INTRODUCCIÓN

La crisis política, económica y social que ha asolado a Venezuela durante la última década ha desatado un éxodo migratorio sin precedentes en la región, afectando a millones de venezolanos que buscan mejores condiciones de vida en países vecinos (Banco Mundial, 2018). Entre estos países, Colombia se ha evidenciado como el principal receptor de migrantes, convirtiéndose en un escenario crítico para el análisis de la migración y sus implicaciones en la ciudadanía (López, 2020). Esta crisis no solo representa un desafío humanitario, sino que plantea interrogantes profundos sobre la reconfiguración de la ciudadanía en un contexto marcado por la vulnerabilidad y la exclusión.

La magnitud del fenómeno migratorio en Colombia es alarmante. Según Migración Colombia (2023), más de 2.896.748 venezolanos han ingresado al país hasta diciembre de 2022, de los cuales un porcentaje significativo se encuentra en situación irregular o en proceso de regularización. Este flujo migratorio ha modificado la estructura demográfica y social de varias regiones, incluyendo Ibagué, Tolima, que a diciembre de 2022 albergaba aproximadamente 13.330 migrantes venezolanos (NRC, 2021). Este aumento no solo presenta desafíos logísticos para la atención de servicios públicos, sino que también conlleva a un cuestionamiento sobre el estatus y los derechos de los migrantes, en particular de sus hijos e hijas, quienes constituyen una de las poblaciones más vulnerables.

Los niños y niñas hijos de migrantes venezolanos en Ibagué enfrentan múltiples barreras para acceder a derechos fundamentales como la educación, la salud y la protección social. Esta situación provoca un estado de incertidumbre sobre su condición de ciudadanía, ya que muchos de ellos, a pesar de haber nacido o crecer en Colombia, se encuentran en un limbo legal que pone en riesgo su bienestar y desarrollo (Lozano, 2019). Así pues, vale la pena preguntarse sobre ¿qué significa ser ciudadano en un contexto donde la identidad y los derechos están condicionados por la situación migratoria de los padres? siendo este un interrogante central para el presente estudio y para comprender cómo se están reconfigurando las nociones de ciudadanía en la región.

De este modo, la llegada masiva de migrantes ha generado tensiones en las comunidades receptoras, lo que ha llevado a un debate social sobre la inclusión, la identidad cultural y la convivencia pacífica. En este sentido, el gobierno colombiano ha implementado diversas políticas y programas orientados a abordar las necesidades de la población migrante, enfatizando la importancia de la integración y la asistencia humanitaria. (Observatorio de migración, 2022). Sin embargo, estas respuestas a menudo son insuficientes, lo que resalta la necesidad de un enfoque más holístico que involucre a las instituciones estatales, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil en la búsqueda de soluciones efectivas (Rodríguez, 2020).

Este artículo se propone analizar la situación de los niños y niñas hijos de migrantes venezolanos en Ibagué, con un enfoque en los retos que enfrentan para acceder a derechos básicos y cómo esto afecta su integración en la sociedad ibaguereña. Asimismo, se explorarán las implicaciones de estos desafíos en la reconfiguración de la ciudadanía, proponiendo reflexiones que permitan entender mejor las dinámicas sociales y políticas que emergen en este contexto. La finalidad es aportar una visión crítica que contribuya al desarrollo de políticas inclusivas que favorezcan la calidad de vida tanto para los migrantes como para la población local.

EL CONCEPTO DE MIGRACIÓN

La migración es un fenómeno inherente a la humanidad que ha transformado las sociedades a lo largo de la historia. Desde los movimientos prehistóricos en busca de condiciones más favorables hasta las complejas dinámicas migratorias contemporáneas, este proceso ha sido una constante en la configuración de nuestras relaciones sociales y estructuras organizativas. Como señala Echeverry (2011), los flujos migratorios han moldeado la forma en que las comunidades interactúan y enfrentan los desafíos globales, replanteando continuamente las bases de nuestra convivencia.

En la actualidad, la globalización ha intensificado los movimientos migratorios, facilitando el intercambio de personas, bienes y capitales a través de las fronteras. Sin embargo, este fenómeno también ha generado tensiones y problemáticas, como la explotación laboral, la xenofobia y los desplazamientos forzados, que requieren respuestas articuladas a nivel local, nacional e internacional (Aruj, 2008).

