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Introducción

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2019), reporta en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, -fin de la pobreza- impulsar a los gobiernos de los países del mundo a colocar mayor énfasis en las zonas rurales y vulnerables, para mejorar su economía promoviendo políticas a favor. Puesto que, tal como lo señalan Lalama y Bravo (2019): “La pobreza, la marginación, la exclusión social, son diferentes situaciones de índole social que afectan severamente a gran parte de la población” (p.14). Sin embargo, las realidades actuales, en estas zonas vulnerables, se agudiza producto del confinamiento y la inactividad laboral (Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2020); que se genera de la situación pandémica ocasionada por el Covid-19.

El mundo, se encuentra en medio de una crisis sanitaria, provocada por “un síndrome respiratorio grave conocido como: SARS-CoV-2, vinculado con el Coronavirus Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)” (Paredes-Chacín, Inciarte y Walles-Peñaloza, 2020, p.99), reconocida como una enfermedad infecciosa identificada actualmente como pandemia, ante la cual las mujeres perciben el trabajo del campo como una oportunidad para emprender tareas de siembra y cosecha, en el entendido, que estas actividades laborales realizadas por mujeres de zonas rurales en Perú, permite mejorar su economía en tiempos de Covid-19.

En estas zonas rurales, la agricultura representa una actividad que continúa abasteciendo de alimentos a poblaciones y al mundo, más aún en tiempos de pandemia, siendo importante la contribución del esfuerzo femenino, tanto en su núcleo familiar, como para la economía de las zonas vulnerables donde hacen vida, del país y de otros contextos geográficos.

En esta coyuntura, particularmente, en la región Lima (Perú), existen principales provincias agrícolas como Cañete, que cuentan con empresas agro exportadoras, que en su mayoría requieren de personal no calificado para laborar en el campo, en las diversas actividades de siembra, cosecha, clasificación de productos, limpieza, aplicaciones, entre otras. Estas empresas, realizan contrataciones a mujeres de diversas zonas aledañas, que son trasladadas en movilidad de la empresa para laborar; siendo estas oportunidades aprovechadas por mujeres para generar sus propios recursos.

Para las mujeres, esta posibilidad representa una situación laboral temporal, puesto que, “la mayoría de los trabajos agrícolas son transitorios y por consiguiente las ocupaciones también” (García, Aldape y Esquivel, 2020, p.48), estos se desarrollan, entre otros, por campañas productivas, o tiempos de cosechas, período en el cual, las empresas producto de la carencia de mano de obra, mejoran las condiciones laborales, que son aprovechadas por las mujeres. Esto les permite empoderarse del trabajo que ofrece el campo y de las oportunidades que brinda el gobierno en estos contextos. Las mismas son seleccionadas por su responsabilidad, comportamiento y empeño en estos tiempos de pandemia, lo que genera el rompimiento de la pobreza así como el mantenimiento y seguridad de sus ingresos.

A pesar de las oportunidades que puede traer esta realidad, se traspone a ella, la situación de las mujeres, como actor principal de la sociedad y de las familias de estas zonas; como actor susceptible y vulnerable en estos procesos, se dedican desde tempranas edades a las actividades del campo, descuidando sus estudios, careciendo de una educación acorde a las realidades actuales.

Solo una minoría de mujeres en estas zonas vulnerables cuentan con estudios, en el mayor de los casos, éstos son inconclusos o están en proceso. La gran mayoría de mujeres que no cuenta con estudios completos, laboran en el campo, lo que les permite fortalecer su economía y empleo a fin de hacer frente a la pobreza; por ello, el interés de estudiar y conocer si estas mujeres logran incrementar sus ingresos, permitiéndoles superar el nivel de pobreza.

Ante estas realidades, se plantea en esta investigación determinar la relación entre la educación y los recursos económicos en mujeres rurales que trabajan en la agricultura. Para tal fin se realizó una encuesta que permitió conocer que la formación académica no es fundamental para trabajar en la agricultura, pero si contribuye en generar recursos económicos propios para salir de la pobreza durante la crisis por coronavirus 2 (SARS Cov-2).

