Introducción

Existe una considerable relación entre economía y delitos. En la misma, intervienen distintos sujetos sobre escenarios, instituciones y espacio, que inciden en la cultura, la política y la sociedad donde se dan esas relaciones. Esto ha dado origen a lugares como los denominados “paraísos fiscales”, las urbes y en especial los territorios fronterizos cuando son percibidos como zonas difíciles para el cumplimiento de las leyes (Carrión y Espín, 2011). Así, el espacio en el territorio no es sólo para ubicar geográficamente los objetos y sus relaciones, sino que puede entenderse, desde diferentes enfoques, en función de las relaciones sociales, pudiendo variar desde las teorías del determinismo geográfico hasta las del ejercicio del poder (Granados y Seguí, 1988).

Toda frontera, entendida en la mayoría de los casos como territorio binacional, tiene que ser comprendida como una región sometida a una doble tensión: Por una parte, representa el espacio vital para unos habitantes, sobre el cual actúan los distintos poderes públicos de los Estados, por lo común, en sus niveles nacional, estadal y municipal (Rhi-Sausi y Oddone, 2012). Por otra, resulta el confín jurisdiccional de todo Estado nacional (Ramírez, 2013). Además, las fronteras, al comprender territorios distintos donde se cruzan poderes públicos nacionales diferentes, dan lugar a espacios sin control, siendo propicios los mismos para el crimen y la violencia, a través de delitos nacionales e internacionales.

En las áreas fronterizas confluyen la organización global del delito, así como su ejecución local; por ello las fronteras deben entenderse como espacios donde concurren actores diferentes y desiguales (Carrión y Espín, 2011). De allí que las representaciones fronterizas como creencias e imágenes de lo real de un colectivo, influyen en las percepciones de las condiciones de vida, sumándose por igual el hecho de asociarse las fronteras con situaciones de violencia e incertidumbre (Cueva, 2005).

Entre los Estados nacionales latinoamericanos de Venezuela y Colombia, existe una franja territorial de unión-separación que se extiende a lado y lado de los 2.219 kilómetros de la línea fronteriza y comprende a los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas, en Venezuela, y los Departamentos La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía, en Colombia (Bustamante, 2011).

Esta frontera representa un conjunto de entornos opuestos donde se entrecruzan las políticas de Caracas y Bogotá, las cuales se interfieren con la dinámica regional propia que da lugar a juego de oposiciones, neutralidades y un beneficio mutuo (Lucena, 1993), está afectada por el contrabando, fenómeno social de larga data, donde las lógicas de este negocio han conducido a la conformación de flujos ilegales masivos de productos (alimentos, gasolina, gasóleo, lubricantes para vehículos, medicamentos, fertilizantes, cementos, hierro y demás productos industriales), fomentados, entre otros factores, por las disparidades entre los indicadores económicos de ambos países (tipo de cambio, inflación, subsidios de productos venezolanos, entre otros) que hacen del contrabando un atractivo económico bastante rentable (Ramírez, 2013).

El cierre de los pasos fronterizos oficiales, desde agosto de 2015, por una decisión unilateral del gobierno venezolano, no ha conducido a la disminución del contrabando como era su objetivo teórico, al contrario, multiplicó los pasos ilegales “trochas” (vías de tránsito informal) por donde circula una parte considerable de los productos de contrabando, en ambas direcciones: De Venezuela hacia Colombia y de Colombia hacia Venezuela.

En esa extensa frontera se puede encontrar la presencia de grupos armados irregulares, redes de narcotráfico y de contrabando. En Colombia, en ciudades fronterizas como San José de Cúcuta (Norte de Santander) se dan los casos de poseer un mayor nivel de empleo, en el sector comercio, y a su vez un elevado índice de comercio informal (69,2% trimestre noviembre 2018 – enero 2019), representando la mayor tasa a nivel nacional colombiano, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015), instituto de estadística nacional colombiano, identificado por las siglas DANE.

