Políticas liberales y bienestar social en México (1983-2012)

Liberal Politics and Social Well-Being in México (1983-2012)

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Desde 1983 la administración pública mexicana ha priorizado la estabilización de la economía nacional mediante la ejecución de políticas macroeconómicas ortodoxas, enmarcadas dentro del paradigma secundario exportador en su variante neoliberal (Valenzuela, 1990). De tal forma que, para la nueva élite gobernante, su aplicación inflexible y sin cambio permitiría crear las condiciones indispensables para obtener un crecimiento económico notable, sostenido en el tiempo, y que, por el efecto “derrame”^[1] (Kuznets, 1974), suscitaría el tan ansiado desarrollo económico y social para México.

No obstante, la situación actual es otra y, después de cinco gobiernos^[2] aplicando la misma estrategia económica, no se observan avances significativos en los ámbitos sociales, tal y como, posteriormente, se analizará. De hecho, la sociedad mexicana está desilusionada y percibiendo en su ajetreo cotidiano la disminución de sus niveles de bienestar económico y social, de allí el aumento de la migración, la inseguridad ciudadana y la delincuencia.

En este sentido, el presente artículo tiene como objetivos, en primer lugar, describir las características de la política económica mexicana del período 1983-2012 para, posteriormente, analizar la evolución experimentada por los principales indicadores económicos y sociales en esas tres décadas.

Asimismo, considera de especial importancia y trascendencia, la experiencia mexicana, en la medida en que la Unión Europea, para hacer frente a la actual crisis económico- financiera, e incluso anteriormente a la misma, con la instauración del Euro, ha aplicado este mismo tipo de política económica liberal, de corte monetarista, la cual, después varios lustros, aún no ha dado los resultados deseados en lo que respecta a la mejora de los niveles de su bienestar social (Stiglitz, 2012; Ballester, Busquets, y Guillén, 2004, entre otros). Por lo tanto, se pone de manifiesto la aplicación que ha tenido este tipo de política económica en otro territorio, distinto a los de la Unión Europea, así como la contribución que ha podido tener en el desarrollo económico del mismo.

Tal y como se ha apuntado anteriormente, el presente artículo se dedica al análisis de las políticas económicas, de corte liberal y monetarista, aplicadas en México en los últimos treinta años; así como a la evolución que han experimentado los niveles de crecimiento económico y bienestar social del país en este período. De forma que, con este análisis descriptivo se estudian las implicaciones que pueda ejercer este tipo de política en el desarrollo económico del país analizado.

Para ello, en primer lugar, a partir de fuentes de información secundarias, consistente en consulta de bibliografía, informes, legislación, entre otros, se analizan las principales actuaciones llevadas a cabo por el gobierno mexicano, con objeto de caracterizar a la política económica que se ha implementado para el período 1983-2012.

Posteriormente, para la evolución de los niveles de crecimiento y desarrollo económico del país, se ha realizado una revisión amplia de las estadísticas económicas y sociales existentes en los bancos de datos de instituciones nacionales e internacionales, tales como: el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática – INEGI – (2013a, 2013b), el Banco de México – Banxico - (2013), la Comisión Económica para América Latina – CEPAL – (2012), el Banco Mundial –BM – (2013), el Fondo Monetario Internacional – FMI – (2013), México Estatal (2013), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social – CONEVAL – (2013), la Organización Internacional del Trabajo - OIT – (2013), la Secretaria de Hacienda y Crédito Público - SHCP – (2013), el Consejo Nacional de Población – CONAPO – (2013) y el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas (2013).

De consultas a las estadísticas y bases de datos de los organismos citados en el párrafo anterior, se elaboran series estadísticas, correspondientes al período de aplicación de las políticas económicas, comentadas anteriormente, para las siguientes variables: deuda pública, saldo comercial, inflación, crecimiento económico real y per cápita, distribución de la renta, pobreza, empleo, salario real y emigración.

Es importante acotar que del analisis de la evolución experimentada por estas variables se puede inferir el grado de crecimiento y desarrollo económico experimentado por el país lo cual permite poner de manifiesto posibles consecuencias que haya podido tener este tipo de política económica sobre ello.

