Introducción

El escenario político venezolano se caracterizó en la llamada IV República por unas relaciones competitivas y pluralistas. Todo ello se produjo en torno al Pacto de Punto Fijo. Este fue un acuerdo de gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos: Acción Democrática (AD), el partido Social-Cristiano (COPEI) y la Unión Republicana Democrática (URD), firmado el 31 de octubre de 1958, pocos meses después del derrocamiento del presidente Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año. Este pacto permitió la estabilización del incipiente sistema democrático representativo que imperó a lo largo de cuatro décadas, durante las cuales AD y COPEI, fueron los únicos dos partidos gobernantes de acuerdo con los resultados obtenidos en las elecciones cada cinco años (Suárez, 2006).

El objetivo del pacto, era conseguir la sostenibilidad de la recién instaurada democracia, mediante la participación equitativa de todos los partidos en el gabinete ejecutivo del que resultara triunfador. Se dejó fuera de este pacto al Partido Comunista de Venezuela (PCV), una de las principales organizaciones que lucharon contra la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. La marginación del PCV del pacto se debió, según algunas opiniones, a la dinámica de la Guerra Fría, el rechazo a ese partido por parte de la Iglesia católica y de COPEI, así como su dependencia del Partido Comunista Soviético (Suárez, 2006).

El pacto, en la práctica, creó un bipartidismo entre AD y COPEI, pues URD perdió influencia progresivamente en el sistema. Aunque legalmente sólo duró hasta el primer gobierno de Rafael Caldera, en la práctica se mantuvo hasta 1999 cuando se instaló el nuevo Congreso, luego de la elección a la presidencia de Hugo Chávez, y éste dio por concluida la etapa «puntofijista» (Suárez, 2006).

Con la llegada de Chávez al poder estatal en febrero de 1999, las relaciones políticas desde los espacios partidistas, populares y gubernamentales, fueron adquiriendo otros rostros, configurándose éstos en pensamientos colectivos como chavismo y antichavismo, sin precedentes en la cultura democrática del país, al crear cada uno de ellos sus propios referentes simbólicos y pragmáticos.

Esto se convertiría en el primer paso para la construcción de una hegemonía antagónica, siendo su principal particularidad el disenso y su propósito la instauración y consolidación del proyecto revolucionario bolivariano, sin arreglos políticos institucionales con ninguno de los tradicionales actores del puntofijismo, como manifestó el mismo Chávez en los documentos políticos del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200) y en las campañas electorales de 1998, 1999 y 2000.

A partir del 6 de diciembre de 1998 se establecen las bases sociopolíticas para la fundación del Nuevo Estado, el de la V República, siendo ese año, con la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, el motor del posicionamiento del proyecto revolucionario bolivariano en el cual se sustentaría la “estructura institucional” de la V República, en contraposición a la deconstrucción de la IV República. Se eliminan así las posibilidades del establecimiento de un sistema de acuerdos y negociaciones con los actores políticos, sociales y económicos, herederos del espíritu del Pacto de Punto Fijo, naciendo en la historia de Venezuela un nuevo ciclo de polarización política-electoral en su sistema democrático.

1. Surgimiento de la relación amigo/enemigo en las mutuas percepciones de los actores políticos: La polarización como idioma

Desde el 6 de diciembre de 1998, cuando el candidato electo Chávez daba plazo a los diputados y senadores al Congreso Nacional para que convocaran la Asamblea Nacional Constituyente, la relación oposición/gobierno fue configurando una racionalidad política, que se caracterizaría en el futuro inmediato por la confrontación sin parámetro. Es así que el disenso define realmente las actitudes de la oposición y del gobierno.

Para el chavismo, establecer consenso en asuntos fundamentales con los partidos que consideraba “corruptos e ineficientes”, no parecía razonable. La oposición partidista entendía al consenso como la continuidad a ciertos aspectos –asuntos fundamentales– del viejo orden político. Por lo tanto, el chavismo, nueva clase partidista, en su forma de hacer política y conducir el Estado, fijaba las líneas divisorias entre el pasado y el presente, para construir el nuevo futuro de la “Patria Grande de Bolívar” (Martínez, 2002).

Ese modelo político –consensual– cuestionado y rechazado por el presidente Chávez, consistió en el reconocimiento de una pluralidad de intereses sociales, económicos y políticos institucionales en un contexto de gobernabilidad democrática. La estabilidad política y económica se operacionalizaba en la interacción de tres factores fundamentales: i) la abundancia relativa de recursos económicos provenientes de la renta petrolera, para atender las demandas de los sectores de la sociedad; ii) un bajo nivel de conflictividad social en el sistema, que permitió la continuidad de las reglas y normas del juego democrático; y iii) la capacidad de los partidos políticos para agregar, canalizar y representar esas demandas (Kornbliht, 1998).

La práctica política del chavismo agota la tesis de que en la democracia debe existir un mínimo de consenso, sobre todo en el proceso de transitoriedad unidimensional (político-institucional). El disentir de la oposición acerca de las nuevas normas y reglas del juego de la democracia radical, no forma parte del enfoque de la gobernabilidad democrática auspiciada por la revolución bolivariana (Pérez, Dahdah y Szentiks, 2002).

Entre los elementos que comparte la oposición, en su conjunto, están el rechazo al estilo presidencial de Chávez de hacer política y gobierno, así, la oposición asume a ultranza la defensa de sus propuestas de cambio moderado, pero en el fondo es una actitud intransigente e intolerante contra el gobierno de Chávez, induciendo al venezolano, descontento con el chavismo y a los participantes en las protestas de calle, a la desobediencia civil y al desconocimiento de la autoridad presidencial, pretendiendo crear condiciones para que estallara una rebelión popular desde las clases medias y obreras que habían sido fieles, no por mucho tiempo, a la propuesta de cambio radical de Chávez (Ramos, 2002).

