INTRODUCCIÓN

La migración indígena y sus eventualidades es una estrategia aprovechada para el despojo territorial fisiográfico, y para la alienación de la corporalidad individual y colectiva de las mujeres indígenas. Este artículo presenta como fuente de trabajo de campo, la tesis: “Disputa territorial y reconfiguración de las dinámicas sociales en los márgenes del Estado. Implementación de políticas ambientales, de desarrollo y de seguridad en el municipio de Ocosingo”, autora: Ángela María Velásquez Velásquez para optar al título de Doctora en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana de México, generación (2013-2016)[1]. Desde este estudio se realizó un acercamiento etnográfico, durante año y medio a población tzeltal ubicada en el municipio de Ocosingo. Tiempo en el cual se compartió con promotoras y promotores de derechos humanos a partir de talleres, entrevistas y observación participante.

En este proceso se recuperaron relatos, experiencias y prácticas en torno a la migración indígena y a la incidencia de dicha migración en los territorios y en la vida de las mujeres. La etnografía supuso en este estudio, “una estrategia de investigación que busca una comprensión densa y contextual de un escenario concreto, desde lo cual se pueden establecer conexiones y conceptualizaciones con otras realidades” (Restrepo: 2018, p. 26). Al respecto, Ocosingo es un municipio fronterizo que tiene unas condiciones similares a territorios indígenas de Brasil. Pues como plantea Rita Segato (2014), son regiones fronterizas con alta presencia militar, afectadas por el tráfico de drogas y la circulación de traficantes; localizadas en zonas de protección ambiental, que se sobreponen, muchas veces, a territorios comunitarios y ancestrales; con atractivos turísticos importantes, emprendimientos hoteleros y estrategias de expansión del agro-negocio. Regiones próximas a yacimientos de minerales, e hidrocarburos, cercanos a rutas nacionales y estatales, en los que se construyen o planean hidroeléctricas. Localizadas en ciudades en expansión que concentran población indígena, mientras poblados cercanos a la montaña son desaldeados (Segato: 2014, p. 596-597).

Lugares con estas características, han permanecido por décadas en las “márgenes del Estado”, al ser “espacios de desorden, sitios en los que el Estado no ha podido instaurar el orden” (Veena Das y Deborah Poole: 2008, p. 22), o no ha tenido interés en hacerlo, lo cual se manifiesta en el abandono estatal y en una presencia ambigua e irregular del Estado en el territorio. Como plantea Villafuerte Solís, al retomar datos del Coneval del año 2012, el estado de Chiapas es la entidad federativa del país en la que cerca del 75% de su población vive en condiciones de pobreza, siendo Ocosingo uno de los municipios con más del 90% de su población en condiciones de pobreza y casi el 50% en pobreza extrema (2015, p. 16-17).

A pesar del rezago socioeconómico en el que se encuentra el municipio de Ocosingo, con la expansión del frente estatal- empresarial se le considera en la actualidad como un lugar de desarrollo de vital importancia para la economía global y nacional por su riqueza hidrológica y por ser una de las zonas más biodiversas de México. Ocosingo hace parte de la región socioeconómica XII Selva Lacandona, integrada por dos municipios localizados en la parte este del estado: Altamirano y Ocosingo, región que se proyecta, según el Programa Regional de Desarrollo 2013-2018, con una “importancia ecológica, arqueológica y cultural, ejemplo de innovación socio ambiental y productiva. […]” (Gobierno del Estado de Chiapas: 2013, p. 14).

En esta nueva geografía de la extracción de recursos, como plantea Mbembe (2011), nace “una forma inédita de gubernamentabilidad que consiste en la gestión de multitudes” (p. 62). Es decir, que emerge por parte del sistema económico global la necesidad de ordenar el uso de los recursos del campo, lo cual implica la separación del campesinado de la tierra que actualmente habita, la concentración de personas en pequeñas aldeas, la enajenación de sus tierras y la explotación de éstas por grandes empresas (Zunino y Pickard: 2009). De esta manera se busca homogeneizar perspectivas frente a un tipo de ordenamiento rural y urbano, y en torno a una sola lógica de administración de los recursos ambientales.

Frente a lo anterior, hay que considerar que “dentro de los territorios indígenas[2], el tipo de propiedad predominante es social, ejidal y comunal, y sólo en tercer lugar se encuentra la propiedad privada” (Velásquez: 2020, p. 238). Aspecto por el cual, la población indígena llega a ser incómoda para la implementación, por parte del frente estatal y empresarial, de procesos de ordenamiento y desarrollo mercantilista que permitan introducir las tierras de esta población al mercado ambiental global (Velásquez: 2019).

