Introducción

En los últimos años del siglo xx y los primeros del siglo xxi, México transitó de un sistema de partido hegemónico (Sartori, 2005) a uno de carácter multipartidista, con el predominio de tres grandes partidos nacionales. Las reformas que empezaron a democratizar el sistema electoral se promulgaron en 1977, pero veinte años después, en las elecciones de federales de 1997, el Partido Revolucionario Institucional (pri) perdió la mayoría en la Cámara de diputados. El proceso de transición se completó en el año 2000 cuando el Partido Acción Nacional (pan) ganó la presidencia de la república, y se ratificó en 2012 cuando el pri volvió al poder.

Aunque en los ámbitos federal y estatal se pudo percibir con mayor claridad el proceso de transición, fue en el espacio municipal donde este se gestó. En las elecciones municipales los partidos de oposición fueron ganado espacios de poder y convirtiéndose en gobierno. Mucho antes de que el pan ganara su primera gubernatura en 1989 y la presidencia de la república once años después, ese y otros partidos habían conquistado espacios de poder municipal a pesar del férreo control que el partido hegemónico tenía sobre los espacios de poder.

Uno de esos espacios que en el Estado de México había conquistado la oposición fue Xonacatlán, uno de los dieciséis municipios de la entidad considerados como de alta alternancia (Cedillo, 2006: 129). En 1981 el Partido Popular Socialista (pps) venció al pri en las elecciones municipales e inició un periodo de alternancia en el poder que se mantiene hasta la fecha. Desde entonces, ningún partido ha logrado establecer su hegemonía. Ha gobernado el pri, el pps, el Partido de la Revolución Democrática (prd) y el Partido del Trabajo (pt). De un total de once elecciones entre 1981 y 2012, cinco fueron para el pri; tres, para el prd; dos, para el pps y una para el pt. Este proceso de democratización no ocurrió de la noche a la mañana, se gestó a lo largo del tiempo. Las características de la democracia municipal fueron cambiando paulatinamente hasta darle su connotación actual. Veamos la manera en que se fueron democratizando las elecciones municipales durante ciento treinta años.

Conceptos básicos

Con el propósito de evitar confusiones y desacuerdos, como dice Dahl (1999: 9), pues el término democracia tiene diversos significados, es necesario precisar el concepto. Se puede hablar de democracia en varios sentidos, a partir del criterio que se empleé para ello. De acuerdo con la participación del elector, podemos hablar de democracia directa y democracia representativa. La democracia directa se refiere a la participación de los ciudadanos en las decisiones de una comunidad política. La democracia representativa se referiría a la participación de los ciudadanos en los actos de gobierno, pero de manera indirecta, a través de sus representantes.

Con base en el régimen político, podemos aludir a democracia formal y democracia sustancial. En ambos casos se refiere al ejercicio del poder, pero la primera se refiere a las formas que privan en el Estado de bienestar social de los gobiernos capitalistas y, la segunda, a la sustancia característica del Estado comunista de los gobiernos no capitalistas. A esta distinción hecha por Bobbio, Lizcano la califica de mal elaborada y de tendenciosa. Asume que la democracia formal corresponde a la democracia tal cual y la democracia sustancial, a una dictadura (Lizcano, 2006: 15-37).

A partir del acceso al poder, podemos referirnos a la democracia y al autoritarismo. La forma democrática de acceso al poder sería aquella donde se realizan procesos periódicos donde los ciudadanos seleccionan a sus gobernantes mediante elecciones competidas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas (O´Donnell, 2003: 40-41). La manera autoritaria de acceso al poder sería la realizada mediante diversos mecanismos de designación de los gobernantes diferentes a las elecciones competidas, libres, igualitarias, decisivas e inclusivas. Estos mecanismos de designación pueden ser a partir de golpes de Estado, líneas hereditarias, fraudes electorales, designación de una persona o grupos de personas, e incluso sorteos (Mazzuca, 2002: 4; Lizcano, 2013: 65).

En función del ejercicio del poder, podemos mencionar tanto la democracia como el patrimonialismo. Un gobierno democrático sería aquel que ejerce el poder con base en las leyes e invierte los recursos públicos en beneficio de los ciudadanos. Un gobierno patrimonialista es aquel que ejerce el poder dentro o al margen de la ley, utiliza los recursos en beneficio propio y desarrolla prácticas de clientelismo, corrupción y nepotismo (Mazzuca, 2002: 3-5).

En nuestro caso, al hablar de democracia, nos referiremos exclusivamente al acceso al poder. Haremos alusión, entonces, a elecciones democráticas y elecciones autoritarias. Para que una elección sea considerada democrática desde la óptica de los ciudadanos, tiene que reunir cuatro condiciones: que los ciudadanos puedan constituirse en pueblo para sufragar, que los ciudadanos puedan postularse para un cargo público, que los ciudadanos tengan varias opciones para elegir y que se respete la voluntad de los ciudadanos.

La primera condición concierne a la forma ampliada o reducida con que se otorga la ciudadanía y, por ende, el derecho a elegir a las autoridades. Poco a poco se ha ido avanzando en el otorgamiento del derecho universal del voto. Algunas sociedades están en el proceso de dar a todos los adultos nacidos en el país el derecho a elegir a sus gobernantes, otras han avanzado mucho más y están otorgando este derecho incluso a los extranjeros residentes en su demarcación.

La segunda condición se refiere a la posibilidad de los ciudadanos para postularse y ser elegidos para un cargo de elección popular. A lo largo de la historia se han hecho exclusiones que regularmente correspondían con requisitos económicos y culturales. Los avances en este sentido también son diferenciados. Mientras en algunas sociedades este derecho está reservado a los partidos políticos, en otras existen las candidaturas independientes para ciudadanos no militantes de organizaciones políticas.

La tercera condición guarda relación con las opciones de los ciudadanos para votar. Para que se pueda hablar de una elección democrática, los electores deben considerar dos o más alternativas reales para elegir a las autoridades que los habrán de gobernar por un tiempo determinado. Como un principio de la democracia esta la rotación de los ciudadanos que gobiernan; la postulación y el nombramiento de los mismos ciudadanos se considerarían como prácticas no democráticas.

La cuarta condición se vincula con el órgano electoral. El organismo que organiza y evalúa el proceso electoral debe respetar el derecho de la mayoría de los ciudadanos. Su actuación debe ser imparcial y, conforme a derecho, velar por que las autoridades electas sean las que hayan obtenido el mayor número de votos.

La mayoría de las elecciones municipales en el Estado de México cumplen de manera regular estas cuatro condiciones. No siempre ha sido así. La construcción de la democracia municipal se ha hecho a lo largo de varios años, hasta desembocar en la alternancia en el poder. Veamos el caso de un municipio donde, a raíz de las sucesivas reformas a la ley y las dinámicas propias, se fueron constituyendo las cuatro condiciones.

Los periodos

La reconstrucción de la historia electoral de estos ciento veinte años la hicimos de manera cronológica y establecimos cinco periodos a partir de las principales reformas políticas y electorales. El primero va de 1870, año en que se erige el municipio, a 1910, que coincide con el inicio de la Revolución mexicana. El segundo periodo, de 1910 a 1927, incluye los años de la fase armada de la Revolución y los primeros años posrevolucionarios. Un aspecto común de este periodo es que las elecciones se realizaban cada año.

El tercer periodo, de 1927 a 1945, abarca los años de reconstrucción nacional, que incluyen parte de la hegemonía del Partido Nacional Revolucionario, de Calles, y del Partido de la Revolución Mexicana, de Cárdenas, y coincide con la época en que las elecciones municipales fueron cada dos años. El cuarto periodo, de 1945 a 1969, corresponde a los años de institucionalización de la Revolución mexicana, paralelo a la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, y antecede a la primera gran reforma político electoral del país, en 1977.

El quinto y último periodo, de 1972 a 1990, inicia con el rompimiento interno del pri municipal y la creación del pps, continúa con las reformas de los años setenta, incluye el doble triunfo del pps en las elecciones municipales y culmina con la recuperación del poder por parte del pri. En esta etapa es donde se inicia la alternancia en el poder. Veamos algunos pormenores de estos cinco periodos.

