INTRODUCCIÓN

Después de 50 años de conflicto armado entre el Estado Colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), en 2016 se firmó el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Oficina del Alto Comunicado Para la Paz)¹. El documento firmado resalta “el tipo de transformaciones necesarias para desenraizar el conflicto armado de las estructuras sociales, económicas y políticas: desarrollo agrario, participación política, política de drogas y reparación a las víctimas”.² No obstante, su puesta en marcha efectiva y su implementación han planteado retos políticos, sociales, culturales y subjetivos y, todavía hay preguntas y situaciones claves por analizar e interrogar en torno al conflicto armado. Por ejemplo, lo acontecido con el Plebiscito por la Paz en octubre de 2016:

Los resultados de las últimas jornadas electorales muestran una opinión pública dividida en su apoyo al proceso de paz, lo cual sugiere que amplios sectores de población endorsan la vía de la guerra. Algunos porque creen en la legitimidad de la violencia como medio para “solucionar el conflicto”, otros porque los asalta el temor ante los riesgos de relajar la “mano dura”. El reto es que tras la firma de los acuerdos tendremos una sociedad atravesada por profundos conflictos sociales, pero también una sociedad que ha sido muy reacia a reconocer la raíz de estos conflictos y que se ha acostumbrado a recurrir a la violencia para resolverlos de tajo. Por eso, lo que tenemos que desenraizar de la cultura es la asociación automática entre conflicto y violencia. Esto no es condición suficiente, pero sí necesaria para que un proceso de paz sea sostenible y para que las iniciativas de manejo no-violento de los conflictos que llevan décadas germinando en el país puedan florecer sin tener que enfrentarse al terror o la invisibilización³ (Padilla y Bermúdez: 2016, p. 222).

En ese sentido, nuestro propósito aquí es realizar un análisis de lo acontecido a lo largo de estos tres años desde la firma del Acuerdo, entre noviembre de 2016 y septiembre de 2019, a la luz de algunas investigaciones, informes y contenidos noticiosos que reportan acontecimientos clave de sus momentos coyunturales. Buscamos plantear algunos elementos críticos relativos a la implementación del Acuerdo pues, a pesar de que podría suponerse un momento de madurez que lo hiciese posible, lo acaecido hasta ahora demuestra que aún no están dadas las condiciones estructurales en el lazo social, en las dimensiones objetivas y especialmente en cuanto a las subjetivas, para alcanzar la construcción de una paz estable y duradera o, en todo caso, el supuesto de que “una paz imperfecta es mejor que una guerra perfecta⁴” (Ríos: 2017, p. 593).

ANTECEDENTES DEL ACUERDO DE PAZ

Surgida en 1964, se considera a las FARC-EP, la guerrilla más antigua en la historia reciente de Colombia y Latinoamérica (Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH): 2014; Calderón: 2014; Pataquiva: 2009), luego de lo cual se formaron otras guerrillas con las cuales el Estado Colombiano ha realizado acercamientos para alcanzar la paz y que tuvieron fruto al menos con el Movimiento 19 de Abril (M19) en el año 1990. En cuanto a los procesos previos al acuerdo con las FARC-EP, vale destacar que:

(…) desde el 7 de agosto de 2002 a junio 30 de 2012 se han logrado desmovilizar en Colombia incluyendo a ex combatientes de guerrillas y autodefensas un total de 56.907 personas, de las cuales 21.342 han salido de manera individual de grupos de guerrilla, 3.747 de manera individual de grupos de autodefensas, 31.664 se desmovilizaron colectivamente con acuerdos de paz de grupos de paramilitares y 154 de una desmovilización grupal de la guerrilla⁵ (Medrano y González: 2014, p. 304-305).

Con las FARC-EP los intentos de establecer diálogos y acuerdos fueron diversos: con el gobierno de Belisario Betancur (1982 – 1986), luego con el de Andrés Pastrana (1998-2002), que incluyeron el despeje de la Zona del Caguán, visto como un fracaso político pues implicó una renuncia a la soberanía territorial, aprovechada por el grupo guerrillero para asentar su poderío económico a través del narcotráfico⁶ (Valencia: 2017, González: 2015). También Álvaro Uribe (2002-2010), a pesar de su Política de Seguridad Democrática con la que buscó someter militarmente a los grupos insurgentes, incursionó en diálogos exploratorios con las FARC-EP⁷ (Ríos: 2017; Castaño: 2012).

Una de las hipótesis acerca del porqué luego de varios intentos fallidos se hizo posible la firma del acuerdo, tiene que ver precisamente con lo ocurrido en el gobierno de Álvaro Uribe, pues según informe de la Fundación Seguridad y Democracia, presentado en 2008, el desempeño de las fuerzas militares durante ese periodo menguó la capacidad de combate de las FARC-EP en un 83%⁸ (Ríos: 2017). Empero, la credibilidad en las acciones del gobierno se vio afectada por las ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, llamadas coloquialmente: falsos positivos, relacionadas con los incentivos económicos otorgados a los militares por sus bajas en combates que, en muchos casos, derivaron en el asesinato de civiles⁹ (Cárdenas y Villa: 2013) y por lo cual, a la fecha, hay más de 20 militares condenados. Adicionalmente, a finales de 2006, “30 congresistas habían sido condenados por sus nexos con grupos paramilitares y a más de 70 se les habría comenzado un expediente, quienes en su mayoría hacían parte de la coalición de gobierno”¹⁰ (Pachón: 2009, p. 328).

