INTRODUCCIÓN

Desde finales del año 2019, y principios del 2020, situaciones sanitarias de alta vulnerabilidad se presentaron a nivel mundial propiciando alarmas en individuos, instituciones y organismos de todo orden y nivel. La presencia del COVID-19 enfermedad causada por el virus coronavirus de tipo dos, causante del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV-2), se posicionó en primera instancia en países asiáticos, llegando a colapsar la vida, tal y como esta era concebida por el ser humano.

El traspaso de la enfermedad de manera acelerada (por la rapidez de su contagio) fue inmediato, llegando a ocupar la atención de países y continentes, ya no asiáticos, sino también en Europa, África, y América, donde luego de cinco meses, se posiciona como principal preocupación. Las consecuencias de la enfermedad han sido infinitas, ya sea, por la cantidad de implicados¹, como por las implicaciones derivadas de ella en los ámbitos económicos, político, social, cultural, empresarial e institucional, con fuerte impacto en la salud física, mental y emocional de los individuos, en sus diferentes fases de vida, y en las actuaciones que en adelante, impone la nueva normalidad, cargada de cambios radicales a nivel de concebir y sobrellevar la vida y la calidad asociada a ella.

En el ámbito organizacional, las instituciones han tenido que re-ingeniarse y re-inventarse para continuar operando ante escenarios de poca certeza y de múltiples exigencias; la adopción de las tecnologías de información y comunicación (TICs), ya no es una opción (Bello van der Re y Morales Lozano, 2019), es la única vía para avanzar, y no quedar rezagados ante actuaciones poco pertinentes o desfasadas.

En Venezuela, esta situación se complica, producto de la crisis estructural que vive el país desde haceya diez años², caracterizada por conflictos políticos, económicos, sociales, incluso tecnológicos y comunicacionales³. Lo anterior pone en jaque el buen vivir de los venezolanos, y el desarrollo pleno y sustentable de sus instituciones, las cuales se encuentran debilitadas ante un punto de quiebre que se acentúa con la pandemia. Seguir o desistir, se convierte en una interrogante clave en la mente de quienes aún hacen vida en el país.

Ante la situación pandémica y de confinamiento extremo, producto del COVID-19, se oculta una realidad restrictiva y disruptiva, cargada de deficiencias y problemas que ponen a flote y desnudan el verdadero escenario en el que conviven los venezolanos y sus instituciones. Ante una susceptibilidad latente, la crisis permea y afecta.

Se pone en evidencia el desgaste, y las pocas fortalezas y capacidad de sus instituciones. Con sistemas organizacionales entrópicos, se sufren las consecuencias y el desgaste ante una crisis sostenida, que lejos de mejorar, se acentúa, desde el plano diplomático y de interrelaciones entre naciones. El desgaste político, económico, social, cultural arropa toda la sociedad, y restringe cualquier avance hacia un desarrollo sustentable.

Ante este contexto debilitado, las estadísticas son claras⁴, es inminente el declive de la demanda a nivel del sistema educativo en todos los niveles desde el año 2007; existe un ciclo de estancamiento y retroceso de la escolaridad, que a partir del 2013 se hace recesivo y depresivo, en tanto se mantienen los preocupantes y sostenidos signos de disminución del servicio educativo escolar, sin que el Estado, vía Ministerios (actores principales), muestren preocupación y ocupación alguna (Bravo & Uzcátegui: 2020, p. 107). Esto a pesar de que, según Bravo & Uzcátegui (2020), hasta el 2013, la prioridad real de la gestión pública fue la universidad (pasa del 16% de total de la matrícula a 31.1%). Al respecto, los autores plantean que posterior a este incremento, en los años 2013-2019, no se está tan cerca del milagro de inclusión universitaria que declara reiteradamente el funcionariado más alto.

De igual forma, la fuga de capital humano con competencias sólidas que en otrora hacían vida y aportaban a la ciencia, tecnología e innovación del país. A nivel de educación inicial, primaria y secundaria, producto de la insatisfacción de necesidades fisiológicas básicas y de seguridad, los niveles de deserción se acentúan desde el año 2012-2013 al 2018-2019, presentando solo un leve incremento en el periodo escolar 2017-2018 (Ministerio del Poder Popular para la Educación. Memorias y Cuenta: 1998-2015; 2016-2018, referenciado por (Bravo & Uzcátegui: 2020; Parra-Sandoval y Torres-Núñez, 2016). Este comportamiento trae consecuencias directas en las Universidades, particularmente las de orden público del país.

