INTRODUCCIÓN

Los derechos humanos surgen para Álvaro Márquez Fernández del sentido de obligación que le confiere la política al estado a través de las normas que implican la necesidad de ofrecer unos mínimos materiales suficientes para el bienestar social y económico de la ciudadanía, y que conformarían una respuesta necesaria a un ejercicio de libertad para solicitar, recibir, responder y atacar situaciones de violencia que signifiquen y constituyan un riesgo para la vida de los seres humanos¹.

El filósofo enfatiza en la necesidad de una ética inclusiva fundamentada en el respeto por el “otro”, en la voluntad de solidaridad, y en el bienestar de todos, como una máxima kantiana que implicaría el reconocimiento de las condiciones materiales de la vida orientada a una vida justa y buena, que no necesariamente es una utopía sino una posibilidad y una realidad desde una praxis que concibe a la justicia como un valor material al que tienen derecho todos los seres humanos, debido a que su negación o desconocimiento se traduciría en una inobservancia de las mínimas condiciones de vida.

En tal sentido considera que, la dimensión y función utópica cumple un papel relevante en la construcción de subjetividades para pensar la política desde una praxis de la libertad fuera del control social del Estado y de la centralidad política del poder, cuyo objetivo sería producir una conciencia emancipada². Es partidario de un vínculo entre poder y ciudadanía; sin embargo, para él, no es una relación estática fundamentada en relaciones verticales del poder, sino por el contrario dinámica, que tiene como finalidad permitir el consenso, los acuerdos-desacuerdos y el equilibrio.

Es fundamental en la ética de la inclusión como lo plantea Márquez-Fernández, el reconocimiento a los derechos y a la dignidad del prójimo, y para lograrlo es necesario un diálogo que respete las particularidades y las diferencias, que no se traduzca en conflicto, sino por el contrario, en integración. Plantea entonces, una íntima relación entre política, ciudadanía y derechos humanos, y es necesario que estén integrados a través del diálogo, para lograr una transición del formalismo a una praxis que conlleve a una materialización en el mundo real, que permita asegurar el cumplimiento de esos derechos a través de una ética inclusiva.

1. DERECHOS HUMANOS Y NECESIDAD DE UNA ÉTICA INCLUSIVA

Álvaro Márquez cuestiona el presupuesto coactivo de la fuerza representada en el estado, y esa acción coactiva de poder se mantiene en el estado moderno, a pesar de los cambios y transformaciones en el ámbito de lo político. Por lo que es importante reflexionar acerca de la persistencia dentro de la dinámica del estado moderno y de anteriores formas políticas del estado presentes antes de la modernidad como las absolutistas o monárquicas. “Nos parece que la acción central del poder como fuerza implícita y compulsiva de la ley no ha variado sustancialmente, sino, por el contrario, se ha estilizado por medio de los discursos de la retórica política a los que apela continuamente la razón moderna”³.

Cuestiona también el poder que se manifiesta en el autoritarismo del estado, y en su proyección de fuerza dominante, debido a que desde el estado también existe cierto grado de marginación a sectores que se consideran como excluidos; sin embargo, a diferencia de lo sucedido en el pasado, que el excluido estaba sometido a la fuerza del estado, dentro de la nueva dinámica social y política, Álvaro Márquez Fernández plantea la existencia de un contrapoder que pueden ejercer los ciudadanos para enfrentar al estado moderno capitalista y totalitario.

Es importante para el filósofo, establecer una diferencia entre una ciudadanía formal y una ciudadanía participativa, y además, producir un cambio en esa concepción rígida del estado moderno, que plantea la existencia de una ética universalista que es cuestionada por Álvaro Márquez Fernández, debido a que implicaría el resguardo de un orden coactivo de la política, que tiene como finalidad la sumisión y la opresión de los sujetos a través de valores que se consideran como universales y absolutos, que estarían desvinculados con la dinámica social de un número importante de ciudadanos⁴.

