Introducción^[1]

La Capilla Real de Palacio, integrada en las Casas Reales de la Monarquía de España con características propias y diferenciadas del resto de las dependencias palatinas instituidas para el servicio personal del monarca y de su familia^[2], se configura, sobre todo a partir de las constituciones promulgadas por Felipe IV en 1623 y posteriormente reformadas por Fernando VI en 1757, como un centro de poder en el que estaban representados los diferentes territorios de la Monarquía y las distintas comunidades religiosas a través del banco de capellanes de honor y de predicadores reales, aun cuando estos últimos fuesen retribuidos por la Casa de Castilla hasta 1720^[3]. Al mismo tiempo era el espacio adecuado para que sus integrantes construyeran una tupida red clientelar a través de los vínculos personales y clientelares que establecían entre sí y en el seno de las Casas Reales, y que iban más allá del ejercicio de las funciones inherentes a los empleos desempeñados, como se aprecia en su integración en alguna camarilla o facción cortesana, facilitando con ello su ascenso profesional y social pero también el de sus parientes, amigos y paniaguados, con lo que garantizaban y fortalecían la permanencia de sus linajes en las instituciones eclesiásticas, administrativas y militares del Estado, así como en el universo de los negocios y las finanzas^[4].

El trabajo, elaborado a partir de la valiosa información que aportan los expedientes personales custodiados en el Archivo General de Palacio^[5], que se complementa con documentos de las secciones Administrativa y Reinados del citado archivo y con otros fondos del Archivo Histórico Nacional, del Archivo General de Simancas y del Archivo General de Indias, abordará, en primer lugar la procedencia geográfica y social de los predicadores reales y capellanes de honor para, seguidamente, adentrarse en la evolución de sus carreras, con especial énfasis en los estudios realizados, en los empleos desempeñados antes de ingresar en la Capilla Real y, cuando ha sido posible, en la promoción posterior. Por último, se analizarán las solidaridades regionales y las redes clientelares en las que se desenvuelven estos eclesiásticos palatinos, pues en muchos casos su pertenencia a un determinado grupo de poder es lo que determina su acceso –o su rechazo- a la Capilla Real, mientras que el estudio de las solidaridades regionales ofrece un complejo entramado de vínculos mucho más arraigados que los establecidos por la pertenencia a un mismo grupo social y económico, cuando no profesional.

Orígenes geográficos y procedencia social

La presencia en la Capilla Real de Palacio de capellanes de honor y de predicadores reales nacidos en las islas Canarias fue siempre minoritaria. Entre 1621 y 1808 apenas se han contabilizado ocho sujetos que hubieran desempeñado dichos empleos. En tiempos de Felipe IV ninguno de los 148 individuos que accedieron a una plaza de predicador real era de origen canario y sólo dos lo hicieron a una capellanía de honor de un total de 233 nombramientos^[6]. En el reinado de Carlos II la situación apenas experimenta variaciones sustanciales, pues dos de los 352 predicadores reales nombrados y uno de los 181 capellanes de honor que obtuvieron la plaza habían nacido en el archipiélago^[7]. En el siglo XVIII su presencia sigue las mismas pautas ya que únicamente se ha localizado a un predicador natural de las islas Canarias entre 1700 y 1746 de un total de 45 capellanes de honor y 66 predicadores reales, mientras que en el reinado de Fernando VI aparecen un capellán de honor y un predicador real –los nombrados en los años 1747-1759 se elevan a 39 capellanes y 38 predicadores–^[8], y no se tiene constancia de que se hubieran incorporado otros a la Capilla Real de Palacio en tiempos de Carlos III y Carlos IV, cuyo banco, además, se había reducido de forma notable tras las constituciones promulgadas en 1757^[9]. En resumen, el setenta y cinco por ciento de los nacidos en el archipiélago que ingresaron en dicha institución lo hicieron entre 1643 y 1705, mientras que el 25 por ciento restante se incorporó en los años 1749 y 1756.

Tan exigua participación no debe atribuirse a la existencia en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria de una Capilla Real a través de la cual las élites insulares canalizaran sus aspiraciones de servir a la Corona en el ámbito eclesiástico. Ello es así, en parte, porque dichos capellanes eran considerados inferiores jerárquicamente por el cabildo de canónigos hasta mediados del siglo XVIII, por lo que no eran muy estimadas dichas plazas^[10]; y en parte, también, porque la existencia de capillas reales en las catedrales de Granada, Sevilla, Zaragoza y Toledo, cuyos capellanes eran designados por el soberano en el uso de sus atribuciones, no parece ser que minoraran las posibilidades de los eclesiásticos naturales de estas ciudades y de sus respectivas diócesis de ser nombrados capellanes de honor. Se sabe, por ejemplo, que el canario Luis Espinosa de La Puerta, sobrino en segundo grado del capellán de honor Francisco Luis de La Puerta y Quiñones, fue capellán de la Capilla Real de Granada^[11] y que hacia 1677 varios capellanes de la Capilla de los Reyes Nuevos de Toledo procedían de Andalucía, Galicia y León. En realidad, la presencia del clero canario en la Capilla Real de Palacio fue muy similar, salvo a finales del siglo XVIII, a la que tuvieron los aragoneses, catalanes, valencianos, mallorquines, navarros, vascos, flamencos e italianos, lo que contrasta con la fuerte representación de andaluces y de castellanos, e incluso de criollos americanos–en este caso al menos durante el siglo XVII–^[12], sin que tampoco pueda establecerse, por otro lado, una correlación de dichos nombramientos con la población eclesiástica de las distintas regiones y reinos^[13]. Los clérigos nacidos en Madrid y su provincia tuvieron una representación muy superior a los de otras demarcaciones provinciales siendo sus efectivos eran menores.

El análisis de la genealogía presentada por los aspirantes a una plaza en la Capilla Real de Palacio permite establecer la impronta de cada isla en el conjunto regional y en la capital de la Monarquía. El resultado (Cuadro I) es muy significativo: el 62,5 por ciento de los pretendientes había nacido en San Cristóbal de la Laguna, en la isla de Tenerife, lo que no puede sorprender dado que en los siglos modernos fue la capital de facto del archipiélago, la ciudad más poblada y la sede de la Capitanía General de Canarias entre 1656 y 1723; el 25 por ciento, en cambio, era natural de Las Palmas de Gran Canaria, donde estaba la Audiencia; y el 12,5 por ciento, finalmente, lo era de La Orotava, en la isla de Tenerife.

Por lo común, estas familias, algunas vinculadas mediante enlaces matrimoniales, llevaban residiendo en las islas desde al menos tres generaciones, habían participado en la conquista y adquirido por ello haciendas en los primeros repartimientos de tierras, base de su progreso económico y social, según se aprecia en los expedientes de fray Sebastián de Bethencourt y José Romero de Céspedes^[14]. En otros casos los miembros de estos linajes –si no todos, al menos alguno de ellos- se instalaron más tardíamente tras desplazarse desde la península, como el bisabuelo paterno de Andrés de Huerta y Cigala, nacido en Puerto de Santa María –nada se indica del origen de la bisabuela paterna y de los bisabuelos maternos- o los abuelos paternos de fray Jerónimo de Canarias, originarios de Portugal y de Palos de Moguer, en Huelva. Y hubo asentamientos más recientes como el del padre de Francisco Luis de La Puerta y Quiñones, oriundo al igual que sus ascendientes de Torrelobatón (Valladolid), aunque la madre lo era de Garachico, pero de origen flamenco por la rama materna. En cuanto a fray Antonio Cayetano Hendricksen, los antepasados paternos y maternos eran de Dunkerque, si bien la madre, que lo gesta tardíamente, con cuarenta y un años de edad, había nacido en San Cristóbal de la Laguna en 1660. Por último, hay que mencionar el caso de Bernabé de Tamariz y Figueroa, pues su nacimiento en el archipiélago parece haber sido fortuito estando los padres, naturales de Madrid, de tránsito, aunque no se especifica el motivo de su presencia y la relación de servicios que presenta el padre para demandar nuevos empleos tampoco nos saca de dudas^[15].

