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Introducción

El impacto de la crisis sobre el mercado laboral ha causado, y aún está teniendo, efectos devastadores sobre las posibilidades de empleo de los jóvenes en Andalucía. A pesar de que los datos muestran que la economía andaluza empieza a recuperarse ligeramente, los años venideros no son muy alentadores, pasará tiempo antes de que sus efectos en el mercado laboral sean considerables.

Además, la lenta recuperación tendrá efectos nocivos sobre un porcentaje significativo de jóvenes en edad de trabajar y que no pueden optar a puestos de trabajo por su baja cualificación, de hecho, las empresas tenderán a contratar a jóvenes recién titulados, quedando descolgados un porcentaje alto de los actuales parados.

Hay que ser conscientes, por tanto, de las dificultades por las que atraviesa la juventud y la alta vulnerabilidad mostrada ante una crisis intensa y prolongada en el tiempo, que se ha traducido en una preocupante persistencia de altas tasas de desempleo. La inserción laboral de los jóvenes se trata de un tema de gran relevancia y actualidad (Braña y Antón, 2007; García, 2011; The Family Whatch, 2012; Ayestarán, et al., 2014), no sólo por lo que implica para la situación actual sino también para el futuro (Oreopoulos, Von Wachter y Heisz, 2012;Brunner y Kuhn, 2014), así como, porque es en esta “etapa cuando un individuo potencializa y demuestra sus aptitudes como estrategia para la obtención de un trabajo” (García, Durán, Parra y Martínez, 2018).

El desempleo juvenil no sólo condiciona las oportunidades de desarrollarse de las nuevas generaciones, por las propias dificultades que este colectivo afronta a la hora de incorporarse al mercado de trabajo, sino que dificulta el poder aprovechar la inversión en capital humano, que ha realizado la sociedad y el sostenimiento del estado del bienestar en el futuro, consecuencias que afectan, como es lógico, al resto de la sociedad.

En este sentido, el desempleo juvenil se ha convertido en uno de los problemas prioritarios al que los gobiernos deben dar respuesta. El paro de los jóvenes no es solo un problema económico, es también un problema político y, como tal, debe tratarse (Castello, 2013).

Si bien, la atención de las políticas públicas por el problema del desempleo no es nueva. Desde la década de los años setenta las políticas de empleo ocupan un lugar destacado en las agendas de los gobiernos. Aun así, en la situación actual, cuando el paro alcanza niveles dramáticos e inaceptables y es, con mucha diferencia, la principal preocupación de los ciudadanos, resulta obligado preguntarse qué remedios están proponiendo los poderes públicos para enfrentar la situación (Lujan, 2013).

Es un desafío importante, a la vez que difícil. La inmensa mayoría de las dificultades que afectan a la juventud se concentran, tal y como indica el Instituto Max Weber (2013), “en el sistema educativo, el mercado laboral y el acceso a la emancipación” (p.5). Aunque ciertamente complejo, el problema del desempleo juvenil no es insuperable, y puede y debe ser afrontado desde todos los niveles de la sociedad y a una escala global (O'Higgins, 2001; Círculo Cívico de Opinión, 2012; Pérez, 2014) con estrategias completas a largo plazo. Como bien indica el Instituto de la Empresa Familiar (2011), reducir el desempleo entre los jóvenes es un reto que les concierne a todos: Instituciones públicas y privadas, empresas, familias así como sociedad civil en general.

En este sentido, la situación de crisis económica ha generado un amplio debate entre distintos agentes, analistas, expertos, gobierno e interlocutores sociales acerca de cuáles son las reformas necesarias para mejorar el funcionamiento del mercado laboral (García, 2011; Garrido, 2012; Dolado, 2015; Moreno, 2015). En particular, en lo que concierne a las políticas para tratar de reducir el desempleo, uno de los temas que ha suscitado mayor atención ha sido sin duda el fomento de las Políticas Activas de Empleo (en adelante PAE), que tratan de minimizar los episodios de desempleo y facilitar las transiciones a nuevos puestos de trabajo. El escaso resultado de las medidas que se han aplicado hasta el momento, obliga a afinar mejor el diagnóstico para diseñar correctamente las políticas más apropiadas, convirtiendo la transición de los jóvenes a la vida adulta y al mercado de trabajo, en una cuestión de primer orden (Homs, Caprile y Sanz, 2014).

García (2011), indica que la escasa efectividad de las PAE en la atenuación del desempleo juvenil probablemente guarde relación, por un lado, con la baja cuantía de los recursos destinados a la implementación de medidas y, por otro, con la orientación errónea de los programas que lógicamente condicionan su efectividad, afirmaciones que se comparte.

Ante tan delicada situación, Andalucía ha sido capaz de colocar en marcha sus propios programas de empleo, con la clara intención de incidir en la sociedad andaluza actuando sobre las necesidades y problemática detectada, para provocar un cambio de dinámica en la situación del colectivo joven, activando el empleo a través de diferentes iniciativas como se verá más adelante.