Las elecciones a finales del siglo xix y principios del xx: 1870-1910

Abordemos, en primer término, el periodo comprendido entre 1870 y 1910. Las primeras elecciones municipales se dieron en noviembre de 1870, un mes después de la erección de Xonacatlán como municipio.

a) Elecciones indirectas en primer grado

En esta época la ciudadanía se otorgaba exclusivamente a los hombres. Los requisitos eran de diversa índole (Jusidman, 1998: 264-265). La edad se combinaba con el estado civil: los hombres casados podían convertirse en ciudadanos a los dieciocho años, pero los solteros tenían que esperar a cumplir los veintiún años para lograrlo. Está condición fue establecida desde 1830 en las Reglas para la elección de Diputados y Ayuntamientos del Distrito y Territorios de la República. La residencia era elemento central. La ley establecía que solo podían votar los residentes del municipio. La situación económica también importaba. La legislación establecía como requisito que la persona tuviera un modo honesto de vivir, que se complementaba con que no estuviera en proceso criminal o hubiese sido sentenciada. La situación cultural también fue relevante en los municipios de más de cinco mil habitantes. La Ley Electoral de Ayuntamientos de 1865 establecía que para ser ciudadano se requería saber leer y escribir. La exclusión de la ciudadanía para los analfabetos se mantuvo vigente de 1827 a 1870 (Ramírez y Díaz, 2011: 176), después de este periodo desapareció.

Las primeras cuatro elecciones en la incipiente vida de Xonacatlán, de 1870 a 1874, fueron indirectas en primer grado. El proceso era el siguiente. Se nombraba a un elector primario en cada una de las diez secciones en que se dividía el municipio. Posteriormente, la decena de electores se integraba en un Colegio Electoral, que procedía a realizar el nombramiento del ayuntamiento: un presidente, un síndico y tres regidores. Los únicos con derecho a voto eran los diez colegiados, pero podían seleccionar a cualquier ciudadano que tuviera elegibilidad; es decir, que reuniera todos los requisitos que marcaba la ley para poder ser votado (ahmx, 1870-1882: E. 1).

En estos procesos no eran los ciudadanos quienes elegían de manera directa a los integrantes del ayuntamiento, se hacía a través de sus representantes. Delegaban a uno de sus pares el derecho a elegir a sus autoridades. La participación de la mayoría de ellos se circunscribía a elegir a su representante de sección. En lo que toca a los candidatos que podrían ser elegidos, el procedimiento era especial. Los electores también eran elegibles, si cumplían los requisitos que marcaba la ley, así que podía darse el caso en el que los representantes de los ciudadanos se eligieran entre sí para los cargos públicos.

b) Las elecciones directas

Esta forma de elegir a los integrantes del ayuntamiento tuvo corta vigencia. A partir de las reformas de 1875, hechas a la Ley Electoral de 1871, se modificó el artículo segundo y desde entonces las elecciones municipales fueron directas. Esta medida sólo incluyó las elecciones de gobernadores y ayuntamientos municipales; las de diputados locales continuaron siendo indirectas en primer grado (Arreola, 1996: 348).

Esta reforma electoral se venía impulsando desde años atrás por los políticos de corte liberal, pero no había podido ser cristalizada. Los diputados del Distrito Federal la habían planteado desde 1846. Proclamaban "la necesidad de terminar con el sufragio indirecto para 'robustecer y fortificar el imperio de las mayorías sobre las minorías siempre injustas y opresivas' y de instaurar el sufragio universal” (Emmerich, 1985: 49). A partir de entonces, las elecciones de las autoridades municipales fueron directas. El proceso cambió.

Los ciudadanos alfabetizados escribían directamente en la papeleta el nombre del candidato de su elección y la depositaban en la urna. Los analfabetos, que eran la mayoría de los electores, votaban oralmente: llevaban su boleta en blanco hasta la mesa receptora, donde manifestaban verbalmente su decisión, los funcionarios la asentaban en la referida boleta y el elector la depositaba en la urna. Los funcionarios tenían la encomienda de que el voto oral se realizará de manera tal que los demás ciudadanos no se enterarán de la decisión del elector analfabeta (Arreola, 1996: 301).

Esta modificación significó un avance sustancial en la democracia electoral ya que a partir de ese momento serían los ciudadanos los encargados de elegir a sus autoridades por medio del voto directo, claro está, con las limitaciones que establecía el sistema electoral mexicano. Lo que no cambió fue la elegibilidad de los ciudadanos.

c) Los ciudadanos elegibles para cargos públicos

La mayoría de los ciudadanos no podían ser votados para un cargo público porque la ley prohibía a los asalariados postularse como candidatos. El artículo 23 de la Ley Orgánica Electoral de 1871 establecía que no podían ser presidentes municipales, síndicos ni regidores, ni todos aquellos individuos que estuvieran a jornal, los ministros de los cultos, los integrantes de la guardia nacional en servicio activo y los empleados públicos en funciones (Arreola, 1996: 295).

El punto clave era que se impedía a las personas que recibían un salario a aspirar a un cargo de elección popular dentro del ayuntamiento. Con esta medida se dejó al margen a la mayoría de los ciudadanos del municipio, pues únicamente se otorgaba elegibilidad a las personas que tenían una posición económica desahogada.

Esta circunstancia legal contribuyó para que durante cuarenta años, de 1870 a 1910, tres familias de posición más o menos estable, los Vicencio, los Martínez y los Navarrete, gobernaran el municipio de Xonacatlán durante veintiséis periodos, de un total de cuarenta. Lo que implica que el sesenta y cinco por ciento de estos años el poder político local estuvo repartido entre estas tres familias. Es importante señalar que en esta época el periodo de gestión de los ayuntamientos y, por ende, de los presidentes municipales, era de un año, así que cada doce meses había elecciones locales. La familia Vicencio fue la que gestionó y logró la erección del municipio. Las otras dos familias tenían relación con ella.

La reelección era práctica común. Las pocas personas que tenían elegibilidad y se interesaban por la política local, año tras año, se repartían los cinco espacios de poder municipal. Se dieron casos en los que un ciudadano era presidente municipal un año y síndico o regidor en otro, como es el caso de Camilo Navarrete, quien fue alcalde en siete ocasiones y regidor en dos más.

Los presidentes municipales se reelegían una y otra, ya sea un año tras otro o dejando un lapso entre periodo y periodo. Al respecto, la legislación no era clara. Si se interpretaba al pie de la letra el artículo 118 de la Ley Orgánica Electoral se tenía que en realidad impedía la reelección inmediata, pero no la mediata, ya que señalaba que los ayuntamientos se renovarían totalmente cada año (Arreola, 1996: 320). Como la ley se interpreta de diversas maneras, los presidentes municipales se reelegían de forma mediata e inmediata.

Veamos varios casos ilustrativos de la reelección en la vida política local: 1) Juan Vicencio, presidente por vez primera en 1881, se reeligió en 1884, 1892, 1893, 1896, 1900 y 1903, una reelección inmediata y cinco mediatas; 2) Camilo Navarrete, cuya primer alcaldía la ocupó en 1889, se reeligió en 1894, 1897, 1898, 1899, 1901 y 1902, tres de manera inmediata y otras tres de forma mediata, y 3) Ladislao Martínez, quien ocupó por primera vez la presidencia en 1872, se reeligió en 1874, 1876, 1880 y 1885, cuatro en total, todas ellas mediatas (ahmx, 1870-1882: E. 1-11; ahmx, 1883-1902: E. 1-18).

Esta práctica, que podríamos definir como antidemocrática, tal vez tenga causas que no lo son. Los ciudadanos elegibles para los cargos del ayuntamiento eran pocos y el número de ciudadanos interesados en ocupar la presidencia municipal resultaba reducido, puesto que se trataba de un cargo honorífico, sin sueldo, así que los pocos que cumplían los requisitos y querían ser presidentes municipales ocupaban el cargo una y otra vez. Esta práctica en el ámbito municipal tal vez fue una repercusión local de lo que sucedía a nivel estatal y nacional con las constantes reelecciones del gobernador José Vicente Villada y del presidente Porfirio Díaz.

La modificación de la forma de elegir a las autoridades locales, cuando se pasó de la elección indirecta a la elección directa, cambió la forma en que los ciudadanos participaban en la elección del ayuntamiento, pero no modificó sustancialmente el resultado de los comicios: se amplió el número de ciudadanos al reducir los requisitas para serlo, la mayoría de los ciudadanos no era elegible, el poder político se mantuvo en manos de unas cuantas familias y la reelección en los cargos fue una práctica común.

Las elecciones durante la Revolución mexicana y los primeros años de reconstrucción: 1910-1927

Para el periodo de 1910 a 1927 se dieron algunos cambios en la distribución del poder municipal y en los procedimientos para conseguirlo, pero se conservó una de las características distintivas de la etapa anterior: el monopolio del poder político.

