Introducción

El artículo presenta el estudio de un expediente documental de carácter judicial, relacionado con un litigio por la entrega de una herencia. El expediente ofrece importantes datos acerca del movimiento de insurrección acaecido en la jurisdicción de Tenancingo, localidad ubicada al sur de la ciudad de Toluca.

El documento es revelador respecto a las formas y métodos empleados por los dirigentes del movimiento emancipador para difundir y conseguir adeptos a la lucha armada. Asimismo, permitió conocer algunas acciones militares que estos grupos realizaron con fines de la ocupación territorial y de financiamiento de las tropas comandadas. Además se destaca el desempeño ambivalente del subdelegado de Tenancingo, Ignacio Torres Cano, quien abrazó la causa insurgente, pero se mantuvo bajo la observancia de la autoridad virreinal.

Parte del trabajo de investigación consistió en la reunión y armado del expediente que se encuentra resguardado en el Archivo General de Notarías del Estado de México (agnem) con sede en Toluca. Estos documentos estuvieron dispersos en 21 expedientes dentro de once cajas archivadoras que estaban en proceso de clasificación. Una vez identificados los documentos, se procedió al ordenamiento cronológico del material que sumó alrededor de 355 folios. Ahora los documentos se encuentran reunidos en el primer expediente de la caja 219, correspondiente a la notaría número uno de Toluca, aunque sin foliación. A causa de esa situación, a lo largo del escrito, el número proporcionado en las referencias obedece al orden formulado para la elaboración de este ensayo.

Es necesario aclarar que, para constatar la veracidad de los hechos que se mencionan en el expediente referido, los datos se contrastaron con obras representativas sobre la lucha independentista de México. Las conclusiones fueron que el expediente ilustra, amplia y claramente, la presencia insurgente en el pueblo de Tenancingo. Las obras de los historiadores Lucas Alamán, José María Luis Mora, José María Miquel i Vergés, Eric Van Young nos permitieron constatar que los hechos señalados en el expediente coinciden de forma cabal con la cronología expuesta en las obras historiográficas.

Resulta pertinente hacer mención de la importancia de este cuerpo documental que, además de las significativas aportaciones para la reconstrucción de la historia regional de la zona –incluyen do las acciones de guerra–, muestra una riqueza informativa acerca de los mecanismos empleados por los contingentes de la lucha emancipadora para ejercer un dominio, un control político y económico en las localidades.

Entre los mecanismos más destacados resalta el uso de emisarios o comisionados para insurreccionar las poblaciones. Esta es una acción que se repitió de manera continua desde el inicio de la guerra intestina en septiembre de 1810. Hidalgo y otros dirigentes del movimiento pusieron en práctica esta forma efectiva de insurreccionar territorios con el ánimo de ganar adeptos. Tal parece que la táctica fue la siguiente: los enviados por los dirigentes de la insurgencia ingresaban a los poblados y se entrevistaban con los dirigentes o gente principal del pueblo para convencerlos de ser sus partidarios. Luego, en colaboración con ellos, buscaban persuadir a la población en general para conseguir medidas que favorecieran el movimiento de insurrección.

Un caso es el de los Llanos de Apan. En septiembre de 1810 llegaron dos individuos no identificados a insurreccionar la zona. Un mes más tarde, a fines de octubre, un comisionado acompañado de 20 hombres visitó la hacienda pulquera de San Nicolás, en la jurisdicción de Texcoco; dijo ser enviado de los insurgentes, leyó un despacho del señor Allende para evitar que se remitiera el dinero de la conducta, exigió los auxilios necesarios a la hacienda y se retiró (Guedea, 1996: 22-23).

Posteriormente, a finales de ese año, llegó Centeno, al parecer enviado por Hidalgo, para sublevar a la gente de Zacatlán (Guedea, 1996: 22-23). Centeno, cuyo nombre quizá era Antonio o José Antonio, originario de Calpulalpan, se encargó de organizar las guerrillas en Puebla y México, y entró a poblaciones como Tulancingo, Huauchinango, Apan y Calpulalpan. Murió en Otumba, el 23 de junio de 1811, de un disparo que se dio (Guedea, 1996: 24).

Por otro lado, en noviembre de 1810, el insurgente José Mariano Anaya, comisionado de Hidalgo y Allende, reunió a la indiada y gente de razón de Ixmiquilpan e informó del pretendido ataque que realizarían los americanos a la Ciudad de México, y que la causa a defender era la de la religión y la del rey. Así, Anaya y sus hermanos, Cayetano y Juan Pablo, controlaron esa zona por largo tiempo (Guedea, 1996: 23).En la parte norte de la región de Toluca el movimiento inició en septiembre de 1810 con la llegada del comisionado Miguel Sánchez. Él era mayordomo de hacienda y partícipe de la conspiración de Querétaro (Hamnett, 2008: 173; Van Young, 2006: 365). Salió de la provincia de Michoacán rumbo a San Juan del Río con un grupo de indígenas que logró reunir, gente de campo de la hacienda de San Nicolás de los Agustinos. El 30 de septiembre de ese año intentó apoderarse de Querétaro, sin conseguirlo (Alamán, 1985a: 471; Bustamante, 1961: 88-89).

Lucas Alamán refiere que en los orígenes de la lucha independentista varios grupos se mantuvieron fieles al virrey, por lo que algunos emisarios fueron puestos a disposición de las autoridades coloniales. En Tlaxcala se verificó un suceso representativo: se entregaron dos emisarios de Hidalgo que llevaban papeles revolucionarios en el hueco de sus bastones, y que pretendían insurreccionar aquella región (1985a: 398).

En el caso que nos ocupa, Lucas Alamán y José María Miquel i Vergés refieren los sucesos acontecidos desde la llegada de la insurgencia a Tenancingo, a cargo, precisamente, del comandante José Ignacio Rubalcaba, acompañado de Blas Magaña (1985b: 328; 1980: 518). Los testigos del proceso judicial en estudio, y el propio Ignacio Torres Cano, señalaron a estos hombres como los enviados del cura Hidalgo. En investigaciones recientes se confirma la presencia de este emisario de la insurrección en ese territorio (Van Young, 2006: 297; Iracheta y Martínez: 2002: 72). Al respecto, se tiene conocimiento de que los hombres que se presentaron en Tenancingo, también lo hicieron en Toluca; ahí permanecieron unos días para luego dirigirse al sur, después de que Hidalgo salió de la ciudad (Iracheta et al., 2002: 74).