La migración, entendida como el desplazamiento de personas dentro o fuera de las fronteras de un país, responde a múltiples motivaciones, desde la búsqueda de oportunidades económicas hasta razones políticas, sociales y ambientales (Unión Interparlamentaria, 2015; Gutiérrez, 2020). Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006), este fenómeno se manifiesta en diversas formas, como migración regular, irregular, forzada, asistida o laboral, entre otras. En este caso, el enfoque se centra en la migración internacional, definida como el movimiento de personas que cruzan fronteras nacionales con el objetivo de establecerse temporal o permanentemente en otro país. Este tipo de migración, además de sus implicaciones económicas y demográficas, tiene un impacto significativo en las dinámicas sociales y culturales de las comunidades de origen y destino, promoviendo la diversidad y la formación de identidades híbridas (Gutiérrez, 2020).

Valente (2012, citado en Gutiérrez, 2020) subraya que la migración no solo es un derecho, sino también una experiencia transformadora para los individuos, quienes buscan mejorar sus condiciones de vida o enfrentar adversidades. Aunque no todas las personas migran, la posibilidad de hacerlo está presente como una expectativa latente a lo largo de sus vidas.

Las causas de la migración son múltiples y abarcan factores sociales, económicos, políticos y ambientales. Diversas disciplinas, como la sociología, la economía y la geografía, han estudiado estos impulsos movilizantes para comprender su complejidad (Noguera et al., 2021). Blanco (2000, citado en León, 2005) clasifica estas causas en tres grandes categorías:

Ecológicas, relacionadas con desastres naturales o condiciones adversas del entorno que obligan a las personas a buscar refugio.

Económicas, motivadas por la búsqueda de mejores oportunidades laborales o condiciones de vida.

Políticas, derivadas de conflictos sociales, religiosos o nacionalistas que generan contextos de intolerancia o persecución.

Estos factores influyen tanto en la migración interna como en la internacional, destacando la complejidad y el impacto de este fenómeno en las sociedades contemporáneas.

EFECTOS DE LA MIGRACIÓN

En el ámbito social y cultural, la migración genera transformaciones significativas en las estructuras familiares y comunitarias tanto en los lugares de origen como en los de destino. Los migrantes enfrentan el desafío de adaptarse a un entorno nuevo, lo que implica no solo la reconstrucción de redes de apoyo y pertenencia, sino también la confrontación con diferencias culturales que pueden generar tensiones interculturales y dificultades de integración. Al mismo tiempo, estos movimientos pueden enriquecer la diversidad cultural de las comunidades receptoras, fomentando la tolerancia y el entendimiento entre diferentes grupos étnicos y culturales (CONAPO, 2010).

“Detrás de las cifras sobre migración, hay seres humanos que, a menudo, soportan grandes adversidades en su lugar de origen, a lo largo de su trayecto y en el país de acogida. Estas personas tienen sus propias historias de vida y aspiraciones. (Salas, 2020, p.36)”

En este sentido, comprender la migración no solo como un fenómeno cuantificable, sino como una experiencia profundamente humana, permite visibilizar las adversidades que enfrentan los migrantes, desde las condiciones que los impulsan a partir hasta los desafíos de integración en las sociedades receptoras. Este enfoque humanista invita a abordar la migración desde una perspectiva más empática y comprometida, orientada a la creación de políticas que respeten y promuevan la dignidad de cada persona migrante.

En el ámbito social y cultural, la migración actúa como un catalizador de transformaciones significativas que afectan tanto a las comunidades de origen como a las de destino. Este fenómeno altera las estructuras familiares y comunitarias, dando lugar a nuevas dinámicas relacionales que, en ocasiones, representan retos tanto para los migrantes como para las sociedades receptoras. Los migrantes se enfrentan al desafío de adaptarse a un entorno culturalmente distinto, lo que implica no solo aprender nuevas normas y costumbres, sino también redefinir su identidad y sentido de pertenencia. En este proceso, la reconstrucción de redes sociales de apoyo resulta fundamental para superar las barreras del aislamiento y la exclusión.