En ese sentido, desde el plano metodológico, se presenta una investigación de tipo no experimental y enfoque cuantitativo correlacional; con datos obtenidos de una población muestral de 211 mujeres, que radican en las zonas rurales y laboran en las empresas agroexportadoras. Se aplicó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento fue un cuestionario estructurado contentivo de 20 preguntas, mismo que se administró en la hora de salida de sus actividades laborales. Asimismo, se obtuvo un Alfa de Cronbach de ,911 desarrollado con una prueba piloto de 20 encuestados, donde se obtuvo un nivel de fiabilidad excelente. Y para el análisis de la información, se empleó el sistema estadístico SPSS.

1. La educación en las mujeres

León (2007), reconoce una visión del mundo y de la vida, basada en el conocimiento y la forma de pensar, a fin de compensar las necesidades humanas. Mientras que la educación en las personas, surge por la necesidad de mejorar su condición social y su entorno, que induce a generar nuevas culturas de vida en beneficio de las personas carentes de educación. En la Ley General de Educación No. 28044 (Congreso de la República del Perú, 2003), se establece que:

La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, desarrollo de la familia, la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. (p. 9)

Estableciendo el Consejo Nacional de Educación (2016), la meta de contar con una instrucción básica en general, estándares de calidad, carreras técnicas y universitarias con tendencia mundial, para el progreso sostenible del país. La educación busca la equidad, basados en factores de igualdad económica, geográfica, social o de cualquier idiosincrasia que afecte este derecho, y garantice su igualdad, como:

(i) ejecutar políticas compensatorias para compensar las desigualdades, (ii) elaborar y ejecutar proyectos educativos que incluyan objetivos, estrategias, acciones y recursos, a fin de revertir la desigualdad, sin distinción, (iii) priorizar la asignación de recursos por alumno, en las zonas de mayor exclusión, (iv) asegurar mecanismos que permitan la matricula oportuna, (v) implementar, en el marco de una educación inclusiva, programas de educación para personas con problemas de aprendizaje, (vi) promover programas educativos especializados, (vii) adecuar la presentación de servicios educativos a las necesidades de las poblaciones, (viii) establecer un sistema de becas y ayudas para garantizar el acceso a la continuidad de los estudios de las alumnas embarazadas o madres, (ix) movilizar sus recursos para asegurar que se implementen programas de alfabetización y (x) desarrollar programas de bienestar y apoyo técnico con el fin de fomentar la permanencia de los maestros que prestan servicios en zona rurales. (Congreso de la República del Perú, 2003, p.14)

En consecuencia, toda esta normativa que presenta la ley es derivada de la necesidad de la población asentada en diversas zonas geográficas sin distinción, cuya importancia radica en su implementación con nuevos retos que el gobierno debe cumplir, a fin de disminuir las brechas sociales de pobres y ricos.

Sobre estos planteamientos, se definen a nivel de Perú, políticas públicas acordes a las necesidades de la sociedad, para mejorar la calidad en la educación y el aprendizaje continuo de las mujeres (De Garay y Díaz-Muñoz, 2012), orientando los esfuerzos de las autoridades en generar oportunidades para alcanzar propuestas educativas, sin distinción de clases, ni de género.

Asimismo, debe fomentarse un liderazgo educativo que según Sierra (2016) se basa en valores compartidos que generan la construcción de estrategias sólidas al interior de las instituciones, a fin de otorgar poder, autoridad e innovación ante cualquier compromiso. Este es trabajado a través de un equipo que permite empoderar a las mujeres de capacidad y decisión en las diversas actividades que se les presentan.

En lo que respecta a las zonas rurales, y la educación allí impartida, el Ministerio de Educación de Perú (MINEDU, 2018) determina que la política de atención a la misma en estas zonas es obligatoria, pero las condiciones socio-económicas son inadecuadas, es por ello el Tribunal Constitucional ordena al Ministerio de Educación, priorizar la necesidad de atender a las poblaciones de extrema pobreza del ámbito rural.

