INTRODUCCIÓN

La interpretación de la política se asocia, indiscutiblemente, a las praxis del poder. Se pudiera considerar que el sentido teórico de la política se relaciona, indefectiblemente, con el sentido fáctico de poder. Es decir, es una doble relación, correlato, entre dos sentidos que sustantivamente sabemos son diferentes pero que, precisamente, en eso se produce su analogía y antinomia.

La Política versa, quizás, más sobre el sentido normativo de las leyes, es decir, ese sentido cuya definición alcanza su extremo formal cuando presume que el thelos de la política, entre otros, es el logro de la Justica universal. La supremacía del orden de la razón teórica respecto a la razón práctica. El poder, entonces, es a la política, en su mejor presunción, el principio de orden concreto capaz de propiciar o generar la fuerza socio-económica de la que dependerá el desarrollo de la política como forma de convivencia humana. Desde este punto de vista, el poder es la inserción en las tramas o relaciones que se generan en la política; hace posible que ésta resulte un hecho evidente de la realidad en cuanto que es representable institucionalmente a través del Estado.

Pero también, es en el seno del Estado donde su genera la superestructura ideológica que reproduce los símbolos del poder; es innegable la existencia de este discurso y su influencia en la concepción política de la revolución. No obstante, es preciso superar la ideología en su significado historicista para dar paso al pensamiento crítico emancipador que se requiere para reinterpretar los movimientos de globalización del capitalismo neoliberal. Debemos responder desde una insumisión utópica del sujeto revolucionario a los dogmatismo disciplinares del marxismo y así poder construir las libertades subjetivas que requieren las nuevas ciudadanías para asumir el proyecto revolucionario sin desatender la tradición de la Teoría Crítica.

LA POLÍTICA DEL PODER SIN RESTRICCIÓN DE FUERZA

Una aproximación hermenéutica a este tipo de implicación, nos permite privilegiar el sentido dominante de la política en cualquier contexto donde se hace emergente la fuerza del poder¹. En especial, si la estimamos como un factor inherente o de cohesión interna capaz de potenciar el poder en sus múltiples formas. Se trataría de normar el ejercicio del poder hacia una práctica de la política donde las relaciones de fuerzas propias del poder se despliegan en razón de la capacidad de la política para gerenciar, diferenciar y diversificar el poder que la contiene.

Precisamente, afirmar esta interpretación de la política del poder sin restricción de la fuerza, sin regulación de la fuerza, o sea, liberada a través de las fuerzas de los poderes del poder que residen en la autonomía de los actores, sujeto sociales de la política, nos permite considerar que la política está referida a un tipo de desarrollo y constitución que estructura y orienta la ciudadanía hacía el reconocimiento de las fuerzas emergentes de movimientos populares en oposición al poder normado por parte del Estado.

Le tocará a éste ente institucionalizado normativamente ser el receptor legal de la fuerza para dirigir la gobernanza pública, así mismo, construir la representación social de la política del poder en aras de abrir la subjetividad de los ciudadanos en su participación política. Es responsabilidad del Estado, obviamente, la construcción de tal representación social de la política del poder pues es la vía para el disenso-consenso² necesario y eficaz que permita reorientar permanentemente la gestión del gobierno de acuerdo a las diversidades de intereses y necesidades. Finalmente, la tesis que se propone es reflexionar acerca de la superación de las dogmáticas del poder de Estado, puesto que se trata de liberarlo de sus fuerzas coactivas.

La propuesta es pensar en un Estado donde el ejercicio deliberativo de la política³ hace viable de forma continua, la transformación de las relaciones de fuerzas sociales que no pueden ser restrictivas tal como lo sanciona el orden normativo positivo; sino, liberadas a través de la participación de las pluralidades ciudadanas que forman parte del conjunto social general.

