El fraccionamiento territorial del Estado de México para la creación de los de Hidalgo y Morelos: la propuesta de la legislatura mexiquense de 1868 ^[1]

The territorial division of the State of Mexico for the creation of Hidalgo and Morelos states: The 1868 proposal of the State of Mexico’s legislature

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El Estado de México surgió en 1824 como parte constitutiva de la Federación; en ese entonces se le asignó una extensa superficie que abarcaba desde la Huasteca hasta la costa del Pacífico. Su territorio limitaba al norte con San Luis Potosí, al noreste con Veracruz, al noroeste con Querétaro, al sur con el Océano Pacífico, al este con Tlaxcala y Puebla, y al oeste con Michoacán. Esta demarcación era parte territorial de la Intendencia de México; además, estaba estructurada de manera estratégica en la parte central del país; circunstancia que, probablemente, otros estados envidiaban por su poderío político, económico y por tener en su seno a la capital.

En los años siguientes, este vasto territorio fue objeto de divisiones. Entre las más representativas están: las del Distrito Federal en 1824 y 1854, la de los estados de Guerrero (1849) y Tlaxcala (1863) y, finalmente, la que significó la separación total de Hidalgo y Morelos en 1869. La erección fue decretada por Benito Juárez, el entonces presidente de la República, con antecedente en la formación de tres distritos estratégicos en 1862 para defender al país de la Guerra Civil y de la intervención de las fuerzas invasoras francesas. Esta división militar fue el pretexto político para que algunos legisladores mexiquenses —en su mayoría representantes del norte y del cálido distrito sureño— buscaran la separación de sus respectivas comarcas para erigirlas como nuevos estados de la federación, proyecto que se discutió en 1868 en la legislatura local.

En las investigaciones sobre el continuo cambio territorial del Estado de México destacan las aportaciones de Marta Baranda y Lía García Verástegui (1987), David Lugo Pérez (1994 y 1997), Gerard L. McGowan (1998), entre otros. Sin embargo, no se tiene la información suficiente respecto al proyecto de fragmentación de 1868; año interesante porque al siguiente se crearon dos trascendentes estados: Hidalgo y Morelos. El presente texto tiene como objetivos analizar el contenido del documento que resultó de las discusiones sobre la creación de ambas entidades; además, se pretende describir el impacto que tuvo en los procesos legislativos del congreso mexiquense y federal al legitimar ambas erecciones porque se considera que las hipótesis expuestas omitieron argumentos importantes.

El desarrollo del artículo se situará en cuatro momentos para examinar el proceso de fragmentación del Estado de México al crearse los estados de Hidalgo y Morelos. El primero comprende entre 1857 y 1861; época caracterizada por la Guerra de Reforma o Guerra de los Tres años, en la que se prescribían las condiciones que habría de cumplir la Carta Magna para erigir nuevas entidades federativas. Durante este proceso varios grupos políticos separatistas aprovecharon las crisis políticas para proponer la erección de otros estados, aunque no se logró. El segundo se ubica en los últimos meses de la Guerra Civil y la proximidad de la Intervención Francesa en México; en este tiempo se motivó a experimentar la división del Estado de México en tres jurisdicciones militares, territorios muy cercanos a su ulterior forma perimetral y extensión.

El tercero se refiere a los años 1867 y 1868, periodo en el que ya estaba restaurada la República y había un aumento en la presión política para materializar a Hidalgo y Morelos como nuevas entidades. La transformación implicó una discusión reglamentaria en el Congreso de la Unión y en el parlamento mexiquense. El cuarto se asienta en 1869, cuando el Congreso federal resolvió la creación de ambas entidades y se emitieron los preceptos correspondientes suscritos por el presidente Juárez. Con estos cuatro puntos se procura responder a qué entidad de las que se proponía su creación resultaría más beneficiada territorialmente, y si la propuesta del legislativo mexiquense de 1868 se correspondería con los términos de los decretos de creación de los estados de Hidalgo y de Morelos de 1869, en cuanto a dotación y figura territoriales.

Para contextualizar, se retomará el texto El primer federalismo en el Estado de México 1824-1835 (2014) de María del Carmen Salinas Sandoval, en especial el capítulo “De la autonomía de Cádiz al federalismo mexicano”, donde se abordan temas referentes al sistema de organización política que adoptó el país. Salinas plantea la manera en la que el pacto federal, convenido en 1824, derivó en un sistema territorial y administrativo que condujo a la creación de la República Mexicana y con ello a la interrelación de dos niveles de gobierno: federal y estatal.

Por su parte, el libro Estado de México, una historia compartida (1987) de Marta Baranda y Lía García Verástegui, ofrece un panorama histórico relativo a la política, la extensión territorial —límites, montañas, valles y recursos vitales— y también brinda una perspectiva sobre el proceso de creación de los estados de Hidalgo y de Morelos que operaron como circunscripciones castrenses en que se fraccionó el Estado de México en 1862, en cuyos argumentos se esgrime la idea de que Toluca, como capital del Estado de México, centralizaba la vida económica, política y administrativa de la entidad y, por consecuencia, grandes áreas sufrían el abandono en esos aspectos e, incluso, en los judicial y militar.

Entre otros autores, David Lugo Pérez —en su obra Estado de Hidalgo: Historia de su creación (1997)— hace un estudio detallado sobre el proceso de formación de esa entidad. En sus explicaciones coincide con Baranda y García (1987) al mencionar que en Toluca se concentraba una serie de asuntos de la vida institucional de la entidad mexiquense. El historiador señala que el primer documento conocido en torno a la creación del estado de Hidalgo son las “Bases del programa de la comunión progresista de Tulancingo” (1997: 331) de 1861; éstas tocaron aspectos como el abandono político, económico, administrativo y demográfico del gobierno del Estado de México; asimismo, en el escrito se expusieron las exigencias para formar un nuevo estado, pues se enuncia que en ese ambiente de separación se ubicaban ciertas familias con intereses en los sectores minero, textil y pulquero, así como algunos terratenientes liberales que abogaban a favor de la creación del estado de Hidalgo, quienes no dudaron que era posible lograr la separación con el decreto de 1862 y al término de la guerra contra los franceses.

Por otro lado, para conocer el tejido histórico del estado de Morelos se consultó el texto Aspectos históricos de la formación de regiones en el estado de Morelos, desde sus orígenes hasta 1930 (2002) de Héctor Ávila Sánchez, en el que se presenta la conformación político-territorial de la región morelense desde que el Estado de México se erigió como entidad federativa en 1824, ya que en ese entonces el Distrito de Cuernavaca estaba constituido por tres partidos: Cuernavaca, Cuautla y Jonacatepec. El especialista menciona que el Congreso de la Unión implantó comisiones legislativas e intimó la consulta respectiva con la legislatura del Estado de México en 1868 para propiciar la conformación de una nueva unidad política con el nombre de Morelos.