La complejidad del problema del desempleo juvenil dificulta la búsqueda de medidas que permitan cambiar el modelo económico y laboral, no hay una solución única, pero sí se puede hacer hincapié en el papel determinante que tiene la educación y la importancia de la formación en las perspectivas de inserción laboral de los jóvenes.

1. Marco de referencia

Andalucía no ha resultado inmune a los graves efectos, tanto a nivel económico como en el ámbito socio laboral, que ha provocado la crisis económica al igual que en el resto de las Comunidades Autónomas del territorio nacional español. Teniendo en cuenta que el programa que ocupa se desarrolla en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se considera conveniente dar una serie de pinceladas sobre aquellos aspectos que caracterizan la realidad del contexto donde se ha implantado.

Andalucía es una comunidad de peso dentro del panorama nacional y europeo, representa el 17% de la superficie de España y el 2% de la Unión Europea (similar a la de algunos países miembro) lo que explica la importancia que tiene dentro del conjunto. La economía andaluza ha sufrido la actual crisis económica con mayor virulencia que otros territorios españoles por diversas razones que conviene tener en cuenta a la hora de darle respuesta y entre las que se pueden señalar las siguientes (Torres, 2011): Limitado mercado interno de la economía andaluza, de un tejido y capital productivo aún escasos, desvertebrados y generadores de insuficiente valor añadido, en su mayoría en actividades económicas muy dependientes del Entorno; Andalucía apenas dispone de capacidad de maniobra propia para luchar contra los ciclos económicos adversos; pese a los notables avances, la población andaluza disfruta todavía de menos formación y conocimiento acumulado, además de una alta desigualdad dentro de su territorio.

Estos factores son determinantes de la debilidad estructural que explica la peor respuesta de la economía andaluza frente a la crisis, cuyas consecuencias han sido principalmente una pronunciada caída de la actividad empresarial, la perdida de tejido productivo y la de miles de empleos que han llevado a tasas de desempleo nunca vistas tal y como se puede observar en la Tabla 1.

Entre los rasgos más significativos de la pérdida de empleo cabe destacar que se ha centrado básicamente en el sector privado, en línea con la caída del tejido empresarial, afectando especialmente: A la actividad de la construcción, al empleo temporal y a los colectivos de población más joven y menos formada.

Pero es importante resaltar, que al igual que ocurre en el resto de Comunidades Autónomas del Estado Español (ver Tabla 1), el rápido aumento del desempleo juvenil en respuesta a una caída del crecimiento económico, no es un fenómeno nuevo sino recurrente, porque tiene unas causas estructurales que persisten en el tiempo. Según detalla el Observatorio del Servicio Público de Empleo (2014), existe un conjunto de debilidades estructurales que influyen directamente en el paro juvenil, tales como: Alta tasa de abandono escolar temprano; una marcada polaridad del mercado de trabajo juvenil; formación profesional de grado medio, que no se adapta a la economía; alta incidencia de la temporalidad y del trabajo a tiempo parcial no deseado; difícil acceso al mercado laboral de las personas en riesgo de exclusión social, así como reducido espíritu empresarial y escasa iniciativa emprendedora.

Así pues, los factores meramente económicos como el impacto de la crisis, la fortaleza o debilidad de las distintas economías, o su grado de competitividad no explican suficientemente las dificultades que encuentran los jóvenes en su inserción laboral (Homs, 2014). Son problemas estructurales, como indica Pérez (2014):

Propios de nuestro modelo productivo y que, por tanto, sólo se pueden aliviar con reformas estructurales, en especial, las del mercado de trabajo y del sistema educativo. Reformas que proporcionen los incentivos necesarios para generar empleos de calidad y corregir nuestros déficits de capital humano genérico. (p.177)

Al respecto, el análisis de las PAE, como ocurre para el caso de cualquier otra política pública, exige el conocimiento previo del contexto de referencia, del marco normativo y de los recursos que hacen posible su desarrollo en cada momento. En este sentido, se puede decir que los programas de empleo se caracterizan por estar regulados y financiados a nivel europeo, estatal y regional, así como por ser aplicados localmente por un amplio conjunto de entidades públicas y privadas, como resultado de un doble proceso, de europeización y descentralización, común al conjunto de las políticas sociales.

Por un lado, se debe estar consciente del papel central de la Unión Europea considerándola como la encargada de marcar las pautas a seguir y de financiar una buena parte de los programas de actuación, mediante el Fondo Social Europeo; y, por otro, que las Comunidades Autónomas establecen sus programas de empleo, de acuerdo con las obligaciones establecidas por la Estrategia Europea de Empleo 2020, a través de los Planes Nacionales de Acción para el Empleo (Malo y Cueto, 2014). El objetivo debe ser conseguir un sistema ágil y eficaz para poder prestar políticas públicas de calidad.