En este escenario, se configura Ocosingo como una ciudad o centro estratégico de desarrollo (Gobierno del Estado de Chiapas: 2012, p. 67), que funge como un sitio de paso y asentamiento de población migrante centroamericana e indígena local desplazada de sus localidades, que llega a la ciudad para buscar mejores oportunidades económicas y de vida.

En estas dinámicas de movilidad, la población indígena tiene que lidiar con la violencia en sus diferentes dimensiones: estructural, simbólica, política, cotidiana y de género. Tipos de violencia, que como dice Cecilia Menjívar, se enfrentan y se viven de manera diferente de acuerdo a las experiencias cotidianas de quienes las padecen, conforme a la clase social, al género “hombre o mujer”, a la raza y etnia. Lo cual lleva a su vez, a otras formas de violencia asociadas con el racismo, la misoginia, el clasismo, la pérdida de seguridad, y hasta el abuso sicológico y despersonalización del cuerpo en el caso de las mujeres (Menjívar: 2011; 2006); (Escobar: 2011).

Para dar cuenta de las aristas nombradas, el artículo se organiza en cuatro apartados, en el primero se habla de la migración indígena como estrategia de despojo territorial; en el segundo se plantea que la migración indígena es un problema que afecta de manera diferenciada a hombres y mujeres. En el tercer apartado se establece la relación que existe entre la migración indígena local y la violencia familiar hacia la mujer en contextos comunitarios. En el cuarto apartado, se exponen algunas situaciones que muestran cómo la economía capitalista global, después del despojo territorial, ejerce también una progresiva alienación del cuerpo y de la sexualidad de la mujer indígena en condición de desplazamiento y migración.

LA MIGRACIÓN INDÍGENA COMO ESTRATEGIA DE DESPOJO TERRITORIAL EN OCOSINGO-MÉXICO

La movilidad de la población indígena no es una situación nueva, al contrario, ha sido una constante en la vida de las comunidades. Antes la población indígena transitaba de una finca a otra, y se adentraba en la Selva para trabajar en las haciendas. Luego se empezó a desplazar en busca de trabajo hacia estados cercanos como Cancún, Playa del Carmen, Quintana Roo, desde donde podía ir y volver a sus comunidades. Luego, se expanden los desplazamientos hacia Estados Unidos, con mayores retos y peligros para la población indígena.

En este sentido, los pueblos indígenas en América Latina, han estado inmersos en procesos históricos, sociales y políticos atravesados por el despojo, una situación que viene desde la época de la conquista, en la cual se establecieron “prácticas discriminatorias persistentes hasta el presente e implicaron un despojo sistemático de sus territorios, con graves consecuencias para su bienestar” (CEPAL, 2014, p. 5). Al respecto, el sociólogo Gonzales Casanova plantea que la explotación indígena siguió teniendo las mismas características después de las independencias en los países latinoamericanos, (2006, p. 186), incluso, en las democracias mexicanas hay discriminaciones entre indígenas y ladinos (2015); por ello denunció la situación de los indígenas en México a mediados de los 70” y 80” y las prácticas discriminatorias a través de las formas de colonialismo interno: monopolio y dependencia, relaciones de producción y discriminación y cultura y niveles de vida-(bajos) (2006, p. 200).

Parte de las investigaciones sociales se han dirigido a presentar el fenómeno de la migración y su relación con el despojo territorial en América Latina como una estrategia del neoliberalismo para la apropiación de los recursos naturales y su posterior explotación. Así, la violencia dentro de los territorios genera expulsión de indígenas y campesinos y propician procesos de acumulación por desposesión desde diferentes modos de operación que quitan y desproveen a las personas de sus recursos para entregárselos al mercado capitalista (Hacasanorvey, 2004); en dichos procesos contribuyen las políticas de los estados que “han aprobado reformas estructurales que legalizan el despojo de los recursos naturales” (Valladares de la Cruz, 2014, p. 298).

Otros estudios ven los procesos migratorios como consecuencia de las desigualdades sociales, e identifican que el escenario demográfico en los países latinoamericanos se encuentra en oposición al desarrollo económico de los países del norte, donde la migración entraría a equilibrar los salarios y la vida de los migrantes, esto desde un punto de vista de las bondades de migrar, que dentro del punto de vista teórico-práctico aún no han sido resueltas (Pellegrino: 1995).