Su ubicación geográfica facilita el auge del comercio ilícito binacional, en especial contrabando de combustible y de divisas; siendo el contrabando un hecho asimilado como parte de las costumbres de algunos ciudadanos de ambos lados del límite (Bustamante, 2011; Ávila, 2012; Torres-Vázquez, 2013), lo cual afecta la estructura productiva y de empleo (García, 2011), incrementando la conflictividad social (Preusse, 2007; Albornoz, 2016), por lo cual parte de la sociedad asegura su supervivencia a través de iniciativas alejadas de la legalidad y de las conductas éticas o convencionales ciudadanas, por cuanto ante la ausencia de empleos formales y estables, el contrabando ocupa ese espacio, transforma el desempleo en una especie de trabajo (Dorfman, 2015).

Por igual, en esta frontera oriental colombiana y occidental venezolana, existe una considerable actividad comercial, social y cultural, que aumenta en importancia debido a la ubicación geográfica y el movimiento constante de personas, en especial en los pasos fronterizos del área Táchira (Venezuela) - Norte de Santander (Colombia). De esta forma, las fronteras, como en el caso de este estudio, las binacionales, no deben entenderse como simples líneas colindantes que separan territorios, sino como espacios sobre los cuales construyen intensas redes de relaciones sociales, en especial entre las poblaciones más limítrofes, si bien estas relaciones no son entendidas en toda su magnitud por los Estados nacionales, cuando gestionan sus políticas fronterizas desde sus respectivas capitales (Ramírez, 2011).

Así, para comprender parte de las dinámicas no convencionales de las redes sociales fronterizas, el objetivo del presente estudio está centrado en el análisis, desde métodos estadísticos, de la percepción o percepciones que tienen los habitantes del eje fronterizo estado Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia), acerca de la relación o niveles de relación que se puede presentar entre corrupción y contrabando.

1. Corrupción y contrabando, desde un contexto teórico

1.1. Corrupción

El término corrupción, dada su polisemia, no se puede definir de forma aislada sino de acuerdo a un contexto específico el cual permite explicar su marco de acción. En este caso de estudio, se entiende la corrupción como cada uno de los actos donde se hace uso del poder que confiere un cargo público para beneficios o provecho de índole personal. Y, por igual, puede estar presente en los ámbitos de la gestión privada (Boehm y Graf, 2009).

Todo acto de corrupción implica generalmente tres elementos para su existencia: Una persona que ejerza un poder de manera discrecional, ganancias económicas derivadas por el ejercicio del poder, y un sistema legal/judicial donde las posibilidades de sanción o castigo resultan bajas o fáciles de escamotear (Arvind, 2001).

La corrupción política en América Latina, desde los tiempos de la colonización española, afecta a todas las ramas del poder público, creando, en los ciudadanos, una constante desconfianza en las instituciones públicas, en todos los niveles de gobierno (nacional, regional, estadal o departamental y municipal) de un Estado nacional (Bautista, 2012). Por esta razón, los ciudadanos perciben a sus gobiernos como la primera fuente o ejemplo de corrupción, con un impacto importante dada la ausencia de actuaciones y castigos a los funcionarios corruptos, motivo por el cual, durante décadas, la corrupción se ha afianzado en las instituciones, debilitando, en muchos casos la misma estructura funcional de los Estados con regímenes democráticos (Rajeev y Michael, 2010).

Así, un enfoque único de la corrupción no resulta suficiente para estudiarlo en la actualidad. Diversos enfoques como el normativo, el económico político u organizativo, son importantes, pero en los mismos siempre deben estar presente las relaciones entre el Estado y la sociedad. De allí que toda corrupción resulta en un problema de carácter político, cultural, institucional, social y estructural, que requiere de soluciones por igual complejas, al considerarse como, por lo general, un delito no reprochable socialmente, invasivo económicamente y escasamente denunciado (Mannozzi, 2009;Bautista, 2012; Caldas, Costa y Pagliarussi, 2016), llegando a alcanzar una especie de aceptación tácita entre los ciudadanos, quien en muchos casos forman parte de la misma al hacer uso o aceptar esos beneficios: ej. Pagar sobornos para evitar multas o acortar los lapsos de un trámite público, entre otros.

En un contexto internacional occidental, la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción es más acentuada en unos países que en otros. Las diferencias vienen dadas por las diversas situaciones evolutivas de historia, cultura, niveles de desarrollo, la institucionalidad y/o las políticas gubernamentales, de forma que en las economías más desarrolladas y con sentido de respeto hacia los derechos individuales, ejercidos libremente en un marco democrático, disminuyen los hechos de corrupción por cuanto el Estado, obligado por los mismos ciudadanos, debe cumplir, de la forma más transparente posible, con sus obligaciones de gobierno (Treisman, 2000).