Otra cuestión de interés es que las políticas de empleo juvenil no deberían estar dirigidas a los jóvenes en su conjunto, sino que convendrían concentrarse en aquellos que tienen mayores dificultades para integrarse en el mercado de trabajo. Deben responder a un colectivo muy heterogéneo que tiene necesidades muy diversas. Ante este escenario, es conveniente diseñar y aplicar programas basados en una identificación más precisa de los distintos grupos de jóvenes, que permita priorizar y especializar las actuaciones, ajustando los recursos disponibles a las necesidades y vulnerabilidades.

En ese sentido, las políticas de empleo por definición deben estar personalizadas y adaptarse a las razones que explican cada una de las situaciones de desempleo. Deben identificar claramente los impactos que se pretenden y someterse a sistemas de evaluación robustos e innovadores, que permitan realizar un correcto seguimiento y medir la evolución en la consecución de esos impactos y su resultado final. Asimismo, deben, de una vez por todas, diseñarse de modo complementario e integrado y servirse así como ejecutarse con el objetivo final de conseguir la inserción laboral de la persona (Sánchez, 2013). En definitiva, la población joven es heterogénea y se debe responder a las problemáticas desde diferentes ámbitos y con programas específicos.

Como se ha señalado, junto a la carencia en la detección de necesidades, el desconocimiento de los efectos reales de los programas implantados es otra de las asignaturas pendientes de las PAE, lo que resulta algo negativo y enfatiza la necesidad de realizar el balance y la evaluación del conjunto de los actuales Planes y Programas de Empleo para adecuarlos a la situación actual (Lujan, 2013).

Resulta difícil estimar con precisión la utilidad de los diferentes tipos de programa, puesto que no todos son objeto de una evaluación rigurosa, como dice Calvo (2012): “Aspecto que impide que exista un adecuado proceso de retroalimentación que posibilite una mejora continua y completa” (p.246). Además, el escaso resultado de las medidas que se han aplicado hasta el momento obliga a afinar mejor el diagnóstico para diseñar correctamente las políticas más apropiadas. El rediseño y la reorientación continua de las PAE, resulta esencial para incrementar su eficacia.

Para aprovechar todo su potencial, dichas políticas deberían planificarse: A corto plazo, mediante actuaciones de choque orientadas a mitigar el impacto inmediato de la crisis, que presten especial atención a los grupos más vulnerables; a medio plazo, promoviendo una reorientación de estas políticas que favorezca una mejora de su funcionamiento y; a largo plazo, para responder a los múltiples retos de las próximas décadas, ofreciendo nuevas oportunidades para la mejora de las capacidades profesionales y contribuyendo a una economía más productiva, sostenible e inclusiva (Rocha, 2012).

En definitiva, ante este panorama actual, ¿se puede afirmar que las PAE, tal y como se están ejecutando, son verdaderas políticas de lucha contra el desempleo juvenil y la exclusión social de los jóvenes?, o, por el contrario, ¿se podría afirmar que las políticas de empleo dirigidas al colectivo joven son actuaciones con efectos limitados a corto plazo sin continuidad en el medio y largo plazo?

Al respecto, las PAE pueden jugar un papel relevante en la actual situación del mercado de trabajo, pero su impacto depende del desarrollo de otras políticas que contribuyan a dinamizar la recuperación de la actividad económica en los diferentes sectores productivos. La realidad presente es que las dificultades subsisten y que las medidas adoptadas están resultando muy insuficientes para resolver los problemas.

2. Andalucía pionera en la aplicación de iniciativas europeas de empleo joven

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Decreto-Ley 6/2014 de 29 de abril, ha sido pionera en la aplicación de iniciativas europeas de empleo joven para dar respuesta inmediata y urgente al grave problema de desempleo juvenil que sufre Andalucía (Junta de Andalucía, 2014). Una realidad que supone un serio problema para el futuro de la comunidad, al perder el potencial de las personas jóvenes por falta de oportunidades en el mercado laboral en las que la sociedad andaluza ha invertido.

Ante esta situación, el Gobierno Andaluz toma la decisión de hacer frente a la problemática con la puesta en marcha de medidas que estimulen y mejoren las condiciones de empleabilidad de las personas jóvenes andaluzas. Consciente de que la gestión de las PAE se circunscribe al ámbito competencial de las Comunidades Autónomas, decidió colocar en marcha un programa de empleo específico para el colectivo joven, convirtiendo a la Comunidad, en pionera en la implantación del Sistema de Garantía Juvenil auspiciado por la Unión Europea y demuestra el impulso decidido de sus dirigentes por orientar todas las políticas hacia el empleo y, en especial, al de los jóvenes.

Al respecto, los principales factores que motivan la puesta en marcha del programa vienen determinados por: La situación del mercado laboral para las personas jóvenes; las diferentes realidades personales, sociales así como laborales de éstas; y la situación de emergencia que supone en la actual sociedad la falta de empleo.