Otros autores como García (2003), plantean que el grave error del gobierno de Chávez, para el momento histórico estudiado, fue pretender aplicar un consenso vertical dentro de lo que éste consideraba el “proceso” o “revolución bolivariana”, en una sociedad que, mayoritariamente, creía en los acuerdos democráticos y en el respeto por quienes disienten, formas de convivir propias de sociedades civilizadas y democráticas en donde el Estado y el Gobierno, no son más que instrumentos del ciudadano.

En medio de estas circunstancias, surge la desobediencia de un importante sector de venezolanos a un gobierno que había incumplido el pacto que hizo con el pueblo, manifestado en promesas electorales y reflejado, con más aciertos que defectos, en la Constitución de 1999. A pesar de algunas normas que permiten cierto autoritarismo, la sociedad prevista en la aún vigente Carta Magna, está basada sin duda en el consensus universalis, roto por una larga lista de actos que el referido autor, García (2003), considera autoritarios y antidemocráticos por parte del gobierno de Chávez.

Después de los comicios electorales del 30 de julio de 2000, se genera una nueva dinámica en la práctica política opositora (entendida la oposición al gobierno de Chávez aquella compuesta por el empresariado, los sindicatos, la iglesia y los medios de comunicación), y su efecto en las calles como medidora de fuerzas y de cuotas de poder, concretando el desplazamiento de la capacidad de convocatoria de las organizaciones partidistas tradicionales unida a los sectores empresariales y sindicales, los cuales movilizaron tanto a los individuos que eran miembros de la fila de esos círculos, como a los no miembros, estructurándose todo esto con mayor fuerza durante el período 2001-2002.

Lo anteriormente expuesto evidencia que la cooperación entre el empresariado, representado por la Federación de Cámaras y Comercios de Venezuela, conocida como Fedecámaras, y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que representaba al mundo sindical, articularon sus intereses corporativos, lo que permitió oxigenar el espacio opositor, introduciendo en el discurso y acciones, elementos económicos y laborales, con la finalidad de demostrar o dar a conocer a la población los fracasos o errores de la implementación de las políticas gubernamentales de Chávez, para lograr a corto plazo la estabilidad de las variables macroeconómicas y sociales.

Cabe destacar que, en muchos casos, la sociedad civil organizada y las organizaciones no gubernamentales, desempeñaron un papel paralelo a estos actores en la defensa de temas de interés social, como en el asunto de la educación (Pacheco, 2003).

En este escenario, los resultados de las encuestas registraron aumento y continuidad de la popularidad de Chávez, aceptación del proyecto revolucionario bolivariano y el repudio popular a los partidos tradicionales. Para Pacheco (2003), el presidente Chávez:

Impulsó una nueva pauta en la política venezolana, según la cual la popularidad y capacidad de movilización del gobierno constituyen fuentes de legitimidad, neutralizando así cualquier esfuerzo de oposición de grupos minoritarios identificados como “enemigos del pueblo”. Dadas estas nuevas reglas del juego, la devastada oposición comenzó utilizar los mismos instrumentos que el gobierno. En lo sucesivo, las fuerzas políticas se medirían mediante la preferencia en las encuestas, el ruido de las cacerolas y el tamaño de las marchas. (p.339)

En la medida en que las manifestaciones y protestas de calles fueron aumentando, la gobernabilidad democrática se hizo difícil. La relación oposición/gobierno fue, entonces, definiendo escenarios conflictivos, donde la idea del diálogo se diluía en el antagonismo político de calle, dada la capacidad de convocatoria de ambas partes, quienes en sus discursos y acciones reflejaban altos niveles de intolerancia e intransigencia política. Para el año 2001, después de la aprobación de la ley habilitante al presidente Chávez, quien cediera espacio de poder perdería lo conquistado y así lo entendió el sector económico y sindical de la oposición.

De acuerdo con Margarita López Maya, el gobierno de Chávez alteró las reglas de convivencia social del venezolano que predominaron durante los 40 años de democracia representativa:

(Hizo)…uso de símbolos de fuerza y amenaza para amedrentar a la oposición cuando ésta ha ejercido su derecho a la protesta, aunque es indispensable reconocer que en los tres años de gobierno [1999-2002] la represión del Estado a estas movilizaciones ha sido notoriamente baja en contraste a las prácticas de los gobiernos previos; el presidente ha recurrido permanentemente a un discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público, el oficialismo ha buscado penetrar organizaciones sociales como la CTV para cooptarlas o ahogarlas, incumpliendo su obligación de producir seguridad y protección, de mantener la paz social. (López, 2003, p.335)

En esas marchas y contramarchas ambos actores capitalizaron y monopolizaron, cada uno a su modo, las opiniones y actitudes de los venezolanos que se ubicaron en la fórmula chavista/antichavista, definiendo con sus prácticas un proceso de resistencia y negación del otro que no estaba basado en la racionalidad de la legitimidad política (medio), sino en la racionalidad de la legitimidad del poder (fin): Los que aceptaban el cambio radical y los que pretendían conservar la vieja estructura de poder. En este sentido, la práctica política del venezolano adquiere un carácter intersubjetivo antagónico como mecanismo de identificación y definición de su propia estructura lógica, revelando la dualidad de la institucionalidad democrática en las vísperas de los primeros días del mes de abril del 2002.

De esta manera, puede observarse cómo la movilización política, entendida como el ejercicio del derecho a la protesta y a la libertad de manifestar públicamente, de ser un método de acción política no violenta, “fue utilizado para medir pacíficamente la correlación de fuerzas de poder [y] se transformó en un espacio para la potenciación de la violencia, directa y estructural” (López, 2004, p.343).

2. Sucesos de abril de 2002: ¿Golpe de Estado o vacío de poder? Divergencias en la percepción de los hechos por los actores políticos

Días antes de la realización del paro general convocado por los sectores opositores para el 18 de abril de 2002, adelantado para el 9 de ese mes, en el canal de televisión del Estado venezolano⁽¹⁾, el gobierno transmitía con frecuencia imágenes de los resultados de los programas sociales y obras de infraestructura del gobierno durante los años 1999-2001, refutando las imágenes negativas transmitidas en los programas y noticieros de los canales televisivos privados⁽²⁾, en las cuales se buscaba preconstruir una imagen desproporcionada de la personalidad democrática de Chávez.