Por su parte, en laHistoria general del Estado de México. Independencia, reforma e imperio (1998), edición de El Colegio Mexiquense, A. C., y coordinado por McGowan, hay un capítulo referente a los fraccionamientos provocados por la Reforma y la Intervención Francesa, como clave de la separación de los estados de Hidalgo y Morelos.

Además, se consultaron datos significativos emanados de la obra Benito Juárez. Documentos, discursos y correspondencia (1973), compilado por Jorge L. Tamayo, en el que presenta materiales referentes a los años que se estudian en este trabajo como algunas cartas entre actores de la legislatura local y la presidencia en las que se discutían las divisiones militares que derivaban en la disminución territorial del Estado de México para formar nuevas entidades.

De acuerdo con Edmundo O’Gorman (2012) en la época de la Conquista —en lo que hoy es México—, los gobiernos en turno hicieron grandes divisiones territoriales como fue la demarcación del llamado reino de México, el de Michoacán y el de Tlaxcala que consagraron el espacio colonial de los límites que determinaban esos territorios. En el caso particular de la jurisdicción de México, sus límites se trazaban desde el litoral del Golfo de México, en las proximidades de la desembocadura del río Pánuco, hasta la ribera del Pacífico, en las denominadas costa chica y costa grande.

En la época de consolidación del virreinato en el siglo XVII —plantea O’Gorman—, los españoles fraccionaron el territorio en 23 provincias mayores con una subdivisión que integraba al reino de México: provincia de México, Tlaxcala, Puebla de los Ángeles, Antequera y reino de Michoacán (2012: 13-15).

Más adelante, en afinidad con la implementación de reformas en el momento del arribo de la dinastía de los Borbones en 1718, con las instrucciones de una Real Ordenanza, en España se implantó el sistema político-administrativo de Intendencias que sobrellevó significativas reformas por la ley del 13 de octubre de 1749. Para insertarse en el espacio novohispano, este régimen se diseñó bajo el nombre de “Informe y Plan de Intendencias para el Reino de Nueva España” y fue exhibido por el visitador José de Gálvez y el virrey marqués de Croix en enero de 1768.

El plan preveía la creación de 11 intendencias tomando como base las unidades territoriales que integraban las provincias de la Nueva España de la siguiente manera: una general y de ejército con sede en la capital, México; y las otras diez que funcionarían como gobiernos provinciales para radicarse en las Californias, Sonora, San Luis Potosí, Durango, Guadalajara, Guanajuato, Valladolid de Michoacán, Puebla, Oaxaca y Mérida o Campeche. Hacia 1774, en tiempos del virrey Antonio María de Bucareli, el plan se reformó a 12 intendencias, en la que prevaleció, desde luego, la de México.

En 1786, finalmente, apareció la Real Ordenanza de Intendentes que fijó la creación de 12 intendencias y cuatro gobiernos provinciales. El barón de Humboldt supuso la extensión de la administración de México en 5,927 leguas cuadradas de 25 al grado (Humboldt, 2014: 109) — 117,370 km², aproximadamente—. Sin embargo, en 1821, después de consumarse el movimiento de Independencia de México, se trabajó sobre el modelo de nación más adecuado y conveniente, proceso que culminó con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1824. Este documento —en el título ll, sección única — señalaba la forma de gobierno del país y de las unidades integrantes de la federación como los estados y los territorios; los primeros fueron: Chiapas, Chihuahua, Coahuila y Tejas, Durango, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de los Ángeles, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora y Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; y los territorios eran: Alta California, Baja California, Colima y Santa Fe de Nuevo México.

El Estado de México surgió como una fuerza política, económica, social y cultural porque en su seno estaba la Ciudad de México —sede de las instituciones más importantes— como núcleo geohistórico del naciente país. No obstante, esto detonó diversos problemas para la organización de su gobierno interno desde su inicio como entidad político-administrativa, ya que no fue fácil administrar una superficie tan dilatada y con características muy heterogéneas sin una red de comunicaciones que permitiera brindar seguridad y oportunidades de desarrollo a sus habitantes (Baranda y García, 1987).

Como toda nueva entidad, se vio en la necesidad de establecer una vida institucional y para ello requería de una constitución específica e integrada por un órgano legislativo, un gobernador, una institución de justicia, una estadística y una representación cartográfica, entre otros elementos. Inicialmente, el primer Congreso local se emplazó en la Ciudad de México el 2 de marzo de 1824. Este cuerpo colegiado emitió en agosto de ese año la Ley orgánica provisional para el arreglo del estado libre, independiente y soberano de México, instrumento fundamental de gobierno en el cual se determinó que el espacio político estatal estaría integrado por ocho distritos —Acapulco, Cuernavaca, Huejutla, México, Tula, Tulancingo, Toluca y Taxco— en los que se distribuyeron 36 partidos y 182 municipalidades (BPCEM-FR, 1825). De esta manera, el territorio que se adjudicó el Estado de México procede del que poseía la Intendencia de México y se confirmó a la Ciudad de México como capital de la entidad.^[2]

La vida independiente del país atravesó desacuerdos políticos, dinámica en la que el Estado de México no estuvo exento; prueba de ello es la sucesión constante de presidentes de la República y gobernadores locales de 1824 a 1833. El Estado de México incluyó como jefes del Poder Ejecutivo a personajes de tendencia masónica que se alternaron el poder estatal en la misma temporalidad; ejemplo de ello son: Melchor Múzquiz, que asumió el cargo en de 1824 hasta 1827 y de 1830 a 1832; y Lorenzo de Zavala, de 1827 a 1830 y de 1833 a 1832.

En 1833 tomó las riendas del país Antonio López de Santa Anna, quien tenía, en ese entonces, un carácter conservador, por lo que el país adoptó un giro al centralismo; es decir, se asumió la administración pública desde la capital y se nombraron gobiernos delegacionales al interior dejando sin efecto ni validación a la Constitución de 1824. Asimismo, los estados fueron sustituidos por departamentos y los congresos locales fueron disueltos y suplantados por juntas departamentales; esto según la disposición de la nueva norma conocida como las “Siete leyes”, publicada el 30 de diciembre de 1836. Finalmente, se agregó el territorio de Tlaxcala y el Distrito Federal a la Ciudad de México.