Esos acontecimientos se forjaron “bajo el supuesto, debatible, de que el enfrentamiento militar es una política conveniente para la sociedad civil para atenuar el conflicto armado en Colombia¹¹” (Cárdenas & Villa: 2013, p. 72). El tema de las ejecuciones extrajudiciales vuelve a escena con el retorno del uribismo al poder Ejecutivo en agosto del 2018, en cabeza del presidente Iván Duque; de acuerdo con lo informado en el reportaje publicado por The New York Times el 18 de mayo de 2019, a partir de una serie de documentos y testimonios de oficiales activos, se denuncia la exigencia del aumento de efectividad: “Una orden que causa especial preocupación instruye a los soldados a que no ‘exijan perfección’ al momento de ejecutar ataques letales, incluso si tienen preguntas significativas sobre los objetivos que están atacando¹²” (Casey: 2019, párr. 3). Estos temores se incrementaron con la denuncia de un presunto falso positivo, ocurrido el 5 de septiembre de 2019 en el corregimiento Villa Colombia en el departamento del Valle del Cauca, en el que un indígena de la comunidad del Resguardo Kiwe Nasa fue asesinado en un operativo del Ejército Nacional. Este hecho aún no ha sido esclarecido y las versiones oficiales resultan confusas, pues la única prueba que lo vincularía a una organización criminal, es una “fotografía tomada en el sitio y donde se observa un uniforme camuflado, un radio teléfono amarillo y un arma de fuego tipo changón¹³” (Semana: 2019, párr. 5).

De otro lado, en vías de la comprensión de qué hizo posible el acuerdo, se afirma que el contraste entre la política de Gobierno de Juan Manuel Santos y la de Álvaro Uribe, fue un factor clave en ello:

Santos trajo con su gobierno otro estilo de hacer política, mucho más moderno, conciliador y apegado a las reglas de juego institucionales, respetuoso de la opinión pública […] Este estilo contrastó con el de Uribe y concitó un debate alrededor de definir su gobierno, caracterizar su proyecto político y diferenciarlo del gobierno anterior. El gobierno Santos reveló algunos cambios, tuvo iniciativa con el proceso de paz y adecuó parte de la institucionalidad para adelantarlo, sin desatender la presión militar¹⁴ (González: 2015, p. 252).

Resulta necesario puntualizar que, sin lo acontecido durante esos dos gobiernos, sus convergencias y sus contrastes, las probabilidades de concreción del acuerdo hubiesen sido mucho menores. En esa vía, los acontecimientos políticos así gestados nos acercaron, a una madurez política entendida como:

(…) aquel momento en el que las condiciones objetivas y subjetivas del conflicto permiten un reconocimiento entre las partes que fructifica en una primera definición para una agenda de negociación y, posteriormente, en un avance, en forma de diálogo, que se sustantiva a partir de intercambios cooperativos y compromisos que, en esta ocasión, además, terminan fructificando en la firma de un Acuerdo de Paz¹⁵ (Ríos: 2018, p. 55).

Así las cosas, el reconocimiento de las partes resalta como un factor fundamental para el establecimiento de un acuerdo. Esto quiere decir que el Estado Colombiano reconoce la legitimidad de la lucha de las FARC- EP sin desconocer la ilegalidad de sus medios, y las FARC-EP reconoce la legalidad e institucionalidad del Estado a pesar de considerarlo ineficiente en cuanto a los alcances del bienestar que provee a sus ciudadanos. Sólo de esa manera fue posible suponer un conflicto que puede zanjarse con un acuerdo que requirió, como articulador necesario, la construcción de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que consiste en una apuesta desde la Justicia Transicional, para países que viven conflictos internos y requieren medidas que garanticen la No repetición de los hechos y la reparación de las víctimas del conflicto desde la Verdad y la Memoria. Se trata de una instancia que ha de considerarse legítima si se desea garantizar la implementación de lo pactado¹⁶ (Valencia y Francés-Gómez: 2018; Gómez: 2017).

A pesar de todo lo anterior, a merced de continuas disputas políticas, la implementación efectiva de todas las dimensiones requeridas y los trámites administrativos, no cesa de producir interrogantes y tensiones entre los actores implicados en el proceso.

Un balance en el proceso de implementación

La historia enseña que no hay proceso de paz en el que las crisis no se hagan presentes. Se trata de un logro frágil que exige compromisos notables para su mantenimiento a largo plazo. Se plantea que:

(…) en más de la mitad de los casos (53%), de las 41 negociaciones formales destinadas a poner fin a los conflictos armados que se dieron entre 1940 y 1990, los adversarios que firmaron el acuerdo de paz retomaron la guerra¹⁷ (Barbara Walters (citada por López y Jaramillo: 2014, p. 63).

Ese porcentaje nos debería advertir sobre la fragilidad de un proceso en extremo complejo si se busca establecer acuerdos efectivos y duraderos. Por eso no sorprende lo acaecido el 29 de agosto de 2019 con el anuncio de Iván Márquez, ex negociador de las ex FARC-EP que, junto con otros ex cabecillas, declararon su retorno a la lucha armada y la creación de una nueva guerrilla¹⁸ (El Espectador: 2019a)

Este acontecimiento tiene efectos sobre los imaginarios que circundan el proceso, a pesar de que los disidentes constituyen una minoría, pues, aunque las cifras precisas son difíciles de obtener, se sabe hasta ahora de 6 cabecillas que aparecen en el anuncio (video) y alrededor de 1800 guerrilleros rearmados, según cifras de RCN Radio (2018).¹⁹ Esto contrasta con los 13.023, que representan el 98% de las antiguas FARC- EP²⁰ (ARN: 2019; Salazar: 2019) y continúan firmes en el propósito de cumplir con el Acuerdo y reincorporarse a la vida civil, entre ellos, Rodrigo Londoño, ex comandante, que junto a otros ex combatientes ocupan actualmente curules en el Congreso de la República, constituidos ahora como el Partido Político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC). Así, si bien hay fragilidad, el proceso todavía está justificado.