En las comunidades receptoras, la llegada de migrantes puede generar tensiones interculturales, derivadas de prejuicios o del temor al cambio que representa la diversidad. Sin embargo, estas tensiones también ofrecen la oportunidad de enriquecer el tejido social al fomentar el intercambio cultural y la comprensión mutua. La diversidad resultante puede ser un motor de innovación social, promoviendo el diálogo y fortaleciendo la cohesión comunitaria a través del reconocimiento y respeto de las diferencias culturales (CONAPO, 2010).

Por otro lado, en los lugares de origen, la migración puede desestructurar familias y comunidades, creando brechas generacionales o dificultando la sostenibilidad de redes tradicionales de apoyo. Estos cambios, aunque desafiantes, también impulsan nuevas formas de organización social que reflejan la resiliencia y capacidad de adaptación de las comunidades ante las transformaciones provocadas por los flujos migratorios. La migración, en suma, no solo redefine las dinámicas culturales y sociales, sino que también exige un esfuerzo colectivo para convertir sus desafíos en oportunidades de desarrollo inclusivo.

En cuanto al impacto demográfico, la migración puede tener implicaciones considerables en la composición y estructura de la población tanto en los lugares de origen como en los de destino.

“A corto y mediano plazo, la inmigración tiene un efecto rejuvenecedor y permite que la tasa de envejecimiento descienda, pero a largo plazo los efectos son más moderados, debido a que los inmigrantes también envejecen y el efecto rejuvenecedor dependerá de la llegada de inmigrantes jóvenes, y de la fecundidad de estos. (CONAPO, 2010, p.24)”

REDES MIGRATORIAS

Las redes migratorias representan un componente esencial en los procesos migratorios, actuando como mecanismos de apoyo e integración tanto para los migrantes como para sus comunidades de origen y destino. Estas estructuras sociales, conformadas por lazos familiares, amistades y conexiones comunitarias, facilitan el acceso a información clave sobre oportunidades laborales, trámites legales y recursos disponibles, reduciendo así los riesgos y costos asociados al desplazamiento (Pedone, 2010).

En el caso de los migrantes venezolanos en Ibagué, estas redes han sido fundamentales para la construcción de dinámicas de asentamiento, al ofrecer apoyo emocional y práctico en un contexto de incertidumbre. Las redes no solo proveen información, sino que también actúan como una fuente de seguridad para los recién llegados, ayudándoles a adaptarse al nuevo entorno y conectarse con servicios básicos. Además, contribuyen al establecimiento de cadenas migratorias que perpetúan los flujos migratorios hacia determinados destinos (Ruiz, 2017).

Estas dinámicas son particularmente importantes para los hijos de madres migrantes, quienes dependen de estas redes para acceder a espacios de protección, educación y atención en salud. No obstante, también presentan desafíos, ya que la consolidación de estas redes puede generar fenómenos de segregación o aislamiento en la sociedad receptora, limitando las oportunidades de integración plena. Por ello, es crucial comprender y fortalecer estas redes en el marco de políticas públicas inclusivas que promuevan la cohesión social y el respeto por la diversidad cultural.

Migración y género

En el ámbito de las Violencias Basadas en Género (VBG) algunas organizaciones subrayan que:

“Aunque tanto los hombres como las mujeres emigran, el fenómeno no afecta a unos y otros por igual. La posición de las mujeres migrantes es distinta a la de los varones en cuanto a los canales legales de migración, los sectores a los que se dirigen, el tipo de abusos que sufren y las consecuencias de estos. (Unión parlamentaria, 2015, p.33)”

En Ibagué, muchas mujeres migrantes que se han asentado en la ciudad se enfrentan a situaciones recurrentes de acoso sexual tanto en espacios públicos como en sus lugares de trabajo (GIFMM, 2022). Estas mujeres, además, son frecuentemente objeto de insinuaciones y propuestas relacionadas con trabajos sexuales, lo que aumenta considerablemente su vulnerabilidad y las expone a riesgos de violencia sexual, sin contar con una adecuada protección por parte de las instituciones locales (Castillo, 2021). Es importante señalar que la explotación sexual comercial vinculada al turismo es una realidad persistente en el departamento del Tolima, especialmente en los municipios cercanos a Ibagué (NRC, 2021). La ausencia de medidas institucionales eficaces y las amenazas constantes resaltan la urgencia de abordar esta problemática de manera integral, enfocándose en la sensibilización y prevención, así como en el fortalecimiento de los mecanismos de protección para las mujeres migrantes, quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad en su búsqueda de una vida segura y digna (CEPAL, 2016).