Más interesante es la información que se dispone sobre los orígenes sociales de este colectivo. En general, quienes los conocían coincidieron en destacar que procedían de familias sin mácula alguna de judío, moro y hereje. De familia limpia «y de las más ilustres» son calificados los linajes de fray Jerónimo de Canarias, en el siglo Jerónimo Pérez Trigo^[16], y de fray Melchor Borges del Manzano, según han oído los testigos «decir a sus mayores y más ancianos»^[17]. Frente a unos testimonios tan vagos e imprecisos encontramos otros más explícitos en los que se resalta la pertenencia de uno o de varios miembros de la familia a la iglesia, en particular a los cabildos catedralicios o a los tribunales del Santo Oficio, en los que se exigían pruebas de limpieza de sangre^[18]. Se aprecia así en las averiguaciones de Andrés de Huerta y Cigala, Francisco Luis de La Puerta y Quiñones, José Romero de Céspedes o de Melchor Borges del Manzano^[19]. Empero, a veces se aducen argumentos más que discutibles. Acontece así en las pruebas de fray Antonio Cayetano Hendricksen, ya que los testigos no dudan en justificar, en un alarde de ingenuidad o de ignorancia, cuando no de manipulación consciente, la limpieza de sangre del linaje atendiendo al «hecho de traer su origen y naturaleza de Flandes, donde es constante y notorio no hallarse viciadas ni maculadas las familias con raza alguna de moro, judío y hereje»^[20].

Si destacar la limpieza de sangre de los linajes era importante, no lo era menos el tener un origen noble, y así en la documentación consultada se insiste reiteradamente en que los abuelos y padres de los capellanes de honor y predicadores reales eran de noble cuna o vivían como tales^[21]. Los antepasados de Hendricksen son calificados de «familias muy honradas y de conocida y distinguida calidad en la ciudad de Dunkerque», lo mismo que los de Melchor Borges del Manzano, «gente muy noble y principal»^[22], mientras que de los abuelos paternos y del padre de Bernabé Tamariz y Figueroa se afirma que se les devolvía «la blanca de la carne por ser de noble sangre»^[23] y de la familia de fray Sebastián de Bethencourt que vivía de las rentas de su hacienda y mayorazgo en La Orotava^[24]. En otros casos se aludía a sus orígenes santanderinos y vascos, lo que en el imaginario de la época era sinónimo de nobleza –es lo que se afirma de la familia de Francisco Luis de La Puerta y Quiñones, cuya hermana, María de La Puerta, se desposa con un hidalgo de ejecutoria, Juan Báez Golfos^[25]- o se resaltaban aquellos estudios y empleos que conferían a sus titulares la consideración de personas nobles: haber desempeñado cargos en el ejército, haber sido colegiales en algún colegio mayor o haberse graduado de estudios superiores en la universidad, pues desde la Edad Media se venía considerando que doctores y licenciados merecían el calificativo de nobles, tal como se recoge en el Libro II, título 21, parte 2 de las Siete Partidas. Sucede con el padre y los abuelos de Andrés de Huerta y Cigala^[26], así como con el padre de José Romero de Céspedes^[27] y con el abuelo y el padre de Bernabé Tamariz y Figueroa, aunque en este caso su nobleza estaba suficientemente acreditada para los testigos, quienes no dudaron en señalar que sus antepasados eran de «linajes nobles y de caballeros hijosdalgos notorios, de ejecutoria y propiedad, por haberlos visto reputar en la dicha ciudad de Sevilla y en esta villa de Madrid por la gente ilustre de ella por tales»^[28]. Y no andaban errados, ya que el bisabuelo paterno, Fernando de Ribera Tamariz, había obtenido carta de hidalguía del emperador Carlos V en 1528, siendo confirmada un siglo después, en 1636, tras litigar el padre con el concejo del lugar de Viana de Cega (Valladolid) por haberlo incorporado junto a su hijo en el padrón de pecheros^[29].

Lo que no puede cuestionarse en ningún caso es que las familias, al margen de que hubieran sido pecheras o nobles desde la cuna, habían conseguido medrar social y políticamente gracias a los servicios prestados a la corona en el ejército, la judicatura, la administración y la Iglesia, y que son la base con la que se elaboran complejas genealogías, como la confeccionada por los La Puerta, quienes remontaban al siglo XIV sus vínculos con la monarquía al argumentar que descendían de Alonso Pérez de la Puerta, doncel de Enrique II de Castilla y su ballestero mayor, remitiendo a las Crónicas de aquel reinado^[30]. Los datos que se disponen de estos linajes, algunos bien estudiados por los eruditos canarios del siglo XVIII y XIX, lo confirman. La mayoría se inicia en el ejército para, en la segunda generación, y sin abandonarlo, emplearse en el gobierno municipal o en la administración central, colocando a su vez a los hijos segundogénitos y a las hijas –no todas, por supuesto– en la iglesia, con lo que ampliaban su radio de influencia en la sociedad de la época. Los bisabuelos paternos y maternos de Andrés de Huerta y Cigala fueron en sus inicios alféreces y capitanes de compañías militares, cargos que los conducirán al gobierno local, pues Esteban Domínguez fue alcalde de Los Llanos. El abuelo paterno, en cambio, fue alguacil y escribano de número del ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, donde ingresó en 1701, el mismo año en que fue proclamado en la ciudad Felipe V, acto en el que estuvo presente y del que nos dejó escrita una relación, si bien apenas se mantuvo en el empleo puesto que fallece en 1711^[31]. Esta trayectoria fue continuada por su hijo Andrés de Huerta, quien entre 1712 y 1758 fue alférez y escribano de número de Santa Cruz de la Palma, mientras que su otro hijo, el padre de nuestro capellán de honor, fue alguacil mayor, secretario del tribunal de la Santa Cruzada en la isla de Gran Canaria y contador mayor de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria^[32].Esta inmersión de la familia en la administración alcanza su cenit con Jacobo Andrés de Huerta y Cigala, su hijo, quien tras ingresar en el Colegio Mayor de Santa Catalina de la Universidad de Granada, donde obtuvo el grado de doctor en cánones y leyes, se recibe como abogado de los Consejos para luego ser nombrado oidor en la Audiencia de Guatemala en 1742 a la temprana edad de treinta años, de donde será promocionado en 1756 a la Audiencia de Barcelona para acabar su carrera en el Consejo de Indias^[33].No obstante, la tradición militar no va a desaparecer, ya que José de Huerta y Cigala, hermano del anterior y del capellán de honor Andrés de Huerta y Cigala, llegará a ser capitán de infantería, y su cuñado, Cristóbal Adrián de Graaf, casado con su hermana Antonia María de Huerta y Cigala, será coronel, gobernador y justicia mayor de la provincia de Neiva, en el virreinato de Nueva Granada. Finalmente, otra hermana, Juana Tomasa Ana de Huerta y Cigala, contraerá matrimonio con Bartolomé Bravo de Laguna y Ramos van Damme, mayorazgo de la casa de los Bravo de Laguna en Las Palmas de Gran Canaria^[34].