Como consecuencia directa del movimiento revolucionario que conmocionó al país durante la segunda década del siglo xx y de las reformas hechas a la Ley Electoral, se amplió a un número mayor de ciudadanos la posibilidad de aspirar a un cargo de elección popular. Comparadas con las cinco anteriores, en estas dos décadas aumentó considerablemente la participación ciudadana en la disputa por el poder. Al respecto, podemos identificar dos momentos: a) uno que inicia en 1910, junto con las hostilidades revolucionarias, y termina con la promulgación de la Ley Orgánica Electoral de 1919, y b) otro que comienza con la aplicación de esta legislación y termina en 1927, último año en que legalmente el periodo de gestión de un ayuntamiento fue de doce meses.

a) La lucha armada poco impacta la democracia

En el primer momento, la disputa por el poder fue más concurrida debido al clima político imperante, propiciado por algunos grupos revolucionarios que sembraron en la población la idea de que se avecinaba una verdadera democracia, aunque circunscribían sus demandas al ámbito electoral: sufragio efectivo y no reelección.

Bajo ese supuesto, un número mayor de ciudadanos, que antes no lo habían hecho, participó en la disputa por el poder municipal. Pero, a pesar del aumento de la participación ciudadana, los cambios en la distribución del poder fueron muy reducidos: continuó en unas cuantas manos y los presidentes municipales lo fueron más de una vez, aunque de manera discontinua. Fueron cuatro los ciudadanos que ocuparon la presidencia municipal en ese primer momento: Félix Calderón, Pánfilo H. y Castillo, Francisco Ruaro y Ranulfo García, todos ellos alcaldes más de una vez (ahmx, 1904-1928: E. 3; ahmx, 1910-1919: E. 7-11).

A pesar de la inestabilidad política y social de la época, los procesos electorales de este primer lapso no sufrieron alteraciones de importancia, tanto en su procedimiento como en su ejecución. El único proceso electoral que sufrió una alteración fue el de 1914. En esta elección resultó ganador Adolfo Vicencio, quien anteriormente había ocupado el cargo tres veces (1905, 1906 y 1910), pero no llegó a tomar posesión, pues en enero del año siguiente se celebraron elecciones extraordinarias. No pudo ratificar su condición de alcalde electo en este nuevo proceso y perdió frente a Pánfilo H. y Castillo, quien también había sido presidente municipal (ahmx, 1904-1928: E. 6).

La anulación del proceso electoral de diciembre de 1914 se debió a causas externas. Poco después de los comicios, el Estado de México quedó bajo el control de las Fuerzas de la Convención y se dieron algunos cambios político administrativos. El general zapatista Gustavo Baz sustituyó a Rafael M. Hidalgo como gobernador de la entidad y ordenó suspender los comicios de diciembre y convocar a nuevas elecciones (Alanís, 1987: 132-135).

b) Se otorga elegibilidad a los ciudadanos asalariados

En el segundo momento, de 1919 a 1927, la participación ciudadana en la disputa por el poder fue aún mayor a causa de la modificación de la Ley Orgánica Electoral en 1919, promovida por el grupo constitucionalista. La ley amplió el marco de participación ciudadana en la lucha por el poder municipal al eliminar la fracción que impedía a los hombres que estuvieran a jornal ser votados para un cargo público (gem, 1919, Art. 121). La medida fue plausible: aumentó el número de candidatos a los cargos municipales, aunque no acabó con la monopolización del poder político.

En las elecciones de 1919, las primeras en que se aplicó la reforma a la ley, diez candidatos obtuvieron votos para la presidencia municipal; catorce, para la sindicatura; veinte, para la primera regiduría; veintinueve, para la segunda, veintitrés, para la tercera, y cuarenta y cinco, para la cuarta. Situaciones similares se presentaron en los procesos electorales siguientes. El cambio es significativo si se considera que en la época porfirista eran uno o dos los candidatos que obtenían votos para ocupar los cargos públicos. Pero, a pesar del aumento de la participación ciudadana en la disputa por el poder, este continuó en unas cuantas manos (ahmx, 1904-1928: E. 1O-15; ahmx, 1910-1919: E. 7-11).

De manera global, en toda esta etapa posrevolucionaria, el poder político estuvo controlado por los miembros de cinco familias: Mata, Ruaro, Castillo, Calderón y García. Únicamente en el año de 1926 la presidencia municipal fue ocupada por un miembro de la familia Ruiz, que habría de tener una participación decisiva en los siguientes periodos (ahmx, 1904-1928: E. 1-9).

El impacto de las elecciones municipales durante el periodo armado de la Revolución mexicana y los primeros años de reconstrucción fue poco. Las medidas encaminadas a aumentar la participación en la lucha por el poder resultaron exitosas, no así los resultados, puesto que el poder político municipal continuó bajo el control de unas cuantas familias y los presidentes municipales ocuparon el cargo en más de una ocasión, aunque de manera mediata. Los avances más significativos fueron la desaparición de la reelección inmediata de los presidentes municipales y la eliminación del requisito que impedía a los asalariados contender por un cargo público. Ambos triunfos políticos del movimiento revolucionario.

La presencia de clubes políticos locales y partidos políticos estatales y nacionales: 1927-1945

A partir de 1927 se dieron algunos cambios importantes en las elecciones municipales, la mayoría de ellos producto de las reformas a la legislación electoral. Los comicios empezaron a realizarse cada dos años como consecuencia directa de la reforma a la constitución local que amplió el periodo de gestión de los ayuntamientos de 12 a 24 meses. Aunque el primer ayuntamiento elegido para gobernar durante un bienio se nombró en 1928, fue hasta abril de 1931 cuando se reformó el artículo tercero de la Ley Electoral donde se consignaba que las elecciones ordinarias municipales serían cada dos años (gem, 1931, Art. 3).

a) Los presidentes y las sustituciones

Fueron nueve en total los ayuntamientos que gobernaron el municipio durante igual número de bienios. En cinco de ellos los presidentes concluyeron sin mayores problemas sus periodos de gobierno: Brígido Ruaro (1928-1929), Florencio Trujillo (1936-1937), Adulfo Trujillo (1940-1941), Amado Gutiérrez (1942-1943) Damián Gutiérrez (1944-1945). En los cuatro periodos restantes se suscitaron diversas situaciones que hicieron que en todos ellos gobernara más de un ciudadano (ahmx, 1931-1942: E. 1-11; ahmx, 1944-1958: E. 1-2).

Para gobernar durante el bienio 1930-1931 fue elegido como presidente Modesto Rojas, quien no terminó su periodo en virtud de que fue consignado por homicidio. El cargo que dejó vacante fue ocupado por el primer regidor Fidencio H. Rojas (ahmx, 1931-1942: E. 1-11). En el periodo siguiente, 1932-1933, se dio otra situación fuera de lo normal. El munícipe electo, José Esquivel, solamente gobernó durante el primer año, para el segundo fue sustituido por el primer regidor, Guadalupe Guadarrama. Esquivel ocupó entonces la primera regiduría que dejó vacante su sustituto. Esta situación antidemocrática resultó de un convenio establecido entre el ayuntamiento y la dirigencia del Partido Socialista del Trabajo del Estado de México (pstem). Quien había postulado al candidato ganador en ese momento había sido el partido estatal con mayor fuerza (ahmx, 1931-1942: E. 1-11). Para ocupar la presidencia durante el bienio 1934-1935 fue elegido Fidencio Rojas, pero tampoco concluyó su periodo de gobierno. Fue destituido en abril de 1935 por no cumplir satisfactoriamente con sus funciones. Siendo sustituido por el primer regidor, Samuel Guadarrama (ahmx, 1931-1942: E. 1-11).

El periodo de gobierno de 1938-1939 tampoco fue cubierto en su totalidad por el presidente electo. Vidal Almeida falleció al inicio del ejercicio de su cargo, así que fue sustituido por el suplente, José Valle (ahmx, 1931-1942: E. 1-11). En tres de los casos mencionados el munícipe fue sustituido por el primer regidor y en uno, por el suplente. Estas eran las dos opciones que contemplaba la ley para suplir la ausencia del presidente municipal.

b) Las planillas sustituyen a los candidatos

El procedimiento de las elecciones también sufrió algunos cambios en este periodo. En la elección de 1929, por vez primera, los candidatos se presentaron integrados en planillas. Hasta antes de ese año, los aspirantes se presentaban a la contienda de manera individual. A partir de esta elección lo hicieron en forma conjunta, integrados en planillas y respaldados por un club o partido político. Las planillas consignaban los nombres de los candidatos propietarios y suplentes a todos los cargos de elección popular: presidente, síndico y regidores.

