INTRODUCCIÓN

La ciudad asiste todos los aspectos del desarrollo humano incluyendo la forma en que se materializan y ejercen los derechos fundamentales. Justamente, trasciende la dimensión espacial configurando una relación simbólica y de interacciones entorno/sujeto que encarna la forma en que se tejen las relaciones sociales y se construye la identidad individual y colectiva, pues en la urbe el hombre puede ser, permanecer y trascender estableciendo una conexión espacial y un vínculo psicológico/emocional con los otros y con su contexto. De esto se deriva que la ciudad, en tanto proceso de urbanización, deba ofrecer oportunidades para el acceso equitativo a los medios de vida, la participación y la inclusión social. Sin embargo, la experiencia cotidiana de las personas con discapacidad exhibe los conflictos, las tensiones y el drama humano a causa de la injusticia espacial y la exclusión que viven en la metrópoli.

Por tal razón, en la actualidad el análisis e interpretación de la construcción del derecho a la ciudad y más aún su reivindicación, ha cobrado especial atención, en aras de poder construir y reproducir la ciudad como un proyecto no individual, sino común, integrando las miradas y las experiencias de todas las personas que viven en ella. Precisamente, sustentar los hallazgos cualitativos del análisis de la experiencia cotidiana del sujeto en situación de discapacidad física y sensorial en torno a la construcción del derecho a la ciudad, para el desarrollo de una aplicación móvil de identificación de espacios accesibles en Ibagué (Colombia), se constituye en el propósito del presente artículo, a través del cual se aborda la temática desde tres aspectos centrales: la accesibilidad, la justicia espacial y la innovación social, lo que en coherencia con lo expuesto por Delgado (2015) permite:

Observar tanto las condiciones materiales del espacio público como el universo de subjetividades que en él operan […] De esta forma, surge la idea alternativa de espacio público que Delgado plantea en los siguientes términos: [...] el espacio público es una de aquellas nociones que exige ver cumplida la realidad que evoca y que en cierto modo también invoca, una ficción nominal concebida para inducir a pensar y a actuar de cierta manera y que urge verse instituida como realidad objetiva. (Delgado: 2015, citado en Perafán: 2020, p. 72)

Y es que la ciudad se instala en la resignificación del ciudadano alrededor de los elementos construidos y la dimensión vivencial del espacio físico en su diario acontecer, permitiéndole experimentar “constantemente su idea de la urbe, generando lazos, códigos e historias que estructuran y fortalecen su rol como miembro activo de una sociedad que apela al sentido y al derecho a la ciudad” (García: 2017, p. 201); un derecho que exige garantizar la vida digna de todas y cada una de las personas no solo en términos de inclusión social e integración espacial, sino desde un “cambio paradigmático que se apoya en los postulados de la ciudadanía cívica, el gobierno urbano inclusivo, la prevalencia del interés público como valor fundamental de lo colectivo y de la vida social urbana y el proceso de desarrollo humano concebido como una construcción socio-cultural” (Montoya: 2008, p. 29). Esto deja en evidencia entonces, la necesidad de reflexionar la ciudad como construcción dinámica, que haciendo referencia a la dimensión social de la justicia espacial, debiera posibilitar a los sujetos con discapacidad las mismas condiciones de acceso a las prestaciones sociales y demandas vitales, el disfrute de los servicios y bienes públicos de manera integral, posibilitando de manera progresiva el derecho a la ciudad.

En tal sentido, desde la especificad de la temática planteada, para que el derecho a la ciudad como participación, posibilidad y disfrute en sí mismo pueda ser materializado por las personas en situación de discapacidad, se buscó desde el proceso de investigación, con el uso de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) el desarrollo de una aplicación móvil soportada por los usuarios mediante la estrategia crowdsourcing; como una apuesta que pretendió suplir el déficit que presenta Ibagué en la forma en que se accede y comparte información de los puntos accesibles en la ciudad para las personas con algún tipo de limitación física o sensorial, dado que gran parte del problema radica en que el sujeto con discapacidad debe enfrentar cotidianamente ambientes cambiantes; al tiempo que se posibilitó que la población en situación de discapacidad participara de manera efectiva en sus propios diseños desde el origen, además de integrarlos como usuarios potenciales en una estrategia de tecnología inclusiva encaminada a generar una mayor autonomía; dado que en términos estadísticos, según el Pan Nacional de desarrollo Nacional (PND) “pacto por Colombia, pacto por la equidad” establecido para el periodo (2018-2022), las mayores barreras de movilidad y accesibilidad para la población con discapacidad están relacionadas con: calles (46%), vehículos públicos (34%), andenes (29%), parques (25%), centros de salud (17%), lugar de trabajo (17%) y centros educativos (14%) y de allí, que el 37% de las personas en condición de discapacidad dependan de un tercero para realizar desplazamientos o cualquier tipo de actividades fuera de casa, lo cual limita en gran medida su autonomía en los procesos de inclusión social, espacial, educativa y laboral.

Así, en coherencia con lo descrito se hizo posible por un lado, comprender las vivencias de los sujetos en situación de discapacidad física y sensorial en torno a la apropiación de la ciudad y por otro, a partir de la aplicación desarrollada y la participación de los sujetos, generar un proceso de innovación social en donde los participantes desde la identificación de la problemática de accesibilidad en la ciudad, lograron mapear escenarios públicos y privados como un proceso de empoderamiento en su rol como actores locales; puesto que la innovación social se entiende como:

Una acción endógena o intervención exógena (surgida desde las personas necesitadas o desde las que las quieren ayudar) de desarrollo social (que mejora el bienestar y/o la cohesión social) que a través de cambios originalmente novedosos (se produce una situación diferente a la preexistente) en la prestación de un servicio o en la producción de un bien (admite diferentes formas de manifestación intangibles y/o tangibles) logra unos resultados (existen indicadores objetivables del cambio producido) generalmente a través de un sistema en red (adquieren mayor protagonismo las relaciones interorganizativas más que las intraorganizativas) y que tiene potencial de ser reproducible (tiende a su difusión ilimitada en lugar de su reproducción restringida o controlada). (Morales: 2008, citando en Hernández, Tirado y Ariza: 2016 p. 176)

Ciudad y accesibilidad: una construcción socioespacial

La ciudad está construida para que las personas con discapacidad sean dependientes. Y es que habitar un espacio diseñado en virtud de las cargas ideológicas que la concepción hegemónica del cuerpo normatizado ha impuesto, es reiterar en el trasegar cotidiano del sujeto el precepto social de cómo debe ser: un individuo altamente productivo y sin limitaciones, con capacidad de vivir la ciudad de manera autónoma, lo que de tajo realza la naturaleza excluyente de los espacios materiales e inmateriales que dan lugar a la urbe.