Por tanto, resulta acreditada la urgencia para los poderes públicos de acometer de modo inaplazable medidas conducentes a mejorar la empleabilidad y calidad del empleo en la juventud andaluza, de forma que se mejoren sus posibilidades de inserción laboral. Precisamente, el artículo 169 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Junta de Andalucía, 2007), establece que el Gobierno de la Junta de Andalucía debe fomentar el acceso al empleo de los jóvenes y orientar las políticas de todos los Departamentos a la creación de empleo estable y de calidad para todos los andaluces y andaluzas.

El programa objeto de análisis se regula bajo la fórmula del Decreto-Ley, prevista por el Estatuto de Autonomía para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Entre los datos que reflejan la exigencia de esta actuación rápida, destaca la grave repercusión que la crisis económica ha tenido sobre la población de entre 16 y 29 años de edad, con una tasa de desempleo juvenil que se ha multiplicado por tres desde 2007 y que ha provocado que uno de cada dos jóvenes se encuentre actualmente en paro, según se señala en el decreto.

A este indicador global se añaden: La alta temporalidad laboral entre los jóvenes que sí tienen empleo (el 97,1% de los contratos registrados en 2013); la falta de correspondencia entre la cualificación y la situación laboral (43,7% de paro entre los titulados superiores); la alta permanencia en el paro (uno de cada cuatro demandantes lleva inscrito como tal más de un año); y la falta de experiencia laboral previa (que afecta al 28,3% de la población joven desempleada).

Con la puesta en marcha de las medidas y líneas de ayuda que se recogen en ese Decreto-Ley publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía No. 86, página 8, de 7 de mayo de 2014 (Junta de Andalucía, 2014), el Gobierno Andaluz quería actuar sobre: La mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes desempleadas, siempre con el objetivo último de lograr su inserción en el mercado laboral, a través de un tratamiento integral y personalizado; además de la adquisición de experiencia laboral con la realización de prácticas profesionales, incluidas las realizadas en el ámbito de la investigación y el desarrollo y la contratación, bien para el desarrollo de proyectos específicos que tienen un interés social, bien a través de su incentivación por medio del Bono de Empleo Joven, como se verá más adelante.

Siendo conscientes del carácter heterogéneo del colectivo al que se dirige el programa (no todas las personas jóvenes se encuentran en la misma situación de partida en relación con el mercado de trabajo: Algunas no cuentan con experiencia laboral, otras llevan un largo período en desempleo, otras abandonaron los estudios) y que la finalidad del programa es mejorar las posibilidades de la población joven de ser insertable, se diseñan diferentes líneas de actuación ajustadas a los distintos perfiles y necesidades específicas para el colectivo objetivo, complementarias de las ya existentes, para mejorar la empleabilidad de la población joven andaluza.

En este sentido el Programa Emple@Joven está integrado por las siguientes iniciativas de actuación:

a. Activa Empleo Joven: Medio de participación en las iniciativas reguladas por el Decreto-Ley 06/2014, a través de un plan de acción individualizado que optimice las capacidades y cualificaciones de los jóvenes interesados en participar en el programa. Titulación de acceso requerida: No se estable ningún requisito formativo.

b. Cooperación Social y Comunitaria para el impulso del empleo joven: Cuyo objeto es promover la creación de empleo fomentando la contratación de personas por parte de ayuntamientos andaluces, para la realización de proyectos de cooperación social y comunitaria, que les permita mejorar su empleabilidad mediante la adquisición o recuperación de competencias profesionales que normalmente se desarrollan en el puesto de trabajo. Titulación de acceso requerida: No se estable ningún requisito formativo.

c. Prácticas Profesionales en Empresas: Cuyo objeto es promover la inserción laboral de las personas jóvenes mediante el desarrollo de experiencias profesionales no laborales. Titulación de acceso requerida: Formación profesional o superior.

d. Bono de Empleo Joven: Cuyo objeto es fomentar la obtención de empleo y facilitar la incorporación al mercado laboral de las personas jóvenes andaluzas, mediante una ayuda económica a las personas o entidades que, cumpliendo los requisitos establecidos, formalicen un contrato laboral con una persona titular de un Bono de Empleo Joven. Titulación de acceso requerida: Mínimo graduado en educación secundaria obligatoria y que la titulación se haya finalizado como máximo 5 años anteriores desde la fecha de firma del compromiso de entrada al programa.

e. Becas para el desarrollo de proyectos I+D+i: Cuyo objeto es el aprovechamiento de la formación universitaria por parte del tejido social y productivo andaluz mediante la concesión de becas a personas jóvenes, con un título universitario o de postgrado, para la realización de prácticas profesionales destinadas a desarrollar proyectos I+D+i. Titulación de acceso requerida: Titulación universitaria de grado, máster o doctorado o equivalente (obtenida dentro de los dos cursos anteriores a la entrada en vigor Decreto-Ley).