Los acontecimientos relatados en el expediente documental, además de la llegada de los emisarios o comisionados de Hidalgo, incluye sucesos acerca de la incursión de José María Morelos en la localidad de Tenancingo el 24 enero de 1812, y el enfrentamiento que se llevó a cabo en contra del realista Rosendo Porlier. Estos hechos fueron registrados en las obras de Lucas Alamán y de José María Luis Mora. En las acciones que narran los historiadores pueden identificarse las fechas, los movimientos militares y sus objetivos, así como la participación de los principales protagonistas del encuentro armado: el militar realista Porlier y José María Morelos, como máximas figuras de los partidos contendientes; Santiago Guadarrama, Lino Aguirre del partido insurgente, y el comandante Vicente Vargas, acantonado en Ixtapan, hombres de menor rango.

Otras incursiones de insurrectos en Tenancingo a mediados de 1816, también pudieron constatarse. Historiadores refieren la presencia de partidas insurgentes en este territorio a partir del 10 de marzo de 1816. Señalan las acciones con las que estos grupos fueron dispersados, por ejemplo, el ataque de los realistas, capitán Vicente Lara y Joaquín Riva Herrera, a las tropas rebeldes a cargo de Vicente Vargas y Manuel González (Alamán, 1985c: 392-393; Herrejón, 2009: 59-61).

Las figuras insurgentes mencionadas en el expediente documental coinciden con la información que se encuentra en otras obras reconocidas: el comandante Rubalcaba como emisario de Hidalgo, en terrenos de Tenancingo y Cuernavaca (Van Young, 2006: 295; Alamán, 1985a: 327-328; Miquel, 1980: 518; Iracheta et al., 2002: 72), y los insurgentes Santiago Guadarrama (Miquel, 1980: 250) y el comandante Vicente Vargas (Miquel, 1980: 587); respecto a los insurgentes Blas Magaña, emisario de la insurrección, y Lino Aguirre no se ha logrado encontrar información adicional; los realistas Rosendo Porlier (Van Young, 2006: 992) y Manuel de la Concha¹ han sido identificados por cronistas e historiadores del siglo xix y por investigaciones de reciente edición.

Otra práctica identificada en el actuar de los comisionados de Miguel Hidalgo fue la vinculación con autoridades locales. Al llegar a alguna población, los jefes insurgentes solicitaban recursos que empleaban para sustentar el levantamiento armado, motivo por el cual precisaban de identificar a las autoridades o a las personas principales de las poblaciones que tendrían bajo su cuidado los bienes del pueblo o los propios, los cuales serían tomados y distribuidos entre las tropas.

En la mayoría de los casos el procedimiento fue entablar una alianza donde los intereses del grupo eran convenidos y aceptados para un futuro inmediato. Este hecho derivó en la conformación de administraciones locales insurgentes que brindaron apoyo estratégico militar, y fueron la base para el sustento de las tropas.

Hidalgo y Allende utilizaron variados mecanismos para darle una estructura y estabilidad al movimiento, por lo cual decidieron dotarlo de una organización política y administrativa. Esta organización se implementó en los territorios dominados. Las capitales de las provincias de Guanajuato, Valladolid, Guadalajara y Zacatecas contaron con un gobierno insurgente (Juárez, 2014: 98-106). Hidalgo dispuso la formación de gobiernos civiles; otorgó nombramientos de intendentes, regidores y administradores a criollos, y destituyó a los europeos de los cargos de gobierno (Guzmán, 2011b: 110). Las administraciones instauradas por la insurrección se dieron a la tarea, entre otras actividades, de allegar recursos a los insurgentes, fabricar artillería y acuñar una moneda (Juárez, 2014: 109-115).

Estas acciones se repitieron con frecuencia en los terrenos ganados para la causa. Sin embargo, en las zonas de disputa militar, los insurgentes se auxiliaron de los subdelegados o tenientes de justicia (Juárez, 2014: 109). Estos funcionarios se hallaban bajo la observancia de la autoridad real, pero abrazaron la lucha insurgente con gran disimulo y discreción. Tuvieron un papel decisivo en la lucha independentista, pues se involucraron en los dos flancos contendientes; en algunos casos, apoyaron el movimiento de la insurrección, y, en otros, desempeñaron el papel de oficialista, portando la bandera de la contrainsurgencia. Surgieron entonces los subdelegados comandantes a quienes se les encargó la formación de cuerpos de caballería o infantería en defensa del régimen establecido (Bernal, 2010: 347).

Torres Cano es un vivo ejemplo de esta situación, pues al ser subdelegado fue buscado por los emisarios de Hidalgo para que prestara los auxilios necesarios al grupo de los rebeldes. Sin embargo, las autoridades coloniales, pendientes de los movimientos de los pobladores en general, no vacilaron en ponerlo bajo la mira de los militares, y llevarlo a Toluca para su mejor vigilancia y control.

Como Ignacio Torres Cano, había en los Llanos de Apan hombres hacendados que apoyaron el movimiento emancipador, cuidando siempre las formas ante la vista del gobierno virreinal, pero dando importantes apoyos a los grupos sublevados. Entre estos hombres se encontraban Ignacio Adalid y Eugenio María Montaño (Guedea, 1996: 30-32).

Una de las bases para fortalecer, ampliar y darle permanencia a la sublevación fue el tema económico que estuvo íntimamente ligado a la acción militar. Desde septiembre de 1810, este aspecto de financiamiento se tornó fundamental para los jefes máximos del movimiento. La medida empleada por los insurgentes para financiar su lucha fue la imposición de contribuciones en los territorios controlados. No obstante, este tipo de recaudación también la realizaban los realistas. Ambos contendientes exigían a los pobladores de las comunidades ciertas cantidades para mantener a sus respectivas tropas.

En la declaración que los testigos hacen en el juicio de la herencia en que se demanda a Ignacio Torres Cano, subdelegado de Tenancingo, no queda claro qué tipo de contribución fue exigida a los comerciantes y a los particulares del lugar, pero puede pensarse en una especie de alcabala impuesta a los productos que se expendían en los comercios, o bien pudo tratarse de una contribución con base demográfica aplicada a varones de determinada edad, estado civil o, en general, a toda la población, excepto mujeres y menores. Morelos impuso en los territorios que controlaba, en especial en Tecpan, la contribución de cuatro reales mensuales a la gente de razón, y dos reales, a los indios; más tarde, la contribución fue de un peso para todos (Moreno, 2014: 140).

