Introducción

Considerada la quinta economía más grande del planeta, América Latina se debate en el reto de mejorar la calidad de vida de su población que se estimaba en 626 millones en el 2016 (Observatorio Demográfico, 2016), garantizando la sostenibilidad de sus recursos, con lo que la creación de empleo, producto de una economía en crecimiento se vuelve imperativo.

El objetivo de este trabajo es realizar una revisión de los avances de América Latina en cuanto a crecimiento económico y disminución de la pobreza e inequidades, como diagnóstico que permita establecer la posibilidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que se refiere a estos indicadores, sabiendo que las decisiones políticas y económicas que adoptan los gobiernos son determinantes.

La metodología usada es documental, con base en la revisión de estadísticas del período 2012-2017 e informes de organismos especializados como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Programa de las Naciones Unidas (PNUD) y organismos nacionales, para tener información confiable que permita analizar de manera objetiva la situación actual de esta región. Se eligieron trece países, alrededor del 33% de los que conforman América Latina y el Caribe: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.

América Latina, ha estado inmersa en el proceso de globalización, la cual se fundamenta teóricamente en el neoliberalismo, que promueve la libertad de los mercados y la libre circulación internacional de las mercancías y del capital. Pese a los desequilibrios del sistema, alienta el espíritu de competencia sobre la solidaridad, logrando el control de la mente humana de una gran parte de la sociedad (Estay, 2005).

Siendo una de las más inequitativas del planeta, América Latina durante los años 80 y 90 sufrió períodos de crisis con el deterioro del bienestar de la población, lo que provocó el rechazo de importantes sectores de la sociedad, con el consecuente advenimiento de un nuevo sistema de gobierno, distanciado de políticas neoliberales. Esta región ha vivido profundos procesos de cambio contradictorios, como la desigualdad social, la democracia y el pluralismo cultural (Hernández, 2014). A partir del año 2000, empiezan a darse reformas importantes producto de gobiernos desarrollistas que, ayudados por el aumento en los precios de hidrocarburos, sumado a políticas redistributivas, lograron un verdadero avance social, no mermado, siquiera con la crisis internacional del año 2008.

Ya para el año 2017 países como Argentina y Brasil, regresaron a gobiernos de derecha, mientras que Ecuador suavizó su discurso con el nuevo presidente, pues disminuyó el ambiente de confrontación que se vivía en el país con sectores de la oposición política, sector empresarial y prensa; siendo así, el sólido grupo de gobiernos que propugnaban un distanciamiento del imperialismo, perdió fuerza.

Conscientes de que el arte de gobernar debe ser dirigido esencialmente a favorecer a toda la población y ante la ineficacia de lograr terminar con la pobreza, la exclusión social, la marginación, entre otras; las Naciones Unidas, una vez más se propuso tomar medidas para superar este flagelo, lanzando en el 2015 la Agenda 2030, con 17 Objetivos para un plazo de quince años, luego de que los Objetivos de Desarrollo del Milenio se alcanzaron parcialmente.

El reconocimiento por parte de los Estados Miembros de que el mayor desafío es la erradicación del hambre y la pobreza, constituye un gran avance al acordar luchar contra ésta, ya que de lo contrario el desarrollo sostenible no estaría garantizado.

En este sentido, la Agenda implica un compromiso común y universal, no obstante, puesto que cada país enfrenta retos específicos en su búsqueda del desarrollo sostenible, los Estados tienen soberanía plena sobre su riqueza, recursos y actividad económica, y cada uno es responsable de fijar sus propias metas nacionales, apegándose a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (Organización de las Naciones Unidas, 2015).

La Agenda 2030 tiene como prioridad poner fin a la pobreza y disminuir las desigualdades; es más humanista, prioriza a las personas al considerarlas el centro, con pleno goce de derechos y en la sostenibilidad global con la colaboración igualitaria de todos los países; sostenibilidad que integra los tres pilares del desarrollo sostenible (económico, social y medioambiental).

