Introducción

Hacer referencia en la última década sobre las prácticas de sostenibilidad desde el contexto latinoamericano, genera importantes implicaciones ante una realidad social, económica y ambiental que escasamente puede consolidarse desde lo tangible en los denominados ecosistemas de las regiones. Diversas iniciativas que se fundamentan y trascienden más allá de la visión de políticas públicas, son promovidas por organismos desde un orden mundial, entre estos se destacan: La Organización de Naciones Unidas (ONU), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Entre los intereses diversos que auspician estos organismos, está el promover e impulsar la toma de decisiones asertivas que ameritan ser viabilizadas en pro de la evolución multidimensional del crecimiento económico de las regiones, el bienestar social y la preservación de la especie humana, bajo preceptos de potenciar el ciclo de vida del resto de los componentes que hacen vida en el entorno global. Por lo que se considera como fuente documental de análisis, los preceptos descritos a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015) en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 mediante la cual se establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados Miembros que la suscribieron y será la guía de referencia para el trabajo de la institución en pos de esta visión durante los próximos 15 años.

De acuerdo con los principios que rigen la Agenda 2030, la importancia del estudio se centra en la capacidad de identificar el comportamiento y proyección que desde diferentes contextos de Latinoamérica, han permitido respaldar las iniciativas que impulsan la sostenibilidad desde la mirada de la preservación y conservación de entornos marcados por diferencias, las cuales determinan en las regiones un mayor o menor impacto en lo referente a las prácticas utilizadas para enfrentar los retos y oportunidades que fortalecen el crecimiento y desarrollo socioambiental y económico que se proyecte en un orden global.

El análisis de información planteada desde una visión comparativa se presenta a partir de resultados a través de los cuales se puede visualizar la evolución de las principales prácticas consideradas como el aporte primordial del estudio. De esta forma, se abre un espacio para contribuir con la disertación que conlleve a la generación de diferencias comparativas y competitivas, que hacen de la cooperación una forma viable y oportuna de lograr resultados tangibles en el marco de las variables identificadas bajo el componente de la sostenibilidad: Economía, desde la sustentabilidad; en lo social, comunidades estables y destacadas a través de impactos en calidad de vida; y lo ambiental, cuya interrelación se plantea desde una visión de un desarrollo armónico mediante las cuales se busca el fortalecimiento de las denominadas prácticas de sostenibilidad.

A partir de lo descrito, se fundamenta el objetivo de determinar las prácticas de sostenibilidad como reto de la cooperación entre regiones latinoamericanas, el enfoque esta direccionado específicamente al análisis de los componentes que fundamentan la trilogía: 1) social: Pobreza y educación; 2) económica: Crecimiento y estabilidad económica, productividad competitividad; y 3) ambiental: Visto desde la cultura de los países en afianzar el conocimiento ambiental para la preservación de los recursos naturales, accesibilidad de agua potable, energía, emisiones atmosféricas, contaminación auditiva, del agua, aire y suelo.

Para la consecución del objetivo se definen las siguientes interrogantes que marcan diferencias entre las iniciativas y declaraciones, que desde un orden mundial promueven la importancia de la sostenibilidad ante la realidad que conlleva a responder las interrogantes: ¿Cuáles son las prácticas de sostenibilidad que se proyectan estratégicamente para contribuir con el desarrollo y crecimiento socioeducativo, socioeconómico y socio ambiental?, para dar respuesta se logró desarrollar la estructura de contenido que permitió hacer referencia sobre el contexto de la realidad socio-económica-ambiental latinoamericana y la cooperación de América latina desde el enfoque de las prácticas de sostenibilidad.

De igual manera se presenta la fundamentación del estudio a través del enfoque metodológico; el análisis de resultados, mediante el cual se plantea una alternativa sistemática para fortalecer iniciativas de cooperación entre regiones de Latinoamérica, cuya capacidad de sistematización se representa gráficamente para dar paso a los aspectos concluyentes del estudio, esta última refleja las limitaciones y la proyección de futuras investigaciones sobre la línea de prácticas sostenible como estrategia de cooperación entre países latinoamericanos.