El historiador Moisés Guzmán menciona que en Sultepec cada mes se pagaba un real por familia, aunque en otros casos la cuota era de dos reales. Este investigador asegura que gracias al establecimiento de la Suprema Junta Nacional Americana, el financiamiento y la administración de recursos insurgentes tuvieron una mejor organización y funcionamiento, además representó el momento cumbre de la insurgencia organizada e institucionalizada (2006: 333, 344). En relación con lo anterior, se sabe que el 11 de octubre de 1811 Bernardo Miramón, funcionario de la Real Hacienda adherido a la insurgencia, presentó un proyecto sobre la organización de rentas que producirían el suministro para gobierno insurgente (Guzmán, 2011a: 322-326).

Los principales dirigentes, como Hidalgo, Rayón y Morelos, acentuaron un sistema de contribuciones como base para la recaudación de un procedimiento que les permitió garantizar la permanencia del grupo (Serrano, 2008: 49-50). Por su parte, Carlos María Bustamante hizo un gran trabajo de administración de recursos y fiscalización en los Llanos de Apan. Durante el tiempo que duró en la insurgencia del Departamento del Norte, se concretó el apoyo que las haciendas hicieron a esa facción; se impuso de igual manera un régimen de alcabalas, y se recabaron préstamos personales y de las comunidades.

Es un hecho que las contribuciones impuestas a diversas comunidades no se atribuyen solo a las fuerzas sublevadas, además fue una práctica del ejército realista, como se menciona en el expediente judicial que hemos revisado. El suministro de recursos de guerra fue el origen de toda una serie de hechos que caracterizaron la época de la lucha independentista. Los organismos locales protectores del orden, respaldados por la autorización del gobierno virreinal, también ejecutaron acciones semejantes a la perpetrada por los insurgentes para la autodefensa de las comunidades (Moreno, 2014: 139).

Surgió una gama de posibilidades en torno al financiamiento de los grupos de la insurrección, por lo que es difícil precisar qué medida en particular se tomó en el caso de Tenancingo. Es posible que como lo indica el análisis del expediente documental se haya tratado de un caso las contribuciones específicas y particulares a la persona de Ignacio Torres Cano; sin embargo, es más probable que se haya tomado una medida generalizada en aquella localidad para facilitar la pervivencia de los grupos insurrectos a lo largo del territorio.

Uno de los asuntos más significativos en el tema del financiamiento de la insurrección fue el secuestro o adjudicación de fincas. Esta acción constituyó el punto medular de la llamada economía chica que consistió en la explotación de los bienes tomados de los europeos y sus aliados, destinados al usufructo y sustento de la insurgencia. La explotación y administración de minas, ranchos, haciendas, fábricas y comercios permitió el establecimiento de mercados insurgentes con intercambio comercial de un sinnúmero de efectos que facilitaron el abastecimiento de recursos a lo largo de los territorios dominados por los grupos disidentes (Archer, 1985: 47). También, para el beneficio de la administración insurgente, se dispuso de los bienes otorgándolos en arrendamiento, condicionado a ciertas normas.

Esta práctica se difundió y organizó primordialmente a través de la Suprema Junta Nacional Americana. En el Departamento del Poniente, José Sixto Berdusco tuvo bajo su control hasta 60 haciendas que, según informó a Ignacio Rayón, estaban bajo el resguardo de dos mil hombres (Juárez, 2014: 114).

En un inicio se tomaron las haciendas abandonadas por los peninsulares que ante la presencia de los insurgentes salieron huyendo rumbo a la capital (Juárez, 2014: 113), pero, con el tiempo, también se tomaron las haciendas de los criollos adictos al régimen virreinal, incluso, como lo vemos en Tenancingo, en un acto de venganza hacia los detractores del movimiento.

En el caso de Torres Cano se indica con claridad que la hacienda Los Morales y la fábrica de aguardiente, de su propiedad, permanecieron incautadas por varios años hasta que se agotaron los insumos. De la finca se menciona que se destinó al arrendamiento de tierras, venta de magueyes y provecho de bosques, pues el ganado, las semillas y las herramientas se habían entregado a los superiores en Ixtapan.

No obstante, se tiene noticia de que en algunas regiones mucho más alejadas de la insurrección, las fincas se mantuvieron productivas y bien administradas, tanto que alcanzaron un intercambio importante de productos y artículos propios de una región (Archer, 1985: 52). Estas pequeñas economías o economías chicas significaron un fortalecimiento de la economía insurgente y constituyeron un recurso para sacar adelante las necesidades más apremiantes de las tropas insurgentes. En el plano general formaron una economía alterna a la previamente establecida que afectó de forma significativa al gobierno colonial.

Estos mecanismos, aplicados en muchas partes del territorio por el grupo insurgente, pudieron observarse en la jurisdicción de Tenancingo, a través del caso de Ignacio Torres Cano, un insurgente entre dos aguas. Parte medular de este trabajo.

Ignacio Torres Cano, un insurgente entre dos aguas

La guerra de Independencia se caracterizó por el enfrentamiento de dos grandes grupos contendientes: los insurgentes y los realistas defensores del régimen colonial. El primero de ellos, aunque se manifestó de manera abierta a partir del Grito de Dolores, fue gestado y apoyado en hechos de conspiración a lo largo de todo el proceso. Muchos grupos y personajes se relacionaron con el movimiento de emancipación desde la clandestinidad.

En efecto, la llama de la insurrección encontró eco en diversos espacios donde multitud de personas hicieron patente su adhesión. Sin embargo, otros involucrados evitaron mostrar su inclinación a la revuelta con la finalidad de evadir riesgos personales y familiares; de tal manera que el apoyo brindado a los insurrectos solo pudo darse en la completa secrecía.

Los individuos que desde el anonimato coadyuvaron a la lucha armada tenían varios elementos en común: una vida libre de presiones económicas, con sus muy diferentes rangos u ocupación de algún cargo importante en su comunidad; criollos con profundo interés en la conducción de las riendas de su territorio (Guedea, 1985: 73). Estas características, aunque señaladas para los individuos pertenecientes a la organización de Los Guadalupes, aplicaron igualmente a personajes encumbrados que desde variados espacios en la provincia novohispana abrazaron la causa de la guerra, confiados en la discreción de sus acciones y con la esperanza de pasar desapercibidos ante los ojos de las autoridades coloniales.