Las anteriores investigaciones, al igual que el estudio etnográfico realizado del 2013 al 2015 por Velásquez (2014), concuerdan en plantear que la principal causa para migrar, es la pobreza y el despojo territorial. Como lo expone el grupo de promotores y promotoras tzeltales de derechos humanos de Las Cañadas de Ocosingo, se migra “[…] por falta de alimentos, por enfermedad de algún familiar, para buscar mejores oportunidades de vida y de trabajo. Otras veces es por conflictos políticos, agrarios, por las guerras y desalojos” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014).

Esta viñeta etnográfica da cuenta de la violencia estructural que vive la población indígena en el municipio de Ocosingo. Farmer, siguiendo a Galtung (1969), plantea que la violencia estructural es aquella “ejercida de forma sistemática –eso es indirectamente-, por todos los que pertenecen a un determinado orden social”. Este tipo de violencia constituye una maquinaria social resultado de muchas opresiones, en las que predominan estructuras caracterizadas por la pobreza y la desigualdad social, incluyendo el racismo y la desigualdad de género (Farmer: 2004, 307).

La pobreza y el abandono estatal como violencia estructural, es reconocida en la siguiente expresión: “la gente no tiene que salir de sus fronteras para vivir la exclusión, la discriminación y sentirse ajena en su propio territorio” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014). Así lo reafirma Jairo, tzeltal de 40 años, cuando plantea la situación de abandono en la que se encuentra el ejido Santa Rosa al cual pertenece:

Yo soy del ejido Santa Rosa fundado en 1962. El ejido tiene una superficie de 1392 hectáreas, aquí la calidad de la tierra es de temporal, pues la mayor parte son cerros altos. Son pocas las partes donde se puede trabajar la milpa y sembrar café y el potrero sólo se tiene donde existen arroyos y son pocas las personas que obtuvieron terrenos de esa calidad. Aquí cultivamos la milpa, tenemos ganadería y café de altura, pero principalmente lo vendemos a un coyote. La producción en las comunidades es mal pagada, los precios son impuestos por los coyotes, no hay empleos con salario justo, los gobiernos no toman en cuenta las necesidades de las comunidades indígenas, solo se aprovechan de ellas para lograr sus intereses. No hay apoyo de parte del gobierno para el desarrollo comunitario, se aumenta la migración para buscar las necesidades básicas de la familia, no se cuenta con mejores servicios, no hay agua potable, drenaje, aunque los demás servicios ya existen, pero están en malas condiciones, no hay una política pública que ayude a mejorar la calidad de la vida comunitaria (Entrevista a Jairo, del ejido Santa Rosa, municipio de Ocosingo, 2014).

Así pues, en muchos casos la población ha tenido que vender sus tierras para pagar a los polleros o coyotes –intermediarios-, o las deudas que adquieren para poder migrar, las cuales se adquieren con “casas de empeño, bancos, prestamistas, y con intereses altos, hasta del 10% al 20% mensual, con lo cual se llega a poner en riesgo la tierra” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2015). En este sentido, la migración y sus eventualidades es aprovechada para mercantilizar la tierra de la población indígena, quien al migrar pone en riesgo sus propiedades al tenerlas que vender a bajos costos o endeudarse “para salir de apuros, costear el viaje, reestablecerse”, hechos que favorecen una rápida integración de la tierra al mercado global.

Otra situación que se presenta tras la migración indígena, como plantea Galtung (1990), es la segmentación, la marginación y la fragmentación de las poblaciones, debido a la violencia estructural que impide la formación de la conciencia y la movilización contra la explotación y la represión (p. 294). En este sentido un Promotor de Derechos Humanos plantea que la situación comunitaria es devastadora en muchos poblados de la Región Pueblos indígenas de Las Cañadas de San Quintín, pues “con la migración disminuye la participación en las asambleas, las cooperaciones, el trabajo comunitario y aumenta la venta de tierras para que la gente pueda emigrar en busca de cubrir las necesidades básicas de la familia” (Entrevista a Manuel, Promotor de Derechos Humanos de la Región Pueblos Indígenas de Las Cañadas de San Quintín, 2014).