Quienes ejercen la dirección ideológica de la política través del poder instituido por el Estado, deben ser los responsables de la producción del sentido de participación y de convivencia que requiere la sociedad entre sus diversidades ciudadanas. Sólo así es que el espacio de la política queda liberado de la fuerza restrictiva que unifica la política con el poder, y revierte esa correlación, en el momento donde el actor social o ciudadano asume su rol de intérprete de la norma en sentido discursivo; es decir, delega en su capacidad dialógica el esfuerzo argumentativo para reinterpretar la política desde otros principios de justicia práctica más liberadores de las opresiones del poder.

La gobernanza del otro, es decir, la ciudanía en su pluralidad, obedece, entonces, a una política del poder sin restricción de la fuerza, sobre todo, cuando entendemos el poder como fuerza ineludible, pero fuerza abierta al espacio de acción práctica donde todos somos artífices del uso de la fuerza en común. La estructura normativa del Estado no se debería oponer a la incidencia de la fuerza hacia el cambio que es el resultado del contrapeso de la ciudadanía en su participación autónoma y espontánea. No se debe reprimir esa correlación entre política del poder y la potencia de la fuerza ciudadana en la reconstrucción del Estado nación.

EL PODER DE LA POLÍTICA Y LA PRESUNCIÓN DE LA DEMOCRACIA

El principal problema de la ciudadanía, en un Estado de derecho, es, definitivamente, las alternativas o respuestas democráticas al uso coactivo del poder político. La praxis de un Estado de derecho tal como se concibe en la teoría política de la modernidad⁴, se basa expresamente en la necesidad de participación que tienen los ciudadanos en la construcción de normas suficientes que deben ser establecidas para que, preferiblemente, por vía del consenso, las formas y espacios institucionales del poder puedan cumplirse de un modo expresamente democrático.

No siempre esta idea o teoría del poder se encuentra claramente expuesta y por consiguiente aceptada, por parte de la mayoría ciudadana, pues la perspectiva conceptual del poder va a estar subordinada de un modo inmediato, al orden político y el sistema coactivo que le sirve de contexto. La relación del poder consigo mismo es un aspecto exclusivamente formal o a priori del poder, donde tradicionalmente el lenguaje del poder se recrea a través del discurso y la interpretación de sus prácticas hegemónicas⁵. Sin embargo, existe esa otra esfera del poder cuando en su relación con los otros se construye desde la facticidad de la que el poder toma su contenido de libertades prácticas.

En la esfera teórica tendríamos formalmente el orden jurídico de las leyes y normas con las que se pretende interpretar el sentido del poder sobre el horizonte abstracto o especulativo de su posible aplicación universal y, en cuanto tal, válidos para todos los ciudadanos. Pero en la esfera práctica, la facticidad del poder queda investida de la fuerza política de la que pueden disponer los ciudadanos, que en teoría son los legitimantes del sentido del poder en su aplicación concreta-real, es decir, material. No siempre estas dos esferas se encuentran suficientemente conciliadas entre medios y fines, puesto que más de las veces la teoría va por una senda y la práctica por la otra. Lo que no niega, por supuesto, el valor de esa correlación contradictoria que se plantea al pensamiento político de forma muy directa, debido a que las condicionalidades teóricas de la praxis y las condicionalidades prácticas de la teoría, dan como resultado que la facticidad de las leyes y de las normas se encuentren permanentemente interpeladas por las subjetividades de los actores sociales⁶.

Tal dicotomía no es superable sólo porque se declare o denuncie a favor o en contra, eventualmente, del espacio político donde social y económicamente el poder se desarrolla y marca los derroteros ideológicos que innegablemente terminan por validarlo o revalidarlo. Parece que es urgente un repensar desde la ciudadanía las máscaras del poder según los actores sociales que se comprometen con su afirmación y justificación, es decir, con su control y hegemonía.