Capitanes fueron los abuelos maternos de José Romero de Céspedes^[35] y de Bernabé Tamariz y Figueroa, pero la trayectoria de sus hijos fue muy distinta. En el primer caso, porque Pedro Pérez Romero, a pesar de descender de los conquistadores que se instalaron en la isla de Tenerife, con hacienda de tierras adquirida por sus antepasados, se consagró a la medicina, profesión a menudo asociada con los judeo-conversos, lo cual induce a pensar que sus orígenes ni fueron demasiado limpios ni demasiado ilustres, a pesar de lo expuesto por los testigos interrogados, sobre todo cuando además su hijo Joaquín Romero y su yerno Francisco Sarmiento fueron, respectivamente, comisario y alguacil del Santo Oficio de la Inquisición^[36]. Por el contrario, los Ribera Tamariz siguieron las pautas que hemos observado en los Huerta Cigala, pues Tomás de Ribera Tamariz, fundador de la saga, era en 1605 maestre de campo y había servido en Flandes –estuvo presente en la batalla de San Quintín en 1557–, Alemania y Malta, interviniendo en la batalla de Lepanto. Asimismo, su hijo Tomás Antonio Ribera Tamariz, padre del capellán de honor Bernabé Tamariz y Figueroa, tuvo una prolongada carrera militar, ya que participó, junto a su hijo Juan de Ribera Tamariz, en diferentes empresas en Brasil, Flandes y Portugal, sobresaliendo en la demolición del fuerte de Olivenza, lo que facilitaría la conquista de la plaza en 1657 por el duque de San Germán^[37].En cambio, a su otro hijo, José de Ribera Tamariz y Mendieta, lo encontramos residiendo en la ciudad de Sevilla, donde fue nombrado veinticuatro de su consistorio –su cuñado Antonio Romero de Cerpa, casado con su hermana, Francisca del Campo Tamariz y Figueroa, fue a su vez regidor perpetuo del cabildo municipal de Las Palmas de Gran Canaria^[38]– y contador de la razón, en la Contaduría Mayor de Cuentas, de los Almojarifazgos Mayor y Menor de Sevilla, recibiendo por sus servicios a la Corona y por los de sus parientes el título de I marqués de Aguiar en 1689^[39].

A pesar de la antigüedad del linaje de los La Puerta, nada concreto se dice de las profesiones de los abuelos paternos en el expediente de Francisco Luis de la Puerta y Quiñones y tampoco las recoge Fernández de Bethencourt en el Nobiliario Canario. No obstante, del padre, Francisco de la Puerta, «hidalgo del noble solar de su apellido en las montañas de Santander» y leal vasallo «en cuantas ocasiones se ofrecieron en su tiempo», los testigos indican que fue el fundador de la casa en Canarias y que obtuvo a perpetuidad la escribanía mayor de la Audiencia de Canarias. De su descendencia se dispone de más datos. Por un lado, su hija María de La Puerta contrajo matrimonio con el capitán Juan Báez Golfos, escribano mayor perpetuo del cabildo de la ciudad, con el que tuvo a Jerónimo Golfos de La Puerta, capitán de infantería española, veedor, contador y pagador general de la gente de guerra en las islas Canarias, y a Francisco Golfos de La Puerta, bachiller por la Universidad de Alcalá de Henares en 1661^[40], licenciado en teología, canónigo decano de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, juez apostólico del tribunal de la Santa Cruzada, quien en 1704 funda un mayorazgo con su hermana Petronila, que a su vez se había desposado con Francisco Espinosa de los Monteros, capitán del tercio de infantería española de Las Palmas de Gran Canaria, alcaide y gobernador del castillo de San Francisco del Risco, profesión que seguirán algunos de sus vástagos mientras que otros se consagrarán a la Iglesia^[41].

De otras familias disponemos de menos noticias. De los antepasados de fray Jerónimo de Canarias se sabe que el padre, Pedro de Vergara Trigo, se licenció en derecho y se dedicó a la judicatura, siendo recibido de abogado de la Audiencia de Canarias y poco tiempo después nombrado castellano del castillo de La Orotava, pero no se tiene más información sobre su trayectoria profesional ni la de sus descendientes^[42]. Sucede a la inversa con la familia de fray Antonio Cayetano Hendricksen: los testigos que intervienen en sus pruebas desconocen las ocupaciones de sus abuelos y padres e, incluso, la de su hermano Guillermo Tomás de Roo, pues se limitan a manifestar que solo han tratado con Francisco Fernández Samieles, su primo^[43], secretario real y de la Junta de Comercio, ignorando en cambio que Guillermo Tomás de Roo, casado con Teresa de Niebla y Torres, hija del virrey de Santo Domingo, había sido oficial supernumerario en La Habana en 1710 y pocos meses después, acaso por compra, gobernador y capitán general de la ciudad de Maracaibo y su provincia, cargo que desempeñará al menos entre 1710 y 1727^[44].

Por supuesto, estos linajes situaron a sus vástagos en la Iglesia. Los Huerta García Cigala colocaron nada menos que a cuatro miembros de la familia, todos ellos hermanos: Andrés y Agustín de Huerta Cigala –este falleció siendo muy joven, en 1750, en Las Palmas de Gran Canaria–, Ignacia de San José y María Rita de las Angustias de San Miguel, ambas religiosas profesas en el monasterio de San Bernardo el Real en las Palmas de Gran Canaria y, la primera, su abadesa^[45]. Francisco Golfos de La Puerta, sobrino carnal del capellán de honor Francisco de La Puerta y Quiñones, siguió sus pasos y con éxito, obteniendo una canonjía en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria y el cargo de juez apostólico de la Santa Cruzada. La canonjía se la traspasará, según práctica habitual en la época, a su sobrino Domingo Espinosa de La Puerta, presbítero al igual que otros dos sobrinos, Francisco Espinosa de La Puerta y Luis Espinosa de la Puerta, de quien se dice que accedió a una capellanía en la Capilla de los Reyes de Granada. Otros hermanos que también entraron en religión fueron fray Jerónimo de Espinosa, provincial de los dominicos de las islas Canarias, y Josefa, María y Micaela, monjas profesas en el convento de San Bernardo el Real de Las Palmas de Gran Canaria^[46]. La misma tendencia se observa en el seno de las familias Hendricksen y Borges del Manzano: en el primer caso, tres hermanas del predicador real profesaron en el convento dominico de Santa Catalina de Siena de San Cristóbal de la Laguna y un primo carnal, Mateo de Roo, fue presbítero^[47]; en el segundo, según los testigos interrogados, dos hermanos, Francisco y Sebastián Borges del Manzano, fueron frailes agustinos^[48].

