Introducción

El propósito de este artículo es analizar las dinámicas de la violencia directa derivada de los dos principales grupos guerrilleros que alimentan el conflicto armado interno colombiano, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con especial atención a lo sucedido entre 2012 y 2015. Esto, dada la importancia por la que atraviesa el mismo conflicto en sí, a punto de desactivarse, tras más de medio siglo de confrontación armada entre el Estado colombiano y las FARC, y por el marco de futuras negociaciones que, igualmente, se ha abierto con el ELN.

De lo que se trata es de analizar las tendencias de la violencia directa y, particularmente, qué patrones pueden apreciarse tanto en uno como en otro grupo armado, si han respondido a tendencias de continuidad, intensificación o cambio. Así, se puede señalar que se destacan dos dinámicas que invitan a reflexionar sobre posibles pautas de la violencia, incluso, una vez se haya puesto fin a las negociaciones y los diálogos de paz. Por un lado, se plantea una posible periferialización del conflicto colombiano, entendida como el enquistamiento del arraigo guerrillero sobre escenarios fronterizos, de geografía hostil, alejados de los principales centros políticos y decisorios del país.

Por otro lado, se plantea la hipótesis de la narcotización, esto es, la creciente dependencia de los grupos guerrilleros de los ingresos relacionados con la coca – desde su cultivo y gramaje hasta, en algunos casos, su procesamiento y distribución. Esta tendencia invitaría a presuponer un mayor número de acciones armadas y de presencia municipal en aquellos enclaves con presencia de cultivos cocaleros.

Los datos que se utilizan fueron facilitados por el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (ODHDIH, s.f.), adscrito a la Presidencia de la República, el cual constituye la fuente más confiable en cuanto a conocimiento de la violencia producida por el conflicto armado en Colombia. El disponer de las cifras de 2015 hace que, posiblemente, éste sea uno de los trabajos académicos, hasta el momento, más actuales sobre la comprensión de las lógicas del activismo guerrillero en Colombia, en un contexto de diálogo muy avanzado con las FARC y en un marco de negociaciones preliminares con el ELN pero que, a través de la periferialización y la narcotización, puede encontrar elementos de análisis para los futuros retos y desafíos de la política de seguridad en Colombia.

1. Marco teórico y estado de la cuestión

Las comprensiones de un conflicto como el colombiano responden a multitud de enfoques y posicionamientos. Sin ánimo de entrar a profundizar sobre esta cuestión más de lo necesario, este trabajo se aproximaría a dos líneas que, tradicionalmente, han tratado de comprender el conflicto de una manera muy diferente, pero a su vez, claramente relacionada.

Por un lado, se encuentran los trabajos que, durante décadas, adoptaron la explicación, sobre todo fundacional, del origen del conflicto colombiano. Aunque, trabajos como el de Oquist (1978) alertaban de un profundo déficit de institucionalidad en cuanto al alcance y sentido del Estado de Derecho, - anteriormente puesto de manifiesto en el trabajo de Fals et al., (1962) -, sería el trabajo de Sánchez (1987), el primero en alertar la relación cercana entre violencia estructural y emergencia del conflicto armado. Esta hipótesis, seguida por Molano (1987), Reyes (1988) o Ramírez (1990) abrirá en los noventa una línea de investigación predominante en la academia colombiana, conocida como la violentología, la cual será desarrollada en el seno de la Universidad Nacional de Colombia. Una línea que entenderá que son las causas económicas las explicativas del origen del conflicto armado colombiano.

No obstante, si pareciera que ésta puede ser una de las líneas más aceptadas para comprender su origen, otros autores asumen que la razón originaria del conflicto es, fundamentalmente, política. Ello, fruto de la ilegalización del Partido Comunista a mediados del siglo pasado, y el imperativo de que las guerrillas tuvieran que constituirse como actores de disputa desde fuera del sistema (Pizarro, 2011).

Por su parte, otros trabajos como el de Zukerman (2012), contrariamente, apuntarían, ante todo, a una explicación sociológica, de cultura política y acción colectiva, habida cuenta de la presumible conexión entre los lugares que albergaron la emergencia de las guerrillas colombianas en los sesenta y los lugares que, dos décadas antes, fueron foco de protesta campesina; fruto de la común ausencia de mecanismos redistributivos respecto de la propiedad de la tierra.