1. Contexto de la realidad socioeconómica-ambiental en Latinoamérica

Los efectos de la realidad socioeconómica y ambiental en Latinoamérica, esta precedido a partir de la interpretación de los impactos, que por más de cuatro décadas han sido reconocidos, así como se han declarado iniciativas para mitigar sus efectos a través de la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1972) cuando se impulsa la Primera Conferencia Mundial sobre el Medio Ambiente, en la cual se debate por primera vez sobre la problemática del medio ambiente y se resalta la relevancia de éste para la supervivencia de los seres vivos.

Sin embargo, marcadas brechas desde el contexto latinoamericano prevalecen, Galindo, et al. (2015) exponen que América Latina, contribuye con el 9% de las emisiones globales, pero es particularmente vulnerable a los efectos climáticos y además la población es la más indefensa. Asimismo, consideran que el actual estilo que se impulsa desde el entorno estudiado, no representa un desarrollo sostenible como lo ejemplifican los patrones de consumo donde se observan marcadas debilidades en prácticas, que generan contaminación atmosférica, y en materia de crecimiento económico según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL (2016a), han minimizado a partir de un comportamiento heterogéneo los resultados esperados en materia de sostenibilidad social, ambiental y económica, entre países y subregiones latinoamericanas. Como tal, se describen las prácticas desde la concepción de los indicadores que se estudian:

a) Protección social: Considerada entre los recursos destinados a las políticas de protección social, se incluyen los desembolsos correspondientes a servicios y transferencias a personas y familias relacionados con enfermedad e incapacidad, edad avanzada, supérstites, familia e hijos, desempleo, vivienda y exclusión social, tanto del sector de la protección social contributiva como no contributiva. En esta función se consideran políticas y programas orientados a cubrir riesgos que pueden afectar a toda la población (relacionados con desastres naturales, enfermedad, edad avanzada y desempleo), así como aquellos orientados a facilitar la inclusión y proteger ante las consecuencias de la pobreza y la desigualdad (como los programas de transferencias condicionadas y las pensiones sociales).

b) Educación: En la función de educación se incluyen todos los desembolsos destinados a financiar políticas para los distintos niveles de enseñanza, desde el preescolar hasta el terciario, incluidos los servicios auxiliares así como la investigación y desarrollo relacionados con la educación.

c) Salud: El gasto en salud incluye los desembolsos efectuados para servicios prestados a particulares y a colectivos en los distintos niveles de atención, tanto en programas de tipo preventivo como curativo.

d) Vivienda y servicios comunitarios: El gasto público en vivienda y servicios comunitarios encierra los recursos estatales destinados a urbanización (incluidas tanto la administración de asuntos de urbanización como la eliminación de tugurios relacionada con la edificación de viviendas, la construcción y remodelación de viviendas para el público en general o personas con necesidades especiales, además de la adquisición de terrenos necesarios para la construcción de viviendas), desarrollo comunitario, abastecimiento de agua y alumbrado público.

e) Actividades recreativas, cultura y religión: Entre los recursos destinados a financiar actividades recreativas, culturales y religiosas se consideran aquellos dirigidos al esparcimiento (actividades deportivas y culturales, radio y televisión) y a los servicios religiosos.

f) Protección del medio ambiente: Como parte de las funciones sociales, en la protección del medio ambiente se envuelven los desembolsos efectuados para el manejo de desechos y aguas residuales, la reducción de la contaminación, la protección de la biodiversidad y del paisaje, y la investigación relacionada con la protección del medio ambiente.

Para los efectos de mayor comprensión se sistematiza la relación entre los componentes social y ambiental, concibiendo como base el componente económico según se indica en la Figura I.

Ahora bien, desde el inicio del siglo XXI se han generado acciones promovidas para superar los impactos negativos en la proyección de los Objetivos del Desarrollo sostenible (ODS) y por ende se han minimizado las iniciativas que se emprenden desde diferentes contextos, en búsqueda de alternativas que permitan garantizar la sostenibilidad de las regiones. Entre los principales componentes que requieren ser considerados para consolidar una nueva dinámica en éstas últimas, se menciona la importancia sobre el comportamiento y evolución de las dimensiones que rigen la sostenibilidad: Social, económica y ambiental, a través de los datos e información que socializan los principales organismos que promueven el desarrollo sostenible en las regiones desde un orden glocal.