En la Tabla 2 se muestra el presupuesto de cuatro iniciativas de actuación diferenciadas pioneras en el territorio nacional, que deben ser analizadas y evaluadas con el fin de determinar si la administración atiende a las dificultades y necesidades de los jóvenes desempleados y si lo hace según los requerimientos del entorno competitivo actual, que permita sacar conclusiones y plantear alternativas así como propuestas de mejora para futuros programas.

3. Metodología de la investigación

El objetivo de este estudio es analizar el programa Emple@Joven puesto en marcha por el gobierno de la Junta de Andalucía, prestando especial atención a las distintas líneas de actuación previstas en el mismo. A través del análisis de las estadísticas del programa y los datos obtenidos mediante encuesta, se pretende determinar si el nivel formativo de los jóvenes desempleados tiene influencia en el acceso al programa y si es perceptible la mejora de su empleabilidad.

Teniendo en cuenta la naturaleza y las características complejas del tema a investigar, así como los objetivos y fines que se persiguen, se opta por desarrollar la investigación desde una metodología mixta, desde enfoques cuantitativos e interpretativos, que permite una comprensión más adecuada del fenómeno en cuestión. La metodología ha sido flexible y pluralista en cuanto a las herramientas a utilizar, combinando diferentes técnicas de investigación:

a. Análisis de fuentes secundarias: Estadística oficial proporcionada por la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo y el Observatorio Agros en base a la Ley 14/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, del Programa de Emple@Joven regulado por el Decreto-Ley 6/2014, de 29 de abril. Informe recibido el 20 de abril de 2016.

b. Encuesta: Explotación de datos mediante técnicas cuantitativas y cualitativas de un cuestionario diseñado en formato online que perseguía obtener gran cantidad de información sobre opiniones, actitudes y creencias de los orientadores como personas expertas con respecto al colectivo joven y al programa en cuestión.

De igual manera, la población objeto la forman los profesionales en activo de la Red Andalucía Orienta que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) coloca a disposición de las personas demandantes de empleo en Andalucía como expertos en la atención al colectivo joven, que han tenido un papel importante dentro del programa, puesto que han sido los profesionales encargados de elaborar el plan de acción individualizado (que incluía en función del perfil de la persona joven, la propuesta para su participación en alguna/s de las iniciativas recogidas en el Programa Emple@Joven) y la suscripción del compromiso personal de actividad (acuerdo mutuo y de responsabilidad compartida, entre el joven y el SAE).

El método empleado para seleccionar la población objeto de estudio, se estructuró de la siguiente forma:

1. Identificar aquellas unidades de orientación que atienden al colectivo desempleados/as en general (descartando aquellas destinadas específicamente a colectivos especiales como discapacitados, exclusión, entre otros) más los Centros de Referencia de Orientación de las distintas provincias.

2. Técnicos de orientación activos en el aplicativo STO (Servicio Telemático de Orientación).

3. Técnicos de orientación con direcciones de correo electrónico válidas.

Siguiendo la metodología indicada, el total de orientadores que conformaba la población objeto ascendía a 558. Una vez delimitada la población, el siguiente paso consistió en definir la muestra a estudiar. Para ello, se utilizó un muestreo aleatorio simple, al considerar que todos aquellos sujetos incluidos en la población tuviesen la misma posibilidad de formar parte de la muestra.

A partir de ese momento, se procedió al envío en mayo de 2016, a los 558 profesionales de la orientación, de un correo electrónico donde se le informaba del estudio a realizar, se le pedía su colaboración y se le adjuntaba el enlace al cuestionario que debían responder.

Finalizado el periodo de tiempo establecido para dar respuesta, el número de cuestionarios válidos recibidos ascendía a 163, resultado algo bajo si se tiene en cuenta la población de referencia, aunque en cierta forma comprensible por diversas razones: Profesionales de la orientación que no estaban en activo cuando se implementó el programa Emple@Joven en los años 2014-2015; profesionales de la orientación que no atendieron al colectivo joven; exceso de carga de trabajo que ha limitado el tiempo disponible o no encontrar el momento adecuado para completar el cuestionario; actitud recelosa por parte de los profesionales que provoca la no colaboración, u olvido en el llenado del cuestionario.

Siendo conscientes del índice de respuesta obtenido (29,2%), no tan alto como se hubiese deseado, se consideró que la muestra era significativa para obtener información relevante para la investigación que se estaba llevando a cabo.

4.- Resultados y discusión

El proceso responde al enfoque metodológico que guía la investigación de análisis de los datos oficiales disponibles en referencia a los resultados obtenidos por el programa y el contraste con las opiniones de expertos en la atención al colectivo joven. Por lo tanto, en primer lugar se centra la atención en las estadísticas oficiales. En las siguientes tablas se muestra la relación del nivel formativo con diferentes variables de análisis.