En tal sentido, la ciudad se ha constituido en el escenario propicio para que la discapacidad como construcción social y cultural esté anclada a otro concepto, el de normalidad, en tanto hoy se interpreta más que como un rasgo físico, intelectual o sensorial del sujeto, como un constructo hipotético cuyo devenir existencial se remite a lo que la sociedad cataloga como normal, estableciendo desde este parámetro quién no lo es. Así, la estructura social incapacitante que se (re)produce en la ciudad, se hace evidente a partir de los trayectos, interacciones e intercambios que el individuo genera o no en el espacio que habita y los cuales dan cuenta de la relación sujeto - contexto. Al respecto, Ferrante y Ferreira (2011) refieren que:

La discapacidad tendría dos dimensiones: por un lado, una situación de discapacidad, donde esta establece atributos en un contexto; por otro lado, una condición de discapacidad, que pasa por la experiencia individual, donde los sujetos viven esos atributos”, de forma tal que, en la experiencia de lo cotidiano, los esquemas y estructuras basales que significan la diada normal/patológico permiten interpretar la articulación entre situación y condición, pues a partir de tales esquemas se “inculca laconcepción de cuerpo no legítimo” generando “unas prácticas y unos juicios sistemáticos”. (Ferrante y Ferreira: 2011, citados por Cuesta y Meléndez: 2019, p. 275)

Un cuerpo ilegítimo que, silenciado, reproduce prácticas citadinas que en sí mismas lo excluyen de la norma, pues aún las barreras más imperceptibles en la urbe se pueden constituir para el sujeto con discapacidad en un obstáculo que le impide entrar en la escena de los espacios urbanos negando su derecho a la igualdad de oportunidades.

Así pues, es posible pensar una ciudad física construida desde esquemas exclusógenos que entrañanuna ciudad representada desde la normalidad, cuyas concepciones del y en el espacio son producto de las preexistencias de diseño que determinan quien se incluye y quien no y más aún donde se incluyen y donde no; lo que da cuenta de una urdimbre de la ciudad que es a su vez posibilidad y confinamiento. De ahí que discapacidad, ciudad, accesibilidad y exclusión sean categorías estrechamente relacionadas cuyo problema estructural radica precisamente en la posibilidad de disfrute del espacio, en donde el sujeto históricamente ha estado condenado a ejercer una ciudadanía condicionada y restringida a causa de las barreras físicas, sociales y comunicativas que se le imponen.

La exclusión entonces ilustra la dualidad que caracteriza una sociedad dividida, la cual refleja un adentro y un afuera que se materializa en la justicia/injusticia espacial y en la ventaja/desventaja social como disparidades que dan cuenta de la desigualdad que experimentan, entre otras, las personas con discapacidad y cuyo correlato responde a la limitación de la vivencia de los espacios público-privados. De ahí, que la desigualdad espacial que se nombra haga referencia no solo a las deficiencias materiales, sino también a las prácticas de los habitantes en dichos espacios. Pero ¿cuáles son los argumentos que soportan esos procesos de exclusión y por tanto desigualdad desde la perspectiva socioespacial? “El acaecimiento de una dialéctica socio espacial, un giro espacial en el pensamiento e interpretación de los fenómenos sociales y el estímulo por desarrollar nuevas formas de comprensión y acción para cambiar las geografías injustas que cohabitamos, dado que la ciudad al ser receptora y depositaria de las múltiples paradojas de la vida actual, la justicia es una cuestión que no debe analizarle alejada del panorama urbano”. (Link: 2011, p 173)

De acuerdo con lo descrito, se pone de manifiesto que los procesos de exclusión vistos desde la perspectiva de la geografía de la ciudad son el resultado de diseños y construcciones urbanas representadas y vividas como entornos discapacitantes, cuya experiencia se gesta en la restricción como una consecuencia de los espacios inaccesibles, imprimiendo a la sociedad un mensaje tendiente a devaluar el cuerpo discapacitado (sociedad ableist). En esos términos, la accesibilidad se define como “la cualidad que describe el grado en que cualquier individuo es capaz de acceder tanto al espacio físico como a los contenidos a partir del uso de recursos adaptables” (Jiménez, Seibel y Soler 2012, citado por Zurc et al, p. 391) por lo cual, es importante reflexionar sobre el espacio físico, la accesibilidad que este supone y la relación con las prácticas sociales, dado que es mucho más que una superficie natural o construida: las calles, los andenes, las rampas, los edificios, los parques, los ascensores median las interacciones sociales y son parte activa de dicha relación. Linares, Hernández y Rojas (2018) respecto al tema mencionan:

La accesibilidad espacial como el primer elemento para alcanzar la inclusión social de las personas con discapacidad y establecen una relación directa entre accesibilidad, participación e inclusión afirmando que, para las personas con discapacidad, la participación está mediada por el acceso al medio físico o entorno, lugar en el que, a partir de la interacción entre el ser humano y el territorio, los sujetos construyen su subjetividad e identidad individual y colectiva. (2018, p. 115, 116)

Ello, deja en evidencia cómo la urbe exhibe desde la experiencia cotidiana del sujeto con discapacidad, el conflicto social y los dramas humanos en materia de acceso a y en la ciudad, haciendo de éste, además de un individuo dependiente, una persona que convive en medio de la desigualdad social, pues un espacio que propicia el asilamiento es en sí mismo un escenario que suscita pérdida de autonomía, no en términosde un sujeto solitario y que prescinde de alguna manera de los otros, sino desde una perspectiva del ser autónomo en materia relacional.

En consonancia, pretender la autonomía del sujeto con discapacidad desde la idea de ser relacional, remite una comprensión profunda y pormenorizada de cómo la práctica de la ciudad como derecho, invita a que sea el individuo en su capacidad volitiva quien determine los momentos, los lugares y las personas con quiénes generar interacciones y vínculos sociales, siendo la eliminación de barreras el primer paso hacia un desafío constante para las ciudades y la sociedad en general, en donde “los análisis de la geografía sean desplazados hacia las construcciones socioespaciales y ambientales de la discapacidad, enmarcada dentro de conceptos de dominación y resistencia y enfocándose en las interpretaciones de justicia social, inclusión y ética” (Gant: 2002, p. 125). Unas barreras que denotan diferentes semblantes de la metrópoli relacionadas con aspectos arquitectónicos y urbanísticos, de comunicación y de transporte. Lo arquitectónico y urbanístico conexo con el diseño y construcción de las edificaciones y el espacio público propiamente dicho; lo comunicacional referido a las dificultades que se experimentan en la emisión y recepción de información por afecciones en la lectura, la escritura, el habla y la audición desde los preceptos de normalidad, y, el transporte evidenciado tanto en los medios de movilización, como en su infraestructura.

Dicha concepción es entonces equiparable con la idea del derecho a la ciudad de Lefebvre (1986), quien refiere una vida urbana renovada y transformada… “El derecho a la ciudad es, por lo tanto, mucho más que el derecho a tener acceso a aquello que ya existe: es el derecho a cambiar la ciudad siguiendo nuestros más profundos deseos. La libertad de hacernos y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es uno de nuestros más valiosos derechos, sin embargo, es también uno de los más ignorados” (1986, citado en Harvey: 2008, p. 17) convirtiéndose así, en la antítesis de la inaccesibilidad, la injusticia espacial y la exclusión como cuestiones concomitantes a la discapacidad desde los significados y significantes que se recrean en la urbe.