En tal virtud, resulta pertinente identificar algunas de las condiciones relacionadas con el proceso de implementación y las tensiones que se han presentado durante estos tres años. Para conseguir ese propósito, optamos por un enfoque de la sociología del conocimiento aportada por Pierre Bourdieu que:

(…) consiste en determinar el elemento ontológico de lo social de un doble modo, en que la sistematización de lo objetivo y lo subjetivo de la realidad social está delimitado por un conjunto de relaciones de fuerza históricamente estructuradas, por un lado; y por un conjunto de relaciones de sentido que configuran el plano de la reproducción social de la dominación, por otro²¹ (Reyes; p. 21-22).

Así, a fin de abordar el estado actual del proceso de implementación, revisaremos aspectos objetivos y subjetivos que permitan situar los avances y tensiones más relevantes hasta el momento, relacionadas con situaciones como: incumplimientos a lo pactado; cambios en lo pactado, lo que implica inestabilidad jurídica; amenazas a la vida y afectaciones de seguridad; modos de tramitación discursiva en el ámbito público en torno a la realidad del proceso.

ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LAS DIMENSIONES OBJETIVAS DEL PROCESO

El Kroc Institute for Internacional Peace Studies, ha publicado tres informes sobre el estado efectivo de la implementación del Acuerdo. El primero ordenaba los temas del Acuerdo en tres bloques a partir de un análisis comparativo con otros procesos de paz en el mundo:

Temas cuya implementación robusta y efectiva debe lograrse a corto plazo. (…) suman 194 disposiciones. En este bloque se encuentran los temas relacionados con el cese al fuego bilateral y definitivo, el acantonamiento de tropas, la dejación de armas, los derechos y garantías para la oposición y para la participación política, el proceso de amnistía, la implementación de mecanismos de implementación [sic] y verificación y los avances normativos e institucionales.

Temas cuya implementación robusta y efectiva debe lograrse en el mediano plazo. (…) suman 118 disposiciones. Se incluyen aquí medidas relacionadas con la reincorporación sociopolítica de las FARC a la vida civil en lo económico, lo social y lo político, los mecanismos democráticos de participación ciudadana y las medidas para promover mayor participación e inclusión en la política.

Temas cuya implementación robusta y efectiva solo puede lograrse en el largo plazo. (…) suman 246 disposiciones. Se incluyen aquí los temas sustantivos del Acuerdo de Paz relacionados con el desarrollo y las tierras, la garantía de derechos humanos, avances significativos en el desminado, en la sustitución de cultivos y la lucha contra el fenómeno del narcotráfico, con la justicia transicional, la verdad, la justicia y la reparación²² (Kroc: 2017, p. 67).

Como puede observarse, los bloques enfatizan logros necesarios en ciertos periodos de tiempo enatención a sus niveles de complejidad, pero también a la urgencia de los puntos que deberían garantizarse rápidamente para que, según las experiencias aportadas por otros procesos, la implementación del Acuerdo en Colombia avance de manera clara y con altas probabilidades de llegar a buen término.

Sobre la seguridad y garantías de protección

Una de las recomendaciones realizadas por el Kroc Institute en su primer informe era “avanzar de forma más robusta en las medidas de seguridad y protección para los excombatientes de las FARC, los defensores de DDHH y las comunidades en los territorios²³” (Kroc Institute: 2017, p. 69). Al respecto, el Segundo Informe diciembre de 2016 mayo de 2018, señalaba como un avance el “Fortalecimiento del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría; Despliegue Preventivo de Seguridad; Medidas de Fortalecimiento a la Judicialización; Programa de Protección Individual y Colectiva de líderes y lideresas de organizaciones y movimientos sociales y defensores y defensoras de DDHH”²⁴ (Kroc Institute: 2018, p. 62). Sin embargo, la Actualización. Informe 3 de febrero de 2019, hace un llamado de atención en la urgencia de garantizar la seguridad a los líderes sociales, principalmente a los involucrados en procesos derivados del Acuerdo, en cuatro temas clave: restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, justicia transicional y reivindicación de derechos colectivos y género:

Preocupa que líderes y comunidades involucrados en procesos derivados del Acuerdo como lo son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo blanco de agresiones y homicidios²⁵ (Kroc Institute: 2019, p. 6).

Sobre lo anterior, vale la pena señalar que, según el Informe Anual 2018, La naranja mecánica, de la ONG Somos Defensores²⁶, en el período comprendido entre enero y diciembre de 2018, fueron asesinadas 155 personas defensoras DDHH y se registraron 34 atentados, 583 amenazas individuales, así como otros tipos de agresión como robos de información (6), judicializaciones (19), detenciones (4) y desapariciones (4). Se identificó que entre los presuntos responsables 44 casos corresponden a las disidencias de las FARC, 34 a la Fuerza Pública y 14 a la Guerrilla ELN, mientras que el mayor número, 447 casos, corresponden a grupos paramilitares. En 270 casos se desconocen los presuntos responsables (Somos Defensores: 2018). La misma ONG²⁷ (2019) reportó, para el período comprendido entre enero y marzo de 2019, 245 agresiones a personas defensoras DDHH: 207 amenazas individuales, 41 asesinatos, 13 atentados, 1 judicialización, 1 robo de información y ninguna detención.