Ya sean razones políticas, sociales o económicas las que propiciaron el conflicto armado en Colombia, como sugiere Collier (2000), una cuestión es el origen del mismo, y otra, muy diferente, los factores que lo redefinen y lo afectan en su desarrollo. Y es que, a tal efecto, aunque ya había trabajos que apuntaban a la importancia del narcotráfico como agitador del conflicto y la financiación de los grupos guerrilleros (Palacio y Rojas, 1990) es, a lo largo de la década pasada, cuando proliferó una forma distinta de entender la violencia en Colombia.

Así, la hipótesis de saqueabilidad de los recursos (lootable resources) invita a entender a los grupos armados dentro de una suerte de elección racional basada en una forma de vida que, desde la criminalidad, permite adquirir mecanismos diversos de poder (Collier, 2000). De hecho, y como considera Snyder (2006: 343), “la riqueza saqueable, es definida como recursos lucrativos, fáciles de transportar, tales como piedras preciosas, madera tropical y drogas ilícitas, genera desorden al proveer las razones y los medios para la rebelión armada”.

De igual forma, Fearon (2005) señalaría que la mayor parte de conflictos armados y guerras internas, como la colombiana, tienen su representación en escenarios rurales donde los actores armados terminan por construir y consolidar fuentes particulares de poder económico. Fuentes, como secuestros, extorsiones, mercantilización, distribución y comercio de bienes de producción agrícola o, en casos como Perú o Colombia, fundamentalmente del narcotráfico.

De hecho, algunas aproximaciones cuantitativas, como las de Keen (2001) o Berdal y Malone (2000), a inicios de la década pasada, apuntan a una relación íntima entre la disponibilidad de recursos saqueables y la concurrencia de insurrecciones. Para el caso colombiano, existirían destacados trabajos que intentarían entender el conflicto armado a partir de la relación de los actores armados con las fuentes de poder económico (Bejarano y Pizarro, 2001; Romero, 2011); ya sea desde el narcotráfico (Mejía, 2012), la agricultura extractiva (Goebertus, 2008) o el despojo de tierras y el desplazamiento forzado (Reyes, 2009). Empero, y aunque hay aproximaciones a la relación entre cultivo ilícito y activismo armado derivado del conflicto interno (Echandía, 2006), la mayoría de los trabajos se han centrado más en mostrar una concurrencia espacio-temporal limitada, sin perspectiva alguna.

Es por ello que el siguiente trabajo busca profundizar en la línea de los recursos saqueables, entendiendo que los grupos guerrilleros colombianos explican su activismo y posición territorial de acuerdo a la ubicación de estos recursos. Una hipótesis que, dada una coyuntura de debilitamiento y afectación paulatina por una política de seguridad, especialmente beligerante entre 2002 y 2012, invita a pensar en una relación cada vez más cercana entre las acciones guerrilleras, los cultivos ilícitos y el narcotráfico. De este modo, si es cierta esta racionalidad del activismo guerrillero con respecto a los recursos saqueables, cabría esperar mayor presencia armada en aquellos enclaves con tales recursos; los cuales, por la propia transformación y el cambio en la correlación de fuerzas del conflicto, se encuentran cada vez más próximo al negocio del narcotráfico.

Al respecto, la Geografía Política ha ofrecido interesantes aportaciones en los últimos años a efectos de entender la afectación de la violencia en su relación causal con diferentes tipos de población (Raleigh y Hegre, 2009), condiciones de pobreza (Hegre et al., 2011), dimensiones fronterizas (Buhaug y Rød, 2006), proximidad de recursos como gas y petróleo (Basedau y Pierskalla, 2013) o en atención a la pluralidad étnica de una comunidad (McDoom, 2014).

Forø y Buhaug (2015), sin restar valor a lo planteado, reivindican la importancia de la Geografía Física como contexto modulador de ciertos elementos propios de la violencia, de manera tal que la difícil accesibilidad (inaccessibility) y la mayor distancia con respecto de los centros económicos y políticos del país, serían un factor clave para comprender ciertas dinámicas de conflicto intraestatal, en enclaves periféricos. Lo anterior, por entender que el Estado permea en estos escenarios de manera parcial, dada su debilidad institucional, lo cual puede desvirtuar la noción clásica de autoridad y favorecer la emergencia de poderes paraestatales, como sucede en el caso colombiano.