Muchos sucesos ligados al levantamiento, ocultos en su momento, se han llegado a conocer de manera indirecta. En muchos casos, debido a la confiscación de correspondencia de los insurgentes y, sobre todo, a través de procesos judiciales de los implicados o de sus cómplices (Rodríguez, 1993: 267).²

Los expedientes judiciales ejecutados en contra de los insurgentes han sido fuente primordial para el estudio de los vínculos entre particulares e integrantes del movimiento del que formaban parte. En este trabajo, como una aportación de fuentes documentales –y en un intento por contribuir a la valiosa información acerca del movimiento insurgente–, se presenta el proceso judicial de carácter civil en contra de Ignacio Torres Cano, vecino de Tenancingo. Las hermanas María Vicenta y María Josefa Vázquez demandaban la entrega de la herencia dejada por su padre Agustín Vázquez (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, Fs. 709. Demanda de las hermanas Vázquez contra Ignacio Torres Cano).

En septiembre de 1814, tras el fallecimiento de Agustín Vázquez, Ignacio Torres Cano fue designado tutor y curador de las entonces menores de edad María Josefa y María Vicenta, ambas cuñadas del demandado. Este personaje había contraído matrimonio con Ana Josefa Vázquez, hija del difunto y hermana mayor de las demandantes.

En 1829, ya con 21 años de edad, y en plena época republicana, María Vicenta decidió revocar el nombramiento de tutor al señor Ignacio Torres Cano y delegarlo en su sobrino Emeterio Rodríguez, hijo de su hermana María Josefa. Además, exigió la entrega de la herencia que este personaje manejó por muchos años. La demanda se realizó en la Ciudad de México ante el licenciado José Daza y Ariazo en el Juzgado de Letras del Distrito Federal.³

La riqueza de información testimonial localizada en esta fuente primaria puede observarse desde distintas perspectivas. En el expediente se ve la alianza que Ignacio Torres Cano estableció con el movimiento insurgente, una vez que este último llegó al pueblo de Tenancingo. Torres Cano fue un hombre que encajó perfectamente con la descripción de los elementos mencionados: vida desahogada, alta responsabilidad administrativa local; también en el expediente se advierte su participación y observancia en favor del gobierno real; incluso, se logró un acercamiento al tema de las acciones militares y la economía de guerra –referente a los mecanismos empleados por los bandos participantes para allegarse fondos que sostuvieran a sus tropas–, practicadas durante la lucha independentista en las inmediaciones del pueblo de Tenancingo.

Los hechos se tomaron de la sustanciación del expediente documental que contiene la causa judicial relativa a la herencia dejada por Agustín Vázquez. En el expediente se vertió el testimonio de once testigos presenciales acerca de los acontecimientos acaecidos durante el proceso independentista en la localidad de Tenancingo. La información testimonial, además de enriquecedora, es muy precisa, aunque deben tomarse con las reservas del caso, pues la información se presenta a más de diez años de distancia de los hechos ocurridos.

La comparecencia de testigos tuvo dos fases. La primera de ellas el 25 y 26 de mayo de 1829. Los testigos enfatizaron las acciones tomadas por Ignacio Torres Cano a la llegada de los emisarios de la insurrección. Hicieron mención, de manera general, sobre las incursiones realistas e insurgentes de 1810 a 1814, y posteriores afectaciones a las propiedades del señor Ignacio. La segunda testimonial se efectuó el 27 de junio de 1833, donde se rescataron con más detalle algunos sucesos ocurridos en los años de 1812, 1815 y 1816.

El desahogo de la prueba en esa fecha favoreció, en cierto grado, el desarrollo de las actuaciones dentro del tribunal, pues hallándose ya en el poder el gobierno independentista, en la tercera década del siglo xix, las declaraciones del demandado Torres Cano y de los testigos se hicieron sin inhibición respecto a la adhesión que tuvo con el movimiento revolucionario en su fase de inicio. De esta manera, los actores dejaron clara la participación del señor Ignacio Torres Cano en pro del movimiento de sublevación, cuyos hechos, que hemos corroborado, son veraces.

La información del expediente citado se complementó con información de la causa criminal por el delito de infidencia en contra de Ignacio Torres Cano y José Santiago Menoyo, verificados en noviembre de 1810, con respecto al encuentro de estos individuos con personajes del movimiento de emancipación, documentos depositados en el Archivo General de la Nación (agn) (agn, Criminal, vol. 15, exp. 27, fs. 616, 671. Causa criminal por infidencia en contra de Torres Cano y Menoyo).

Para muchos hispanoamericanos encumbrados en las diferentes comunidades, fue difícil decidirse por el partido que apoyarían. Debido a esta situación, la actuación de muchos de ellos resultó ser notoriamente ambigua, sobre todo en los inicios de la guerra intestina (Hamnett, 2008: 163). Este fue el caso de Ignacio Torres Cano quien al hallarse amenazado por el poder oficial demostró con hechos su vinculación al régimen virreinal, y consumada la independencia se mostró abiertamente adherido a la causa insurgente.

San Francisco Tenancingo

En la primera década del siglo xix, el pueblo de San Francisco Tenancingo pertenecía a la intendencia de México y a la subdelegación de Malinalco, y estaba considerado como uno de los 1 248 pueblos de indios que integraban la mencionada intendencia de México (Tanck, 2005). La jurisdicción de Tenancingo se ubicaba al poniente de la capital, y se extendía en un territorio de quince leguas de oriente a poniente y catorce, de norte a sur. Tenía como sujetos a los pueblos de Santa María de la Natividad, Santa Cruz, San Nicolás, la Asunción, Santa Ana, Santa Bárbara y San Lucas Evangelista (Villaseñor, 1746: 203-204).

En la segunda mitad del siglo xviii, Tenancingo reunía en su jurisdicción a 21 haciendas, seis de ellas grandes como La Tenería, la más cuantiosa, y otros ranchos. A lo largo de su territorio se encontraban asentadas un aproximado de 194 familias de españoles; 53, de mestizos y mulatos, y 608, de indios, muchos de los cuales se desempeñaban como gañanes en las haciendas. En lo particular, en la cabecera y las haciendas que le rodeaban se encontraban establecidas de 50 a 60 familias de españoles, mestizos y mulatos (Villaseñor, 1746: 203-204). Y, según estimaciones recientes, en 1800 contaba con cerca de 2 230 naturales (Tanck, 2005).