La primera planilla ganadora estuvo respaldada por el pstem. Se integró por ciudadanos de los cuatro pueblos que integraban el municipio a fin de que el ayuntamiento propuesto fuera representativo del mismo. Solamente se aseguraban que el cargo de presidente municipal correspondiera a un vecino de la cabecera municipal, por ello no solo el candidato titular a la presidencia municipal tenía que ser residente de la cabecera municipal, sino también el candidato suplente y el aspirante a primer regidor, que eran las figuras que podían sustituir al alcalde de acuerdo con la ley.

Esta primera planilla fue modificada. Originalmente estaba respaldada por un club político local, constituido sobre los lineamientos de la ley. Cuando fue registrada bajo el emblema del partido estatal, los dirigentes le hicieron algunas modificaciones para hacerla representativa del municipio. A partir de esa elección la lucha por el poder municipal se hizo a través de planillas, respaldadas por clubes o partidos políticos municipales independientes o afiliados a algún partido político estatal o nacional. Era común que los clubes o partidos locales se constituyeran exclusivamente durante los procesos electorales para presentar una planilla y desaparecieran del ámbito político electoral. Algunos resurgían en las siguientes elecciones y otros desaparecían.

Los requisitos para integrar un club o partido político eran fáciles de cumplir. El artículo 148 de la Ley Electoral, de 1919, que había sido reformado en 1921, señalaba que los partidos y clubes políticos podían participar en los procesos electorales en caso de haber sido formados por una asamblea constituida, cuando menos, por cincuenta ciudadanos. Estos eran conducidos cinco días antes de los comicios por una junta directiva y realizaban su registro ante el ayuntamiento respectivo y la Secretaría de Gobierno (gem, 1921, art. 148).

Los procesos electorales de este periodo fueron dominados por clubes políticos locales organizados e integrados, en su mayoría, por vecinos de la cabecera municipal y afiliados al partido en el poder. Los primeros años fue el partido más fuerte en la entidad (pstem) y los siguientes el partido hegemónico nacional, como el Partido Nacional Revolucionario (pnr), el Partido de la Revolución Mexicana (prm) o el Partido Revolucionario Institucional (pri).

Por ejemplo, en las elecciones de 1935 fueron tres los clubes políticos que se presentaron a la contienda por el poder: el club revolucionario Lázaro Cárdenas, el club Emiliano Zapata y el club de la sección política de obreros y campesinos. La planilla vencedora fue la del club Lázaro Cárdenas, con sede en la cabecera municipal (ahmx, 1935-1951: E.4). El club estaba afiliado al pnr e integraba a vecinos de la cabecera municipal que en el futuro tendrían amplia participación política local. A partir de ese momento y hasta antes de la elección de 1981, el partido oficial, como pnr, prm o pri, postularía a todas las planillas ganadoras en las contiendas municipales.

c) La reelección desaparece y las familias cambian

En este periodo desaparece el fenómeno de la reelección discontinua para la presidencia municipal. A partir de entonces ningún presidente municipal lo fue más de una vez. Sin embargo, continuó la centralización del poder político en manos de unas cuantas familias, la diferencia estribó en que fueron distintas a las de los periodos anteriores. De las ya mencionadas, solo la familia Ruaro se mantuvo dentro de la élite política, y aparecieron otras que habrían de tener importancia: la Gutiérrez y la Trujillo. Asimismo, se incorporaron dos: la Rojas y la Guadarrama, que también tuvieron relevancia en este periodo, pero desaparecieron para el siguiente. Tres más tuvieron una participaron fugaz: la Almeida, la Valle y la Esquivel.

La oligarquía transportista y la élite política: 1945-1969

La mayor parte de los cambios en los procesos electorales durante el periodo de 1945 a 1970 fueron producto de las reformas a la Ley Electoral. Estas modificaciones reflejaron, a su vez, la situación política y social que vivía el país, en general, y el Estado de México, en particular. Por principio de cuentas se amplió el periodo de gestión municipal. A partir de 1946 los ayuntamientos durarían en funciones un trienio, así que las elecciones también se realizarían cada tres años. Esta ampliación se dio legalmente en septiembre de 1945 con la reforma al artículo 135 de la constitución local (gem, 1945, art. 135). Ese mismo año se eligió el primer ayuntamiento qué gobernó durante un trienio, 1946-1948, aunque el artículo 84 de la Ley Electoral fue reformado hasta mayo de 1947 (gem, 1947, art. 84).

Otra reforma relevante que, si bien no influyó decisivamente en los resultados de las elecciones de ayuntamiento, sí constituyó un gran avance en el proceso democrático electoral, fue el otorgamiento del voto a la mujer. El artículo 17 de la Ley Electoral local, de 1951 señalaba que las mujeres intervendrán exclusivamente en las elecciones municipales, en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de votar y ser votadas (gem, 1951, art. 17). Tres años después, en 1954, se amplió su participación en todas las elecciones de la entidad (gem, 1954, arts. 15 y 17).

En caso del municipio de Xonacatlán, esta innovación no trajo repercusiones directas en la vida política local en virtud de que ninguna mujer ocupó alguna alcaldía o algún otro cargo de elección popular, pero sí indirectas, ya que las mujeres fueron entusiastas participantes en los procesos, tanto en el momento de las campañas como a la hora de las votaciones. La intención primordial al otorgar el voto a la mujer fue la de ampliar las bases sociales del nuevo Estado mexicano, pues el sector femenino constituía una buena porción de la población mexicana adulta. Con esta medida también se logró la universalidad del voto, durante mucho tiempo pretendida en el sistema político (Puga y Trejo, 1989: 6).

Durante este periodo los candidatos a los distintos cargos públicos continuaron presentándose a la contienda agrupados en planillas. A lo largo de toda la etapa, la presencia del partido oficial (prm-pri) fue fundamental en la determinación de las planillas ganadoras. En todos los casos, el partido oficial abanderó a las fórmulas vencedoras. Estas, a su vez, estuvieron encabezadas, en la persona del presidente municipal, por vecinos de la cabecera municipal.

En este lapso se hizo patente el predominio político de la cabecera municipal sobre las delegaciones a pesar de los intentos de los pueblos periféricos para apropiarse de la alcaldía y, por añadidura, del ayuntamiento. La cabecera municipal continuó dominando a los ayuntamientos y, con ellos, el ámbito político local.

La primera etapa de la elección de 1945 tuvo como planilla ganadora a la encabezada por Amado Leviatan, vecino de la cabecera municipal, y candidato del prm. En este caso, la oposición corrió a cargo de una planilla compuesta, en su mayoría, por vecinos de Zolotepec (ahmx, 1935-1951: E. 10).

En la elección de 1948 la planilla vencedora fue la postulada por el pri y encabezada por José Gutiérrez, vecino de la cabecera municipal, hijo de un presidente municipal anterior, miembro del grupo transportista y dueño del casco del rancho de San Antonio (ahmx, 1935-1951: E. 7).

Para la elección de 1951 se presentaron varias planillas a la lucha, pero fue en el proceso preelectoral, la contienda interna del pri para determinar a la planilla ganadora, que representaría al partido en el poder en las elecciones. La ganadora del proceso interno, que era donde prácticamente se determinaba al futuro ayuntamiento, fue la encabezada por Claudio Trujillo, vecino de la cabecera municipal, miembro del grupo comerciante, hermano de un presidente anterior y cuñado del alcalde saliente. La planilla original fue modificada. Por mediación del pri, se insertaron a algunos miembros de las otras planillas para evitar conflictos internos. La negociación como estrategia política comenzó a ser utilizada en la distribución de las cuotas del poder (ahmx, 1935-1951: E. 13).

La elección de 1954 fue ganada por la planilla encabezada por Herminio González, comerciante de la cabecera municipal y residente del rancho de San Antonio, miembro del pri y vecino del presidente saliente (ahmx, 1944-1958: E. 8).