Una interpretación a priori del poder de la política supone un actuar social sin autonomía alejado de su praxis concreta, divorciada de su relación con los fines y la utilidad de éste: es el resultado de una praxis no inclusiva con respecto a aquellos ciudadanos que por derecho deben obtener, en una igualdad de condiciones, el acceso a participar del poder. Sería esta una característica importante y decisiva en la concepción teórica del poder, entre gobernantes y gobernados. O sea, la relación con el poder entre una minoría respecto a una mayoría. Pero, por otro lado, también se puede observar, la aproximación fáctica que el poder requiere y demanda en una relación directa con los momentos de caos o de crisis que subordinan al poder en una acepción práctica de dominio de la política.

En tal sentido, es importante destacar la presencia de una ciudadanía que porta la representación social de las leyes y normas, cuando se encuentra situada o comprometida de hecho con el ejercicio o usos de esas leyes o normas, para direccionar el sentido de conjunto o colectivo mayoritario, a quienes el uso del poder debe responder en cualquier instancia donde se le solicita o demanda mayor justicia y equidad⁷. Es decir, en la esfera práctica del poder es donde éste se encuentra referido a su instancia de uso y dirección sobre el orden social colectivo, en vista de llegar a alcanzar el consenso y la legitimidad pública.

Situado el poder en el ámbito de la ciudadanía y el espacio público de interacción social, la interpretación del sentido del poder hace posible, entonces, la discusión y el diálogo entre quienes son sujetos fácticos de la presencia del poder como condición de mando y dirección. En este plano de la ciudadanía es donde el orden político del Estado se hace interventor del sentido fáctico del poder, es decir, de aquellas prácticas que sirven para sustentar o justificar un modo o forma de utilización del poder político dentro del Estado social.

La participación ciudadana mientras más colectiva o numerosa, tendrá suficiente capacidad para, precisamente, problematizar con respecto a la interpretación teórica del poder, aquellas prácticas fácticas que en su efecto convierten el poder en una “realidad de hecho”: se instalan las fuerzas que lo dinamizan permanentemente y que causan los inminentes cambios de orden. Se anidan potencialmente en su uso y desarrollo. Ellas entran en conflicto al no hacerse participes del destino teleológico del uso del poder a causa de la diversidad de intereses individuales y colectivos que se debaten en la dotación de su sentido final.

Nos parece que a este nivel de complejidad el problema del Estado moderno se acentúa con suma gravedad. Pues aun en un intento conciliatorio exitoso, entre las dos esferas, teoría y praxis, gobierno y ciudadanía, no es tan simple esa correlación pues se trata de analizar que se responde a una contradicción propia de la política que es irresoluble desde cualquier principio de identidad, puesto que su carácter originario es ser una contradicción. Estas ideas deben ser destacadas pues son las que marca la urgencia de pensar la actuación revolucionaria al interior de la política en sentido crítico, humanista y liberador.

Sólo en esa medida, al traer el pensamiento o teoría a la praxis o acción, es que el orden político que sirve de contenido al poder es susceptible de cambios o revoluciones⁸. Así, es inherente a la teoría su praxis, y lo es en el sentido expresado, es decir, como condición fáctica sin la cual el poder no se puede interpretar más allá del a priori, puesto que el sentido material de su uso resulta de la praxis o acciones de la ciudadanía en su esfuerzo por hacer del poder una experiencia de liberación válida para todos los ciudadanos. Se puede y debe evitar de ese modo, la concentración o hegemonía del poder para determinar los fines o intereses de un grupo o clase, sobre otros.

ENTRE POLÍTICA Y PODER, LA ALTERNATIVA DIALÓGICA A LA HEGEMONÍA CONSENSUAL

Las implicaciones entre poder y política son directas y objetivas. De un lado el poder político se ejerce bajo el patrón jurídico de la fuerza que hace posible cerrar el sistema social por medio de la obediencia a las leyes. Es la sociedad regulada. Por el otro lado, los protagonistas de la sociedad, es decir, los ciudadanos que aspiran a ejercer sus derechos cívicos de acuerdo al sentido expreso tal como las normas así lo indican, no siempre están en condiciones de disponer de los mecanismos de participación para obtener y poner en práctica esos derechos. La sociedad desregulada.