Como parte de los impactos, están las contribuciones a partir de datos estadísticos que ayudan a determinar el grado de madurez sobre el impulso de políticas públicas, que rigen las iniciativas del desarrollo sostenible y por ende la traducción que representa la posible adopción y cooperación entre las regiones latinoamericanas. La capacidad de lograr desde una visión de cooperación e interacción entre las regiones, la búsqueda de soluciones comunes que impacten en un orden global, se plantea como una de las acciones clave que proyecta resultados articulados, sin embargo, se conciben como un tema desafiante y con complejidades en su accionar.

Entre las complejidades se mencionan las simetrías de las estructuras y los procesos que se impulsan desde el orden público y privado, en la cual prevalecen modelos que escasamente son coincidentes en entornos globales, sin embargo marcan resultados divergentes que minimizan el logro de objetivos comunes. Como tal, las iniciativas para mitigar el cambio climático continúan generando impactos que vulneran el contexto global en el presente y amenaza el futuro, por lo cual las acciones a emprender requieren ser superadas entre el enunciado que es fundamentado por diferentes organismos internacionales antes mencionados, para dar paso a la concreción de prácticas que se viabilizan y cuyos resultados pueden ser emulados según correspondan: Social y económico.

2. Cooperación latinoamericana desde el enfoque de las prácticas de sostenibilidad

En el marco de las iniciativas emprendidas desde un orden global, Bárcena (2019) como Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), destaca que la tercera reunión del mecanismo regional se llevó a efecto en medio de un creciente debilitamiento de la cooperación internacional, provocado por políticas defensivas en respuesta a los impactos negativos de la hiperglobalización. A esto se suma una erosión de la confianza en la democracia y en algunos de sus valores constitutivos en muchos países desarrollados y en desarrollo.

Ante lo descrito, la importancia de afianzar desde el orden regional latinoamericano los mecanismos de interacción interregional, se plantea como una de las estrategias fundamentales la cooperación bi-regional basada en el multilateralismo y en las relaciones transcontinentales, para avanzar hacia sociedades más modernas, productivas e inclusivas, iniciativa auspiciada por el BID (2016a). Sin embargo, es conocido que como estrategia su viabilidad es un tema de reflexión y análisis para alcanzar los beneficios que de esta emergen.

En tal sentido, concebir la definición de estrategias orientadas hacia el fortalecimiento del logro de objetivos comunes, entre los cuales se destacan lograr la viabilidad del desarrollo sostenible, no pasa a ser la excepción. En consecuencia, hacer tangible la adopción de prácticas de sostenibilidad, en el caso de los indicadores considerados para el presente estudio: 1) protección social; 2) educación; 3) actividades recreativas, cultura y religión; 4) salud; 5) vivienda y servicios comunitarios; y 6) protección al medio ambiente, se analizan como parte de la evolución que para el presente año se requieren con mayor esfuerzo para lograr las transformaciones que se apuestan desde un orden global.

De tal forma que el rol determinante y participativo de la sociedad-comunidad-gobierno-personas-empresas públicas y privadas, requiere ser frecuentemente evaluado, considerando tanto la ejecución de prácticas orientadas hacia la sostenibilidad, como la filosofía y responsabilidad individual y colectiva cuya integración consolida las bases que impulsan el desarrollo sostenible. Al respecto, iniciativas respaldadas por el BID (2016b), en reunión anual la Junta de Gobernadores, promueve respaldar el objetivo de aumentar la financiación de los proyectos relacionados con el cambio climático en América Latina y el Caribe al 30% de las operaciones de aprobación total combinadas del BID y la CII para 2020.

