular, con evidente proyección en el inmediato futuro, obedecieron a dos de sus principales disposiciones: a) a la pérdida de las especificidades fiscales y mercantiles de las islas como consecuencia del principio de igualdad de todo territorio y ciudadano ante el fisco; y b) a la integración del Archipiélago en una sola provincia y con un único centro de poder, que debía residir en el núcleo urbano con la categoría de capital provincial[39]. La primera disposición consiguió aunar los intereses de las elites insulares frente al nuevo Estado; la segunda procuró su secular división.

Comentemos esta última disposición, por cuanto afectó al municipio, ahora constitucional, de Santa Cruz de Tenerife. Un segundo decreto, de 23 de mayo de 1812 anunciaba la convocatoria de las Cortes Ordinarias, que debían celebrarse a partir del primero de octubre de 1813, y su instrucción anexa indicaba las normas que debía seguir la Junta preparatoria que se formaría en cada provincia para la elección de sus diputados. El tercer decreto de igual fecha ordenaba el establecimiento del nuevo órgano administrativo: las Diputaciones provinciales[40].

La puesta en marcha de estas dos disposiciones recayó en Pedro Rodríguez de la Buria, comandante general desde el primero de octubre de 1811 y jefe superior político interino por real orden de 6 de octubre de 1812. El lugar donde debía reunirse la Junta preparatoria era de vital importancia, pues influía en el proceso electoral y en la posterior sede de la capital provincial[41]. Y mientras la cuestión de la sede era debatida en las Cortes gaditanas, con proposiciones antagónicas de los diputados grancanarios y tinerfeños, intervino de nuevo el sagaz oportunismo político de las elites santacruceras.

Pedro Rodríguez de la Buria había contado con su apoyo político y dinero para desplazar a su antecesor en el cargo, el Duque del Parque, poco atento con las aspiraciones de aquellas elites. Pues bien, Rodríguez de la Buria les devolvió el favor. Reunió la Junta preparatoria en el lugar de su residencia, Santa Cruz de Tenerife, el 5 de diciembre de 1812, y forzó al poder legislativo gaditano a considerar legítima la política de hecho consumado. El acuerdo de las Cortes de 16 de diciembre de 1812, que ordenaba la constitución de la Diputación Provincial en Las Palmas, quedó, pues, en suspenso[42], y con ello se abrió el largo contencioso de este núcleo urbano contra Santa Cruz de Tenerife, al que se añadió la antigua capital de la isla, La Laguna, al considerar que se había ultrajado su histórica función de capital insular.

Así pues, el conflicto de las elites santacruceras con la histórica capital insular se saldó con una victoria que superaba sus primeras expectativas. Ahora bien, la realidad económica de la nueva institución era bien distinta. El nuevo municipio, capital insular de facto y ahora con ribetes de capital regional, era «un alma sin cuerpo»[43]. Porque esta alma requería no solo disponer de un rico territorio en el que anclarse —lo que, como vimos, no se logró por la oposición del Consistorio insular—, y, además, de recursos financieros para poder afrontar los gastos comunitarios que exigía su vecindario y el lustre que suponía optar a la capitalidad regional. Y ocurrió que aquellos recursos eran de tan escasa cuantía en esta primera etapa de la hacienda municipal, que las elites santacruceras tuvieron que seguir pagando de su bolsillo el coste de su aventura autonomista.

Las antiguas haciendas patrimoniales

La comprensión de lo dicho requiere efectuar un examen previo de las haciendas locales de los municipios-isla del Archipiélago, por cuanto la fragmentación de estos primigenios municipios determinó que los constitucionales reclamaran para su nueva hacienda patrimonial todas las rentas que el viejo municipio percibía en la nueva jurisdicción. Y motiva también la necesidad de examinar la orden que el jefe político de la Diputación Provincial, Ángel Soverón, cursó el 27 de octubre de 1820 a los diversos municipios constitucionales con el fin de conocer sus ingresos y ver de que modo podían contribuir a sostener el coste de aquella institución y las exigencias de la hacienda estatal en orden a la amortización de los vales reales[44].