AGENDA 2030 Y MIGRACIÓN

La Agenda 2030 es un marco normativo global que busca transformar al mundo mediante el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta iniciativa reconoce la necesidad urgente de una acción global conjunta frente a los grandes retos que enfrenta la humanidad, como la pobreza, la desigualdad, el cambio climático y, entre ellos, la migración. En este contexto, Colombia, al igual que otros países, ha integrado los ODS en sus planes de política pública y ha creado una Comisión Interinstitucional de Alto Nivel para hacer un seguimiento adecuado a la implementación de estos objetivos (Chavarro et al., 2017).

Los ODS fueron diseñados para ser un compromiso universal que aborda de manera integral los problemas globales. Uno de estos problemas es la migración, un fenómeno social que ha cobrado relevancia en las últimas décadas debido a su impacto en los países de origen y destino. En términos de la Agenda 2030, la migración es vista no solo como un reto, sino como una oportunidad para construir sociedades más inclusivas y equitativas. Este fenómeno está estrechamente relacionado con varios de los ODS, en particular con los objetivos de Trabajo Decente y Crecimiento Económico, Reducción de las Desigualdades, Ciudades y Comunidades Sostenibles, y Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. Los ODS promueven políticas que deben asegurar una migración regular, segura y ordenada, así como el respeto y la protección de los derechos humanos de los migrantes, especialmente en contextos de vulnerabilidad.

La migración, definida como el desplazamiento de personas de un lugar a otro, puede ocurrir tanto dentro de las fronteras de un país (migración interna) como entre diferentes naciones (migración internacional) (Unión Parlamentaria, 2015). Este proceso puede estar impulsado por una variedad de factores, entre los que se incluyen motivos económicos, como la búsqueda de mejores oportunidades laborales, causas políticas, como los conflictos armados o la persecución, y factores sociales y ambientales, como la violencia o los desastres naturales (Gutiérrez, 2020). La migración internacional, en particular, abarca un amplio espectro de tipos de desplazamientos y puede adoptar varias modalidades, que a su vez reflejan las distintas condiciones y necesidades de los migrantes. De acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2006), podemos identificar varias formas de migración:

1. 1. Migración asistida: Este tipo de migración ocurre cuando las personas reciben apoyo de organismos o instituciones para trasladarse a otro lugar. Este apoyo puede ser económico, logístico o administrativo, y generalmente está orientado a quienes se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
2. 2. Migración clandestina: Refleja el movimiento de personas que cruzan fronteras sin cumplir con los requisitos legales de entrada, lo que implica altos riesgos y situaciones de explotación.
3. 3. Migración de retorno: Se refiere al regreso de personas a su país de origen, ya sea después de una migración prolongada o por la imposición de políticas migratorias restrictivas en el país receptor.
4. 4. Migración forzosa: Se produce cuando los individuos se ven obligados a desplazarse debido a factores como la violencia, los conflictos armados, o las violaciones de derechos humanos. En estos casos, la migración es una necesidad de supervivencia más que una elección.
5. 5. Migración irregular: Similar a la migración clandestina, se trata de desplazamientos que no se ajustan a las normativas legales del país de destino, lo que puede generar condiciones de vulnerabilidad y explotación para los migrantes.
6. 6. Migración regular: Es la migración que ocurre de acuerdo con las leyes y normativas migratorias del país de destino, lo que implica un proceso administrativo adecuado y la obtención de visas o permisos.
7. 7. Migración neta: Este concepto hace referencia a la diferencia entre el número de personas que migran hacia un país y el número de personas que emigran desde él. Si hay más personas que migran al país que las que salen, se habla de migración neta positiva.
8. 8. Migración laboral: Es el desplazamiento de personas con el objetivo de mejorar sus condiciones de empleo o acceder a mejores oportunidades en sectores con alta demanda de mano de obra.
9. 9. Migración interna: Este tipo de migración no implica el cruce de fronteras internacionales, sino que se refiere a los desplazamientos dentro de un mismo país, por ejemplo, de áreas rurales a urbanas en busca de mejores condiciones de vida.