Solidaridades regionales y profesionales

Los expedientes ofrecen, asimismo, información notable acerca de las relaciones de todo tipo que los capellanes de honor y predicadores reales de las islas Canarias y sus familias establecieron dentro y fuera de la Corte, esenciales para el fortalecimiento del linaje^[49]. Para empezar, las solidaridades regionales jugaron un papel importante a la hora de establecer la idoneidad de las personas para los empleos contribuyendo de este modo a configurar la identidad de una comunidad de reciente formación pero cada vez más concienciada de los rasgos diferenciadores que la distinguían del resto de la Monarquía, con la que se identificaban plenamente, aun cuando no siempre recibieran los beneficios que esperaban obtener por su lealtad^[50]. Esto explica que los testigos interrogados en las pruebas realizadas a los capellanes de honor y predicadores reales fueran en su mayoría oriundos de sus lugares de nacimiento, aun cuando en ocasiones ni siquiera hubieran conocido a sus ascendientes más directos dada su juventud, como lo expone con sutileza en su informe Hipólito de Samper y Gordejuela, juez comisionado por el patriarca y capellán mayor de Palacio para la realización de las pruebas de Melchor Borges del Manzano: la mayoría de los testigos interrogados carece de:

aquella edad que requieren los doctores para este género de probanzas, porque habiendo de ser canarios no he podido tener elección, sino que ha sido preciso ceder a la estrechez de los que se han encontrado en esta Corte, donde los más vienen a pretender, y para este fin sólo los mozos suelen salir de sus patrias^[51].

El resultado es que en el 62,5 por ciento de los expedientes analizados la mayoría de los testigos interrogados afirmaba que eran naturales del archipiélago canario. De estos, la mayoría eran originarios de las localidades donde habían nacido y se habían criado los aspirantes a entrar en la Capilla Real de Palacio o sus padres y abuelos, pero otro porcentaje era oriundo de poblaciones en las que aquellos al parecer nunca habían residido. Finalmente, en el 37,5 por ciento de los expedientes analizados los testigos eran naturales en su casi totalidad de la península cuando no de otros territorios de la monarquía (Cuadro II). En estos casos los capellanes de honor y predicadores reales anteponen a las solidaridades regionales las establecidas por ellos mismos o por sus parientes en su entorno profesional. Esta actitud, que tiene bastante sentido con Tamariz y Figueroa y con Hendricksen, dado que los antepasados del primero habían nacido en la península y estaban arraigados desde antiguo en la ciudad de Sevilla, y los del segundo, en la ciudad flamenca de Dunkerque hasta su incorporación a Francia, resulta bastante inexplicable en el caso de Andrés de Huerta y Cigala, puesto que solo un testigo, Domingo Leal del Castillo, era de origen canario^[52]. Lo único que puede justificarlo es que su familia, asentada en la isla de La Palma y, por tanto, algo alejada de los centros de poder del archipiélago, se hubiera establecido muy recientemente en Las Palmas de Gran Canaria sin conseguir introducirse en su elite –de hecho, todo apunta a que lo hace el padre a finales del siglo XVII–, aunque también pudo influir su traslado y el de su hermano Jacobo a la península para realizar estudios en las universidades de Sevilla y de Granada, sin desestimar la hipótesis de que en el siglo XVIII, cuando ingresa en la Capilla Real, las solidaridades regionales estaban cedido su espacio en la Corte a las profesionales^[53].

Un análisis más en profundidad de la información aportada en los expedientes consultados nos descubre que un elevado porcentaje de estos testigos pertenecía -sobre todo en el siglo XVII- a la élite social y política. De un total de 136 individuos, sesenta y tres (el 46,3 por ciento) –no todos eran naturales de las islas Canarias–, eran nobles o estaban asimilados a la nobleza: ocho poseían un título nobiliario, doce habían sido nombrados caballeros de Órdenes Militares y cuarenta y tres se asimilaban a la nobleza, en su acepción más amplia, por los empleos desempeñados (militares de graduación, gentileshombres de la Casa del Rey, funcionarios de la administración general del Estado, regidores y abogados de las Audiencias y de los Consejos Reales).

Los capellanes de honor y predicadores reales mejor relacionados socialmente en la Corte fueron fray Sebastián de Bethencourt, Melchor Borges del Manzano, Andrés de Huerta y Cigala y fray Jerónimo de Canarias por figurar entre los testigos de sus pruebas miembros de la nobleza titulada. Así, la familia del fray Sebastián de Bethencourt era conocida y tratada por José de Mesa y Lugo, I marqués de Torrehermosa^[54], por Diego Alvarado Bracamonte y Grimón, I marqués de La Breña, suegro de Pedro Fernández de Campo Angulo, I marqués de Mejorada del Campo, secretario de la Junta de Regencia durante la minoría de edad de Carlos II^[55], y por Diego Benítez de Lugo y Vergara, I marqués de Celada^[56], personaje bien situado en la Corte como el anterior y como lo estarán con el tiempo su hijos: el dominico fray Cayetano Antonio Benítez de Lugo, obispo de Zamora en 1739, Bartolomé Nicolás Benítez de Lugo, inquisidor en Canarias, Pedro Nolasco Benítez de Lugo, gobernador de la Habana y capitán general de Cuba entre 1702 y 1703, gentilhombre de cámara del príncipe elector de Baviera^[57], Andrés Benítez de Lugo, embajador extraordinario de este príncipe en Londres y de Carlos II ante Luis XIV, y José Gonzalo Benítez de Lugo, III marqués de Celada, capitán de caballos corazas, embajador extraordinario en Turín y gobernador de Sacer, en la isla de Cerdeña, al servicio del archiduque Carlos de Habsburgo, lo que le conducirá al exilio en Lisboa, de donde regresa a Canarias a partir de 1725^[58].

La familia de Melchor Borges del Manzano parece haberse relacionado con Pedro de Ponte y Llarena, I conde del Palmar, título concedido por Carlos II en 1686, capitán general de Canarias, hermano de Cristóbal de Ponte Xuárez, marqués de Quinta Roxa^[59], mientras que la de fray Jerónimo de Canarias lo hizo con José Antonio Llarena Calderón y Lugo, III marqués de Acialcazar y de Torrehermosa^[60]. Por último, la de Andrés de Huerta y Cigala aparece vinculada a Juan Antonio de Lavandero y Córdoba, marqués de Torrenueva, veinticuatro de la ciudad de Sevilla, mayordomo de semana del Rey –afirma que asistieron juntos en alguna de las Jornadas reales, incluido un viaje a la Corte de París, pero sin indicar el motivo–, emparentado con Antonio María de la Concepción Acevedo y Hermosa, III conde de Torrehermosa, quien también testifica a favor de Andrés de Huerta y Cigala, lo mismo que Pedro de Ioppolo e Spadafora e Pescatore, príncipe de San Antonio, duque de San Biagio, emparentado con los anteriores^[61].