En este sentido, se debe trabajar por la igualdad de oportunidades que fundamentan las políticas públicas, centradas en los derechos que tienen los pobladores de estas zonas, particularmente las mujeres, para intervenir en la vida activa del mundo laboral. La educación ayuda al incremento de los ingresos de la actividad laboral en el caso de las mujeres que en el de los hombres (Tengo y Jaimes, 2018).

Sin duda la educación es la fuente principal del saber, característica de una persona con conocimientos que le permite mejorar su nivel de vida, por lo tanto representa un derecho para toda la sociedad. Al respecto, la misma debe ser inclusiva “concebida como un movimiento educativo cuyo principal objetivo es eliminar la exclusión (étnica, religiosa, de género, de orientación sexual, socioeconómica, entre otras) hasta llegar a la construcción de una sociedad más justa” (Rodríguez-Izquierdo, 2016, p.23-24). No obstante, sostiene el precitado autor que las nociones sobre la educación inclusiva pueden verse “afectadas por la propia idea sobre el significado de la «inclusión» o «ser inclusivo» y, además, están influidas por las características de la comunidad escolar (mayor o menor concentración de diversidad) y/o el nivel educativo (primaria y secundaria)” (p.31).

Bajo esta perspectiva, el gobierno peruano focaliza la educación rural mediante los Centros de Educación Básica Alternativa, como una estrategia para aquellas mujeres y hombres que no iniciaron o culminaron sus estudios, la cual está dirigida a personas adultas en programas nocturnos. Su función es lograr la alfabetización y programas de desarrollo de capacidades empresariales que se realizan en función de la demanda en los interesados (Congreso de la República del Perú, 2003).

A pesar de ello, según plantea Ramírez (2017) existen discrepancias a nivel mundial sobre la demanda educativa y social, así como en la búsqueda por disminuir las brechas entre las personas y la sociedad en materia educativa. La idea es que la gran mayoría de la población mundial alcance las condiciones básicas para vivir plenamente; asumiendo como tendencia generalizada, la debilidad de las políticas públicas y su respectiva implementación, para generar sinergia productiva de la mano con el desarrollo educacional, por lo que urge la necesidad de tomar atención y evitar las brechas en los menos favorecidos económicamente.

Es importante que la educación cumpla su rol principal, tal como lo señala (Asencio-Cabot, 2017), educar con nuevos contenidos actualizados en la ciencia y la tecnología, para lograr el desarrollo de la formación en la ciudadanía, que se encuentre orientado a caracteres sistemáticos e interdisciplinarios que impulsen trabajos en las mujeres, especialmente del campo agrícola.

Con respecto a la educación de las mujeres, es cierto que en la actualidad éstas cuentan con más oportunidades de acceder a la educación en los diferentes niveles, que las mujeres del pasado (Alberdi y Alberdi, 1984); sin embargo, uno de los factores de impedimento es la inseguridad que afecta a la comunidad, acto que retrasa en el avance de las mujeres en la educación.

Según reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017), las mujeres a nivel nacional cuentan en un 63,3% con educación secundaria, comprendidas entre 25 a más años, respecto al hombre que está con 74,1%. Las mujeres con menos estudios secundarios en el Perú se encuentran ubicadas en las regiones de Cajamarca y Huancavelica, en tanto que aquellas con mayor índice académico se ubican en Lima y la Provincia Constitucional del Callao.

A nivel de las áreas rurales y marginales, los datos sobre la educación de las mujeres varían según el grado de instrucción de los padres. Afirma Juliá (2017), que las mujeres cuyos padres han obtenido niveles de estudios superiores permanecen en mayor orden en el sistema educativo. Permitiendo ascender de jerarquía laboral ante un régimen superior y distinto, que genera bienestar profesional, desempeño en áreas de mando superior, entre otros. La mayoría de mujeres que culminan una carrera profesional, están involucradas en diferentes actividades laborales, permitiéndoles insertarse en la economía de mercado con mejores posibilidades de una vida digna. Ante ello, las instituciones de apoyo al empleo laboral para mujeres se preocupan en brindar facilidades y oportunidades para desempeñarse según su capacidad formativa.

