De la criminología a la sociología de la vulnerabilidad

From criminology to the sociology of vulnerability

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El crimen -entendido como la violación a las normas penales- es una conducta ampliamente distribuida entre la población. Todos en algún momento las violamos. Las estafas son muy populares. Hasta tienen nombre en internet. Y muchos se reconocen orgullosamente expertos en ellas. El criminólogo Adrian Beck de la Universidad de Leicester nos cuenta sobre el “truco del banano”. El modus operandi consiste en pasar filetes de carne de alta calidad a través del cajero automático de los supermercados, con un código de barras tomado de productos mucho más baratos, como las papas. Es la oportunidad lo que aprovecha ese estafador que en algún momento hemos sido todos. Es la momentánea conjunción de los elementos circundantes. Gran inversión se está realizando, por esta razón, para crear sistemas tecnológicos que erradiquen los pagos en las tiendas. Un seguimiento electrónico de los productos que el comprador introduce en sus cestas, podría permitir enviarle la cuenta, a través de internet y descargar el monto de su cuenta bancaria (Moshakis: 2018). Los robos son también muy populares. Los resultados financieros de las grandes cadenas comerciales en el mundo, reconocen su existencia e instalan cámaras de video y dispositivos anti-robos en todos los rincones de sus establecimientos. Walmart, una corporación minorista multimillonaria estadounidense estima en una cuarta parte de sus ganancias ($ 3,25 mil millones al año aproximadamente) el costo de llenar sus instalaciones con el personal requerido para evitar los tan populares robos. Su alta frecuencia ha hecho claudicar a los gobiernos.

El Reino Unido ha decidido no combatirlos, a menos que haya violencia involucrada¹. En Venezuela la política de estrangulamiento de la empresa privada formal y legalmente constituida -mediante controles y expropiaciones-, ha dado origen a un empresario informal que obtiene sus provisiones robadas de aquellas compradas por el Estado para ser repartidas a muy bajo costo entre la hambrienta población resultante. Se trata de una red de emprendimiento informal corrupta a gran escala -“bachaqueros”-, que frente a la ausencia de las fuentes de aprovisionamiento formales, es ampliamente aceptada por la población de todas las clases sociales. Que son delitos sin víctimas, dicen los criminólogos que se dicen, los responsables de cometerlos, para neutralizar la culpa. Que es un acto de justicia social. Que esas organizaciones millonarias se lo merecen (Maruna y Copes: 2005). Esas teorías no explican, sin embargo, la popularidad de los robos y de las estafas cometidas por las corporaciones (Sutherland: 1961). La violación a las leyes fiscales, sobornos, malversación de fondos, obstrucción de la justicia, lavado de dinero generalmente asociado a tráfico de drogas, sobreprecios en las compras, fraudes en las especificaciones de los productos y en las ventas de bienes raíces, aparecen frecuentemente en el espectro noticioso. Fraudes cometidos incluso por corporaciones de reconocido nombre y de muy apreciados productos como lo son los vehículos de la General Motors (Nader, 1991)².

Las llamadas “ventas telemarketing” que promocionan -fraudulentamente- productos cuyas características o capacidades distan de las reales, podrían ser otros de los casos más conocidos. Delitos menores, de eso parece que se trata. Pecados veniales, podrían decir los más católicos. Pero aquellos delitos mayores cometidos por grandes corporaciones también parecen estar ampliamente diseminados. El tráfico de armas de fuego, las corrientes financieras ilícitas, los grandes crímenes ambientales, monopolios y oligopolios -privados y públicos- que provocan la quiebra de los competidores y dañan a los consumidores, son cosa común, en particular, en los países del tercer mundo. Su incidencia real, sin embargo, es desconocida por la policía y los sistemas judiciales y menos que medianamente registrada a partir de encuestas a las víctimas (Naciones Unidas: 2017). Y son las víctimas, según los expertos, las responsables del desconocimiento de estas muy universales formas de delinquir existentes en el mundo actual (Crime Survey for England and Wales: 2018). Se dice que ellas no denuncian los delitos de los que son objeto. El reconocimiento tardío del hecho podría explicarlo. O simplemente, la falta de ese reconocimiento. La ausencia de denuncias, sin embargo, no explica la inexistencia en los registros criminales y entre la población encarcelada, de criminales de alto status que cometen delitos haciendo uso abusivo de su posición³.