La crisis suscitada a principios de la década de los ochenta permite la llegada al poder de la tecnocracia mexicana, quienes se sentirán los encargados de llevar por buen rumbo a la economía del país hacia el tan ansiado desarrollo económico sostenido. Comienza la transición de una economía cerrada, a través de un modelo de desarrollo por sustitución de importaciones, a una economía abierta, totalmente de mercado (Guillén, 2001), donde el crecimiento y desarrollo económico se suscitará desde el paradigma de acumulación secundario exportador en su variante neoliberal (Valenzuela, 1990).

En este sentido, la nueva élite gobernante califica al Estado social de innecesario, catalogándolo de creador de ineficiencias y corruptelas y, de esta forma, justificar la necesidad de reducir la presencia gubernamental en la vida cotidiana para devolver al mercado su capacidad de distribuir los recursos de acuerdo con la eficiencia y la productividad de los diferentes actores económicos (Aspe, 1993). En esta línea, los diferentes gobiernos que ha tenido México durante estas tres últimas décadas han establecido una ideología a favor de presupuestos saneados, inflación reducida, mercados desregulados y libre cambio (Guillen, 2007; Guillen, 2005).

Así, a mediados de los ochenta, con Miguel de la Madrid Hurtado -primer presidente tecnócrata-, se inicia el proceso de transición de una economía cerrada a una abierta. Es el comienzo de la liberalización del comercio, se reducen los aranceles y los tipos de importaciones que requerían licencia gubernamental, dándose inicio a la venta de algunas empresas estatales y a la flexibilización de las reglas sobre la propiedad extranjera (Jarques, 1994, Martínez y Farber, 1994).

En 1988, Carlos Salinas de Gortari termina de dar el impulso final a las reformas económicas introducidas por su antecesor, llevando a la economía mexicana a un crecimiento económico moderado, sustentado en la inversión extranjera (Casáis, 2009). No obstante, años después, en 1994, México se vería sumido en una crisis financiera sin precedentes, llegando al poder Ernesto Zedillo Ponce de León, quien durante toda su administración aplicará políticas macroeconómicas restrictivas, adoptando una política cambiaria de flotación peso- dólar y poniendo en marcha un proceso de privatización del sistema de pensiones, así como de venta de puertos y aeropuertos.

Con el tiempo, tal y como se demuestra en el análisis empírico, la aplicación de este tipo de políticas económicas restrictivas condujeron a la economía mexicana a un estancamiento y retroceso económico, con costos sociales de magnitudes considerables (Huerta, 1992, 1994, 2004; Guillen, 2007; Ibarra 1996)^[3].

Con la administración presidida por Ernesto Zedillo se terminan 54 años en el poder del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Llega a la presidencia la derecha, representada por el Partido Acción Nacional (PAN), quedando en manos de Vicente Fox Quezada dirigir los destinos del país, el cual continuará aplicando la misma política económica. El resultado de esta política se refleja en un crecimiento económico moderado pero con gran costo social. Termina su administración con unas elecciones bastante accidentadas al especularse la existencia de fraude electoral (Aparicio, 2009).

Por último, llega al poder el candidato panista, Felipe Calderón Hinojosa^[4], quien no realizó cambios en la estrategia económica, lo cual trae consigo un efecto drástico en los ámbitos sociales, políticos y económicos (Martí i Puig, 2012).

Por consiguiente, con todo ello, se demuestra cómo, durante las últimas tres décadas, a pesar de los sucesivos cambios que se han venido produciendo en el gobierno de México, con diferentes signos políticos, el tipo de política económica se fundamenta en la teoría liberal-monetarista.

Respecto a la política social, cabe señalar cómo, bajo el paradigma anterior de industrialización por sustitución de importaciones, se crearon grandes centros urbanos, se fundaron instituciones de seguridad social fuertes, salarios dignos para los trabajadores, leyes laborales justas, vivienda social y otras muchas leyes e instituciones sociales, las cuales permitieron que varias generaciones disfrutaran de los mínimos de bienestar económico y social. En este sentido, la política social se fundamenta en los artículos 3, 4, 27 y 123 de la Constitución de 1917 (Poder Ejecutivo Federal, 1917), en los cuales se establecen los derechos sociales a los cuales tiene acceso todo nacido en territorio mexicano.

Así, la política social establecida dentro del paradigma por sustitución de importaciones, fue en cierta medida incluyente y con un Estado promotor de los mínimos de bienestar. Sin embargo, este modelo de Estado del bienestar no sobrevive a la crisis del modelo de industrialización por sustitución de importaciones, reduciéndose a su mínima expresión, a una política de subsidios hacia la oferta (Cordera y Cabrera, 2007; Ward, 1990). De hecho, en la actualidad, dentro del actual paradigma tecno-económico posfordista, se viene implementando una política social subsidiaria de la demanda, es decir, de transferencia de recursos hacia los más pobres y, en general, dirigida hacia los sectores de población de mayor exclusión social, dándose por terminando el principio de universalidad. Esta política social puede ser denominada como política social de focalización (Cásais, 2009).