Esta región se dedicaba a la producción de trigo, maíz, cebada, frutas, hortalizas, flores y maderas, así como a la cría de ganado mayor y menor. También se distinguió por la producción textil de paños de rebozo, polvos mixturados de seda y algodón elaborados por las mujeres de esos contornos, y apreciados tanto en México como en otras partes (Villaseñor, 1746: 205).

Recuento de hechos

Un breve recuento de los acontecimientos contextualizará el asunto a tratar. Ignacio Torres Cano, vecino del pueblo de Tenancingo, estaba casado con Ana Josefa Vázquez, poseía una céntrica casa de comercio en la esquina de la Calle Real. Además, contaba con una fábrica de aguardiente que se localizaba en la hacienda de Santa Ana, finca que no era de su propiedad. En noviembre de 1810, Ignacio tomó el cargo de subdelegado del pueblo, es decir, el gobierno local, la administración de justicia y la recaudación fiscal (Alcauter, 2017: 4). Ignacio Torres Cano asumió su nombramiento el día anterior a la llegada de los insurgentes al pueblo de Tenancingo, ello debido a la repentina ausencia de su titular quien prometió regresar al siguiente día, hecho que no se verificó (agn, Criminal, vol. 15, exp. 27, fs. 620-621. Testimonio de descargo del bachiller José Domingo Cibrián).⁴

El señor Torres Cano tuvo varios encuentros con el movimiento de insurrección. Uno de ellos en noviembre de 1810 con la llegada de los primeros americanos a Tenancingo. Según algunos testigos, conversó con los emisarios del cura Miguel Hidalgo: Blas Magaña y el capitán comandante Juan Ignacio Rubalcaba,⁵ enviados a insurreccionar esa demarcación. Es posible que el comandante haya formado parte de las tropas de Hidalgo, pues según Brígida von Mentz, provenía del Bajío, y se le conoció como el Ranchero de Jerécuaro (2010: 39-41).

A ellos se les atribuye la propagación del levantamiento en esta área y en Cuernavaca; además, se asegura que se apropiaron de la villa, de 21 haciendas de caña y de 28 pueblos de aquella jurisdicción y la de Tenancingo (Alamán, 1985a: 327-328; Miquel, 1980: 518).⁶

Estos personajes ya habían hecho acto de presencia en la ciudad de Toluca a finales de octubre de 1810. Se tiene noticia de que en días subsecuentes a su visita a Tenancingo se dirigieron a la villa de Cuernavaca donde el comandante encontraría la muerte (Iracheta et al., 2002: 72; Alamán, 1985a: 327-328; Miquel, 1980: 518).⁷ La entrevista entre los comisionados del cura Hidalgo e Ignacio Torres Cano se dio en el domicilio de Apolinario Gómez, donde se hospedaron los americanos, hecho ratificado por el anfitrión en su comparecencia como testigo. En la entrevista se confirmó a Torres Cano en la administración de justicia como subdelegado propietario y tesorero general de la provincia insurgente; también se determinó la obediencia al generalísimo señor de armas y tropas americanas Miguel Hidalgo, y que debía generar acciones en pro de la insurrección. El acuerdo contemplaba la publicación de un bando en favor del movimiento emancipador, y persuadir al vecindario para su pronunciamiento en favor de Hidalgo y del partido de los americanos (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 65-68. Declaración del testigo Apolinario Gómez en 1829).⁸

Las recomendaciones fueron ejecutadas por Ignacio, quien abrazó la causa de la insurrección, pues según declaraciones de Bernabé Quevedo, vecino de Tenancingo, además de esas acciones acordadas con el comandante Rubalcaba, el señor Torres Cano formó una compañía de soldados y, junto con otros patriotas, los acuarteló y ejercitó (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 57-60. Declaración del testigo Bernabé Quevedo en 1829).

Estos hechos, comprometedores para Ignacio Torres, fueron del conocimiento del gobierno colonial y, como consecuencia de sus actos de infidelidad al régimen real, fue perseguido por la justicia. En noviembre de 1810, el señor Torres Cano fue aprehendido por el conde de San Pedro del Álamo, y conducido a la ciudad de Toluca por órdenes del teniente coronel Juan Sánchez, comandante de armas de esa ciudad.

Por esos días los territorios aledaños al valle de Toluca se encontraban invadidos de cuadrillas insurgentes, motivo por el cual se designó al teniente coronel Juan Sánchez al mando del batallón de Cuautitlán, conocido como Ligero de México, la custodia del camino a México, y la organización y coordinación de grupos de voluntarios para la persecución de los rebeldes en esa área (Alamán, 1985b: 346).

Este militar debió ser el responsable de detener, remitir a la ciudad de Toluca y procesar a Ignacio Torres Cano, pues además de las obligaciones militares que se le encomendaron, estableció el 22 de noviembre de 1810 una Junta de Seguridad y Buen Orden con sede en la ciudad de Toluca, con el propósito de aprehender a los sediciosos adheridos al partido de los insurgentes en toda la jurisdicción, y proceder al castigo o indulto de quienes resultaran culpables. La Junta pretendió además recuperar bienes usurpados, proporcionar paz y tranquilidad, y la defensa en caso de invasión (agnem, Dto. 14, not. 1, ca.191, leg. 15, fs. 529-530. Establecimiento de Junta de Seguridad y Buen Orden de la ciudad de Toluca).

Esta Junta encargada de vigilar las acciones de los pobladores estuvo presidida por el corregidor de la ciudad de Toluca, Nicolás Gutiérrez; como secretario, Prudencio Gutiérrez; fungieron como vocales el licenciado Antonio Careaga y Carlos del Pozo. El señor Juan Sánchez, comandante de las tropas ligeras destinadas al resguardo de la ciudad de Toluca, aseguró haber convencido al virrey Venegas para consolidar el organismo guardián del orden a semejanza del de la capital.

Una vez detenido Torres Cano en la ciudad de Toluca, Nicolás Gutiérrez, corregidor de ella, comunicó a la secretaría de la Real Junta de Seguridad de la Ciudad de México que el acusado se presentaría ante la Junta por su voluntad y sin custodia. La Junta, a través de Luis Calderón, aceptó que se condujese sin guardia y con los documentos que acreditarían su inocencia.