Desde el accionar universitario, se debilita la crítica (aunque es evidente como han perdido su voz), ante un gobierno que humilla y denigra la labor docente en este y todos los niveles educativos. Las Universidades venezolanas han dejado de encabezar los rankings de universidades a nivel latinoamericano, apareciendo la primera universidad venezolana en la posición 38 (Universidad Simón Bolívar), seguida en la posición 43, la Universidad Central de Venezuela y dispersándose luego en las posiciones 82 y 84, la Universidad de los Andes y la Universidad Católica Andrés Bello respectivamente (Web of Metrics: 2020). La Universidad del Zulia, producto de problemas con plataformas y visibilidad, no está incluida en este ranking, y la Universidad Nacional Experimental del Táchira ocupa la posición 4369 (Web of Metrics, 2020). Las Universidades venezolanas, muestran una infraestructura debilitada, no solo a nivel de recursos materiales, económicos o tecnológicos, sino también a nivel de personal preparado para ejercer labores de docencia, investigación y extensión.

Hacer frente a las situaciones planteadas es complejo, tanto para quien dirige, como para quien labora y para quien decide formarse. Por estos argumentos, surge esta investigación, que plantea reflexionar desde la perspectiva de actores clave: autoridades, docentes-investigadores, personal de apoyo, estudiantes y comunidad en general, sobre el estado actual de las universidades públicas venezolanas ante la nueva normalidad que impone la situación pandémica mundial, con especial atención al desempeño de los actores en universidades ubicadas en zonas fronterizas, particularizando los casos de la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Venezuela; la primera, Universidad autónoma, y la segunda Universidad experimental, ambas ubicadas en zonas fronterizas con Colombia.

Desde el plano metodológico, la investigación es cualitativa, apoyada en documentos que permitan realizar sustentaciones objetivas. Se triangulan opiniones derivadas de entrevistas semi estructuradas a los actores involucrados, para a partir de su cosmovisión, interpretar percepciones, conceptuaciones, valoraciones, y concretar resultados intelectualmente coherentes que aportan a la construcción del conocimiento sobre un fenómeno que se gesta en escenarios complejos.

UNIVERSIDAD PÚBLICA VENEZOLANA EN UN CONTEXTO PANDÉMICO: UNA MIRADA DESDE ACTORES CLAVE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

Son tiempos difíciles para el mundo, y sus instituciones, más aún para Venezuela, sumergida en una crisis multifactorial, que retrasa la capacidad de respuesta de cualquier institución que opere en un contexto como el actual, donde los problemas se acentúan en tiempos de pandemia y confinamiento social. Las universidades, como espacios para el adiestramiento y formación de profesionales, reflejan la sociedad a la que pertenecen; las políticas definidas a nivel del gobierno, define el papel que deben jugar en el desenvolvimiento del país (Rodríguez y García: 2017). Sin embargo, ante la complejidad de un entorno que se agudiza producto de la pandemia y el confinamiento social; los problemas se complejizan. Esta situación no es ajena a las universidades venezolanas, más aún para aquellas ubicadas en zonas fronterizas.

Se aborda la realidad de la Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), ubicadas en el estado Zulia y en el estado Táchira respectivamente. En el caso del estado Zulia, región con características geográficas, demográficas y étnicas, maneja situaciones particulares que le ha configurado una serie de elementos como secuestro, robo de vehículos, comercio informal, indocumentados, invasiones, entre otros, que la hacen ser percibida por sus ciudadanos como una región de mayor riesgo que cualquier otra región fronteriza del país (Morales: 2003). En el estado Táchira, región que colinda con la región nororiental colombiana, donde se encuentra el Departamento Norte de Santander, prevalece el comercio legal e ilegal; siendo estas actividades las generadoras de la principal fuente de ingresos de sus habitantes. (Albornoz et al: 2019).

La frontera entre Venezuela y Colombia, según plantea Albornoz et al (2019), es una de las más complejas y dinámicas a nivel internacional en Latinoamérica. Sus realidades son únicas, caracterizadas principalmente por el contrabando como una práctica comercial recurrente, promovida por distorsiones en el mercado, debido a la coexistencia de economías y relaciones jurídicas dispares, que generan acentuadas diferencias. Según los autores (Albornoz et al: 2019), el contrabando en estas regiones es facilitado y promovido por diversos actores, tomado mayor intensidad, a partir de la quiebra de la economía de Venezuela en el año 2012, y robustecida por la diferencia entre los modelos económicos de ambos países.

Ante estas realidades marcadas, las universidades en estudio, comparten la particularidad de su ubicación. Están sometidas a un entorno donde existen grupos irregulares al margen de la Ley, lo que afecta la seguridad de las unidades académicas, y de producción que tienen ambas instituciones ubicadas fuera de sus sedes principales. Este riesgo se ha incrementado con la emergencia que actualmente se está viviendo producto del COVID-19 y el confinamiento radical y estricto en los estados y ciudades donde se ubicas tales recintos universitarios. La soledad y desolación de los campus universitarios (la no presencia de estudiantes, académicos y administrativos en dichos recintos universitarios), acentúa la inseguridad y propicia el robo y el hurto de lo poco que pudiera quedar en estos espacios académicos.