Esas imágenes teledirigidas tenían como objetivo reafirmar en el chavismo la confianza depositada en la revolución bolivariana y la eficiencia gubernamental en la implementación de las políticas públicas, contrarrestar los posibles efectos, por un lado, del “Acuerdo Democrático” firmado entre Fedecámaras y la CTV, el 5 de marzo de 2002, en el cual se delinearon las directrices de la convocatoria a una huelga general; y, por el otro, la declaratoria de huelga de los directivos de Petróleos de Venezuela (conocida por sus siglas como PDVSA), el 4 de abril, con el apoyo de un número significativo de los empleados de la empresa (Medina, 2005).

El 8 de abril del 2002, el presidente Chávez anunció un incremento de 20% en el salario mínimo de los trabajadores, cuya aplicación comenzaría a regirse a partir del 1 de mayo. El mandatario dijo haber analizado esta decisión tomando en cuenta el impacto inflacionario que tuvieron las últimas medidas del Ejecutivo Nacional en materia cambiaria. Asimismo, indicó, que la reducción de gastos en PDVSA⁽³⁾, como también la estabilización del precio del crudo nacional, permitía obtener los recursos para pagar el nuevo salario mínimo.

Sobre la huelga convocada para el día 9 de abril, indicó que se trataba de un plan desestabilizador armado por Fedecámaras y la CTV, pronosticando su fracaso rotundo. Anunció también el despido de siete de los integrantes de la “nómina mayor” de PDVSA que fungían como voceros o líderes de la protesta por la designación de la plana mayor de la empresa por parte del Gobierno. Además, aseveró que todo miembro de la alta directiva que actuara como vocero, llamando a la paralización de la exploración, comercialización y suministro del crudo, sería despedido automáticamente sin consideraciones de ningún tipo.

El día 9 de abril el país amaneció paralizado, según lo evidenciaron los medios de comunicación nacionales y extranjeros; las calles de las principales ciudades estaban desiertas, el tráfico motor escaso, los colegios y universidades sin actividades docentes y administrativas, así como los comercios cerrados, incluyendo los de la economía formal, pero excluyendo los bancos.

En un primer momento, los medios de comunicación social se convirtieron en el mecanismo de transmisión de las demandas de la oposición empresarial y sindical. En un segundo momento, se colocaron al lado del desencanto entre los venezolanos adversos o que repudiaban al presidente, provocando un enfrentamiento mediático permanente con el presidente Chávez, que fue afectando gravemente el ejercicio de la libertad de expresión en dos direcciones: Una, las palabras presidenciales estimularon ataques físicos de activistas y/o militantes afectos al chavismo a periodistas, fotógrafos y camarógrafos de los medios de comunicación, principalmente los audiovisuales, e instalaciones físicas de los mismos, como el caso de El Nacional; y otra, la pérdida de credibilidad en las instituciones que definen el Estado Democrático de Derecho. Sobre estos aspectos, Teodoro Petkoff señala:

Chávez no percibe que el peso de la palabra presidencial, descargado brutalmente de manera sistemática contra los medios, resulta tanto o más represivo que una acción policial. Los insultos provenientes del Presidente, pertinazmente aplicados, han encarecido la atmósfera política y, sin duda, han afectado negativamente el ejercicio de esa libertad tan esencial […] En muchos casos se ha pasado de la irreverencia al irrespeto y, aunque el oficialismo argumenta que ningún presidente en la historia del país ha sido tan agredido a través de los medios como Chávez, tiende a olvidar que tampoco ningún presidente ha sido tan intolerante y grosero como Chávez cuando ataca a sus opositores. (Petkoff, 2005, p.90)

El 10 de abril, el paro estaba bajo el control del sector radical de la oposición. Ésta se solidariza públicamente con los empleados de PDVSA y decide incorporar a la gerencia de la empresa al paro nacional, organizando para el día 11 una marcha de ciudadanos en la ciudad de Caracas, para protestar contra la forma de gobernar de Chávez y exigir su renuncia inmediata a la Presidencia de la República.

En la ciudad de Caracas, la marcha del 11 de abril partió del Parque del Este con destino a la sede principal de PDVSA en Chuao. La marcha, desde un principio, exhibía como algo visible los posibles desenlaces fatales para el gobierno, cuando éste, en medio de la misma, anuncia su disponibilidad de dialogar con la directiva y la nómina intermedia de PDVSA y la oposición rechaza tal anuncio, profundizándose la radicalización del conflicto con consecuencias irreversibles para la estabilidad de la democracia.

Se había dado inicio a la generalización de la racionalidad con percepción conspirativa. Sólo parecía que se esperaba el escenario oportuno, las condiciones que justificaran, ante la opinión pública nacional e internacional, el objetivo real que parecía ser derrocar al presidente Chávez, un objetivo construido por un pacto secreto entre un grupo de militares y civiles.

Para la tarde del día 11 de abril, la tensión de la situación originó que, a lo largo y ancho del territorio nacional, corriera la especie de que el presidente había sido detenido por un grupo de oficiales pertenecientes a la plana mayor y, habiendo renunciado y puesto su cargo a la orden de las nuevas autoridades, estaba preparando su salida al exterior (Cuba). Esta matriz de rumores fue desmontada por el Inspector General y Jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Nacionales (conocidas por sus siglas como FAN), general en Jefe Lucas Rincón Romero, al dirigirse al país en cadena nacional para desmentirlos: “Se ha comentado que el señor Presidente de la República se encuentra detenido en el Fuerte Tiuna o en Miraflores, lo desmiento categóricamente. El señor Presidente se encuentra en su Despacho. Desmiento categóricamente la renuncia del Alto Mando Militar” (Brewer-Carías, 2002, p.72).