Así mismo, impugnaría el ideal abstracto de una ética universalista, que considera el cumplimiento de los valores como un absoluto, y por consiguiente surgen dudas y sospechas acerca de la posibilidad de una aplicación universal de estos ideales abstractos para un universo heterogéneo; esta visión de una ética universalista cuestionada por el filósofo Márquez Fernández, implicaría la posibilidad de una negación del “otro”, la negación de la alteridad y de las libertades humanas, debido a que es necesario contextualizar las diferentes cosmovisiones con elementos particulares. Además, cuestionaría a las éticas universalistas, debido a que los valores humanos, a pesar de considerarse universales, estarían vinculados a las condiciones materiales de la vida, y sería fundamental considerar esos valores desde una perspectiva de una praxis humana, y desde la condición existencial de esos sujetos⁵.

Para Márquez Fernández es necesario, contextualizar desde una praxis social los valores humanos de la ética, debido a que existe una multiplicidad de sentidos y sería contradictorio plantearse una universalización, debido a que tienen que ser ubicados en cada contexto en particular. Uno de los cuestionamientos fundamentales que plantea, es que el universal restringe al particular y existe la posibilidad de anularlo en su praxis individual; es necesaria, una concepción heterodoxa que trascienda lo dogmático, y para lograrlo, se necesitan estrategias de diálogo. Por lo que enfatiza en la necesidad del surgimiento de una nueva conformación ciudadana, que cuestione esos valores universalistas y la ética desde la visión de un poder hegemónico que se traduce en una exclusión del “otro”.

“Los ciudadanos o clases excluidas son la consecuencia de un sistema de expropiación donde el otro es desconocido a la vez que es convertido en un explotado o marginal del sistema político”⁶ .

Un elemento que sería fundamental para la ruptura de ese poder hegemónico y que es referido por el filósofo Álvaro Márquez Fernández, es el discurso dialógico que como destaca Edward Demenchonok, se opondría a un discurso monológico vinculado con ese poder hegemónico que se caracterizaría por un modo de pensar cerrado, unilateral y autoritario⁷. Demenchonok plantea la necesidad de un tránsito desde un centrismo monológico a relaciones polifónicas o dialógicas como el diálogo intercultural, término constituido por inter, vinculado con interrelación e interacción, y cultural, que sería un elemento fundamental para lograr vínculos y relaciones a través del diálogo⁸. Es necesario entonces, una aproximación al “otro” considerado existencialmente como un “nosotros”, que permita ese diálogo, además de la convivencia necesaria para el equilibrio y armonía de la sociedad, y la transición de una tradición monológica al diálogo intercultural⁹. Esta transición, evolución, y cambio, implicaría la necesidad de una reflexión de la historiografía filosófica occidental, y desde la reconstrucción de las historias de las ideas de América Latina, África y Asia, permitiría una visión diferente a la universalidad del poder hegemónico fundamentada en el diálogo y la solidaridad.

El filósofo Álvaro Márquez Fernández es partidario de una ética pública emancipadora que implique una mediación, el diálogo entre los valores múltiples de los sujetos, y el uso libre del poder para convivir y compartir en comunidad que se distancie del poder hegemónico al enfatizar en la autonomía, la igualdad, la justicia y en valores que favorecen la inclusión de cada uno y de todos, en proyectos de vida compartidos¹⁰. La ética inclusiva implicaría el respeto por el “otro”, por su bienestar, y una transición desde un “yo” individual a un “nosotros” compartido como enfatiza el autor, que no se corresponde con una ficción literaria. No es una ficción literaria el bien compartido entre unos y otros. ¹¹ La ética inclusiva se fundamenta en una razón dialógica que concibe al otro como un sujeto vivencial y no como un extraño, un excluido, y para que exista la posibilidad de esa ética inclusiva, se requiere el respeto a lo universal y particular de las diferentes sociedades y sus cosmovisiones¹².