MIGRACIÓN Y AFECTACIÓN DIFERENCIADA PARA HOMBRES Y MUJERES INDÍGENAS DE OCOSINGO

Cuando Gonzalo Casanova advierte sobre la exclusión social de los pueblos indígenas, identifica también la negación que se hace desde la teoría al no visibilizar formas de categorización propias en razón del género “trabajadoras indígenas” “niñas indígenas” “mujeres indígenas” (1998, p. 3), lo que obstaculiza el estudio y la identificación de las particularidades y afectaciones concretas cuando experimentan desempleo, discriminación, violación, entre otras situaciones (2015). Por lo tanto, categorizar y analizar la violencia desde la perspectiva de género entre migrantes indígenas, implica pensar estos contextos a partir de experiencias cotidianas concretas. Al respecto existen varios estudios que han abordado la migración en mujeres, pero son pocos los que han centrado el interés en las mujeres indígenas que sufren la migración fuera de su territorio o que, aun permaneciendo en él, son expuestas a situaciones de violencia de género, despojo de sus tierra y expropiación y enajenación hasta de sus propios cuerpos.

Entre los estudios que relacionan migración y violencia contra la mujer están: el estudio de Darvihspour: (2003), el cual habla de las relaciones cambiantes de poder dentro de las familias iraníes en Suecia y la intensificación de los conflictos familiares después de la inmigración. El estudio de Erez, Adelman y Gregory (2009), frente a la violencia doméstica en mujeres inmigrantes. La investigación de Kribia (1990), que habla de poder, patriarcado y conflicto de género en la comunidad inmigrante vietnamita. La publicación de Menjívar y Salcido (2002), sobre mujeres migrantes y violencia doméstica: experiencias comunes en diferentes países. El texto de Tapia Ladino (2011), que trata de las condiciones que propician o inhiben la violencia de género en un contexto migratorio. La investigación de Lara Flores (2003), sobre la forma en que mujeres indígenas mexicanas se incorporan al trabajo agrícola. El estudio de Willers (2016), que expone cómo se vive el proceso de migración de las mujeres centroamericana a México. El estudio de Safa (1978), que hace un análisis de la situación de la mujer latinoamericana emigrante en Nueva York.

Los argumentos planteados desde los estudios mencionados, al igual que los planteamientos expuestos desde la experiencia de promotoras y promotores indígenas de derechos humanos, concuerdan en plantear que la migración de población indígena local es “un problema, que, aunque afecta a hombres y mujeres, lo hace de diferente manera. No es igual la experiencia de la mujer que se queda en la comunidad, a la experiencia de la mujer que migra” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2015).

En este sentido, son diferentes las motivaciones que la mujer indígena tiene para migrar, entre ellas se resalta: “la expulsión de la comunidad, la violencia y maltrato físico hacia ellas por parte de familiares y a causa del conflicto armado” (Velásquez: Encuentro de Mujeres- Ocosingo, 2014). Se sale también “para buscar algo propio, por la falta de reconocimiento sobre su derecho a la propiedad de la tierra. Pues en la mayoría de los casos no llegan a ser propietarias de la tierra, así que cuando se casan, generalmente, deben salir de su comunidad e irse a vivir a la comunidad de los esposos, y en caso de divorcio, o cuando el hombre consigue otra mujer, son obligadas a salir de la comunidad del hombre” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2015).

El despojo a la mujer de la tierra, es asociado por ellas como una estrategia de despojo legal relacionada con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede) y el Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar –FANAR- (Velásquez, 2019). Como plantea Chavelita de 65 años, tzeltal de una comunidad de Ocosingo, “hace años vino el Procede y mucha gente de la comunidad aceptó Procede, la mayoría de hombres aceptaron, nosotras no fuimos tenidas en cuenta, y nos quedamos en la casa, los hombres firmaron” (Velásquez: Encuentro de Mujeres Ocosingo, 2014). Lo que se evidencia, es que, tras la necesidad de demarcar, cercar, delimitar la propiedad, la mujer indígena y campesina es la más afectada. Pues al priorizarse la tenencia individual de la tierra, antes que la cotitularidad, lo que se suscita es la desposesión y por ende la exclusión y la subordinación total de las mujeres.

Para comprender mejor este tipo de situaciones, se debe tener en cuenta las modificaciones al contenido de la ley agraria. Por ejemplo, en la ley de 1917 se reconocía que el disfrute de la propiedad social y la titularidad de la parcela era familiar y se incluía a la mujer. Sin embargo, esta disposición fue modificada con las reformas de 1984 y 1992, en las que se plantea la certificación individual de las parcelas que deciden aceptar el Procede, donde se nombra como heredero sólo a una persona, dejándose de lado el tema de la posesión y usufructo familiar. Así, se modifica el artículo que establecía obligadamente una línea sucesoria de la tierra que daba preferencia a la viuda.