En el caso de las democracias latinoamericanas, por el impacto que tiene la corrupción en las mismas, resulta necesario una re-educación política de todos sus ciudadanos de forma que, con la participación de todos los actores que actúan en esas sociedades, se establezca una relación Estado-sociedad orientada hacia un ordenamiento social y político por medio de mecanismos de transparencia, cooperación y coordinación, que permitan lograr aplicar soluciones certeras a los problemas de carácter o gestión pública (Cano, 2008).

El ejercicio del gobierno, en Latinoamérica, no ha podido evadir el submundo de las acciones ilegales como los son el lavado de dinero, el fraude, el narcotráfico, y el contrabando, entre otros, que por sí mismos no se pueden clasificar como hechos de corrupción, pero, cuando los funcionarios de los Estados se vinculan o hacen negocios con estas acciones, adquieren ese rango (Arvind, 2001).

1.2. Contrabando

El comercio o producción de géneros prohibidos por las leyes a los particulares es tan antiguo como la historia de la humanidad, y el mismo significado de la palabra, en castellano, lo explica: Contrabando, según la Real Academia Española (1992): “Ir o actuar contra los bandos de Ley y/o de buen gobierno que en asuntos económicos daba la Corona de Castilla, y luego la de España, o los cabildos (municipios)” (p.392). Este comercio ilegal era desarrollado sobre una amplia geografía social que conformaba redes a través de la interacción de complicidad entre funcionarios, tanto de la colonia como de los inicios de las repúblicas latinoamericanas, y los grupos sociales que propiciaban y se beneficiaban de este comercio ilegal, pero que les permitía una subsistencia, ante la debilidad de la Monarquía española y los gobiernos republicanos por atender las necesidades de súbditos y ciudadanos (Mezeta, 2015)

En el contrabando, como delito, el bien jurídico protegido viene a resultar en un estricto control del tráfico internacional de mercancías, el cual es aplicado por las autoridades aduaneras de cada Estado nacional, con el objetivo de hacer respetar las leyes y normas que rigen sus procesos de importación y exportación (Edwards, 1995), con el correspondiente cuidado de recolectar los ingresos tributarios correspondientes (Medrano, 1991). En consecuencia, el contrabando consiste en las actividades económicas de entrada y salida de mercancías de un territorio nacional sin el pago de los impuestos respectivos.

A esta modalidad de evasión del régimen tributario (contrabando abierto), se le deben agregar las acciones de contrabando que pasan por el presunto cumplimiento del régimen aduanero al contar con facturas, montos, permisos, licencias, pero estas son falsas o falsificadas, o con la presencia de una subfacturación o la sobrefacturación, denominándose en este caso contrabando técnico, y pueden recaer sobre bienes producidos legal o ilegalmente, bienes legales, pero con restricciones y/o seres vivos (González-Plazas, 2008).

En los países con escaso desarrollo económico, el contrabando es un problema económico importante y grave, y puede ser estudiado como un problema que implica acciones legales así como morales (Bhagwati y Hansen, 1973; Sheikh, 1974). Allí, el contrabando se enmarca en un comercio ilícito que impacta negativamente la economía y la sociedad, por la distorsión de los mercados, pérdida de empleos, baja recaudación de impuestos tributarios, con la consecuente disminución de los recursos públicos que deben destinarse por parte del Estado para la satisfacción de las necesidades de los habitantes (Fundación Konrad Adenauer y Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, 2015).

La permanencia del contrabando entre los diferentes países de Latinoamérica, su creciente sofisticación e impacto, hacen más evidente la estrecha relación entre contrabando y corrupción, por la actuación ilegal directa de los funcionarios de aduanas, quienes obvian sus responsabilidades administrativas para actuar en contra del cumplimiento de los regímenes de importación y exportación de sus respectivos países (Gillespie y McBride, 1996; Dorfman, 2007), a cambio de percibir pagos subrepticios que exceden considerablemente a sus respectivos sueldos, como funcionarios.