La justicia espacial o su injusticia: semánticas emergentes en la ciudad

La estructura urbana habitual y su funcionamiento precisan un análisis crítico desde dos perspectivas que ponen de relieve las relaciones de poder que caracterizan la urbe: el espacio y la sociedad, como nuevas formas de entender, significar y ver la ciudad que dan lugar a semánticas emergentes en torno a las interacciones del sujeto (en tanto individual y colectivo) con el contexto en términos de accesibilidad, justicia e igualdad como derechos ciudadanos. Al respecto, la justicia socioespacial se entiende como “un derecho colectivo que implica el acceso al espacio y a los recursos de la ciudad, y más allá de esto, el derecho a la construcción y la reconstrucción de la propia ciudad, es decir, a una producción no alienada de la ciudad” (Lefebvre: 1968, citado por Cuberos y Díaz: 2018 p. 17). Dicha postura, permite realizar un análisis de los ideales de una ciudad inclusiva, donde los espacios se distribuyan de manera equitativa evitando la segregación social y promoviendo su aprovechamiento en igualdad de condiciones, lo que da cuenta de un concepto de justicia que dicho sea de paso, hasta hace algún tiempo había sido abordado de manera sucinta incluso desde la geografía misma, pero que en las últimas décadas ha cobrado relevancia al punto que “varios geógrafos cuantitativos han comenzado a preocuparse por la adecuada distribución de infraestructuras generadoras de bienestar social, y por la descripción de las desigualdades socioespaciales”. (Rivas: 2012, p. 79).

La justicia espacial, se constituye entonces en una categoría de análisis para los investigadores sociales,que buscan aportar al bienestar de las comunidades, específicamente de aquellas a las cuales se les ha vulnerado sus derechos. Una muestra de ello, son las personas en situación de discapacidad, quienes históricamente han vivido experiencias signadas por el estigma y la exclusión y una búsqueda constante de la construcción de escenarios urbanos equitativos que propicien en sí mismos la eliminación de barreras, como una forma de potenciar su arraigo y pertenencia en la vida urbana, buscando no solo la satisfacción de sus necesidades, si no, el cumplimiento de sus derechos desde la perspectiva del desarrollo y la planificación urbana, creando y recreando su semántica de la ciudad, entendiendo la “justicia espacial como el reparto equitativo en el espacio de los recursos socialmente valorados así como también de las oportunidades o posibilidades de utilizarlos o no” (Soja: 2014, citado por Villamizar y Pizarro: p. 27).

Así pues, la justicia espacial, en tanto teoría y praxis ha sido abordada desde diferentes perspectivas. Al respecto Rivas (2012, p. 7) plantea que “es tanto una forma de interpretación geográfica de la justicia, como un elemento para la acción política, útil a los movimientos sociales urbanos; lo cual implica que la justicia espacial tenga: una dimensión concreta y material (espacio percibido), una dimensión abstracta relacionada con los discursos e ideas (espacio concebido) y otra dimensión vivencial (espacio vivido)”, lo que en otras palabras hace referencia a una comprensión del espacio percibido como aquella relación que está físicamente mediada, que ocurre desde una mirada de la forma, la profundidad, la textura, la señalización, anchura, altura, etc. del espacio, siendo la más cercana a la cotidianidad toda vez que facilita los procesos de interacción de las personas y el desarrollo de sus competencias como ser social, dando sentido a lo ocurrido en cada lugar donde transitan los viandantes; el espacio concebido, entendido desde una postura discursiva de los planificadores del urbanismo, la arquitectura y el diseño, quienes, a partir de sus conocimientos y discursos, “hegemonizan los espacios percibidos”, haciendo uso del poder que se les transfiere en la distribución de los territorios; y los espacios vividos, que permiten el goce de los lugares, posibilitando al sujeto ser consciente de su entorno, dotándolo de sentido a partir de sus prácticas, tránsitos e interacciones.

Ahora bien, la justicia espacial supone una concepción no solo del espacio público en tanto urbanismo, sino también una forma de entender el disfrute de los entornos construidos; una forma de entender el adentro y afuera de las configuraciones materiales e inmateriales que dan lugar a la ciudad. Al respecto, Bosque y Moreno (2007), afirman que:

La justicia espacial consiste en: […] que las instalaciones no estén desigualmente repartidas sobre el espacio, de modo que no existan diferencias, o al menos estas no sean excesivamente grandes, en el acceso de la población a estas instalaciones. En el caso de equipamientos no deseables nuevamente, se trata de que las distancias entre la población y los equipamientos no sean demasiado desiguales, de modo que unas personas se vean muy afectadas y otras no lo estén en absoluto. (Bosque y Moreno: 2007, citado en Rivas: 2012, p. 7)

Esta denominación, que se ha convertido en una utopía cuando de la población en situación de discapacidad se trata, toda vez que, aunque se cuenta con un importante crecimiento económico y tecnológico cuyos avances promueven mayores beneficios para las personas desde la concepción de ciudades inteligentes e inclusivas, ha acaecido la pérdida de valor de las experiencias urbanas y la segregación espacial, sectorizando los entornos de una manera inequitativa, limitando el disfrute del espacio por parte de la mayoría poblacional.

Lo anterior, permite entonces hacer referencia a la injusticia espacial, como una forma de nombrar la realidad sentida y expresada por las personas con discapacidad en torno a su vivencia de la ciudad; puesto que, abarca las desigualdades espaciales, los proyectos urbanos inequitativos y las distribuciones arquitectónicas desde una interpretación normotípica, que desconoce las diferencias individuales y resalta las relaciones de poder y jerarquías sociales a causa de los estándares clasificatorios que la normalidad ha impuesto, otorgando a unos sujetos condiciones socioespaciales privilegiadas sobre otros; constituyéndose en “un elemento decisivo en la construcción y la perpetuación de desigualdades entre territorios de la ciudad” (Leibler y Musset: 2010, p. 3).

Esta situación, afecta la calidad de vida de los habitantes. Marcuse (2009) distingue “dos forma cardinales de la justicia/injusticia espacial: por una parte, las de confinamiento involuntario y de segregación social en el espacio que tipifica como el argumento de la falta de libertad, y por otra, la de la asignación desigual de los recursos en el espacio” (2009, citado en Iveson: 2011, p. 252); panorama de la urbe que refleja una perspectiva exclusógena, representada en estigma, opresión, prejuicios y miedos, nada coherente con los discursos de inclusión que desde algunas políticas imperan, toda vez que la injusticia espacial expresa la violencia simbólica que se ejerce sobre determinados grupos en relación a su vivencia de la ciudad.

Una muestra de ello es lo referido por Ferreira (2008), haciendo alusión a las personas con discapacidad y su experiencia de la ciudad. El autor afirma que:

Un ciego no ve: ha de desenvolverse en un espacio social determinado fundamentalmente por referencias visuales (carteles, señales, anuncios, escaparates, luces, fotografías...); un sordo no oye: ha de desenvolverse en un entorno orientativamente auditivo: las voces de las personas, los cláxones de los coches, un grito de advertencia,...; un parapléjico ha de desenvolverse en un espacio diseñado para piernas ágiles: escaleras, escalones, bordillos, anchuras de marcos y puertas inadecuados para sillas de ruedas, ascensores insuficientes. (2008, p. 3)

Esto, devela una realidad sin sentido que aumenta la incertidumbre cotidiana de las personas en situación de discapacidad física y sensorial, convirtiéndose su vivencia de la ciudad, en una ruleta que amenaza con herir no solo su integridad física, sino también su salud mental, donde el rótulo y el estigma los condena al no-ser.