Así, la fractura regional, la ausencia de infraestructura en términos de conectividad, la afectación de fronteras inestables, o la presencia de imaginarios distanciados, en clave de unidad nacional, para algunos trabajos como los mencionados, u otros como los de Buhaug y Rød (2006), Salehyan (2009) o Cunningham et al., (2009), terminan siendo una ventana de oportunidad para la emergencia de conflictos armados internos. Igualmente, otros aportes como los de O’Loughlin et al., (2012) o Schutte (2015) señalarían que, con base en lo sugerido, los conflictos internos tienden a una mayor fronterización, tal y como en Colombia han señalado trabajos como los de Echandía y Salas (2005), Echandía y Bechara (2006) o Salas (2010).

2. Metodología

Metodológicamente, el trabajo responde a un diseño estrictamente cuantitativo, cuya pregunta de investigación es la siguiente: ¿Cuál ha sido la tendencia de la violencia directa de los grupos guerrilleros colombianos entre 2012 y 2015?

Su respuesta, a modo de hipótesis, pasaría por afirmar que concurren dos variables conexas que explicarían las dinámicas del activismo guerrillero colombiano y su presencia territorial: la periferialización y la narcotización. Del lado de la periferialización cabría pensar en que el activismo guerrillero ha terminado por enquistarse en escenarios fronterizos, geográficos muy alejados de los centros políticos y económicos del país, donde la geografía, mayormente selvática y/o montañosa funge como ventaja competitiva para preservar lógicas de activismo armado. Esta dinámica coincidiría con un segundo proceso, de narcotización, por el que ubicación de la presencia guerrillera, aparte de focalizarse en escenarios fronterizos, lo haría, igualmente, allí donde concurre una mayor presencia de cultivos ilícitos cocaleros.

Como trabajo de cariz cuantitativo, resulta imprescindible operacionalizar las variables que acompañan la explicación de dicho objeto de estudio. Así, la violencia guerrillera se entendería en términos estrictos de violencia directa, operacionalizada de acuerdo al número de acciones armadas protagonizadas por FARC y ELN. Se entenderían por acciones guerrilleras, concretamente, el número de ataques a la Fuerza Pública, las emboscadas, los hostigamientos, los ataques contra la población civil y los actos de terrorismo. Por su parte, la condición cocalera vendría marcada por la concurrencia del número de hectáreas cultivadas con coca en el nivel municipal.

Las fuentes de información son dos. Por un lado, el ODHDIH (s.f.), ente que puso a disposición de este trabajo una ingente base de datos desde 1998 hasta 2012, en la que se desglosaban, por municipio y año, diferentes indicadores propios del conflicto, como acciones de las FARC, acciones del ELN, casos de secuestro y extorsión, desplazamiento forzado, número y tasa de homicidios violentos, iniciativas de la Fuerza Pública contra FARC y ELN o asesinatos de alcaldes, concejales, periodistas o sindicalistas. Esta información del ODHDIH proviene, a su vez, de los boletines diarios del Departamento Administrativo de Seguridad, para todo lo que concurre entre 1998 y 2010, y del Comando General de las Fuerzas Militares, perteneciente al Ministerio de Defensa, para lo acontecido durante los años 2011, 2012 y 2015.

Faltarían los datos de los años 2013 y 2014 pues, por motivos de confidencialidad, por coincidir con el desarrollo de los diálogos de paz con las FARC y con las negociaciones exploratorias con el ELN, no fueron facilitados. De esta manera, el tiempo objeto de análisis para mostrar la periferialización del activismo guerrillero se concentraría en 2012 y 2015, atendiendo, fundamentalmente, a un desglose y un análisis pormenorizado de las acciones guerrilleras según la base de datos facilitada, y en la medida que se trata del indicador idóneo para analizar tal activismo armado. Cabe añadir, en todo caso, que para el año 2015, la base de datos no reporta el desglose y el detalle municipal que sí se especifica para el resto de años objeto de análisis, de manera que esta labor se subsanó recurriendo a las comunicaciones y reportes del Ministerio de Defensa para el año 2015.

Por su parte, para entender la narcotización de las guerrillas lo que se realiza es un análisis de tendencias, integrando las informaciones del ODHDIH (s.f) y las informaciones de UNODC (2016), comenzando en 2001 y hasta 2012, pero agregando los datos de 2015. Ello mostraría de qué modo, en el tiempo, la proximidad de las acciones guerrilleras respecto de los enclaves cocaleros se ha ido intensificando.

