Introducción

A partir de la segunda mitad del siglo xix se comenzó a formar una nueva clase trabajadora: la obrera, adaptada a la reciente situación fabril y carente de un respaldo legislativo laboral que le garantizara protección en sus condiciones de trabajo (accidentes, enfermedades, apoyo económico a la familia en caso de fallecimiento, horarios de trabajo, permanencia y salarios) y que cubriera sus necesidades básicas. Sin embargo, los dueños de los establecimientos no respondieron de manera favorable a las solicitudes de los obreros.

En ese mismo periodo y durante los últimos años de la etapa porfiriana se presentaron diversas asociaciones de trabajadores integradas por obreros y artesanos que iniciaban sus primeras experiencias en el trabajo fabril y con equipamiento más moderno. Dichas agrupaciones tuvieron lugar en distintos puntos de la República, principalmente, en los estados de Jalisco y Puebla y en la Ciudad de México. Estas han sido estudiadas tanto en lo general como en su estructura, sus principales objetivos y su funcionalidad. No obstante, se ha prestado poca atención a las que pertenecieron al Estado de México y cómo influyeron en la formación de identidad de la clase trabajadora.

Estudiar a las mutualidades permite conocer su organización interna, así como la función que desempeñaron, con el fin de resolver la situación económica de los socios y sus familias. Por tanto, es indispensable comprender de qué manera dichas organizaciones fueron acogidas por los obreros y la relevancia que tuvieron dentro de su contexto social, al ser sociedades que sentaron las bases para las futuras organizaciones de trabajadores. Asimismo, este trabajo pretende dar respuesta a la interrogante de cuáles fueron las formas de organización que los trabajadores asumieron para mejorar sus condiciones laborales durante el Porfiriato y la presencia que lograron tener en el país y particularmente en el Estado de México.

Por lo anterior, este artículo tiene como objetivo analizar la organización, la importancia social y la trascendencia ideológica de las principales asociaciones mutualistas del Estado de México durante el Porfiriato (1876 a 1910), las cuales tuvieron como respaldo ideológico la fraternidad y el apoyo mutuo entre sus miembros, ya que fue una de las primeras organizaciones de trabajadores en México que aglutinaron en su seno tanto a artesanos como a obreros con el fin de mejorar sus condiciones laborales, sociales y económicas.

El artículo está dividido en tres apartados. En el primero se analiza el desarrollo laboral de los sitios fabriles, los datos estadísticos que permiten conocer a fondo los salarios y el número de obreros y fábricas del Estado de México. En el segundo se desarrolla el contexto en que surgieron las mutualidades ysus principales funciones; asimismo, se enfatiza en las bases reglamentarias de las asociaciones fundadas en la entidad. El tercero responde a la relevancia de asociación para los trabajadores; entendida como la formación de una identidad de clase, cuyo proceso permitió la conformación de relaciones sociales mediante una interacción entre los integrantes en la que compartían sus experiencias de vida y de trabajo.

La metodología para realizar el análisis de las asociaciones mutualistas en el Estado de México partió de determinar tanto el contexto histórico en el que nacieron las mutualidades a nivel nacional (el avance fabril, particularmente en el sector textilero) como los datos estadísticos de los trabajadores (salarios y número de obreros y fábricas). Posteriormente, a partir de estas condiciones, se estudia la efervescencia del crecimiento de las organizaciones con el apoyo de las bases reglamentarias que se emitieron en mutualidades del Estado de México. Por último, se examinaron a profundidad las comunidades de trabajadores que compartían un modo similar de vida.

El enfoque con el que los investigadores han estudiado el tema va en función de conocer sus antecedentes, la situación social, económica y política que vivía el obrero, su estructura, los integrantes o socios, las condiciones de vida, la ideología y el papel que cumplió la prensa como intermediadora de las opiniones del proletariado a finales del siglo XIX. Entre los estudios de mayor relevancia que han abordado el mutualismo y su estructura, se encuentra el libro Del Estado liberal a los inicios de la dictadura porfirista, de Juan Felipe Leal y José Woldenberg (1986), el cual muestra la situación de la clase obrera, es decir, condiciones de vida y laborales, actividades cotidianas y formas de lucha; ello ha servido para reconstruir esos aspectos de los trabajadores manuales asociados a las mutualidades y para explicar el papel que jugó la prensa frente a sus necesidades y disgustos.