Acción que estuvo condicionada a la demanda de los países prestatarios y clientes, como también a la accesibilidad a fuentes externas de financiamiento concesional. Decisión que se reflejó en las inversiones realizadas durante el año 2018, logrando el financiamiento aproximadamente de US $ 5 mil millones para mitigar el cambio climático; es decir, utilizado en las actividades de desarrollo llevadas a cabo por los sectores público y privado que reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y, por lo tanto, reducen la vulnerabilidad al cambio climático y contribuyen a un proceso de adaptación. Este monto representó el 27% del total de aprobaciones del Grupo BID (2016b).

3. Enfoque metodológico

El enfoque metodológico se fundamentó bajo el paradigma socio-crítico, a partir del cual se busca comprender y generar aportes para contribuir con la definición de alternativas orientadas hacia las trasformaciones sociales, que desde una visión de cooperación regional ameritan ser consolidadas. Se desarrolla una investigación de tipo analítica-documental según Hernández, Fernández y Baptista (2014), en correspondencia con esta, se aplicaron técnicas de revisión y análisis sobre contenidos de información disponibles en fuentes impresas y digitales. Se otorgó prioridad a los datos estadísticos accedidos en páginas web de los organismos líderes en impulsar el desarrollo de los objetivos disponibles, como el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2018a).

Proceso el cual permitió, registrar las prácticas de sostenibilidad que para efectos del presente estudio fueron identificadas como prioritarias de acuerdo con los criterios que manejan los autores y asociarlas a los fundamentos teóricos que rigen las variables prácticas sostenibles y la cooperación.

De igual forma para la representación de los resultados, se consideraron simultáneamente los datos que desde un orden mundial se reconocen de alto impacto para el desarrollo de las variables objeto de estudio. En tal sentido, para la sistematización de la información, se diseñó una matriz de relacionamiento entre la identificación de los países, las dimensiones de la sostenibilidad social, económica y ambiental, conjuntamente con la selección de las prácticas sostenibles que han generado mayor impacto en el contexto de aplicación, y con ello se procedió con la estructuración del análisis de resultados mediante los cuales se generan de forma sistémica la reflexión sobre los resultados obtenidos.

4. Análisis de resultados

Para determinar las prácticas sostenibles como reto de cooperación entre regiones latinoamericanas, en el marco de tres fundamentos básicos se realizó el análisis sobre el comportamiento de los indicadores estudiados, según ámbito de aplicación, entre estos: 1) protección social; 2) educación; 3) actividades recreativas; cultura y religión; 4) salud; 5) Vivienda y servicios comunitarios; y 6) protección del medio ambiente, tal como se aprecia en la Tabla 1.

Las frecuentes indagaciones realizadas a través de diferentes fuentes de información, permitieron determinar la importancia de asumir el compromiso por parte de los países latinoamericanos en materia de garantizar el seguimiento y evaluación permanente, sobre los avances e indicadores alcanzados en cuanto a la adopción de prácticas de sostenibilidad que redunden en el beneficio de un entorno cuyas amenazas según resultados expuestos en la Tabla 1, se visualizan poco alentadoras ante los ODS presentados en la Agenda 2030, a pesar de ser un llamado a la acción de todos los países: Pobres, ricos y de ingresos medios, para promover la prosperidad y al mismo tiempo proteger el medio ambiente.

Asimismo, poner fin a la pobreza debe ir de la mano con estrategias que promuevan el crecimiento económico y aborden una variedad de necesidades sociales, incluidas la educación, la salud, la igualdad y las oportunidades laborales, al tiempo que afronten el cambio climático y trabajen para preservar los océanos y bosques; sin embargo, los indicadores estudiados y presentados en la Tabla 1, desvirtúan los objetivos expuestos en la Agenda 2030 ONU (2015).

En el mismo orden de ideas, en la Figura II, se visualiza las fluctuaciones en términos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB) en función de los indicadores: 1) protección social; 2) educación; 3) actividades recreativas; 4) cultura y religión; 5) salud; y 6) vivienda y servicios comunitarios. De ahí que se deba presentar estos indicadores para implementar estrategias que promuevan las inversiones subsiguientes en los sistemas de información nacionales dándole el valor añadido global.

Desde la perspectiva de Martínez (2019) a pesar de la desaceleración económica y la volatilidad del crecimiento económico que hoy enfrenta la región, junto con los nuevos escenarios generados por el cambio climático, la revolución tecnológica, la transición demográfica y las dinámicas de la migración, se requiere dar viabilidad e imponer nuevos desafíos a las políticas públicas.