En cuanto a sus repercusiones, la migración internacional no solo tiene impactos demográficos y económicos, sino que también genera transformaciones culturales y sociales significativas tanto en los países de origen como en los de destino. En las sociedades receptoras, la llegada de migrantes puede enriquecer la diversidad cultural y contribuir a la creación de identidades híbridas, lo que plantea tanto oportunidades como desafíos. En el caso de los países de destino, la migración puede resultar en una mayor pluralidad cultural, pero también puede generar tensiones sociales y económicas si no se gestionan adecuadamente los recursos y las políticas de integración (Gutiérrez, 2020).

En este contexto, los ODS vinculados a la migración destacan la importancia de fomentar una gestión migratoria responsable, que garantice los derechos humanos de los migrantes y ofrezca soluciones que permitan su inclusión plena en la sociedad. A través de enfoques que aborden las causas subyacentes de la migración, tales como la pobreza, la inseguridad y la falta de oportunidades, los países pueden contribuir a un futuro más justo y equitativo para todos, en línea con los principios de la Agenda 2030. Así, la migración no se ve solo como un reto, sino como una oportunidad para avanzar hacia sociedades más inclusivas, solidarias y sostenibles.

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MIGRANTES VENEZOLANOS EN IBAGUÉ

La migración venezolana en Ibagué es parte de un fenómeno migratorio de gran magnitud que ha afectado diversas regiones de Colombia.

“La crisis económica y social provocada por el actual gobierno venezolano forzó a que millares de personas abandonen dicho país con el fin de encontrar un país el cual les brindase nuevas oportunidades donde puedan tener una vida más digna que la que tenían en su país natal. (Alvarez,2021, p.21)”

A nivel sectorial, Bogotá D.C. se posiciona como la región del país con un mayor porcentaje de migrantes, albergando el 21.30% del total estimado de migrantes en Colombia para un total de 616,942 personas. Seguido de los departamentos de Antioquia y Norte de Santander con 394,244 y 338,442 migrantes respectivamente. Otros de los departamentos con un flujo migratorio superior a las 100,000 personas son la Guajira, Atlántico, Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca (Migración Colombia, 2023).

En el caso de nuestra población estudio, el departamento del Tolima a enero de 2021 albergaba un estimado de 10.471 mil personas migrantes provenientes de Venezuela (NRC, 2021) y a diciembre de 2022 la cifra ascendía a 23.525 migrantes, distribuidos en 47 municipios. Evidenciándose una mayor concentración en su capital Ibagué, Con un total de 13.330 migrantes a la fecha en mención (Migración Colombia, 2023). Por otro lado, con relación a su condición legal según el Consejo Noruego para Refugiados (NRC, 2021), la mayoría de los migrantes venezolanos en la ciudad de Ibagué, viven en situación de irregularidad migratoria, lo que les impide acceder a derechos fundamentales como la salud, educación, empleo formal y vivienda adecuada. Esta falta de regularización se convierte en un obstáculo estructural que excluye a miles de familias migrantes del disfrute pleno de la ciudadanía.

A nivel socioeconómico, la población migrante enfrenta una realidad marcada por la precariedad. Las familias migrantes en Ibagué suelen vivir en condiciones de pobreza extrema, debido a la falta de oportunidades laborales formales.

“Desde hace varios años, la ciudad de Ibagué ha mostrado un grave problema de desempleo; esta situación se acentúa debido a la falta de políticas serias y coherentes que hagan frente a la problemática generando estrategias de solución que generen empleos formales, dignos, sustentables y sostenibles. (Hernández, 2020, p.5)”

En este contexto la población migrante a menudo, se ve obligada a aceptar empleos informales, donde son víctimas de explotación laboral, percibiendo salarios muy por debajo del mínimo y sin acceso a ningún tipo de seguridad social (GIFFM, 2022). Esta vulnerabilidad económica claramente tiene un impacto directo en su calidad de vida, y las condiciones de hacinamiento en las que viven son prueba de ello. La falta de recursos para acceder a una vivienda digna empuja a muchas familias a vivir en asentamientos informales o a depender de la ayuda de organizaciones no gubernamentales para cubrir sus necesidades básicas (NRC, 2021).