Los cinco siguientes ayuntamientos –de 1958 a 1969– fueron controlados, directa o indirectamente, por la familia Ruíz, en particular, y por el grupo transportista, en general. La primera elección fue ganada por Willibaldo Ruíz, por mucho tiempo también presidente de la empresa camionera de la cabecera municipal, y la última por Joaquín del mismo apellido, hermano del anterior y también socio de la misma línea de autobuses. El padre de ambos había sido presidente municipal en la década de los años veinte (ahmx, 1944-1958: E. 9; ahmx, 1960-1972: E. 1-9).

Las tres elecciones restantes fueron ganadas por personas que si bien no eran de la familia Ruiz, pertenecían a su grupo político. En todos los casos, las planillas vencedoras fueron abanderadas por el partido oficial, y los candidatos a la presidencia municipal tenían relación con la empresa transportista Cometa Azul, quien tenía el monopolio de la ruta Toluca-Naucalpan y sus ramales.

En este periodo el poder político estuvo, básicamente, en manos de los grupos comercial y transportista, únicamente el primer ayuntamiento fue controlado por una persona de otro grupo: el de los campesinos. Salvo esta excepción, las familias de los presidentes guardaban estrechas relaciones de parentesco y amistad. Todas ellas, aunque con distintos orígenes, convivían en la cabecera del municipio. La élite política de este periodo se desprendió de la oligarquía comercial y transportista de la cabecera municipal.

El proceso de transición: 1972-1990

La alternancia en el poder se inició en 1981 y se consolidó en la última década del siglo xx, pero los movimientos políticos y las reformas electorales que la gestaron empezaron en la década de los años setenta. Veamos este trayecto de poco menos de veinte años.

a) La participación del Partido Popular Socialista

En 1972, como en los años previos, la verdadera lucha por el poder municipal no se libraba en el proceso electoral, sino que se daba en la elección interna del partido hegemónico. En la elección del pri hubo una ruptura entre los militantes del municipio, pues la designación de la candidatura de un abogado, Gabriel Betancourt, oriundo de la cabecera municipal, pero radicado en la capital del estado, provocó el malestar de los políticos locales.

Un grupo de ciudadanos, encabezados por la familia García, abandonó el pri y propuso a su propio candidato: Santiago Estrada. Como la postulación tenía que hacerla un partido político, el grupo inconforme se contactó con la dirigencia estatal de dos partidos de oposición: el Partido Popular Socialista (pps) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (parm). Ambos le negaron el respaldo y su candidato se presentó como independiente. El día de las elecciones, los ciudadanos tuvieron dos opciones formales para sufragar, pero solo uno tenía posibilidades reales de ganar: la del pri.

Alonso (1985: 357) señala que, en esa época, cuando un grupo del partido oficial no ganaba la nominación para la presidencia municipal, vislumbraba otras opciones para llegar al poder. Una de ellas era ganar las elecciones sin romper definitivamente con el partido oficial. Presentaba a un candidato independiente y en su discurso manejaba que no estaba en contra del pri, sino de su candidato, para tener opción de retornar a él en un futuro cercano. Pero el grupo disidente no regresó al pri, un año después se integró al pps. Se empezaba a crear la base formal para el cambio.

El comité directivo municipal del pps participó en un movimiento social en contra del presidente municipal, que concluyó con su destitución. El 30 de enero de 1975 encabezaron la toma de la presidencia municipal. Las acusaciones contra el presidente eran por malversación de fondos públicos, alquiler indebido de la maquinaria del municipio, cobro excesivo de impuestos por concepto de agua potable e inhumaciones, maltrato a comerciantes, encarcelamiento de personas pacíficas y falta de obras de beneficio social (est, 30/01/1975: 1).

La solución del conflicto llegó del exterior. La cámara de diputados inhabilitó a todos los integrantes del ayuntamiento, titulares y suplentes, y nombró a nuevos (gem, 1975). El nombramiento de presidente municipal fue para un vecino de la cabecera, Julián Portillo, que concluyó sin mayor problema su gestión. La política del gobierno estatal fue evitar los conflictos de este tipo y aceptar las demandas de la población. Hasta ese momento, febrero de 1975, eran seis los presidentes municipales destituidos en la entidad (est, 01/02/1975: 1, 4).

En noviembre de ese año el pps participó formalmente en las elecciones municipales. Postuló a un residente de la cabecera municipal: Catarino Valdés. El pri, por su lado, respaldó la candidatura de un vecino de la cabecera municipal sin relación directa con la empresa transportista: Carlos Arista. El candidato del nuevo partido despertó la simpatía de los ciudadanos que no estaban de acuerdo con la manera en que se elegía a los candidatos del pri y con la forma en que estos gobernaban. El día de las elecciones, los militantes del pps realizaron una estrecha vigilancia de las casillas electorales y del proceso seguido por el órgano electoral. Querían evitar un fraude en esas instancias.

Ganó el candidato del pri, por una diferencia de 34 votos. La oposición trató de evitar la toma de posesión, como una forma de manifestar su rechazo a los resultados y a un supuesto fraude electoral, pero fracasó en su intento y se abstuvo de interferir en el ejercicio de gobierno; no obstante, continuó con su postura proselitista e intervino en movimientos sociales como la toma de la escuela secundaria de la cabecera municipal y la destitución del director del plantel, en septiembre de 1977. Las acusaciones fueron por malversación de fondos y maltrato a los estudiantes (est, 10/09/1977: 1). En el movimiento participó el anterior candidato del pps, quien integraba la mesa directiva de la sociedad de padres de familia de dicha institución.

b) El conflicto electoral de 1978

La elección municipal de 1978 se dio en un contexto diferente al de tres años atrás. Algunos sectores de la población pugnaban por la democratización del sistema. Quizá el movimiento estudiantil de 1968 fue el parteaguas en este proceso, cuyas secuelas a mediano plazo hicieron posible la reducción de la edad mínima para votar de veintiuno a dieciocho años, en 1969. El Estado mexicano trató de atender algunas de las demandas, y realizó varias reformas políticas. La más relevante fue la promulgación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, en 1977.

La reforma de 1977, junto con su antecesora de 1973, intentó ampliar los márgenes de tolerancia del sistema mediante el fortalecimiento de los partidos de oposición y la canalización electoral de protestas y demandas que pudieran ser disruptivas (Loaeza, 1985: 18). La idea fue reformar para detener el peligro del cambio; se intentó mantener el modelo político prevaleciente, pero perfeccionado (Villoro, 2003: 353). Lo que se pretendió en ese momento no fue democratizar, sino integrar (Córdova, 1986: 26).

A pesar de sus limitantes, esta reforma impactó directamente en la democratización del acceso al poder. Para adecuar la ley local a la federal, un año después se promulgó la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales del Estado de México (gem, 1978). En lo relativo al ámbito municipal, se dieron dos medidas de relevancia. La primera fue la creación de un nuevo órgano electoral. Se dejaba atrás la época en la que el poder ejecutivo organizaba las elecciones y el poder legislativo las calificaba. Ambas funciones recaían en un solo ente: la Comisión Municipal Electoral. Esta estaba conformada por cinco comisionados de la Comisión Estatal Electoral, el delegado municipal del registro estatal de electores y un representante por partido político (gem, 1978, art. 27). Si bien es cierto que la composición permitía su control desde el gobierno estatal, también fue el primer paso en ese proceso de ciudadanización del poder que cuenta los votos.

La segunda fue la incorporación de regidores de representación proporcional. Aunque esta ley solo se aplicó a los municipios con más de treinta mil habitantes, en 1983 se reformó el artículo 115 constitucional, y la medida se amplió para todos, indistintamente del número de pobladores con que contaran. La ley tenía un candado para los partidos políticos: la representatividad. Establecía que para obtener regidores de representación proporcional, los partidos debían presentar candidatos en cuando menos una cuarta parte de los municipios de la entidad y obtener más el 5.5% de la votación en los de hasta ciento cincuenta mil habitantes (gem, 1978, art. 189), como era nuestro caso en estudio. Las reformas a la ley creaban, poco a poco, las condiciones para la alternancia en el poder.

La designación de los candidatos a la presidencia municipal en 1978 fue muy cuidadosa. El pri pretendió integrar a todos sus sectores para evitar conflictos, pero su candidato, Miguel Condés, fue rechazado por sus propios militantes, por su vínculo familiar con el grupo transportista. El pps, por su parte, designó como candidato a un contratista de la industria de la construcción: Eliseo Rosales.