Así, en la Tabla 3, se puede observar el número de jóvenes por nivel de estudios inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo a fecha 31 de marzo de 2014 (fecha fijada por el decreto para poder participar en la iniciativa Cooperación Social y Comunitaria), número de jóvenes que solicitaron su inclusión en el mismo y, finalmente, número de jóvenes que firman el compromiso de entrada (requisito imprescindible para participar en las iniciativas del Programa Emple@Joven).

Para facilitar el análisis se va englobar a los jóvenes en 3 grupos: Estudios básicos, secundarios y postsecundarios. Se destaca que el colectivo más representado es el de jóvenes con un nivel de estudios secundarios, seguido por aquellos que han alcanzado un nivel de estudios postsecundarios (nivel en el que existe una diferencia significativa en función del sexo) y por aquellos que tienen un nivel básico.

Otro dato de interés que se puede apreciar en la Tabla 3, es el descenso del número de jóvenes que solicitan la entrada al programa y que finalmente firman el compromiso dentro del nivel básico. En el primer caso, debido seguramente al desconocimiento de la existencia del programa y, en el segundo caso, a que no tienen acceso a ninguna iniciativa (sólo a Activa Empleo Joven) y declinan entrar en el mismo.

Sin embargo, se observa un incremento significativo de las solicitudes de inscripción en el programa para los jóvenes con nivel de estudios de postsecundaria. Esta circunstancia está motivada por el hecho que, para poder ser beneficiario, por ejemplo, del Bono Empleo Joven, no era necesario que el joven estuviese inscrito como demandante de empleo.

De igual manera, puesto que en el presente estudio el interés es saber qué perfiles de jóvenes han participado realmente en el programa, el mismo se va centrar en el número de jóvenes que firmaron el compromiso de entrada y el número de contratos por nivel de estudios e iniciativa de actuación.

En ese sentido, en relación a los jóvenes que firman el compromiso de entrada, en la Tabla 3 se puede evidenciar que, nuevamente, el colectivo más representado es el de estudios secundarios (65,8%), seguido por estudios postsecundarios (27,2%) y básicos (6,6%).

Al respecto, si se observa la Tabla 4, se aprecia claramente que a mayor nivel formativo mayor participación en las iniciativas de actuación. La única iniciativa en la que se podía participar con un nivel de estudios de secundaria o menos es la de Cooperación Social y Comunitaria, si bien el 68,5% de los contratos ha sido para niveles de secundaria, 25,4% a niveles postsecundarios y el 6,1% para el nivel básico, lo que muestra que la baja formación penaliza claramente el acceso a unos de los contratos disponibles en los ayuntamientos.

De las otras tres iniciativas, los datos por nivel de estudios del Bono Empleo Joven no están disponibles, pero sí se sabe que el nivel mínimo de acceso era FP o Bachiller (estudios postsecundarios). Por otro lado, en cuanto a las prácticas en empresa, la mayor parte ha sido para universitarios (65%), con predominio del perfil de “Ciencias sociales y jurídicas” entre los titulados universitarios (59,2%), y de la rama “Administrativa” (28,1%) y “Sanidad” (14,5%) en FP.

Un dato muy significativo es la respuesta de los encuestados cuando se le pregunta sobre la situación del colectivo joven tras su participación en el programa. El 71,2% la considera igual que antes del programa, frente a tan solo el 17,2% que la encuentra mejor que antes de la ejecución del programa, mientras que un 9,8% no lo tiene claro y un 1,8% que la evalúa como peor. Otro dato relevante es que el 69,9% estima que el programa es una intervención de tipo coyuntural, frente a tan sólo el 4,9% que lo considera de tipo estructural, mientras el 20,9% lo aprecia de tipo coyuntural y estructural.

Por otro lado, la Tabla 5 resume los resultados obtenidos a las preguntas tipo Likert, siendo los valores empleados: 1. Nada; 2. Muy Poco; 3. Poco; 4. Algo; 5 Mucho.

Analizando los datos anteriores se puede evidenciar que los encuestados no tienen mucha confianza en el programa de empleo. Así indican que existe poca coherencia entre la problemática del colectivo joven y las estrategias definidas (3,03), que las iniciativas son poco adecuadas para conseguir el objetivo general del programa (3,21) y están algo más de acuerdo al considerar que el nivel formativo es un elemento clave en referencia a las iniciativas de actuación del programa (3,82), argumentando que los usuarios con mayor formación tienen acceso a casi todas las líneas de actuación, mientras que los que tienen poca formación sólo pueden acceder a la línea de Cooperación Social y Comunitaria.

Lo anterior se traduce a medio plazo en mayores posibilidades de incorporación al mercado laboral para las personas formadas, porque según los entrevistados, en un marco competitivo y especializado sin formación no se puede competir y además conlleva a mejor calidad del empleo y número de oportunidades u opciones laborales. Cabe destacar que se hace referencia a la ausencia de “líneas de actuación referentes a mejorar la formación del colectivo” como mecanismo para la mejora de empleabilidad de los menos formados.