En tal sentido, la desigualdad y la exclusión, se hacen cada vez más visibles desde la noción de justicia espacial, partiendo de la premisa que, generalmente todas las actividades del ser humano son espaciales, por el lugar que ocupan y los desplazamientos que aquel genera en su cotidianidad, en donde, la construcción misma del territorio, la distribución de las casas y sus habitaciones, la forma arquitectónica de la ciudad, son el principio existencial del desarrollo desigual, y de injusticia espacial. Nada coherente con lo estipulado por la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (2001) la cual lo define como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado”. (2001, p. 94)

La ciudad, por lo tanto, nunca estará construida y formada en su totalidad, es un organismo vivo que se forma con las vivencias, las memorias, las ausencias y presencias de sus habitantes, otorgando un sentido y un significado en la historia del sujeto, así que, la sociedad misma está en constante transformación, y es allí, donde la presencia de cada actor y grupo humano es vital para lograr cambios significativos en la cultura urbana, fomentando y fortaleciendo nuevas alianzas y líneas de pensamiento interdisciplinares que promuevan la justicia espacial, puesto que el derecho a la ciudad para la población en situación de discapacidad sensorial y física está marcado por una profunda desigualdad social, a causa tanto de las barreras físicas, como comunicacionales y socioculturales, convirtiéndose entonces en un escenario de exclusión y de no reconocimiento de la alteridad, dado que las personas transitan en la mayoría de los casos entornos discapacitantes que emergen en el contexto urbano como consecuencia de la planeación territorial.

Innovación Social: un enfoque desde abajo

Queda claro que la ciudad como un escenario de interacción y construcción colectiva de identidades, subjetividades y desarrollo sociocultural, es el espacio donde se manifiestan una serie de problemáticas asociadas a la realidad propia de la pluralidad y complejidad humana, generando desafíos a nivel económico, ambiental, social y tecnológico. En este contexto, toman especial relevancia las dificultades asociadas a los grupos poblacionales más vulnerables, donde sus necesidades puntuales quedan por fuera de los estándares de normalidad establecidos dentro de la sociedad, relegando su participación y disfrute activo de la ciudad, lo que indefectiblemente limita su desarrollo a nivel educativo, social y económico.

En tal aspecto, adquieren importancia aquellos conceptos que propician soluciones de carácter social sustentadas en la participación de los actores involucrados directamente en la problemática, de allí, que el concepto de Innovación Social se constituya como un agente de cambio y participación a nivel colectivo, que permite aproximarse a las dificultades de sectores particulares de una población desde distintas áreas del conocimiento. Es así, como la innovación social agrupa el desarrollo de “nuevas alternativas (productos, servicios, modelos, mercados, procesos, etc.) que satisfacen de forma simultanea una necesidad social (más eficazmente que aquellas existentes) y al mismo tiempo conducen a nuevas y/o mejoradas capacidades y relaciones culminando en un mejor uso de los activos y recursos” (The Young Foundation: 2012, p. 18).

Justamente, este concepto puede delimitarse como una nueva practica social, generada a partir de una acción colectiva, orientada a objetivos específicos de una población, que buscan impulsar el cambio social mediante la reconfiguración de cómo se logran esos mismos objetivos (Cajaiba-Santana: 2014, p. 3), es decir, la Innovación Social adjudica un rol primordial a los actores como co-constructores de una solución encaminada a problemas sociales inherentes a su propio contexto. Es así, como desde esta perspectiva se busca moldear respuestas a aquellas dificultades sociales de alta complejidad y donde las implementaciones existentes son escasas o ineficaces, tal como lo plantean (Angelidou y Psaltoglou: 2017):

La Innovación Social promueve activamente el "intercambio" de recursos, dando el primer paso hacia la sostenibilidad, se concentra en satisfacer necesidades sociales y económicas que no se han satisfecho a través de soluciones tradicionales y proporciona respuestas puntuales a problemas locales, construyendo una base de conocimiento y aprendizaje que también puede ser valiosa para otras ciudades. (2017, p. 116)

De esta manera, se entiende como un accionar colaborativo, donde la población inmersa en la problemática es parte activa del desarrollo y puesta en marcha de la solución en cuestión, siendo una nueva configuración de prácticas sociales en áreas de acción propias de este ámbito, impulsadas por sus actores y dirigidas intencionalmente a satisfacer o responder mejor a necesidades que no es posible solucionar con las prácticas establecidas en el contexto actual (Howaldt y Schwarz: 2010, citado en Angelidou y Psaltoglou: 2017, p. 115).

Este panorama, enfatiza en la importancia de la Innovación como eje central de cambio y desarrollo a nivel social, debido a su papel en la inclusión de grupos sociales vulnerables y tradicionalmente sin voz política, reflejando la complejidad de aquellas problemáticas sociales, que tienden a ser diversas y dejan en evidencia la insatisfacción o desconfianza de las soluciones que se estructuran de arriba hacia abajo.

Este tipo de iniciativas se han visto respaldadas en gran medida por las facultades propias de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que se instauran como un elemento diferencial que puede adaptarse, bien sea a partir de implementaciones prexistentes o a través del desarrollo de nuevas tecnologías, acoplándose a las exigencias propias del contexto y de un grupo poblacional particular; de hecho, la Innovación Social mediada por las TIC tiende a “mejorar la capacidad de la sociedad para organizarse, actuar y responder a los desafíos persistentes del crecimiento, y capitalizar la generación de conocimiento y las oportunidades de transferencia proporcionadas por las nuevas tecnologías”. (Angelidou & Psaltoglou: 2017, p. 113).

Es así, como los atributos innatos de las TIC se convierten en elementos sinérgicos dentro de iniciativas sociales, dando cabida a conceptos derivados de esta reciprocidad; de allí, que autores como Bria et al (2015) proponen una definición de Innovación social digital (ISD), que la enmarca como “un tipo de innovación social y colaborativa en la que innovadores, usuarios y comunidades colaboran utilizando tecnologías digitales para crear conjuntamente conocimiento y soluciones para una amplia gama de necesidades sociales y a escala y velocidad que era inimaginable antes del surgimiento de Internet” (Bria et al: 2015, citado en Angelidou & Psaltoglou: 2017, pp. 115), precisamente las TIC fungen como un elemento catalizador en prácticas sociales, brindado alternativas a procesos obsoletos o insostenibles, y proporcionan una plataforma de cooperación a gran escala.

En tal sentido, la innovación social digital busca reorientar la perspectiva de las TIC al momento de abordar los desafíos sociales, estableciéndose como un medio de creación y participación colectiva,empoderando a los ciudadanos en la búsqueda de un objetivo común y propiciando iniciativas de dominio público mediadas por una serie de requerimientos propios del contexto, donde su participación repercute en un democracia más responsable y transparente, otorgando voz a aquellos sectores más vulnerables, permitiendo integrar y gestionar redes colectivas de conocimiento alrededor de una dificultad particular. Así pues, el objetivo de la ISD es proporcionar soluciones de valor a problemas sociales, involucrando a los ciudadanos como agentes impulsores de cambio, que se constituyen en un medio de participación destinado a la innovación, donde su éxito recae en la participación de estos mismos ciudadanos y su disposición para ampliar o unir fuerzas, propiciando espacios donde es posible multiplicar el impacto de estas iniciativas.