La ética inclusiva, es también una ética de la alteridad que respeta al “otro” en su particularidad y universalidad, identidad y diferencia, en su derecho al habla y a la escucha13. No se puede plantear la existencia de unos derechos humanos formales, debido a que se trataría de falsos derechos humanos, que estarían presentes en Latinoamérica como consecuencia de un estado que hace abstracción del contenido material de esos derechos, y muchas de esas contradicciones tratan de resolverse por intermedio de medidas coercitivas y en ocasiones, por intermedio de la participación de una fuerza abierta o del autoritarismo militarizado¹⁴ Desde la visión de los derechos humanos y el derecho a la vida, quedarían completamente desnaturalizados si no es posible garantizar el cumplimiento de una justicia material, y se requiere no sólo un reconocimiento jurídico normativo, sino que exista la posibilidad de garantizar el cumplimiento de ese derecho¹⁵.

2. DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA Y FILOSOFÍA DESDE UNA VISIÓN LATINOAMERICANA

Desde la polis griega se plantea un vínculo entre justicia y ciudadanía que concibe al ciudadano como copartícipe de la justicia del estado que implicaría un conjunto de responsabilidades compartidas. Esto viene a afianzar de una manera directa la intervención de los ciudadanos en el orden del control político, gerencia y regencia del poder del estado, donde se definen los sistemas normativos e institucionales a los que se les debe un cumplimiento de hecho¹⁶.

Es fundamental para Álvaro Márquez Fernández, la existencia de una tolerancia racional frente al “otro” y un reconocimiento de sus derechos a través de un diálogo que permita la participación de todos, y cuando esta posibilidad de diálogo se niega, se produce la degeneración del poder en forma de autoritarismo o totalitarismo. Es necesario desde esta perspectiva, una axiología que permita a los ciudadanos adquirir conciencia acerca de la importancia que tiene el cumplimiento de las leyes y normas, siempre que estén orientadas a favor de un bien común. Existe un vínculo entre justicia, diálogo y respeto por el otro, debido a la imposibilidad de un estado justo cuando se niega ese derecho a la pluralidad, y es fundamental en el ejercicio del poder político, la posibilidad de la participación ciudadana, siendo necesaria una concepción del poder desde el diálogo que permita la génesis de acuerdos comunes o públicos, que tengan como finalidad la convivencia pacífica y los fines compartidos¹⁷.

“El diálogo político y la ética del discurso deben estar asociados a derechos humanos en los que prime el valor de una convivencia por la paz”¹⁸. Es imprescindible una nueva visión de la concepción del estado, que enfatice en el pasado, en un vínculo entre economía y política; no obstante, existe la necesidad de un nuevo lenguaje en la política que no esté orientado a un emisor representado en el estado, que permita un vínculo entre el estado y el ciudadano, para que ambos sean partícipes de la construcción de un lenguaje político, que admita un consenso a través del diálogo.

Es fundamental un espacio de dialogicidad que produzca una transformación de la concepción tradicional del poder, desde una visión unilateral a la posibilidad de un poder compartido¹⁹. Se plantea por consiguiente desde esta nueva visión, la posibilidad de un diálogo entre los ciudadanos en esos espacios públicos, que al incorporarse dentro de la dinámica política, permita cuestionar el poder desde su visión negativa considerado como poder coactivo y lograr a través de una praxis discursiva, acciones claras y específicas que otorguen un sentido de emancipación, que permita reconocer muchos derechos que suelen ser olvidados, y cuando esa praxis discursiva se transforme en una praxis social, sea posible el surgimiento de cambios y transformación social del estado.

No se puede hablar de justicia en situaciones de exclusión y se requiere por consiguiente la reinserción en estos espacios públicos, de sectores discriminados o marginados. En las circunstancias cuando el estado comienza a ser justo, no se puede considerar a la justicia desde una visión pasiva del sujeto como un simple receptor de normas, sino desde una praxis discursiva que esté fundamentada en la incorporación del “otro”, y en esta circunstancia se puede comenzar a hablar de la existencia de una justicia con sentido social.