La película Match Point de Woody Allen lo muestra magistralmente. Un delito de alta visibilidad y reconocimiento público –como el homicidio- en donde el azar y el status del homicida hacen la gran diferencia. Esa es la industria del entretenimiento, dirán algunos. Hay mucha imaginación incorporada en esa industria, dirán otros. Lo cierto es que en la vida real, en situaciones de guerra, la muerte -el delito más grave en casi todas las legislaciones del mundo- deja de ser cuestionada y pasa a ser “La Política” pública por excelencia. Incluso en aquellas contiendas en las que el interés nacional puede ponerse en duda. Y recientemente hemos visto un asesinato público y notorio, que involucra lo más elitesco de la sociedad, en el que el homicida es envuelto en un velo protector

La muerte del periodista Jamal Khashoggi es emblemático. Turquía informa que el periodista fue torturado, asesinado y desmembrado en el Consulado de Arabia Saudita en ese país. Fuertes reacciones airadas en el mundo entero provocó la noticia. La CIA acusa al príncipe sucesor del rey Salman bin Abdulaziz al trono de Arabia Saudita (BBC, noviembre: 2018). El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que impondría un "castigo severo, si se llegaba a demostrar la participación del príncipe saudí”. Muchos lo dudan y el tiempo transcurrido parece darles la razón. Y es que el señor Trump tendría que pasar por alto, el poder de ese país como principal exportador mundial de petróleo, responsable por la crisis energética global del año 1973, con capacidad para provocar un drástico aumento de los precios mundiales del petróleo, quiebras corporativas, reducir el crecimiento global y desestabilizar múltiples economías y gobiernos en el mundo (BBC, octubre: 2018)

La “severidad del castigo” que los Estados Unidos de América le puede imponer a Arabia Saudita resulta dudosa, en razón también al contrato de compra de armas estadounidenses firmado por los saudíes -quienes poseen el tercer mayor presupuesto de defensa del mundo- de US$ 110.000 millones, con posibilidades de extenderlo hasta los US$ 350.000 millones. Convenio que trae colateralmente gran cantidad de contratos con compañías estadounidenses, que van desde mano de obra hasta la compra de hardware y tecnología y que en el 2017 totalizó US$ 46.000 millones y generó un estimado de 165.000 empleos, según lo informó la BBC el octubre pasado (2018). Y lo cierto es que recientemente hemos visto otros asesinatos públicos y notorios, los crímenes de guerra en el conflicto de Yemen, cuyo supuesto responsable -Arabia Saudita- es defendido por la primera ministra británica, Theresa May.

Ese país "ha ayudado a mantener a salvo a la gente en las calles de Reino Unido" dijo la primer ministro.

La información de inteligencia que Arabia Saudita le provee a los británicos, que les permite luchar contra el extremismo y el terrorismo, hace la diferencia (BBC, octubre: 2018). Y en situaciones de “paz” también la muerte masiva se cubre de un velo protector. Esa producto de la intensiva inyección de dinero inorgánico a la economía que induce a la ruina de personas, familias y empresas y a la desaparición masiva de alimentos y medicinas, son veladas por la comunidad mundial de naciones. Las consideraciones relativas a la soberanía nacional, hacen la diferencia. Pero ese velo amenaza con caer en el futuro próximo. Las omisiones amenazan con quedar al descubierto y derribar el mito de que los criminales están en las cárceles. Amenazan con derribar el mito de que existe una personalidad criminal distinta a la del resto de las personas. La más alta jerarquía gubernamental del país más poderoso del mundo, será el actor principal.

Las investigaciones que se realizan en los Estados Unidos sobre supuestos pagos ilegales hechos por su presidente, Donald Trump, para ocultar información que hubiese podido afectar su elección, o sobre alguna interferencia -convenida con el gobierno de Rusia- para inclinar el voto su favor en las elecciones presidenciales, así lo anticipan (La Franiere, Weiser y Haberman: 2018). En caso de haber indicios ciertos, determinar la culpabilidad criminal del presidente debería esperar por un juicio como ciudadano ordinario, al final de su mandato o después de su remoción del cargo a consecuencia de un juicio político. El consenso de senadores demócratas y republicanos y muchas negociaciones y decisiones intra y extra partidos serían necesarias para esa remoción. Consenso que de no ser alcanzado, obligaría al presidente a extender su permanencia en el cargo -mediante una reelección- a la espera de que prescriban posibles las sanciones (Goldberg, 2018). Estaríamos frente a un escenario en el que un criminal elegido popularmente gobierna desde la Casa Blanca. Escenario terrorífico para aquellos que creen en la personalidad criminal -distinta a la del resto de los mortales- más parecida a la de los psicóticos obsesivos de las películas de entretenimiento popular. La realidad es más simple: la personalidad criminal no existe. La violación a las leyes penales es cometida por todos -o casi todos- en algún momento de sus vidas. Y tampoco existe conducta humana “delictiva” que no haya sido tolerada en algún momento de la historia y en algún contexto social (Austin, 1964).