Entrada la tarde del 11, se le presenta al sector radical de la oposición la oportunidad de gestar el golpe de Estado. Para que esa oportunidad fuera segura y efectiva, era necesario el uso de los medios de comunicación televisivos y radiales; el impacto de imágenes y sonidos que contrarrestaran, en cuestión de horas o minutos, los grados de popularidad del presidente Chávez en el pensamiento y acción del colectivo (Morales, 2017).

En este panorama, los medios de comunicación suspendieron la cadena presidencial, violando la normativa en la materia, para trasmitir a todo el país y al mundo, unas imágenes captadas por uno de los camarógrafos de RCTV, cuando un grupo de hombres armados, señalados como miembros de los llamados círculos bolivarianos, disparaban contra la multitud que avanzaba hacia las áreas adyacentes al Palacio de Miraflores(4): Las “imágenes” de esos hombres disparando contra la multitud, impactaron a la opinión pública nacional e internacional (Arenas, 2006). Esta y posteriores acciones del referido canal, les llevó a que el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, les señalara de una forma peyorativa como: “Jinetes del Apocalipsis” (Cabrera, Lara y Ruiz, 2019).

El presidente Chávez se había dirigido a la población a las 3:45 p.m. en cadena nacional de radio y televisión para informar al país de la situación sociopolítica, aclarando que él “no estaba preso en el Palacio de Miraflores, y llamaba a la sensatez a los marchantes” (Ministerio de Información y Comunicaciones [MINCI], 2008, p.36).

Los primeros síntomas de la crisis institucional se observaban en las contradicciones que originaban el pronunciamiento de altos oficiales y las declaraciones de los integrantes del Alto Mando Militar, quienes informaban al país que la FAN estaba con el Jefe de Estado y la democracia, pero luego varios de sus integrantes exigían al presidente Chávez su renuncia, argumentando los trágicos sucesos ocurridos alrededor del Palacio de Miraflores.

Durante la noche del 11 de abril, aumentó el número de altos oficiales pertenecientes al Ejército, la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional que se manifestaron públicamente en desobediencia a la autoridad presidencial. Algunos de ellos integraban el Alto Mando Militar, contradiciendo las declaraciones de los oficiales que seguían apegados a la institucionalidad democrática.

En la madrugada del 12 de abril el sector radical de la oposición logra su objetivo político: La alianza con altos oficiales de la FAN y el empresariado; y el derrocamiento del gobierno constitucional del presidente Chávez. El golpe de Estado fue presentado como una renuncia voluntaria de Chávez ante la solicitud del estamento militar. En este sentido, el Inspector General de la FAN y Jefe del Alto Mando Militar, el general en Jefe Lucas Rincón, el día 12, a las 3.00 a.m., anuncia al país y al mundo entero a través de los medios televisivos la renuncia del presidente. Lucas Rincón lo informó en los siguientes términos:

Pueblo venezolano, muy buenos días, los miembros del Alto Mando Militar deploran los lamentables acontecimientos sucedidos en la ciudad capital el día de ayer. Ante tales hechos se le solicitó al señor Presidente de la República la renuncia a su cargo, la cual aceptó. Los miembros del Alto Mando Militar ponemos, a partir de este momento, nuestros cargos a la orden, los cuales entregaremos a los oficiales que sean designados por las nuevas autoridades. (Hernecker, 2005, p.79)

El objetivo consistía en convencer a la población de que Chávez, calificado como el único responsable de los muertos y heridos tras los acontecimientos del 11 de abril en las áreas adyacentes al palacio de gobierno, sin más presión que la popular, representada en el pacto cívico-militar, entregara pacíficamente el gobierno a las nuevas autoridades. Luego, el mismo presidente Chávez justificaría el comportamiento del general Rincón como algo necesario para evitar el derramamiento de sangre entre los militares institucionales y los conspiradores.

La manera disuasiva con que los medios de comunicación procesaron la renuncia presidencial, originó en los venezolanos y dirigentes políticos a escala internacional, dudas y confusiones acerca de la veracidad del anuncio del Alto Mando Militar, aún más cuando presentaban en los programas televisivos la carta de renuncia sin la firma del presidente.

En horas del mediodía del día 12 de abril, se reúnen en el Palacio de Miraflores las personalidades del mundo económico, político y militar, que en la madrugada habían derrocado al régimen, con el propósito de conformar el nuevo gobierno. Es el acto de autoproclamación y juramentación del nuevo Presidente de la República, el empresario Pedro Carmona Estanga, donde se leyó el “Acta de constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional”.

En dicha Acta se anunciaba a los venezolanos el restablecimiento del nombre de la República (artículo 2), la suspensión de los cargos a los diputados de la Asamblea Nacional (artículo 3), la remoción de los integrantes del Poder Ciudadano y del Consejo Nacional Electoral (artículo 8) y la derogación de los 49 decretos-leyes aprobadas por el Parlamento a petición del presidente (artículo 9). Se conservaba el ordenamiento jurídico de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, siempre y cuando no colide con el contenido del decreto y las disposiciones generales que dictara el nuevo gobierno.

Este primer decreto del presidente Carmona es avalado por los sectores excluidos de la toma de decisiones o políticas públicas del gobierno de Chávez, condicionando la Constitución Nacional a la decisión de un hombre.

Entre los firmantes del Acta, estaban, por la Iglesia Católica, Monseñor Ignacio Cardenal Velasco; por el sector empresarial, Luis Enrique Ball Zuloaga; por los partidos políticos, el socialcristiano José Curiel; por las organizaciones no gubernamentales, Rocío Guijarro; por los medios de comunicación, Miguel Ángel Martínez; por los gobernadores de Estados, el mandatario zuliano Manuel Rosales; por la CTV, el dirigente sindical Alfredo Ramos, y por Fedecámaras, su primer Vicepresidente, Carlos Fernández. Cabe destacar que Alfredo Ramos no firmó el acta constitutiva.