Ante estos planteamientos se precisan realidades de dos Instituciones de carácter oficial dependientes del Ejecutivo Nacional:

1. 1. Universidad del Zulia (LUZ)⁵ (ubicada en el estado Zulia, Estado fronterizo con Colombia conectado por la Guajira Venezolana – Guajira Colombiana): Universidad autónoma con autonomía organizativa, académica, administrativa, económica y financiera
2. 2. Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET)⁶ (ubicada en el estado Táchira, Estado fronterizo con Colombia, conectada por la zona Norte de Santander). Estas universidades son creadas con el fin de ensayar nuevas orientaciones y estructuras de educación superior (Galaviz, 2019), gozan de autonomía dentro de las condiciones de su naturaleza experimental.

Ante un contexto adversos y marcado por un sinfín de problemas sociales, culturales, políticos y económicos, se gesta una praxis educativa con características particulares, pues gran cantidad de niños, adolescentes y jóvenes que hacen vida en estas regiones, encuentran en actividades ilícitas (características de las fronteras) y quehaceres que resuelven sus necesidades habituales del día a día, restando sentido al estudio y la profesionalización en espacios educativos, desde sus niveles iniciales, básicos y más aún universitarios.

La comprensión de estas realidades, requiere análisis desde la dialéctica interpretativa, y la cosmovisión de los actores que hacen vida en regiones donde resalta la agresividad de una frontera cuyas características quedaron dilucidadas de manera discreta, pero que en sus connotaciones más profundas taren marcada el peso de irregularidades que atentan contra de la rectitud e institucionalidad universitaria. La finalidad es mostrar el accionar diario de quien hace parte del quehacer universitario en zonas de fronteras cada vez más agresivas, producto de la crisis económica generalizada en Venezuela, y las restricciones que impone un gobierno, cuyo modelo de sociedad se ha perdido en la anarquía, la desidia y la corrupción de quienes deben establecer controles y el orden público y ciudadano.

Las realidades de estas zonas fronterizas, son propicias para acentuar problemas sociales y culturales, complejos y que cada vez, se vuelven más estructurales, sumando la ilegalidad e informalidad, y a la normalidad impuesta por el COVID-19. Restricciones de horarios que generan desolación, y aumentan los niveles de inseguridad; problemas con la distribución y comercialización de combustible, que restringen la movilidad y fortalecen el contrabando del mismo; fuertes problemas eléctricos, que genera horas sin electricidad en la mayoría de zonas de estas regiones; problemas de conectividad; y, ni hablar del alto costo de la vida que se genera al manejar un sistema económico con exceso de restricciones, donde producto de la hiperinflación atravesada en el país, el Bolívar como moneda de oficial circulación nacional (Bolívar fuerte, bolívar soberano…), pierde fuerza, haciendo que tanto el peso colombiano y el dólar americano, ganen la batalla en estas zonas de alto tráfico nocturno y especulativo. El control, lo establece la frontera, y sus mundos paralelos con afectaciones para toda la sociedad… negocios de pocos y consecuencias de muchos…; poderes, autoridades e instituciones corrompidas que caminan por vías corruptas con sistemas paralelos en todo momento y lugar. Las políticas, leyes y reglamentos promulgan lineamientos, pero la realidad es totalmente opuesta a un deber ser ajustado a derecho y transparente.

Estas realidades deplorables, levantan familias con fuertes necesidades económicas, hambrunas producto de la situación económica, altos niveles de desempleos, retornos de migrantes al país, entre otros factores que impactan y complejizan la realidad de estas localidades, a la vez que sumerge al ser humano a la realidad de un mundo marcado por la inmoralidad y la indolencia de un gobierno que expiró.

Se plantea propicio reflexionar sobre la realidad universitaria, en épocas donde a partir de las restricciones impuestas y de una cuarentena radical y estricta desde inicio de la pandemia, la gobernabilidad universitaria (gobierno, al tratarse de instituciones públicas); la gobernanza universitaria (autoridades universitarias, autoridades rectorales y decanales), los docentes - investigadores y el personal de apoyo (administrativo y obrero); los estudiantes y la comunidad en general, deben redefinir acciones y estrategias para afrontar situaciones complejas, no fenecer, ni mucho menos abandonar el mundo universitario debilitado del cual poco queda en estos momentos.

Gobernabilidad universitaria: Gobierno como actor y política universitaria

Al analizar agentes y factores externos, desde la realidad de dos universidades de índole público, el gobierno se perfila como un actor importante, al ser quien define políticas y estrategias que regulan el desempeño de estas instituciones en el país. Por décadas, las universidades en Venezuela, han demostrado su rebeldía y posiciones críticas ante diversos gobiernos en el país. Este comportamiento, responde a lacondición de universidades generadora del pensamiento crítico, que no pueden, ni deben estar sujetas a un gobierno; los universitarios no pueden estar adoctrinados, por el contrario, son intelectualmente rebeldes por antonomasia (Rodríguez y García: 2017). Con posiciones sustentadas y justificadas, las universidades públicas, han sido constructoras de conocimiento, a la vez de ser propositivas y proyectivas ante los diferentes programas de gobiernos que se han gestado, sean estos desde un pensamiento de derecha o de izquierda.