Estos y otros capellanes y predicadores reales mantuvieron comunicación, gracias a sus empleos o a los de sus parientes, con caballeros de Órdenes Militares y con hidalgos reconocidos, hubieran o no nacido en Canarias. Entre estos últimos aparecen Cristóbal Alvarado Bracamonte, hermano del I marqués de La Breña, que dice conocer a fray Sebastián Bethencourt, en tanto que Nicolás Eugenio de Ponte y Diego de Ponte y Llarena se trataban con Melchor Borges del Manzano^[62], quien a su vez se comunicaba con Francisco Monteverde y Pimienta^[63]. Finalmente, Pedro de Ayala Rojas, gentilhombre de la Casa del Rey, tercer hijo de Diego de Guzmán Ayala y Castilla, V conde de la Gomera, se relacionaba con fray Sebastián de Bethencourt y con Bernabé Tamariz y Figueroa^[64]. Este capellán se comunicaba también con otros caballeros de Órdenes Militares nacidos en la península como José de Figueroa Córdoba, gentilhombre de la boca de S.M –dijo conocer a su familia por «haber estado en la ciudad de Sevilla residiendo»-^[65], Luis de Taboada, natural de Sevilla^[66], Luis Enríquez, Cosme de Mazarredo^[67] y Nicolás Justiniano Chiavarri, alguacil mayor del Consejo de Indias, natural de Guatemala^[68]. A todos estos personajes hay que añadir Juan de Porres Mejía, procurador general por el estado de caballeros hijosdalgo de Ocaña, y Domingo Antonio de Salazar Muñatones, señor de la casa de Muñatones, suegro del anteriormente citado Cosme de Mazarredo, quien se había desposado con su única hija, Lorenza Salazar de Muñatones^[69]. Para acabar, José Moreno Alvarado, alcalde de Casa y Corte, aparece vinculado con el capellán de honor Andrés de Huerta y Cigala, cuya familia habría conocido a la suya en Las Palmas de Gran Canaria, donde fue oidor de la Audiencia^[70].

Los expedientes consultados permiten identificar las profesiones de los testigos que intervinieron en las pruebas de los capellanes de honor y predicadores que estamos estudiando y de las que pueden inferirse las asociaciones profesionales que sus familias y ellos mismos habían trazado con el transcurso del tiempo dentro y fuera de Madrid. Los datos del Cuadro IV son muy reveladores en este sentido. En efecto, de un total de 136 individuos, de los que deben excluirse treinta y dos porque no se indican sus profesiones, el 35,6 por ciento pertenecía al clero, como no podía ser de otra manera, el 25,7 por ciento a la administración, incluidos quienes servían en las Casas Reales, el 8 por ciento, al ejército; y el 7,3 por ciento restante estaba constituido por un variado grupo de sujetos dedicados a diferentes profesiones liberales (abogados de las Audiencias y Consejos, profesores y estudiantes universitarios y de los colegios mayores). Empero, algunos individuos que ejercieron oficios en el gobierno local y en la administración central los compaginaron con cargos militares, por lo que los testigos adscritos al ejército ascendieron a veintidós, cifra muy superior a la registrada en el citado cuadro.

De todos los capellanes de honor y predicadores reales canarios quienes más contacto tuvieron con militares, y además naturales del archipiélago, muy activos en la formación de levas para el ejército de Flandes y de Extremadura^[71], fueron fray Sebastián de Bethencourt, José Romero de Céspedes, fray Jerónimo de Canarias y, sobre todo, Melchor Borges del Manzano. Sin embargo, fue la familia de Francisco de La Puerta y Quiñones, por la profesión de los padres y abuelos, la que estuvo mejor relacionada, puesto que en sus pruebas intervinieron el capitán y regidor de Tenerife Cristóbal Interián de Ayala, el maestre de campo y regidor de Las Palmas de Gran Canaria Marcos del Castillo^[72], un hermano del capitán Juan Fernández Franco –se trata de Francisco Fernández Franco, canónigo de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria^[73]–, y uno de los personajes de mayor reputación en la sociedad tinerfeña de su época, el maestre de campo Bartolomé Benítez de las Cuevas y Fisco, alcalde y castellano de La Orotava, a quien por sus relevantes servicios en Flandes y en la defensa de Santa Cruz de Tenerife contra la flota inglesa al mando de Blake en 1657 la corona le concedió un hábito de la Orden de Santiago, si bien nunca llegó a ser investido «por el honroso motivo de no haber en la provincia otro caballero de hábito que no fuese pariente suyo dentro del cuarto grado», pero sí su hijo Antonio Francisco Benítez de Ponte en 1683 a quien la regente Mariana de Austria había transferido la merced del hábito militar en 1670^[74].

En 1676, fray Sebastián de Bethencourt se relacionaba en Madrid, como ya se ha dicho, con los hermanos Cristóbal y Diego Alvarado Bracamonte y Griñón, I marqués de La Breña, y con Diego Benítez de Lugo y Vergara, I marqués de Celada, pero lo que conviene subrayar es que todos ellos habían servido a la Corona en el ejército, pues el primero fue maestre de campo y alcaide del castillo de Santa Cruz en 1664^[75], el segundo, maestre de campo general –organiza una leva de 700 soldados armados en Canarias para el ejército de Extremadura-^[76], y el tercero, capitán de caballos corazas y alcaide y castellano del Puerto de la Cruz, en tanto que su hijo Diego Benítez de Lugo, II marqués de Celada, fue asimismo capitán de caballos corazas hacía 1671 y alcaide del castillo de San Felipe en 1725. Al ejército se consagraron, según se ha visto ya, otros de los hijos del I marqués de Celada: Andrés Benítez de Lugo, Pedro Nolasco Benítez de Lugo, maestre de campo, y José de Mesa y Lugo, medio hermano de los anteriores por vía paterna, I marqués de Torrehermosa, maestre de campo de un tercio de 900 hombres que había levantado, aparte de su yerno Nicolás Eugenio de Ponte, maestre de campo, gobernador y capitán de Cumana en 1701, cuya lealtad a la casa Borbón se hizo patente al denunciar a varios partidarios del archiduque Carlos que actuaban en su jurisdicción^[77]. Este personaje en 1692 se comunicaba con Melchor Borges del Manzano, quien a su vez lo hacía con Pedro de Ponte y Llarena, I conde del Palmar, capitán general de Canarias^[78], con su hermano Diego de Ponte y Llarena, maestre de campo de infantería española, gentilhombre de la Casa del Rey^[79], así como con otros destacados militares de origen canario: el gobernador y capitán general de Puerto Rico, Juan Franco de Medina, elevado en 1698 a capitán general de Yucatán, aunque falleció antes de tomar posesión del cargo^[80], los maestres de campo Juan de GuislaBoot Campos y Castilla^[81]y Fernando del Castillo^[82], el capitán Domingo Romero yel alférez de infantería Adrián de Bethencourt y Franchis, sin olvidar que entre los testigos figuraba uno de los hijos del capitán Juan Mateo de Cabrera, el presbítero Felipe Mateo Cabrera^[83].

La familia de José Romero de Céspedes aparece, asimismo, muy vinculada a individuos que dedicaron su vida al ejército, posiblemente gracias a que los abuelos paternos y maternos fueron capitanes de infantería, como Santiago Fierro de Bustamante, capitán de infantería, regidor de La Palma y familiar del Santo Oficio^[84], y Juan de Monsalve, maestre de campo y regidor de Tenerife. Por esto mismo que entre sus amistades se encuentre el presbítero Jerónimo Boza de Lima, seguramente emparentado con Domingo Boza de Lima, oriundo de Portugal, abuelo paterno del capitán de caballos y regidor Jerónimo Boza de Lima, castellano del castillo de Santa Cruz, natural de Badajoz, y de su hermano Matías Boza de Lima, heredero del mayorazgo, cuya familia acabará obteniendo un título nobiliario, el marquesado de Casa Boza, en 1731 y no por los méritos de su titular, Jerónimo de Boza Solís, que en 1714 había recibido el hábito de caballero de Santiago^[85].