Entonces, las relaciones entre la política y el poder son cada vez más jerárquicas e inevitablemente autoritarias⁹. Se genera un despliegue de relaciones entre los poderes de forma sectorial e instrumental que propicia una red interna entre los poderes que a su vez los compacta y equilibra acorde con el espacio público donde las instituciones del sistema son determinantes para el control social. Precisamente, esa unificación de los poderes resulta de una especie de síntesis universal y absoluta del Derecho, viene a reforzar el sistema de coacción del Estado para imponer su visión de totalidad.

Por parte de la ciudadanía disidente se requiere explorar procesos de autonomía de clases capaces de suscitar movilidad y resistencia social que le permitan fragmentar y diluir estas capas concéntricas impermeables entre las esferas de la política y el poder¹⁰.

Los escenarios de participación directa pueden ser muchos a la hora de organizar estrategias de autodefensa o resistencia social que pueden provenir desde la violencia más radical hasta la pluralidad ideológica que declara la retórica del consenso como medio de disuasión de la conflictividad social. Sin embargo, los desarrollos de la política por parte de una ciudadanía con una eficiente capacidad discursiva¹¹es lo que propicia la madurez de la experiencia política cuando se trata de contrastar la hegemonía del Estado a través de sus patrones ideológicos. Precisamente, la urgencia es potenciar en las nuevas ciudadanía una lucha por el poder en otros términos donde el poder de la política pasa por los poderes públicos de quienes optan por el poder del discurso para generar un diálogo alternativo y liberador de las condiciones de represión afines al discurso oficial que nutre al Estado de una representación social que falsea la realidad.

La lucha de clases sociales en su acepción más clásica hoy día es una lucha por el poder mediático de la palabra a través de un discurso crítico y liberador de las estructuras normadas e inconscientes de los poderes que permiten legitimar los intereses absolutista del Estado neoliberal.

El desacato y la desobediencia al sistema de coacción discursiva y simbólica al que se enfrenta el ciudadano y actor social, requiere de una pragmática del discurso que le permita descontextualizar los ejes dominantes de los poderes políticos del Estado, especialmente el control de los discursos a través de la opinión pública que no se hace eco de las problemática sociales.

La inserción en los poderes públicos donde el Estado acentúa su gestión de gobierno, es el espacio de resistencia popular que le permitirá a la ciudadanía ir construyendo las nuevas semióticas discursivas con las cuales debe significar los tiempos interpretativos del acontecer político. Y ese derecho a la palabra no puede negociarse fuera de un ejercicio dialógico entre los dos principales receptores de los poderes públicos; es decir, entre los agentes del Estado y los actores de la ciudadanía.

IDEOLOGIA DEL PODER Y LA AUTOCRÍTICA POSMARXISTA AL SOCIALISMO REAL

En este aparte podemos diferenciar el sentido originario del poder, es decir, su representación a partir de la ciudadanía pública, respecto al sentido ideológico o de falsa conciencia, que resulta del poder cuando éste se orienta y está auto determinado por causa de los intereses del bloque hegemónico¹² que sirve de sustento al Estado nación.

El recurso a la ideología sirve de plataforma para dotar al poder de una centralidad que no posee salvo por el ejercicio instrumental de la fuerza coactiva o represora¹³.

El poder en su acepción originaria es de orden público, o sea, abierto a la ciudadanía que lo ejerce por medio de los derechos políticos que garantizan las leyes. Y cualquier transformación de las leyes, igual que su interpretación, va a depender de la participación discursiva, según mencionamos anteriormente, de la ciudadanía a la hora de deliberar los fines de justicia y bien común que todos requieren satisfacer para asegurar la equidad y la paz social.

No puede estar revestido de ideología el poder desde esta perspectiva dialéctica del poder que necesariamente pasa por las contradicciones de las clases sociales o de las ciudadanías públicas, pues es en su seno donde se ejerce la crítica y el disenso que permite fracturar el orden o status quo de la política. Será a través de la ideología del poder que el Estado logra su legitimación, ese principio o supuesto universal supone encubrir la falibilidad del ejercicio del poder a través de la univocidad del Estado.