Ignacio Torres Cano aseguró en el juicio por herencia celebrado en 1829 que lo mantuvieron en prisión por más de tres meses en la Ciudad de México, según él, con riesgo de perder la vida, y que logró su libertad por la intervención de los padres Carmelitas del convento del Santo Desierto de aquella jurisdicción (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 57-71. Declaración de Testigos presentados por Ignacio Torres Cano en 1829). En realidad, el apoyo de los religiosos lo obtuvo desde su llegada a la Ciudad de México, pues parece que no ingresó a ninguna prisión, solo se mantuvo arrestado en el mencionado convento bajo la responsabilidad del padre fray José de la Virgen, procurador general (agn, Criminal, vol. 15, exp. 27, fs. 670-671. Comunicaciones entre Nicolás Gutiérrez y Luis Calderón).

Los argumentos de inocencia del subdelegado de Tenancingo en el juicio celebrado de diciembre de 1810 a enero de 1811 consistieron en la declaración de varios religiosos carmelitas, vecinos del pueblo y de su esposa Ana Josefa Vázquez, quienes expusieron la presión que recibió Torres Cano por parte de los insurgentes para realizar actos de infidencia. En los argumentos resaltaron los hechos que el inculpado ejecutó después de que los rebeldes salieron de Tenancingo, como la restitución de bienes y cargos que fueron quitados a los europeos, deshizo una compañía de insurgentes que se formó en el vecindario, arrestó a los participantes de la detención de europeos y los envió a Toluca, no acató las órdenes de los rebeldes acerca de perseguir europeos y confiscar sus bienes y haciendas, protegió a un europeo que se hallaba escondido en el convento y le dio empleo de teniente de justicia en el pueblo de Malinalco, organizó una junta, proclamó al rey Fernando vii, publicó un bando exhortando al pueblo a obedecer las órdenes del rey y ofreció agradecimientos al virrey (agn, Criminal, vol. 15, exp. 27, fs. 632, 638. Declaración de testigos de descargo, religiosos Mariano Gómez y Juan de San Simón).

En su regreso a Tenancingo, un seguimiento permanente por parte de las autoridades impidió que Torres Cano continuara dando apoyo abierto a los comisionados de la insurrección. La presión llevó a Ignacio Torres a conducirse entre dos vertientes antagónicas: la colaboración a la causa insurgente y la observancia oficial.

En años subsecuentes la presencia de realistas e insurgentes abrumó la vida del subdelegado de Tenancingo, pues ambos frentes exigieron acciones que favorecieran sus partidos. Se efectuaron requerimientos (préstamos) forzosos y el saqueo por parte de los grupos insurgentes a la casa de comercio de Torres Cano, cuyo capital ascendía aproximadamente a 30 000 pesos. Los actos violentos se extendieron a la hacienda Los Morales, propiedad del subdelegado y, según los testimonios vertidos por los testigos, Torres Cano además sufrió el despojo de su fábrica de aguardiente. En términos generales, fue víctima de saqueos y afectaciones en sus bienes, presión en su persona y extorsiones (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 57-71. Declaración de Testigos presentados por Ignacio Torres Cano).

La primera fase de la declaración testimonial sugiere una actitud persuasiva, constante y premeditada de la insurgencia en perjuicio del subdelegado y, aunque no se mencionan fechas concretas de los acontecimientos, los testigos coinciden con la presencia del insurgente Santiago Guadarrama y la provocación deliberada de incendios en Tenancingo. En respuesta, el gobierno virreinal desterró a Torres Cano de Tenancingo. El gobierno le dio permanencia en la ciudad de Toluca.

Ignacio Torres argumentó que debido a los hechos que los testigos confirmaron, la insurrección le arrebató sus bienes y los que correspondían a su suegro Agustín Vázquez, dejándolo en la miseria y extrema necesidad; afirmó que debido a que decidió no tomar las armas con los rebeldes, y aunque “era bien conocido su patriotismo y anhelaba el triunfo de la nación”, fue perseguido y sacrificado por las mismas tropas nacionales sin poder evitar los efectos de la fuerza armada (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 72-80. Declaraciones de Ignacio Torres Cano).

La presentación de testigos por parte de Ignacio Torres Cano tenía un objetivo claro: demostrar que durante los años en que la lucha insurgente hizo acto de presencia en su localidad, sus bienes se habían reducido a lo mínimo, igual que los de su suegro.

En el juicio que las hermanas Vázquez entablaron al señor Torres Cano, exigieron, por principio, la entrega de 2 640 pesos, 5 reales, 7 granos, en efectivo. Con retrasos y argucias judiciales, Ignacio entregó la cantidad que de manera enérgica le requirieron. Tras el pago prosiguió otra demanda para la entrega total de los bienes hereditarios que con anterioridad había recibido, los cuales, en conjunto, estaban valuados en 29 655 pesos, 3 reales. De esta manera, sumados los bienes y restadas las cantidades entregadas quedaba debiendo 14 815 pesos, 3 reales, 6 granos a cada una de las hermanas, que por cierto, eran internas del convento de San José de Gracia de la Ciudad de México. (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 276-279. Solicitud de pago por Emeterio Rodríguez).

Como se indicó, el proceso judicial que había iniciado en mayo de 1829 se prolongó de tal manera que en junio de 1833, Ignacio Torres Cano presentó nuevos testigos. Esta vez, más de la mitad de ellos estuvieron íntimamente relacionados con sus propiedades, y aunque muy jóvenes en aquellos momentos, como ellos mismos lo manifestaron, recordaron con precisión los hechos que se suscitaron en su localidad durante la lucha insurgente, además de la contestación que dieron las autoridades reales a las acciones realizadas en ese escenario. Las declaraciones de siete testigos presentados por Torres Cano ante Juan de Alva juez de letras y hacienda pública del partido de Tenancingo en el juicio por la herencia que reclamaron las hermanas Vázquez, resulta de gran interés para dilucidar las acciones que los grupos insurgentes establecieron en la región (agnem, Dto. 14, not.1, ca. 219, leg. 2, fs. 450-470. Declaración de Testigos presentados por Ignacio Torres Cano).

Los testimonios son vertidos por dos labradores arrendatarios de la hacienda Los Morales: un labrador, empleado de la hacienda, y un labrador administrador de la fábrica de aguardiente, propiedad de Torres Cano. En esas declaraciones, los testigos presenciales ya no abordaron el tema de la llegada de los americanos al territorio de Tenancingo en 1810, pero sí las incursiones sucesivas de los dos bandos, insurgentes y realistas, que disputaban el poder, las cuales se suscitaron a partir de 1810 y hasta 1814.