Por su parte, el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y Paz (INDEPAZ), en coautoría con La Cumbre Agraria Étnica y Popular (CACEP), y la Coordinación Social y Política Marcha Patriótica, aporta las siguientes cifras al mes de julio de 2019²⁸:

• Desde la firma de los acuerdos en noviembre de 2016 a julio de 2019 se ha registrado que 623 personas líderes sociales y defensoras de Derechos Humanos han sido asesinados en Colombia. 21 casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el año 2017, 282 en el año 2018 y 80 en el año 2019.

• 137 ex combatientes de FARC – EP firmantes del acuerdo de paz y en proceso de reincorporación han sido asesinados en Colombia. 2 en el año 2016, 38 en el año 2017, 65 en el año 2018 y 32 en el año 2019.

• El 95% de los asesinados son campesinos, dirigentes comunales, indígenas, afros y sindicalistas de 155 municipios.

  Los presuntos responsables son:

• Miembros de grupos criminales que posiblemente incluyen a ex miembros o antiguas estructuras de organizaciones paramilitares (25%)

• Grupos armados ilegales – ELN y Ejército Popular de Liberación (EPL) (8%)

• Grupos Armados Residuales (10%)

• Miembros de la fuerza pública (Ejército y Policía) (7%)

• Sicarios no identificados pagos por los determinadores en defensa de interés (50%) (2019, p. 1).

Al respecto, el Informe de Homicidios Contra Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos (2019)²⁹, sitúa tres factores de riesgo primordiales que “pudieron desencadenar los homicidios a líderes sociales y defensores de derechos humanos” (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: 2019,p. 33): cultivos ilícitos, explotación ilícita de yacimientos mineros y presencia de grupos armados organizados. Sobre estos concluye que:

Del total de 259 homicidios a líderes sociales registrados durante estos tres años (…) el mayor número de homicidios se corresponde con explotación ilícita de yacimientos mineros con 133 casos, el segundo es, la presencia de grupos armados organizados con 125 casos, y finalmente, 59 muertes como consecuencia de dinámicas de cultivos de uso ilícito (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos: 2019, p. 33).

Si bien hay diferencias en las cifras aportadas por las fuentes, éstas no son altamente significativas. No obstante, se hallan coincidencias en cuanto a los presuntos responsables y los factores de riesgo que estarían asociados a los homicidios de líderes sociales y defensores DDHH. A ello se suma que se trata de una situación paradójica, teniendo en cuenta que acontece en un escenario de implementación de un Acuerdo de Paz, lo que afecta los liderazgos en los que se vienen trabajando desde diversos frentes, en pro de la construcción de paz, la reconciliación y la convivencia³⁰ (Kroc Institute: 2018).

Sobre la seguridad y garantías de protección

El Primer informe del Kroc Institute³¹ (2017) señalaba la necesidad de “tramitar las [siguientes] prioridades de implementación normativa, legislativa y administrativa” (p.69):

Los Actos Legislativo por el cual [sic] se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de Paz y por el cual se adopta una reforma política y electoral; el Proyecto de Ley Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz; los Proyectos de Ley que regulan el servicio público de adecuación de tierras, se crea el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria y se regula el sistema nacional de catastro multipropósito; el proyecto de ley que modifica la Ley 152 de 1994 y, entre otros, el proyecto de ley que desarrolla un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores (…) de coca³² (Kroc Institute: 2017, p. 69).

En el Informe se afirma que sin la concreción de dichos trámites se pondría en riesgo jurídico la implementación del Acuerdo. Esos actos legislativos, según una investigación previa a la firma del Acuerdo, se encuentran enteramente justificados y constituyen un requisito clave, toda vez que:

(…) la Corte Constitucional en la Sentencia C-579 de 2013, luego de ponderar el principio constitucional de la paz y la reconciliación, de un lado, y los derechos de las víctimas, del otro, resolvió que para alcanzar una paz estable y duradera es legítimo adoptar medidas de justicia transicional, como los mecanismos de selección y priorización³³ (Parra y Herrera: 2016, p. 132).

No obstante la legitimidad y necesidad de los trámites administrativos, los avances en su implementación han ocurrido a una velocidad menor a la esperada. De hecho, según el Informe 3 del Kroc Insitute, hay retrasos significativos en la Reforma de la Ley 160 de 1994, necesaria para establecer “los mecanismos para democratizar y generar seguridad jurídica sobre el uso y el acceso a la tierra³⁴” (2019, p. 4). También se han evidenciado “retrasos y bloqueos de la mayoría de las medidas que en su conjunto buscan fortalecer la democracia y hacerla más participativa³⁵” (2019, p. 4). Igualmente preocupa lo relativo al fin del conflicto, pues se requiere garantizar la reincorporación social y económica de los excombatientes, lo cual ha avanzado significativamente según los informes del Kroc Institute, y además garantizar la seguridad y protección de líderes sociales y defensores DDHH implicados “en procesos derivados del Acuerdo como lo son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, [que] están siendo blanco de agresiones y homicidios³⁶” (2019, p. 6), asunto poco efectivo hasta ahora.