1. Pobreza, marginación, exclusión social

América Latina a raíz del año 2000, presenta economías más sólidas, con democracias en proceso de consolidación y una disminución de brechas, con menor pobreza, con gobiernos que han introducido mejoras en lo que respecta a derechos de los más vulnerables; sin embargo, no ha sido suficiente pues persisten situaciones de injusticia social.

La pobreza, la marginación, la exclusión social, son diferentes situaciones de índole social que afectan severamente a gran parte de la población. La persona considerada pobre no tiene los medios para vivir dignamente, carece de recursos que le permita satisfacer sus necesidades. Pertenece a un grupo vulnerable, producto de la inequidad; son personas empobrecidas carentes de oportunidades.

Con los niveles de riqueza logrados ya no se puede hablar de pobreza por carencia de recursos, simplemente es la falta de espacios para poder desarrollarse, sumado a la ambición de un sector minoritario, que se mantiene justamente por los desequilibrios del sistema en el que predomina una economía de mercado, capitalista. En el capitalismo se dan brechas entre ricos y pobres; quien tiene mayores oportunidades se enriquece; mientras los menos favorecidos siguen en la pobreza, dándose en América Latina una inequidad muy marcada(Lalama y Bravo, 2017).

Al respecto, el capitalismo es un sistema basado en una relación económica, social, política y cultural surgido a finales de la Edad Media, con marcada división entre el centro de la periferia y la semiperiferia, donde las economías centrales tienen la hegemonía, dándose una interconexión de la pobreza global con la polarización social y la desigualdad entre y dentro de los países. Se dan relaciones de dependencia en el mercado global donde “generalmente la pobreza es explicada como un resultado de las circunstancias particulares de la estructura social, el mercado laboral, la condición de explotación de la fuerza de trabajo y la concentración del ingreso” (Spicker, Alvarez y Gordon, 2009, p.280).

Por su parte, el concepto de marginado hace referencia a la persona que se sitúa a un lado y que es una consecuencia de la pobreza, víctima de ineficientes políticas sociales. La marginalidad es una forma más severa de pobreza, se utiliza a veces para referirse al proceso de expulsión de los procesos económicos y puede entenderse como exclusión; mientras los primeros describen a la población que vive en los márgenes de la sociedad, los excluidos son aquellos que han sido marginados por completo de normas sociales convencionales. Autores latinoamericanos han enfocado a la marginalidad dentro de la Teoría de la Dependencia que surgió en América Latina en la década de 1960, intentando explicar las nuevas características del desarrollo socioeconómico de la región, como consecuencia de la industrialización entre 1930-1945 (Dos Santos, 2002).

En lo referente a la exclusión social, esta afecta por lo menos el 50% de la población en el mundo y en los países desarrollados a un 10-15%. La competitividad favorece la exclusión de niños, mujeres, ancianos, inmigrantes, indígenas, y más grupos débiles; es dejar al margen de la sociedad a un grupo de individuos, como resultado de una estructura social que limita a la población de oportunidades políticas, económicas y sociales, empobreciéndola. Así la exclusión, es un fenómeno social y corrosivo, negativa desde el punto de vista económico y políticamente explosiva (Bel, 2002).

De igual manera, la Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó que la economía capitalista ha tenido grandes logros en la generación de riqueza, pero no experimenta necesariamente una buena distribución de los beneficios del crecimiento, tal como lo mencionó Keynes en la frase que abre el capítulo 24 de su Teoría General y que ha sido citada muchas veces: “Los principales inconvenientes de la sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocupación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos” (Organización de los Estados Americanos, 2015, p.21).

Por otro lado, la globalización es un fenómeno que ha favorecido la exclusión, se origina por causas estructurales, propias del capitalismo, que privilegia el capital sobre el ser humano. El proceso de globalización, ha consolidado la brecha que separa los niveles de vida de los sistemas económicos desarrollados con los sub desarrollados, por medio de un modelo de segregación global que aísla en precarios asentamientos a los pobres, que no pueden acceder a los beneficios que goza una minoría de la población (Hidalgo-Capitán, 2012).