El municipio-isla de cada ámbito insular disponía de una hacienda patrimonial constituida por las rentas de sus bienes de propios (propiedades rústicas y urbanas, colmenas y ganados salvajes), a las que se agregaban el aferimiento de pesas y medidas, determinados impuestos sobre la exportación (de granos, cueros) o importación (entrada de vinos en el caso de Lanzarote y Fuerteventura, aunque en el caso de la primera isla esta renta era ya testimonial en 1800, pues era exportadora neta de caldos), el haber del peso y dos arbitrios sobre el consumo: el uno sobre las ventas de carne en el carnicería pública y el otro sobre las ventas al por menor de vino y aguardiente en las tiendas y mesones de todo el término municipal o municipio-isla (Cf. cuadros 17 y 18).

Cuadro 17
Relación de las rentas de las haciendas patrimoniales de los municipios realengos en 1800
AMSCT. Caja 70. Elaboración propia.

El haber del peso era un impuesto de casi todas las haciendas insulares que consistía en un arancel por arroba de mercancía pesada en la aduana, variando el tipo impositivo según su clase. Tuvo su origen en la real cédula de 26 de julio de 1501, dictada a petición de los ediles del municipio-isla de Gran Canaria, y reprodujo el arancel que se llevaba en la ciudad de Sevilla[45]. La concesión regia se hizo luego extensiva a Tenerife por real orden de 21 de noviembre de 1520[46], y suponemos que a La Palma en igual fecha, percibiéndose también en dos de las islas de señorío, La Gomera y El Hierro, en fechas que aún desconocemos y por disposición de sus señores.

Cuadro 18
Relación de las rentas de las haciendas patrimoniales de los municipios de señorío en 1800

Nota 1: La fanegada de Lanzarote y Fuerteventura tiene una extensión de 13.695,4 metros cuadrados.

AMSCT. Caja 70. Elaboración propia.

Cuadro 19
Los ingresos de las haciendas patrimoniales en 1800 (en ptas.)

Nota: En arbitrios se incluye únicamente la sisa del vino y del aguardiente.

Hernández Rodríguez (1983), t. iii, p. 521. Elaboración propia.

La estadística de Escolar permite conocer los ingresos de estas haciendas patrimoniales en 1800, esto es, antes de la fragmentación de sus municipios respectivos por la creación de los nuevos ayuntamientos constitucionales (Cf. cuadro 19). Destacan sobre todas las haciendas patrimoniales del Archipiélago la correspondiente al municipio-isla de Tenerife, con ingresos que proceden básicamente de sus extensas tierras de propios, localizadas en torno a su sede, San Cristóbal de La Laguna, y con una ratio por habitante de 1,06 pesetas, seguida a considerable distancia por las haciendas de los municipios de Gran Canaria y La Palma, mientras que entre las haciendas de los municipios señoriales sobresalía únicamente la de Lanzarote.

Ahora bien, si medimos estos ingresos en términos reales, esto es, con los únicos parámetros que por ahora podemos utilizar como indicadores aproximados, en jornal o día de trabajo (1,25 pesetas) y en kilos de trigo, comprobamos la cortedad de estas haciendas patrimoniales en 1800. El ingreso promedio, de 0,55 pesetas por habitante, suponía menos de la mitad de un jornal, y con tal ingreso se podía adquirir 1,58 kilos de trigo[47]; unas ratios promedio que se situarían en valores muy inferiores si únicamente tomamos las haciendas de las islas de señorío. Los ingresos no alcanzaban aquí a cubrir los gastos comunitarios si exceptuamos el caso de Lanzarote, con un sobrante de casi la mitad del total ingresado[48], mientras que en el caso de Tenerife este sobrante (18.404 pesetas) suponía el 24,7 por ciento de los ingresos, y el 21,4 por ciento en Gran Canaria (4.052 pesetas)[49].

En segundo lugar, debemos también observar que los municipios-isla invertían sus caudales básicamente en el lugar de su sede. El resto del vecindario debía hacer frente a sus gastos comunes más urgentes apelando a la solidaridad vecinal o a las rentas de aquellas otras instituciones que dependían directamente de la actividad productiva de cada lugar, como era el ingreso neto del pósito comunal[50].