De esta forma, para la elite económica, este tipo de política social reducirá las distorsiones en el mercado, más que la dirigida subvencionar a la oferta (precios). En sentido amplio, se sustentará en el supuesto de generar una serie de medidas compensatorias para suavizar los excesos iniciales de los ajustes macroeconómicos en algunos sectores de la población. En estas condiciones, el aspecto social es considerado una dimensión del gasto, no de la inversión; diluyéndose el concepto de desarrollo social y progreso social. En este sentido, se genera una nueva visión de compensación social (Labra, 1996; Moguel, 1996; Sen, 2003) en detrimento del enfoque de la política social como un derecho legítimo para el conjunto de la ciudadanía a participar de la riqueza socialmente producida.

Este enfoque liberal de la política social intenta minimizar los efectos sociales dejados por las políticas macroeconómicas de estabilización, impulsando la creación de programas sociales focalizados, como: el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), el Programa de Educación, Salud y Alimentación (PROGRESA), Oportunidades y Vivir Mejor. Este tipo de política social se caracteriza por tres aspectos fundamentales: a) La focalización, que responde a la necesidad de confrontar la masificación de los problemas sociales con fondos recortados; b) El asistencialismo, consistente en dar ayuda a los grupos sociales más vulnerables (extrema pobreza) y c) La descentralización de la política social hacia los gobiernos regionales y locales (Cordera y Cabrera, 2007).

Sin embargo, una de las dificultades que debe enfrentar es el cuestionamiento de hacia dónde dirigir los servicios. Además, sin la presencia de un Estado fuerte, y con decisión política, se abandona a su propia suerte a los sectores sociales más débiles, tales como: indígenas, campesinos, grupos populares urbanos, entre otros, originando una profundización de las condiciones de desigualdad, pobreza y exclusión social, lo cual se contrasta en el análisis empírico del presente artículo.

En definitiva, toda esta política va a generar con el tiempo el deterioro y desmantelamiento de la red de políticas sociales, creadas bajo el modelo anterior de industrialización por sustitución de importaciones (Cordera y Cabrera, 2007; Vilas, 1995).

Las consecuencias económicas y sociales de esta política económica liberal, aplicada en México durante las tres últimas décadas, se ponen de manifiesto, a partir, del análisis empírico realizado en la siguiente sección.

Por tanto, podría decirse que los objetivos fundamentales de las políticas económicas aplicadas en México durante los últimos 30 años, fueron: a) Ahorrar para pagar la deuda externa, aplicando una política fiscal restrictiva, mediante recortes de la inversión pública y del gasto social; b) Combatir el importante proceso inflacionario que venía experimentando la economía mexicana, para lo cual se aplicó una política monetaria restrictiva; y c) Asegurar, mediante el cumplimiento de los anteriores objetivos económicos intermedios, un crecimiento económico sostenido para el país, que, según el pensamiento clásico y neoclásico, incidiría automáticamente, por el efecto derrame, en la mejora del bienestar social y la corrección de las desigualdades sociales de los mexicanos (Kuznets, 1974).

Sin embargo, como se recoge en la tabla I, aunque se llegaron a cumplir los objetivos intermedios, con una disminución de la deuda pública y de los índices de inflación, no se llegó a conseguir del todo la consecución de un crecimiento económico sostenido que se tradujera en una mejora del bienestar social de la población mexicana.

Tabla I
Evolución de los agregados macroeconómicos: Deuda pública, inflación y crecimiento económico real y per cápita (1983-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Banco de México (2013) y de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (2013).

Tal y como se recoge en la tabla I, mientras que el saldo de la deuda bruta del sector público por habitante bajó de 38.539,6 Pesos en 1983 a 31.889,8 en 2012, la inflación lo hizo de niveles del 80% al 4% anual, lo cual viene a demostrar cómo las medidas de política macroeconómica restrictivas, tanto fiscal como monetaria, tomadas en estas tres últimas décadas, llevaron a cumplir esos objetivos económicos intermedios.