El sistema centralista fue una opción durante casi una década (1835-1846). Según la historiadora María del Carmen Salinas Sandoval (2014), este régimen se vino abajo, entre otras razones, porque no logró ampliar su influencia a todos los departamentos, como sucedió con el de México, para atraer o cercenar el poder a los caciques militares y a los federalistas radicales. En ese momento intermedio, el escenario de la República Mexicana presentaba una serie de levantamientos militares que creaban inestabilidad social. El territorio mexicano se convirtió en un campo de batalla generalizado.

Al concluir el centralismo, el Congreso sesionó entre el 22 de agosto de 1846 y el 10 de agosto de 1847, en plena guerra de Estados Unidos contra México,^[3] y entonces se revalidó la división territorial prevista en la Constitución de 1824; la traza territorial de los departamentos quedó sin efecto y el mapa volvió a su condición republicana integrada por estados, "y al de México se le separaron el Distrito Federal y Tlaxcala" (Martínez, 2019:72). Así, transcurrieron los iniciales años de vida institucional del Estado de México, en un vaivén de posturas políticas en la que su territorio estuvo en la mira de los regímenes que se sucedieron.

El Estado de México tenía una gran extensión territorial. Sin embargo, su primera separación se dio cuando aún era intendencia, pues en 1823 la provincia de Querétaro decidió segregarse. Seguido de este recorte, el Estado de México se conformó como entidad federativa y su sede política fue la Ciudad de México, lo que abrió el debate entre si debía operar como capital de la entidad federativa y de la República simultáneamente. Esto dio lugar a considerar la posibilidad de que Querétaro fuera el asiento de los poderes federales, empero, se optó por la referida Ciudad de México y se formalizó con la ley del 18 de noviembre de 1824 en la que se instituyó a esa urbe como la capital principal, con un territorio formado por un círculo cuyo radio de dos leguas sería medido a partir de la plaza central de esa ciudad; por lo tanto, el Estado de México cedió 220 km² y le quedaron unos 105,520 km.

En este punto, es necesario señalar que la creación del Distrito Federal implicó que la administración federal y la estatal mexiquense operaran en la misma urbe, creando confusión política. En 1827 los poderes estatales se trasladaron a Texcoco y en 1828 a Tlalpan; posteriormente, se asentaron en Toluca, convirtiéndola en la ciudad capital del Estado de México desde 1830.

Años más tarde, ocurrió la separación territorial de la porción sur, incluida la línea de costa con el Océano Pacífico, para instituir el estado de Guerrero. El contexto de su formación se ubica al terminar el sistema centralista, momento en el que se consolidó la Constitución de 1824 y con ello nació la iniciativa, en 1847, de formar una nueva entidad; dicho proyecto lo patrocinaban Juan Álvarez y Nicolás Bravo. Ante las constantes presiones, la legislatura del Estado de México emitió un decreto el 16 de octubre de 1848, que consentía la demanda con la condición —apunta el historiador Gerald McGowan (1998)— de que los de Puebla y Michoacán admitieran detrimentos territoriales a favor de esta entidad.

Con esto, el Congreso de la Unión decretó la erección del estado de Guerrero el 27 de octubre de 1849. Los distritos que lo conformaron fueron: Acapulco, Chilapa, Taxco, Tlapa y la municipalidad de Coyuca. Entonces, el Estado de México concedió 51,572 kilómetros cuadrados de su territorio. Con la pérdida del área sureña, el Estado de México reconfiguró su organización territorial con 53,948 km² y quedó integrado por ocho prefecturas —Cuernavaca, Huejutla, Sultepec, Texcoco, Tlalnepantla, Toluca, Tula y Tulancingo—, 33 partidos y 158 municipalidades.

De 1852 a 1855, el país entró de nuevo al centralismo con el advenimiento de la última dictadura del general Antonio Santa Anna. El Estado de México se transformó en Departamento de México. Toluca, por su parte, dejó de ser la capital. Con la reaparición de Santa Anna, el Distrito Federal modificó su nombre por el de Distrito de México.

En esta administración, por decreto de fecha 16 de febrero de 1854, se amplió la jurisdicción de ese distrito y se perdió la figura circular:

Por el Norte próximamente, hasta el pueblo de San Cristóbal Ecatepec inclusive: Por el N. O. Tlalnepantla: por el Poniente los Remedios, San Bartolo y Santa Fe: por el S. O. desde el límite oriental de Huisquilucan, Mixcoac, San Ángel y Coyoacán: por el sur Tlalpam: por el S. E. Tepepa, Xochimilco e Ixtapalapa: por el Oriente, el Peñón Viejo, y entre este rumbo, el N. E y N., hasta la medianía de las aguas del lago de Texcoco (Dublán y Lozano, 1877: 49-50).

A pesar de este impacto territorial, en la visión de algunos personajes el espacio mexiquense seguía siendo muy grande; factor que dificultaba la gobernanza. Una de las opiniones al respecto era la del prestigiado y reconocido conservador Lucas Alamán, quien al revisar los grandes problemas de la República percibió que los climas, producción, variedad de costumbres, dificultades y extravío de comunicaciones propiciaban problemas para su administración. En tal sentido, opinaba específicamente sobre una división del espacio mexiquense más funcional que implicaba la creación de cinco estados: “México con todo el valle, Cuernavaca, Toluca, Tula y Tulancingo” (Alamán, 1852: 935), aunque quedó sólo como una idea.

Al término del gobierno de Santa Anna, se inició un nuevo proceso de redistribución del país bajo un sistema federalizado, que dio pie a la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos en 1857. En este documento se asentaron las unidades integrantes del territorio nacional: Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el territorio de Baja California. Como puede advertirse, se incluyó al estado del Valle de México, cuya creación estuvo condicionada a la salida de los poderes federales de la Ciudad de México —asunto complicado—.^[4] Además, dejaba la posibilidad de admisión de nuevos Estados o territorios a la unión federal; circunstancia que se aprovechó para formar futuras entidades.

A vísperas de que la Guerra de Reforma comenzara con la promulgación del Plan de Tacubaya, se postuló el pronunciamiento de los conservadores para derogar la Constitución liberal de 1857 y establecer un gobierno de reacción. Esto provocó un conflicto con el bando contrario que apoyaba la Carta Magna; a la par, se desencadenaron otras disputas orientadas a un roce bélico con Francia por deudas o porque Napoleón III era partidario de extender los intereses galos en América.^[5] El ejemplo más emblemático fue la Batalla del 5 de Mayo de 1862 que representó un triunfo militar para las fuerzas locales, aunque no fue concluyente, sino que avivó el afán francés de intervenir con más organización y consistencia sobre México.