En cuanto a los datos de cultivo de coca provendrían de UNODC (2016) que, ex profeso, para este trabajo, facilitó todo el desglose municipal de hectáreas cultivadas de coca entre 2001 y 2012. Conviene añadir que, desde 2016, tal información es de libre acceso, a través de la página web del Observatorio de Drogas de Colombia que, con apoyo de Naciones Unidas, georreferencia y cartografía a nivel municipal y plurianual por hectárea cultivada, todos los cultivos del país. De aquí se obtuvo la información de 2015.

Finalmente, como se puede observar, la unidad de información tanto para la violencia como para la presencia de cultivos cocaleros es el municipio, aunque en cuanto al análisis, por facilidad metodológica, se utiliza el departamento. Así, particularmente, son seis departamentos integrados en tres regiones ya mencionadas, los que condensarán el trabajo de investigación: el noroccidente (Antioquia y Bolívar), el nororiente (Arauca y Norte de Santander) y el suroccidente (Cauca, Nariño, Caquetá y Putumayo). Tres regiones que comparten similitudes en su relación con el conflicto armado, pero también particularidades geográficas, culturales y socioeconómicas.

La naturaleza del estudio es netamente deductiva, en la medida en que la teoría precede a la observación planteada. Igualmente, el tipo de estudio es descriptivo, pues se muestran las posibles pautas de cambio y/o continuidad del activismo guerrillero, sobre todo, contrastando 2012 y 2015 aunque, incorporando un componente explicativo al entender que tales pautas están marcadas por el fenómeno de periferialización de las acciones armadas y la narcotización de las mismas.

En torno a las limitaciones, se debe reconocer que elementos cuantitativos de la violencia como los expuestos, reducen el análisis del activismo guerrillero a un factor de cifras que deja de lado aspectos como los estructurales o los simbólico-culturales. De hecho, ésta es una cuestión abordada en los últimos años por investigaciones como las de Kalyvas (2006), Kalyvas et al. (2008) o Dammert et al. (2010). Empero, si de medir los niveles de continuidad del activismo guerrillero y, sobre todo, su presencia municipal con base en factores explicativos como el narcotráfico, tal reduccionismo acaba siendo irremediable, como se aprecia en trabajos de referencia en Colombia como los de Echandía (2006), Aponte y Vargas (2011) o González et al. (2014).

Otro de los factores que metodológicamente más dudas entrañan a la hora de analizar pautas de violencia en grupos armados dentro de conflictos internos, tendría que ver con el origen de los datos y su verosimilitud. En esta ocasión el manejo de cifras provenientes del ODHDIH confieren un valor agregado al trabajo, pues otras bases de datos, como la del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (CERAC) o el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), no llegan al nivel de detalle de estas fuentes oficiales. Lo mismo sucedería, en lo que respecta a la ubicación y alcance de los cultivos cocaleros, con la base de datos de UNODC de modo que, los datos utilizados, terminan favoreciendo una información que permite generar resultados convincentes.

3. La periferialización del activismo guerrillero

La periferialización del conflicto armado colombiano supone aceptar que los departamentos con mayores niveles de activismo guerrillero, tanto de las FARC como del ELN, estarían en el suroccidente del país – en los departamentos de Cauca, Nariño, Putumayo y Caquetá; en el nororiente, en Norte de Santander y Arauca; e, igualmente, aunque en menor medida, en el noroccidente, en Antioquia y Bolívar.

No obstante, esta condición periférica no se explicaría per se de manera que la periferialización se sustantivaría, además, por la yuxtaposición de cultivos cocaleros de manera tal, que el binomio periferialización/ narcotización sería la pauta explicativa de la violencia guerrillera colombiana de los últimos años.

Si se observa el último reporte de 2015 del ODHDIH (s.f.), y a falta de los informes de 2013 y 2014, se registraron en ese año en Colombia un total de 122 acciones guerrilleras, mayoritariamente acontecidas en cinco departamentos: Antioquia, Arauca, Cauca, Nariño y Norte de Santander. Cinco departamentos que, como puede observarse en la tabla I, concentrarían 96 acciones armadas acontecidas en el país, casi el ochenta por ciento de las mismas.