De tal manera que con la aplicación de la titulación parcelaria y de solares, se profundizó la situación de desigualdad, inseguridad y discriminación de las mujeres campesinas, al dejar la sucesión de la parcela, a la libre decisión del titular –hombre- sucesión que tradicionalmente por ‘usos y costumbres’ se da directamente al primogénito masculino” (García y Mendoza: 2006, p. 59).

En relación a la propiedad social de la tierra en Chiapas, en el Censo Agropecuario 2007-2012, se presenta que de los 351 933 ejidatarios y comuneros que existen en la entidad, 86.4% son hombres y 13.6% mujeres (Ayuntamiento Municipal de Ocosingo: 2012-2015, p. 106). Desproporción que se agudiza con la implementación del Fanar. Al respecto, el Centro de Derechos de la Mujer, a partir de 2008, ha documentado

[…] más de 100 casos de despojo de tierras a mujeres, en la tercera parte de ellos el conflicto se da entre la madre viuda o abandonada, con alguno de los hijos que el Procede o bien el abuelo paterno, dueño original de la tierra, lo reconocen como legítimo heredero. Hay casos en el que se les disputa a las mujeres no sólo la tierra de cultivo, sino hasta la casa donde viven con el resto de la familia (Olivera, et al: 2014. p. 185-186).

Esta situación de exclusión se exacerba con la migración del hombre, pues al quedar sola la mujer, ella enfrenta la necesidad de vender o “rentar” las tierras para garantizar los alimentos, pagar las deudas que quedan después de la migración o para el traslado de los miembros de la familia (Velásquez: Taller de migración Ocosingo, 2014). Oliveira, en este mismo sentido, complementa que el aumento de los despojos a mujeres, se corresponde con un incremento significativo de la migración, y plantea que

Las mujeres que mayormente han sido despojadas de su solar o parcela son las casadas con hijos, en 41% por parte de la pareja que ha migrado, la asamblea o los hermanos; le siguen en 19% las separadas con hijos, despojadas por la ex pareja y los suegros. Lo anterior evidencia que al no tener las mujeres las titularidades de la tierra pueden ser fácilmente despojadas, ya que ésta en los hechos no se considera patrimonio familiar, sino propiedad del hombre. Con base en el análisis de los casos, los despojos provienen en 12% de la ex pareja, 11% de las autoridades, 11% de los hermanos, 10% de los hijos, 9% de la asamblea, 8% de la pareja y los suegros (Olivera: 2014, p. 283-284).

Por ejemplo, una mujer del Ejido Bascán del municipio Salto de Agua comenta que la tierra le quedó a su hermano mayor, el cual vendió cuatro hectáreas “por problemas suyos”, quedando 9 hectáreas. “Esto lo hizo él sin que mi mamá lo supiera […] y sin tomarnos en cuenta como hermanas”. Otro problema que resalta esta mujer, es que “los hombres beben mucho y las mujeres quedan sin protección y también los hijos chicos, porque ya no van a tener tierras” (García y Mendoza: 2006. p. 56).

MIGRACIÓN INDÍGENA LOCAL Y VIOLENCIA FAMILIAR HACIA LA MUJER EN CONTEXTOS COMUNITARIOS

El tema de la violencia familiar que acompaña a la migración indígena local fue otro aspecto resaltado, en especial se toca lo relacionado con los problemas, peligros y amenazas experimentados por los familiares que se quedan en la comunidad. Es el caso de las mujeres indígenas que se quedan en las comunidades tras la migración de los hombres y se ven expuestas a situaciones de violencia por parte de los suegros, quienes no les permiten acceder a los recursos que envían los hombres, las agreden, y las despojan de las tierras. De tal manera que la violencia “cambia de forma, pero no se acaba” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014). Súmese la discriminación y las críticas que la mujer recibe al ser juzgada culpable de la migración del esposo (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014). No obstante, el regreso de los esposos no significa una disminución de la violencia hacia la mujer, sino que muchas veces ésta tiende a acrecentarse debido a prácticas de consumo de alcohol y droga, lo cual aumenta los problemas familiares y comunitarios” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014).