Los criminales existen. La población carcelaria en el mundo es para el año 2016, de 10.785.285 presos⁴ (World Prison Data Brief: 2016). Estados Unidos de América es el país que tiene más criminales -2.121.600-⁵. Liechtenstein, el país con menos criminales -10-⁶. También existen las instalaciones y las instituciones encargadas de aprehenderlos, procesarlos y castigarlos. Importantes recursos se destinan para tales menesteres. La policía está desbordada. Las cifras muestran que la capacidad carcelaria está en su tope máximo de ocupación en la Unión Europea (Council of Europe Annual Penal Statistics: 2016)⁷. La superpoblación carcelaria es también común en los Estados Unidos⁸. Los líderes y las instancias nacionales, regionales y mundiales para el diseño de políticas públicas para enfrentar y combatir a los criminales, también existen.

Los criminales nacieron en el siglo XIX. En Italia -a las puertas de la recién creada Escuela Italiana de Criminología Positivista- y el médico psiquiatra Césare Lombroso⁹ fue su creador. La teoría de la evolución de Darwin, fue la inspiración. La personalidad criminal fue creada por Lombroso usando como modelo, a las personas encarceladas. Las estudió a profundidad. Sus cráneos y huesos fueron medidos y comparados. Su psiquis también fue estudiada. Con las medidas y los datos recabados construyó la teoría del “criminal nato”. Un ser que ha heredado graves psicopatologías ocasionadas por defectos físicos y constitucionales. Un ser que nació criminal y que morirá criminal. Un “retroceso en la evolución”, dijo que eran. Un fallo en la evolución.

Seres humanos propios de estadios anteriores (Lombroso: 2006). Lombroso creó la personalidad criminal y la legó a la humanidad. Hoy en día todavía se investigan los factores biológicos que producen esa personalidad -amígdalas desproporcionadas, desbalances hormonales, daños o anormalidades cerebrales, entre otros-. Muchos otros científicos y especialistas se sumaron a las investigaciones. Sociólogos, psicólogos, urbanistas han incorporado sus esfuerzos para encontrar las causas de la personalidad criminal. Algunos la vieron en aquellos entornos familiares o de crianza temprana que impiden al niño el desarrollo de los mecanismos de auto control necesarios para actuar a favor de intereses de largo plazo y renunciar a conductas que, aunque proporcionan placeres inmediatos o a corto plazo, le deparan consecuencias negativas (Gottfredson: 2017).

Otros la vieron entre los grupos de amigos, en el vecindario. Estos teóricos -como Clifford R. Shaw andHenry D. McKay en 1942- partieron de la teoría de la desorganización social de Emilio Durkheim, sociólogo francés nacido en el siglo XIX. Y muchos hasta nuestros días, han continuado buscando en la desorganización social, la causa de la personalidad criminal (Bellair: 2017). La frustración que padecen algunos individuos, producto del choque entre los fines sociales impuestos a través de los valores culturales (riqueza, prestigio, por ejemplo) y la ausencia de medios para alcanzarlos (falta de empleo, o de educación, por ejemplo), es la causa de la conducta criminal, señaló el eminente sociólogo estadounidense de principios del siglo XX, Robert Merton (1986). Esa frustración induce al uso de medios ilegales para alcanzar los objetivos esperados socialmente.