De esta información se podrían desprender consideraciones importantes relacionadas con la periferialización y la narcotización del activismo guerrillero colombiano.

Con respecto a la periferialización, cabe destacar que la mayoría de estos departamentos comparten características como: 1) Distancia de los centros económicos y políticos del país, 2) Condición fronteriza, bien con Venezuela en el nororiente, bien con Ecuador, en el sur, y 3) Particularidades geográficas, selváticas y/o montañosas que favorecen la pervivencia de estos grupos en relación con otros escenarios.

Y es que, como reconoce Molano (1987), el conflicto armado colombiano se comprende a raíz de una marcada condición periférica, bajo un contexto con más territorio que Estado en el que, durante décadas, la institucionalidad colombiana se ha reducido a enclaves urbanos y centros de poder político y económico.

Así, desde la década de los ochenta, es cuando los dos grupos guerrilleros más importantes del país, las FARC y el ELN, comienzan a consolidar esta posición periférica. Las FARC, en la mitad sur del país, y las FARC y el ELN, en el nororiente. Sin embargo, esta periferialización, gracias al auge de un narcotráfico que llegó a representar más de la mitad de los ingresos de las FARC a finales de los noventa, y a lo que se suman las cifras provenientes de secuestro y extorsión, se transformó sustancialmente. Esto, porque en la segunda mitad de los noventa la periferialización del conflicto parece dejarse atrás, en aras de aspirar a una centralidad sobre el poder territorial. Llegará, en el caso de las FARC, la conocida como “Nueva Forma de Operar” (NFO), ideada por su referente militar, “Mono Jojoy”, quien buscaba dar el paso hacia una guerra de movimientos, habida cuenta de la capacidad de combate y la debilidad que para ese entonces presentaba la Fuerza Pública colombiana.

Sin embargo, este contexto, coincidente con la presidencia de Andrés Pastrana, la cual estaba centrada en desactivar el conflicto armado a través de un infructuoso diálogo con las FARC conocido como el “Diálogo del Caguán”, llevó a la efervescencia de una figura política como la de Álvaro Uribe. Un outsider de la tradicional política bipartidista colombiana que, desde una forma de concebir la seguridad pública como prioridad necesitada de “mano dura”, y con el apoyo de la presidencia de George W. Bush a través del Plan Colombia, va a transformar drásticamente una correlación de fuerzas que, para ese entonces, parecía quedar más próxima del lado guerrillero.

Invirtiendo en promedio un 5% del PIB anual, entre 2003 y 2010, a lo que se suman otros 8.000 millones de dólares provenientes de Estados Unidos, se pone en marcha todo un plan de fortalecimiento de la capacidad de combate y de la inteligencia, así como un conjunto de actividades orientadas a mejorar la coordinación de actores y la adquisición de material militar, principalmente, en relación con la fuerza aérea. Todo, con el propósito de llevar al Estado – al menos en su dimensión militar- a la mayor parte del territorio (Bagley, 2011).

Las cifras hablan por sí solas. Entre 1998 y 2001, durante el proceso de negociación, las FARC habían acumulado 1.610 acciones guerrilleras, 3.265 secuestros y medio millar de casos de extorsión. Igualmente, el ELN protagonizaba 1.067 acciones armadas, 3.088 secuestros y otros tantos casos de extorsión. El alcance del conflicto afectaba a más de la mitad de municipios del país - 130 municipios con presencia del ELN y otros 350 con presencia de FARC-, toda vez que el paramilitarismo se encontraba en su mayor punto de consolidación. Una realidad que contrastaba con un Estado que, en 1998, apenas era capaz de dirigir 201 combates contra las FARC y 93 contra el ELN (ODHDIH, s.f.).

Entre 2002 y 2010 se destruyeron 20.062 laboratorios cocaleros y se incautaron 1.233 tonelada de marihuana, 5.3 toneladas de heroína y 1.269 toneladas de cocaína. Si en 2002, la superficie cocalera era de 130.364Ha, en 2010, ésta se había reducido a 58.073Ha (UNODC, 2011). De igual forma, las acciones de las FARC cayeron a 724 en 166 municipios y las del ELN a 65 en 27 municipios. También, entre 2002 y 2010, la Fuerza Pública terminó por dirigir 3.104 operativos contra el ELN y otros 14.418 contra las FARC (ODHDIH, s.f.). Un elenco de cifras, por tanto, difícilmente comparables entre sí.