La concepción postmarxista del poder se enfrenta a esta dogmática racional del Estado absoluto que recuerda mucho a Hegel: un Estado universal y trascendente opuesto a las praxis políticas de los sujetos sociales.

Es el Estado, visto, sobre todo, como totalidad universal, pero en modo alguno un Estado que surge de esas relaciones de contradicción entre política y economía. La identificación del Estado con una realidad objetiva que atraviesa el ser social y lo determina por la centralidad del poder de la política, es contrario al supuesto dialéctico de la negación y la contradicción, que es inherente a toda realidad objetiva. La ciudadanía es un actor socio-político en permanente deconstrucción del poder centralizado en el Estado que lo hace ver como único e indivisible.

Se trata de pasar al momento subjetivo del sujeto donde la realidad es representada y constituida como un resultado de la praxis social que cuestiona la autosuficiencia de la centralidad del poder del Estado¹⁴. Se trata de cuestionar esa centralidad del poder, ese estatismo del poder, por otra mirada más plural y democrática del poder al considerarse éste delegado en los movimientos de emergencia y participación de nuevas ciudadanías.

Hoy día no es viable o sostenible el rol del Estado nación muy asociada tradicionalmente a la fuerza del Estado para concentrar poderes en torno a su hegemonía, es decir, crear las estrategias de alianzas y fidelidades de partidos o sindicados, clases o élites, que le permitan la continuidad en el poder central del Estado, y así prolongare en el tiempo la gestión pública de mando y dirección.

Ahora ese “ideal de totalidad histórica”, es suplido por otro imaginario político donde tiene relevancia la subjetividad del actor de la política¹⁵ que puede hacer emergente su mundo de vida a través de su interacción e integración con otra gobernanza pública donde la representación de los poderes políticos producen identidades ciudadanías mucho más próximas a derechos humanos avalados por la democratización de la justicia como bien común.

Desde este punto de vista el ocaso del “socialismo real” en cuanto que momento histórico de objetivación política es superable como proyecto de Estado¹⁶, quizás aún no como ideal revolucionario, en la medida que es inaccesible en sus condiciones materiales de existencia, debido y a causa de las propias transformaciones de las relaciones de producción que el mercado capitalista ha generado al hacer presentes la subjetividad que emergen desde otros principios de libertad comprometida y compartida. Y, precisamente, ningún orden político puede pretender tener la capacidad para coartar el desplazamiento de las libertades subjetivas.

LA AUTOCRÍTICA IDEOLÓGICA A LA IDEOLOGÍA DE LAS IDEOLOGÍAS TOTALITARIAS

En la Modernidad la teoría política del Estado nación tiene la pretensión de universalizar el dominio del Estado sobre la libertad individual o colectiva. Precisamente el nacimiento del derecho positivo fija ese dominio a partir del cual es posible legislar el sometimiento del otro en aras de un deber ser que es supuesto indiscutible para la aceptación o aplicación de los sistemas normativos que regulan y confirman la fuerza de orden del Estado. Este acuerdo “implícito” entre gobernantes y gobernados es el principio universal del derecho positivo que le permite desarrollar las diversas formas de hegemonía para el control social.

Sin embargo, el dominio ideológico es lo que hace permeable la aceptación aun en las posibles discrepancias o disidencias, de tal principio universal del orden político del Estado que dota al Estado de una vigencia casi absoluta en el tiempo.

La ideología es una producción discursiva y simbólica¹⁷de formas de razonamientos que se ve afectada por los cambios sustantivos propios de la contingencia y mutación de la realidad social en su materialidad.

Es decir, parece que los cambios que acontecen en la política, resultados de las carencias y entropías materiales de la producción económica, se encuentran en una relación proporcional con la realidad de la existencia humana. Pero es recurrente al dominio de poder la presunción que se puede falsear la realidad para producir su representación ideológica a fin de favorecer los intereses de las fuerzas de coacción que permiten al orden político su status quo.