El candidato del pri ganó por una diferencia de 32 votos, dos menos que tres años atrás. El pps sostuvo la tesis del fraude electoral, por prácticas como la apertura anticipada de las casillas lectorales, donde se encontraron boletas marcadas con tinta roja cuando en la jornada solo se utilizó tinta negra, y urnas con un número mayor de votos que de votantes (est, 11/12/1978: 1). A pesar de las irregularidades, la Comisión Municipal Electoral validó la elección, y la Comisión Estatal Electoral refrendó el resultado. La postura política del gobierno era la de mantener todos los espacios de poder municipal bajo su control.

Los integrantes del pps realizaron una serie de movilizaciones en contra del fallo del órgano electoral estatal. Las protestas se centraron en la figura del presidente municipal electo. El gobierno del estado optó por la negociación. El presidente electo pidió un permiso por tiempo indefinido y su lugar fue ocupado por el suplente. Los integrantes de la planilla priísta, adeptos a Condés Torres, y los miembros del pps tomaron el palacio municipal en protesta por la medida: los primeros porque rechazaban al suplente y los segundos porque querían el reconocimiento de su triunfo.

Los miembros de la planilla ganadora se disciplinaron y el suplente tomó posesión del cargo en su domicilio particular, desde donde despachó los asuntos oficiales. Los miembros del pps llevaron sus protestas al gobierno federal, que les dio la misma respuesta que el estatal respeto al fallo del órgano electoral. Ante estas respuestas, el pps también tomó el camino de la negociación y acordó incorporar al ayuntamiento a dos de sus militantes como regidores. El conflicto postelectoral se terminó, y el pri mantuvo los 121 municipios del estado bajo su control, pero los militantes de la cabecera municipal quedaron divididos y los miembros del pps contaron con el reconocimiento social.

c) El triunfo de la oposición

Las elecciones de 1981 se dieron en un marco de disputa por el poder en el ámbito estatal: un nuevo gobernador propuesto por la federación y rechazado por amplios sectores del priísmo mexiquense. El gobernador, Alfredo del Mazo González, trató de legitimar su designación con actos de gobierno y estableciendo alianzas con diversos grupos políticos locales, entre ellos los partidos de oposición.

En el ámbito municipal, el pps postuló a su candidato de tres años atrás. El pri intentó conformar una planilla de unidad, pero su candidato, Camilo Gutiérrez, fue rechazado por los priístas de la cabecera municipal. La campaña del pri fue desarticulada y de poco sirvió para proyectar a su candidato. La campaña del pps despertó el entusiasmo de la población, tanto por los antecedentes de 1978 como por la impopularidad del candidato priísta.

El pps desplegó una red amplia de simpatizantes para vigilar las casillas electorales y convocó a sus seguidores para atestiguar la sesión del órgano electoral en el municipio. La abstención fue muy alta y el pps obtuvo el triunfo con solo 1,209 votos, 137 más que el pri (est, 14/12/1981: 1,4). La Comisión Municipal Electoral reconoció el triunfo del partido opositor, y la Comisión Estatal Electoral lo ratificó pocos días después. En el municipio de Aculco también se reconoció el triunfo del pan.

Estos resultados enrarecieron aún más el ambiente político estatal. Algunos priístas los calificaron de inaceptables, pues por primera vez el partido hegemónico perdía dos espacios de poder. Lo tomaron como un fracaso y culparon al gobernador de ello. El gobierno los miró desde otra perspectiva. El discurso del presidente de la Comisión Estatal Electoral así lo refleja: “estamos interpretando fielmente los lineamientos que nos dio el gobernador Alfredo Del Mazo González en el sentido de ser profundamente respetuosos de la Reforma Política y del voto de la ciudadanía” (est, 14/12/1981: 1). El propio gobernador lo había expresado una semana antes en una gira hecha por el municipio de Xonacatlán: “seremos respetuosos de los resultados de los comicios electorales y del ejercicio de las funciones de los municipios, dado que son autónomos” (est, 9/12/1981: 1,4).

Lo que algunos años antes habría sido una tragedia política para el partido hegemónico, el gobernador lo convirtió en una victoria, en su lucha por legitimarse y ganar espacios a sus adversarios de partido: permitió el reconocimiento del triunfo de la oposición en dos municipios sin mucha proyección económica o social, presentó a su estado como un espacio donde se estaba dando la apertura política y estableció alianzas estratégicas con los partidos de oposición.

d) Un nuevo triunfo del PPS

Las elecciones de 1984 se dieron en un contexto ensombrecido por la crisis económica de 1982 y el recrudecimiento de la lucha por el poder en el estado. La inflación, el desempleo, los despidos masivos y el establecimiento de topes salariales como consecuencia de la caída de los precios del petróleo y el aumento de las deudas externa e interna provocaron el descontento de las clases baja y media. La población culpó al pri y a sus gobiernos de la crisis, y el descontento se proyectó en varios ámbitos de la vida nacional y local, entre ellos el electoral. Loaeza sostiene que el repudio a la antidemocracia electoral era recompensado por la expansión de la economía que permitía la movilidad social ascendente (1985: 17). Cuando la economía se contrajo, la gente empezó a expresar ese repudio.

En el ámbito estatal, seguían los enfrentamientos entre el gobernador y los grupos políticos locales. El gobernador trató de controlar la distribución de las cuotas del poder para reducir la influencia de estos y seleccionó de manera personal a los candidatos (Chávez, 1984: 11). La selección de la mayoría de los candidatos del pri fue por designación, por dedazo, y algunos de ellos fueron rechazados por sus compañeros de partido.

La lucha por el poder municipal en Xonacatlán fue muy cerrada. El discurso priísta señalaba que no podía perder el municipio dos veces (est, 15/11/1984: 1). El pps, convertido en gobierno municipal, intentaba repetir su hazaña, pues se había dado cuenta que era posible derrotar al pri. Postuló a un profesionista de la cabecera de este territorio, Benjamín Portillo, familiar político de uno de los fundadores del comité municipal. El pri seleccionó a un vecino de la cabecera, David González, comerciante y miembro del grupo de transportistas del lugar. Otros tres partidos participaron en la contienda: pan, parm y psum (Partido Socialista Unificado de México). El candidato de este último partido era de la delegación de Zolotepec, y centró su campaña en convencer a la gente de la periferia de votar por él para quitar, de la cabecera municipal, el monopolio de la presidencia.

La vigilancia de las casillas electorales fue muy estrecha por parte de los partidos participantes y la emisión de los votos se dio sin mayores problemas. Al cierre de la jornada se produjo un incidente que marcaría los resultados. El vehículo que transportaba la urna de la casilla número siete al órgano electoral fue interceptado y esta desapareció. Solo quedó como evidencia de su existencia las copias del acta en manos de los partidos políticos.

Parecía que los votos de la casilla número siete serían decisivos, pero alguien había alterado los resultados. Las actas que presentaron los partidos no coincidían. Había dos versiones (Tabla 1). Una era del pri, la otra era del pps y los demás partidos.

Tabla 1

Tabla 1. Cifras de las dos versiones del acta de la casilla número 7

Elaboración propia con datos de ahmx, 1984: 3-4.

Las diferencias entre ambas eran en los votos del pps, el pri y los votos válidos. Las dos eran creíbles. Como el acta del pps coincidía con las de los otros tres partidos, parecía que el pri era quien la había alterado. Así que se tomó como válida la aportada por el pps. Pero los quinientos votos de diferencia entre una y otra fueron insuficientes, el pri obtuvo la mayoría. Al paso del tiempo, trascendió que el pps había alterado el acta de la casilla número siete: borró el número uno de los votos del pri (97 en vez de 197), convirtió el uno en siete en los sufragios a su favor (723 en lugar de 123) y manipuló el tres para transformarlo en ocho en los votos válidos (837 en vez de 337). Con estas modificaciones las cifras eran coincidentes. Luego se entrevistó con los dirigentes de los otros partidos, quienes hicieron lo propio. Así, el acta del pri sería la que no coincidiría.

Ante el reconocimiento del triunfo del pri, los representantes del pps, el psum y el parm convocaron a sus militantes, quienes sitiaron las instalaciones del órgano electoral y, bajo el argumento de fraude, obligaron a los funcionarios a emitir la constancia de mayoría a la planilla del pps. Cuando los simpatizantes se retiraron, la comisión municipal elaboró un acta contra el pps y emitió otra constancia de mayoría pero para el pri. Se habló, entonces, de un empate, no por el número de votos, sino por la duplicidad de las constancias (est, 19/11/: 1, 4).