Sin embargo, el crecimiento económico per cápita medio anual, para el período analizado, fue de un escaso 0,57%, siendo el crecimiento medio anual del 2,21%. A su vez, la secuencia seguida por el crecimiento económico en estas tres décadas ha sido muy inestable, intercambiándose años de recesión con años de crecimiento económico, generalmente, muy débiles. De tal forma que, uno de los principales objetivos de las políticas económicas liberales, como es la maximización, de una forma sostenible, del crecimiento económico, apenas se logra conseguir después de 30 años de aplicación de tales políticas, sobre todo en lo que respecta al crecimiento per cápita.

No en vano, tal y como concluyen algunos estudios, uno de los principales elementos que determinan el crecimiento a largo plazo son las instituciones (North, 1990; Acemoglu, Jonson y Robinson, 2002, entre otros), las cuales, durante todo este período, permanecen inamovibles, y, en cualquier caso, las que se modifican, lo hacen levemente en sintonía y a favor de la política liberal, tal y como se ha presentado en el apartado anterior.

Una vez comentados los principales efectos macroeconómicos que tuvo este tipo de política, a continuación se comentan los efectos de la misma sobre la dimensión social. Para ello, se analiza la evolución que han experimentado en estas tres últimas décadas algunas de las variables más representativas de esta dimensión, tales como: la distribución del ingreso, la pobreza, el mercado de trabajo, la emigración.

Respecto a la distribución de la renta, podría decirse que, aún habiendo crecido muy levemente los ingresos del país, los datos de la tabla II muestran la mala distribución de los mismos, dando lugar a una importante polarización de la poca riqueza nacional creada. De tal forma que, mientras que el 20% de la población acapara más de la mitad de la riqueza nacional, el 20% más pobre no llega a poseer el 5% de la misma.

Así, por ejemplo, según la tabla referida, en el año 2005 solo el 3,71% de la riqueza fue para el quintil 1 de la población, mientras que el más rico (quintil 5) se quedó con el 57,6% de la riqueza nacional. Esta polarización de la riqueza se ha incrementado en los años de aplicación de políticas liberales, ya que, mientras que en 1983 el quintil más rico se apropiaba del 47% de la riqueza nacional, y el más pobre del 5,04%; en 2012 el quintil más rico ya se apropiaba del 52,15%, mientras que el más pobre sólo lo hacía del 4,48%. En este mismo sentido, también manifiesta Aguilar Gutiérrez (2013) al analizar el índice de polarización del ingreso de México para el período 1984-2010.

Por consiguiente, como consecuencia de esa débil creación de riqueza y de la mala distribución de la misma, tal y como se recoge en la tabla III, los niveles de pobreza del país han aumentado en estas tres últimas décadas. Así, mientras que en 1983 el 45,20% de la población del país estaba fuera de los niveles de pobreza, en 2012 sólo el 38,04% se encontraba fuera de esta situación. Sin embargo, el porcentaje de población en extrema pobreza ha subido, pasando del 22,18% en 1983 a 24,06% en 2012.

Por otro lado, según se desprende de la Tabla IV, en las últimas décadas ha aumentado tanto la tasa de desempleo (del 3,7% en 1994 al 8,44% en 2012) como la tasa de empleo informal (del 43,10% en 1994 al 44,21% en 2012); en detrimento de la tasa de empleo formal, la cual ha decrecido del 21,20% en 1994 al 20,13% en 2012. En este sentido, podría afirmarse que el período de aplicación de políticas liberales coincide con un empeoramiento de las condiciones del mercado de trabajo del país.

Tal y como se recoge en la Tabla V, también cabe destacar el importante desempleo que existe entre la población joven mexicana en edad de trabajar, sobre todo si se compara con Estados Unidos y Canadá, países miembros del Tratado de Libre Comercio con América del Norte T.L.C.A.N. Esta tasa también ha ido creciendo en las últimas décadas, pasando del 49,1% en 1995 al 65,7% en 2012. Para el caso mexicano, este crecimiento ha sido mayor que en los dos países con los que se compara.

Tabla II
Distribución del ingreso por quintiles (1983 – 2012) (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2013).

Tabla III
Población en pobreza extrema, pobre y no pobre (1983-2012) (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL - (2013), el Consejo Nacional de Población – CONAPO – (2013) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social – CONEVAL - (2013).