En palabras de Rodríguez y García (2017), las relaciones entre gobierno y universidades, siempre han sido incomodas, con sus altos y bajos, siendo una historia caracterizada por confrontaciones y diferencias propias de la naturaleza de la universidad como centro de la intelectualidad y del pensamiento crítico. Por años, han asumido posiciones de lucha, marcada ante los gobiernos bajo el precepto de la universidad crítica, las cuales eran recibidas desde el respeto a las máximas casas de estudio del país. A pesar de ser entes fundamentalmente políticos (Rodríguez y Rojas: 2016), en los últimos años, producto de las condiciones a nivel del país en materia educativa (reducción de matrícula estudiantil, problemas o déficit presupuestario, fuga de talento humano, por solo nombrar algunos) han perdido fuerza.

Relatando de manera breve y resumida, las políticas definidas para el sector universitario, plantea Parra (2008) que, para finales de la década de los años 2000, el advenimiento de un gobierno calificado a sí mismo de revolucionario, alentaba cambios en educación superior; sus objetivos, propuestas para superar rezagos y carencias; estos pueden resumirse básicamente en tres: lucha contra la exclusión y logro de la equidad; pertinencia social y calidad.

En el año 2011, se impulsaron Programas de Estímulo a la Innovación e Investigación (PEII), convocatorias de financiamiento de programas y proyectos de investigación desde el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación, hoy día Ministerio para Educación Universitaria. Estos programas entre otros, iniciaron con mucho ímpetu en su momento, sin embargo, el desgaste a nivel institucional y del país, fueron llevando a que desaparecieran lentamente, y con ellos, la actividad investigativa financiada y los trabajos de extensión universitaria.

Las reducciones presupuestarias y limitaciones en las políticas de financiamiento de los programas delos Consejos de Desarrollo Científico Humanístico Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) marcaron la pauta del declive de la productividad en la universidad venezolana. Los indicadores bibliométricos, según el SCI (2002-2006), permitieron conocer el sentido teleológico de los productos (dónde van los artículos, cuáles son, cuál es su impacto, quién, cuándo, y dónde pública) y colocaron a Venezuela entre los primeros 5 lugares de las publicaciones registradas en América Latina, tomando como referencia el Science Citation Index (Mora: 2019), sin embargo, esta situación se reverte al transcurrir los años, pues hoy día la gran productividad ha desaparecido de las universidades venezolanas, producto de la crisis aguda que atraviesan y padecen.

Se está en presencia de una realidad donde se ha perdido el debate; se está en presencia de una resistencia ante un gobierno hostil, cuyo protagonismo en materia de cambios y transformaciones terminó. Las universidades en Venezuela no son prioritarias, y menos para un gobierno que no cree en la superación y la profesionalización de su pueblo.

Bajo un régimen político, cuyo norte es la asfixia de estas instituciones, la situación empeora. Funciones esenciales de toda Universidad: docencia, investigación y extensión (Meleán, Cañizalez y Montes de Oca, 2018), demuestran una debacle, generando una brecha que anula todo esfuerzo previo realizado. Se pierden espacios, se resta visibilidad producto de la reducida productividad de nuestras Universidades públicas; se pierden de manera acelerada posiciones en rankings universitarios con la consecuente caída de la visibilidad de Venezuela en la región latinoamericana, y más aún en el mundo, donde han perdido todo reconocimiento y respeto.

Pasarán años para la recuperación de la institucionalidad universitaria, es imperante la adopción de nuevos modelos de gestión y nuevos modos de hacer, repensar la universidad se torna inminente; tal vez la autogestión, pueda levantar de manera paulatina la esencia de estos recintos, que en otrora aportaron al desarrollo del país. No es una labor sencilla, pues el desgaste no se presenta solo a nivel de la educaciónsuperior; el desgaste es generalizado, cargando la Universidad con las deficiencias de un sistema de educación debilitado, no solo a nivel universitario, sino también en los niveles iniciales, básicos e intermedios.

Según afirma Mora (2019: 13):

… tenemos que reconocer que Venezuela está enferma. Está enferma por un diálogo amañado, está enferma de crisis de institucionalidad, pero también está enferma de aquellos que quieren una salida violenta. Apostamos a la paz y rechazamos la violencia, pero al mismo tiempo apostamos por una democracia en donde la razón de ser no la determine la virtud armada sino la virtud civil, por eso, no podemos silenciar los anhelos de una generación que clama sus derechos.