Esta tesis también ha sido desarrollada posteriormente por afamados criminólogos y sociólogos como Jock Young (Thompson: 2016). Los espacios urbanos deteriorados y vandalizados, fue la explicación desde una aproximación ecologista (Wikström: 2017) o aquellos en los que convergen rutinariamente delincuentes parecidos, víctimas proclives y la ausencia de vigilancia (Cohen y Felson: 1979). La reacción social etiquetadora -particularmente de los poderosos y del Estado- que afecta a individuos determinados “convenciéndolos” de su particular “personalidad” y con ello, propiciando su conducta criminal futura, en una especie de profecía autocumplida, ha sido ampliamente analizada por Howard Becker (1963). Y esa teoría del etiquetamiento dio paso a nuevos desarrollos teóricos, particularmente en la Escuela de Criminología de la Universidad de Berkeley, que asocian el estudio de la personalidad criminal con la injusticia racial, el feminismo, los homosexuales y la dominación en lo que se ha llamado, la Criminología Crítica (Friedrichs: 2018). Lo cierto es que encontrar diferencias entre la población criminal y la que no lo es, no ha sido tarea fácil. Probablemente la falta de límites claros entre legalidad e ilegalidad, normalidad y desviación no ayude. Y explicar o justificar la existencia de la población carcelaria -predominantemente masculina, pobre, desempleada y perteneciente a minorías raciales- en términos de su personalidad criminal, ha sido aún más difícil¹⁰.

La personalidad criminal es manufacturada en una fábrica de status. Su producción depende -como en toda fábrica- de varios factores. El presupuesto disponible en un momento dado y la planta física instalada aumentan o reducen la cantidad de personas que reciben el status de criminal¹¹. Las políticas y decisiones organizacionales también lo hacen. Tal es el caso de la tipificación de ciertos actos como delitos -y otros no- ¹², su eliminación de los códigos penales -descriminalización-, la reducción o eliminación de las penas o la intercambiabilidad de las sanciones¹³ (Mauer: 2017). Ha sido demostrado también que la calidad de la defensa que disponen aquellos que están siendo procesados afecta significativamente las cifras de condenados (Van Groningen: 1980). Y, la cantidad y calidad de criminales producidos depende también, como en toda fábrica, de los recursos humanos disponibles.

Los miembros de los cuerpos policiales seleccionan la “materia prima” a ser procesada, en función desus niveles educativos y creencias compartidas. Entre las creencias, los estereotipos juegan un papel muy importante. Asociar la “inferioridad moral” o el “modo de vida criminal” con los negros en los Estados Unidos de América, ha creado el encarcelamiento masivo de personas de raza negra. Los movimientos feministas contribuyeron también a crear estereotipos ampliamente compartidos, que asocian a los negros con las violaciones sexuales. Por otro lado, asociar la “superioridad moral” con la raza blanca, tiende a producir escasas detenciones. Sólo algunos “fracasos individuales”¹⁴.

Human Rights Watch informa que la policía en la India, detiene a los niños pobres de la calle de forma rutinaria. Acusaciones similares se han hecho contra la policía en Brasil. La presión popular es otra variable que afecta la selección del criminal potencial. La policía, es sensible a la presión de la población -a veces mal informada- o del liderazgo político, inclinado en ocasiones al logro de beneficios particulares (Baldwin y Marshall: 2016)¹⁵. Y el grado de sensibilidad policial frente a estas presiones puede ser elevado. Los rendimientos decrecientes demostrados no interfieren en ellas₁₆. La respuesta automática a estas presiones-“populismo penal”- produce aumentos o descensos brucos en la cantidad de personas que reciben el status de criminal (Mauer: 2017). El resultado es una representación desproporcionada de pobres, grupos minoritarios, jóvenes, hombres, desempleados, transeúntes y población urbana, así como de los aborígenes en Australia y de maoríes en Nueva Zelanda. El atributo común parece ser su vulnerabilidad cuando se enfrentan a la autoridad política (Mauer: 2017; Turk: 1964). Quienes reciben el status de criminal son, en síntesis, aquellos individuos rechazados seleccionados por su alta vulnerabilidad.

Inmigrantes -como criminales- podemos ser todos. El inmigrante -como la personalidad criminal- es una obra humana. En América, se crearon juntos, los inmigrantes americanos, las nuevas repúblicas y sus límites territoriales. Las movilizaciones masivas son provocadas por graves disrupciones políticas, económicas y sociales -de las cuales ningún país está exento-. La Segunda Guerra Mundial y la Guerra Civil española, nos lo mostró dramáticamente. En la actualidad, los medios de comunicación y las redes sociales están abarrotados de noticias sobre los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos y a Europa. La prensa occidental no reporta, sin embargo, que, con mucha distancia, la mayor cantidad de inmigrantes son recibidos por Quatar -mano de obra para la construcción de las instalaciones de la Final de Futbol de la FIFA en el año 2022- Arabia Saudita y Kuwait. Vienen desde la India, Pakistán y Bangladesh. En total un millón y medio aproximadamente (Gray: 2017).