Tras lo acontecido, en 2010, llega a la presidencia quien fuera Ministro de Defensa de Uribe desde 2006, Juan Manuel Santos, con quien el conflicto entra en una nueva etapa. Una etapa de negociación y no de continuidad de las líneas más beligerantes, en buena medida, explicado por el mismo proceso de periferialización acontecido desde 2003. Por ejemplo, si se atiende a los mapas de la imagen I, se puede observar cómo las acciones guerrilleras unilaterales protagonizadas por las FARC y el ELN, contrastando la realidad del año 2003 con el año 2012, responden a un enquistamiento, precisamente, en enclaves periféricos como son el sur del país, en el caso de las FARC, y el nororiente, tanto para las FARC como para el ELN.

Específicamente, en el nororiente, Arauca, se trata del departamento con mayor activismo del ELN, sobre todo, desde que a inicios de los ochenta se descubriera petróleo en la región y creciese exponencialmente la extorsión al capital extractivista foráneo. Un importante rubro de financiación para la guerrilla, a lo que se suma el contrabando y el secuestro, y que son las tres principales vías de ingresos, principalmente, del frente “Domingo Laín” y de la “Compañía Simacota”.

A ello, se sumaría la presencia de las FARC, con los frentes 10 y 45. También, en el departamento de Norte de Santander destacaría la presencia de ambas guerrillas en una de las regiones cocaleras más importantes del país: el Catatumbo; donde desde hace una década se acumula un gran activismo tanto del ELN, con los frentes “Carlos Armando Cacua Guerrero” y “Juan Fernando Porras”, como del frente 33 de las FARC.

La periferialización que ya se observaba en 2012, de acuerdo a la información que se recoge en la tabla II, se mantiene en 2015 a tenor de cómo se contabiliza la presencia de grupos guerrilleros en la región. En todos los municipios de Arauca, con la excepción de Cravo Norte y Puerto Rondón, y en casi todos los de la región del Catatumbo, se puede apreciar presencia del ELN. De igual manera sucedería con las FARC, pues, aunque sus niveles de violencia guerrillera se han reducido sustancialmente, por ser una de las exigencias del diálogo de paz, se registra presencia activa tanto en cinco de los siete municipios de Arauca como en buena parte del Catatumbo de Norte de Santander.

Un segundo escenario, igualmente periférico, que condensa buena parte del activismo guerrillero en 2015, pero que evidencia una importante reducción de la violencia directa con respecto a 2012, sería el suroccidente del país, sobre todo, Nariño y Cauca y, en menor medida, Putumayo.

Cauca y Putumayo fueron tradicionales bastiones de la guerrilla desde los noventa, mientras que Nariño se erigió inicialmente como retaguardia, aunque, en la actualidad, es el segundo departamento más importante para las FARC – precisamente tras Cauca. Esto, por encontrarse en uno de los lugares más recónditos y acoger, desde una posición de corredor estratégico, la consolidación del bloque, tal vez, más activo de la guerrilla: el Bloque Sur.

La presencia de las FARC en Cauca se organizaría en torno al frente 6 y 8, en el norte y el sur, respectivamente, junto al frente 29 en Nariño y los frentes 32, 48 y 63, en el Bajo Putumayo. De igual forma, el ELN ha mantenido una presencia muy minoritaria, primero en Cauca, en las inmediaciones de la capital, Popayán, con el frente “Manuel Vásquez Castaño”, y después en Nariño, compartiendo actuación con las FARC, a través del frente “Comuneros del Sur”.

Es así que esta región del sur del país –a la que se sumaría el occidente del departamento de Caquetá- se ha consolidado como el enclave más notorio de violencia de las FARC, aunque, como sucediera en el nororiente, los niveles de activismo con respecto a 2012 se han reducido muy sustancialmente – incluso, hasta la casi desaparición del ELN de la región.

En cualquier caso, se aprecia una relativa continuidad respecto de ciertos municipios pues, como se recoge en la tabla III, se mantiene el activismo de las FARC en diez municipios de Cauca, ocho de Nariño, dos del occidente de Caquetá y cuatro de Putumayo. Esto es, veinticuatro municipios que, tradicionalmente, han sido enclaves de control guerrillero en los últimos años y que concentrarían un tercio del total de acciones guerrilleras de 2015.