Vale la pena situar, entre ese conjunto de trámites administrativos, el lugar decisivo en cuanto a tensiones políticas y de opinión pública que ha tenido la JEP. Si bien no se trata de una absoluta novedad, pues hace doce años se implementó por primera vez en Colombia un proceso de esta índole –Ley de Justicia y Paz: Ley 975 de 2005–, debe considerarse que:

La justicia transicional se ha consolidado, mas no necesariamente, disipado su complejidad. Varios de los tropiezos que ha sufrido desde sus inicios se han mantenido hasta la fecha, especialmente aquellos relacionados con la compartimentación³⁷ (CIDH: 2013, p. 122), la improvisación y la inseguridad jurídica fruto de una debilidad instrumental permeada por una polarización política, que se mantiene alrededor del conflicto armado³⁸ (Comisión Seguimiento: 2015, pp. 22, 69).

En el modelo actual hay dificultades, en particular la “inseguridad jurídica fruto de una debilidad instrumental permeada por una polarización política³⁹” (Abuchaibe: 2017, p. 132). Incluso han acontecido diversos sucesos relacionados con el propósito de modificar la Ley Estatutaria de la JEP, los cuales conllevaron un retraso en la sanción de su normatividad por parte del Ejecutivo. Esto parecía esperable desde antes de la posesión del nuevo Gobierno, que ha manifestado de manera insistente su intención de modificación de la Ley y del Acuerdo en general. Para ello el partido Centro Democrático presentó un proyecto de reforma ante el Congreso en el que enfatizaban cuestiones como la necesidad del tratamiento diferenciado para las Fuerzas Armadas y la simplificación de los procesos de extradición⁴⁰ (Kien y Ke: 2019); propuesta que no fue acogida por la mayoría de los congresistas.

Luego surgieron las objeciones presentadas en marzo de 2019 ante el Congreso por el Presidente; tramitadas y rechazadas por mayoría entre el 24 de abril y el 2 de mayo de 2019. Durante este trámite se generó una polémica sobre si hubo o no quórum en la Sala Plena del Senado en el momento de la votación. Finalmente, la Corte Constitucional declaró que sí se cumplió el quórum⁴¹ (El Espectador: 2019b), por lo cual el Presidente se vio en la obligación de sancionar la Ley Estatutaria sin ninguna de las modificaciones propuestas. Teniendo en cuenta esto, citando a Abuchaibe (2017) podemos afirmar que:

Falta un camino largo por recorrer en Colombia, su éxito dependerá de su capacidad de contribuir al goce efectivo de los derechos de las víctimas y la sociedad en su conjunto, en la recuperación de la confianza en lo público y el respaldo a la institucionalidad⁴² (p. 151).

Justamente en lo que atañe a los derechos de las víctimas, uno de los puntos que ha generado tensión política es el fracaso del Proyecto que buscaba otorgar 16 curules a las víctimas del conflicto, esto debido a que la falta de quórum “generada por el retiro del recinto de las bancadas de gobierno como el uribismo y el Partido Conservador, dio al traste con estas iniciativas⁴³” (Jerez: 2018, párr. 2).

Se pone así de manifiesto que el proceso de implementación es un campo de conflicto entre actores con intereses diversos, difíciles de conciliar en la búsqueda de:

(…) abrirle paso desde ya a una sociedad justa y democrática que esté en la mitad de la propuesta estatista, propia de la insurgencia tradicional, y de aquella excluyente, plena de privilegios económicos y refractaria a la participación política de la izquierda armada y la legal, con todo y la responsabilidad histórica que le cabe en el surgimiento de la primera y en el exterminio de la segunda –léase, a manera de ejemplo, la desaparición de la Unión Patriótica⁴⁴ (…) (Medina: 2015, p. 22-23).

La cita anterior sintetiza en buena medida la disputa central a nivel político. Siguiendo la teoría aportada por Georg Simmel⁴⁵ (1927), puede afirmarse que, en el caso de Colombia y del proceso de implementación del Acuerdo, esas tensiones dan cuenta de un campo de lucha política que se ha constituido como una forma estructurante de lazo social. Los trámites administrativos se encuentran en el marco de esa lucha y, por tanto, según lo han mostrado estos tres años del proceso de implementación, los resultados y el destino del mismo dependerán principalmente de la victoria de los representantes de unos intereses sobre los demás.

Si bien, los mecanismos de implementación, verificación y refrendación son los más avanzados y corresponden a trámites realizados por el anterior gobierno a través del fast track, ⁴⁶ el fin del conflicto parece ubicarse como el mayor logro en el proceso de implementación y es necesario advertir que, de acuerdo con estudios comparados de otros procesos de paz, el hecho de que hubiesen transcurrido más de dos años desde la firma del Acuerdo “sin retornar al conflicto armado, es un hito importante que augura buenas posibilidades de éxito”⁴⁷ (Semana: 2019, p. 2-3). Pero este hito se pone en cuestión debido al reciente rearme, planteando así un panorama que exige una alta prudencia política y jurídica para afrontar de la mejor manera los efectos derivados de ello, así como mayor celeridad en aquellos puntos que todavía se encuentran en estados menos avanzados de implementación. Esto dependerá también de las voluntades políticas tanto del Gobierno como de los partidos políticos que participan con curules en el Congreso, si se quieren concretar las reformas pendientes a nivel político, garantizar la seguridad de los líderes sociales, de defensores DDHH y excombatientes, como también del modo en que se tramiten los aspectos subjetivos que se juegan en las luchas por el poder y por los capitales simbólicos en el marco de la opinión pública y los procesos de reincorporación.