Por ello, este tipo de cooperación colectiva basado en las TIC, se instituye como un canal de participación ciudadana que concede oportunidades a todos los integrantes de una población, permitiendo contribuir de forma significativa a la toma de decisiones políticas, donde los sujetos pertenecientes a grupos históricamente relegados en procesos de gobernanza adquieren un papel relevante, respaldados por modelos participativos mediados por tecnología que permite recolectar, centralizar y analizar grandes volúmenes de información describiendo las narrativas puntuales de cada comunidad, lo cual, facilita aunar esfuerzos mediante plataformas participativas (en línea).

De hecho, la implementación de aplicativos móviles mediante el uso de plataformas web, se establece bajo un concepto de participación activa y abierta por parte de los usuarios conocido como crowdsourcing, que se describe como el acto de externalizar una tarea tradicional al hacer un llamado abierto a un grupo indefinido pero grande de personas (Howe: 2006, citado por Park, Chua y Vande: 2017, p. 66), propiciando un contexto colaborativo establecido de abajo hacia arriba, especialmente útil para la gobernanza urbana, permitiendo a un gran número de personas con un profundo conocimiento de un ámbito puntual, intervenir activamente en la mejora de la calidad de sus vidas, de forma tal que el aspecto más prometedor del crowdsourcing para la gobernanza urbana radica en la capacidad de abordar problemas que son típicamente a gran escala, complejos y difíciles de resolver de arriba hacia abajo (Surowiecki: 2005, citado por Park, Chua y Vande: 2017, p. 67).

De allí, que aplicativos concebidos desde y para las necesidades de una comunidad, se perfilan como herramientas de participación cívica ideados desde abajo, erigiéndose como sistemas de mejora del servicio público, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los entes gubernamentales; un ejemplo de esto es la aplicación FixMyStreet, la cual permite a los ciudadanos reportar defectos en la infraestructura de su ciudad, donde los datos recolectados sustentan la creación de un mapa de acceso público que refleja el estado del entorno, el cual, es usado como herramienta de monitoreo, donde los ciudadanos pueden rastrear y discutir el desempeño de sus gobiernos en respuesta al estado general de sus entornos (Pak et al: 2017, p. 68).

Así pues, FixMyStreet ejemplifica la puesta en marcha de un proyecto de innovación social digital, que permite tratar dificultades que típicamente son relegadas u olvidas debido a su complejidad o a los altos costos asociados a estas, para este caso, la caracterización de espacios públicos, que, si bien es necesaria para dar respuesta a los requerimientos de todos los ciudadanos, no es algo que se realice de forma regular. De allí, que métodos como el crowdsourcing permitan mediante el uso de plataformas digitales generar grandes volúmenes de información a partir de puntos georreferenciados dentro de un mapa comunitario, que soporta un registro permanente y actualizado de ciertos sectores de la ciudad.

En coherencia, para el contexto bajo el cual se desarrolló el proceso de investigación que se presenta, se implementó una aplicación móvil, sustentada en plataformas digitales y orientada a la comunidad en situación de discapacidad, donde mediante el uso del Crowdsourcing, se generó de forma grupal un mapa de puntos accesibles dentro de la ciudad de Ibagué, otorgando a cada usuario la posibilidad de georreferenciar diferentes espacios, tomando como base requisitos a cumplir en términos de accesibilidad, diferenciando además, las necesidades de los usuarios según su tipo de discapacidad. En ese sentido, la ISD entendida como un modelo de conocimiento abierto, centrado en los usuarios y sustentado en las TIC,establece las condiciones para la colaboración social a gran escala, que para el caso de la población en situación de discapacidad, representa un medio tangible de participación y acción grupal, en donde las aplicaciones móviles basadas en plataformas web permiten ejercer una presión colectiva ante dichas problemáticas, facilitando al mismo tiempo la recolección de información por parte de los ejes gubernamentales, que pueden de primera mano atender dichas necesidades.

MÉTODOS

El proceso de investigación desarrollado se soportó en el enfoque mixto de investigación el cual se sustenta en las características propias de los enfoques tradicionales cualitativo y cuantitativo. Así, de acuerdo con lo planteado se retoma de la investigación cualitativa, la posibilidad de recopilar información a través de la narrativa de los actores sociales, dado que desde esta postura se considera la realidad como social y psicológicamente construida; por su parte, se apela a la investigación cuantitativa porque da cuenta de una presentación de los fenómenos de estudio con base numérica llevando a cabo análisis estadísticos (Gelo, Braakmann y Benetka: 2008). En tal sentido, La metodología Mixta se puede describir con referencia a lo que Newman y Benz (1998: citado por Gelo, Braakmann y Benetka: 2008, p.279). “llamaron "continuo interactivo" cualitativo-cuantitativo de la investigación. Como su nombre lo indica, este modelo considera un continuo interactivo, y no una dicotomía, entre las metodologías cualitativas y cuantitativas. Se basa en una visión unitaria de la ciencia, según la cual ambas metodologías deben interactuar de manera continua para que los investigadores puedan responder preguntas de investigación diferentes y complementarias”. De acuerdo con el enfoque planteado, el tipo de investigación propuesto fue cross-section (sección cruzada) o estudios de momento dado del tiempo, puesto que se desarrolló con datos obtenidos en un único instante de tiempo (Medina, Quintero y Valdez: 2013, p. 4).

Población

La población objeto del estudio fue integrada por dos grupos etarios, jóvenes y adultos, que tienen como característica común la situación de discapacidad física y sensorial y los cuales están determinados por la edad y la pertenencia a una etapa específica del ciclo vital humano en la que, al pasar por momento similares de la vida, comparten valores, códigos, símbolos, actividades y prácticas que determinan su aprehensión y formas de ser y estar en sociedad. Así, para los objetivos propuestos se denominaron jóvenes a todos los sujetos desde los 18 y hasta los 28 años y se consideraron como el grupo en edad laboral temprana que tienen una mayor posibilidad de participación en la esfera pública y privada desde lo académico, laboral, político y social con un nivel medio bajo de experiencia. Por su parte, los adultos son los denominados bajo la categoría grupo en edad laboral máxima que oscila entre los 29 y hasta los 59 años, los cuales según criterios formales suponen una mayor participación e incidencia política, social y laboral. En ese sentido, el grupo de participantes se integró por 30 personas con discapacidad física y sensorial cuya participación fue voluntaria, lo que se constituyó en un muestreo no probabilístico por conveniencia, el cual consiste en seleccionar sujetos que comparten características determinantes para el desarrollo de la investigación y que son accesibles para el equipo investigador. Desde esta perspectiva los criterios de inclusión, los cuales fueron determinados de manera intencional, hicieron referencia a la pertenencia a los grupos antes descritos, ser sujeto en situación de discapacidad física y sensorial, ser residente de Ibagué y firmar el consentimiento informado previa socialización.

Técnicas e instrumentos

Para el desarrollo de la investigación, se hizo uso de tres técnicas e instrumentos: la entrevista abierta semiestructurada, el grupo focal y la encuesta. La entrevista estuvo integrada por seis preguntas relacionadas con la vivencia y apropiación de la ciudad. Desde el grupo focal se indagó sobre el desarrollo de la aplicaciónmóvil como proceso de innovación social y la encuesta de treinta ítems de selección múltiple con única respuesta tuvo como propósito reconocer los espacios de inclusión/exclusión del sujeto en situación de discapacidad desde la noción del derecho a la ciudad.