A tenor con lo anterior, la condición de pobreza, marginalidad, exclusión, es producto de ineficientes políticas públicas y ocasiona distorsiones demasiado acentuadas entre ricos y pobres. La mala distribución de la riqueza, que beneficia a unos pocos en deterioro de la mayoría, no hace más que prolongar el círculo vicioso de personas que por no tener posibilidades de una buena educación, acceden en el mejor de los casos, a plazas de trabajo en el mercado informal o formal, con poca remuneración.

Asimismo, la falta de alimentación y deterioro de salud, permiten la continuidad de esta situación, que debe cambiar porque puede afectar la sostenibilidad del sistema democrático. A este respecto el economista brasileño, experto en temas de desarrollo, subdesarrollo, pobreza, Celso Furtado en el 1998 mencionó, que es necesario revertir el proceso de concentración de ingresos y exclusión social, porque está en riesgo la gobernabilidad (Klicksberg, 2000).

2. Amenazas actuales

Tras largos períodos democráticos, América Latina ve afectada su gobernabilidad por el descontento social al que se suma graves denuncias por actos de corrupción. Los expresidentes peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala, han sido relacionados con el caso Odebrecht. El presidente de Perú, Pedro Kuczynski, se vio obligado a renunciar en marzo 2018, por un tema de compra de votos a congresistas. El vicepresidente de Ecuador Jorge Glas, fue enjuiciado y sentenciado a prisión en diciembre 2017, por asociación ilícita en el caso Odebrecht.

Sin duda, es la corrupción uno de los principales riesgos para el cumplimiento de los objetivos que buscan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza, pues son recursos que se distraen, acentuando más la inequidad.

El último informe de Transparencia Internacional del año 2018, indica que pese a los esfuerzos y las normas que sancionan estos actos nocivos, no hay muchos avances, puesto que faltan políticas integrales para combatir sus causas estructurales.

En la tabla de 180 naciones, la peor calificada según el índice es Venezuela, ocupando el puesto 169 con un puntaje de 18 sobre 100. Le siguen Haití, Nicaragua y Guatemala. Otros países como: Paraguay, México, Honduras y Ecuador obtuvieron una calificación entre 29 y 32, muy alejada a la mejor calificada de todo el continente americano: Canadá, con 82 de puntaje en transparencia y un octavo lugar en el ranking mundial. Chile, Uruguay y Costa Rica, son los mejores puntuados en América Latina (Transparency International, 2018).

En esta región se ven esfuerzos de algunos sectores de la sociedad civil de estar atentos a la violación de normas establecidas, debido a que este fenómeno se da a todo nivel, desde los más altos cargos públicos, hasta niveles bajos de la burocracia, aunque es muy difícil combatirla pues está arraigada, volviéndose incluso un tema de la cultura de un conglomerado. Generalmente a mayor nivel de corrupción, menos libertades en los países, menos independencia de poderes; es un problema que atañe a todos, al sector público, privado, educación, comunidad en general.

Los últimos escándalos que han sacudido a América Latina son Petrobras, Panamá Papers y el caso de la constructora Odebrecht, que les ha costado el cargo a altos representantes elegidos democráticamente, como sucedió en Ecuador. Otros en investigación son: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, República Dominicana, Venezuela.

Estudios anteriores han demostrado que la corrupción puede atrofiar el crecimiento sostenible e inclusivo. Con la corrupción sistémica, la capacidad del Estado para cumplir sus funciones básicas se ve minada, y los costos adquieren una importancia macroeconómica. Además, un mayor grado de corrupción tiende a ir de la mano de una mayor desigualdad. Entre los costos que suelen ser evidentes en partes de América Latina están: Un menor suministro de bienes públicos (lo cual perjudica desproporcionadamente a los pobres); la distribución deficiente de talento y capital, debido a incentivos distorsionados; niveles más altos de desconfianza en la sociedad y menor legitimidad del gobierno; así como mayor incertidumbre económica y menor inversión privada y extranjera (Lipton, Werner y Goncalves, 2017).