Finalmente, quedaría un tercer escenario de presencia guerrillera, de menor relevancia, conformado por Bolívar y Antioquia, específicamente, en su región limítrofe con el río Magdalena. Antioquia, durante años, se ha tratado de uno de los departamentos más violentos del país, también, por el arraigo del proyecto paramilitar. Así, y a pesar de que el número de acciones ha caído muy sustancialmente desde 2012, sigue siendo el departamento más activo para unas FARC que concentrarían la mayor parte de sus acciones en el norte, por la presencia de los frentes 4 y 24, y en menor medida, por los frentes 18 y 5, próximos a Córdoba, en el noroccidente. También, se registraría presencia del frente “Alfonso Gómez Quiñónez” del ELN en el Magdalena Medio bolivarense, tal y como recoge la siguiente tabla IV.

Es de esta manera, que la periferialización debe entenderse como un proceso paulatino, especialmente consolidado si se comparan los datos de 2012 y los de 2015. Así, se destacan las tres regiones mencionadas, donde el conflicto, a pesar de la notable reducción de la violencia armada, continuaría presentando niveles de activismo que parecen desmarcarse de la tendencia general de cese de hostilidades, sobre todo, con las FARC.

Resultaría concluyente el hecho de que, tanto para las FARC como para el ELN, 9 de cada 10 acciones guerrilleras acontecidas en el año 2015 se habrían registrado en estos escenarios, lo cual intensifica la dinámica de periferialización con respecto del 2012. Un año en el que, de las 821 acciones armadas de las FARC, 538 se contabilizaron en estas tres regiones (65.5%) de la misma forma que lo hicieron 54 de las 71 acciones armadas del ELN (76.05%). Expresado de otro modo, si en 2012 había 283 acciones de las FARC y 17 del ELN que habían sido cometidas fuera de estos tres escenarios de análisis, tres años después, la cifra se reduce sustancialmente. De las 28 acciones atribuidas al ELN en 2015, solo dos se habrían dado fuera de estos departamentos mientras que, de las 94 acciones de las FARC, 11 habrían tenido lugar fuera de las regiones mencionadas.

4. La narcotización del activismo guerrillero

Tradicionalmente, las fuentes de financiación de las guerrillas, hacia inicios de la década pasada, respondían a tres rubros básicos: secuestro, extorsión y narcotráfico. Según Bejarano y Pizarro (2001), para las FARC, del total de sus recursos, el 48% era proveniente del tráfico de drogas, el 36% de la extorsión, el 8% del secuestro, un 6% producto del robo de ganado más un 2% restante de actividades varias.

Este análisis se aproximaría al desglose realizado, desde el Gobierno, por la Junta de Inteligencia Conjunta (JIC, 2005), la cual en su momento estimó que, en la distribución de los ingresos de las FARC, el narcotráfico representaba un 46.44%, la extorsión un 41.31%, el secuestro un 6.75% y un 8.39% restante de actividades criminales varias. En definitiva, una estimación plausible que permitiría entender la importancia del narcotráfico para una estructura guerrillera como las FARC, cuyos ingresos superaban los 500 millones de dólares y encontraban en la droga su primera fuente de ingresos (Henderson, 2010). En cuanto al ELN, Bejarano y Pizarro (2001) identificarían una estructura de ingresos bien distinta de modo que, sobre el total, un 60% provendría de la extorsión, un 28% del secuestro, un 6% del tráfico de drogas, un 4% del robo de ganado y, por último, un 2% de otro tipo de actividades criminales. A pesar de ello, según señalan algunos trabajos, desde 2007 se apreciaría una mayor presencia de esta guerrilla en acontecimientos relacionados con el narcotráfico (International Crisis Group, 2007).

En cualquier caso, en la actualidad, se estima que los ingresos provenientes del narcotráfico para las guerrillas, especialmente de las FARC, serían mucho mayores, en su proporción, de lo señalado hasta el momento. Así, cabría esperar una mayor proximidad entre periferialización y concurrencia de cultivos ilícitos, tal y como a continuación se expondrá.

De los 70 municipios con algún tipo de activismo guerrillero, a lo largo de 2015, en 51 de ellos (72,85%) hubo alguna presencia de cultivos de coca. Es más, la superficie cultivada de estos 51 municipios ascendería a las 47.000Ha (46.939,93Ha). Una cifra muy considerable si se tiene en cuenta que la superficie total cultivada en Colombia, en el año 2013, fue de 48.000Ha (UNODC, 2016).