Gobernanza universitaria: Autoridades rectorales y decanales

A nivel de la gobernanza universitaria, esta se compone en parte por las autoridades rectorales y decanales, quienes han visto afectada su gestión dentro la estructura organizativa universitaria donde ejercen sus cargos. Partiendo de un déficit presupuestario que cada día impacta negativamente el funcionamiento de las universidades venezolanas, se ha presentado un comportamiento poco regular en el desembolso presupuestario por parte de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) y del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU). En el caso de las Universidades estudiadas LUZ y UNET, esta realidad no es ajena, en ambas instituciones, en el año 2019, la OPSU y el MPPEU, asignaron recursos presupuestarios para funcionamiento, inferior a un 50%, quedando pendiente más de la mitad en deuda para este año 2020. El presupuesto para su funcionamiento, llegó a mitad de año, el cual se consume aceleradamente por el aumento desmedido de la inflación.

La problemática presupuestaria, es discutida y analizada a nivel de los consejos universitarios, tanto de LUZ como de la UNET, aunque el presupuesto es aprobado para cada año fiscal, constantemente las resoluciones de dichos consejos se fundamentan en considerandos y acuerdos donde se refleja lo insuficiente y desfasados que están de la realidad los montos establecidos en las diferentes partidas. Esta información es enviada al MPPEU y es pública a toda la comunidad universitaria, dejando en evidencia la imposibilidad de avanzar en los diferentes proyectos que las universidades tienen planificados ejecutar en pro de mantener y mejorar su calidad académica (CULUZ, 2019; CULUZ, 2018; CUUNET, 2019; CUUNET, 2018).

A pesar de que ambas universidades pueden generar ingresos propios por diferentes vías (Postgrado,Extensión, Proyectos, etc.), no son suficientes para atender la problemática que día a día viven estas instituciones de educación superior, aunado a ello, la situación de incertidumbre causada por la pandemia ha llevado a que la gestión universitaria tenga que dar un giro inesperado y completamente diferente a la forma como usualmente se venía llevando a cabo. Es necesario romper paradigmas pero considerando para ello, la diversidad, el contexto, la igualdad y el derecho a la educación que tanto estudiantes como docentes tienen, así como lo estable la Constitución Bolivariana de Venezuela.

Por otra parte, los consejos universitarios y las diferentes dependencias académicas de ambas universidades han dedicado horas de trabajo en busca de seguir avanzando en el desarrollo de sus clases, pero no ha sido nada fácil por alguna de las siguientes particularidades: Debilidades en la infraestructura tecnológica de las universidades, necesidad de actualización de competencias TIC de sus docentes, bajo porcentaje de estudiantes y docentes con acceso a recursos básicos como equipos de computación móviles e internet, entre otros aspectos necesarios a ser considerados. Esta información ha sido el resultado de algunos instrumentos aplicados a los actores principales del proceso educativo.

Docentes e investigadores y personal de apoyo (administrativo y obrero)

A nivel docente, la pérdida de beneficios académicos y económicos, que en otrora fueron bandera en las Instituciones de Educación Superior, son causal de desmotivación y de abandono por parte de los docentes y del personal de apoyo al espacio universitario. La baja retribución económica de la actividad docente en el país (Ganga y Nuñez, 2018), y los cada vez más reducidos beneficios para el personal de las Universidadespúblicas venezolanas, genera abandono de los cargos, renuncias y falta de compromiso por los pocos que quedan aportando y apostando al mantenimiento de las universidades venezolanas.

Profesionales con mística de trabajo, formados que conforman la plantilla profesoral y administrativa de estas instituciones, deciden migrar a nuevos oficios y empleos, porque el hecho de ser “docente universitario en Venezuela”, ya no es atractivo, desde la perspectiva económica. Se padecen los avatares de una crisis profunda, que afecta la satisfacción básica de necesidades esenciales, llegando a situaciones infrahumanas, al no disponer de beneficios económicos, de salud e incluso otros en el ámbito social. Se ha perdido mucho, desde la institucionalidad, hasta la moralidad y el prestigio que en otrora, redundaba en respeto y reconocimiento.

Un docente desmotivado y sin incentivos y beneficios, reduce sus niveles de productividad, haciendo que la actividad investigativa y los trabajos de extensión universitaria desaparezcan lentamente. En palabras de Mora (2019), la ciencia en Venezuela vive uno de los momentos más difíciles en la historia republicana, pues se ha sacrificado a la generación con mayor capital intelectual de los últimos 50 años; los grupos de investigación y los investigadores de alto impacto han tenido que migrar para poder seguir haciendo ciencia, ya que no es posible hacerla desde sus universidades de origen, dado el bajo aporte que llega a la universidad para realizar las investigaciones y proyectos, por lo que afirma el autor, “la ciencia ha sido secuestrada por los poderes de turno, y en su defecto, se busca tutelar y adoctrinar”