Otro de los temas de gran actualidad corresponde a los desplazamientos internos y externos de la población, originados por causa de la violencia o represión política, sumado a situaciones precarias de existencia. La violencia, falta de alimentos y medicinas, persecución política, guerrilla, entre otros, son causas para que en el mundo y América Latina haya crisis humanitaria. Ésta se concibe como una situación donde hay una amenaza generalizada a la vida, la salud, la subsistencia básica o seguridad física, que excede las capacidades de las comunidades para resolverla (González, 2015).

Dentro de Latinoamérica, uno de los países que tiene la atención del continente es Venezuela. Fue visitado en el mes de junio de 2019 por la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien consideró grave la situación humanitaria del país. Según la ONG Foro Penal, en el país hay unos 687 presos políticos que la Alta Comisionada pidió liberar, por lo que la ONU trabaja en un plan con el gobierno y la sociedad civil para atender las áreas críticas. De acuerdo con la ONU, aproximadamente siete millones de personas (25% de la población venezolana) requieren atención humanitaria urgente, mientras cuatro millones emigraron desde 2015, debido a la peor crisis económica del país.

A esto se agrega una hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 10.000.000% para 2019, aunado a la escasez de medicinas, insumos hospitalarios, alimentos, entre otros. Según Naciones Unidas, la desnutrición en niños menores de cinco años llega al 22% en Venezuela, mientras 300.000 pacientes crónicos están en riesgo por falta de medicinas y tratamientos (Agencia AFP, 2019).

Por otro lado, para el autor González (2015), existe un desplazamiento forzado en busca de protección en el Triángulo Norte de Centroamérica: Honduras, El Salvador y Guatemala, por la violencia criminal ejercida por pandillas y narcotráfico. Aunque las Naciones Unidas no reconocen el crimen organizado, es una verdad que afecta a estos tres países, que están entre los diez con mayor tasa de homicidios en el mundo.

Según el Informe Global del 2016, publicado por el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, 40,8 millones de personas en el planeta habían sido desplazadas por conflictos y violencia al cierre de 2015. De ese total, al menos 7,3 millones de los desplazamientos forzados ocurrieron en América Latina. Los desplazados internos están entre las personas más vulnerables del mundo y a diferencia de los refugiados, no cruzan fronteras internacionales en busca de seguridad y protección, sino que permanecen dentro de su propio país. En determinadas circunstancias, pueden ser obligados a huir por las mismas razones de los refugiados (conflicto armado, violencia generalizada, violaciones de los derechos humanos, entre otros).

En Colombia según el gobierno, había 7,4 millones de desplazados internos registrados al terminar 2016, cifra que representaba un aumento de aproximadamente medio millón respecto al comienzo del año, sin que se haya informado de retornos de desplazados internos ni de otras disminuciones. En consecuencia, Colombia seguía siendo el país con la población de desplazados internos más numerosa (Agencia de la ONU para los Refugiados, 2017).

Con respecto a los desplazamientos internacionales, el caso venezolano es el de mayor preocupación. El director general de Migración Colombia, Christian Krüger Sarmiento, señaló que hay un incremento del 110% en la entrada y salida de venezolanos durante el 2017, unos se quedan en el país y otros lo usan como tránsito para dirigirse a Ecuador, Chile, Perú, Estados Unidos, Panamá, México, España, Argentina, Brasil y Costa Rica. “No podemos decir que todo ciudadano venezolano que ingresa a nuestro país lo hace simplemente para cruzar hacia otros destinos, pero tampoco podemos afirmar que todos se están quedando, pues las cifras así nos lo demuestran” (El Nacional, 2018, p.5).