La CTV y los partidos Acción Democrática, COPEI, Movimiento Primero Justicia (MPJ), La Causa radical (LCR), el Movimiento al Socialismo (MAS), entre otros, fueron excluidos o se rehusaron a apoyar el pacto cívico-militar, por lo cual no participaron en la firma del acta constitutiva, y, en consecuencia, los militantes de estos partidos no integraron la lista de los posibles miembros del gabinete ministerial, a pesar de su oposición férrea al chavismo. Los partidos señalados habían aspirado a mediano plazo recuperar democráticamente los espacios sociales perdidos, apoyando a las deficiencias y errores del chavismo gubernamental en la implementación del proyecto revolucionario bolivariano desde la estructura del poder estatal.

Existen elementos que indican que la negativa de éstos partidos políticos y un grupo de la CTV, conducido por su presidente, Carlos Ortega, radicaba meramente en la baja cobertura que poseían sobre el control de la situación generada por el pacto del sector empresarial con la alta oficialidad de la FAN, que los excluía de la conformación del nuevo poder estatal y fracturaban la alianza empresariado-sindicalismo realizada en marzo de 2002.

El panorama político cambiaría a partir de las primeras horas de la mañana del día 13 de abril de 2002, creándose desde Caracas una matriz de opinión al circular rumores sobre el regreso de Chávez a la Presidencia de la República. Rumores que toman mayor fuerza con las contradicciones políticas del efímero presidente Carmona, cuando éste llama a los diputados de la Asamblea Nacional a una sesión extraordinaria, en tanto que horas antes había dejado sin efecto a los poderes públicos constituidos, incluida dicha Asamblea.

La contradicción tiene su origen en la actitud de un grupo de generales y oficiales subalternos de la FAN, liderados por el general Efraín Vásquez, en desconocer al gobierno de Carmona, “si no se realizan cambios importantes en el Acta de Constitución del nuevo gobierno” (Marcano y Barrera, 2008, p.200). Sin embargo, las modificaciones eran tardías, pues ya se había generalizado el desacuerdo entre los militares.

Los resultados de las reuniones en el Fuerte Tiuna (sede del Alto Mando Militar), durante la madrugada del 12 de abril, derivaron en un montaje inconstitucional y antidemocrático de un grupo de altos oficiales para la designación de Carmona como presidente provisional, que articuló a los diferentes componentes del sector radical de la oposición, estableciendo un frágil pacto cívico-militar.

Así, la falta de unidad y coherencia en la actuación de la oposición radical en la conformación del gobierno transitorio, revela una lucha de poder marcada por las constantes contradicciones de los civiles y militares. La ausencia de un verdadero liderazgo en el grupo conspirador determinó la caída precipitada del gobierno provisional, aunado a la detención de Chávez. Estas contradicciones ponen en duda el anuncio de Lucas Rincón ante el chavismo político y amplios sectores de la población.

Las redes populares comunicacionales proclives al gobierno (medios alternativos de comunicación, de corta cobertura y poca audiencia), transmitieron y divulgaron una matriz informativa de esperanza y fe para los revolucionarios. Sus receptores chavistas y antichavistas procesaron el mensaje: Unos salieron a las calles a exigir el regreso de Chávez, y otros se retiraron de las calles al tomar conciencia de que lo acontecido durante el 11 y 12 de abril no era un “vacío de poder”, como lo presentaron los canales televisivos y los periódicos, sino un golpe de Estado contra un gobierno constitucional con apoyo popular (Harnecker, 2005).

Esta matriz permitió a los altos funcionarios, militares y dirigentes políticos del chavismo, planificar, desde la clandestinidad, previa negociación con un grupo de conspiradores, el retorno del máximo líder al poder estatal, y en los cuarteles la negociación con oficiales superiores (generales, almirantes, coroneles) y, en algunos casos, con subalternos (capitanes, mayores y tenientes coroneles), para retomar el control de la FAN. Al tener, entonces, el control mayoritario de la institución castrense diseñan y activan el Plan de Restitución de la Dignidad Nacional: El rescate del presidente Chávez del lugar donde lo tenían detenido (Marcano y Barrera, 2008).

Cuando comenzó a circular la idea del regreso de Chávez a la Presidencia de la República, toma sentido en los imaginarios colectivos el contragolpe de Estado. El chavismo popular, movido por el chavismo político en la clandestinidad, se fue concentrando en las guarniciones militares y en las áreas adyacentes al Palacio de Miraflores, con el único propósito de exigir el regreso del máximo líder de la revolución, regreso que esperaron ya entrada la madrugada del día catorce.

Después del mediodía del día 13 de abril, el pueblo favorable al mandatario, apostado en las guarniciones militares y en las áreas adyacentes al Palacio de Miraflores, conjuntamente con los militares institucionalistas, asumirían el control de la situación en esas guarniciones y del Palacio. Muchos de los conspiradores serían detenidos.

En esos momentos el general Efraín Vásquez Velasco, hace público su decisión de no apoyar a Carmona, sumándosele el general Carlos Alfonso Martínez, Inspector General de la Guardia Nacional. El general Vásquez en la tarde del 13, mediante un comunicado, reiteraba la vocación democrática de la FAN para reparar las “omisiones” o “errores” cometidos por el gobierno de transición, al establecer como condiciones siguientes para apoyar a éste:

1. Revisión y modificación del decreto del 12 de abril; 2. Restitución de la Asamblea Nacional con todos sus poderes; 3. Concertación con las fuerzas vivas de la nación para constituir un gobierno garantizado por la pluralidad y representativa; 4. Exhortación a la paz y tranquilidad, y que cada acción de gobierno se efectúe con respeto a los derechos humanos; 5. Ratifico el Alto Mando en todos sus cargos a los integrantes del Alto Mando Militar del Ejército; 6. Se ratifica el apoyo a las autoridades e instituciones, así como el apoyo incondicional del componente a la obediencia y disciplina; 7. Respeto a las autoridades locales legalmente electas por el pueblo venezolano, gobernadores, alcaldes, locales y regionales (sic.); 8. Exigimos una construcción de una sociedad sin exclusiones que manifieste de manera pacífica; debemos mantener la democracia, amamos y queremos seguir en democracia. Garantizamos la seguridad, el trato y respeto a la persona del teniente coronel Hugo Chávez Frías y a su familia, y solicitamos la petición del presidente Chávez de salir del país de forma inmediata; 9. Exigimos que se restituyan los poderes públicos legalmente constituidos en el país, todo lo que estaba en vigencia, ya que esto no es un golpe de Estado. (Brewer-Carías, 2002, p.126-127)

La rectificación tardía de una de las individualidades militares clave en la “salida” del presidente Chávez del poder en la madrugada del 12, era considerada por los altos funcionarios públicos y dirigentes políticos del chavismo en la clandestinidad, como evidencia de una incomodidad, dado el contenido del decreto de constitución del gobierno de transición y la falta de unidad en los líderes de la conspiración.