En este contexto, el 7 de junio de 1862, el presidente Benito Juárez —impulsado por la opinión de su secretario de Relaciones Exteriores y de Gobernación, el general Manuel Doblado— trató de blindar a la capital con la creación de tres demarcaciones militares desprendidas del territorio del Estado de México. La primera capital correspondió a Toluca, la segunda a Actopan y la tercera a Cuernavaca. Una cuarta jurisdicción emergió de la estrategia complementaria que consistía en que Chalco, Otumba, Texcoco, Tlalnepantla y Zumpango "[…] se agregan al Distrito federal y quedarán sujetos a las autoridades constituidas y leyes vigentes en él” (Dublán y Lozano, 1878a: 474). Esta última división fue el antecedente para la creación de Hidalgo y Morelos como entidades federativas.

El 13 de diciembre de 1867, una vez derrocado al imperio francés con la ejecución de Maximiliano e instaurada de nueva cuenta la República, surgieron inquietudes entre la clase política respecto a la conveniencia de crear dos nuevos estados en la federación: Hidalgo y Morelos. Las ideas para fundar estas unidades político-administrativas surgieron desde antaño, pues en la Constitución vigente ya estaban establecidas las bases para su erección. Incluso, la Constitución previa —la de 1824— ya consideraba la formación de nuevas entidades dentro de las facultades del congreso general,^[6] aunque no establecía los requisitos a cumplir como el número de habitantes y medios de subsistencia esenciales para establecer la separación. Aun con los huecos legales y políticos, en 1849 se erigió el estado de Guerrero. Ocho años después, la Carta Magna de 1857 solventó la ausencia de esas estipulaciones.

Dentro de este proceso de promulgación, se establecieron las facultades del Congreso de la Unión. Una de ellas, señalada en el artículo 72°, donde le cede el poder de aceptar o denegar la erección de nuevos estados o territorios, siempre contemplando las normas señaladas en la Carta Magna.

Por ejemplo, para formar un estado, se debía considerar el número de habitantes —al menos 80 mil— y las condiciones indispensables para proveer su existencia política. También, era muy importante escuchar la opinión de las legislaturas del territorio tratado; su determinación sólo se daba si la propuesta era validada por la mayoría de las legislaturas de los otros Estados.

Las condiciones prescritas exaltaron los ánimos para iniciar el proceso de independencia territorial de Hidalgo y Morelos; en el Congreso de la Unión se exhibió una iniciativa para su creación. De esta manera, el 15 de enero de 1868, el Congreso de la Unión pidió a la Legislatura del Estado de México —entidad que se vería afectada por el eventual seccionamiento territorial— un informe sobre la viabilidad de crear estas nuevas entidades federativas.

De acuerdo con Lugo (1994: 233), uno de los antecedentes se sitúa el 13 de noviembre de 1861 en un documento titulado “Primera iniciativa con el objetivo o aspiraciones para que los antiguos distritos de Tula, Tulancingo, y Huejutla y el partido de Teotihuacan del distrito de Texcoco buscaran formar una nueva entidad soberana que se elevara a estado independiente del de México”, suscrito por Justino Fernández, José Luis Revilla y Alejandro Garrido, quienes eran comisionados por la junta de vecinos de las demarcaciones del norte del Estado de México residentes en el Distrito Federal. Argumentaban el abandono político, administrativo y económico que sufrían de las autoridades mexiquenses; incluso, según David Lugo (1994), mencionan que reunían todos los requisitos establecidos para erigirse como estado de la federación. Tesis similares se utilizaban en torno a la posibilidad de fundar el estado de Morelos. Sin embargo, con la Guerra Civil, Benito Juárez —con el decreto del 7 de junio de 1862— dividió el centro del país en tres jurisdicciones militares para defender a la capital.

Que en atención a que en el Estado de México ha venido a radicarse la guerra civil; que para terminarla hay extrema dificultad en razón de que por ella misma las comunicaciones se hayan interrumpidas en el mismo Estado y aun con la capital de la República, y a que la situación se prolongaría indefinidamente porque el Estado de México, tan extenso como es, no puede recibir los auxilios eficaces y directos que necesita, de su propia capital (Juárez, 1862 citado en Dublán y Lozano, 1878a: 473-474).

La primera circunscripción se compuso con los distritos secundarios de Ixtlahuaca, Jilotepec, Sultepec, Temascaltepec, Tenancingo, Tenango del Valle, Toluca y Villa del Valle; la segunda con los de Actopan, Apan, Ixmiquilpan, Huascazaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Zacualtipán y Zimapán; y la tercera con los de Morelos, Cuernavaca, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec. En un decreto adicional, de la misma fecha, se precisaban ciertas prerrogativas de carácter político y administrativo que les permitió operar de manera independiente del territorio mexiquense. Una de las facultades fue la de convocar a elección de diputados y que éstos tuvieran representación en el Congreso general. Este esquema territorial y político fue un factor notable para concretar la creación del segundo y del tercer distrito en entidades federativas.

De este acontecimiento se pueden destacar dos misivas expuestas por Jorge L. Tamayo (1973): la primera corresponde a Manuel Alas, presidente del Congreso local y un grupo de diputados, quienes expresaban su inquietud por la parcelación del Estado de México en términos de carácter militar, ya que a éstos se les dotaría de cierta autonomía política. Dicho documento es del día 9 junio de 1862; dos días después del decreto de los tres distritos. Ante este escrito se suscitó la réplica firmada por el presidente Juárez con fecha 10 de junio, en el que argumentaba que la medida política se tomó en defensa de la nación y que el Estado de México tenía una inmensa extensión territorial que se prestaba para la implementación de esa estrategia, pero que, una vez terminada la guerra de Intervención Francesa, todo regresaría a la normalidad. Esto último no sucedió pues, al finalizar el conflicto, la presión para que se diera pie a la formación de los estados de Hidalgo y de Morelos se intensificó.

En los primeros años del periodo conocido como la “República Restaurada”, al concluir el Imperio de Maximiliano, los impulsos para propiciar la creación de esas nuevas entidades fueron tomando forma. En un documento del 2 de julio de 1867 (Lugo, 1994) se solicitó que el Congreso de la Unión discutiera la división del Estado de México y se concretara la creación del estado de Hidalgo, a partir de la división en espacios militares cinco años antes. En el Congreso de la Unión, en efecto, se consideraba factible el fraccionamiento del Estado de México con base en las peticiones de los habitantes y de ciertos políticos que buscaban la erección de los estados de Hidalgo y Morelos, de modo que se juzgó conveniente tomar el parecer de legislatura mexiquense, por ser la parte afectada, en apego a la Constitución de 1857 en su artículo 72, mediante un comunicado con fecha 15 de enero de 1868. La respuesta a dicha petición es un informe emitido por la legislatura local, fechado el 22 de febrero del mismo año; documento que está dividido en dos partes: por un lado, el concerniente a un grupo de diputados que estarían a favor de la distribución territorial y, por otro, el del sector que se postuló en contra.