Un hecho en particular que preocupa a las mujeres con el regreso de sus esposos, es el riesgo que tienen de ser “contagiadas con enfermedades de transmisión sexual”. En el taller se enfatiza por parte de los promotores de derechos humanos, la necesidad de establecer medidas de salud y de sensibilización al migrante para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual a la familia. Al respecto Olivera Bustamante plantea que

[…] debido a su condición de género, a la marginación, a la pobreza, a la enajenación de su cuerpo y a la falta de información, las mujeres indígenas son muy vulnerables a contraer y padecer por largos periodos las enfermedades relacionadas con el sexo, una situación que se agrava por la vergüenza y la norma cristiana asumida por las mujeres de que no deben mostrar su cuerpo. Por la posición subordinada de las mujeres, entre otras causas, la incidencia de estas enfermedades es muy alta y con mucha frecuencia sólo se tratan con remedios caseros que no siempre funcionan. Siendo infecciones, cuya proliferación se asocia a la movilidad migratoria de los hombres y al contagio por las relaciones indiscriminadas y sin protección con sexoservidoras, que han proliferado por la presencia del ejército, el aumento del turismo y la migración (Olivera Bustamante, 2014: 169).

Por otra parte, se resalta también el caso de las mujeres “que se quedan sin el jefe de la familia”, y les toca asumir a ellas solas la responsabilidad de los hijos, las tareas del campo y los compromisos comunitarios. Situaciones que, desde la perspectiva de las mujeres y hombres promotores de derechos humanos, sobrecarga de trabajo a la mujer. Por lo que muchas veces hay ausencia de ella en los trabajos colectivos, lo que acarrea multas, endeudamiento, chisme, expulsión, privación del derecho a la tierra; crítica y descalificación de la familia. Por otra parte, son pocos los casos en los que hay un pleno reconocimiento de la mujer como suplente del esposo para participar en las asambleas ejidales con derecho a voz y voto. Este es un tema de reconocimiento de los derechos de la familia sobre el que no se ha avanzado dentro de los reglamentos internos comunitarios (Velásquez: Taller de migración Ocosingo: junio de 2009).

Son pues, ambivalentes las implicaciones que la migración tiene al interior de las comunidades según las mujeres y hombres indígenas participantes en los talleres. Por una parte, hacen explícita la discriminación hacia la persona que regresa, a la vez que manifiestan que muchas veces el hombre regresa “como delincuente, sin sentir respeto hacia las autoridades, incumpliendo con los servicios en la comunidad” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014). Las promotoras y promotores participantes en los talleres expresan que generalmente cuando el migrante regresa a su comunidad enfrenta discriminación, rechazo, críticas y burlas debido a la desconfianza ante su presencia y por la percepción de que

(…) el migrante al regresar, cambia sus rasgos culturales, olvida la cultura indígena y las costumbres, pierde identidad, hay quienes llegan a vender cerveza, trago, consumen y venden droga. A veces no se adaptan al ritmo de trabajo de las comunidades, ya no cumplen con las cooperaciones y con las labores tradicionales y se dice que llegan sin dinero, formando banda de asalto. De las mujeres se comenta que muchas veces regresan embarazadas o con hijos -madres solteras-(Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014).

Por otra parte, hay casos en los que las autoridades comunitarias le han quitado el derecho a la tierra al migrante y por ende a su familia. Otras veces no son respetados y tenidos en cuenta y presentan dificultad para ser aceptados y reconocidos en la comunidad, desconociéndose los derechos y obligaciones que tienen.

CUERPO FEMENINO: AGRESIÓN Y DESPOSESIÓN

En los tránsitos migratorios, los cuerpos de las mujeres indígenas son tratados como mercancías para satisfacer un modelo neoliberal que requiere “contar con cuerpos desterritorializados, disponibles a tiempo completo, moldeables y potencialmente desechables” (Barraza García: 2015, p. 46), para el fortalecimiento de la economía capitalista global. Al respecto, las mujeres indígenas participantes en los talleres, resaltan la discriminación que enfrentan cuando no hay un reconocimiento de derechos ni prestaciones al trabajar en el sector de la informalidad, como “empleadas domésticas, vendedoras de artesanías y dulces; camareras o meseras, en el campo haciendo trabajo de hombres, cocineras, aseadoras, en la maquila costurando, en los cuales no hay un reconocimiento de derechos ni prestaciones” (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014). Hablan también del exceso de tiempo que pasan trabajando para pagar la comida, la dormida y para mandar algo de dinero a su familia. Y aunque muchas quieren regresar a sus comunidades, no tienen dinero para hacerlo (Velásquez: Taller migración Ocosingo, 2014).