La decisión originó descontento en los grupos radicales de oposición (civiles y militares) que lo apoyaban, y desconfianza con los militares que exigían la corrección de esos “errores”, precipitándose así la caída del gobierno de transición.

En espera del resultado del Plan de Restitución de la Dignidad Nacional, como un acto simbólico de restablecimiento del orden constitucional y democrático, en horas de la noche del día 13, el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado William Lara, juramenta al vicepresidente de la República, Diosdado Cabello, como presidente provisional, hasta que llegara el comandante Chávez, que era trasladado en un helicóptero de La Orchila (islas venezolanas en el Caribe) a Caracas. Su regreso al Palacio de Miraflores estaba previsto para horas de la noche del día 13, pero llegó aproximadamente a la tres de la madrugada del 14. Desde el llamado Balcón del Pueblo, del Palacio presidencial, se dirige a los revolucionarios para explicar y narrar su situación en cautiverio ante la multitud reunida, al tiempo que pedía perdón por los errores cometidos.

La efervescencia de las percepciones mutuas de los actores políticos del momento en cuanto a sus objetivos, necesidades e intereses, estaban en un punto tan álgido que hasta la calificación de los hechos como golpe de Estado, vacío de poder, protesta, legítima rebelión de la sociedad civil, entre otras denominaciones, fue motivo de controversia y contribuyó a etiquetar a los ciudadanos como proclives a uno u otro sector, con lo cual se abrió y propició la potenciación de una violencia simbólica.

No obstante, la actitud de rectificación de Chávez, así como el llamado al diálogo realizado en la madrugada del 14 de abril de 2002, pueden reconocerse como métodos de regulación del antagonismo existente, que abrieron un breve compás de tensa calma o aparente paz en Venezuela.

3. La mediación en Venezuela (2002 - 2004)

3.1. Primera intervención

Durante la primera época venezolana de crisis social, la Organización de Estados Americanos (OEA), tuvo la voluntad de aplicar medidas preventivas para proteger la estabilidad democrática del país. Sin embargo, no fue hasta el golpe de Estado del 11 de abril del año 2002, cuando tuvo el consentimiento del Gobierno de Venezuela para actuar en tanto al instrumento regional pro democrático. Las primeras impresiones regionales respecto del golpe de Estado fueron cautelares, pues, en un principio, no se poseía la información necesaria para valorar los sucesos ocurridos.

Por otra parte, varios Estados latinoamericanos (México, Perú, Paraguay y Argentina) manifestaron su profundo rechazo al quebrantamiento institucional de la democracia. El Gobierno de Estados Unidos de América, por su parte, no condenó la insurrección. Según algunos análisis, esto fue debido a las pocas afinidades que había entre el Gobierno Bush y el Gobierno Chávez; así como por la preocupación que esta relación suscitaba al Gobierno de la superpotencia, respecto a la accesibilidad al petróleo venezolano.

Dos días más tarde del golpe de Estado, y justo después de que Chávez recuperase de nuevo el poder, el Consejo Permanente de la OEA se reunió para condenar la desestabilización democrática (OEA, 2002b). Aunque, en los foros de diálogo de la OEA, no se valorase de forma positiva el Gobierno de Chávez, “la organización tuvo que velar por la garantía democrática de Venezuela en tanto que principio interamericano a defender” (Graham, 2002).

Mediante el artículo 20 de la Carta Democrática, el Consejo condenó la alteración del orden constitucional de Venezuela del 11 de abril, deploró los actos de violencia ocurridos entre el 11 y el 13 de abril, y reclamó la restauración de las instituciones democráticas. En el marco de ese mismo artículo, la OEA envió una misión, encabezada por el Secretario General César Gaviria, con el fin de investigar los hechos ocurridos y poner en marcha las medidas necesarias para restablecer el orden constitucional del país (Gaviria, 2004).

Dos días después de esa reunión, Gaviria redactó un informe en el cual reconoció tres elementos destacables. En primer lugar, manifestó que el país había sufrido un golpe de Estado. La OEA lo expresó igualmente en la resolución 811 (OEA, 2002a) aunque, paradójicamente, nunca invocó el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana⁽⁵⁾, referido a las alteraciones constitucionales de sus Estados miembros. En segundo lugar, señaló que el país estaba altamente polarizado. Y, finalmente, apelando al artículo 4 de la Carta Democrática, acentuó la importancia que los actores políticos y sociales acataran el Estado de Derecho (Jiménez, 2002).

Indicó igualmente que, en aquellos momentos, no era posible iniciar un diálogo democrático que conllevase la instauración de acuerdos entre ambas fuerzas políticas y restaurase la armonía social del país. Y enfatizó la importancia de conseguir por medios pacíficos estos pactos (Gaviria, 2004). Según Gaviria, se hacía necesaria una misión de seguimiento de la OEA, pero, al no obtener el consentimiento del Gobierno de Chávez, esa misión no pudo llevarse a cabo.

3.2. Segunda intervención: La mesa de negociación y acuerdos

A los efectos de una mayor comprensión acerca del alcance de la Mesa de Negociación y Acuerdos, desarrollada en Venezuela, se partirá de algunos elementos sobre lo que implica el diálogo, como método de resolución de conflictos en el marco de un sistema democrático, con base en el Manual de Diálogo Democrático, diseñado para profesionales en el año 2007 (Pruitt y Thomas, 2007).