El declive de la investigación e incluso la docencia, viene en descenso. Las políticas de fomento a las actividades educativas del nivel superior, han desaparecido por completo; es decir, se fomenta una lucha, que desde el año 2016 se caracteriza por confrontaciones que giran alrededor del tema administrativo- presupuestario (Rodríguez y Rojas, 2016). Cuando más se diseñaron políticas de inclusión y se crearon casi 30 nuevas universidades, en ese mismo momento, se diseñó por partida doble un plan estratégico para infravalorar las universidades públicas de alto impacto; implemente por no estar sujetas al tutelaje académico (Mora: 2012, p. 190-191)

Según plantea Mora (2019), desde la investigación, no se pueden apoyar políticas que vulneren la economía individual, porque simplemente no se puede sobrevivir. El reto es: o tenemos un sueldo competitivo en el contexto internacional, al menos con los vecinos latinoamericanos, o estamos destinados a desaparecer; porque el mundo académico no es de competencias a medias, es un mundo de la excelencia sostenible.

Ante esta resumida realidad universitaria, a la fecha (año 2020), no existen incentivos algunos que potencien labores docentes, de investigación y extensión en las Instituciones de Educación Superior en Venezuela, las mismas se encuentran en una parálisis institucional, donde la estática y la obstrucción se apoderan de cada uno de los espacios, y niveles de su estructura organizacional.

Estudiantes

En relación a los jóvenes que ingresan a nuestras Universidades públicas, con bajo nivel académico en muchos casos (Montes, 2018), producto de la realidad de las instituciones educativas de nivel básico e intermedio, que se compensa con la grave crisis económica, política y social en la que viven las familias venezolanas. Según plantea Montes (2018): “solo 38% de los jóvenes venezolanos puede acceder a la educación”

Una infraestructura colapsada a nivel de servicios públicos básicos (alimentación, salud, electricidad, transporte y vialidad, telecomunicaciones), altera y reduce la calidad de vida de la sociedad, las familias y quienes la conforman, en los diferentes espacios geográficos y de actuación en Venezuela.

Un estudiante sin recursos mínimos para recibir una educación básica (porque se ha restado calidad a las actividades docentes y de investigación en el país), unos padres desempleados (García, 2020) que no pueden apoyar el crecimiento profesional de sus hijos, es la realidad del joven venezolano, que ante esta situación abandona los espacios universitarios y se dedica fundamentalmente a la economía informal o arealizar actividades que no legales para resolver su día a día y ayudar a sus familia. Tal y como lo a firma Mora (2019), a nuestros estudiantes venezolanos también se les cercenó la esperanza y se les arrancó de la vida entre los años 2014-2017 por disentir de las políticas de Estado.

A nivel de los recursos básicos requeridos en esta nueva normalidad, las tecnologías de información y comunicación, hoy más que ayer condicionan, dominan y direccionan nuestras vidas, no tiene cabida el no reconocimiento de sus bondades y beneficios. Son días donde las labores y responsabilidades como docente, se reducen a un equipo de alta gama tecnológica y conectividad, recursos escasos y en el mejor de los casos obsoletos, en los recintos universitarios de índole público en el país.

Con respecto a la tecnología, esta resulta difícil de adquirir, en primera instancia por las Instituciones universitarias, y en segundo, por sus docentes y estudiantes. A nivel de la conectividad, con un sistema eléctrico colapsado (González, 2019) y deficiente, esta se reduce, sin hablar de los costos de los servicios de internet, que en un país que alardea del socialismo, la igualdad y la gratuidad, precisa una realidad que se maneja bajo un capitalismo agresivo, sin normas, sin reglas y donde las leyes son interpretadas a conveniencia de quien ostenta el poder.

Todo esto, limita el desarrollo de actividades propias de la Universidad, y restringe el accionar de sus actores, pues con sueldos deplorados que no sustentan ni permiten la satisfacción de necesidades fisiológicas básicas, los esfuerzos se direccionan a actividades que pudieran denotar mayores beneficios económicos. La universidad padece las políticas de Estado y, la crisis afecta en la formación de talentos, agudizada en los últimos años (Mora: 2019).

Ante estas nuevas realidades y la nueva normalidad que se gesta, lejos de mejorar la situación planteada y trabajar por la sustentabilidad universitaria, pareciera que el camino conduce a la destrucción del sistema universitario público autónomo del país.

Comunidad en general

En sociedades fronterizas, la realidad compleja agota el normal comportamiento de los sistemas institucionales y organizacionales, restando eficiencia a labores productivas formalmente constituidas y propiciando accionares paralelos, por quienes denotan un orden lógico de haberes y acciones.