En un balance ofrecido por Migración Colombia, las autoridades indicaron que más de 550.000 venezolanos se encontraban dentro del territorio nacional el año 2017. Aseguraron que el promedio de personas que ingresaban a Colombia sin intenciones de radicarse en el país fue de 37.000, mientras que de salida el promedio fue cercano a los 35.000 registros diarios, en 2017. Afirmaron que cerca de 69.000 ciudadanos venezolanos regularizaron su situación migratoria a través del Permiso Especial de Permanencia (PEP), residiendo aproximadamente 40% en Bogotá, 9% en Medellín, 7% en Barranquilla, 4% en Cali, mientras un 3% vive en Cartagena, Bucaramanga y Santa Marta, principalmente. En Ecuador, la entrada de venezolanos se incrementó en el 2018 según informes de funcionarios de migración, que aseguraron atender alrededor de 2.500 solicitudes por día.

3. Indicadores macroeconómicos

Tras el largo período de deterioro social, América Latina experimentó un crecimiento económico agregado sostenido de 4,2% en promedio anual entre el 2002 y el 2012, superior al de Estados Unidos. 70 millones de personas salieron de la pobreza, el desempleo bajó de manera sostenida desde 2002, llegando a 6,4% según datos de la CEPAL y la Organización Mundial del Trabajo. En 2011, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de la región fue de 4,3%, y en 2012, de 3,1%; la inflación se ha mantenido a la baja en la mayoría de los países (CEPAL 2013; PNUD, 2015; Programa Nacional de las Naciones Unidas, 2013).

La crisis por la baja en los precios del petróleo y materias primas que se dio a partir del segundo semestre del 2014, dejó huella en las economías latinas. De la revisión se puede observar que algunos de los países objeto del análisis, han concluido el 2017 con una economía en ascenso, aunque de forma moderada y tan sólo uno, Venezuela, ha decrecido, tal como viene ocurriendo desde el 2013. Panamá, Paraguay y Bolivia, son los que alcanzan tasas mayores, superiores al 4%, mientras que Brasil y Ecuador, lograron dejar la recesión que venían sufriendo. Una relación entre el 2012 y 2017 muestra que hay países cuya economía se ha deteriorado, como el caso de Chile y Perú.

Sin duda la inflación, es un golpe que afecta mayormente a los pobres. Argentina, México y Uruguay, son los que registran tasas mayores, por encima de la tasa de crecimiento económico. Por otro lado, es preocupante el nivel que alcanza Argentina, cercano al 25%, con un deterioro significativo entre el 2012 y 2017. Tema aparte es el caso venezolano, que registra la mayor inflación a nivel mundial.

Es sabido que, a tasas elevadas de crecimiento, le sigue un aumento en la inflación, sin embargo, hay que anotar que Panamá y Bolivia, países que vienen registrando un crecimiento sostenido y elevado en los últimos años, tienen una baja inflación, lo que es muy beneficioso para éstos. En el caso de Ecuador, la deflación es resultado de dos años de desaceleración en la economía. Hay que tener en cuenta que hay mayor posibilidad de una inflación monetaria en países que pueden emitir, que no es el caso de Ecuador y El Salvador, que adoptaron al dólar como moneda oficial en el año 2000 y 2001 respectivamente. Panamá, pese a tener su moneda oficial, el balboa, usa el dólar en la mayor parte de sus transacciones pues es de curso legal.

La necesidad de que los países puedan crecer, radica en la generación de empleo que representa. La metodología para medirlo varía en algunos países, como en Ecuador, donde las categorías de trabajo adecuado, trabajo inadecuado pueden arrojar tasas de desempleo no acordes con la realidad. Ello se evidencia en los años 2015 y 2016 donde el país llega a decrecer, pero presenta tasas de desempleo del 7,7% y 5,2% respectivamente. El desempleo más alto en los países analizados es Brasil, con el 12,7%, muy superior al 5,5% registrado en el 2012. Contrario a lo que se puede prever, Venezuela, país en recesión por años consecutivos, muestra una tasa de desempleo menor al 10%.