Quienes veían posible la creación de los estados de Hidalgo y Morelos manejaban la tesis de que podían funcionar como entidades autónomas; en parte, por la experiencia de la Intervención Francesa; y porque, además, reunían los requisitos establecidos en la Constitución vigente. Como justificación general, fue emitido un discurso lleno de elocuencia que sintetizaba la intención de no permanecer sujetos a la tutela del gobierno del Estado de México por la heterogeneidad de condiciones naturales, económicas y sociales que se distinguían en el vasto territorio estatal, de modo que no se percibía identidad del entonces norte mexiquense con la parte central del Estado, donde se asentaban los poderes políticos. Según el Expediente sobre división del Estado de México y formación de uno nuevo con el nombre de Hidalgo,^[7]

los pueblos, como los hombres, llegan en el curso de la vida a una edad tal y a tales circunstancias, que hábiles por sí mismos para manejarse y atender a sus necesidades y satisfacerlas, y teniendo todo lo necesario para su progreso, quieren con justicia sacudir la tutela bajo la cual vivían y emanciparse para de una vez del poder que les sujetaba (…). Es evidente que la unión da la fuerza; pero la unión de cosas que pueden estar unidas, porque a ello les lleva su naturaleza o el hábito, y no la unión de elementos heterogéneos: estos pueden sí unirse conservando su independencia natural; pero jamás podrían fundirse en uno, porque para ello sería necesario vencerlo todo, hasta la misma naturaleza (1868a: 9).

En primer término, se manejaron las características de cada porción territorial, incluida la parte central — que quedaría del recorte del Estado de México— regida por Toluca; en ella se señalaba la existencia de caminos integradores por los que se compartían intereses entre los pueblos agrícolas, cuya producción se destinaba al mercado central ubicado en Toluca. Al norte se dispersaba la identidad y se podían identificar distintas características topográficas y climas.

En la región del naciente estado de Hidalgo se argumentaba que la producción de esta zona no se dirigía a Toluca, sino que era distribuida en otras localidades, como Tulancingo, los Reales de Minas y Pachuca. Este último era considerado el eje de los lugares agrícolas, mineros y comerciales; por lo tanto, era el sitio al que se orientaban los productos naturales de los distritos de Tulancingo, Ixmiquilpan y Tula que recogían de “aquel centro común la plata que fertiliza los campos y da vigor a la industria” (Expediente, 1868a: 14).

Un problema advertido era la poca atención económica de esta área por la distancia entre estos espacios y que las autoridades no se habían preocupado en mejorar las comunicaciones terrestres. Por ello, los límites occidentales buscarían un camino al interior de la República para tener contacto con el sur, ya que por allí cruzaba el ferrocarril de Veracruz; al norte estaba el Puerto de Tampico atravesando la Huasteca; y al oriente se podría alcanzar Tuxpan, a 40 leguas (168 km).

En el sur —futuro estado de Morelos—la topografía se percibía en constante cambio, hasta adquirir “una atmósfera caliente” (Expediente, 1868b: 7); sus habitantes destinaban su producción a la capital de la República; además, en el paisaje predominaba la industria de los ingenios azucareros, la cual no tenía relación con la economía del centro del Estado de México, no sólo por las diferentes costumbres, sino también por la difícil comunicación con la capital estatal.

Con todo esto, los postulantes a favor se cuestionaban si reunían los elementos necesarios para que los dos distritos militares se convirtieran en estados libres y soberanos, de acuerdo con la fracción tercera del artículo 72° de la Constitución; por lo tanto, se asumían que:

En nuestro concepto los referidos elementos no pueden ser otros que el número de habitantes, la homogeneidad de sus costumbres intereses y porvenir, la extensión territorial, la riqueza de la propiedad, la importancia del comercio, y los productos de los impuestos bastantes a cubrir los gastos públicos, sin el aniquilamiento de la propiedad particular, o la absorción de todos sus frutos (Expediente, 1868b: 17-18).

En sus cálculos, los territorios propuestos tenían alrededor de 502,125 habitantes y 255,527, respectivamente, y en cuanto al nivel de desarrollo, señalaban que, a diferencia de Toluca:

los caminos del segundo y tercer Distrito estaban sin custodia; las cárceles, aun en el primero, eran inseguras (…); los cementerios estaban abandonados o mal situados (…); no había hospitales, pues, aunque se crearon, no fueron dotados especialmente (…); la industria era desatendida y la instrucción pública mal reglamentada o descuidada: ¿qué más? (Expediente, 1868a: 21).

Respecto a la justicia, se ponían como ejemplo que, a la distancia a la que se encontraba Toluca, diversos asuntos judiciales se veían afectados, pues:

¿quién irá a exigir y hacer efectiva la responsabilidad de ellos [los jueces], acaso por un asunto de $400 ó 500, si se tiene el peligro de ser robado y tal vez asesinado, si cuesta más el viaje y la dirección del negocio que lo que este vale…? (Expediente, 1868a: 15-16).

En relación con el tema rentístico, se señalaba que

actualmente el Congreso del Estado se ocupa de hacer renacer el impuesto que tiene por base la utilidad del individuo; pero ¡cuántas contradicciones sufre esa idea combatida en el seno de la Cámara y menospreciada fuera de ella! La razón de esto es bien clara: en el primer Distrito los productos de la tierra son por regla general del 8 ó 10 por ciento, los sueldos son respectivamente escasos, y la propiedad está menos dividida; de aquí procede que cualquier impuesto que comprenda a todos los que algo ganen (…). No sucede lo mismo en el segundo Distrito; allí una gran parte de la población es minera, la propiedad está más dividida, y produce la rústica un 8, 10 ó 15 por ciento (Expediente, 1868b: 15).

En torno a la seguridad pública, se exponía el caso de la Intervención Francesa; época en la que se fraccionó el territorio del Estado de México en tres distritos que operaron de manera independiente, pues asumieron un régimen interior que proporcionaba seguridad y, además, durante el conflicto “los identificó el espíritu de provincialismo y el del amor a la patria” (Expediente, 1868a: 20).