Es necesaria por consiguiente la existencia de una praxis de la ciudadanía con respecto a la presencia de un poder hegemónico y totalitario que responda a los intereses legítimos y necesidades de todos²⁰. Se requiere, por consiguiente, un cambio de esa visión hegemónica del poder que esté orientada al respeto de ese “otro” excluido, y comience a considerarlo como un participante dialógico que tenga el derecho de exponer sus puntos de vista, valores, principios, surgiendo la pregunta acerca de qué hacer, con aquellos que no son considerados o tomados en cuenta por el sistema social vigente.

El cambio de visión de esa realidad, caracterizada por un predominio de los procesos de exclusión sobre los procesos de inclusión, permitiría superar las tensiones y disensos que surgen como consecuencia del poder totalitario y hegemónico del estado. Se requiere para Díaz Montiel y Márquez Fernández una transición de lo que denomina el estado centrismo moderno, a un estado de bienestar, que permita superar la exclusión, la desigualdad, e inequidades que impide el logro de una integración social²¹. Es imposible la consecución de un estado de bienestar, sin la posibilidad de un vínculo entre lo político, lo jurídico, y lo social, y una forma inclusiva de vida en sociedad, más humana, que reivindique los derechos de los excluidos.

La inclusión, la justicia y la emancipación social, dependerán del compromiso del ciudadano y suresponsabilidad política; y lograrlo, requerirá un nuevo contrato social moderno desde la inclusión, que permita superar las situaciones de exclusión y desigualdad²². En esa nueva visión de la política como inclusión, se requiere un cambio de visión que considere a los individuos íntimamente relacionados en su quehacer político, que asuman una posición crítica ante los abusos del poder hegemónico, con la finalidad de superar muchos de los problemas de la sociedad contemporánea a través de soluciones políticas intervención ciudadana, que implican una alternativa para incorporar a los ciudadanos en un proceso de integración fundamentado en un sentido social de la justicia y la solidaridad²³.

Es fundamental una nueva concepción de la democracia, que trascienda las formas centralizadas del poder que conciben al estado como la forma suprema del poder político, y ese cambio orientado a la justicia y la transformación desde la inclusión, sólo sería posible a través de la participación ciudadana y una praxis emancipadora que enfatice en los derechos de los excluidos, y para lograrlo, es importante un cambio en la concepción tradicional del poder. Álvaro Márquez-Fernández plantea la necesidad de recuperación de condiciones de vida que permitan al ciudadano el disfrute de una existencia feliz y benéfica, que implicaría una ampliación de los derechos políticos, sociales y económicos fundamentados en la existencia de medios que permitan asegurar el cumplimiento de estos fines²⁴.

El estado se plantea desde el poder político de una clase hegemónica e institucional, el control social como parte de una dinámica de relaciones de poder, y sería como enfatiza Márquez Fernández, la participación ciudadana en la construcción de una praxis social, una de las alternativas que permitiría un reordenamiento de esas relaciones distorsionadas de poder. En este sentido, el autor es partidario de una concepción de la democracia que permita superar modelos fundamentados en dogmas absolutistas que degeneran en control y represión, y que ignoran la presencia activa de la ciudadanía como un componente fundamental de la dinámica social. Estableciéndose la existencia de una relación entre política, praxis democrática y espacio existencial de los actores, desde una visión que trascienda la perspectiva unidimensional del poder, se dota a la política de una representatividad que solicita adhesiones y participantes²⁵

a a la política de una representatividad que solicita adhesiones y participantes25.Es fundamental en una democracia representativa, valores que incluyan el derecho a la disensión y a la crítica, y según Álvaro Márquez Fernández, la pluralidad de los sistemas democráticos se fundamentaría en el derecho que tienen todos los ciudadanos a una participación dialógica; sin embargo, contradictoriamente en la democracia, la crítica y el disenso cuando no es asumida por el poder desde la tolerancia, se traduce en violencia y desobediencia cívica que tendría como finalidad cuestionar el ejercicio totalitario del poder.