Lo cierto es que los inmigrantes -como los criminales- son personas altamente vulnerables objeto de múltiples amenazas verbales y de castigos y maltratos físicos. Los desmayos infantiles asociados a la deshidratación, son cosa común en los muy ilegales retenes de detención de inmigrantes del sur de Texas. El estremecedor quejido producto del hambre, el frío y de la falta de sueño -por unas luces encendidas las 24 horas- también lo son. La “hielera”, es como llaman al muy abarrotado y antihigiénico centro principal de detención y procesamiento de inmigrantes de Mc Allen, Texas. Enjaulados como animales, entre vómitos, diarreas y enfermedades respiratorias, sin siquiera mantas para cobijarse, permanecen, quienes llegan atravesando la frontera mexicana -tras largas caminatas en el desierto- huyendo del hambre, las enfermedades, la falta de oportunidades y de la inseguridad existente en sus países. Los obligan a quitarse los cinturones, los cordones de los zapatos y las camisas de manga larga. Les quitan sus medicamentos y otras posesiones y los empujan a las hacinadas jaulas. Y, una vez “desencarcelados”, son vigilados con monitores electrónicos atados a sus tobillos mientras viajan a las casas de acogida a esperar por su situación futura.

Muchos castigos son de por vida, señala Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch. Y no hay un camino hacia la legalidad. Raramente se les concede status legal. Cualquier infracción de tránsito menor puede activar los mecanismos de deportación y llevarlos de vuelta a sus lugares de origen, aun cuando durante las décadas vividas en el país, hayan construido raíces permanentes. Esa ilegalidad contribuye con su explotación económica, manteniendo una presión hacia la baja en los salarios, en muchos de los sectores de la economía que dependen de esa mano de obra barata, como la agricultura, la construcción, los trabajos ambientales, así como el trabajo doméstico (Kenneth, 2018). El castigo infligido sobre el inmigrante irradia consecuencias negativas sobre su familia. Igual como ocurre con aquel al que se le aplica el status de criminal (Martin: 2017)¹⁷.

Unida a la separación inicial, se produce en los centros de detención al sur de Texas, la separación de los familiares que viajan juntos. Incluso la de los niños muy pequeños. Se ha reportado que, para mayo del 2018, 2.000 niños habían sido separados de sus padres. Y su vulnerabilidad ha llegado al grado en que han ocurrido muertes infantiles. El mismo presidente de la nación más poderosa del mundo, el señor Trump, se ha constituido en agente de maltrato y castigo. Los amenaza públicamente con dispararles, auspicia las detenciones a gran escala, violando los convenios internacionales sobre derechos humanos y las leyes vigentes en ese país -las que obligan a mantenerlos libres durante la tramitación de la solicitud de asilo- y los funcionarios en toda la cadena de mando, son desalentados a resolver problemas (Jordan: 2018). La Unión Europea no escapa de acusaciones sobre castigos a los inmigrantes.

El Papa señaló que las grandes ideas que Europa inspiró en el pasado, han sido reemplazadas por los tecnicismos burocráticos de sus instituciones. Que los conflictos de los inmigrantes son alimentados por un narcisismo individualista que suplanta los derechos humanos, que sólo persigue el interés individual, favoreciendo los sistemas de poder económico uniformes al servicio de imperios invisibles (Trainor: 2014). Quatar, el mayor receptor de inmigrantes del mundo, también los maltrata y los castiga. Ellos permanecen aislados en campamentos de trabajo forzado y los cuerpos de seguridad impiden que se desplacen más allá de sus fronteras e invadan las hermosas áreas de Doha, la capital (Pattisson: 2016). Lo cierto es que los inmigrantes -como los criminales- son creados a partir de prejuicios y estereotipos negativos generalmente asociados con daños al bienestar individual o colectivo¹⁸.