Las mutualidades han sido abordadas recientemente por autores como Miguel Orduña (2014), Vanesa Teitelbaum (2005) y Carlos Illades (2001); en sus investigaciones teorizan sobre el fenómeno asociativo y responden al proceso que llevó a los trabajadores a integrarse a las mutualidades; de igual forma, explican el sentido que asociarse tuvo entre sus integrantes. La autora Claudia Rivas (2014), en su trabajo “Las asociaciones mutualistas de trabajadores y la Iglesia Católica en Guadalajara, siglo XIX”, muestra otro carácter y enfoque de las mutualidades: las de tipo confesional, que, si bien no es el tema central de este estudio, ayuda a contextualizar las aseveraciones del presente y a no generalizar en que todas las mutualidades tenían un carácter de lucha social. Para aclarar el concepto de organización gremial, Sonia Pérez Toledo (2005) en Los hijos del trabajo. Los artesanos de la ciudad de México, 1780-1853, aclara los cambios que sufrieron los gremios desde la etapa colonial hasta el México Independiente, en donde los artesanos se vieron obligados a adaptarse a las nuevas disposiciones que restaban poder a las sociedades gremiales. Otra obra que aborda el mutualismo y el trabajo industrial es El movimiento obrero en el Estado de México: primeras fábricas, obreros y huelgas, 1830-1910, de Margarita García Luna (1996), el cual hace referencia a los inicios de la industrialización en el Estado de México, a la llegada de la nueva maquinaria y además presenta datos estadísticos de la cantidad de población, el número de fábricas y de obreros y sus salarios.

La obra El Proletariado Industrial en México (1850-1930), de Jorge Basurto (1975), estudia el ambiente social y el progreso de la industrialización que dejó como resultado un notorio aumento de obreros; también abarca los niveles de vida, los salarios y sus condiciones de trabajo y los orígenes de las primeras organizaciones propiamente obreras. Por su parte, Ciro Cardoso (1980), en su libro México en el siglo XIX (1820-1910), historia económica y de la estructura social, ofrece una interpretación socioeconómica del proceso de transición al capitalismo que se dio en México a partir de la acumulación de capital. Lo interesante de esta obra es que ubica dicha estructura durante la formación del Estado-nación, así como el triunfo del liberalismo y su influencia en el proceso de industrialización y el crecimiento de los obreros.

Para analizar la identidad de clase entre los trabajadores, diversos autores explican el reforzamiento de relaciones de los obreros a partir de la convivencia. La investigación “Comunidad, identidad y organización de la clase obrera mexicana, 1880-1920”, de Lief Adleson, Mario Camarena y Gerardo Necoechea (1990), expone las características de la identidad de clase que se formaron a través de las organizaciones obreras y la incorporación de elementos industriales y resalta la importancia de las mutualidades como intermediadoras de las comunidades de trabajadores y al conglomerar a cierta cantidad de miembros se llevaban a cabo convivencias que iban más allá de cuestiones laborales. El trabajo “La sociedad mutualista y moralizadora de obreros del Distrito Federal (1909-1911)”, de Felipe Ávila (1993), explica que, pese a las malas condiciones de los trabajadores, decidieron optar por seguir una línea pacífica que promoviera valores nacionales y relaciones armónicas con el objetivo de integrar a quienes se sumaron a las mutualidades.

Por consiguiente, las fuentes hemerográficas representaron el principal medio de difusión para la clase artesana y obrera en el siglo XIX, pues ofrecían información sobre la vida cotidiana y laboral de los trabajadores, sus salarios, los cierres de fábricas, la falta de garantías y leyes que los protegieran en caso de accidente o fallecimiento; incluso, se publicaron los reglamentos. Los periódicos consultados fueron El Hijo del Trabajo, El Socialista y La Convención Radical Obrera, los cuales difundieron los conflictos internos en las fábricas y en las asociaciones mutualistas; a través de ellos también se puede conocer cómo percibieron el surgimiento de una nueva forma de agruparse y cómo fueron conformando una identidad de clase.

El crecimiento fabril y las condiciones laborales de los obreros en el Estado de México

Durante la primera década del siglo xix se hizo notoria una decadencia de la artesanía gremial por las opiniones contrarias hacia las corporaciones; colocaban al artesano en una condición de perplejidad. El 8 de junio de 1813 las cortes de Cádiz decretaron la abolición de los gremios que, posteriormente, fue publicado por el virrey Calleja el 7 de enero de 1814. Con esta disposición, el artesanado obtenía la libertad de ejercer cualquier oficio e industria; es decir, tenía la facilidad para desarrollar un mercado libre sin la necesidad de incorporarse a los gremios que quedaban derogados. Como consecuencia, apareció el artesano libre, desligado de la corporación gremial (Pérez, 2005).