En segundo lugar, conviene señalar de qué modo, la narcotización de la actividad guerrillera se condensaría en las tres regiones señaladas a lo largo de este trabajo: esto es, nororiente, noroccidente y sur del país. Como se puede observar en la tabla V, de las 96.000Ha reportadas por UNODC en su informe anual sobre cultivos de coca en Colombia para 2015, los departamentos más cocaleros serían aquellos donde el arraigo guerrillero es mayor. Norte de Santander, Cauca, Caquetá, Nariño, Putumayo, Antioquia y Bolívar condensarían el 84% sobre el total de cultivos de coca del país (UNODC, 2016).

Es más, si se observa la evolución de la presencia y las acciones guerrilleras de FARC y ELN, en perspectiva, sobre enclaves cocaleros, tal y como lo hace los siguientes gráficos I y II, se puede observar cómo, desde 2001, la tendencia de creciente narcotización ha sido constante en ambas guerrillas, siendo 2015 el año de mayor proximidad entre activismo armado y concurrencia cocalera. En el caso del ELN, porque de los 17 municipios donde en 2015 se registró presencia armada, 13 de ellos fueron cocaleros, toda vez que, de sus 28 acciones guerrilleras, 20 fueron sobre municipios con presencia de este tipo de cultivos. De las 94 acciones de las FARC, 74 se ubicaron en escenarios cocaleros al igual que, sobre una presencia municipal que afectó a un total de 62 municipios en 47 de ellos hubo registro de presencia de cultivo ilícito (ODHDIH, s.f.).

5. Conclusiones

Las estadísticas analizadas permiten concluir que, en el año 2015, se observa un importante descenso de la violencia armada guerrillera, para nada comparable a los niveles de activismo registrados hasta antes de 2012.

En el caso de las FARC, cabría pensar que el “mandato” desde La Habana, de reducir las hostilidades durante el transcurso de las negociaciones de paz tuvo un importante acatamiento por parte de mayoría de frentes de las FARC, lo cual invitaría a aceptar la importante jerarquía de mando de las estructuras dirigentes de esta guerrilla. Por su parte, el ELN vendría transitando con niveles constantes, aunque muy a la baja, de activismo armado, en buena medida por el profundo proceso de debilitamiento acumulado a lo largo de la década pasada.

No obstante, lo anterior no es óbice para atender que, en Colombia en el 2015, se registraron 122 acciones guerrilleras. Un conjunto de acciones que, tanto en el caso de las FARC como del ELN responde a un posible doble patrón explicado por la tendencia creciente de periferialización y narcotización del conflicto armado colombiano.

A ello cabría sumar tres conclusiones complementarias adicionales. En primer lugar, se invitaría al optimismo respecto del fin del conflicto, al menos con las FARC, en cuanto el volumen de acciones guerrilleras, actualmente, es el más bajo de los últimos treinta años. Empero, son las fronteras y la periferia territorial las que pueden encontrar mayores dificultades y menores incentivos a la hora de experimentar un proceso desmovilizador. De hecho, a lo largo del diálogo tanto Bloque Sur como Bloque Oriental de las FARC, han sido la mayor disidencia respecto de algunas de las cuestiones que se negociaban en La Habana y por ello, no por casualidad, puede ser que en el último año hayan sido las dos estructuras más activas de la guerrilla.

Del mismo modo, las estructuras más activas del ELN, en el nororiente colombiano, en los departamentos de Arauca y Norte de Santander, son las más recelosas frente a un posible diálogo de paz con el gobierno, de manera que ello puede afectar a los posibles avances de negociación que tengan lugar con esta segunda guerrilla.

Finalmente, el narcotráfico evidenciaría la gran amenaza para la seguridad colombiana. Una amenaza que, empero, requiere de una articulación trasnacional, una intensificación sobre los últimos eslabones de la distribución y una política integral que incentive cultivos lícitos alternativos. Ello, además de un fortalecimiento de una política de seguridad que tiene todo a su favor para, cuando menos, aspirar a desmontar una de las estructuras, como las FARC, que en los últimos años ha sido el actor armado irregular más relevante del conflicto armado interno colombiano.

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