En países como Venezuela y Colombia, las principales causas de la corrupción están vinculadas con las regulaciones, prestación de servicios, incentivos fiscales y reparto de la inversión pública, en la medida que estas estimulan la búsqueda de favores, beneficios y excepciones personales, interiorizándose la corrupción en las personas (Ángel y Fuentes, 2015). Sumándose el hecho que, en Colombia y Venezuela, la corrupción se presenta estrechamente relacionada con diferentes actuaciones irregulares como lo son el narcotráfico, el clima de enriquecimiento fácil, la violencia, la ausencia de una fuerte oposición política que controle a los gobiernos, la impunidad, la existencia de grupos armados al margen de la Ley (Cepeda, 1997; Cepeda, 1999), sumado a los elevados aranceles, escasez de productos básicos o industriales, el incremento del estado de pobreza, las condiciones crónicas de aislamiento económico y político de las ciudades o localidades, en especial de las regiones fronterizas así como la falta de incentivos para crear empleos legales, recursos e infraestructura (González-Plazas, 2008).

Así, el contrabando en toda frontera latinoamericana genera una respuesta inmediata a esas necesidades e insuficiencias de las localidades fronterizas, ofreciendo la posibilidad de movilizar productos de un territorio a otro, además de relaciones familiares, sociales y económicas entre un lado y otro (Dorfman, 2007).

Al considerarse el volumen o las cantidades de los bienes que se contrabandean y su uso, el contrabando fronterizo, con especificidad en el caso de la frontera Estado Táchira (Venezuela)/ Departamento Norte de Santander (Colombia), que, geográficamente se extiende desde las alturas de las montañas andinas del páramo del Tamá, pasando por el bolsón semiárido de los valles de Cúcuta (la sección más activa de la frontera) y terminando en las planicies lacustres del río Zulia, puede ser entendido como:

1.- Una práctica para la subsistencia. Es en pequeñas cantidades, básicamente productos de la canasta básica alimentaria. Se ejecuta para satisfacer las propias necesidades del contrabandista y su familia. Aunado a este, ha existido el contrabando de gasolina a través del transporte por carros por puesto, bajo el control de grupos armados irregulares, si bien ese combustible –que sale de Venezuela- es destinado en parte para el consumo de la población en Colombia, y es adquirido a través de los “pimpineros”, personas que venden, en pimpinas, el combustible venezolano producto del contrabando y con ello logran el sustento de su familia con los altos márgenes de ganancia, dado el alto costo del combustible en Colombia y la depresión económica que se vive en Venezuela, en los actuales momentos (Egea y Soledad, 2013; Riaño-Garzón, Raynaud, Albornoz-Arias y Mazuera-Arias, 2018; Morffe, Albornoz-Arias y Mazuera-Arias, 2019). Un margen de ese combustible es empleado por el narcotráfico para el procesamiento del alcaloide cocaína (González-Plazas, 2008).

2.- Enriquecimiento en grandes cantidades. Es el resultado de contrabandear grandes cantidades de productos o gasolina por parte de mafias organizadas y con alto poder económico, que se facilita por la corrupción de los funcionarios al no ejercer el control debido de las aduanas o pasos fronterizos (Albornoz y Mazuera, 2016; Morffe, et al., 2019), lo cual se relaciona con el monopolio que ostentan las organizaciones criminales involucradas en el mismo y cuyas ganancias se concentran en pocas manos (González-Plazas, 2008).

Durante el año 2015, en el caso de Colombia, la misma se vio afectada por pérdidas millonarias debido al contrabando de mercancías con implicaciones de funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional de Colombia (DIAN). Estos hechos fueron reportados, con detenciones en distintas ciudades y puertos, siendo las más representativas en Pamplona y Cúcuta, en el Departamento Norte de Santander. De igual manera, la Policía Fiscal y Aduanera desarticuló ocho organizaciones y bandas delincuenciales dedicadas al contrabando y delitos conexos (DIAN, 2016). Todas ellas representan actuaciones de los Estados nacionales que buscan minimizar las acciones y los impactos del contrabando en sus economías, pero que, en la mayoría de los casos, se ven superados por las organizaciones de los grupos criminales quienes varían constantemente sus estrategias para evadir la Ley.

2. Metodología

Para conocer y probar los grados o niveles diferentes de percepción o percepciones que tienen los habitantes del eje fronterizo estado Táchira (Venezuela)-departamento Norte de Santander (Colombia) sobre la conexión corrupción-contrabando, los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados, provienen de un estudio de carácter exploratorio-descriptivo, para el cual se utilizó una encuesta semiestructurada aplicada a personas (con el perfil o condición de jefes de hogar), con un rango etario que se extendía entre los 18 y 69 años.