Otro rubro para considerar fue el valor de la propiedad, para cuyo desglose se basaban en los datos de 1851 —tal vez del informe de gobierno de ese año— y un aumento calculado de 25%. De esta manera, el Estado de México, ya reducido territorialmente, “se estimaría en $16,206,893.96 pesos; el de Hidalgo, $ 21,470,699.00; y el de Morelos $ 12,759,750.00” (Expediente, 1868a: 21). Por su parte, regresando al tema de la distancia de la capital del Estado de México como uno de los factores más graves e importantes, se planteaban que:

Supuesta la unificación, el resultado inmediato y sensible viene a ser el más craso entorpecimiento de la administración pública y de la de justicia; porque situada la capital del Estado a una distancia de más de cien leguas [419 km] de los confines de aquel, atravesada en mil partes por serranías y cordilleras de difícil acceso, los resortes del poder se debilitan a un extremo tal, que siempre se ha visto estar vigente y aplicarse en Toluca unas leyes contrarias o diversas a lo menos de las vigentes y que se aplican en el Distrito de Huejutla y aun en los confines al N. de Tulancingo (Expediente, 1868a:15).

Por último, en cuanto a la propuesta territorial, la extensión de la entidad mexiquense, que entonces abarcaba, según sus conjeturas, 3,204 leguas cuadradas (56,250 km²), quedaría repartido de la siguiente manera: 1,200 (21,067 km²) para lo que quedaría del Estado de México; 1,300 (22,823 km²) para Hidalgo y 704 (12,360 km²) para Morelos, tomando como referencia, para tal división, el Mapa general del Estado de México, levantado por Tomás Ramón del Moral, publicado en 1852 (figura 1),^[8] en el que eran visibles las líneas de demarcación de distritos, partidos y municipalidades que fueron tomadas en cuenta.

Figura 1
Mapa con la propuesta de división territorial, 1868
MOYB. El delineado de la división territorial propuesta es propio, con base en HPLEM-BDJMLM, fojas 2-4; e “Historia de un proyecto cartográfico: el primer atlas del Estado de México, 1827-1852”, de Miguel Ángel Flores Gutiérrez, p. 203.

De esta manera, el Estado de México lo compondrían las municipalidades de Acambay, Aculco, Almoloya [de Alquisiras], Almoloya del Río, Almoloya [el Grande], Amanalco, Amatepec, Atlacomulco, Calimaya, Capulhuac, Chapa de Mota, Coatepec Harinas, Cuautitlán, El Oro, El Valle [de Bravo], Huehuetoca, Huixquilucan, Ixtapan de la Sal, Ixtapan del Oro, Ixtlahuaca, Jilotepec, Jiquipilco, Jocotitlán, Joquicingo, Lerma, Malacatepec, Malinalco, Metepec, Monte Alto, Monte Bajo, Naucalpan, Ocoyoacac, Otzoloapan, Otzolotepec, Polotitlán, San Antonio la Isla, San Felipe del Obraje, San José Malacatepec, San Mateo Texcalyacac, Soyaniquilpan, Sultepec, Tejupilco, Temascalcingo, Temascaltepec, Temoaya, Tenancingo, Tenango, Teoloyucan, Tepotzotlán, Texcaltitlán, Tianguistenco, Timilpan, Tlalnepantla, Tlatlaya, Toluca, Tultepec, Tultitlán, Villa del Carbón, Villa Guerrero, Zacualpan y Zinacantepec.

El estado de Hidalgo se adjudicaría las municipalidades de Acaxochitlán, Achiotepec, Acolman, Actopan, Ajapusco, Alfajayucan, Apan, Atenco, Atitilaquia, Atotonilco, Calpulalpan,^[9] Chapantongo, Chiautla, Chicoloapan, Chilcuautla, Chimalhuacán, Cuautepec, Ecatepec, El Arenal, El Cardonal, El Chico, Huautla, Huascazaloya, Huehuetla, Huejutla, Hueypoxtla, Huichapan, Ixcuincuitlapilco, Ixmiquilpan, Ixtacayotla, Jacala, Metzquititlán, Meztitlán, Mineral del Monte, Mixquiahuala, Molango, Nextlalpan, Nopala, Nopaltepec, Omitlán, Otumba, Pachuca, Papalotla, San Salvador, Santa Ana Tianguistenco, Singuilucan, Tasquillo, Tecámac, Tecozautla, Temascalapa, Tenango, Teotihuacan, Tepeapulco, Tepeji del Río, Tepetlaoxtoc, Tepexpan, Tequisquiac, Tetepango, Texcoco, Tizayuca, Tlanalapa, Tlaxcoapan, Tula, Tulancingo, Tutotepec, Yahualica, Yolotepec, Zacualtipán, Zempoala, Zimapán y Zumpango.

Finalmente, el estado de Morelos se haría de las municipalidades de Actopan,** Amecameca, Ayotzingo, Chalco, Coatlán, Coyoacán,* Cuernavaca, Huautla, Ixtla, Ixtapaluca, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Milpa Alta,** Morelos, Ocuituco, Ozumba, San Ángel,* Santa Fe,* Suchitepec, Temamatla, Tenango Tepopula, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tláhuac,** Tlalmanalco, Tlalpan,* Tlaltizapán, Tlalnepantla, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Tulyehualco,** Xochimilco,* Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacualpan.^[10]

Con la clasificación anterior, los ponentes concluían que, en una visión optimista, si se llegaba a formar el Estado del Valle de México, de acuerdo con el artículo 46° de la Constitución, las tres entidades —México, Hidalgo y Morelos— “seguirían gozando de los elementos necesarios para su existencia propia” (Expediente, 1868a: 22).

En la propuesta en apoyo de la segmentación territorial del Estado de México subyacen temas no explícitos. Uno de ellos es la orientación marcada a la creación del estado de Hidalgo y, eventualmente, de Morelos. Hidalgo se quedaría con un 40.6% del espacio repartido, mientras el territorio mexiquense conservaría el 37.4 %, y Morelos se favorecería con apenas un 22%.

Con este supuesto, el Estado de México perdería por completo la zona oriental y, por ende, sus límites con Puebla y Tlaxcala. Finalmente, la propuesta plasmada en el mapa muestra que las tres unidades territoriales compartirían vecindad equitativa con el Distrito Federal —120°—, sin tomar en cuenta que esta demarcación ya había perdido su forma circular desde hacía 14 años. Estos datos conllevan la duda sobre si los legisladores que generaron el documento lo hicieron por ignorar las nuevas condiciones territoriales del distrito de la Ciudad de México o actuaron con dolo para obtener los beneficios descritos.

El segundo dictamen del expediente sobre la creación de los estados de Hidalgo y Morelos fue en contra; signado por otro grupo de diputados que estipulaba dos elementos centrales en la exposición: el primero corresponde al recorte del territorio estatal en el que se cuestionaba si las nuevas unidades políticas contaban con los elementos esenciales para garantizar su independencia; el segundo, respondía a que si se diera el caso de constituirse estas entidades, el centro del país quedaría fragmentado en pequeñas porciones “que alterarían el equilibrio político de la República” (Expediente, 1868a: 25); esto es: México, Hidalgo, Morelos y el virtual Valle de México.