Entre esos sucesos se destacó la entrada de las tropas lideradas por el señor José María Morelos al pueblo de Tenancingo en enero de 1812. Los acontecimientos se registraron cuando Félix María Calleja, en una acción militar, trató de expulsar de la villa de Zitácuaro a Ignacio Rayón y a la Suprema Junta. En coordinación con el realista Rosendo Porlier, Calleja trató de evitar que partidas insurgentes concentradas en Tenango, Tenancingo y Tecualoya apoyaran a Ignacio Rayón. Por su parte, Rosendo Porlier organizó incursiones en esos terrenos para mantener ocupadas a las tropas insurgentes impidiendo el envío de auxilio a Zitácuaro; sin embargo, la intervención de Morelos hizo retroceder al militar a la ciudad de Toluca (Alamán, 1985b: 463-468).

Este hecho es el que refirieron los testigos presentados por Ignacio Torres Cano. Las tropas dirigidas por Morelos hicieron acto de presencia en Tenancingo. El 24 de enero de 1812 se produjo un incendio en el pueblo, atribuido a Porlier, con el objeto de ahuyentar a sus atacantes. Los testigos declararon que las casas que escaparon de ser quemadas fueron víctimas de robo y saqueo por parte de los ejércitos realistas. Asimismo, aseguraron que durante varios años ambos bandos atacaron la casa de comercio del señor Ignacio y que las tropas americanas, en esa ocasión, en particular las comandadas por Morelos, saquearon la casa del subdelegado de Tenancingo, llevándose hasta las fundas de los colchones. Otro testigo agregó que Torres Cano fue despojado de todo cuanto tenía, incluyendo libros de caja, y hasta chaqueta y capa: lo dejaron solo en pechos de camisa (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 450-470. Declaración de Testigos presentados por Ignacio Torres Cano).

En las declaraciones testimoniales se manifestó la exigencia de contribuciones, de manera particular, a Torres Cano. Dos testigos mencionaron que esta fue una práctica constante por parte de los dos contingentes beligerantes y solicitada tanto a comerciantes como a particulares en Tenancingo. Estos requerimientos eran hechos de acuerdo a los caudales de cada uno.

Las autoridades virreinales de la ciudad de Toluca tomaron la decisión de evitar a toda costa la participación voluntaria o forzada de Ignacio Torres Cano en favor de la insurgencia. Se mandó aplicarle el destierro definitivo de Tenancingo y el exilio permanente en la ciudad de Toluca. Orden cumplida en 1815 por el coronel realista Manuel de la Concha, quien decretó arraigo a Ignacio Torres bajo pena de la vida (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 442-474. Declaración de testigos presentados por Ignacio Torres Cano en 1833).

Ni la respuesta severa de las autoridades ni la ausencia de Torres Cano en Tenancingo evitó que la insurgencia desistiera en sus intenciones de beneficiar al movimiento a costa de la familia de Ignacio, la cual continuó sufriendo el asedio de las tropas, presionándole y exigiéndole fuertes contribuciones (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 453-464. Declaración de testigos presentados por Ignacio Torres Cano en 1833). Finalmente, ocho o diez meses después de la partida del señor Ignacio, la familia fue conducida por el bachiller José Ignacio Camacho a la ciudad de Toluca. La decisión fue tomada, según el testimonio de José Meléndez, después de que, al no poder cumplir con las fuertes contribuciones que les exigían, se amenazó a la familia con ser llevada a Ixtapan para ser entregada al comandante insurgente Vicente Vargas (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fo. 461. Declaraciones de José Meléndez).

El destierro de Torres Cano no marcó una diferencia para las tropas insurgentes, ya que aún sin la presencia del poseedor, sus propiedades fueron saqueadas, lo que incluyó, además de la casa de comercio, la hacienda Los Morales y su fábrica de aguardiente. De su hacienda le fue extraído ganado: 30 yuntas de bueyes, 15 mulas de carga, 600 ovejas, dos paradas de cabras, un caballo de servicio, herramienta y semillas.

El año 1816 marcó una nueva actitud de parte de los insurgentes, quienes, al tener las propiedades a su merced, tomaron bajo su administración la hacienda Los Morales y la fábrica de aguardiente; permanecieron en ellas explotándolas durante varios años hasta agotar las existencias. En posesión de la hacienda, los insurgentes vendieron frutos, arrendaron tierras, vendieron o destruyeron magueyes y aprovecharon los montes.

José Meléndez declaró que los insurgentes llevaron el ganado y herramientas de la hacienda a Ixtapan; permanecieron en la finca como dueños por más de dos años, aunque hubo quien señaló que fueron tres. El testigo aseveró que como administrador de la fábrica de aguardiente fue obligado a entregarles el dinero y las cuentas semanales de cuanto se vendía. La fábrica quedó confiscada por largo tiempo hasta agotarse las mieles y aguardiente que tenía Torres Cano. Meléndez estimó que los recursos estaban valuados en 4 000 pesos. Los insurgentes nunca compraron materia prima para seguirla trabajando, de tal manera que, a falta de existencias para continuar produciendo, la hacienda fue abandonada (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 459-464. Declaraciones de José Meléndez, administrador de la fábrica de aguardiente propiedad de Ignacio Torres Cano).

La versión del administrador de la fábrica de aguardiente ubicada en la hacienda de Santa Ana fue confirmada por varios de los testigos. Agregaron todos ellos que hubo dos fechas en 1816 en que las tropas de los rebeldes a cargo del capitán Santiago Guadarrama hicieron acto de presencia en Tenancingo, causando grandes incendios en esa localidad: el 17 y el 26 de julio.

Describieron que el 17 de julio incendiaron la mitad de las casas del pueblo, según Apolinario Gómez fueron 117 casas, o más de cien, declaró Ignacio Vázquez. Los siete testigos presentados constataron que en esa fecha el incendio consumió de forma total la casa de Ignacio Torres Cano. El 26 julio los grupos del capitán Santiago Guadarrama regresaron a prender fuego al resto de las casas.

En términos generales, los informes testimoniales vertidos por los testigos son claros para determinar la presencia del movimiento insurgente en el pueblo de Tenancingo y sus alrededores. Mostraron que desde 1810 hicieron acto de presencia emisarios y cabecillas de diferente jerarquía en el territorio, mientras que las autoridades realistas y los militares realizaban acciones para sofocar y eliminar las partidas de la insurgencia.