La educación en las mujeres rurales que se dedican al campo (trabajos agrícolas), es una alternativa que genera destreza, capacidad para fortalecer sus conocimientos, y como persona en ejercer cargos en el proceso de cosecha, siembra, logrando en algunos casos el manejo del cultivo; aprendizaje que lo genera por iniciativa propia y mediante capacitaciones recibida de la institución que lo alberga. Al respecto, Vargas (2019) reporta que las empresas constituyen generación de recursos y empleo en la sociedad, siendo estas socialmente responsables.

Es así que toda empresa agrícola brinda oportunidades a la población rural para desarrollar actividades productivas propias de éstas. Así, Server-Iquierdo y Lajara-Camilleri (2016) manifiestan que las empresas que emprenden actividades de carácter económico, generalmente están orientadas a la innovación y a los mercados del exterior.

De igual manera, la educación de las madres es prioritaria para los gobiernos, por ser un factor importante para mejorar las condiciones de salud y educación de sus hijos, acto que se ve reflejado en el nivel de aprendizaje; generando una visión loable en la forma de pensar de los hijos lo cual contribuye en su formación, logrando una cultura basada en el trabajo como medio para salir de la pobreza (MINEDU, 2005).

Sobre este particular, se puede plantear que la educación de mujeres que residen en zonas rurales es limitada; lo que restringe su empleabilidad en campos especializados. Por ello, las mujeres de zonas vulnerables de Perú, recurren y optan por trabajos de campos agrícolas, que no requieren esfuerzos cognoscitivos, ni profesionalización alguna; por el contrario, un básico nivel educativo, puede ser suficiente y fundamental para desarrollar esta actividad productiva.

En ese sentido, las mujeres deben lograr el empoderamiento de sus recursos, pensamiento, y confianza en sí misma (Shanti y Murty, 2019), siendo factible a través de la educación y el trabajo digno. Por lo que se plantea la hipótesis: Existe asociación entre la educación y recursos económicos en mujeres del campo.

2. Los recursos económicos: Reflexiones sobre la situación de las mujeres del campo

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU Mujeres, 2019), las mujeres trabajan más, pero adquieren menos, y con bajas oportunidades laborales. Lo que significa que no se avanzó en mejorar las condiciones y oportunidades de las mujeres por una sociedad dividida, carente de iniciativa gubernamental en las políticas que están al margen de las clases sociales y ante las restricciones por el Covid-19, se debe fomentar la competitividad laboral para generar oportunidades.

Al respecto, el gobierno peruano a través de lineamientos basados en igualdad de oportunidades, promueve la actividad económica de las mujeres rurales, ofreciendo remuneraciones dignas, justas, mediante indemnizaciones, beneficios laborales, que cubran la necesidad de seguridad social, según la Ley No. 28983, (Congreso de la República del Perú, 2007), no obstante, reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017) refieren que en el año 2017, la región Lima, cuenta con mujeres de nivel educativo secundario de 81,8% respecto a los hombres con 89,4%, que se ve diferenciado por una tasa de participación laboral de 63,4% en mujeres y 79,9% los hombres, clara hegemonía de desigualdad en la educación y laboral. Por consiguiente, las leyes implementadas no se ajustan a la realidad, mujeres con mayor carga laboral y familiar frente a sus hijos, lo mismo que conlleva a una serie de obstáculos como, disponibilidad del tiempo, ubicación laboral, generando un desequilibrio competitivo frente al género opuesto.

Sin embargo, existe una brecha salarial de ingresos promedio, tanto para hombres y mujeres, según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP, 2014). La persistencia de brechas se reduce ante la inesperada situación que vive el mundo por la pandemia, que viene afectando los salarios de las personas y más aun aquellas carentes de estudios.

El sistema democrático ampara la igualdad laboral entre ambos sexos, es la empresa responsable de la remuneración y captar personal calificado, competente, para el cumplimiento de sus objetivos ante el estado de emergencia que se vive por la pandemia del Covid-19. Las mujeres logran acceder a un trabajo remunerado, sin embargo, persiste la brecha salarial ocasionando una injusta distribución remunerativa, respecto a los hombres (Castro, Rivera y Seperak, 2017).