Sobre la subjetividad y el conflicto a propósito del proceso de paz

Abordar la subjetividad implica preguntarse por lo que no entra en los datos numéricos con los cuales se da cuenta del proceso de paz. El odio, la resocialización, las luchas subjetivas por el poder, las lógicas de dominación que sirven a la interpretación de los acontecimientos y forjan puntos de vista sobre la realidad, son cuestiones que exceden las posibilidades de cuantificación. Estas dimensiones no aparecen en los informes que reportan los avances del proceso; tampoco en los puntos incluidos en el Acuerdo, pues se esperaría que lo pactado lleve a la finalización de la violencia producto de ese conflicto. Empero, los datos revelan la paradoja de que las agresiones y la violencia parecen incrementarse en el marco de un Acuerdo firmado para encontrar una solución no violenta. Esto interroga los procedimientos técnicos y administrativos implicados en la implementación, pero también el lugar que ocupan las luchas mediadas por la subjetividad en el transcurso del proceso.

En procura de algunas reflexiones que hagan posible abordar esas dimensiones subjetivas, optamos por servirnos de los aportes que el psicoanálisis ha producido como método de indagación de la subjetividad y que han generado numerosas transformaciones en los modos de abordaje de la realidad: “fue en el curso de la reflexión freudiana como el análisis causal se transformó en génesis de las significaciones, como la evolución cedió su lugar a la historia, y como se sustituyó el recurso a la naturaleza por la exigencia de analizar el medio cultural⁴⁸” (Foucault, citado por Salcedo: 2015, p. 429).

Ese abordaje de la realidad, dice Colette Soler (2017), opera en el uno por uno y su material de trabajo es la memoria: “Hay que decir que entre la memoria de cada uno y la memoria de la historia colectiva, hay lazos, no hay un corte”⁴⁹ (Soler: 2017, párr. 4). Así, las investigaciones que se hacen con el psicoanálisis implican los supuestos teóricos que se desprenden del decantado de la experiencia de los psicoanalistas en este lazo entre la subjetividad y la realidad social. Es decir, la psicología individual es a su vez una psicología del lazo social. Entonces, cuando se trata del abordaje del conflicto armado en Colombia, desde el psicoanálisis es esencial apuntar al sujeto como centro del conflicto, pues es en este dónde radica la estructuración psíquica⁵⁰ (Chorne y Dessal: 2017). Esta óptica permite reconocer el fundamento subjetivo implicado en el odio, la construcción del enemigo y también en la responsabilidad que le atañe, como sujeto, en lo concerniente a tramitar el conflicto por una vía guerrerista y/o por una construcción más pacífica.

El sujeto, que sólo puede ser pensado en tanto inmerso en la cultura⁵¹ (Soler: 2017), debe ser visto en la particularidad de sus anclajes a sus puntos de goce; esto es, en cuanto a la satisfacción referida siempre a un malestar⁵² (Nassio: 2017). Así, “el psicoanálisis, como disciplina que atiende la singularidad que define a cada sujeto en la clínica, puede comprender el impacto que en la subjetividad ha tenido el conflicto armado”⁵³ (García y Mass: 2017, p. 43). De este modo lo que se propone como marco legal para encarar el conflicto y la posibilidad de un sistema de equidad que facilite la disminución de la violencia, equivale al tratamiento de las dimensiones objetivas y no implica que el odio, la búsqueda de destrucción y el lugar que se atribuye al otro como enemigo, desaparezcan.

Algunos acercamientos investigativos permiten dar cuenta, por ejemplo, de la construcción del enemigocomo “la encarnación de lo diferente”⁵⁴ (Gallo: 2013, p. 138). En relación con las FARC-EP, en tanto enemigos del Estado colombiano hasta antes de la firma del Acuerdo, se evidencia el paso de ser considerados como “seres que no merecen vivir sino desterrados para que desde allí exhiban su extrañeza”⁵⁵ (Gallo: 2013, p. 138), hacia su denotación como terroristas, condición en la cual el Estado se abroga la legitimidad de su aniquilamiento, pues ellos representan al enemigo absoluto, objetos a eliminar y sin posibilidad de recurrir a la palabra⁵⁶ (Gallo: 2013).

De las elaboraciones de Freud sobre la Primera guerra mundial pueden extraerse algunas consideraciones de la división subjetiva: exaltación, por un lado, culpa, por otro; ésta última ligada a mociones pulsionales que se exhiben en el sujeto como una agitación tormentosa. Para Freud no hay sucesos trascendentales derivados de la guerra, más bien la gran enseñanza que deja, es la dimisión de los ideales culturales y la admisión respecto a que “(…) el o lo gran desconocido detrás del destino, repetirá semejante experimento cultural algún día con otra raza”⁵⁷ (Freud, citado por Castro: 2014, p. 236).

Freud⁵⁸ (citado por Briole, 2016) en ¿Por qué la guerra?, plantea que es necesario dejar de pensar que ésta tiene una dimensión civilizadora, y más bien tomar la cuestión por su reverso, entendiendo que la evolución cultural, si bien no es suficiente para evitar la guerra y el surgimiento de las pulsiones destructoras, sí puede obrar en contra de estas así no puedan erradicarse, puesto que “las malas inclinaciones inherentes al hombre” (Freud citado por Briole: 2016, p. 14) persistirán y mostrarán que la guerra es el fracaso de toda civilización.

Así, el conflicto bélico puede analizarse a la luz de tesis psicoanalíticas tales como el sufrimiento como constante en la vida, la presencia de impulsos crueles y hostiles, el desvalimiento biológico que lleva a la dependencia fundamental hacia los otros, especialmente, desde el punto de vista psíquico⁵⁹ (Lanuza: 2015); sobre esta base, un análisis del sufrimiento y de los usos políticos de la guerra, debe tener en consideración, que si bien el padecimiento y la presencia de hostilidad son constitutivas, ellas también pueden ser objeto de intervenciones políticas que manipulen sus intensidades e influjos.