El asunto pasó a manos de la Comisión Estatal Electoral. El pps presionó en el ámbito municipal y estatal para que se reconociera su triunfo. El órgano estatal lo declaró ganador por una diferencia de setenta y siete votos. El fallo desencadenó las protestas de los priístas, quienes sentían que les habían quitado el triunfo. Eran tantos los conflictos políticos que había en la entidad, que el gobierno optó por la negociación: se formó un ayuntamiento de coalición encabezado por el candidato del pps. El pps aceptó el trato, tal vez porque sabía que habían perdido la elección.

Contra los pronósticos, el pps volvió a ganar la elección municipal, una situación inédita en la historia reciente de la entidad. En Aculco el pri cumplió su objetivo y recuperó el ayuntamiento, pero reconoció el triunfo de la oposición en otros dos municipios: Tenango del Aire (psum) y Melchor Ocampo (pan). Poco a poco, en el ámbito municipal, la alternancia en el poder iba cobrando forma.

e) El retorno del PRI

Las elecciones de 1987 tuvieron como antecedente un conflicto entre miembros del pps y el pri. En noviembre de 1985 hubo un rompimiento entre el presidente municipal y el tesorero por el manejo de los recursos públicos. Los priístas tomaron el palacio municipal durante más de cien días y exigieron la renuncia del presidente. Varios dirigentes del pri en el estado se sumaron a la causa, un poco para apoyar el movimiento, pero, sobre todo, para poner a prueba la nueva ley que el gobernador había promulgado, la cual criminalizaba la toma de edificios públicos con fines políticos. Los priístas ya habían tomado los palacios municipales de Chimalhuacan y Nextlalpan y amenazaban con ocupar otros sesenta más. La incorporación del gobernador al gabinete presidencial terminó las diferencias con el priísmo estatal (Chávez, 1986: 18).

El conflicto en el municipio siguió el camino de la negociación. Se acordó no aplicar sanciones por la toma del palacio municipal y se prometió destituir al presidente si se le comprobaban las acusaciones. Se hizo una auditoría al ayuntamiento y solo se encontraron algunas irregularidades por parte del tesorero, así que fue a este a quien se destituyó. El presidente del pps se mantuvo, aunque víctima del descrédito, y el pri se colocó a la vanguardia en la defensa de las finanzas públicas.

El pri postuló a su candidato de tres años atrás, quien había tenido amplia participación en el movimiento de 1985 como presidente de su comité municipal y había creado vínculos con el priísmo estatal. La campaña se caracterizó por el despliegue de una gran cantidad de recursos. El pps no encontró a un candidato idóneo entre sus militantes, así que tuvo que postular uno de sus miembros fundadores y cuñado del presidente en turno: Eloy García. El partido estaba fragmentado. Su discurso de campaña fue triunfalista y se centró en evitar un fraude por parte del pri.

Con el propósito de evitar una situación que pusiera en peligro la seguridad de los funcionarios del órgano electoral, la policía y el ejército vigilaron el proceso. Aunque se denunciaron anomalías en las casillas electorales, como alteración del padrón electoral y votaciones múltiples (est, 10/11/1987: 1, 4), la jornada concluyó en calma. El triunfo fue para el pri. El pps se declaró víctima de fraude y amenazó con realizar movilizaciones. Pero la victoria del pri en las urnas había sido evidente, y el pps había perdido su capacidad para movilizar a la población. El pri también se la había ganado. Así que aceptó la derrota.

El resultado de la elección de 1990 fue semejante. El pri mantuvo el poder, pero se dio una recomposición de las fuerzas opositoras dentro del municipio, debido a los cambios en el contexto político nacional. La elección de 1988 para presidente de la república fue el factor que modificó el panorama político nacional, aunque el pri resultó ser el ganador después de la caída del sistema (Gómez, 1988: 86-87). En el Estado de México el pri obtuvo menos votos que el Frente Democrático Nacional (fdn): 29.7% para el pri, y 51.5% para el fdn. Como consecuencia del crecimiento electoral de la oposición en la entidad, el gobernador en turno, Mario Ramón Beteta, fue destituido, se le envió a un cargo federal secundario (Aziz y Molinar, 1988: 140). Otra consecuencia de los resultados de la elección presidencial de 1988 fue la reforma a la Ley Electoral: se creó el Tribunal Electoral (tece) para dar legalidad el proceso.

Con la desarticulación del fdn figuraron en el escenario político tres grandes partidos, tanto en el ámbito nacional como en el estatal: el pri, el pan y el Partido de la Revolución Democrática (prd). Parecía que por fin las elecciones podían ser competitivas. Los dirigentes nacionales de los tres partidos participaron ampliamente en las campañas electorales.

Para recuperar la credibilidad del electorado, el pri intentó democratizar su proceso de elección interna de candidatos. A pesar del interés que se tenían sobre las elecciones en la entidad, el gobierno priísta rechazó la presencia de observadores internacionales e incrementó sus viejas prácticas de alteración del padrón electoral y compraventa de votos (est, 09/11/1990: 1, 4). El sistema de cómputo para el conteo rápido también se colapsó y los resultados dejaron ver que la alternancia en el poder era asunto de unos cuantos municipios. El pri ganó en 117 municipios; el pan, en dos, y el prd, en otros dos.

En el municipio, el pps se debilitó notablemente y se fortaleció el nuevo partido, que lo había de sustituir con el paso del tiempo: el prd. La postulación de dos candidatos de oposición con posibilidades de triunfo facilitó la victoria del pri. La suma de los votos obtenidos por ambos (1,617 del pps y 1,461 del prd) superaron por diecinueve el número de sufragios obtenido por el pri: 3,059 (ieem, 2014). La dispersión del voto contra el partido en el gobierno fragmentó la oposición, lo que le quitó posibilidades de triunfo en las urnas. Con esta elección se cumplía el ciclo del pps e iniciaba el del prd, quien habría de continuar con el fortalecimiento de la alternancia en el poder en la última década del siglo xx y la primera del siglo xxi.

Balance del proceso de democratización

De acuerdo con los hechos antes vistos, hagamos un breve recuento del proceso de construcción de la democracia.

La universalización del voto

Sobre el otorgamiento de la ciudadanía a la mayoría de la población observamos tres momentos, todos ellos muy importantes. El primero se dio con la reforma electoral de 1875, cuando las elecciones pasaron de ser indirectas, en primer grado, a directas. La instauración del voto directo en la elección de las autoridades municipales incluyó a una parte considerable de los ciudadanos con el voto oral. El voto escrito no impidió a los electores analfabetos la posibilidad de participar. Como la mayoría de la población de la época no sabía leer y mucho menos escribir (las dos habilidades se enseñaban por separado), pues no tenía la posibilidad de asistir a la escuela ni la necesidad de ello, permitirles votar de manera verbal fue un avance importante.

El segundo momento se dio setenta y cinco años después. En 1951 se duplicó el número de ciudadanos que podrían sufragar con el otorgamiento del voto a la mujer. Antes de ello, la ciudadanía era un derecho exclusivo para el hombre. La mujer no podía participar en la elección de las autoridades municipales. La medida amplió considerablemente el tamaño del pueblo y eliminó las restricciones políticas relacionadas con el género de las personas.

El tercer momento fue en 1969, cuando se unificó a dieciocho años la edad mínima para votar. Anteriormente había un sentido de exclusión en función del estado civil de las personas. Los casados se convertían en ciudadanos a una edad más temprana: desde 1830 los solteros podrían votar a partir de los veintiuno, mientras que a los casados se les permitía desde los dieciocho años.

Las posibilidades de ser votado Desde la óptica del otorgamiento del derecho a ser postulado para un cargo municipal, se obse

Desde la óptica del otorgamiento del derecho a ser postulado para un cargo municipal, se observaron dos momentos: el acceso restringido y el acceso universal. El primer momento va de 1870 a 1927, y se caracteriza porque la ley electoral impedía a los ciudadanos asalariados postularse para ocupar un cargo municipal. Solo los propietarios tenían ese derecho. El segundo momento va de 1927 a 1990; se inicia con la reforma electoral que eliminó la cláusula que prohibía la participación a los ciudadanos sujetos a jornal y la posibilidad de que las mujeres participaran en la lucha por el poder. Ambas reformas fueron importantes en el proceso de democratización municipal, aunque a corto plazo no hayan tenido gran impacto.