Pese a las disposiciones de 1814, existió una diferencia entre la legislación y su cumplimiento, pues los gremios continuaron en las décadas posteriores; sin embargo, el ataque a sus privilegios les restó poder. De este modo, los gremios subsistieron de manera independiente y continuaron con sus antiguas prácticas corporativas (Pérez, 2005). Los artesanos fueron colocados en una realidad diferente debido a la instalación de las primeras fábricas y el surgimiento del obrero. El hecho de que hayan quedado emancipados los orilló a no tener una organización laboral y a quedar desprotegidos.

El obrero se define como el trabajador que no cuenta con sus propios medios de producción y que depende del salario obtenido a cambio de la venta de su fuerza de trabajo (Leal y Woldenberg, 1986). Se caracterizó por tener una participación relevante durante el Porfiriato, pues fue el elemento principal para hacer funcionar las fábricas. En dicho periodo aparecieron las sociedades mutualistas en México, las cuales iniciaban con un proceso de organización que resolviera sus problemas laborales.

Respecto a la necesidad de reclutar a nuevos trabajadores para las zonas fabriles, Jorge Basurto (1975), en El proletariado Industrial en México (1859-1930), refiere que la situación con la mano de obra estaba siendo crítica en los años de la República Restaurada por dos razones: porque despojaron a las comunidades indígenas de sus bienes y, como consecuencia, antiguos artesanos y campesinos que no tenían trabajo fueron a las ciudades en busca de oportunidades; y porque la naciente industria no aseguraba empleo a toda esa gente. El panorama cambió durante el último tercio del siglo xix cuando el país tuvo que reclutar fuerza de trabajo en varias ramas de la producción industrial para hacerle competencia a las haciendas, aumentando así el éxodo rural hacia las ciudades.

Como efecto de la reforma liberal, hubo un reordenamiento profundo en distintos sectores del país, como el aspecto económico, que integraba a los medios de producción y a los trabajadores; no obstante, buscaba una separación entre ambos. Por lo tanto, este proceso económico “suponía la posibilidad de mantener a la mayoría de la población en situación de inferioridad de derechos y sin posibilidad alguna de influir en las decisiones” (Cardoso, 1980: 62). Así, la naciente clase burguesa en México, que comenzó a notarse en la Reforma, alcanzó madurez hasta el Porfiriato.

Así, en el Porfiriato comenzó una nueva fase de desarrollo económico, conocido como el periodo de transición al capitalismo; ese hecho provocó que las formas de producción de los artesanos urbanos fueran obsoletas ante las exigencias de un naciente modo de productividad. Los artesanos y trabajadores manuales fueron orillados a adoptar el trabajo fabril y recibir un salario, lo que los convertía en asalariados (Leal y Woldenberg, 1986). Esta situación colocaba al artesano en una posición de perplejidad, pues la mayoría de la fuerza productiva se concentró en las fábricas y no en los talleres.

Tal como lo indica Ciro Cardoso (1980), debido al éxodo rural y al rápido aumento de población a las ciudades, los patrones tuvieron la posibilidad de reclutar o contratar fuerza de trabajo de ese creciente número de migrantes para que fuera distribuida entre todas las ramas de producción industrial. En ese sentido, Jorge Basurto (1975) explica que las fábricas recurrieron a atraer mano de obra proveniente del campo para conseguir obreros mal pagados. De este modo, la fuerza de trabajo dedicada a las labores industriales aumentó en los últimos años del siglo xix, pues en 1895 había 693 mil trabajadores y en 1900 sumaban 803 mil, es decir, 110 mil más.

García Luna (1996), en su obra El movimiento obrero del Estado de México. Primeras fábricas, obreros y huelgas (1830-1910), afirma que el sector fabril tuvo un crecimiento notorio durante la segunda mitad del siglo xix, y fue, especialmente, el sector textil el que logró mayor auge. Algunas fábricas textiles contaban con un número importante de trabajadores, sobre todo de hombres, seguido de mujeres y niños. Las fábricas textiles La Colmena y Barrón y Miraflores reunieron a un mayor número de obreros, seguidas de Río Hondo, San Ildefonso, Arroyozarco, Zepayutla, Industria Nacional, San Pedro y Tomacoco; todas ellas pertenecientes a la rama de hilados y tejidos. En el Estado de México existía otro tipo de fábricas, como las de jabón, aguardiente, tabaco, cerveza, vidrio, azúcar, papel, velas y cera.