Los desafíos que enfrenta la población migrante no solo son económicos. El estigma y la discriminación que experimentan, tanto en el ámbito laboral como en el acceso a servicios públicos, afectan su capacidad para integrarse en la sociedad ibaguereña. Esta exclusión social limita su participación en la vida comunitaria y les niega el derecho a una ciudadanía plena, reforzando la idea de que son "extranjeros" dentro del territorio nacional. (Caldera, 2022).

Impacto en los niños

Los hijos de los migrantes venezolanos son particularmente vulnerables en este contexto. A pesar de nacer en Colombia o haber llegado al país a temprana edad, estos niños y niñas enfrentan dificultades importantes para ejercer sus derechos fundamentales debido a la situación irregular de sus padres. La exclusión social que afecta a sus familias repercute de manera directa en su bienestar físico, emocional y social, situándolos en una condición de doble vulnerabilidad: por un lado, como migrantes y, por otro, como niños. (Observatorio de migración, 2022).

Así mismo, El estatus migratorio de los padres afecta directamente la ciudadanía y los derechos de los niños. Aunque las políticas recientes permiten que los niños nacidos en Colombia de padres venezolanos obtengan la nacionalidad colombiana, el proceso está condicionado a la regularización de los padres. Esto significa que muchos niños permanecen en un limbo legal, sin un estatus migratorio claro, lo que les impide acceder plenamente a los derechos de ciudadanía (Bitar, 2022). Esta situación representa una violación de sus derechos y los coloca en una posición de vulnerabilidad legal que limita sus oportunidades futuras.

La exclusión de estos niños del acceso a una ciudadanía plena genera una serie de problemas estructurales. En términos de inclusión social, la falta de reconocimiento legal afecta su participación en la comunidad y en la vida pública, negándoles la posibilidad de construir un sentido de pertenencia y arraigo. la precariedad en la que viven impide que sus familias accedan a mecanismos de protección social que podrían mejorar sus condiciones de vida.

Uno de los principales retos en materia de ciudadanía que enfrentan los niños y jovenes migrantes en Ibagué es el acceso a la educación. Aunque la legislación colombiana garantiza la matrícula de cualquier niño, independientemente de su estatus migratorio, en la práctica muchos enfrentan dificultades. Barreras burocráticas y económicas, como la falta de homologación de títulos o la necesidad de documentos oficiales que no pueden obtener debido a la irregularidad migratoria de los padres, limitan su acceso efectivo al sistema educativo (DANE, 2022). Sumado a esto, los niños suelen experimentar discriminación dentro de las escuelas, lo que afecta tanto su rendimiento académico como su integración social (NRC, 2021).

El acceso a la salud también es limitado para los niños migrantes. La atención médica pública, aunque garantizada en casos de emergencia, no siempre está disponible para aquellos sin documentación adecuada. La precariedad económica de las familias impide el acceso a servicios privados, lo que deja a estos niños expuestos a problemas de salud no tratados, como la malnutrición y enfermedades prevenibles (GIFFM, 2022). Esta falta de acceso a derechos esenciales no solo afecta su desarrollo físico, sino que también contribuye a perpetuar su situación de exclusión y vulnerabilidad.

Impacto psicológico y social

El impacto psicológico y social sobre los niños migrantes es profundo. La inseguridad, la inestabilidad y la precariedad en la que viven generan altos niveles de ansiedad, estrés y traumas emocionales. La falta de un entorno seguro y protector, agravada por la ausencia de redes familiares y comunitarias en Colombia, afecta su salud mental de manera significativa (Pavez et al., 2023). Esta situación se ve exacerbada por el hecho de que muchos de estos niños quedan al cuidado de hermanos mayores o de vecinos, debido a que sus padres deben trabajar largas jornadas en empleos informales para asegurar la subsistencia de la familia (Communitas, 2023).

La falta de espacios de protección adecuados para los niños migrantes es uno de los principales desafíos en materia de ciudadanía en Ibagué. Organizaciones sociales como Communitas han señalado la necesidad urgente de crear centros de atención para los hijos de madres migrantes, quienes a menudo se ven desprotegidos mientras sus padres buscan empleo (Pavez et al., 2023). Esta carencia de atención adecuada no solo pone en riesgo su seguridad física, sino que también afecta su desarrollo social y emocional, limitando su capacidad para integrarse en la sociedad.