Un sistema productivo colapsado producto de los avatares de un régimen, que encuentra en quien trabaja un enemigo visible. El desgaste del sector productivo se evidencia cada día más, restando espacios que en otrora fungían atractivos para estudiantes que recién egresan de los recintos universitarios, o que se insertaban en ellos durante sus estudios, sea para iniciar experiencias laborales, o para apoyar económicamente en sus estudios.

Empresas cerradas como consecuencias de las restricciones que impone la pandemia, fuertes multas y sanciones desde la informalidad de unas autoridades civiles y militares que encuentra en quien trabaja desde la legalidad, un punto focal de acción para resolver intereses y fomentar los niveles de corrupción.

Una sociedad concentrada en resolver necesidades básicas y elementales de sus núcleos familiares (agua, alimentos, descanso entre otras de orden fisiológico), así como otras que pudieran sumarse hoy día marcadas por factores psicosociales (salud mental) derivados de un confinamiento radical, no puede pensar en la recuperación de los espacios universitarios, más aún cuando la situación país con todas las protestas estudiantiles de años previos, arrebató jóvenes a los hogares venezolanos… familias sin respuestas… y luchas sin finales felices…

Se vislumbra un futuro oscuro, con pocos profesionales autóctonos, que se aspira, no decidan abandonar el país en busca de nuevos horizontes y oportunidades. Migrar a otros contextos con mayores posibilidades, es una opción para nuestros jóvenes.

La sociedad, siempre ha sido un actor importante en la vida universitaria; sin embargo, hoy día, en Venezuela, se puede dudar de ello; su apoyo en la recuperación de los espacios universitarios, tal vez no sea igual que en otros tiempos…

En palabras de Mora (2019: 10):

El conocimiento y la ciencia no se validan en forma endógena, sino externamente; sumándose a este el hecho de que son las redes académicas nacionales e internacionales las que en definitiva acreditan a los investigadores reconocidos. No solo necesitamos cambios de gobierno, sino cambios, en lo que López Pedraza denominaba “cambio de la cultura hebefrenética”, que sigue soñando con golpes de suerte y reforzando la mentalidad petrolera…

La pregunta radica en reflexionar ¿hasta cuándo tanta humillación, indolencia, anarquía, desidia?, ¿Qué será de la educación universitaria en Venezuela?, ¿Cuándo se gestarán nuevamente políticas de apoyo para las actividades esenciales de la vida universitaria?, son preguntas sin respuestas, que mañana pudieran tener respuestas, más no actores dispuestos a trabajar por ellas…

UNIVERSIDAD VENEZOLANA: ¿ACCIÓN O REACCIÓN? ANTE LA NUEVA NORMALIDAD. REALIDADES PRECISAS DE DOS INSTITUCIONES

En busca de respuestas a las realidades planteadas, se construye el Cuadro 1, en el cual se precisan realidades pandémicas a nivel de las universidades estudiadas, resaltando su condición de ubicación en zonas fronterizas.

Cuadro 1 Ante la nueva normalidad. Realidades precisas de dos instituciones

Fuente: Elaboración propia (2020)

De igual forma se precisan estrategias y acciones emprendidas por las universidades estudiadas ante la nueva normalidad: ¿acción o reacción? (Cuadro 2)

Cuadro 2 Acciones y estrategias emprendidas por universidades venezolanas en tiempos de pandemia

Fuente: Elaboración propia (2020)

Se evidencia en los cuadros previos como poco a poco se vulnera el derecho a la educación en condiciones de igualdad. Sobre este particular, el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece: la educación como derecho humano y un deber social fundamental, democrática, gratuita y obligatoria… al servicio de la sociedad… un servicio público…, donde el Estado, con la participación de las familias y la sociedad, promoverá el proceso de educación ciudadana… (Asamblea Nacional: 1999).

Asimismo, en el artículo 103, se plantea que (cursiva y subrayado propio):

Toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones. La educación es obligatoria en todos sus niveles, desde el maternal hasta el nivel medio diversificado. La impartida en las instituciones del Estado es gratuita hasta el pregrado universitario. A tal fin, el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados para asegurar el acceso, permanencia y culminación en el sistema educativo. La Ley garantizará igual atención a las personas con necesidades especiales o con discapacidad y a quienes se encuentren privados o privadas de su libertad o carezcan de condiciones básicas para su incorporación y permanencia en el sistema educativo. Las contribuciones de los particulares a proyectos y programas educativos públicos a nivel medio y universitario serán reconocidas como desgravámenes al impuesto sobre la renta según la ley respectiva.

La educación como servicio público, al igual que muchos otros definidos como estratégicos en la nación venezolana, pierden sentido, pues su materialización en la realidad actual es cada vez menos efectiva. Según plantea Bravo & Uzcátegui (2020), una cosa plante la Constitución, y otra muy distinta la gestión pública efectiva desarrollada desde 1999, particularmente la del 2003, cuando desde la perspectiva particular desaparece la legislación vigente como guía de opción de la gestión pública, para hacer del Plan de la Patria (Galaviz, 2019A) la inspiración cuasi divina de la gestión pública oficial en materia de educación universitaria. Los mismos autores establecen que la educación universitaria no se conduce por las vías que pautan la Constitución y la legislación vigente, sino todo lo contrario: se mueve a contracorriente de la función educativa que supone un Estado federal descentralizado (Bravo & Uzcátegui: 2020, p. 100).