La población, para el caso del departamento Norte de Santander (Colombia), estuvo constituida por N = 830.872 habitantes (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2015), dando un tamaño de muestra de . = 2.394, con un nivel de confianza del 95% y error máximo admisible de 2%. El tipo de muestreo se hizo de forma estratificada, con afijación proporcional al tamaño de la población, de las diversas áreas geográficas del departamento.

En el caso del estado Táchira (Venezuela), la población fue N = 317.594 habitantes (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2012) y el tamaño de la muestra . = 1.398, con un nivel de confianza del 95% y error máximo admisible de 3%. Para garantizar la representatividad de las muestras, se utilizó como marco muestral el Registro de Unidades Inmobiliarias, en ambos contextos. Las características muestrales del estudio se presentan, de forma discriminada, en la Tabla 1.

La variable dependiente se planteó a partir de la percepción ciudadana expresada en cuanto a que las grandes cantidades de mercancías de contrabando que fluyen a través de la frontera, son el producto de las subrepticias relaciones de cooperación entre los funcionarios aduaneros y de seguridad de los Estados y los comerciantes ilegales. Esta variable fue seleccionada por cuanto comparte características comunes con situaciones de contrabando fronterizo entre países en América Latina. En esta variable están implícitas las marcadas relaciones económicas, sociales, culturales negativas, entre las cuales pueden mencionarse los crímenes y la violencia. Así, toda acción de corrupción y contrabando tiene su origen, se propaga a partir de la presencia de factores sociopolíticos disímiles, asimetrías económicas y legales, así como aspectos institucionales y ético culturales vistos o percibidos de forma diferente por los grupos poblacionales (Carrión, 2011).

En cuanto a las variables independientes, se identificaron las siguientes: 1. Grupos de edad; 2. Sexo; 3. Nivel educativo; 4. Condición en el trabajo; 5. Existencia de relaciones de cooperación y complicidad, entre los funcionarios de seguridad del Estado y los practicantes del contrabando; 6. La burocracia en los puestos de seguridad de los Estados, para controlar la mercancía de contrabando, aumentado el pago de sobornos; 7. El Estado (colombiano y venezolano), actúa de manera eficaz en el control de la mercancía de contrabando; 8. Hay confianza en las instituciones del poder público, para limitar el flagelo del contrabando; 9. Los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza; 10. Se visualizan pactos sociales informales (acuerdos entre personas y/o instituciones) en la zona de frontera; 11. Se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas que no se basa en normas, en la frontera; 12. Los gobiernos nacionales y regionales, han notificado y publicado la información acerca de los hallazgos, leyes, decretos y resoluciones relacionadas al contrabando.

Por igual, se aplicó la técnica estadística de análisis multivariante conocida como Regresión Categórica con Escalamiento Óptimo o CatReg (IBM Knowledge Center, s.f.), la cual permite transformar las variables categóricas originales, mediante la asignación de cuantificaciones numéricas a las categorías, obteniéndose una regresión lineal óptima para las variables transformadas (Haber, 2001; De Leeuw, 2005; Van der Kooij, 2007).

3. Resultados

El modelo inicial, donde todas las variables fueron incluidas, permitió obtener contribuciones parciales a la explicación de la varianza de todos los coeficientes estandarizados de las variables transformadas, así como también el nivel de significación en el modelo. Los resultados que se obtuvieron, en el caso del modelo Norte de Santander, fue un y (F = 43.337 , p < .05), resultando como variables no significativas, las variables edad, sexo, último nivel aprobado, el gobierno nacional y regional ha notificado y publicado la información acerca de los hallazgos, leyes, decretos y resoluciones relacionadas al contrabando.

Para el estado Táchira, un y (F = 49.2737 , p < .05), no aportando significancia las variables edad, sexo, último nivel aprobado, el gobierno nacional y regional ha notificado y publicado la información acerca de los hallazgos, leyes, decretos y resoluciones relacionadas al contrabando. Con el fin de alcanzar un modelo optimizado, se excluyeron secuencialmente las variables que no aportaron significancia. El proceso se realizó, sistemáticamente, hasta obtener en conjunto todas las variables significativas que explican el mejor ajuste.