Cabe señalar que no todas las fábricas eran instaladas en las zonas urbanas, sino también en los espacios rurales. De acuerdo con Andrés García (2014), el modo de construcción de estos espacios se basó en un modelo fabril que implicaba el establecimiento de fábricas cercanas a terrenos rurales, lo cual resultaba más accesibles económicamente, además de tener la ventaja de estar cerca de un río para aprovechar la energía hidráulica, tal fue el caso de la fábrica San José Río Hondo, en Naucalpan, Estado de México. De algún modo, este modelo le sirvió de estrategia al dueño para contar con el servicio de sus trabajadores en todo momento, sin que existiera la desventaja de la lejanía o el ausentismo laboral.

Para muchos hombres y mujeres, el trabajo fabril representó una alternativa de subsistencia. La llegada de las fábricas reestructuró la economía de la población, debido a que ampliaron sus posibilidades de empleo, pero esto no aseguraba que mejoraran sus niveles de vida ni que disminuyeran las estrictas horas de trabajo impuestas por las medidas paternalistas. Con el establecimiento de las primeras fábricas en las haciendas, los patrones les proporcionaran viviendas,^[1] escuela, iglesia, tiendas y reglamentos a los trabajadores (Leal y Woldenberg, 1986). No obstante, había un descuento de su salario para obtener cualquiera de los anteriores recursos que solían ser obligatorios, por lo que los obreros no recibían sus jornales completos, beneficiando económicamente a los dueños.

El paternalismo fue un sistema de dominación fabril que supuso reestructurar los métodos de trabajo y las disciplinas e incentivos sobre la que pudieran actuar estos estímulos y castigos sin afectar las formas de trabajo. Dicho sistema disciplinario estaba encaminado a generar una nueva concepción del trabajo en el que el patrón imponía sus propias normas de comportamiento e interpretaba las necesidades de los trabajadores; bajo esta idea, el trabajo adquirió un carácter moralizante. Asimismo, quisieron inculcar hábitos de trabajo, ocio, higiene y salud (Camarena, 2001).

El dominio de los patrones también se vio reflejado en la forma de pago, ya que los dueños otorgaban a los obreros vales para que los cambiaran en las tiendas de las fábricas, lo cual generaba un endeudamiento con ellos. Las tiendas de raya formaban parte de un sistema fabril y tenían el objetivo de abastecer de productos a la gente del lugar; asimismo, puede entenderse como un monopolio porque evitaron el establecimiento de misceláneas o expendios, lo que beneficiaba a los dueños (Camarena, 2001). Por tanto, existía un considerable grado de poder de los propietarios hacia quienes hacían funcionar las fábricas.

En el siguiente cuadro se observar la cantidad pagada por jornal que obtenían los trabajadores de algunas fábricas.

En la tabla anterior se observa que los jornales no variaban mucho entre los obreros hombres, pero sí en el caso de las mujeres, pues algunas fábricas les pagaban la mitad de lo que recibían sus compañeros. Asimismo, las fábricas que contaban con un mayor número de obreros, como La Colmena, San Ildefonso, Miraflores, Río Hondo y La Industria Nacional, otorgaban un mejor pago de jornal en comparación con el resto. También es importante destacar que, en las fábricas textiles, el salario dependía de la labor o del cargo; por ejemplo, hiladores, maquinistas, tejedores y tintoreros tenían mejores jornales. En general, los obreros fueron sometidos a duros regímenes de trabajo, pues, debido a que a inicios del siglo xx el país experimentó una crisis económica seria, los patrones mantuvieron las ganancias a costa de bajar los salarios, de manera que la entidad mexiquense limitó los jornales; tal fue el caso de los trabajadores de la fábrica textil de San Ildefonso, quienes en un primer momento recibían 75 centavos y durante la crisis les disminuyeron a 50 centavos (García, 1996).

Referente a las jornadas de trabajo, Leal y Woldenberg (1986) mencionan que solían ser largas y agotadoras, pues oscilaban entre 12 horas o más, ya que comenzaban al amanecer y terminaban a las 10 de la noche, aproximadamente, sumado a que los dueños les negaban el descanso dominical y no les otorgaban el pago cuando eran sus días libres. Con lo anterior, se aprecian los estrictos lineamientos de las fábricas. Para ilustrar de mejor manera la situación de los trabajadores, existían disposiciones generales de los patrones hacia ellos, los cuales señalaban que, al ingresar a laborar estaban aceptando las condiciones y los horarios de trabajo y debían asistir la semana completa, a menos que presentaran una justificación.