Tabla IV
Población en el mercado de trabajo según su situación (1994-2012) (%)

Fuente: Elaboración propia a partir del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática – INEGI – (2013b), la Comisión Económica para América Latina y El Caribe – CEPAL – (2013) y el Fondo Monetario Internacional – FMI - (2013).

Tabla V
Desempleo de jóvenes en edad de trabajar (1995-2012) (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (2012).

Otro dato que coincide, en este mismo período, con las políticas macroeconómicas de las últimas décadas se refleja en la evolución negativa que, tal y como se recoge en la Tabla VI, ha venido experimentando en la última década el salario real, lo cual ha hecho perder poder adquisitivo a buena parte de la población mexicana. En este caso, en tres décadas de aplicación de este tipo de política económica, la clase trabajadora, según se desprende de la citada Tabla, ha perdido alrededor del 76% de poder adquisitivo. Todo ello, unido a los datos del empleo, comentados anteriormente, ha incidido en un aumento de la precariedad del mercado de trabajo.

Por tanto, consecuencia, entre otros factores, del aumento de las desigualdades, de la pobreza, del desempleo, en general, y entre los jóvenes, en particular, del empleo informal, de la pérdida de poder adquisitivo de buena parte de la población mexicana y de la precariedad del mercado de trabajo, en las últimas décadas, como se desprende de la Tabla VII, la tasa de emigración de México hacia los Estados Unidos se ha mantenido en estos últimos 30 años. En este sentido, el número de personas que emigraron hacia este país se ha incrementado en la misma medida en la que lo ha hecho su población, pudiéndose destacar, nuevamente, cómo el mercado de trabajo ha sido incapaz de absorber este incremento poblacional, volviéndose, cada vez, más precario. Así, en las últimas décadas de aplicación de este tipo de política, puede observarse cómo la tasa de emigración del país hacia los Estados Unidos se ha mantenido en torno al 3‰ de la población total y al 2,15‰ de la población entre los 15 y 44 años.

Tabla VI
Evolución de salario real (1983-2012)

Fuente: Elaboración propia con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL - (2013) y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas – CEFP - (2013).

Tabla VII
Migración mexicana hacia Estados Unidos (1996-2012)

Fuente: Elaboración propia a partir del Consejo Nacional de Población – CONAPO - (2013).

En definitiva, todos los indicadores y variables analizadas, tanto económicas como sociodemográficas, muestran cómo tres décadas de aplicación de políticas económicas liberales, de corte monetarista, en México no han servido para mejorar las condiciones sociales y económicas del país. De tal forma que, en algunos aspectos, podría decirse que tales condiciones se han deteriorado, tales como: el aumento de la desigualdad, de la pobreza, el desempleo, la precariedad en el empleo, entre otros.

En este artículo se ha analizado, en primer lugar, las principales características de la política económica y social aplicada en México en los últimos treinta años, pudiéndose concluir que tales características son propias de una política económica de corte liberal - monetarista, siendo su política social focalizada y de mínimos. Este tipo de política se corresponde con el paradigma en el que descansa el actual proceso globalizador, basado en una economía capitalista de mercado, en el que la información y el conocimiento es parte fundamental del mismo.

Como parte central de este artículo se ha analizado, a partir de indicadores económicos y sociodemográficos construidos mediante series estadísticas de diversas instituciones, la evolución del bienestar económico y social de los mexicanos durante este período 1983 - 2012. Así, del análisis de estas estadísticas se puede deducir cómo esos treinta años de aplicación de políticas liberales - monetaristas no han servido para mejorar los niveles de bienestar económico y social del país, pues, lejos de ello, se demuestra como ese nivel de bienestar social y económico se ha ido deteriorando, atendiendo a la evolución negativa experimentada por la mayor parte de las variables analizadas.

Por consiguiente, todo ello conlleva la necesidad de replantear posibles alternativas a este tipo de política económica, ya que después de treinta años de aplicación, no han sido suficientes para generar un crecimiento económico estable y, sobre todo, un crecimiento económico que incida en la mejora del bienestar social para la mayor parte de la población del país.

En este sentido, ese débil e inestable crecimiento no ha llegado, en forma de beneficios sociales, a la mayor parte de la población del país, por lo que se considera necesario aplicar políticas sociales integradas en la propia política económica, con objeto de que escasos beneficios, que genera el reducido crecimiento económico, se distribuyan de una mejor manera entre la población. No en vano, tal y como recoge Stiglitz (2012), la desigualdad genera una serie de imperfecciones y consecuencias negativas para el buen funcionamiento de una economía.