Otra situación a la que se ve expuesta la mujer indígena despojada de su territorio, es a la trata de mujeres. Al respecto dice un promotor de derechos humanos, “acá en Ocosingo hay ligas, son como bandas que controlan a las mujeres, las pueden manejar mestizos, pueden ser de las comunidades, puede ser la policía” (Velásquez: Entrevista a promotor de derechos humanos -Ocosingo, 2014). Este tipo de marginación y vulnerabilidad, nos habla de que la mujer indígena no tiene que salir necesariamente a otros estados o países para ser expuestas a condiciones de extrema violencia. Al respecto, Rita Segato (2014) habla de formas particulares de agresión y desposesión hacia las mujeres en regiones fronterizas como Ocosingo, donde la subjetividad y corporalidad de la mujer cambian de significado y pasan a ser agredidas y apropiadas de forma nueva (p. 597).

Es el caso de muchas mujeres centroamericanas y mujeres indígenas desplazadas que confluyen en la ciudad de Ocosingo, que, aunque sus contextos de procedencia pueden parecer diferentes, hay situaciones que cruzan sus vidas y las entretejen, como la pérdida de la tierra, el desplazamiento en búsqueda de mejores oportunidades de vida, la explotación y violencia sexual, la prostitución, la trata de mujeres, las enfermedades venéreas, entre otras problemáticas que permean la vida de estas mujeres asentadas o en tránsito en la ciudad.

Un ejemplo al respecto es la captación de mujeres indígenas para la prostitución en la ciudad. Campo en el que confluyen, intervienen y se desarrollan fuerzas que luchan por el monopolio o conservación del capital que representa la mujer indígena desplazada o migrante centroamericana. De ahí que no sea extraño que políticos, funcionarios públicos, promotores de derechos, líderes comunitarios, trabajadores de la salud, maestros, y como plantea Jesús Ramírez Cuevas en el año 1998, hasta los mismos familiares o personas cercanas -padres, esposos, hermanos, tíos, amantes- sean quienes cosifican y apropian los cuerpos de las mujeres. Así, en ese entonces “en zonas donde no hay dinero, el cuerpo de las hijas se convierte en valor de cambio para el sostén de la familia, más rentable que el maíz o que el café” (Ramírez Cuevas: 1998).

En la actualidad esta realidad no ha cambiado. Gaspar Morquecho en una entrevista realizada a una abogada de PAIMEF expone que hay padres que entregan a sus hijas

[…] entre los 13 y 16 años a militares por la cantidad de 20 mil hasta 30 mil pesos, para que sean sus mujeres por uno, dos o tres años. Estos, principalmente en zonas donde hay cuarteles militares dentro de territorios indígenas -Pantelhó, Chenalhó, Ocosingo-. Mientras los militares están acuartelados tienen su mujer, tienen hijos, ellas les “sirven” en las tareas domésticas, cuando les dan su cambio, las regresan al padre. El padre las vuelve a entregar a otro militar por una cantidad menor, porque como ya tuvo otro hombre antes y ya tiene hijo, ya no vale igual (Morquecho: 2015).

Lo anterior para decir, que a medida que avanza la desposesión de los pueblos a raíz del nuevo orden capitalista en constante expansión, emergen distintas modalidades de violencia, vulneración de la vida y del bienestar de las mujeres. Dicha desposesión hacia las mujeres indígenas, ya no es sólo territorial, sino que es una alienación y desposesión progresiva del cuerpo y de la sexualidad. (Segato: 2014, p. 603). O como plantea Marichiwew (2019), es la cosificación del cuerpo ancestral, el cuerpo mental, el cuerpo físico y el cuerpo emocional (párr. 4). En 1998, Ramírez Cuevas planteaba que, en municipios como Ocosingo, Yajalón, Tumbalá y Sabanilla, producen una economía distorsionada en la que

[…] la antigua esclavitud y el derecho de pernada de las fincas y ranchos se repite en nuevos escenarios y con otros personajes, pero el principio es el mismo: el abuso y lenocinio de mujeres que sobreviven trabajando como sexoservidoras en las ciudades y pueblos o las que son vendidas en las comunidades a cambio de unos pesos” (Ramírez Cuevas: 1998).

En la actualidad, estos municipios son considerados como focos rojos en cuanto a la trata de personas, al respecto uno de los directivos de la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas –Remui- plantea que “el 70 por ciento de las víctimas de trata en la entidad son de origen indígena, y por cada denuncia hay cinco personas que no se atreven a dar parte a las autoridades por temor a sufrir represalias o porque consideran que no darán valor a su testimonio” (Grajales: 2013). Además de que “ni siquiera hay traductores de su lengua, y las campañas que ponen en marcha sólo están disponibles en español” (Grajales: 2013). El investigador de Remui, explica, además, que

El 69 por ciento de las víctimas de trata de personas en Chiapas son prostituidas; el 28 por ciento son explotadas laboralmente; y a los tres restantes, les son extraídos los órganos, aseguró la Red de Mujeres Indígenas Mexicanas –Remui-. Las principales víctimas de este fenómeno, destacó, son mujeres y hombres de los municipios indígenas, que bajo engaños son reclutados por la delincuencia organizada para llevarlos a otras entidades y países, con la protección de autoridades corruptas (Grajales: 2013).