En tercer lugar, los datos revelan que los dos municipios del territorio realengo, al que podemos agregar La Palma[51], contaban con unas haciendas patrimoniales con capacidad financiera para afrontar su política de sus gastos a la altura de 1800, a pesar de la carga que debían abonar a la hacienda regia para la extinción de los vales reales, así como otros gastos, en especial los de defensa de sus respectivos territorios insulares. Finalmente, interesa, por lo que luego veremos, que la persistente oposición del municipio-isla de Tenerife a franquear la aventura autonomista de su pedanía de Santa Cruz nada tuvo que ver con una posible pérdida de sus ingresos de propios.

La hacienda municipal santacrucera

Pocos eran los electores y pocos los elegibles para formar parte del primer consistorio de Santa Cruz de Tenerife[52]. Lo primero porque debían ser los mayores contribuyentes del término municipal, y como casi todos eran comerciantes, debió de influir en su decisión la incidencia que para sus intereses mercantiles podía suponer cualquier cargo en la nueva corporación, pues, a la postre, vendían sus mercancías a la oligarquía que dominaba el municipio-isla a cambio de sus rentas en especie.

No obstante, dada la situación de penuria en estos momentos, cualquier aspirante a ocupar un cargo debía afrontar el imperativo de aportar sumas de su propio peculio con las que atender las necesidades más urgentes de la vida comunitaria. Tal fue así, que el coste de la epidemia de fiebre amarilla de 1810-1811 fue pagado en dinero y especie por los vecinos pudientes y cuya nómina aún desconocemos. Por su parte, los ediles anticiparon la suma de 240.000 reales (60.000 pesetas), y ante la insuficiencia de esta cantidad, el alcalde, Domingo Madan, se vio obligado a contratar un préstamo de 120.000 reales (12.000 pesetas) con la Caja Nacional del Crédito Público, que tardaría treinta años en devolverse[53]. La única institución que colaboró en la lucha contra el mal sin reclamar reembolso alguno fue el Cabildo Catedralicio de la diócesis canariense, que en 1810 entregó al ayuntamiento santacrucero la cantidad de 15.000 reales (3.750 ptas) para comprar alimento y vestido a los pobres enfermos[54].

Así pues, el «alma institucional santacrucera» necesitaba con urgencia un cuerpo financiero y territorial. Por consiguiente, sus ediles trataron de crear su correspondiente hacienda patrimonial. ¿Cómo? Lo primero sería reclamando una participación en los ingresos de la hacienda del municipio-isla, la más saneada y rica de todas las demás haciendas patrimoniales del Archipiélago (Cf. cuadro 19). Sin embargo, todos los esfuerzos en este sentido, sostenidos incluso ante la Corona, fueron vanos por la oposición del Cabildo lagunero[55]. Quedaba entonces una segunda opción, con indudable fuerza jurídica: apropiarse por la vía de los hechos de las rentas de propios y de arbitrios que el viejo municipio recaudaba en la jurisdicción de Santa Cruz, y establecer nuevas fuentes de ingresos mediante la preceptiva licencia regia.

Pero, ambas opciones no forjaron de inmediato una hacienda patrimonial en el municipio de Santa Cruz. Porque, en el primer caso, el municipio-isla no poseía bienes rústicos y urbanos en la «villa exenta», ni siquiera una dehesa para pasto común de los ganados dedicados al transporte o una posada concejil para albergar a los marinos y otros transeúntes, como fue el caso del municipio-isla de Las Palmas (Cf. cuadro 17). Cierto que al nuevo municipio se le asignó en su deslinde del viejo municipio los montes y pastos de las estribaciones del macizo de Anaga que vertían sus aguas al litoral santacrucero. El nuevo ente podía, pues, cobrar un impuesto por las licencias para aprovechar los pastos, recoger leña o hacer carbón en este patrimonio. Sin embargo, no parece que el nuevo Consistorio estableciera gravamen alguno sobre estos recursos durante esta etapa.

El hospital de Nuestra Señora de los Desamparados y el Hospicio de San Carlos contaban con propiedades rústicas y urbanas, sobre todo el hospital, y el ayuntamiento santacrucero pasó a controlar estas instituciones benéficas, de modo que en este bien preferente el municipio se hallaba bien dotado. Pero las rentas de todas aquellas propiedades debían invertirse exclusivamente en el cuidado de los edificios y en la atención de los enfermos, no generando excedente para otras eventualidades.