Con relación a la hostilidad constitutiva⁶⁰, Guy Briole (2015) señala que la articulación de dos significantes: violencia y pasión, se encuentra de manera manifiesta en la guerra y se arraiga en la persistencia inconsciente del conflicto con la alteridad, ese otro cuya diferencia le hace odioso. La causa de la guerra está en las heridas que han quedado acalladas, pues lo no dicho apela a la agresividad constitutiva: “Esto es la absurdidad de la guerra, un odio inextinguible del semejante que, a partir de esta pequeña diferencia, un día sale a la luz”⁶¹ (Briole: 2016, p. 2), y hace del cuerpo del otro el blanco de sus pulsiones destructoras.

El psicoanálisis lacaniano sostiene que la agresividad es inherente a lo humano en términos de suconstitución psíquica, en la relación con el otro –o sea el semejante– y el Otro –el lenguaje y la cultura–, por tanto, no se trata de un hecho de la naturaleza⁶² (Gallo: 2019). Por su parte, Lanuza⁶³ (2015) plantea que además de la elaboración del vínculo entre fragilidad constitutiva y violencia sobre el que aporta el psicoanálisis, es necesario dialogar con otras disciplinas que coadyuven en los análisis del poder, en relación con los recursos socio-históricos construidos previamente y que permitan la constitución social y subjetiva con base en ellos; llama la atención, además, respecto a que todo proceso de paz es también una lucha social.

En este marco de lucha social, el capitalismo, como discurso y sistema económico imperante, se vinculahoy con buena parte de los comportamientos hostiles, en tanto incrementa la competencia entre los sujetos, pues si bien sus promesas se dirigen a todos, solo unos pocos pueden alcanzarlas, generando en la mayoría pasiones que producen violencia o exigen consumarla⁶⁴ (Gallo: 2019). En esa vía, Mario Ramírez⁶⁵ (2017) plantea que la subjetividad de la época, marcada por la estrecha relación entre los discursos de la ciencia y el capitalismo, trae como consecuencias, por un lado, el plus de goce develado en prácticas de guerra como el secuestro, el terrorismo y el desplazamiento forzado y, por otro, que la guerra y sus prácticas en el conflicto armado colombiano, sean estrategias de mercado en las cuales la tierra, la vida y la libertad adoptan el valor de mercancías, propias de la lógica del capitalismo como sistema económico.

De este modo, los regímenes económico-políticos tienen efecto en la sociedad y por ello es necesario dimensionar sus lógicas, toda vez que a partir de estos se instituye en parte el lazo social. Es la construcción del lazo social, con los discursos que permiten su anudamiento, la que demanda la reflexión sobre el conflicto armado, toda vez que él sólo puede ocurrir mediado por sujetos que actúan entre sí. Es decir, el vínculo con los otros, allí donde opera el conflicto, da cuenta de algunos modos como aparecen la vida y la muerte en las culturas⁶⁶ (Palma: 2019).

Respecto a lo anterior, los psicoanalistas afirman que la guerra no sólo produce la devastación en loreal⁶⁷ (Miller: 2013), sino que implica una afectación a nivel moral que termina incidiendo en el lazo social⁶⁸ (Gallo: 2014). A partir de esa afectación en el lazo social, aparecen el fracaso del Estado y de la posibilidad de construcción de una nación en paz⁶⁹ (Obando, Viscaya y Fernández: 2016). Es decir, la imposibilidad de la construcción de un país referido a lo socialmente justo, aparece ligada a los modos como el lazo social está permeado por la violencia.

Ahora, a partir del Acuerdo, se espera que sea posible acotar la violencia física que supone la permanencia de la guerra, y también viabilizar un Estado que, acorde a la Constitución Política (1991) que lo regula⁷⁰, permita mayor participación ciudadana incluyendo a los ex combatientes, para que puedan empezar a responder por fuera de la violencia y la insurgencia en un Estado Social de Derecho⁷¹ (Valencia: 2017; Capera y Ñañez: 2017). Así, si el conflicto y la guerra padecida en Colombia han afectado el lazo social, resulta importante pensar, de cara al postconflicto, toda vez que ahora se dejan las armas, cúal sería el modo de lazo social en el que pudiese inscribirse esa vida civil, con las implicaciones y responsabilidades que ella conlleva. Frente a los perjuicios subjetivos del conflicto⁷², Ramírez (2017), señala la necesidad de hacer emerger lo silenciado, para poder elaborarlo y salir del estigma de víctimas, para de este modo, poder hacer frente a la vida en adelante.

Con base en lo anterior, si bien el conflicto armado como fenómeno social requiere necesariamente la intervención del Estado y la regulación de la Ley como condiciones objetivas, se requiere apuntar también al conflicto que afecta el lazo social referido sine qua non a la particularidad de los sujetos inmersos en él; entendiendo que lo social no puede darse sino en relación al sujeto y sus singularidades⁷³ (Gallo: 2017). Probablemente es ese lazo lo estructuralmente afectado con el conflicto armado⁷⁴ (Sanfelippo: 2018; Bello: 2014) y no obstante, esta subjetividad no está contemplada de manera explícita en el Acuerdo de paz.

CONCLUSIONES

El Acuerdo entre las FARC-EP y el Estado colombiano constituye un esfuerzo legítimo para poner fin a un conflicto armado cuya violencia ha perdurado por más de 50 años. Refrendarlo e implementarlo ha requerido de consideraciones en diversas dimensiones, políticas, legales, administrativas, sociales, culturales y subjetivas, que impactan de manera directa el modo en que se efectivizan, o no, los avances en pro la construcción de paz y la reconciliación.