Pero, precisamente, se trata de develar este encubrimiento de la realidad por parte de la ideologización de la política en virtud de una crítica práctica que delega en el sujeto y la ciudadanía los nuevos roles de participación democrática en el uso de los poderes públicos¹⁸. La autocrítica ideológica si bien no puede prescindir de los reflejos ideológicos del uso del poder por parte de la política, sobre todo, cuando nos referimos al Estado nación; no por ello, es menos advertible el sentido práctico al que se refiere la política en su construcción subjetiva de los poderes populares¹⁹.

En esa esfera de la interacción discursiva y pragmática de los discursos es que la crítica política suscita el diálogo liberador y alternativo a cualquier uso de la fuerza coactiva del poder para centralizar la política en la estructura matriz del Estado nación. Esto genera una contradicción con quienes, en el espacio público de los poderes populares, hacen emergentes otras esferas del poder para generar derechos humanos que socializan la democracia del poder bajo otra retórica de las fuerzas del poder. Ahora el Estado nación queda resuelto en una superación de su estructura burocrática e institucional, por regulaciones o normativas que dependen del deber ser entre quienes arbitran la justicia pública como un bien vivir en común para todos.

La concepción marxista del mundo que considera la historia social como terminus comunal de la política real, es un metarrelato que busca trascender la contingencia material de la existencia subjetiva. No se puede mirar a la Historia como una Totalidad cerrada, pues se corre el riesgo de excluir, dejar por fuera, al sujeto en su condición de protagonista de una praxis que siempre es poiética y revolucionaria. Habría que salvar la Revolución a partir de la revolución; es decir, siempre revolucionar a la Revolución.

Surge el pensamiento crítico como propuesta de una praxis emancipadora que nos libera de cualquier dogma ideológico en su intento metafísico de encubrir la subjetividad y la alteridad de los sujetos de las praxis sociales materiales y empíricas, las experiencias de contextos donde la racionalidad fenece sistemáticamente en respuesta de otros órdenes del discurso que la transforman directamente.

La tentación de un logos universal cuyo thelos es siempre lineal y uniforme es inconsistente con toda lógica dialéctica y existencial. El posmarxismo viene a contribuir a esta crítica del marxismo clásico que respondía en su momento a una superación del capitalismo por medio de una concepción del modo de producción basado en el mercado y la mercancía.

Hoy día es otra la realidad política del capitalismo neoliberal y globalizado²⁰, que nos viene mostrando que el poder político no puede reducirse a una lucha entre ideologías sino a una superación de la ideología por medio de una racionalidad dialéctica mucho más compleja, donde el reflejo de la ideología no nos haga presa de los fantasmas que idealizan la superación del capitalismo sólo por declarar “verdadero” el valor de los reflejos ideológicos de las revoluciones.

LA OTRA POLÍTICA (SOCIALISTA) A PARTIR DEL SUJETO UTÓPICO

La concepción que predomina en el marxismo clásico y aun en algunas de sus tendencias más críticas y anti dogmáticas, se concentra en la definición de un sujeto revolucionario que parte de una toma de conciencia crítica de su condición de ser explotado y alienado²¹. Es un sujeto subversivo que encuentra en el espacio de la política los referentes del poder que lo transforma en mercancía y objeto de la producción²². A ese poder expresamente determinado por la producción de la economía capitalista es que el sujeto de la revolución se enfrenta para incidir directamente en la destrucción del Estado capitalista.

Las nuevas relaciones entre medios y fuerzas productivas del capitalismo neoliberal, ha impacto sustantivamente los universos de integración social de las clases sociales por medio de prácticas de consumo que han optado por las representaciones ideológicas con más énfasis al suponer que el mundo de las satisfacciones pueden llegar a neutralizar el inconformismo y la conflictividad social. Esto ha sido, evidentemente, uno de sus resultados más inmediatos que de alguna manera ha ido invisibilizando ese rol expresamente revolucionario tan particular de los sujetos explotados y alienados por la producción y el mercado²³.