El resultado del análisis de la varianza presenta la validez del modelo. En el caso del Norte de Santander, el estimador de la varianza de la regresión (41.114) es mayor que el estimador de la varianza del residuo (0.696) así como del valor del estadístico de contraste y del nivel crítico asociado (F= 59.037; p = 0.000), indicando que el ajuste es estadísticamente significativo (p < 0.05). En el modelo del Táchira el estimador de la varianza de la regresión (47.069) es mayor que el estimador de la varianza del residuo (0.568) y el valor del estadístico de contraste y el nivel crítico asociado (F= 82.870; p = 0.000), indicando que el ajuste es estadísticamente significativo (p < 0.05). En cuanto al valor del coeficiente de determinación ajustado en el caso del Norte de Santander, es y en el Táchira , indicando un 30,4% y 42,9% respectivamente, de la variabilidad de la variable dependiente, la cual está explicada por las variables predictoras consideradas en el modelo óptimo.

Los coeficientes de regresión parcial estandarizados de las variables transformadas, asociados al modelo y expuestos en la Tabla 2, presentan un aporte significativo a los valores de la variable modelo (p < 0.05), al indicar el cambio de las cuantificaciones que cada variable predictor produce en la variable dependiente.

En el caso Departamento Norte de Santander, los dos coeficientes estandarizados de las variables transformadas predictoras, de mayor aporte de correlación al modelo son: 1) Los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza; 2) Existen relaciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes del contrabando. Y, para el caso Estado Táchira son: 1) La burocracia en los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos; 2) Existen relaciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes del contrabando.

También se pudo observar la influencia negativa sobre la variable dependiente de algunas variables predictores. En el caso Norte de Santander: 1) Las condiciones de trabajo; 2) El Estado colombiano actúa de manera eficaz en el control de la mercancía de contrabando; 3) Hay confianza en las instituciones del poder público para limitar el flagelo del contrabando. Para el Táchira: 1) Se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas, en la frontera; 2) Hay confianza en las instituciones del poder público para limitar el flagelo del contrabando.

Las medidas de importancia relativa de las variables predictoras para la variable dependiente, que se exponen en la Tabla 3, dieron como resultado: Para el caso Norte de Santander, el conjunto de predictores: 1) Los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza; 2) Existen relaciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes del contrabando; 3) La burocracia en los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos y; 4) Se percibe un ambiente de ilegalidad y el comportamiento de las personas no se basa en normas en la frontera, suman 0,83, es decir, representan el 83% de la importancia.

En el caso del Táchira, el conjunto de predictores dio: 1) La burocracia en los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos; 2) Existen relaciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes del contrabando y 3) Hay confianza en las instituciones del poder público para limitar el flagelo del contrabando. Estos predictores suman 0.914, es decir, representan el 91.4% de la importancia.

4. Interpretación de los resultados

Como se evidencia de las variables predictoras que exponen una explicación a la variable dependiente, el orden de las referidas variables predictoras, para el caso Norte de Santander, quedaron ordenadas en: 1) Los grupos al margen de la ley son parte de la dinámica fronteriza; que comercializan mercancías de contrabando en la zona, aprovechando las ganancias provenientes de los aranceles no declarados y los bajos precios de los productos venezolanos en parte, por ser subsidiados; 2) Existen relaciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes del contrabando. Y, para el caso del Táchira: 1) La burocracia en los puestos de seguridad para controlar la mercancía de contrabando ha aumentado el pago de sobornos; 2) Existen relaciones de cooperación entre los funcionarios de seguridad y los practicantes del contrabando.

En este sentido, un hallazgo coincidente en los casos Norte de Santander y Táchira, es la percepción de desconfianza de los encuestados hacia las instituciones del poder público, considerando que su trabajo no contribuye a limitar el contrabando; lo cual se relaciona con lo expuesto por Arancibia, Rodríguez, Fritis, Tenorio y Poblete, (2013), quien señala que si bien los miembros de la sociedad comparten representaciones sociales, algunos de ellos tienen experiencias, intereses y necesidades que los acercan más al fenómeno que perciben, como es el caso de la corrupción frente al contrabando.