La validación de los instrumentos se realizó a partir de la implementación de la estrategia denominada validación de contenido por juicio de expertos y para ello se hizo uso de la propuesta de Escobar y Cuervo (2008) los cuales la conceptualizan como “una opinión informada de personas con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones desde cuatro categorías: claridad, coherencia, relevancia y suficiencia” (2008, p. 29).

Por su parte el análisis de la información se realizó a partir de la interpretación de la narrativa de los sujetos participantes logrando establecer categorías de estudio tales como accesibilidad, justicia espacial e innovación social.

Consideraciones éticas

La investigación se desarrolló aplicando los lineamientos de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia, en lo referente a clasificación y minimización del riesgo; maximización: distribución de los beneficios e impacto; consentimiento informado, confidencialidad, reserva, privacidad y protección de identidad; Conflictos de interés y Compromiso de los investigadores.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

… La discapacidad no es una condición a curar, a completar o reparar: es una construcción relacional entre la sociedad y un sujeto (individual o colectivo). La discapacidad toma cuerpo en un espacio situacional, dinámico e interactivo entre alguien con cierta particularidad y lacomunidad que lo rodea.Patricia Brogna (2006)

Si bien, el proceso de investigación desarrollado al estar soportado sobre el enfoque mixto se implementó a través de la ejecución de dos fases, a saber, una cualitativa y una cuantitativa; los resultados que se presentan se relacionan con las etapas propias de la fase cualitativa relacionadas con el reconocimiento de las vivencias de los participantes en torno a la apropiación de la ciudad y el diseño del aplicativo móvil como proceso de innovación social:

Las personas con discapacidad dan cuenta de una vivencia limitada de la ciudad. La mayor parte de su tiempo están confinadas al espacio de sus hogares y la movilización en la urbe se restringe a actividades relacionadas con la asistencia a servicios sanitarios, educativos y en algunos casos aislados, laborales. El disfrute de escenarios naturales y construidos, así como la generación de interacciones sociales están condicionadas por las barreras y obstáculo que deben enfrentar y que reflejan la inaccesibilidad en la ciudad. En palabras de los participantes:

Ibagué es una ciudad que a diario nos recuerda nuestra condición de personas diferentes. No nos sentimos anormales o incapaces, pero lo que para una persona sin discapacidad puede ser un error de diseño que pasa por alto, para nosotros se convierte en una barrera importante que nos impide movilizarnos y acceder a los diferentes lugares (persona con discapacidad visual, 28 años).

Ibagué desde la experiencia de la población con discapacidad se convierte en una carrera de obstáculos cuyo itinerario inicia en el trayecto que conecta un punto de partida con el entorno urbano inmediato, las condiciones de transporte que se ofrecen en la ciudad en términos tanto del equipamiento de los vehículos como de la infraestructura de las estaciones de servicio público, el acceso a las edificaciones y los desplazamientos al interior de estas.

La situación de movilidad es complicada, los paraderos no cuentan con señalización, los colectivos y buses carecen de rampas para quienes se movilizan en sillas de rueda y para las personas con discapacidad visual y auditiva no se han adaptado alertas visuales o sistemas de audio que indiquen las paradas y rutas que se realizan (persona con discapacidad auditiva, 37 años).

Muchos hemos aprendido a movilizarnos pese a las dificultades, haciendo uso del trasporte públicodeficiente; otros hemos adaptado las sillas de ruedas, los carros y las bicicletas; pero otros, tal vez la mayoría, dependemos de un acompañante siempre… Luego encontramos otro obstáculo, el ingreso a los lugares de destino: escaleras, rampas inadecuadas, texturas lisas, puertas estrechas y finalmente el tercer problema, cuando logramos ingresar, en la mayoría de los casos no podemos movernos dentro de esos espacios, por lo que contar con acompañante es necesario (persona con discapacidad física, 42 años).

Al respecto, las barreras físicas más comunes que impiden la movilización en el entorno urbano se relacionan con andenes irregulares o sin rampa, rampas empinadas, desniveles en el pavimento, taches y estoperoles, bolardos, tapas de alcantarilla, rejillas de drenaje superficies sin textura adecuada, ausencia de alertas visuales y sonoras y señalización. En esa misma línea, se encuentran las barreras en el diseño y construcción de las edificaciones y dentro de las cuales las más destacadas son puertas, ascensores, pasa manos, baños y escaleras. Esto deja en evidencia cómo la ciudad está construida para que las personas con discapacidad sean dependientes, lo que coarta su disfrute autónomo de los espacios, incide en su percepción de libertad, seguridad y desarrollo personal y condiciona sus formas de expresión e interacción, instaurando y reproduciendo prácticas socioespaciales desde los procesos de normalidad/anormalidad.

Cada vez que tengo que realizar una tarea en algún sector de la ciudad que no he visitado, voy en medio de una incertidumbre constante, nunca se ante qué me voy a encontrar, muchas veces al llegar a un sitio me doy cuenta de que no tiene acceso para silla de ruedas, ascensor o cosas tan básicas como el acceso desde la acera peatonal (persona con discapacidad física, 30 años).

Lo anterior, es coherente con lo expuesto por Ferrante y Ferreira (2011, citados por Cuesta y Meléndez: 2019, p. 275) al mencionar que se “inculca la concepción de cuerpo no legítimo” generando “unas prácticas y unos juicios sistemáticos” dado que la experiencia cotidiana del sujeto en la ciudad encarna la visión del mundo social que, catalogada como legítima, impone una carga estigmatizante a la persona con discapacidad tanto en el orden del decir como en el orden del hacer en sociedad. En consecuencia, se validan y materializan los elementos interaccionales que condicionan la práctica del espacio, (re)produciendo las barreras sociales que enfrenta el sujeto. En la voz de los participantes:

A nivel social uno percibe diferentes sentimientos y comportamientos de la gente, por ejemplo, lástima, compasión, discriminación, anulación; pero en otras ocasiones hay exceso de atención, extremada solidaridad y en ambos casos uno se siente señalado y diferente (persona con discapacidad auditiva, 20 años).Una persona puede tener la actitud, pero no se encuentra capacitada para abordar a alguien que tenga discapacidad, en el lenguaje de señas, con las personas sordas, por ejemplo. También al describir las cosas para una persona con discapacidad visual, lo digo porque en ocasiones llega una persona invidente y alguien le dice ¡te colaboro! pero no saben cómo decirle a la derecha o a la izquierda, se confunde mucho, porque puede que diga a la derecha, pero es a la izquierda de la persona (persona con discapacidad visual, 24 años).

Ello, pone de manifiesto cómo el estigma social también hace impracticables los espacios urbanos y cómo un trato diferenciado incide en la vivencia del sujeto como ciudadano con derecho a disfrutar la ciudad,siendo una postura inicialmente antagónica a la planteada por Harvey (2008) con relación al ideal del derecho a la ciudad, pues el autor manifiesta que “es mucho más que el derecho a tener acceso a aquello que ya existe: es el derecho a cambiar la ciudad siguiendo nuestros más profundos deseos. La libertad de hacernos y rehacernos a nosotros mismos y a nuestras ciudades es uno de nuestros más valiosos derechos”. (2008, p. 17)

Sentirme observado y además rechazado es una de las principales causas por las cuales solamente salgo a lo estrictamente necesario, en mi casa me aceptan y respetan y en cierta forma nos hemos adaptado a mi condición, pero en la calle la situación es diferente y aún la sociedad no está preparada para aceptar la diferencia (persona con discapacidad física, 23 años).