Un caso en este sentido, fue informado en un medio local, en marzo de 2013. Ocurrió en Ocosingo, ejido Santo Domingo, donde detienen a tres personas por trata de personas, corrupción de menores, lenocinio, y venta clandestina de licor. En este operativo, elementos de la Marina, Procuraduría General de Justicia del Estado, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Secretaría de Salud, en coordinación con la Fiscalía Especializada en delitos contra migrantes, rescatan a cinco menores de edad entre los 15 y 17 años como empleadas del lugar, originarias de los ejidos Palestina y Limonar, del municipio de Ocosingo, quienes servían y consumían bebidas embriagantes con los clientes (Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; Gobierno del Estado de Chiapas: 2013).

A pesar de esta recurrencia, hay comunidades que logran revertir la instauración de este tipo de dinámicas al interior de sus comunidades, al respecto un líder de la comunidad San José, ubicada a 120 kilómetros de la cabecera municipal de Ocosingo –cuatro horas en carro- menciona que en su comunidad se estaban presentando muchas denuncias de mujeres por abuso, a raíz del alcoholismo y la drogadicción, debido a que en la comunidad se venía vendiendo cerveza y otro tipo de bebidas embriagantes, hasta droga. La comunidad se organiza y dice que “ya no quería trago porque el hombre se gasta su dinero y cuando llega a la casa sin dinero la mujer reclama y ahí es cuando empiezan los abusos y los golpes, contra la mujer”. La comunidad se pone de acuerdo y se levanta un acta “firmada por todos, en la que se plantea que quien venda alcohol debe pagar multa la primera vez, pero en caso de que incurra, a la tercera puede ser expulsado de la comunidad” (Velásquez: Entrevista a líder de la comunidad San José -Ocosingo, 2015).

CONCLUSIONES

Las experiencias de mujeres y hombres indígenas del municipio de Ocosingo-México generadas entre el 2013 a 2015, y narradas en el presente artículo, muestran la migración indígena local y sus eventualidades como una estrategia de despojo territorial, en tanto que la población al tener que emigrar en busca de oportunidades de vida, se ve, muchas veces obligada a vender la tierra para cubrir necesidades y gastos generados con la migración. Manera como se pone a circular la tierra en la órbita del mercado ambiental global. Esta situación tiene implicaciones devastadoras para las comunidades indígenas, si se tiene en cuenta la importancia y el significado simbólico que representa la tierra en este territorio del sur de México para la reproducción y continuidad de la familia indígena, tzeltal en este caso. De ahí que la mujer indígena enuncie, que sale principalmente para “buscar algo propio”, refiriéndose a la tierra.

Por otra parte, se resalta la violencia estructural que viven las comunidades a raíz de la política internacional que permite y promueve los desplazamientos transfronterizos, lo cual es visible en el desinterés de los Estados para generar las condiciones mínimas que le permitan a la población su permanencia en los lugares, su supervivencia, y su bienestar. Motivos que agudizan la fragmentación de la vida familiar y por ende comunitaria.

También se presenta en este artículo, formas de violencia que se imprimen particularmente sobre las mujeres indígenas que se ven afectadas por la migración de sus parejas, pues ellas al quedarse en los lugares de origen, son despojadas, muchas veces, de sus tierras por sus propios hijos y suegros, perdiendo los derechos sobre la tierra, y la posibilidad de tomar decisiones frente a ella. Debiendo, afrontar, además, problemas de desintegración familiar, problemas de alcoholismo, drogadicción y agresión de sus parejas cuando regresan o de familiares hombres, que, tras la migración del esposo, se apropian de sus vidas, incluso, de sus cuerpos. Por lo cual, estas lógicas migratorias globales, no sólo generan despojo territorial, sino que, además, promueven procesos enajenantes frente al cuerpo de la mujer indígena en situación de migración o en sus propios contextos comunitarios, con lo cual se reinventa un modelo neoliberal, que ejerce una desposesión total de la mujer indígena fuente de arraigo y fuerza comunitaria.

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