Al respecto, se podría inducir un crecimiento económico desequilibrado y de menor dinamismo debido al retroceso que implica a nivel de la diversificación económica, lo cual se convierte en una fuente de vulnerabilidad importante en la medida en que exacerba la dependencia respecto al progreso en cuanto a: Protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, salud, actividades recreativas, culturales y religiosas, educación y protección social, lo que genera más que una declaración, la demanda de una nueva visión sobre el alcance y proyección de la gestión de políticas públicas en las regiones, bajo el enfoque de efectividad en la cual los efectos de la cooperación más que un reto constituyen la base para beneficios comunes en Latinoamérica.

Según las representaciones formuladas, se evidencian resultados coincidentes y divergentes en materia de prácticas de sostenibilidad, considerando el componente económico como recurso que da viabilidad al desarrollo en lo social y protección ambiental. Asimismo, se menciona la débil concepción sobre la visión de cooperación y el rol pasivo entre la relación gobierno-comunidades, lo cual constituye parte determinante de la realidad que minimiza el accionar de las regiones en materia de sostenibilidad, y por ende terminan identificándose desde la particularidad de intereses diferenciadores.

En el mismo orden, se menciona la relevancia y pertinencia del direccionamiento de las políticas públicas, las cuales en las regiones latinoamericanas, están precedidas por marcadas inconsistencia al ser escasamente respaldadas por inversiones económicas que permitan responder a los indicadores y estándares esperados. Como tal, la importancia sobre la adopción de instrumentos que contribuyan con el monitoreo y evaluación de la evolución de los indicadores definidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU, 2015) bajo los principios de la Agenda 2030, puede llegar a ser vulnerada o en su defecto generar marcadas incertidumbres que dan continuidad a los efectos que impactan las dimensiones, social, económica y ambiental desde el contexto latinoamericano y por ende afectan los estándares de las metas hacia la sostenibilidad propuestas.

Igual atención se otorga a lo expuesto por Alvarado (2016), quien argumenta que la complejidad inherente a fenómenos como la vulnerabilidad, inequidad, desigualdad y otros asociados, son inaprehensibles desde la categoría pobreza, por lo cual proponen su sustitución por el de exclusión social, considerada como más comprehensiva, con arreglo a su carácter procesual, multidimensional y dinámico. Otro planteamiento considera ambos términos como diferentes, no necesariamente incluyentes, sino más bien complementarios, no sustituibles. De modo que tampoco hay consenso en una definición sobre la exclusión social como categoría de aproximación teórica a la pobreza, por lo cual el indicador de protección social y salud, así como el componente económico, amerita ser visualizado desde la transversalidad de la mirada de las prácticas que apuestan a la sostenibilidad.

Sin embargo, en la última década se resalta la adopción de nuevas prácticas que se registran en el Cuadro 1, cuyo impacto desde un orden glocal, escasamente es conocido como producto de las marcadas debilidades en políticas de cooperación entre las regiones, las cuales según Moreno-Charris y Paredes-Chacín (2017), sostienen que para alcanzar los objetivos descritos, es necesario generar beneficios e impactos socioeconómicos, entonces, la capacidad de creación y la producción de bienes y servicios, así como la explotación de las oportunidades ofrecidas por la cooperación requieren apoyo para su efectiva viabilidad.

En este sentido, las alternativas concebidas para mitigar las problemáticas, de ser analizadas desde un orden global, pueden resultar comunes y bajo un mismo efecto, de allí el rol de las actividades de cooperación para enfrentar un fenómeno complejo que pasa a ser concebido como parte de los retos que se han de resolver mediante estrategias y esfuerzos comunes.