Se evidencia entonces, cómo la urbe se instaura como el escenario en el cual el sujeto experimenta cotidianamente encuentros y desencuentros y en donde surgen las posibilidades de interacción o rechazo a causa de la exclusión socioespacial, dejando en evidencia cómo el espacio propicia prácticas exclusógenos en yuxtaposición con los preceptos de la Carta Mundial del Derecho a la Ciudad (2013) el cual se define “como el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y desfavorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado”. Frente a este argumento, uno de los participantes, habla sobre el derecho a la ciudad, haciendo alusión a la justicia espacial:

Nosotros como personas en situación de discapacidad tenemos los mismos derechos que las personas normales. En la ciudad tenemos el derecho de acceder a todos los beneficios, por ejemplo, infraestructura, cultura, deporte, recreación, educación, interacción social, salud. Sin embargo, hay muchos lugares y actividades que no podemos disfrutar porque no están adaptados a nuestras necesidades (persona con discapacidad visual, 33 años).

Al respecto, Lefebvre (1986, citado por Cuberos y Díaz: 2018 p. 17), afirma que la justicia espacial “es un derecho colectivo que implica el acceso al espacio y a los recursos de la ciudad, y más allá de esto, el derecho a la construcción y la reconstrucción de la propia ciudad”, concepto que adquiere fuerza, cuando se da a través de la voz de los habitantes en situación de discapacidad.

Movilizarme por la ciudad en ocasiones es complicado, los pocos espacios que hay adecuados se han ido perdiendo porque no les dan el mantenimiento correspondiente… por eso para los invidentes es complicado andar con toda la libertad como quisiéramos pues no siempre se encuentra señalización podotáctil (persona con discapacidad visual, 48 años).

Por lo tanto, el derecho a la ciudad lleva implícita la justicia espacial que se convierte en un desafío constante para la vida en sociedad. Marcuse (2009) distingue “dos formas cardinales” de la justicia/injusticia espacial: por una parte, las de confinamiento involuntario y de segregación social en el espacio que tipifica como el argumento de la falta de libertad, y por otra, la de la asignación desigual de los recursos en el espacio” (2009, citado en Iveson: 2011, p. 252), lo que además genera una segregación no solo urbana, sino también actitudinal, muchas veces por desconocimiento y otras por indiferencia social. Frente a esto, un participante argumenta:

Cuando las personas no tienen barreras para transitar libremente por todos los lugares no tienen conciencia o conocimiento de la situación que nosotros vivimos, a veces nuestros amigos oyentes nos invitan a reuniones, pero nuestra dificultad es que si no hay un intérprete que nos acompañeprácticamente quedamos excluidos porque una cosa es asistir y otra participar (persona con discapacidad auditiva, 21 años).

De acuerdo con lo descrito, se evidencia la complejidad de la problemática en torno al disfrute de la ciudad como derecho, por parte de las personas con discapacidad física y sensorial, para lo cual, la Innovación social digital en coherencia con la investigación realizada, se presenta como una forma novedosa de hacer frente a la realidad descrita, apuntando a métodos innovadores que promueven la organización de los elementos sustanciales de la vida de los ciudadanos y que abordan temáticas que van desde la democratización hasta la educación, reinventando el rol que ejercen los integrantes de una población alineándolos con sus necesidades reales de cara a brindar soluciones efectivas.

Justamente, el uso de plataformas colaborativas sustentadas en las TIC permite abordar este tipo de dificultades de índole social, propiciando un proceso de desarrollo y transferencia de conocimiento derivado de la participación directa de los actores involucrados, esto, sustentó el diseño y levantamiento de requerimientos necesarios para la construcción de la aplicación antes mencionada, a partir de los requisitos inherentes a cada tipo de discapacidad y a las vivencias de los miembros de esta comunidad, delimitando que características precisa un lugar para ser catalogado como accesible. Así pues, fue posible identificar elementos que no son contemplados por la legislación o por preceptos teóricos asociados al tema de accesibilidad, pero que para el contexto local son necesarios y tipifican rasgos propios del entorno urbano en Ibagué.

Con la aplicación he tenido la posibilidad de conocer y marcar los sitios que cuentan con los servicios del Centro de Relevos, pues aunque la ley no obliga a los establecimientos a tener un acceso permanente a este servicio de interpretación en línea dispuesto por el Ministerio de las TIC, saber que está disponible para las personas sordas que lo necesitemos en ciertos lugares específicos, es de gran ayuda, puesto que disponer de un intérprete para que esté a nuestro lado todo el tiempo es algo que muchas veces no es viable por cuestiones económicas (persona con discapacidad auditiva, 36 años).

Así, se logró evidenciar cómo a partir del uso colectivo de la aplicación los participantes construyeron y compartieron conocimiento en torno a los puntos accesibles de la ciudad, tal y como se muestra en la siguiente figura:

Esto es una muestra clara de cómo las características intrínsecas de las TIC posibilitan la creación de un conocimiento grupal mediado por aplicaciones móviles (sustentadas en plataformas web), propiciando nuevos medios de participación ciudadana y fortaleciendo el papel de las comunidades menos favorecidas, en donde los ambientes codificados por la “normalidad” son un requisito para poder disfrutar de elementos propios de la ciudad. A continuación, se presentan algunas de las voces de los participantes en torno al uso de la aplicación:

Es frustrante llegar a un local comercial o restaurante y ver que no cuentan con acceso mínimo para personas en situación de discapacidad, cuando marco en la aplicación ese lugar como no accesible siento que estoy haciendo escuchar mi voz de protesta frente a estos establecimientos, espero que sirva para que nuestros gobernantes tomen cartas en el asunto (persona con discapacidad física, 49 años).

La aplicación nos permite construir algo que no ayuda a todos, cuando voy a un sitio cualquiera no solo marco dentro de la aplicación si ese espacio es accesible para mi tipo de discapacidad, también marco las opciones para sordos e invidentes, tengo amigos con esa discapacidad y se que ellos hacen lo mismo por mi (persona con discapacidad física, 24 años).

En este sentido, la inteligencia colectiva es necesaria para que la ISD aborde la complejidad inerte de la vida en sociedad y los desafíos que presenta la ciudad como un espacio de convivencia dignificante y compartido con los otros, donde los problemas relacionados a la accesibilidad e inclusión de las personas en condición de discapacidad requieren de un esfuerzo colectivo, que puede ser extendido digitalmente a través de plataformas basadas en crowdsourcing y mapeo colaborativo, permitiendo un análisis y visualización de datos en tiempo real de aquellas barreras que suponen un impedimento de la ciudad como espacio de desarrollo comunitario.

Siempre suelo ir a mismo cajero automático a sacar dinero, es el único lugar donde sé que puedo entrar en mi silla sin ningún tipo de inconvenientes, pero la aplicación me ha dado la facilidad para encontrar nuevos lugares; siento que la aplicación me permite compartir mis vivencias con otras personas que afrontan los mismos desafíos que yo (persona con discapacidad física, 45 años).