En este sentido, la necesidad educativa en las mujeres mediante normas y protocolos para trabajar, es complicada en estos tiempos por el Covid-19; no obstante, las mujeres logran empoderarse económicamente mediante oportunidades de empleo dignos, de calidad, y con una remuneración justa, así como un mayor poder de decisión (OXFAM Internacional, 2017).

La participación monetaria de las mujeres dentro de la población económicamente activa del área rural es alto, logrando índices económicos favorables, donde de cada 100 mujeres 71 trabajan, en comparación con los hombres que es de 88 (Escudero y Ramírez, 2017). Esta situación refleja que la mano de obra laboral de las mujeres tiene valor económico en el área rural, en tiempos de pandemia.

En el caso de las mujeres peruanas, pueden emprender diversas actividades, asumiendo el rol de ama de casa, laboran a tiempo completo el 22% y el 25% ejerce a tiempo parcial (Cuadros, 2019). El sistema laboral permite trabajos a tiempo parcial, logrando establecer contacto familiar con sus hijos y bienestar económico. Estas características se asemejan a las actividades agrícolas que las empresas ofrecen a las mujeres rurales en horario variado, brindándoles las facilidades de transporte y protocolos para el desplazamiento por el estado de emergencia vigente.

A nivel de la agricultura, en el Perú, ésta se ve reflejada en el crecimiento de las agroexportaciones, donde la mano de obra son mujeres, que realizan actividades en cultivos exportables, según INEI del año 2017. La economía basada en el campo con mujeres que disponen de tiempo para laborar en el sector productivo de mayor demanda de trabajo.

Es así, que el gobierno peruano para el periodo 2019 - 2022 propone cuatro objetivos, que se muestran en la Figura I, que permite asegurar el trabajo de personas vulnerables especialmente de las mujeres, mediante el soporte de los objetivos del milenio, que se encuentran en el plan bicentenario y políticas nacionales, que plantea como prioritario el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2019).

La agricultura en poblaciones rurales, es considerada una actividad económica importante para la generación de empleos, por lo que se busca impulsar medidas para lograr su desarrollo en forma descentralizada, con el fin de diversificar medidas concretas de acuerdo a la realidad de cada zona. Por lo cual se plantean las siguientes hipótesis:

H1= Existe relación entre la educación y recursos económicos en mujeres del campo.

H2= Existe relación entre la educación y la agricultura en mujeres del campo.

H3= Existe relación entre la educación y la pobreza en mujeres del campo.

3. Educación y recursos económicos de mujeres del campo: Resultados y discusión

Las empresas agroexportadoras ubicadas en las zonas rurales facilitan la contratación de mano de obra especialmente a mujeres, durante la cosecha y siembra, actividades determinantes en épocas de campañas, a fin de lograr cubrir sus necesidades productivas y compromisos ante el mercado internacional. Estas organizaciones productoras enmarcan su desarrollo en: Invernaderos de semillas para hortalizas, campos de arándanos, espárragos, alcachofas, cítricos y vid, una viabilidad económica basada en diferentes cultivos, generando fuentes de trabajo a las poblaciones rurales.

Así, para las mujeres que viven en zona vulnerables, esta representa una de sus principales actividades laborales, puesto que les permite generar economía para su familia ante la crisis que vive el mundo por la emergencia de la pandemia. En ese sentido, en la Tabla 1, de acuerdo con los resultados derivados de la investigación, se muestra la educación y los recursos económicos en mujeres que trabajan en las empresas agro exportadoras de zonas rurales de Perú.

De 211 mujeres encuestadas, se obtiene una correlación positiva buena de 0,662 con una significancia de 0,000 menor a 0,01, lo que demuestra que las dos variables están relacionadas entre sí. Y por tanto, la educación es importante para el logro de mejores recursos económicos, en aquellas mujeres que trabajan en el campo.