El esfuerzo ha rendido frutos, pero la fragilidad en la que se encuentra la concreción de los puntos quecomponen el Acuerdo es innegable. Como se mostró, el avance en materia de trámites administrativos y legales no transcurre con la celeridad requerida, lo que provoca inestabilidad jurídica, luchas políticas y enfrentamientos en el marco de la opinión pública. También el retorno a las armas de una minoría de los excombatientes y la presencia de disidencias en diferentes regiones del territorio, parecen socavar la credibilidad del Acuerdo, cuestión convertida en capital de lucha política por quienes no se encuentran satisfechos con lo pactado.

Esas tensiones exigen una comprensión del fenómeno en su inagotable complejidad, considerando sus dimensiones objetivas y subjetivas. Las primeras, constatables a través de acciones específicas en las esferas de la acción social y en cifras que indican los avances en cada uno de los puntos pactados. Las segundas, relacionadas con aquello incalculable de la condición humana, movilizadora de luchas que tienen efectos sobre el proceso y sus posibilidades de avance; ellas hablan de lo propio del lazo social y de la continuidad entre sujeto y cultura, marcada por tensiones de diversas índoles, conscientes e inconscientes, que materializan intercambios discursivos caracterizados por el odio y la persecución del otro como enemigo.

Urge pues, reconocer que, si bien los puntos con los que se buscó poner fin a la lucha armada consideran dimensiones objetivas en pro de la construcción de la paz, la reconciliación, la legalidad y la equidad, existen dimensiones relacionadas con la subjetividad y la cultura que exceden la objetividad del pacto y requieren suma atención si se quiere evitar el retorno de lo reprimido de la guerra.

BIODATA

John James GÓMEZ GALLEGO: Psicoanalista. Doctor en Psicología – Universidad de Buenos Aires, Argentina. Magister en Sociología – Universidad del Valle, Colombia. Psicólogo – Universidad Cooperativa de Colombia. Docente Universidad Católica de Pereira. Investigador del Grupo Clínica y Salud Mental de la Universidad Católica de Pereira, Colombia. Publicaciones más recientes: “Algunas consideraciones sobre el tiempo en psicoanálisis”, En: Psicoanálisis, Clínica y Fenómenos Contemporáneos (García y Mass, Comp.), Barranquilla: Universidad Metropolitana; “Sujeto, conocimiento y verdad” (2018), Revista CS, 25, Universidad ICESI, Cali, pp. 31-50; “Conversaciones actuales en torno a la subjetividad y la cultura” (2018), Colombia: Ed. Universidad Santiago de Cali; “El caso clínico en psicoanálisis una causa perdida" (2016) en Abordajes psicoanalíticos a inquietudes sobre la subjetividad III. Colombia: Editorial Bonaventuriana, pp. 449 – 464.

Ana Lucía ARANGO ARIAS : Psicoanalista. Magister en Filosofía – Universidad de Caldas. Especialista en Psicología Clínica con orientación psicoanalítica – Universidad San Buena Ventura de Cali. Psicóloga – Universidad de Manizales. Docente Programa de Psicología Universidad Católica de Pereira. Investigadora del Grupo Clínica y Salud Mental de la Universidad Católica de Pereira. Publicaciones más recientes: “Posición subjetiva y acto delictivo en condenados por homicidio y delito sexual” (2020), Revista CS, 30, Universidad ICESI, Cali, pp. 229-249; "Del acto delictivo y su relación con la clínica psicoanalítica: pasaje al acto y acting out" (2018). Revista Affectio Societatis, 15 (29), Universidad de Antioquia, pp. 230 – 249; “El discurso capitalista: análisis conceptual acerca del cuerpo como objeto de goce” (2016) en Abordajes Psicoanalítico a inquietudes sobre la subjetividad, Colombia: Editorial San Buena Ventura.

Judith Elena GARCÍA MANJARRÉS : Psicoanalista - Magíster en Psiconeuropsiquiatría - Especialista en Psicología Clínica, Psicóloga, Universidad Metropolitana. Investigadora del grupo CEPUM de la Universidad Metropolitana. Docente de pregrados y posgrados. Articulista y capitulista de libros académicos. Conferencista internacional. Par académico y evaluador reconocida por COLCIENCIAS, categorizada en nivel JUNIOR (IJ) como investigador. Barranquilla, Colombia. Publicaciones más recientes: “Violencia de género y Posición Femenina: Consideraciones desde el Derecho y el Psicoanálisis” (2019) en Dimensiones y Perspectivas acerca de la violencia en América Latina. México: Editorial Porrúa; “Del derecho a la memoria y la construcción de una historia: Algunas contribuciones desde el Psicoanálisis” (2018) Revista Hallazgos n° 14 (27), Universidad Santo Tomás, Bogotá, pp. 43-65.

José Luis MEDRANO BENAVIDES: Psicólogo graduado de la Universidad Católica de Pereira. Magister en Educación desde la Diversidad de la Universidad de Manizales. Docente de Pregrado del programa de Psicología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Colaborador en la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, Investigador del grupo Construcción de paz, Desarme, Desmovilización, Reintegración y Reincorporación; Investigador miembro del Instituto Colombo-Alemán para la Paz –CAPAZ-. Publicaciones más recientes: “Lenguajes de la Guerra y de la Paz en el Proceso de Reintegración Colombiano” (2014), Plumilla Educativa, n° 13(1), Universidad de Manizales, pp. 302-326.

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Notas