En realidad, las únicas rentas que heredó el nuevo municipio del viejo municipio-isla para formar con ellas su hacienda patrimonial fueron arbitrios de escasa cuantía: a) los derechos por el aferimiento periódico de las pesas y medidas usadas por los comerciantes y tenderos; b) los gravámenes sobre las ventas en la carnicería y la plaza de mercado (recoba); y c) el impuesto del haber del peso, que pagaban las mercancías que se pesaban en la aduana del puerto de Santa Cruz[56]. Otras rentas fueron establecidas ex novo, ante la precariedad de los ingresos, como los derechos por las licencias para la apertura de ventas y bodegas; sobre las corsas dedicadas al transporte por las vías públicas; sobre la venta de vino y aguardiente en bodegas y mesones; y, por último, sobre el pescado vendido en las lonjas de la villa.

Estas nuevas rentas debieron contar con la preceptiva licencia regia, aunque desconocemos su fecha, y cabe pensar que llegaría tarde si consideramos los sucesos políticos de los primeros tres lustros del siglo xix[57]. Se cobrarían, pues, de facto por la municipalidad y sus arrendadores, pero su ingreso debió de ser escaso al carecer el municipio del necesario respaldo jurídico para exigir su pago. Finalmente, debemos citar una renta que percibía la Comandancia General y que fue traspasada al municipio en fecha que no hemos podido aún averiguar: la renta de la aguada, abonada por los buques que tomaban el agua de los pilares públicos, y los derechos por la venta de las aguas sobrantes del abastecimiento público para el riego de las huertas urbanas, la denominada renta del agua de la alameda[58].

Sin embargo, lo complicado es precisar la cuantía de los ingresos y gastos de esta primera hacienda patrimonial santacrucera, pues buena parte de su fondo documental ha desaparecido, de modo que solamente podemos citar algunas rentas y para años concretos. Así, en el trienio 1805-1807, cada tienda o bodega abonó dos reales de plata (3,75 reales); y como el número de licencias vendidas en estos años fue de 413 (Cf. cuadro 20), se ingresaron 1.548,75 reales (387,18 pesetas), siendo la media del trienio de 96,8 pesetas, equivalentes a 77 jornales diarios de un peón agrícola. La renta era, en verdad, bastante saneada, pues el único coste era la impresión de las licencias, pero para los 7.000 habitantes del Santa Cruz de estos años era un ingreso neto que servía para muy poco.

Cuadro 20
Ingresos por las licencias de tiendas y bodegas, 1805-1897 (en rsvn)
AMSCT. Caja 28. Contabilidad.

Lo mismo podemos decir de la renta abonada por los vecinos y forasteros que vendían sus frutos en los puestos de la plaza pública, así como de la que pagaban los transportistas que ejercían su trabajo empleando las corsas. Según el mayordomo de la primera renta, el cargo ascendió en el año de su concesión regia (1818) a 1.881 pesetas y la data a 1.589, de modo que el sobrante fue de 291 pesetas[59], es decir, lo equivalente a 12,89 fanegas de trigo o, lo que es igual, al consumo teórico anual de pan de dos personas[60].

La razón de tan escaso rédito de la renta de la recoba era bien simple: la plaza pública exigía una constante labor de limpieza y mantenimiento, de modo que los gastos consumían el 96,08 por ciento de los ingresos (Cf. cuadro 21). Más saneada era la renta de las corsas, que conocemos únicamente en este año de 1820, pero el neto obtenido era aún inferior. El ingreso por el aferimiento de pesas y medidas no compensaba ni siquiera el beneficio esperado por su arrendatario[61], y en cuanto a la renta del agua, esto es, la aguada a los buques y la venta de los sobrantes del abasto público, esperamos disponer de datos en un futuro análisis, pues aquella aguada puede revelarnos la intensidad del tráfico portuario durante este período.

Cuadro 21
Rentas de la recoba y de las corsas en 1820 (en ptas)
AMSCT. Arbitrios, caja 70. Elaboración propia.