A diferencia de las anteriores familias, la de fray Antonio Cayetano Hendricksen parece ser que se desenvolvió en un círculo social y profesional más restringido, centrado de manera casi exclusiva en las secretarías de Comercio y Guerra, gracias a los contactos establecidos por su primo Francisco Fernández Samieles, secretario real y de la Junta de Comercio. Así, en 1754 encontramos a José Martínez Pingarrón –era hermano de Manuel Martínez Pingarrón, bibliotecario del rey, amigo del ilustrado Gregorio Mayans y Siscar–^[86], Benito Nogueira^[87], Lorenzo de Secada, Ángel de Recarey y Cano, José de Oteiza, José Fernández Cortes, Juan del Corro Bustamante, Francisco Javier Calderón y Manuel de Olmo y Peñuela, a quienes hay que agregar el regidor de Madrid Manuel de Angulo. Por su parte, Andrés de Huerta y Cigala también se relacionó con un grupo de personajes de la administración central y de la judicatura menos numeroso que el de Hendricksen, pero de mayor rango, como Francisco Antonio de Acevedo y Felipe de Arcos, ambos del Consejo de Indias, José Moreno Alvarado, alcalde de Casa y Corte, oidor de la Audiencia de Canarias, y Andrés de Valcárcel Dato, alcalde de Casa y Corte, gobernador de la sala en 1763 y juez subdelegado de la superintendencia general de los pósitos, emparentado con el presidente de la Chancillería de Valladolid^[88]. Francisco Luis de La Puerta y Figueroa era conocido de Jerónimo de Angulo y Figueroa, presbítero, inquisidor de Lima en 1656^[89], y José Romero de Céspedes de Francisco Centellas, secretario real^[90], y de Cristóbal Rodríguez Ferrer, fiscal de la Inquisición de Canarias, mientras que Melchor Borges del Manzano se trató con Luis de Aguiar, colegial en el Colegio Trilingüe de la Universidad de Alcalá de Henares, licenciado y doctor en teología en la Universidad de Ávila, abogado de los Consejos en 1686 y relator en la sala de Alcaldes de Casa y Corte entre 1687-1691, sustituyendo a su titular en sus ausencias, sobrino de Luis de Aguiar, gobernador de Newport^[91]. Finalmente, Bernabé Tamariz y Figueroa no solo conoció, como ya se ha visto, a Pedro de Ayala y Rojas, gentilhombre de la Casa del Rey^[92], sino también a Gonzalo de Saavedra, veinticuatro de la ciudad de Sevilla, a Juan de Torres Bustamante, ministro del Santo Oficio, y a José de Haro y Lara, secretario del Consejo de Aragón en la secretaría de Cerdeña, más tarde embajador extraordinario en Venecia reemplazando a Juan Carlos Bazán^[93].

Los eclesiásticos, sin embargo, ocuparon el primer lugar por el número de individuos que se codearon con los capellanes de honor y predicadores reales de Canarias, si exceptuamos a Bernabé Tamariz y Figueroa, pues ni uno de los testigos que intervinieron en sus pruebas perteneció a dicho estamento. De este conjunto, integrado por cuarenta y nueve sujetos, aunque en la práctica fue superior, ya que algunos se han agrupado en el apartado administración por sus empleos, como Cristóbal Montesdeoca o Jerónimo de Angulo y Figueroa, ambos ministros del Santo Oficio, la mayoría procedía del clero secular (81,6 por ciento), lo cual sorprende bastante teniendo en cuenta que tres de los cuatro predicadores reales eran miembros de comunidades religiosas: dos de Santo Domingo y uno de los Hermanos Menores Capuchinos. De hecho, el único conectado exclusivamente con clérigos regulares fue el fraile dominico Antonio Cayetano Hendricksen, y lo hizo con monjes basilios y benedictinos y con frailes carmelitas calzados y descalzos, nunca con miembros de su comunidad, lo que es asimismo una rareza. Lo que ya no resulta raro ni extraordinario es su formación y los empleos que desempeñaban, aun cuando no siempre se registraron. Así, fray Alejandro Aguado era padre provincial de su orden y catedrático de teología en la Universidad de Alcalá de Henares^[94], fray José Balboa era predicador general de su orden lo mismo que fray Anselmo Rubio, si bien este era además predicador de la Capilla Real de Palacio, y fray Francisco de la Cruz era procurador general de su orden. Esto es válido, asimismo, para el agustino fray Nicolás Rosel, definidor y procurador general de la provincia de Canarias, y para el franciscano fray Francisco Canino Espínola, calificador del Santo Oficio, relacionados respectivamente con Francisco Luis de La Puerta y Figueroa y con José Romero de Céspedes^[95].

Respecto al clero secular, lo más notable, sin duda, aparte de que no se especifica nada de interés sobre veinte individuos, salvo que eran presbíteros, es que estaba integrado por prebendados y capellanes reales de alguna catedral o colegiata, por capellanes de conventos reales y por rectores y administradores de hospitales. El capellán de honor mejor relacionado con este grupo era Francisco Luis de La Puerta y Figueroa por varias razones: primero, porque contaba con el favor de Francisco Sánchez Villanueva y Vega, arzobispo de Canarias, que antes de su nombramiento había sido capellán de honor y predicador real en la Capilla Real de Palacio^[96], lo que supondrá que su secretario, el presbítero Blas Canales de Carranza, juez delegado de la Cruzada en Tenerife, y su mayordomo, Francisco de Hoyos, afirmasen también que lo conocían; segundo, porque se relacionaba en Canarias y en Madrid con Francisco Fernández Franco, canónigo del cabildo de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, y con el licenciado Pedro de Herrera, administrador del Real Hospital de San Lorenzo de Las Palmas^[97]; y tercero, porque se benefició de la amistad del licenciado y presbítero Domingo de Espinosa, contador del capellán mayor y patriarca de las Indias^[98].

No le iba a la zaga en este tipo de contactos el capellán de honor José Romero de Céspedes, quien se comunicaba con dos prebendados de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, el racionero Francisco Montesdeoca y el chantre Juan Sotelo, así como con Juan Denche Aguado e Ignacio Lucero Mujica, capellanes reales de la citada catedral, y con Juan Martínez de Ribera, rector del Hospital de la Buena Dicha, y Juan de Anchieta, rector del Hospital de Convalecientes de San Bernardo o de Santa Ana, ambos situados en Madrid^[99]. En cambio, la información que se dispone sobre fray Jerónimo de Canarias y Melchor Borges del Manzano apenas aporta datos relevantes acerca de los eclesiásticos con los que se trataban, pues de un total de diecisiete individuos solo se sabe que Diego Oramas y Aldama y Juan González de Medina, que testificaron en las pruebas de fray Jerónimo de Canarias, eran canónigos, respectivamente, de Las Palmas de Gran Canaria y de la colegial de Lerma, no obstante al haber nacido en San Cristóbal de La Laguna^[100], y que Felipe Mateos Cabrera, testigo de Melchor Borges del Manzano, era doctor en teología y arcediano de Fuerteventura, pues Juan Onofre de Castro Ayala, que también testificó a su favor, obtendría unos años después una prebenda en la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, aunque al parecer no llegó a tomar posesión por su prematuro fallecimiento^[101]. En el siglo XVIII, Andrés de Huerta y Cigala mantuvo relaciones con Juan José Castellano, canónigo de la catedral de Toledo, así como con Luis de Villar y con Juan y Carlos Julián Fonseca, capellán, capellán mayor y sacristán, respectivamente, en el Convento de Maravillas de Madrid^[102].