Asimismo, en la Tabla 2 se puede apreciar la educación y su relación con la agricultura. Encontrando que existe evidencia de correlación Pearson positiva moderada (r=0,584) entre la educación y la agricultura, con una significancia de 0,000 menor a 0,01. Lo que significa que la educación es una fuente importante para desarrollar actividades propias del campo, en aquellas mujeres rurales que buscan mejoras económicas y bienestar social.

En la Tabla 3, se puede observar que la carencia de educación genera pobreza, puesto que existe evidencia de correlación Pearson positiva buena (r=0,668) entre la educación y la pobreza con una significancia de 0,000 menor a 0,01. Demostrando que para superar la pobreza rural es por medio de lograr una cultura educativa en aquellas mujeres rurales que trabajan en la actividad agrícola, sin distinción o nivel de clases.

Los esfuerzos materializados por los gobiernos, se orientan a la reducción de la pobreza, la cual según Haughton y Khandker (2009); Galindo y Viridiana (2015);Anaya, Buelvas y Romero (2020); se manifiesta en la privación de bienestar de manera pronunciada, es decir, la falta de acceso a capacidades básicas para actuar la sociedad. En consecuencia, la pobreza es generada por carencia de educación y que atribuye a una económica de pobreza educativa.

Como problema en las realidades latinoamericanas, la pobreza es incesante, afectando a la mayor parte de la población mundial, especialmente aquellas que habitan en los países con menor desarrollo. En este escenario, se afirman las limitaciones que se presentan para enfrentar este problema no planificado, lo cual genera incertidumbre en madres que carecen de educación en tiempos difíciles por la epidemia (Romero, 2000). Representa carencia de cumplimiento de cualquier tipo de derechos humanos, establecido por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACDH, 2004), que tienen todas las personas, sin ninguna distinción de raza, género, país, filosofía religiosa, condición de vida, económica, social, o política, u otra, como ser privado en la atención de sus necesidades básicas por estar protegidos por la Ley.

Al respecto, la reducción de la pobreza depende, en gran medida, de aumentar los ingresos así como de reducir la desigualdad (MacEwan, 2010). Sin embargo, los objetivos que conllevan a eliminar la pobreza extrema deben basarse en el aumento de 40% de los ingresos de los más pobres (Banco Mundial, 2018). En tal sentido, la disminución o erradicación de la pobreza es parte de la gestión gubernamental, basadas en políticas que conlleven a la mejora económica de las poblaciones vulnerables. La mayor parte de las poblaciones de pobres se encuentran en las zonas rurales, que pertenecen a la región Sierra y selva del Perú (Castillo-SantaMaría, et al., 2020).

La pobreza en las mujeres rurales se distingue por sus condiciones de vida, carencia de recursos, servicios, entorno social, con estudios inconclusos, sub empleo en cosechas de parceleros que realizan jornales a medio tiempo, lo que determina que su economía es corta. Al respecto, Allepuz y Torres (2018) sostienen que la contratación temporal de mano de obra es característico de la agricultura frutícola, que optan por tener personal en tiempos de cosecha, interviniendo hombres y mujeres. Las mujeres contribuyen laboralmente en el desarrollo enfrentando la pobreza, ante las dificultades de la desigualdad de oportunidades que tienen frente al hombre (Castillo, Larico y Moreno, 2020).

Conclusiones

La educación es positiva y buena en mujeres rurales que desarrollan actividades agrícolas, siendo estas capacitadas para laborar en ellas, donde obtener recursos económicos en tiempos de pandemia es una ventaja que favorece a su economía.

Ante este panorama, se logra que las mujeres con o sin estudios trabajen y a su vez colaboren en el hogar, siendo la agricultura un medio para generar recursos y además se determina que la educación se relaciona con la agricultura a un nivel moderado y significativo.

Finalmente, la importancia de la educación para erradicar la pobreza en las mujeres que trabajan en el campo, es significativa, positiva y buena, lo cual puede ayudar a superar los índices en las zonas vulnerables alejadas, que tienen la facilidad de sobresalir en la pobreza a diferencia de las mujeres de la zona urbana, determinando una ventaja competitiva.

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