En primer lugar cabe mencionar que el diálogo, como método de resolución de conflictos, es un instrumento utilizado en el marco de un sistema democrático y su impulso constituye otra vía de promocionarlo. En segundo lugar, el diálogo democrático debe cumplir con las tres «P»: Debe disponer de un propósito, para afrontar problemas complejos que las instituciones existentes no son capaces de afrontar; debe disponer de participantes, un microcosmos del sistema que ha creado el problema y que debe ser parte de la solución; y finalmente, debe configurar un proceso, un diálogo abierto e inclusivo que permita la creación de una confianza suficiente hacia el otro que conlleve la generación de acuerdos. A través del diálogo, cada grupo puede comenzar a reconocer las sensaciones y percepciones del otro. Cuando los participantes empiezan a modificar su propia visión de la realidad puede que sean capaces de ver los comportamientos pasados en tanto que contraproducentes (Pruitt y Thomas, 2007).

En el marco de este proyecto compartido, el 14 de agosto de 2002 la OEA adoptó la resolución 821 (OEA, 2002b), en la que se comprometía a llevar a cabo una misión de conciliación social en Venezuela. Esa resolución, que se caracterizaba por ser vaga y abierta, iba perfilándose a medida que la situación evolucionaba. Liderado por el Secretario General César Gaviria, el tripartito configuró una Mesa de Negociación y Acuerdos destinada a facilitar el diálogo entre las élites políticas, que iniciaría el 8 de noviembre del mismo año.

Según ciertos autores, la Mesa no fue propiamente una instancia de diálogo y consenso, sino un mecanismo de negociación para salir de la crisis en la que el país se veía sumergido desde diciembre de 2001 (Roncagliolo y Ponce, 2005). El propósito de la Mesa era el de encontrar una solución pacífica, electoral, democrática y constitucional a la crisis vivida en Venezuela, en el marco de una profunda polarización político-social. Tres eran sus objetivos: 1) reforzar el sistema electoral; 2) establecer una comisión de la verdad para investigar los sucesos violentos ocurridos entre el 11 y el 13 de abril de 2002, y 3) el desarme civil. Aunque hubo la percepción que, finalmente, la Mesa tuvo otros propósitos más camuflados, como que el Gobierno ganara tiempo extendiendo su legitimidad y evitando mayores desórdenes sociales.

El 18 de febrero del año 2003 y en el marco de la crisis económica nacional, Gaviria instó la apertura de otra etapa en el proceso de diálogo que disponía de un tono más conciliador. Así, la reanudación del diálogo se centró, esta vez, en un solo objetivo: Buscar un camino para resolver la crisis mediante el sistema electoral, tal y como lo mencionaba la agenda ejecutiva de la Mesa. De esta nueva etapa

Se desprendió la Declaración contra la Violencia, por la Paz y la Democracia, que tenía como objetivos el rechazo a la violencia verbal entre los actores políticos y a la violencia física entre los actores sociales y los agentes antidisturbios. (Centro Carter, 2005, p.16)

Después de intensas negociaciones entre las dos partes, el 23 de mayo del 2003 se tomó la decisión, sobre la base del artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se realizaría un referéndum revocatorio. Este proceso incluiría una comisión de seguimiento con un doble objetivo: Garantizar el cumplimiento del acuerdo sobre la Declaración contra la Violencia y por la Paz, y garantizar la comunicación entre la oposición y el Gobierno. Se instó al nombramiento de un Consejo Nacional Electoral (CNE), que se erigiría en árbitro para el próximo referéndum y que sería observado y asistido por la OEA y por el Centro Carter. Con ello, la oposición comprendió que la única manera de derrocar a Chávez era la constitucional, por lo que la dinámica de la Mesa cambió.

Los logros conseguidos por la Mesa fueron complejos. Por un lado, comportó la reafirmación de una solución constitucional que ya existía; por otro, gracias a la autoridad del tripartito que permitió la implementación de una agenda de negociación y unas normas de diálogo, garantizó un canal comunicativo entre ambas partes previniendo malos entendidos. Asimismo, la Mesa sirvió “como elemento de moderación y restricción de las pasiones políticas” (Gaviria, 2004, p.59), a pesar de lo cual no consiguió aminorar la espiral de violencia en la calle. Esto lleva a cuestionar la eficacia de las intervenciones de la comunidad internacional pues, aunque se definan como necesarias, su proceso y su éxito dependen de los factores internos y, por tanto, es posible que no satisfagan las expectativas creadas.

Conclusiones

Desde el Pacto de Punto Fijo la historia política de Venezuela revela una cultura pragmática que privilegia el acuerdo como forma de cambio de situaciones de transición conflictivas para la sociedad venezolana. El conflicto venezolano se comenzó a articular desde el ascenso del chavismo al poder en 1999 y es distinto del tipo de conflictividad que existía anteriormente en el país.

Del gran descontento generalizado que la sociedad venezolana manifestaba hacia un liderazgo político desgastado e ineficiente, representado por los partidos políticos tradicionales, se pasó a la consolidación de dos identidades colectivas contrapuestas, en las cuales estaba la pugna por el modelo de Estado que los distintos grupos propugnaban como definitorios de la estructura institucional del país.

La fractura del sistema político de la República puntofijista, el discurso del presidente Chávez y la articulación de su propuesta política, fueron los factores determinantes del nuevo conflicto; éste culminó por enfrentar dos visiones políticas incompatibles, como son el socialismo revolucionario y la visión de sectores sociales que comparten valores propios de la democracia liberal. Esta conflictividad política no encontró una adecuada canalización a través de las instituciones, que terminaron por estallar en medio de la lucha entre dos visiones irreconciliables de la democracia.

A raíz de los hechos de abril del 2002, cuando se produce un golpe de Estado, actores externos intervinieron en el conflicto venezolano a través de la mediación/facilitación del Secretario General de la OEA. Así se conformó “La Mesa de Negociación y Acuerdos” que fue una iniciativa particular de peacemakingenmarcado en un mecanismo de “gestión de crisis” que estuvo impulsado principalmente por los Estados Unidos con la finalidad de ayudar a la oposición venezolana a mantener el statu quo que el gobierno de Chávez intentaba modificar y así resguardar sus intereses en el país.