Al concebir que la corrupción puede darse, tanto por el abuso de poder del funcionario como por iniciativa del ciudadano, que ofrece beneficios a cambio de un favor, el modelo evidenció la presencia de acuerdos, relacionados con contrabando y corrupción, entre los actores (contrabandistas, grupos al margen de la ley y funcionarios de aduanas y de los cuerpos de seguridad del Estado) en la región fronteriza Norte de Santander – Táchira (Carrión, 2011; Niño, Camargo, y Cañizalez, 2012;Stein, Schwarzbauer y Rayo, 2015).

La influencia negativa sobre la variable dependiente de algunas variables independientes, tanto en el caso Norte de Santander como el caso Táchira, indica una percepción negativa, pues las personas consultadas indistintamente de su condición laboral, consideran que existe cooperación entre funcionarios y comerciantes ilegales para el tráfico de grandes cantidades de mercancías; que el Estado colombiano y el venezolano son ineficaces y existe desconfianza en las instituciones del poder público, para controlar el contrabando.

Los hallazgos encontrados coindicen con la teoría expuesta por Castañeda (2015), quien señala que la percepción que se tiene sobre la corrupción en una región se relaciona con el imaginario real, basado en la vida cotidiana común, que se crean las personas sobre el funcionamiento del Estado y sus instituciones; y no necesariamente con la experiencia o vivencia que se tenga con este problema (Villoria y Jiménez, 2012). Asimismo, con lo expuesto por Stein, et al. (2015) y Kochi (2002), quienes dicen que el contrabando representa una red de corrupción que se permea en todas las esferas de los actores involucrados, lo cual demanda una reforma del Estado, fortalecimiento de las instituciones, participación del sector privado y la sociedad entre otros mecanismos en la lucha contra la corrupción y a nivel internacional, apoyar las medidas nacionales en cada territorio para prevenir la transnacionalización de la corrupción.

Por todo lo anteriormente comentado, es imperativo que en el departamento Norte de Santander como en el estado Táchira exista un buen gobierno, lo cual implica el fortalecimiento de la democracia a través de la participación ciudadana, ausencia de corrupción y desconfianza, ampliación de las capacidades humanas, entre otros aspectos.

Conclusiones

La percepción que exponen los habitantes fronterizos del departamento Norte de Santander (Colombia) y del estado Táchira (Colombia), estudiada a través de la encuesta de percepción aplicada a la muestra estadísticas de los habitantes de las unidades político territoriales y administrativas descritas, sobre la relación entre corrupción y contrabando, señala que los ciudadanos de esta frontera binacional, tienen un imaginario real basado en sus experiencias y vivencias de la vida diaria acerca de la corrupción en el negocio de contrabando, debido a la escasa acción y funcionamiento de las instituciones del Estado (colombiano y venezolano), lo cual deja en evidencia un débil y critico Estado de Derecho.

Ante esta situación problemática que se vive en la frontera estudiada, resulta urgente y necesaria la cooperación institucional transfronteriza, es decir, el trabajo articulado de las distintas autoridades nacionales y regionales, con una visión más amplia del límite fronterizo, para lograr la participación activa y eficaz de sus actores sociales públicos y privados. Toda cooperación transfronteriza ayuda a evitar el desorden y la duplicidad de los esfuerzos, al formular políticas sincrónicas de gobierno, así como objetivos, funciones y servicios entre entidades fronterizas, a lado y lado del límite internacional.

En este aspecto, se requiere la formulación de políticas públicas binacionales enfocadas en solventar los problemas propios de la región fronteriza, en soluciones que trasciendan más allá de la aplicación de controles fronterizos, como es el caso de proponer soluciones a problemas macro, a modo de actuar sobre el diferencial cambiario para minimizar impactos negativos, reducir la inflación, aplicar una política monetaria coherente, un control fiscal y aduanero eficaz, así como leyes que controlen el contrabando, a partir de la experiencia de los habitantes que padecen todos estos problemas, entre otros aspectos.

Para disminuir o acabar la corrupción, se requiere que exista o se genere confianza en los actores de los gobiernos colombiano y venezolano, y en todos los actores que influyen en la sociedad. Esto implica que los funcionarios públicos ejerzan y cumplan las funciones que le fueron asignadas, como funcionarios estatales, en beneficio del interés general con honradez, apertura, al igual que transparencia, y de esta forma se contribuya por igual con la formación de agentes ciudadanos, como responsables y democráticos.

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