Se opera un cierto tipo de infiltración en el imaginario político de los agentes de la revolución que terminan ideológicamente concientizados del beneficio del sistema de producción y distribución del capital en una sociedad donde el acceso económico a los objetos de la producción responde a las expectativas de consumo general de los sujetos de la sociedad. Es decir, no son muchas las posibilidades de permanecer fuera del sistema de los objetos de consumo y renunciar a la vez a la ideología marxista de sujeto revolucionario.

No es admisible afirmar que es viable la revolución dentro de las prácticas económicas del mercado neoliberal. Todos sabemos de la incoherencia de tal supuesto. No es posible ninguna forma o vía alterna al capitalismo que no parta de una visión socialista de la política y los poderes del Estado. Sin embargo, el sujeto revolucionario²⁴ ha pretendido crear una esfera de movilidad política a través de la forma ideológica de sus praxis revolucionarias que pudiera permitir el logro final de ésta en cualquier circunstancia que le sea favorable en la concepción capitalista de la sociedad.

Un tal socialismo (real) no se ha podido hacer concreto de acuerdo a las tesis marxista del sujeto de la revolución. El desarrollo tecnológico del capitalismo ha podido simplificar los tiempos de la revolución a su mínima expresión, la posibilidad de una filosofía de la praxis contrahegemónica²⁵ requiere de un esfuerzo teórico y utópico de mayor envergadura para cumplir las tareas pendientes por el sujeto de la revolución.

Se debe interpretar el socialismo como una praxis de vida y de coexistencia decolonial²⁶. Menos como una forma objetiva de Estado que nos provea de normas o leyes institucionalizadas a través de un poder legislador que en esencia es cuestionado por los principios mínimos de las prácticas revolucionarias, es decir, la crítica al poder no puede dejar de tener el sentido anarquista de todo genuino socialismo sin dogmas autoritarios.

De alguna forma el socialismo presupone un ideal de felicidad que puede ser asumido desde una utopización de la política²⁷, sin que por ello se genere una deformación simbólica de la política como universo existencial del deber ser. Precisamente, en ese contexto del deber ser el pensamiento utópico del sujeto revolucionario reafirma su convicción en las libertades políticas y públicas, es decir, materiales en el espacio de la justicia popular.

En consecuencia, se trata de ampliar el significado de la política por el lado de su referente utópico y simbólico. Interesa destacar ese perfil de la utopía del sujeto revolucionario sin el que no es posible, obviamente, la praxis utopista de la revolución en sentido de posibilidad política, pues la política resulta de una relación entre lo simbólico y la imaginación, sus principios universales están dotados de contingencia concretas debidas a la presencia del sujeto de pensamiento y racionalidad; es decir, el “sujeto humano” de la revolución la presume desde su conciencia anticipada y apuesta a su realización a futuro. Este giro de retorno al referente del socialismo y su utopización, en absoluto es volver sobre las tesis pasadas del “socialismo utópico” determinado por las creencias de una política liberal y democrática.

El marxismo recupera la noción de sujeto genérico, creador, de la experiencia de la realidad que lo auto transforma y recrea. La utopización de la política es una génesis que se diferencia del canon clásico del marxismo ortodoxo²⁸, porque supone la práctica de la libertad subjetiva en la construcción imaginaria del mundo como posibilidad alterna, diferente, ontocreadora. Se distancia efectivamente de las teorías coactivas del poder y redescubre el poder de la imaginación para pensar de otra manera la realidad y producir un estilo de racionalidad de los poderes de la política en clave de un humanismo más solidario y fraternal, histórico y dialectico.