La metodología que finalmente se empleó en dicho proceso de negociación quedó definida en la denominada Síntesis Operativa, un decálogo que señalaba como objetivo primordial de la Mesa el propósito de “solucionar la crisis del país por la vía electoral”, tal como lo estipulaba también la resolución 833 del Consejo Permanente de la OEA.

Durante meses el gobierno revolucionario de Hugo Chávez y la oposición venezolana, que se había agrupado en la llamada Coordinadora Democrática, buscaron una salida negociada a los fines de disminuir el conflicto interno imperante, que se agudizó con el paro general petrolero que llevó a cabo la oposición y que casi destruye la industria petrolera del país. Las negociaciones entre ambos sectores fueron acompañadas por la constitución de un Grupo de Países Amigos, liderado por Brasil.

Igualmente, otro de los organismos intervinientes, el Centro Carter, desarrolló varias iniciativas de peacebuildingque estuvieron enfocadas a la transformación del conflicto, y a pesar que los acuerdos de la Mesa contemplaban diversas medidas para que la solución electoral fuera acompañada de una reconciliación nacional, sin embargo, ésta no se dio. Debido a esto, el principal objetivo de la Mesa fue propiciar un referéndum revocatorio (figura establecida en la constitución venezolana) para alcanzar una solución electoral.

Realizado el referéndum, éste no logró apaciguar los ánimos de los sectores en pugna, especialmente de la oposición. Unido a ello, el gobierno de Chávez, que gozaba de apoyo popular, debido principalmente a los programas sociales que propició y debido al alza internacional de los precios del petróleo, comenzó su progresivo pero imparable control de las instituciones del Estado, dada su mayoría en la Asamblea Nacional, lo que le permitió apoderarse del Poder Judicial, del Moral y del Electoral, trayendo como consecuencia un renovado impulso en la conflictividad existente que hizo temer a los sectores opositores la verdadera instauración del socialismo.

La estabilidad democrática derivada del primero de esos pactos, le ahorró a Venezuela la era de dictaduras de los años 70 del siglo XX en América Latina y le permitió llevar adelante una política exterior relativamente autónoma. Sin embargo, la estabilidad política lograda, no se correspondió con un desarrollo económico inclusivo tendiente a reducir las grandes inequidades sociales, a pesar de los inmensos recursos generados cíclicamente por la producción de petróleo. La brevedad del quiebre de la institucionalidad en Venezuela en el periodo abordado en este artículo, es índice de otra constante de su historia política: El apego mayoritario de los actores políticos y sociales a las instituciones, lo que quedó de manifiesto en las formas en que se intentó procesar el golpe y en cómo se superó la ruptura generada por el mismo con el retorno del presidente depuesto.

En este sentido, el trabajo revela que el apoyo de importantes sectores a la salida del presidente constitucional, incluyendo el de la mayor parte de los militares involucrados en el quiebre, se disolvió ante la constatación de la inexistencia de la renuncia por parte de Chávez, esto es, ante la falta de legitimidad del gobierno provisional. El chavismo resultó victorioso ante el intento de golpe por parte de una conjunción de núcleos de poder nacional con importante apoyo internacional.

Esta victoria se explica por el respaldo popular obtenido en parte por sus medidas de gobierno y en parte por el descrédito del antiguo sistema de partidos políticos, caracterizado por la corrupción y la injusticia social, así como la incapacidad de la oposición de constituirse en una alternativa creíble. La fragilidad de la oposición fue en parte generada por la reunión no organizada de sectores de tendencias políticas, sociales y económicas radicalmente diferentes y hasta opuestas. Se puede concluir igualmente que, más allá de la existencia en la mayoría de los países latinoamericanos de una correlación de fuerzas desfavorables para el éxito del golpe, la forma en la cual el proceso terminó desenvolviéndose se explica principalmente por factores de la política doméstica venezolana.

Con respecto a la intervención de la OEA, se puede concluir que inicialmente jugó un papel ambivalente en la medida en que se limitó a administrar las consecuencias de los hechos, pudiendo dar origen a interpretaciones resultantes en la legitimación del nuevo gobierno. Así, aún condenando la ruptura del orden institucional, la resolución de la OEA no se pronuncia por el retorno del gobierno constitucionalmente electo. Una vez producido el regreso de Chávez, la OEA condena nuevamente el golpe, pero, asigna al gobernante parte de la responsabilidad por estimular una “excesiva polarización” en la sociedad venezolana. A partir de ese momento todos sus esfuerzos se dirigieron a la búsqueda de fórmulas de diálogo entre Chávez y la oposición.

En efecto, en el caso del golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002, la respuesta internacional y el casi inmediato restablecimiento del orden institucional, demuestra que la conflictividad política debe ser estudiada desde varios puntos de vista y se debe nutrir de la historia, la ciencia política, la economía y el análisis de las relaciones internacionales, con el propósito de explicar la complejidad de la realidad estudiada.

Como consecuencia del afianzamiento del chavismo en Venezuela, nuevos patrones de conflictividad surgieron o se acentuaron en el país. Luego del referéndum revocatorio de 2004, se inicia otra etapa no exenta de conflictividad, pero apaciguada por la dinámica política. En este período que se extiende desde 2004 a 2013, se producen intentos gubernamentales por bajar el conflicto, como el Consejo Federal de Gobierno y la Ley de Amnistía de 2007, que fueron intentos gubernamentales para conciliar con el espectro político que lo adversaba, pero así y todo, hubo momentos de alta conflictividad, especialmente cuando el Ejecutivo, como se ha señalado, emprende la saturación de todos los poderes públicos, lo que deja sin representación en los mismos a los sectores opositores, lo que agrava la percepción de éstos con respecto a las intenciones del gobierno, y su firme propósito de convertir a Venezuela en un país socialista.

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Notas