Tan importante como las solidaridades regionales y profesionales era en la época el patronazgo y el clientelismo, sin los cuales resultaba inconcebible el mantenimiento de las élites y la promoción de sus integrantes^[103]. En el caso que estamos estudiando, y dado el número limitado de plazas de capellanes de honor y de predicadores a las que se podía acceder, los datos disponibles vienen a demostrar la capacidad mediadora que tenían los altos cargos de la administración, el ejército, la judicatura y la iglesia en el momento de proponer y designar a los individuos que debían ocuparlas^[104]. Aunque no siempre se puede determinar, sí se tiene constancia de que Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, patriarca y capellán mayor de Palacio, fue quien promovió el nombramiento de capellán de honor para su secretario y teniente de limosnero Francisco Luis de La Puerta y Quiñones en atención a que dicha ocupación la había «ejercido con toda puntualidad», participando incluso en la comisión que debía aprobar su expediente de limpieza de sangre. No era el único canario que servía en su casa, pues en estas fechas lo hacía, como ya se ha indicado, un amigo suyo, el licenciado y presbítero Domingo de Espinosa, natural de Las Palmas de Gran Canaria^[105]. Del mismo modo, se sabe que José Romero de Céspedes fue propuesto capellán de honor por el patriarca a instancias de Álvaro de Bazán y Benavides, II marqués de Santa Cruz, mayordomo de la reina Isabel de Borbón, por haber sido el preceptor de su hijo y heredero, el marqués de El Viso^[106], en tanto que Melchor Borges del Manzano fue nombrado predicador real sin gajes tras ser recomendado por el conde Lobron o Lobroni (sic), quien así lo solicita, «durante el tiempo que permanezca en la Corte»^[107]. Y es muy probable que Andrés de Huerta y Cigala obtuviera el respaldo del cardenal infante Luis de Borbón, arzobispo de Toledo, de quien había recibido alguna prebenda eclesiástica, o del padre Rávago, confesor de Fernando VI, con gran predicamento en la Corte^[108].

En cuanto a los predicadores reales, eran las comunidades religiosas las que proponían a los candidatos en el uso de sus atribuciones, aunque a veces lo hacía el monarca, la nobleza cortesana o algún pariente a título personal esgrimiendo los méritos de la familia, pero era el capellán mayor quien determinaba qué sujeto era el más idóneo, una vez informado de sus conocimientos, méritos y dotes para la oratoria. Es el caso, por ejemplo, de fray Jerónimo de Canarias, ya que solicita la merced por orden expresa de sus prelados y en su consulta al monarca el capellán mayor expone que es merecedor a la plaza no solo porque hay vacantes, sino por su «gran literatura, condecoraciones y habilidad en el púlpito, que me consta por haberle oído algunas veces»^[109]. En cambio, en la elección de fray Antonio Cayetano Hendricksen va a primar la intervención de Luis Reggio, príncipe de Campo Florido, embajador en París en 1741 después de haberlo sido en Venecia^[110].

El cursushonorum de los capellanes de honor y predicadores reales

Acceder a la Capilla Real de Palacio no resultaba fácil puesto que, para conseguirlo, los candidatos, aparte de probar que eran de buenas costumbres, de limpio linaje y de noble cuna, por más que este requisito no fuera obligatorio[111], debían demostrar que poseían estudios superiores y experiencia en cargos de responsabilidad en sus respectivos espacios de actuación; en el caso de los predicadores, además, se les exigían habilidades para la oratoria. El problema, sin embargo, es que los expedientes no siempre recogen esta información. Así, por ejemplo, de Bernabé Tamariz y Figueroa nada se dice de sus estudios ni dónde los cursó, aunque a cambio se tiene noticia de que en 1657, en nombre de las islas Canarias, había remitido un memorial a Felipe IV representando los servicios que sus habitantes habían prestado a la corona en América y los escasos beneficios recibidos, consiguiendo que el monarca autorizase a enviar al nuevo mundo desde Gran Canaria, Tenerife y La Palma géneros de la tierra en cinco registros de mil toneladas cada uno^[112].

Tampoco se dispone de datos sobre los estudios realizados por el dominico fray Sebastián de Béthencourt y por el capuchino fray Jerónimo de Canarias, mientras que de José Romero de Céspedes se indica que era licenciado, de Francisco Luis de la Puerta, que se había doctorado en teología, y de fray Antonio Cayetano Hendricksen, que había entrado en religión en 1716 en el convento y colegio de los dominicos de La Laguna, donde fue colegial y predicador^[113]. Mucha más información se tiene al respecto de Andrés de Huerta y Cigala gracias a varios certificados que aporta. De ellos se desprende que había estudiado filosofía durante tres años en el convento de San Pedro Mártir de Las Palmas de Gran Canaria y dos años de teología moral en el Colegio de la Compañía de Jesús inaugurado el 1 de enero de 1697. En 1730 se gradúa de bachiller en cánones en la Universidad de Sevilla, tras haber estudiado en el Colegio Mayor de Santa María de Jesús, aun cuando no aparece anotado su nombre en una memoria de los colegiales comprendidos entre 1518 y 1782. Finalmente se doctora en ambos derechos y en teología en la Universidad de Sevilla^[114]. Lo mismo cabe decir de Melchor Borges del Manzano, colegial en el selecto Colegio Menor de San Jerónimo o trilingüe de la Universidad de Alcalá de Henares –la presencia de canarios en esta institución apenas alcanzó el 5,88 por ciento de todos los estudiantes de los siglos modernos-, leyó oposiciones en las cátedras de Arte, obteniendo en 1669 la cátedra de Física y se doctoró en teología por la citada universidad^[115].

Con todo, los méritos personales adquiridos con el estudio no siempre fueron suficientes, dado el interés que suscitaban estos empleos a título personal o institucional, por lo que en la elección final, aparte de las recomendaciones de altos personajes de la vida política y de la sociedad, se tuvieron en cuenta los servicios prestados a la corona por los parientes^[116], así como la disposición de los candidatos a servir al soberano en cualesquiera circunstancias. Fueron las misiones de espionaje llevadas a cabo por fray Antonio Cayetano Hendricksen en la ciudad de Dunkerque las que facilitarán su acceso a la Capilla Real:

se ha correspondido y corresponde actualmente con el príncipe de Campoflorido, embajador de V.M en la corte de Francia, sirviendo a este ministro con aquellas noticias que pudieran ser importantes al conocimiento de las ideas de la corte de Londres en la presente guerra, cuya confianza manifiestan no solo las adjuntas cartas que exhibe del príncipe de Campoflorido y su secretario, sino otras posteriores que he visto^[117].