Esas contradicciones presentes, son para Álvaro Márquez Fernández origen de injusticias que esnecesario superar; sin embargo, al agotarse o suprimirse la posibilidad de diálogo, puede desencadenarse una praxis de la insurgencia que degenere en conflicto y violencia. Estas situaciones de conflicto serían el resultado de una praxis democrática no necesariamente justa, y que serían consecuencias de un poder político no comprometido con la participación ciudadana²⁶.

La respuesta ante esta compleja situación podría ser el surgimiento y la génesis de la violencia, o también la apatía vinculada con la política, como consecuencia de una democracia más formal que una democracia orientada a una praxis de participación ciudadana. Se requiere como respuesta a esos modelos formales de democracia, una ciudadanía emancipada que no se construye a priori, sino que sería el resultado de la participación ciudadana y una lucha por la justicia. En esta nueva visión de la democracia y el respeto por los derechos de los ciudadanos, se requiere una teoría de la justicia social que tenga la capacidad de juzgar los excesos de poder, y que permita el surgimiento de una auténtica democracia, que no esté fundamentada en sistemas de control social que transformen a la política en una dinámica de conflictividad y represión.

La democracia popular, pública y ciudadana, debe ser sinónimo de libertades convividas y compartidas en un sentido aristotélico, que implicaría conjugar en el espacio público, intereses vinculados con el bien justicia²⁷. A pesar del riesgo de ser considerado como una contradicción, La necesidad de una praxis política que democratice a la democracia, implicaría un cambio de visión y una voluntad desde el poder para construir más ciudadanía; si ese proyecto no logra cristalizarse, se estaría en la presencia de una función coactiva de la política que implicaría un contrasentido con un espíritu auténticamente democrático²⁸.

El ejercicio del discurso dialógico que surge desde la ciudadanía, permitiría que el ciudadano se comprometiese ética y políticamente con el bien común, y facilitaría desde ese diálogo, la posibilidad de una praxis del ejercicio democrático, no desde una visión unívoca, sino desde múltiples opiniones que reconozcan la participación del “otro”.

A pesar de este enfoque novedoso de la democracia, Álvaro Márquez Fernández considera que el panorama actual está alejado de ese ideal ético de la política; por el contrario se incrementan los mecanismos de opresión y represión que configuran una coacción política de la praxis democrática, que reflejan una realidad social caracterizada porque la ciudadanía se encuentra a merced de las maquinarias del poder que incluyen partidos políticos, grupos económicos, intereses empresariales, que ejercen una influencia perniciosa en la posibilidad de lograr conseguir ese ideal de justicia que es fundamento de la democracia, y en esta compleja situación, se requieren estrategias desde la ciudadanía que permitan encauzar la crisis del sistema hacia el logro de una praxis emancipadora²⁹

La capacidad de gestionar esa crisis dependerá del surgimiento de una conciencia política que esté encorrespondencia con la necesidad de una nueva concepción del poder, y se requiere según Álvaro Márquez Fernández, de una ciudadanía comprometida con los valores democráticos.

CONCLUSIONES

Álvaro Márquez propone una ética inclusiva fundamentada en la solidaridad y la búsqueda del bienestar de todos, y para lograrlo se requiere el reconocimiento de las condiciones materiales de vida, que permitan asegurar los derechos que son inherentes a todos los seres humanos.

La ética de la inclusión implica para él, respeto a las particularidades y a las diferencias, siendo necesario que se transformen en un factor de integración y no en génesis de conflicto.

En la posibilidad de una ética de la inclusión se requiere un vínculo entre política, ciudadanía y derechos humanos a través del diálogo que permita el consenso y los acuerdos. Asimismo, considera la necesidad de una transición del poder hegemónico a la posibilidad de un poder que considere la inclusión como una necesidad ante la dinámica y la realidad de la sociedad contemporánea.

La ética inclusiva se fundamentaría en el diálogo que concibe al otro como sujeto vivencial y no como un extraño; para lograrlo, se requiere el respeto a lo universal y particular de las diferentes sociedades y sus cosmovisiones.

BIODATA

Fernando GUZMÁN TORO

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

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Notas