Por otro lado, en el resto de cuestiones, indican que el programa (objetivo, estrategia de intervención e iniciativas de actuación) se ajusta muy poco a las necesidades, carencias, demandas, exigencias del mercado con respecto al colectivo joven, destacando, sobre todo, que, según los encuestados, el programa Emple@Joven ha mejorado muy poco la empleabilidad de los jóvenes que han participado (2,72) y que la respuesta a la problemática del colectivo ha sido muy baja (2,56) como muestra las medias de la Tabla 5.

Al preguntar sobre la iniciativa que consideran más relevante: El 51,5% indica que el Bono Empleo Joven, al reflexionar que es una adecuada opción como vía de acceso al mercado laboral, que puede tener mayor impacto a medio plazo, por cuanto incentiva la contratación, animando a los empresarios a contratar jóvenes, que son quienes más capacidad de generación de empleo tienen, con posibilidad de un empleo estable a medio/largo plazo.

Asimismo, el 30,7% manifiesta que las Prácticas Profesionales en Empresa son las más relevantes, argumentando que es la que más se ajusta a las necesidades de los jóvenes, resultando las más idóneas para que éstos adquieran competencias personales para el empleo y también experiencia, donde pueden demostrar sus capacidades, teniendo una posibilidad de inserción laboral en la empresa donde realizó las prácticas o en empresas cercanas a ella; el 14,7% consideran la Cooperación Social y Comunitaria, principalmente porque es en la que realmente pueden acceder todos los jóvenes, está próxima y la ven real, “tangible” y es la menos restrictiva; mientras sólo el 3,1% se decanta por las Becas I+D+I, al considerar que han sido muy pocas, para perfiles muy concretos, si bien se entiende que es un sector productivo de futuro, donde la rentabilidad de la inversión es alta.

Datos que varían significativamente cuando se les pregunta sobre la iniciativa que consideran ha sido más eficaz, obteniendo el porcentaje más alto el Bono Empleo Joven para el 42,3% de los encuestados; seguido de Cooperación Social y Comunitaria con el 23,9%; Prácticas Profesionales en Empresa con el 22,1% y Becas I+D+I con el 3,7%; destacando el 8% que indica que ninguna de las iniciativas puestas en marcha ha sido eficaz. En cuanto al por qué consideran que ha sido la iniciativa más eficaz, en la Tabla 6 se muestran las principales ideas extraídas de las respuestas de los encuestados a la pregunta abierta incluida en el cuestionario.

Las variables del contexto socio-económico, que según los encuestados, influyen en el desarrollo del programa son principalmente: La situación económica que influye directamente, como la persistencia de los efectos de la crisis, puesto que impide la generación de puestos de trabajo; la alta tasa de desempleo, que ha supuesto que no todos los usuarios hayan accedido a una de las iniciativas, dado que muchos jóvenes se han quedado sin poder beneficiarse de ninguna medida; insuficiente flujo de información y desconocimiento del programa por parte del tejido empresarial.

De igual manera influye, la poca implicación y desconfianza en la administración por parte del tejido empresarial, sosteniendo con sus propias palabras, que todo lo que se haga sin ellas es regar en el desierto, así como que el empresariado debe participar mucho más en el programa; el nivel formativo de los usuarios, además de la falta de motivación de la población diana y la brecha entre oferta y demanda formativa existente; la necesidad de políticas paralelas, que aumenten las oportunidades laborales, manifestando que las iniciativas pueden quedarse cortas sin esa complementariedad; y finalmente, la falta de recursos económicos así como de “disponibilidad” y “solvencia” por parte de la administración.

Al preguntar sobre las iniciativas que realmente mejoran la empleabilidad (Tabla 7), se observa claramente que la iniciativa Cooperación Social y Comunitaria (CSyC) según los encuestados, es la que menos mejora la empleabilidad de los participantes, destacando las Prácticas Profesionales en Empresa (PPE), Bono Empleo Joven (BEJ) y las Becas I+D+i (BECAS).

En cuanto a los aspectos de la empleabilidad que realmente han mejorado, la mayoría de los encuestados resalta la adquisición de experiencia laboral, al tratarse en muchos casos de su primer contacto con el mercado profesional, lo que ha proporcionado un mayor conocimiento del mercado de trabajo real, la adquisición de algunas competencias prácticas y transversales, habilidades sociales y aumento de la autoestima de los jóvenes, respecto a sus posibilidades laborales.

De las distintas iniciativas de actuación, consideran que la iniciativa CSyC es una solución a corto plazo, las PPE y BEJ a medio plazo y las BECAS a medio-largo plazo como se muestra en la Tabla 8. Datos coherentes con la influencia del nivel formativo en el impacto del programa (Tabla 9), que muestra claramente que en el corto plazo poseer un nivel básico tiene un efecto directo sobre el programa y a mayor nivel formativo el efecto es más relativo.

Conclusiones

A lo largo del presente artículo se han presentado evidencias que permiten determinar la influencia del nivel formativo en el acceso al programa Emple@Joven y la percepción sobre la mejora de la empleabilidad de los jóvenes participantes.