En términos de socialización, estos niños enfrentan múltiples barreras. Como ya se mencionó, la discriminación en las escuelas y la falta de espacios comunitarios inclusivos afectan su capacidad para interactuar con otros niños y niñas, lo que agrava su sentido de exclusión. Estos factores, sumados a la inseguridad económica y legal, contribuyen a perpetuar un ciclo de marginalización que les niega el acceso a una ciudadanía plena y digna.

Reconfiguración de la ciudadanía

La situación de los niños migrantes venezolanos en Ibagué no solo refleja una crisis humanitaria, sino también una transformación en la comprensión de la ciudadanía en el contexto latinoamericano. En este escenario, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se presentan como un marco normativo clave para abordar los desafíos multidimensionales de la migración y la construcción de ciudadanía y la exclusión social. El compromiso de Colombia con los ODS, y en particular con las metas que promueven la reducción de la desigualdad (ODS 10) y la protección de los derechos laborales y sociales de los migrantes (ODS 8), es una herramienta crucial en la reconfiguración de la ciudadanía para estos niños y sus familias.

Los niños de migrantes venezolanos, al estar inmersos en un contexto de migración irregular, viven una doble exclusión: primero, debido a su estatus migratorio, que los coloca en una situación de vulnerabilidad legal y social, y segundo, por las barreras socioeconómicas y culturales que enfrentan para acceder a derechos fundamentales como educación, salud, y protección social. Esto ha llevado a la creación de nuevas formas de exclusión y discriminación, que afectan la percepción y la práctica de la ciudadanía.

Tradicionalmente, la ciudadanía ha sido entendida desde una perspectiva nacionalista, vinculada al estatus legal de los individuos dentro de un Estado-nación. la ciudadanía “supone y representa ante todo la plena dotación de derechos que caracteriza al ciudadano en las sociedades democráticas contemporáneas” (Arango, 2006, p. 1, citado en Giraldo 2015, p. 79). Este concepto está arraigado en el reconocimiento y la garantía de derechos políticos, civiles y sociales que posibilitan la participación plena en la vida pública. Sin embargo, y desafiando la noción expuesta, en contextos como el latinoamericano, esta idealización enfrenta múltiples tensiones y desafíos estructurales que evidencian una ciudadanía frecuentemente incompleta o restringida. Tal es el caso de la situación de los migrantes venezolanos en Ibagué, especialmente de sus hijos.

para la OIM (2021), los sistemas legales y políticos de los Estados deben adaptarse para garantizar la igualdad y la no discriminación, sin importar la nacionalidad o el estatus migratorio. Esto sugiere una ampliación de los conceptos de ciudadanía y derechos humanos para incluir a los migrantes, quienes, aunque no sean ciudadanos formales del país, tienen derechos fundamentales que deben ser respetados.

El derecho a la igualdad y la no discriminación (Heshusius, 2020), que obliga a los Estados a garantizar derechos a todos los individuos bajo su jurisdicción, es esencial para entender cómo estos niños, a pesar de no ser ciudadanos colombianos, deberían gozar de los mismos derechos que cualquier otro niño. Este desafío a las concepciones tradicionales de ciudadanía abre el debate sobre la necesidad de crear ciudadanías híbridas o transnacionales, en las que los derechos no dependan exclusivamente del estatus legal, sino de la residencia y la participación en la comunidad. una forma de ciudadanía que trascienda las fronteras de los estados-nación y combine derechos, identidades y prácticas en múltiples espacios geográficos, sociales y culturales( Gamboa, 2013).

Volviendo al contexto local, el trabajo de la organización Communitas en Ibagué resalta otro aspecto clave en la reconfiguración de la ciudadanía: la necesidad de proteger a los niños migrantes para garantizar su desarrollo integral y el de sus familias. Al reconocer la falta de espacios seguros para los niños de migrantes, Communitas promueve un enfoque de ciudadanía basado en la inclusión social y el bienestar comunitario. Esta iniciativa refleja un cambio en la percepción de la ciudadanía, ya que se centra en la protección de los derechos de todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio.

A nivel político, Colombia ha implementado mecanismos como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) y el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV), que buscan integrar a los migrantes en la sociedad, pero la realidad local de Ibagué demuestra que estos mecanismos, aunque útiles, son insuficientes sin una atención integral a los derechos de los niños. Los retos migratorios y sociales de los niños venezolanos subrayan la necesidad de políticas públicas que no solo regularicen su situación, sino que también los reconozcan como ciudadanos en la práctica, con acceso a derechos fundamentales.