Los efectos tradicionales de las actividades en cada país, debe adoptar con mayor urgencia formas sostenibles de producción y consumo, así como formas de inserción más favorables en la globalización. Las acciones vinculadas con nuevas prácticas, ameritan ser parte de las estrategias que proyecte una asertiva cooperación entre las regiones y a su vez permitan afianzar las capacidades de relacionamiento entre las regiones. Su fin, requiere ser visto como parte de la trascendencia para incrementar los estándares que proyecten el fortalecimiento de las estrategias concebidas para el bienestar, calidad de vida y una nueva mirada hacia los intereses socio-ambientales de un entorno vulnerado por la acción humana.

Se refleja según Marín et al. (2018), la necesidad de desarrollar buenas prácticas, que impliquen el desarrollo de competencias en individuos y organizaciones como estrategia para lograr su adaptación, desarrollo y sostenibilidad.

En líneas generales se presenta en la Figura III, la proyección que se propone como parte de las prácticas que ameritan se promovidas como reto de una efectiva gestión de cooperación entre las regiones de Latinoamérica como estrategia para mitigar los riesgos que prevalecen y minimizan los resultados que determinan el alcance de los objetivos del desarrollo sostenible.

A partir de la identificación de los elementos que soportan los indicadores objeto de estudio, se plantea la necesidad de lograr la coherencia entre estos, con el fin de viabilizar estándares y metas que apuestan hacia el desarrollo sostenible. Sin embargo, omitir la estrategia de cooperación minimiza los esfuerzos y por ende se da continuidad a los efectos que en la última década vulneran las condiciones de vida de todas las especies del entorno global. De tal forma, que visionar más allá de las directrices emitidas por los organismos internacionales, una efectiva gestión de políticas gubernamentales se plantean como parte de los retos que acercan la interacción y cooperación entre los países y con ello superar la heterogeneidad de iniciativas que escasamente reflejan los avances de las condiciones que cada día afectan más el planeta.

Desde esta perspectiva, lograr una mayor amplitud sobre las mejores prácticas puede conllevar a nuevos mecanismos que afiancen una efectiva coordinación y su utilidad sea frecuentemente beneficiosa para superar las debilidades y limitaciones que en los últimos 5 años han persistido, entre estas la pobreza, la inaccesibilidad a los servicios de salud, un cambio climático cada día más debilitado, así como ineficaces sistemas de seguridad y protección social lo cual impacta en la calidad de vida.

Conclusiones

De acuerdo con el estudio sobre la prácticas de sostenibilidad como reto de cooperación entre regiones latinoamericanas, se concluye que es necesario consolidar iniciativas que proyecten incrementar el grado de desarrollo de las prácticas inherentes con los indicadores: 1) protección social; 2) educación; 3) actividades recreativas, cultura y religión; 4) salud; 5) vivienda y servicios comunitarios; y 6) protección al medio ambiente, con el fin de atender eficazmente las demandas de un entorno social por los impactos que vulneran las condiciones de calidad de vida, vista desde los social, ambiental y económico, como dimensiones que fundamentan los objetivos del desarrollo sostenible.

Al respecto, se considera lo expuesto por Tezanos (2018) con relación de las potencialidades operativas, las clasificaciones internacionales resultan útiles para los organismos de desarrollo, dado que facilitan el establecimiento de criterios de asignación geográfica de los recursos y el diseño de políticas de cooperación diferenciadas en función de los retos de desarrollo de los países receptores. Por ejemplo, como se verá más adelante, la identificación de los países susceptibles de recibir asistencia oficial para el desarrollo (AOD), la cual se basa en una taxonomía del mismo.

En tal sentido, la capacidad de sistematizar los indicadores antes descritos, así como proyectarlos desde la consecución de formas efectivas para alcanzar alto estándares de cooperación entre los países Latinoamericanos, se plantea como fundamento estratégico entre los aportes del estudio. En consecuencia, el mismo se concibe como parte de un primer avance de una investigación de mayor alcance, por lo cual se requiere dar continuidad a través de líneas de investigación que contribuyan con la profundización ante las dinámicas y paradigmas, que requieren ser superados con el fin de afianzar estándares de calidad de vida, así como condiciones ambientales que no comprometan la vida futura. Considerando la importancia de superar limitaciones con respecto a la consecución de información estadística actualizada por parte de los países latinoamericanos, como instrumento que ha de permitir dar continuidad a disertaciones de alcance global.

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