En coherencia con los hallazgos, es preciso resaltar que la complejidad de algunas problemáticas que se presentan en contextos sociales requieren de soluciones innovadoras, edificadas desde y para la comunidad afectada, reconociendo sus rasgos particulares y cómo estos inciden en su desarrollo; de allí, que los procesos orientados a la construcción de conocimiento colectivo, pueden brindar las herramientas para sustentar una solución plausible, especialmente para aquellos problemas propios de la infraestructuraurbana. Es así, como el Crowdsourcing “puede probarse como un método superior para diseñar espacios reales y planificar el entorno construido” (Brabham: 2009, p. 244), instaurándose como un modelo de producción y resolución de problemas basado en la Web, apropiado para abordar problemáticas que involucren a grandes grupos poblacionales, que para el caso de la población participante en el proyecto hizo alusión a las barreras de acceso físicas, logrando establecer parámetros de idoneidad frente al diseño y usabilidad de las adaptaciones en el entorno.

Muchos establecimientos comerciales cuentan con “rampas de acceso” pero el nivel de inclinación de estas es exagerado, lo que hace imposible subirlas sin la ayuda de un tercero. Con el uso de la aplicación podemos determinar las medidas adecuadas y estaríamos así mismo ayudando para que se tomen los correctivos necesarios por parte de los establecimientos (persona con discapacidad física, 51 años).

En consonancia con lo planteado, el conocimiento colectivo gestado a partir de la participación de cada uno de los integrantes de la comunidad en condición de discapacidad durante el desarrollo del proyecto, permitió esbozar un panorama no muy alentador; la ciudad de Ibagué cuenta con pocos espacios públicos y privados realmente accesibles, pues la dificultad propia para movilizarse y acceder a bienes o servicios, limita el desarrollo autónomo del sujeto el cual queda relegado espacialmente, situación que lo hace depender de un tercero, restringiendo la ciudad como marco de construcción relacional entre el individuo y su entorno.

CONCLUSIONES

La experiencia cotidiana del sujeto en situación de discapacidad física y sensorial en torno a la construcción del derecho a la ciudad evidencia cómo el territorio en tanto espacio habitado e ideal para el ejercicio de los derechos humanos, no garantiza en términos de igualdad la posibilidad de (re)producir prácticas, interacciones y proceso de inclusión reales para la población en mención. En tal sentido, el discurso formal que da cuenta de la narrativa del derecho a la ciudad, tendiente a brindar al sujeto una condición como miembro activo en la sociedad desde su rol de ciudadano, se convierte en una vivencia limitada que diluida por las barreras de movilidad y accesibilidad exhibe la injusticia espacial y la desigualdad a la que está condicionada la persona con discapacidad.

Dicha vivencia, da cuenta entonces de cómo la complejidad actual de la sociedad y la urbe inculcan una concepción capacitista del cuerpo legitimando unas prácticas y unos espacios en virtud de lo que históricamente se ha considero normal. En estos términos la persona con discapacidad se inserta en un contexto que, heredado, le niega el derecho a la ciudad como posibilidad de goce y que en cambio erige sobre él la exclusión como un proceso que apelando a connotaciones negativas refleja la injusticia, el estigma y la inaccesibilidad que cotidianamente experimenta el sujeto.

Así, el proceso desarrollado contribuyó a una comprensión de la ciudad como espacio vivo y cambiante,el cual ha sido concebido como territorio urbano y escenario de interacción social, que de manera concurrente ha sido excluyente para las personas en situación de discapacidad física y sensorial, y que se busca resignificar a través de las voces de los participantes, disminuyendo las injusticias socio espaciales a través de una distribución equitativa del entorno, los recursos y las posibilidades, garantizando un fácil tránsito por los espacios vitales de la ciudad.

La ciudad debe ser entonces, objeto de un proceso constante de transformaciones sobre las cuales se poseen los desafíos y retos que propendan la eliminación de las barreras que se yerguen en materia física, social y tecnológica, constituyéndose en el telón de fondo sobre el cual en los procesos de reconocimiento de las problemáticas sentidas por las comunidades minoritarias y en la generación de alternativas de solución, sea la población afectada la que promueva acciones desde abajo, gestando iniciativas de empoderamiento y cambio socioespacial.

Frente a ese panorama, es adecuado cuestionar los métodos tradicionales (de arriba hacia abajo) orientados a la solución de problemáticas sociales, puesto que se logra evidenciar cómo el enfoque de abajo hacia arriba centrado en los ciudadanos, facilita la toma de decisiones democráticas mediante el uso de plataformas digitales que fomentan la práctica de esfuerzos colaborativos, para el caso particular del proceso desarrollado, empleando el potencial del crowdsourcing como un instrumento viable para comprometer y empoderar a los actores inmersos dentro de las problemáticas, proporcionando “voz” a aquellos sectores relegados.

Por lo tanto, la construcción social sustentada en el mapeo colaborativo deja entrever el potencial de este tipo de iniciativas, que pueden no solo ejercer presión a los entes gubernamentales de cara a hacer cumplir con los lineamientos establecidos por ley respecto a la accesibilidad e infraestructura adecuada en la ciudad, sino como un medio abierto y constantemente alimentado por los usuarios, a partir de los puntos georreferenciados, que se identifican a través de la propia experiencia y por tanto vivencia en cada espacio urbano.

Es así, como desde la innovación social digital se pueden establecer plataformas colaborativas desde y para las necesidades de los usuarios inmersos en aquellos problemas sociales más acuciantes, dando espacio a nuevas formas de inteligencia colectiva y aumentando la participación ciudadana como medio de integración democrática, donde la formulación participativa de políticas debe comenzar con el compromiso de aquellos que probablemente se verán afectados por las decisiones finales.

BIODATA

Andrea del Pilar ARENAS: Psicóloga de la Universidad de Ibagué. Especialista en Gerencia de Servicios de Salud egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Magister en Intervención Social en las Sociedades del Conocimiento de la Universidad Internacional de la Rioja. Docente e investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Colombia, vinculada al grupo de investigación Desarrollo Sociocultural Afecto y Cognición y líder del semillero Discapacidad Afecto y Cognición. Asesora de proyectos de investigación en los niveles de pregrado y posgrado.

Gloria Esperanza CASTELLANOS-GARCÍA: Psicóloga de la Universidad de Manizales. Especialista en Gerencia de Recursos Humanos y Desarrollo Organizacional, egresada de la Universidad del Tolima. Magister en Educación y Desarrollo Humano de la Universidad de Manizales convenio CINDE. Docente e investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Colombia, vinculada al grupo de investigación Desarrollo Sociocultural Afecto y Cognición y líder del semillero Integralidad Sociofamiliar - ISOFA. Asesora de proyectos de investigación en los niveles de pregrado y posgrado.

Juan Manuel ALDANA-PORRAS: Ingeniero de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Especialista en Seguridad Informática - UNAD. Magíster en Inteligencia Artificial de la Universidad Internacional de la Rioja. Docente e investigadora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD Colombia, vinculado al grupo de investigación GIDESTEC e integrante del CODESIS. Asesor de proyectos de investigación en pregrado.

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