Para Mora (2019):

La historia de la educación no es neutra y por eso consideramos que también debemos expresar la mirada contra hegemónica frente a las políticas públicas que han desmontado el aparado de producción de conocimientos en la universidad venezolana. Y decimos desmontado porque la crisis y falta de apoyo a la investigación han destruido buena parte de los grupos de investigación e inducido a la fuga de talentos a otros países, mutilando las esperanzas de las generaciones de relevo para insertarse en el difícil mundo competitivo global.

CONCLUSIONES

Ante una situación pandémica mundial y un confinamiento social y radical en zonas fronterizas, el escenario universitario en el país es complicado y complejo. Nuevas exigencias, nuevas acciones, nuevos modos para asumir y afrontar la realidad son necesarios ante la nueva normalidad que imponen estos tiempos.

En las universidades públicas estudiadas, son evidentes las restricciones propias de ciudades fronterizas. Fuertes restricciones de movilidad, por problemas de transporte público; deficiente servicios públicos: electricidad (consecuentes cortes eléctricos producto del programa de administración de carga para la estabilización del Sistema Eléctrico Nacional con mayor afectación en zonas de frontera); limitada conectividad, entre otras realidades que afectan a la universidad y a los universitarios.

Las Universidades venezolanas agonizan, trabajan por sobrevivir y mantenerse activas; sus actores clave (docentes e investigadores y personal de apoyo) padecen una desmotivación generalizada impulsada por un gobierno que golpea, y por la misma institución que cada día tienen menos capacidad de respuesta para con su personal, quien transita por los avatares de sueldos reprimidos que limitan la posibilidad de afrontar la realidad que impone un entorno agresivo y voraz desde la perspectiva económica y social.

Los estudiantes que alimentan las bajas matrículas, luchan por formar parte de escenarios virtuales que impone la nueva normalidad, sin posibilidad de insertarse en ellos por falta de recursos y servicios básicos (un computador, un teléfono inteligente y conectividad).

Las autoridades bajo un proceso de gestión caducado, cargan el peso de grandes estructuras, recursos tecnológicos en niveles de obsolescencia expuestos a la inseguridad en un país donde se teme a los cuerpos de seguridad; cada vez, es menos apoyo interno y externo.

Se batalla con la virtualidad de la educación, ante una escasez de tecnología y recursos, sin posibilidad de actualización. Se promulga la educación desde casa, sin conocer si en medio de tanta desidia, exista al menos en el momento electricidad, conectividad, un teléfono celular inteligente, un computador o al menos un televisor con señal para al menos informar. Ni hablar o preguntar si los niños, niñas, adolescentes y jóvenes han podido satisfacer necesidades fisiológicas básicas y de seguridad (alimentación, vestido, un lugar seguro donde descansar) que, en la pirámide de Maslow, son esenciales, para avanzar a niveles superiores donde se encuentra la educación.

Es inminente el desgaste, y el lento proceso de destrucción, acelera su paso en épocas de pandemia y confinamiento social. Los pueblos fronterizos agonizan, y la educación como bien público, es cada vez más inalcanzable.

BIODATA

Rosana, MELEÁN ROMERO: Pos doctora por la Universidad Nacional Toribio Rodríguez Mendoza (UNTRM). Doctora en Ciencias Sociales, mención Gerencia. Magíster en Gerencia de empresas, Mención Gerencia Industrial. Licenciada en Administración. Profesora Titular e Investigadora del Centro de Estudios de la Empresa (CEE) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FCES) de la Universidad del Zulia (LUZ), Maracaibo, Venezuela. Directora de la Revista Venezolana de Gerencia. Acreditada por el Programa de Estímulo a la Innovación e Investigación del Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología (ONCTI), Nivel B. E-mail: rosanamelean@gmail.com; melean_rosana@fces.luz.edu.ve; Scopus Author ID: 22954427400; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8779-738X

José Ramiro Alexander CONTRERAS BUSTAMANTE: Doctor en Educación (Universidad Rovira i Virgili, España), Magister en Tecnología Educativa y Gestión del Conocimiento (Universidad Rovira i Virgili, España), Especialista en Informática Educativa (Universidad Simón Bolívar, Venezuela), Licenciado en Informática y Matemática, Universidad Católica del Táchira, Venezuela). Profesor Titular Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Venezuela. Vicerrector Académico UNET. E-mail: joraal1@unet.edu.ve, joraal1@gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1739-7898

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Notas