De igual manera, la pobreza es la principal preocupación de los gobiernos y la tarea pendiente, pues no ha sido erradicada; con medidas redistributivas tendientes a lograr mayor equidad pueden disminuirla, siempre que el país experimente crecimiento económico que se traduzca en desarrollo social. Un país con mal desempeño económico, que no genere recursos, que tenga decrecimiento, recesión, inflación, desempleo, tendrá serios problemas en atender áreas sociales. A partir de 1980 se ha visto una disminución de la pobreza en América Latina como se muestra en la Figura I.

Nota: . Estimación correspondiente a los 18 países de la Región más Haití. Las cifras de 2012 corresponden a una proyección.

A partir del año 2012, las cifras muestran que Uruguay y Chile son los países con menor tasa de pobreza, contrariamente, El Salvador y México, tienen tasas muy altas, seguidos de Bolivia que registra un 37%. Este último país tuvo una reducción de al menos 20 de cada 100 personas que dejaron de ser pobres, condición que tenían en 2005 el 59,6% de los bolivianos (Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia, 2016). Por otro lado, Panamá y Paraguay, siendo países que vienen con crecimiento económico de forma consecutiva, tienen alrededor de la quinta parte de su población en condición de pobreza, lo que es una medida del grado de inequidad que existe.

Entre el 2012 y el 2017, tan sólo Argentina y Venezuela deterioraron su situación. En el primer caso, la pobreza se ubicó en 28,7% en el 2017, llegando al 33,6% en el 2018; es decir la tercera parte de los argentinos estaba bajo la línea de pobreza (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de Argentina, 2019), hecho confirmado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, cuando dice que en Argentina la pobreza alcanzaba 13.6 millones de personas en el 2018, siendo la cifra más alta de la década. Venezuela tenía una tasa de pobreza del 48% en el 2018, superior al 46% del 2017 (Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela y Universidad Simón Bolivar, 2018).

Con respecto al grado de desigualdad, el coeficiente de Gini presentado por el Banco Mundial (2018), el cual se puede apreciar en la Tabla 1, muestra que en el 2015 los países con mayor grado de desigualdad son Brasil, Colombia y Panamá; sin embargo, hay que anotar que Colombia ha mejorado este indicador en relación al 2012. En el 2017 tan sólo dos países han desmejorado el coeficiente, Brasil que pasó de 0,5267 en el 2012 a 0,533 en el 2017 y Venezuela que de 0,447 en el 2012, llegó a 0,469 en el 2017. Del conjunto de países analizados el que presenta menos igualdad es Brasil.

Como complemento a este análisis, se hace referencia al Índice de Desarrollo Humano, que es determinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Es un indicador compuesto que se centra en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: Tener una vida larga y saludable, la capacidad de adquirir conocimientos y la capacidad para lograr un nivel de vida digno. En su primer informe de 1990 manifestaban que el desarrollo tiene como objetivo ampliar las oportunidades de las personas, poniéndolas en el centro y considerando más importante la riqueza humana, que la riqueza material. Para ello, contar con un trabajo que genere ingreso y dignifique al darle valía personal, es el pilar más importante.

El Informe sobre Desarrollo Humano de 2015 va más allá de esa convención, al vincular directamente el trabajo con la riqueza de las vidas humanas:

…El vínculo entre el trabajo y el desarrollo humano es sinérgico. El trabajo estimula el desarrollo humano, ya que proporciona ingresos y medios de vida, reduce la pobreza y permite un crecimiento equitativo. El desarrollo humano, al mejorar la salud, los conocimientos, las capacidades y la concienciación, aumenta el capital humano y amplía las oportunidades y las opciones. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2015, p.3)

Más actualizado, el informe sobre Desarrollo Humano que presenta el PNUD al 2018 se basa en 189 países, clasificándolos en cuatro grupos: Muy alto, Alto, Medio y Bajo. De los países latinoamericanos analizados, se puede observar en la Tabla 2 que ninguno está en nivel bajo, encontrándose en nivel Muy Alto, Argentina, Chile y Uruguay. Dos países están en nivel medio: Bolivia y El Salvador, el resto de países analizados se encuentra en un nivel alto (Programa Nacional de las Naciones Unidas, 2018).