Finalmente, el caso de Ibagué pone de manifiesto que la ciudadanía no puede seguir siendo vista exclusivamente como un vínculo legal con el Estado, sino como un proceso dinámico y en constante reconfiguración, en el que el acceso a derechos y la participación en la vida social deben ser los criterios centrales. Los niños migrantes, aunque no cuenten con el estatus legal de ciudadanos colombianos, ya son parte de la comunidad. Por lo tanto, deben ser reconocidos como actores con derechos, lo que implica una redefinición de la ciudadanía que vaya más allá de las fronteras nacionales.

CONCLUSIÓN: HACIA UNA CIUDADANÍA INCLUSIVA Y TRANSFORMADORA

El análisis de la situación de los niños y niñas hijos de migrantes venezolanos en Ibagué permite abordar con claridad la problemática de la ciudadanía en el contexto de la migración, destacando cómo este fenómeno redefine las nociones tradicionales de pertenencia y derechos. A lo largo del artículo, se ha discutido cómo los desafíos que enfrentan estos menores se enmarcan en una crisis de reconocimiento de derechos fundamentales y en la necesidad de reconfigurar la ciudadanía en Colombia. La situación de estos niños refleja la urgente necesidad de replantear la ciudadanía más allá de su definición legal tradicional. Estos menores, aun cuando no poseen la nacionalidad colombiana, están inmersos en la sociedad local, lo que requiere un reconocimiento práctico de su estatus y derechos. Este caso nos invita a repensar la ciudadanía como un proceso más inclusivo y flexible, que reconozca a los migrantes no solo como sujetos de asistencia, sino como miembros activos de la comunidad.

Se ha evidenciado que la población infantil migrante sufre de limitaciones graves en el acceso a derechos fundamentales, como la educación, la salud y la protección social. Esta exclusión perpetúa su vulnerabilidad y refuerza la desigualdad social, dificultando su integración en la sociedad colombiana. La respuesta del Estado y las políticas locales no ha sido suficiente para garantizar el ejercicio pleno de estos derechos, evidenciando una brecha significativa entre las normativas migratorias y su aplicación efectiva en el terreno.

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen un marco integral para enfrentar los retos que presenta la migración infantil, promoviendo la reducción de las desigualdades y la educación inclusiva. Estos compromisos internacionales deben ser integrados en las políticas locales y nacionales para garantizar una ciudadanía inclusiva y equitativa para los niños migrantes, asegurando que estos no solo accedan a derechos básicos, sino que también se les reconozca como actores sociales con potencial de contribuir al desarrollo de la comunidad.

La situación en Ibagué pone de manifiesto la necesidad de reformular las políticas públicas para abordar los desafíos específicos que plantea la migración de niños y niñas. Aunque medidas como el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) han avanzado en la regularización de la población migrante, persisten dificultades en el acceso real a los servicios básicos. Las políticas migratorias deben ir más allá de la regularización administrativa y enfocarse en una inclusión efectiva que promueva el bienestar integral de estos menores.

La reconfiguración de la ciudadanía no puede quedarse en el plano normativo; debe traducirse en prácticas concretas que promuevan la inclusión de los niños migrantes en todos los aspectos de la vida social. Esto significa no solo garantizar el acceso a derechos, sino también crear espacios de participación donde estos menores puedan ser reconocidos como sujetos plenos de derechos, con la capacidad de contribuir al desarrollo de su entorno. Esta transformación en el concepto de ciudadania demanda un cambio de paradigma que deje atrás la visión de los migrantes como una carga y los vea como actores que pueden enriquecer la comunidad.

En este sentido, la situación de los niños y niñas hijos de migrantes venezolanos en Ibagué constituye un caso paradigmático para entender la crisis, los retos y la reconfiguración de la ciudadanía en el contexto latinoamericano. La migración infantil plantea desafíos complejos que requieren de soluciones integrales que combinen el acceso a derechos, la inclusión social y la participación activa. La ciudadanía, en este sentido, se reconfigura como un espacio de diálogo y transformación, donde los derechos no son exclusivos de los nacionales, sino que se extienden a todos aquellos que forman parte de la vida en comunidad.

Notas