La plaza de capellán de honor no implicaba salario alguno hasta las Constituciones de Fernando VI, y solo para los capellanes titulares, no para los honoríficos. Por este motivo, y dado que debían residir en la Corte, todos disponían de una fuente de ingresos con la que vivir. Andrés de Huerta y Cigala, por ejemplo, era en 1749 arcipreste de Almonacid de Zurita (Toledo) por nombramiento del cardenal infante Luis de Borbón y Farnesio^[118]. Bernabé Tamariz y Figueroa era canónigo y deán de la catedral de Cuenca después de haber sido durante un tiempo religioso, ya que en su expediente se indica que Felipe IV le había dispensado para poder acceder a la capellanía de honor, requisito obligado por cuanto que en las Constituciones se prohibía expresamente que hubieran profesado en alguna orden religiosa^[119]. Francisco de La Puerta y Quiñones, en el momento de su ingreso en la Capilla Real, era arcediano de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria y, además, teniente de limosnero del Patriarca, cargo retribuido con cuatro placas de gajes al día desde el 7 de abril de 1653 y que servirá hasta el mes de julio de 1671, año en que es sustituido al fallecer su benefactor^[120]. A su vez, Melchor Borges del Manzano era en 1692 arcediano de Fuerteventura y de Tenerife, comisario y calificador del Santo Oficio en Canarias y gobernador de la diócesis de Gran Canaria, cargos que se suman a los que había tenido en el pasado, entre ellos el de provisor y vicario general del obispado en Tenerife y el de juez privativo del cabildo eclesiástico de Las Palmas de Gran Canaria^[121]. Menos recursos debía de tener José Romero de Céspedes, pues en su expediente solo se menciona que era comisario del Santo Oficio, aunque es posible que fuera también capellán de Álvaro de Bazán, II marqués de Santa Cruz, pues, como ya se ha dicho, fue tutor de su hijo el marqués de El Viso^[122].

Por lo que se refiere a los predicadores reales, únicamente los de número percibían gajes por la Casa de Castilla -a partir del reinado de Felipe V los reciben de la Capilla Real-, por lo que los honoríficos no percibían emolumento alguno. No obstante, al residir en los conventos de sus respectivas comunidades religiosas, su mantenimiento estaba asegurado, aparte de que el prestigio profesional que confería el ser predicador real les abría las puertas de los templos seculares y conventuales. En este sentido es arquetípica la trayectoria de fray Jerónimo de Canarias. En el memorial que envía al monarca en 1704 informaba que era predicador de su orden en Madrid, que había sido guardián en los conventos de la villa de Cubas y de la ciudad de Segovia, y secretario de la provincia de las dos Castillas de su religión. Además, había predicado ante la reina Mariana de Austria durante la Semana Santa en el Convento Real de San Jerónimo, en 1695 y en la Capilla Real, en 1699, en presencia de Carlos II y Mariana de Neoburgo. Posteriormente, y por orden del soberano, pronuncia en Toledo un sermón ante la reina viuda y en 1704 lo hace de nuevo en la Capilla Real ante María Luisa Gabriela de Saboya atacando a los logreros del templo, toda una declaración de intenciones políticas a favor de la casa reinante en plena campaña militar contra Portugal^[123]. Fray Antonio Cayetano Hendricksen, presbítero, confesor y «predicador aprobado», según se expone en una licencia del prior de su orden, expone en un memorial dirigido al monarca que desde muy temprano se había consagrado a la predicación en el convento de la Candelaria, el principal de su provincia, celoso en todo momento «del bien espiritual de las almas católicas y del éxito favorable de las armas de V. Real Magestad en la presente guerra, injusta de la parte del rey de la Grande (sic) Bretaña»^[124].

Los expedientes tampoco aportan mucha luz sobre la promoción de los capellanes de honor a partir de su ingreso en la Capilla Real^[125]. Esta afirmación es evidente para José Romero de Céspedes, pues se ignora por ahora su trayectoria profesional. En el caso de Andrés de Huerta y Cigala todo apunta a que se le hicieron pruebas el 22 de noviembre de 1755 por el Santo Oficio de la Inquisición y que fue nombrado canónigo de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria, ciudad a la que regresa en fecha indeterminada y en la que fallece el 28 de octubre de 1781. A Las Palmas de Gran Canaria regresa también Francisco Luis de La Puerta y Quiñones tras el fallecimiento de su protector, pero antes había sido recompensado por Mariana de Austria nombrándole abad y señor de San Martín de Grove, en Galicia. Finalmente, en 1686 Bernabé Tamariz y Figueroa fue nombrado deán de la catedral de Murcia^[126].

En cuanto a los predicadores reales, ninguna noticia se tiene sobre la promoción de fray Sebastián de Béthencourt, de Melchor Borges del Manzano y de fray Antonio Cayetano Hendricksen. Por el contrario, la información es más completa sobre fray Jerónimo de Canarias, ya que en 1709 el patriarca solicita al soberano que le conceda los gajes de predicador real de número que han vacado por el fallecimiento de fray José de Madrid, de su misma orden, atendiendo a «sus relevantes prendas» y a «los continuos sermones que predica en la Real Capilla»^[127]. La petición del patriarca fue aceptada por la reina en un Real Decreto fechado en Madrid el 29 de septiembre de 1709 dirigido al condestable de Castilla y mayordomo mayor de Palacio, para que diese aviso al veedor de la Casa de Castilla, lo que se ejecutó el 13 de octubre de 1709, aunque no fue asentado en los libros hasta el mes de diciembre de 1712 porque fray Jerónimo de Castilla no había presentado la Real Cédula donde constaba la concesión de los gajes de predicador, que percibirá puntualmente hasta su muerte acaecida en 1730^[128]. Su prestigio como orador explica que en 1713, con motivo de la traslación de la imagen de San Antonio de Padua al convento de los capuchinos de El Prado, cuya iglesia fue concluida en 1716, participe con un sermón durante la misa oficiada por el obispo auxiliar de Toledo y sufragada por el príncipe de Asturias y los infantes, que será alabado por el autor de la relación de estos festejos en los términos siguientes:

en la voz conocimos que no era voz de esta tierra, porque predicando con voz de un canario supimos que hasta sus conceptos eran del otro mundo^[129].

Conclusiones

Los súbditos canarios del Rey Católico no permanecieron al margen del poder cortesano, pese a las distancias, durante los siglos XVII y XVIII. Su presencia en la Capilla Real de Palacio como capellanes de honor y predicadores reales, similar en número y en calidad de linaje a los naturales de otros territorios de la monarquía de España, refleja bastante bien, sobre todo en la época de los Habsburgo, la política integradora de la Corona, por más que no siempre aparezca formulada explícitamente por los consejeros reales. Este proceso de integración no solo busca consolidar la lealtad de los territorios a través de un proyecto nacional, cada vez mejor dibujado, sino que al mismo tiempo se dirige a reforzar las señas de identidad de las élites locales con el monarca, de quien procede la gracia, fortaleciéndolas en la medida en que sus miembros se vinculan más estrechamente entre sí mediante las solidaridades regionales, profesionales y clientelares que establecen en sus relaciones personales y familiares, las cuales contribuyen de manera decisiva a su progreso económico y social, aunque en ocasiones las estrategias familiares diseñadas se derrumben como castillos de naipes por avatares del destino.

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Notas

Notas de autor