La información errónea, deliberada o no, contribuye a aumentar el rechazo y con ella su vulnerabilidad. El tema de la inmigración fue lo que hizo tambalear en el año 2017, la coalición política de la canciller alemana Angela Merkel que la mantiene en el gobierno y lo que inclinó el referéndum británico del año 2016 hacia la salida de la Gran Bretaña de la Unión Europea -Brexit- y la severa crisis que en el 2019 enfrenta la primer ministro británica, Theresa May. Deliberadamente o no, se ignora la importante contribución de los inmigrantes al crecimiento económico de las naciones (Rubin: 2018) y se los asocia con una “ola criminal”. De hecho, la actual política de “Cero Tolerancia” del presidente Trump, buscaba asustar a la población con una invasión de inmigrantes peligrosos para obtener beneficios políticos en las midterm elections de noviembre de 2018 que estaba próximo a enfrentar (DW: 2018). Probablemente usó en su beneficio, la “ley” que establece que, si en los países receptores la negatividad asociada al prejuicio es alta, los gobiernos “se verán obligados” a imponer estrictos controles, que contribuirán a ahuyentar a los inmigrantes altamente calificados, cumpliéndose así la negatividad del prejuicio (Giordani y Ruta: 2012). Es esa “ley” el fundamento de la guerra contra la inmigración, así como su abierta privación de los derechos humanos básicos (Cowan, Martínez y Mendiola: 1997).

Es en este punto en el que los criminales de siempre se empiezan a parecer a los inmigrantes de ahora. Personas pobres que por habitar en las zonas deprimidas -a veces en situación de enfrentamientos bélicos- carentes de educación, empleo y oportunidades, deben abandonar sus lugares de origen. Las personas más vulnerables. Son ellas las que dan vida a esos grandes corredores humanos que inundan las pantallas de la televisión. Personas con una etiqueta negativa -la etiqueta de inmigrante- que las hace diferentes y por ello, susceptibles de un legítimo manejo particular. Inmigrantes y criminales, ambos grupos humanos sufren el rechazo y la segregación social. Ambos grupos humanos sufren la violencia y el maltrato institucional. Y más recientemente, con el resurgimiento del nacionalismo en Europa y en los Estados Unidos, ambos grupos humanos sufren las consecuencias del nocivo y peligroso etiquetamiento pasional.

Los inmigrantes -como los criminales- son la resultante de una fábrica de status, dirigida y administrada social y políticamente, que se nutre de la población rechazada más vulnerable, cuyo aislamiento y gestión particularizada han llegado a considerarse como social y políticamente deseable. La carga de estereotipos negativos que acompaña su imagen y su alta maleabilidad, los convierten en productos de gran visibilidad social y alto valor de venta, en manos de los medios noticiosos, el cine comercial y la industria del entretenimiento. Útiles políticamente para desviar la atención. Unos líderes los usan como pantalla para ocultar problemas personales. Otros, para ocultar su desinterés por enfrentar las fuentes fundamentales de la guerra, la desigualdad y del racismo. Y, los estudiosos de estos fenómenos usan -acríticamente-, como centro de sus estudios, el producto creado por individuos e instituciones, al modo de aquellos creados por la naturaleza. Hasta las tesis darwinianas han sido usadas. El estudio de estos grupos obliga a repensar el funcionamiento de las sociedades de la actualidad generadoras en primer término, de grandes grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad; y en segundo término, en su uso para confeccionar grupos susceptibles de manejos particularizados “legítimos” en donde los derechos humanos pasan a ser consideraciones de escasa importancia, así como para el mantenimiento de innumerables organismos y agencias nacionales e internacionales, fondos de financiamiento y profesionales, expertos en su manejo. Es en función de estas consideraciones que les propongo a los criminólogos y sociólogos y a los médicos y psicólogos avanzar de la criminología a una sociología de la vulnerabilidad.

Karin VAN GRONINGEN: (@KarinvanGroning) Investigadora cuya última obra fue plasmada en la novela histórica “Entre Saqueos y Montoneras” (2014). Editorial Arte, S.A. Se inicia su carrera con la publicación “La Desigualdad Social y Aplicación de la Ley Penal” (1980) Editorial Jurídica Venezolana. Caracas. Posteriormente ha publicado “El Sistema político venezolano y sus respuestas frente a las demandas de control del fenómeno delictivo” y “La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público: ¿Un caso atípico de formulación legislativa?” Ambas en el Anuario del Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. En materia académica se inicia con la cátedra de “Sociología de la Desviación” (1976-1977) en la Escuela de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas). Posteriormente dicta la cátedra de “Metodología de la Investigación Socio-Jurídica” (1989) en la Maestría en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Central de Venezuela y la cátedra de “Sociología Jurídica” (1978-1990) en la Facultad de Ciencias Jurídica y Políticas de la Universidad Central de Venezuela. En la actualidad realiza investigación criminológica y socio-política.