Desde el punto de vista de las condiciones en que se postula un candidato, se observan, también, dos momentos: las candidaturas independientes y la conformación de planillas. El primero se da de 1870 a 1929, donde los candidatos se presentaban de manera independiente. El segundo se observa de 1929 a 1990, donde los aspirantes a los cargos de elección popular se tenían que presentar integrados en planilla, que, a su vez, tenía que contar con el respaldo de un club o partido político. Seguramente, en su momento, fue un avance postular a todo un equipo de trabajo para ocupar los cargos públicos en el municipio, y el respaldo de un partido garantizaba cierta representatividad de los candidatos. Desde la óptica de nuestros días, la medida fue un retroceso, puesto que dio a los partidos políticos la facultad de postular aspirantes y negó el derecho a los ciudadanos no militantes. La posible participación de candidatos independientes fue eliminada.

Las opciones para votar

En cuanto a la forma de sufragar, se observaron dos momentos: el voto indirecto y el voto directo. El voto indirecto solo se dio durante los primeros cuatro años e implicaba que no eran los ciudadanos, sino sus representantes, los electores primarios, quienes designaban a los presidentes municipales, síndicos y regidores. Diez representantes de los ciudadanos elegían un presidente, un síndico y tres regidores. El voto directo se dio durante los siguientes noventa y seis años. Los ciudadanos elegían de manera directa, ya sea mediante voto oral o escrito, a los integrantes de los ayuntamientos.

El avance fue significativo, dado que en el primer momento el ciudadano no tenía opciones para elegir a sus autoridades municipales, solo podía participar en la designación de un elector que lo representase en el proceso electoral. En el segundo momento, aunque los candidatos fueran los mismos un año tras otro, los ciudadanos tuvieron la posibilidad de participar en la elección de sus autoridades.

En cuanto a la forma en que se presentaban los candidatos a los procesos electorales, también observamos dos momentos bien definidos. En el primer momento, de 1870 a 1927, la elección era por cargo y los candidatos se postulaban de manera individual. Primero se realizaba la elección del presidente, después la del síndico y por último la de los regidores. Así que los electores primarios o los ciudadanos podían elegir de entre dos o más candidatos al presidente municipal, al síndico y a los tres o cuatro regidores.

En el segundo momento, de 1927 a 1990, los candidatos a los cargos municipales se postulaban integrados en planillas. Las planillas contemplaban a los candidatos titulares y suplentes a la presidencia, la sindicatura y las regidurías, y se daba un solo proceso de elección. Las planillas pasaron, en muy poco tiempo, de la representación local, en forma de clubes o partidos políticos, al respaldo de partidos políticos estatales y, finalmente, nacionales.

Durante cincuenta años, todas las planillas ganadoras contaron con el respaldo del partido hegemónico en turno. En este momento los ciudadanos perdieron la oportunidad de elegir a cada uno de los integrantes del ayuntamiento y lo hicieron en planilla: podían elegir de entre varias a la que los habría de gobernar durante dos o tres años. La medida podría considerarse como beneficiosa para la democratización municipal, pero la hegemonía de un partido político hizo que fuese intrascendente, puesto que el ciudadano votó para legitimar una elección que ya se había hecho con anterioridad.

En los últimos veinte años esa tendencia cambió y se inició la etapa de la alternancia en el poder. A partir de 1981 la ciudadanía tuvo, cuando menos, dos opciones con posibilidades reales de triunfo para sufragar. La creación y el fortalecimiento de un partido de oposición en el municipio junto con las crisis económicas, la apertura política, la modificación de los órganos electorales y la postura de negociación de los gobiernos estatales en turno, permitió la alternancia en el gobierno municipal.

El respeto de la voluntad de los ciudadanos

En la conformación del órgano encargado de planear las elecciones observamos dos momentos en el proceso de democratización. En el primero, el poder que cuenta los votos y valida las elecciones se mantuvo bajo el control del poder ejecutivo y el poder legislativo. El gobierno estatal organizaba los comicios y la cámara de diputados local los evaluaba. Este esquema fue propicio en la construcción del sistema de partido hegemónico. Los resultados de las elecciones no necesariamente reflejaban la voluntad de los ciudadanos.

En el segundo momento, que inicia en 1978, se inaugura el proceso de ciudadanización del órgano electoral, con la creación de las comisiones electorales estatal y municipal, en nuestro caso. Pero los resultados fueron limitados. Aunque el Poder Ejecutivo estatal dejó de organizar las elecciones y la cámara de diputados local ya no las calificó, el gobierno de la entidad y los partidos políticos fueron quienes tuvieron la representación en las nuevas instancias. En nuestro caso de estudio, el triunfo de la oposición dejó entrever que el nuevo órgano electoral fue respetuoso de la voluntad de los ciudadanos; no obstante, este respeto pasaba por la negociación y la postura política del gobernador en turno. Lo importante fue que la designación de las autoridades municipales se trasladó del interior del pri a los procesos electorales.

Según el control del poder político municipal, observamos cuatro momentos. En el primer medio siglo fueron los miembros de las familias relacionadas con la erección del municipio quienes se rotaron la presidencia municipal. En los siguientes veinticinco años (1920-1945) las familias que se posicionaron al frente de los ayuntamientos estaban vinculadas con la agricultura y el comercio. En otros veinticinco años (1945-1970) fueron las familias relacionadas con el grupo transportista quienes ocuparon la presidencia municipal. En los últimos veinte años lo hicieron personajes de diferentes familias, con distintas actividades y diversos orígenes quienes tuvieron el poder político municipal.

Desde la óptica de la relación centro periferia, todos los presidentes municipales de esos ciento veinte años fueron vecinos de la cabecera municipal. Los candidatos de los pueblos periféricos fueron síndicos o regidores, pero no presidentes. La metrópoli municipal se las arregló para controlar la posición de poder más importante del ayuntamiento. Todos los intentos de los pueblos periféricos por ganar la presidencia municipal en un proceso electoral fracasaron.

Conclusiones

En estos ciento veinte años de elecciones en el municipio de Xonacatlán podemos observar varios momentos que contribuyeron a la construcción de la democracia municipal. Sobre la universalización del voto, los avances fueron significativos. Se eliminaron los requisitos económicos y culturales para adquirir la ciudadanía, se otorgó la ciudadanía a las mujeres, se dio a los ciudadanos la posibilidad de elegir de manera directa a sus autoridades municipales y se unificó la edad mínima para votar.

En cuanto a la posibilidad de los ciudadanos para postularse a un cargo de elección popular, los cambios fueron en dos sentidos. Por un lado, se eliminó la restricción económica que impedía a los asalariados la posibilidad de contender por un cargo público y, por otro, se otorgó a los clubes y partidos políticos la exclusividad de la postulación de grupos de ciudadanos en la lucha por el poder. Un avance significativo en el proceso de democratización municipal y un retroceso que a la fecha continúa vigente, pues la ley no contempla las candidaturas independientes.

En lo relativo a las opciones que los ciudadanos tienen para elegir a sus autoridades municipales observamos pros y contras. Un avance notable fue la posibilidad que dio la ley a los ciudadanos de elegir de manera directa a sus autoridades, y no a través de un representante. Sobre la forma en que se presentaban las opciones hubo un cambio que no tuvo mayor trascendencia cuando se pasó de la elección individual de cada uno de los cargos a la elección en bloque por planilla. La medida que pudo ser plausible se convirtió en práctica antidemocrática cuando las planillas ganadoras se elegían en el proceso interno del partido hegemónico y los ciudadanos solo legitimaban una designación hecha con anterioridad. Esta tendencia cambió en los últimos años cuando el ciudadano tuvo opciones reales para sufragar.

Sobre el respeto a la voluntad popular, los resultados de las elecciones muestran altibajos. La conformación del órgano encargado de coordinar y validar los procesos electorales se mantuvo por mucho tiempo. Se empezó a democratizar a finales del siglo xx. Los retrocesos tuvieron que ver con el control de la presidencia municipal, por parte de unas cuantas familias, con vínculos familiares o económicos, tendencia que empezó a revertirse a finales del siglo xx. Otro elemento poco democrático fue el dominio que la cabecera municipal tuvo sobre las delegaciones, mediante el control de la presidencia municipal.

Posiblemente se podría afirmar, y con mucha razón, que los avances en la conformación de la democracia municipal fueron muy pocos a lo largo de muchos años, pero fueron la base para que en las últimas dos décadas del siglo xx se sustituyera el sistema de partido hegemónico por uno multipartidista. La democratización del acceso al poder en los municipios se dio mucho antes que en los estados y en la nación. Nuestro caso en estudio fue de los primeros y, por las condiciones de su contexto, solo le llevó once años.

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Notas de autor

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