Consolidando los resultados, se puede observar el comportamiento de los países, donde Chile y Uruguay presentan un mejor manejo económico, lo que se traduce en mayores oportunidades para su población que tiene trabajo y cuyo ingreso no se ve tan afectado por la subida de precios; asimismo son los países con menor cantidad de personas empobrecidas.

Chile tenía en el 2017, 412.839 personas en situación de pobreza extrema por ingresos, lo que equivale al 2,3% de la población y en situación de pobreza por ingreso 1.115.445 personas, equivalente al 6,3% de la población, lo que significa una incidencia total de la pobreza por ingresos del 8,6% (Ministerio de Desarrollo Social, 2019). Por otro lado, Uruguay al año 2017 tenía un 7,9% de población en condición de pobreza (Instituto Nacional de Estadísticas de Uruguay, 2018). México, El Salvador, Bolivia y Argentina, preocupan dado su alto nivel de pobreza, aún más Argentina por su elevada inflación (ver Gráfico I).

En lo que respecta a los indicadores que miden la desigualdad y el desarrollo humano, las cifras al 2015 revelan que al igual que el gráfico anterior, Chile y Uruguay tienen mejor desempeño (ver Gráfico II).

Conclusiones

Se ha hecho una revisión de los avances de América Latina en cuanto a su desempeño económico, a la reducción de la pobreza y disminución de inequidades para determinar la factibilidad de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en estos aspectos.

Buscar el crecimiento económico es uno de los objetivos planteados, por ser generador de empleo, el mismo que da dignidad a las personas, por ello es imperativo que los países puedan crecer, que generen riqueza. Se ha visto que países en expansión, no tienen tasas adecuadas de desarrollo humano y que la exclusión social y la pobreza son considerables. Colombia y Panamá son países menos equitativos, Bolivia pese a su crecimiento sostenido y a haber bajado la pobreza, sigue siendo uno de los países con mayor índice de pobreza. Venezuela es un caso atípico, con fallas estructurales, consecuencia de lo cual su población empobrecida busca salir a otros países en busca de mejores condiciones y garantías para su vida. Es alentador, sin embargo, que los países analizados, tienen un grado de desarrollo humano alto y medio.

América Latina posee una gran riqueza, pero es visible la inequidad que castiga a un gran número de sus habitantes, como puede verse en México y países donde más de la tercera parte de su población es pobre; en otros casos la quinta parte, suceso sin lógica, pues se ha pasado por dos lustros de bonanza.

Tras largos años de implantar un modelo desarrollista en algunos países de América del Sur y favorecidos por los altos precios del petróleo, no fue suficiente para sentar bases de un nuevo cambio que garantice una mejor calidad de vida, por lo que se precisa de políticas que permitan a las personas pobres tener un mejor ingreso, acceso a educación, salud, alimentación, vivienda, para su desarrollo integral.

El horizonte de América Latina se ve complejo por múltiples factores: Perspectiva de crecimiento no muy alentadora, altos dignatarios elegidos democráticamente cuestionados y con procesos legales en contra, desplazamientos humanos a causa de la violencia, hambre, falta de oportunidades, agravan los problemas existentes en lugares que los acogen. Por último, la corrupción afecta a una cantidad importante de los países analizados, al desviar miles de millones de dólares que bien pueden destinarse a inversión social, situación que vuelve complicada alcanzar la meta de reducir la pobreza y la inequidad social.

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