Es relevante mencionar que la veracidad de los hechos es incontrovertible, pues cronistas e historiadores contemporáneos dejaron registro de ello (Lucas Alamán, José María Luis Mora, José María Miquel i Vergés, Eric Van Young). Lo mismo que hoy nos permite constatar lo manifestado por los testigos en el juicio por demanda para la entrega de la herencia que Agustín Vázquez dejó a sus hijas. A este hecho contribuye un documento más.

Como un aporte fundamental, el juicio contiene la certificación de Juan de Alva juez de letras y hacienda pública del partido de Tenancingo, ante quien se hizo la presentación de los testigos. En ella hizo mención de que para corroborar si los hechos que narraron los testigos carecían o no de veracidad, se tomó el atrevimiento de citar a varios personajes, vecinos de Tenancingo, de mayor nombre y honradez, para que hicieran juicio sobre los testimonios verbales de los testigos relativos a los sucesos experimentados de 1810 a 1816 en esa localidad. Todos coincidieron en que las declaraciones eran veraces.

El juez determinó hacer esta consulta a los vecinos de Tenancingo, debido a que en el archivo judicial no existía ningún documento que probara lo que había escuchado de los testigos. Como conclusión, el juez afirmó que las declaraciones dejaron ver que, aunque todo el pueblo sufrió los hechos narrados por los testigos, Ignacio Torres fue la mayor víctima, pues tuvo que hacer frente a la exigencia de contribuciones, exacciones, pérdidas y saqueos de mucha consideración desde 1810 hasta 1816. En suma, fue blanco y objeto único contra quien se dirigió una y otra tropa (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 471-474. Certificación de Juan de Alva juez de letras y hacienda pública del partido de Tenancingo).

El juicio para que se efectuara la entrega de los más de 20 000 pesos que exigieron las hermanas Vázquez a Ignacio Torres Cano continuó por muchos años. El demandado no sobrevivió a la conclusión de este asunto judicial, en 1833 se menciona a la testamentaría de Ignacio como la parte demandada en el juicio, lo que indica el fallecimiento de Ignacio. También se localizó su testamento y codicilio (agnem, Dto. 14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 534-569. Testamento y codicilio de Ignacio Torres Cano).

El fallecimiento del demandado retrasó aún más el seguimiento del proceso, pues debió realizarse el juicio testamentario de Ignacio Torres Cano para luego continuar con la demanda a los herederos correspondientes. Una vez concluido el juicio testamentario de Ignacio se procedió a continuar con las diligencias de la demanda iniciadas en 1838. Sin embargo, catorce años después, en los meses de marzo y julio de 1852, las hermanas Vázquez continuaban insistiendo a la hija menor de Ignacio Torres Cano, la entrega de las cantidades que su padre dejó pendientes, pues estaban enteradas de que ella ya contaba con el caudal recibido por la subasta de los bienes del señor Torres Cano (agnem, Dto.14, not. 1, ca. 219, leg. 2, fs. 699-709. Solicitud de pago por las hermanas Vázquez).

Después de haber descrito las circunstancias que rodearon el caso, podemos reconocer que gracias al registro del caso judicial en que se demanda a Ignacio Torres Cano, desarrollado a lo largo de 23 años, nos adentramos en las circunstancias que rodearon a la población de Tenancingo en el periodo de la guerra de Independencia de México y en las experiencias vividas por los pobladores del lugar, también la documentación aportó gran riqueza informativa, la cual se comentará a continuación.

Consideraciones finales

Varias son las consideraciones finales en este trabajo. Es preciso mencionar que el cuerpo documental analizado en esta investigación representa una valiosa fuente de información de primera mano para la reconstrucción de los acontecimientos registrados en la zona sureste de la región de Toluca. Con ello, se contribuye de manera significativa al conocimiento de la historia regional enmarcada en la guerra de Independencia.

Si bien, existe la posibilidad de una inclinación parcial en las declaratorias de los testigos para favorecer al indiciado Ignacio Torres Cano, encaminadas a la obtención de una sentencia favorable, resultan incuestionables las prácticas del grupo insurgente que se efectuaron en materia de control territorial y obtención de recursos económicos, pues a todas luces, las acciones de los disidentes constituyeron una réplica en cuanto a las formas aplicadas por los rebeldes en otros territorios.

En términos generales, más allá de la particularidad del caso y a través de la revisión del expediente en cuestión, encontramos que resulta indiscutible que los acontecimientos de carácter bélico de los bandos en pugna se realizaron de la mano de la suficiencia de recursos económicos, y a la vez muchos de sus procedimientos se encaminaron a conseguirlos. Por ello, las medidas aplicadas por el grupo rebelde consistieron en ganar adeptos, la apropiación de bienes y la ocupación militar.

De esta manera, los avances y tácticas militares, base de la insurrección, fueron un elemento clave en el dominio geográfico del territorio y permitieron el ingreso de la organización administrativa de la insurgencia, la cual mantuvo vigente el posicionamiento militar. Los personajes que establecieron alianzas con el movimiento independentista se condujeron bajo las normas de los dos bandos antagónicos, expuestos siempre a sus represalias: hombres entre dos aguas.

Entre los mecanismos implementados en los terrenos dominados por el frente rebelde, que les permitieron sustentar las tropas, destacan las medidas de fiscalización, préstamos forzosos y confiscación de fincas, fábricas y comercios que constituyeron la mayor oportunidad de financiamiento y obtención de recursos de la insurgencia en la jurisdicción de Tenancingo.

Además de esto, la documentación expone la existencia de una organización jerarquizada de las fuerzas armadas de la insurgencia, donde el comandante Vicente Vargas aparece con mayor jerarquía; a sus órdenes encontramos al coronel Santiago Guadarrama, y finalmente al capitán Lino Aguirre. Recientes indagatorias señalan a Manuel González y Agustín Carrasco como otros subordinados a este personaje, que tuvo gran importancia en el movimiento emancipador en toda la zona sureste de la región de Toluca.

Un dato importante resultado del estudio de la causa judicial es la probable ubicación del pueblo de Tenancingo como una zona frontera de la insurgencia, pues la base militar de su organización estaba concentrada en la localidad de Ixtapan de la Sal. En esta localidad se coordinaron las acciones militares, también fue el centro de depósito de bienes incautados y asiento del máximo dirigente de la zona Vicente Vargas. De esta situación deriva el motivo de las acciones militares de los partidos realista e insurgente por el dominio territorial, de los recursos humanos y de los económicos. Otros estudios más amplios y profundos permitirán afirmar o refutar lo expuesto en este estudio.

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Notas

Notas de autor