Examinemos, por último, la principal renta de la hacienda patrimonial santacrucera, el haber del peso. El viejo municipio-isla la consideraba de poca sustancia por la negativa de los comerciantes a pagarla, valorándose su remate anual entre 1.250-1.500 pesetas en el momento de la división municipal[62]. El Ayuntamiento santacrucero decidió en 1804 retener el resultado de la recaudación y el viejo municipio opuso tenaz resistencia, como a todo lo que provenía de Santa Cruz. Debió entonces intervenir la Diputación Provincial, cuya circular de 15 de agosto de 1813 atribuyó la renta al municipio santacrucero[63].

El promedio neto de los años 1813-1818 fue de 1.117 pesetas (Cf. cuadro 22), es decir, casi cuatro veces el ingreso neto de la renta de la recoba de 1818. Era, además, una renta que no generaba coste alguno para el municipio, exceptuando el coste de su cobro en la aduana, y los comerciantes propusieron abonar el doble arancel en 1814, lo que significa que el fraude en su recaudación era ahora inexistente[64]. Sin embargo, el municipio no disfrutó de esta renta luego de 1814 al ser embargada por la Real Hacienda por las deudas del municipio al Crédito Público.

Cuadro 22
Evolución de la renta del haber del peso (en ptas)
AMSCT. Arbitrios, caja 38. Elaboración propia.

En síntesis, si aceptamos que los ingresos netos por la venta de las licencias para ventas, lonjas y bodegas del trienio 1804-1807 (387 pesetas), de la recoba en 1818 (291), de las corsas (260) y haber del peso antes de 1813 (1.500), así como por las rentas de la aguada (460 pesetas) y de la alameda (1758 pesetas) de 1821, expresan los réditos promedios de la hacienda patrimonial de Santa Cruz de Tenerife del período 1804-1814, su ingreso anual estimado sería de 4.656 pesetas. Y como el vecindario rondaba los 8.000 habitantes durante esta etapa, el ingreso neto per cápita sería de 0,58 pesetas, es decir, la mitad del ingreso neto del municipio-isla en 1800 (Cf. cuadro 19), convertido en municipio constitucional en 1812 con sede en La Laguna, donde, además, radicaban sus principales rentas patrimoniales.

Conclusiones

Los antiguos municipios-isla invertían la mayor parte de sus fondos en la jurisdicción donde tenían su sede. Por consiguiente, los ediles del primer municipio de Santa Cruz de Tenerife tuvieron que realizar un indudable y meritorio trabajo institucional para poder crear una hacienda patrimonial que les permitiera afianzar su conquista de la autonomía municipal y sus aspiraciones a la capitalidad regional. Y, sin duda, el ciclo de crecimiento de la economía insular y regional también contribuyó a dicha autonomía, pues dotó al patriciado urbano, de origen netamente mercantil, de los recursos que podían invertir en su consecución y, de paso, en afianzar sus estrategias de clase.

Sin embargo, todo estaba por hacer en este primer Santa Cruz independiente. Los compromisos en materia de gastos comunitarios eran de tal envergadura que dichos recursos fueron insuficientes, y el mejor ejemplo de esta penuria lo tenemos en lo ocurrido con el principal y más urgente problema urbano: el abastecimiento de aguas a la población y a los buques que recalaban en la rada santacrucera, es decir, dos bienes preferentes en todo núcleo urbano-portuario. A pesar de los esfuerzos por mejorar la red de canales que desde los nacientes del Monte Aguirre conducían las aguas a los pilares públicos, y por abrir pozos en el cauce del barranco de Santos para aprovechar sus aguas subterráneas, no hubo caudales precisos para cubrir los gastos, de modo que el vecindario siguió sufriendo la escasez de agua, especialmente en los años de sequía, y, como en el pasado, la mayoría de los barcos siguieron haciendo sus aguadas en el litoral del vecino valle de San Andrés[65].

Finalmente, la dinámica seguida por la renta del haber del peso revela su estrecha relación con la coyuntura económica. Al comportamiento ligeramente alcista hasta los años del Trienio Constitucional le siguió luego un claro declive, en consonancia con el drástico cambio de coyuntura de la economía insular y regional. Y fue en este contexto gravemente depresivo cuando las elites de Santa Cruz tuvieron que retomar de nuevo y con mayor ahínco el camino de consolidación de la hacienda municipal. El trecho andado hasta entonces les había servido de bien poco.

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Notas