En cuanto al cuestionamiento de estos legisladores mexiquenses respecto a si el Congreso de la Unión podía solicitar la opinión a la legislatura afectada sobre el fraccionamiento territorial para constituir dos nuevas entidades y si esto perturbaría a la Constitución local, según la fracción tercera del artículo 72° constitucional vigente, se puede afirmar que el Congreso sí estaba autorizado para requerir esa información; por otra parte, la Constitución mexiquense como norma secundaria, no podía estar en sus mandamientos por encima de la norma republicana.

Sobre el segundo tema, es probable que los diputados advirtieran un par de posibles escenarios: por un lado, el Estado de México perdería su influencia política y económica, pues era la única entidad que rodeaba por completo a la capital del país, incluido su distrito; por otro, al existir estos nuevos estados de la federación no sólo compartirían la influencia de la ciudad capital de la República, sino que también, al incorporar a los nuevos legisladores al Congreso de la Unión, se podrían conllevar dificultades en relación con los múltiples asuntos a discutir, al ser cada vez mayor el número de integrantes en dicha cámara.

El informe reseñado de la legislatura mexiquense —que reunió tanto las posturas a favor como en contra— se emitió el 22 de febrero del mismo año, al mes siguiente de la solicitud, y se envió al Congreso general. Una pregunta oportuna es: ¿se deliberó suficientemente en la legislatura mexiquense un tema tan delicado? Lo cierto es que las comisiones locales de Puntos Constitucionales y de Gobernación no lograron ponerse de acuerdo, razón por la que dejaron al criterio del Congreso de la Unión el dictamen sobre el tema a debate (cuadro 1).

Cuadro 1
Diputados mexiquenses que discutieron sobre la creación de los estados de Hidalgo y Morelos
Elaboración propia con base en el Expediente sobre división del Estado de México y formación de uno nuevo con el nombre de Hidalgo; en el Expediente sobre división del Estado de México y formación de uno nuevo con el nombre de Morelos; Legislaturas y legisladores del Estado de México (2002) de José Ramón Arana Pozos; y Los Congresos del Estado de México en el siglo XIX en los albores del siglo XX (2012) de Jorge Reyes Pastrana.

Una vez que la legislatura mexiquense lidió a finales del 1868 en torno a los futuros estados de Hidalgo y Morelos, aunque sin acuerdos, las opiniones se remitieron al Congreso de la Unión en un solo documento para su debate y eventual consentimiento. Esto con base en la Constitución de 1857 que, en su artículo 72°, fracción III, marcaba: “Oirá en todo caso a las legislaturas de cuyo Territorio se trate, y su acuerdo solo tendrá efecto si lo ratifica la mayoría de las legislaturas de los Estados” (Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 1857: 51).

Dicho documento, emanado de la legislatura mexiquense, fue editado en imprenta en dos partes, aunque su contenido es prácticamente el mismo: uno para la creación del estado de Hidalgo y otro para Morelos. En número suficiente para ser repartido a los diputados federales y a las distintas legislaturas estatales para que pudieran razonar su postura política y así cumplir con la fracción señalada del citado artículo constitucional (figuras 2 y 3).

Figura 2
Expediente de Hidalgo
Imagen tomada de la Colección Digital de la UANL (Expediente, 1868a)

Figura 3
Expediente de Morelos
Imagen tomada de la Biblioteca del AGN-CL (1868)

Una actitud opuesta fue la del diputado José M. Condes de la Torre, al afirmar que: “el 21 de mayo de 1868, el estado de México recibió un golpe terrible, dentro de sí se vio fraccionado, debilitado y abatido” (Tovar, 1872a: 505). Agregó, además:

En vano quisimos los que pertenecemos a aquel estado que no se fraccionase, en vano hicimos notar que no se observa la constitución y que la división estaba resuelta y sin que hablasen siquiera el número de oradores que señalaba el reglamento se declara la erección de un nuevo estado que era materia de un acuerdo económico y se nos privó de la palabra hasta el grado de que solo uno de nosotros pudiese hablar (Tovar, 1872a: 505).

Las palabras de este diputado dejan ver que la creación de la nueva entidad federativa era una decisión tomada en las altas esferas del poder político y, por ello, era necesario callar las voces discordantes que sólo detendrían el trámite parlamentario, tanto para Hidalgo como para Morelos.

En relación con el estado de Morelos, el diputado Francisco Zarco señalaba que “ese territorio tenía los recursos necesarios para sostenerse” (Tovar, 1872a: 561). Postura contraria fue la de Manuel Saavedra, para quien lo que en el fondo se apetecía “no era el engrandecimiento político del Estado de México sino su destrucción, y que las localidades que querían integrarse al nuevo estado no cumplían los requisitos constitucionales” (Tovar, 1872a: 602).

A pesar de los sentires encontrados cuando se declaró que estaba suficientemente discutido el tema de las nuevas entidades, con el asentimiento de un buen número de diputados y la validación de la mayoría de las legislaturas estatales —16 en total para cada caso— (cuadro 2) se cumplía con los requisitos exigidos en el artículo 72° de la Constitución vigente.

En el cuadro se puede apreciar que 12 de las 25 legislaturas se inclinaron por ambos proyectos de separación; es decir, menos de la mitad. Otras votaron a favor de un solo proyecto, como fue el caso de Jalisco; legislatura que se inclinó por Hidalgo, pero no por Morelos, sin una explicación sobre el particular. Otro ejemplo es el de Coahuila, que lo hizo en apoyo a Morelos y no a Hidalgo. Y hubo legislaturas que no se manifestaron a favor de ninguna, tal vez por la lejanía en relación con el centro del país, como sucedió con Chihuahua y Sonora. Cabe recordar que el parlamento mexiquense ya se había expresado a finales de 1868 con opiniones divididas, por lo que dejó que el Congreso de la Unión lo resolviera.

En tal virtud, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Gobernación consideraron que se podía decretar la erección de los estados de Hidalgo y de Morelos bajo los proyectos de ley correspondientes. Para el de Hidalgo, se asentó:

Artículo único. Queda definitivamente erigido en nuevo Estado de la federación, con el nombre de Hidalgo, la porción de territorio del antiguo Estado de México, comprendida en los distritos de Actopan, Apam, Huascazaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan, Zacualtipan y Zimapan, que formaron el segundo militar, creado por decreto de 7 de a Junio de 1862 (Tovar, 1872a: 737).