La alternativa socialista al Estado neoliberal, busca plantear una moralidad ciudadana mucho más cercana a los sujetos vivos²⁹. No se trata hoy día de una toma o salto al poder y una reiteración dominante de obtener el poder para permanecer en el poder con una idea colonizadora para repetirse o imitarse, y así lograr un consenso universal sobre el thelos de una totalidad sin escisiones o diferencias.

La crítica teórica del marxismo es mucho más profunda y específica de lo que cualquier manual sugiere: se crítica el dogma racional de todo poder indistintamente sus predicaciones. No es posible un poder absoluto y monárquico, hemos expresado nuestro desacuerdo con esa concepción monocultural del poder; por consiguiente, se replantea en todos sus términos esa concepción absolutismo del poder a través del control del Estado. Si en un cierto momento histórico esta postura era pertinente para desactivar el modo de producción capitalista hoy luce completamente desfasada, pues el neoliberalismo ha demostrado tecnológicamente la reproducción de su poder colonial³⁰en todos los ámbitos de las ciencias, en especial de las ciencias políticas y sociales.

La otra política que urge para pensar el socialismo sólo podrá acontecer en la medida en que el sujeto revolucionario recupere el rol utopizador de los imaginarios simbólicos de la política³¹ y logre contraponer ese discurso de la utopía como frente de ataque a los discursos ideológicos de la racionalidad del mercado. En este terreno de arenas movedizas es que surge la problemática hermenéutica para reinterpretar permanentemente las transformaciones estructurales de la racionalidad capitalista³² entre la gestión pública del Estado y la disidencia de la ciudadanía cuando expresamente desacata los patrones hegemónicos de la política.

Se precisa de una reconstrucción radical de los imaginarios del pensamiento para liberar de los dogmas de la razón instrumental a la política, eso supondría efectivamente dejar de lado toda la dogmática marxista y proponer una nueva dimensión de la experiencia del sujeto revolucionario a partir del uso de su libertad subjetiva. Esta propuesta parte de una praxis de la convivencia con el otro donde lo que es el otro para nosotros responda claramente a un encuentro liberador de cualquier identidad de clase, grupo, partido, sindicato, transmisible y manifiesta en una corporeidad humana que nos sensibiliza.

El socialismo podrá fundarse sólo a partir de un espacio público compartido en igualdad de derechos humanos legislado por medio de una justicia popular; sería el resultado utopizador que representaría las nuevas relaciones humanas comprometidas con juicios y razones práctico-morales de una ciudadanía comunitaria capaz de lograr la coexistencia a través de un buen con-vivir.

CONCLUSIONES

La superación del modelo societal de la producción capitalista se refuerza cada vez más en su tendencia hegemónica a causa de la normatividad que sufre la ciudadanía por medio de un control social de las representaciones, discursos, símbolos.

Esta realidad debe ser develada en razón de una aguda reflexión crítica que pasa por la crítica a la concepción de las ideologías presentes en el socialismo. Se trata de cuestionar un orden de poder cuya centralidad es capaz de establecer una síntesis reduccionista de las relaciones de alteridad que se gestan libremente entre los ciudadanos. La toma de conciencia política pertinente a la teoría de la revolución que plantea el socialista, estima que el poder reside en los derechos de soberanía del pueblo para autodeterminarse y generar una praxis de democratización del poder cada vez más inclusiva.

Los contenidos de fuerza en los que el poder se re-evalúa y legitima tienden a cerrar la totalidad del Estado nación y deja por fuera la auténtica democracia participativa y deliberativa, es decir, discursiva y dialógica, donde la presunción de un espacio utópico para pensar de otro modo el mundo posible no puede dejar de ser la alternativa de futuro que permita la construcción del sentido postmarxista que demanda la supresión de la sociedad de clases del modelo político neoliberal.

La insumisión del sujeto revolucionario viene a ser factible esta utopización del poder político socialista, que excede fundamentalmente la concepción pragmática de la objetivación del poder centrado en el Estado nación, pues se trata de potenciar la relación dialéctica entre las ideologías del poder y el carácter subversivo de la subjetividad popular.

Notas