En base a los datos se puede afirmar que claramente se evidencia el efecto de la formación en el ingreso al programa y en las posibilidades de mejora de la empleabilidad. Ha quedado demostrado que la baja cualificación penaliza notoriamente el ingreso a las distintas iniciativas de actuación, al tener este grupo de jóvenes acceso, únicamente, a la iniciativa Cooperación Social y Comunitaria, donde tan solo un 6,1% de los jóvenes con un perfil de estudios básico ha podido conseguir uno de los contratos disponibles en los ayuntamientos, siendo en su mayoría (65,8%) para jóvenes con estudios secundarios. Datos coherentes con los aportados por los orientadores que consideran el nivel formativo un elemento clave en referencia a las iniciativas de actuación del programa y su impacto, teniendo en su opinión un efecto directo a corto plazo para los perfiles de nivel básico y un efecto más relativo a mayor nivel formativo.

Esta realidad se puede extrapolar al mercado de trabajo actual, donde la importancia de la formación en las perspectivas de inserción laboral de los jóvenes es determinante. Recordar, que la pérdida de empleo se ha centrado en estos años de crisis económica en el colectivo joven y en los perfiles menos formados, cuyas tasas de empleo continuarán siendo bajas y su situación laboral no será buena a corto-medio plazo. Asimismo, las perspectivas muestran que apenas habrá trabajo para quienes completen únicamente la educación obligatoria, puesto que las mayores opciones se concentraran en los jóvenes más cualificados, quedando los niveles formativos más bajos fuera del mercado, acentuándose las desigualdades laborales observadas durante la crisis.

En ese sentido, el nivel formativo parece actuar de escudo frente al desempleo y de palanca para la población joven que quiere incorporarse al mercado laboral. Por tanto, los problemas de inserción en el mercado laboral de los jóvenes difieren significativamente en función de su nivel educativo, lo que requiere políticas diferenciadas para afrontar problemas distintos.

El carácter estructural del desempleo juvenil y del programa analizado, no está obteniendo los resultados esperados, precisamente, entre otras razones, por la dificultad de llegar a los jóvenes que más necesidades presentan, quedando patente que los jóvenes desempleados con limitada formación han tenido una reducida participación en el programa diseñado.

Un dato que tiene que hacer reflexionar seriamente es que los encuestados consideran que la situación de los jóvenes es exactamente igual antes que después de finalizar el programa, lo que coloca en evidencia la poca confianza de estos en lo que al programa se refiere. De igual forma consideran que el programa no da una respuesta adecuada a las necesidades y problemática del colectivo joven, no se ajusta a sus necesidades, carencias, demandas, exigencias del mercado, con respecto al colectivo en cuestión, resaltando que se ha mejorado muy poco la empleabilidad de los jóvenes que han participado, no obstante, la mayoría apunta como aspectos positivos la adquisición de experiencia laboral, de algunas competencias prácticas y transversales, así como habilidades sociales y un considerable aumento de la autoestima de los jóvenes, respecto a sus posibilidades laborales.

Las políticas de empleo dirigidas al colectivo joven no deberían enfocarse para el conjunto, sino que deberían focalizarse en aquellos jóvenes que tienen mayores dificultades de integración en el mercado laboral, identificando de forma más precisa los distintos grupos de potenciales beneficiarios, que permitan priorizar y ajustar los recursos disponibles a las necesidades y vulnerabilidades detectadas.

Partiendo de la diversidad que caracteriza al colectivo joven, de su clara heterogeneidad, se debe responde a la problemática desde diferentes ámbitos y con programas específicos, donde el rediseño y la reorientación continua de dichos programas es determinante. Resulta esencial para incrementar su eficacia la realización de una evaluación rigurosa de cada medida, que ayude a la toma de decisiones para mantener aquellas que funcionan y reorientar aquellas que no. Sin embargo, la obtención de evidencias sobre los resultados de los programas y las políticas de empleo sigue siendo una asignatura pendiente.

Al respecto, los jóvenes deben estar preparados para su inserción en el mercado laboral, y de esa forma poder conseguir un empleo, por lo cual es esencial mejorar su empleabilidad poniendo especial énfasis en incrementar su nivel educativo y lograr una formación adaptada a las necesidades del mercado laboral, que les capacite para poder desempeñar un puesto de trabajo.

Sin iniciativas públicas y privadas mucho más potentes y diferenciadas que las actuales para mejorar la empleabilidad de los jóvenes escasamente cualificados, las dificultades subsistirán y las medidas seguirán siendo insuficientes para resolver el problema de fondo.

Por todo lo anterior, el problema del desempleo juvenil es uno de los grandes retos al que se le debe dar respuesta desde la política, un problema de difícil solución en el que influyen infinidad de variables, pero en el que el nivel formativo tiene un papel determinante en las perspectivas de inserción laboral de los jóvenes.

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