Cuadro 2
Validación de las legislaturas estatales
Elaboración propia con base en Tovar (1872a)

Aprobado el proyecto, Benito Juárez, presidente de la República, suscribió el decreto para la creación de esa entidad con fecha del 16 de enero de 1869. En cuanto a la segunda nueva entidad, el proyecto de ley quedó como sigue:

Artículo único. Queda definitivamente erigido en Estado de la federación, con el nombre de Morelos, la porción de territorio del antiguo Estado de México, comprendido en los distritos de Cuernavaca, Cuautla, Jonacatepec, Tetecala y Yautepec, que formaron el tercer distrito militar, creado por decreto de 7 de Junio de 1862 (Tovar, 1872b: 140).

Acto seguido, el presidente Juárez comunicó la prescripción con fecha 17 de abril de 1869. Un tema interesante es que la propuesta y opinión de la legislatura mexiquense de 1868, que señalaba la composición en pro de las tres entidades —México, Hidalgo y Morelos— no se confirmó del todo en los decretos finales de 1869, de manera que el Estado de México conservó las municipalidades de Acolman, Ajapusco, Atenco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Hueypoxtla, Nextlalpan, Nopaltepec, Otumba, Papalotla, Tecámac, Temascalapa, Teotihuacan, Tepetlaoxtoc, Tepexpan, Tequisquiac, Texcoco y Zumpango que solicitaba Hidalgo. Asimismo, Amecameca, Ayotzingo, Chalco, Ixtapaluca, Ozumba, Temamatla, Tenango Tepopula, Tlalmanalco y Suchitepec, que se pedían para formar parte de Morelos. Por último, Actopan, Coyoacán, Milpa Alta, San Ángel, Santa Fe, Tláhuac, Tlalpan, Tulyehualco y Xochimilco siguieron considerándose demarcaciones del Distrito Federal, que pretendía Morelos.

Los decretos de 1869 con los que se erigieron estas entidades ratifican la estructura territorial de los que fueron segundo y tercer distrito militar en 1862 (figura 4), y se descartó la propuesta formulada por los legisladores mexiquenses en 1868 mediante el informe solicitado por el Congreso de la Unión.

En suma, el Estado de México, desde su creación como entidad federativa, gozó de circunstancias políticas y geográficas de las que adolecieron sus pares, tales como su ubicación en el centro del país; una numerosa población; una economía pujante; tener una gran extensión territorial; y el hecho de rodear al Distrito Federal. Estas características, tal vez, generaron el celo político de otras entidades que ejercieron presión sobre las autoridades federales para propiciar el fraccionamiento del Estado de México, aludiendo a dificultades para su gobernanza, y crear así posibilidades para que nuevas entidades se beneficiaran de la vecindad con la capital del país, como fue el caso de Hidalgo y Morelos.

Figura 4.
Comparación territorial entre los distritos militares de 1862 (imagen izquierda) y la composición actual (derecha)
Elaboración propia con base en la plataforma Mapa digital de México en línea, INEGI.

El Estado de México surgió como una gran fuerza política y económica, cuyo territorio, de gran extensión, se localizaba en el centro de la República Mexicana, desde la Huasteca, ahora hidalguense, hasta la costa del Pacífico, del actual estado de Guerrero. Pronto empezó a sufrir reducciones territoriales, tal vez derivadas de esa situación geográfica o de las dificultades para administrarla. Y aun cuando en la Constitución de 1824 no se sabían los requisitos para crear nuevas entidades federativas a costa del territorio de las demás, se solventó la incertidumbre con la promulgación de la Carta Magna en 1857 razón que sirvió para alentar la erección de los estados de Hidalgo y Morelos, que tomaron parte del territorio mexiquense.

Con la Guerra de Reforma, y posteriormente la Intervención Francesa, se emitió el decreto fechado el 7 de junio de 1862, en el que el Estado de México se dividió y de ahí surgieron un segundo y tercer distritos militares. En este documento se asentó que ambas jurisdicciones debían operar con relativa autonomía política; factor que produjo un marcado interés en separarse en un futuro de la entidad mexiquense, considerando las condiciones establecidas en la Constitución de 1857.

Así, cuando concluyó el asedio francés, ambos distritos iniciaron los trámites para materializar su erección como estados, causa que, si bien fue de corta duración, 1868-1869, no fue un procedimiento fácil. Durante el proceso se protagonizaron fuertes debates en el seno del Congreso de la Unión y en la legislatura mexiquense, sobre todo porque el Estado de México se veía afectado.

Entre los documentos poco estudiados por la historiografía sobre este asunto político, se encuentra el que emitió la legislatura del Estado de México como resultado de las discusiones sobre la segmentación territorial. Este consta de dos partes; la más abundante es la que contiene explicaciones a favor de la creación de las nuevas entidades federativas, en los que impera el argumento de la falta de identidad de los habitantes respecto a la capital del Estado de México; y las dificultades propias del medio físico del territorio estatal.

En esta propuesta se vio una ventaja para las dos entidades, ya que, en materia de extensión territorial, como se mostró en el mapa (figura 1), Hidalgo se quedó con 71 municipalidades, Morelos con 41 y el Estado de México con 61. El segundo dictamen, mucho más corto que el primero, se refiere a la postura en contra de un grupo de diputados. Finalmente, en ninguno de los dos se logró un consenso, por lo que se dejó que el Congreso de la Unión atendiera a sus facultades y determinara la resolución.

En efecto, el proyecto de creación de los estados de Hidalgo y de Morelos fue discutido en el seno del Congreso de la Unión; en este evento, los legisladores federales ignoraron las tesis y elementos territoriales que propusieron sus pares en la legislatura mexiquense (a favor del recorte) y se abocaron a ratificar los límites y la extensión que se les concedieron mediante el decreto de su creación como distritos militares en 1862. Esto bajo el argumento de crear nuevas unidades político-administrativas en el centro del país y que estas tuviesen igualdad de oportunidades en cuanto a desarrollo y riqueza.

Lo expresado sugiere que la decisión del jefe del Poder Ejecutivo de formar ambas entidades se había tomado una vez que se restauró la República en 1867, y todo el proceso legislativo, tanto mexiquense como a nivel federal, fue únicamente un trámite para darle legitimidad. De esta manera, su erección se oficializó en 1869.

Por último, para un estudio posterior, valdría la pena sugerir la figura de Benito Juárez como reformador de la división política-territorial del país, ya que él suscitó la creación de los estados de Hidalgo y de Morelos en 1869, de Campeche en 1863 y de Coahuila y Nuevo León en 1864, así como la formación de algunos municipios en diversas entidades federativas.