En cuanto a la relación entre el patrón y el trabajador, destacan las formas en que el primero planteaba las normas laborales conforme a las cuales se sujetaban los trabajos. De acuerdo con Lóyzaga (2013), la comunicación solía ser directa, es decir, ambos tenían un acercamiento para que el dueño planteara (de forma verbal o escrita) aspectos generales y lineamientos de los reglamentos internos, como fue el pago de salarios, las normas sanitarias, el desempeño dentro del trabajo, el control de entrada y salida y las distracciones.

Para ejemplificar, hay un reglamento laboral escrito que pertenece a la Fábrica de Hilados y Tejidos de Tlalpan de 1886, el cual establecía los horarios de trabajo, el tiempo para comer, las multas por no acatar las normas e, incluso, la vestimenta de los trabajadores, pues hacía mención que los hombres no debían entrar con zarape ni sombrero ni las mujeres con rebozo (Leal y Woldenberg, 1986). En un primer momento, los estatutos no estaban formulados para prevenir los accidentes, y era un aspecto importante para cuidar del bienestar de los obreros, pero procuraban mantener el buen orden y la conducta adecuada en las horas laborales; por ello, los trabajadores no tenían opción de negociar la reglamentación.

Al faltar una normativa laboral, era necesaria la reglamentación para la protección de los obreros, ya que, emanada de la introducción de nuevas maquinarias, aumentaron los riesgos de accidentes debido a la mecanización de los procesos productivos. A pesar de ello, no se generó una respuesta inmediata del gobierno de México sobre la elaboración de leyes que protegieran a los trabajadores; por lo tanto, debido a las malas condiciones, se gestaron protestas, y a fin de evitarlas, en algunas entidades, los gobernadores, como José Vicente Villada, del Estado de México y Bernardo Reyes, de Nuevo León, obligaron a las empresas a indemnizar a sus obreros (Rodríguez, 2017).

Así, el Estado de México fue uno de los primeros estados en atender esos problemas laborales. La iniciativa estuvo a cargo del gobernador Vicente Villada, quien el 30 de abril de 1904 expidió el decreto número 46; la primera legislación sobre accidentes de trabajo que contemplaba los derechos de los trabajadores asalariados, entre ellos el pago de jornal o los servicios y gastos médicos en caso de accidentes o fallecimiento (Merlos, 1988). Posteriormente, en 1906, en Nuevo León, entró en vigor la Ley sobre Accidentes de Trabajo, cuyo objetivo fue armonizar de modo equitativo los intereses del obrero y del patrón.

La ley se originó a partir del descontento de la clase obrera ante las duras condiciones de trabajo, que se reflejaron en las huelgas de Cananea y Río Blanco (Rodríguez, 2017). Es posible que, a pesar de haberse expedido ambos documentos estatales, los obreros no tuvieran conocimiento de la existencia de una base legislativa para defenderse de sus derechos, en primera porque no sabían leer ni escribir y, en segunda, porque los patrones no difundían los decretos o leyes de protección a sus empleados, pues no era algo que les conviniera económicamente.

A partir de la abolición de los gremios y el incremento de establecimientos fabriles, nacieron nuevos espacios propicios para albergar a trabajadores, como las mutualidades que suplieron la ausencia del Estado. Gran parte de las enfermedades, los accidentes o los fallecimientos, aunados a las malas condiciones económicas, eran causados por el trabajo y no se atendían de forma inmediata por la falta de una estructura reglamentaria. Además, los trabajadores sabían que los problemas sobre las condiciones de trabajo tenían que ser resueltos por los dueños; sin embargo, al no ser atendidos por el gobierno ni por los patrones, ellos buscaron como alternativa su ingreso a las asociaciones mutualistas.

Conformación de las asociaciones mutualistas

Las mutualidades se definen como asociaciones voluntarias que admitían como socios a trabajadores honrados con un modo honesto de vivir, cuya estructura democrática les otorgaba la posibilidad de votar y ser electos para nombrar a sus funcionarios en favor de los beneficios de los socios. Su objetivo principal era la asistencia económica a los integrantes y cubrir carencias, así como sumar los esfuerzos de individuos que comparten una misma condición y obtener beneficios privados promoviendo el interés colectivo (Illades, 2001).

Ante la situación de adversidad económica que vivían los obreros, el mutualismo fue una medida de asociación para no dejar a sus familias desprotegidas y contar con un apoyo financiero en caso de impedimento laboral en las fábricas; las asociaciones de trabajadores constituían una necesidad propiciada por la etapa liberal. Por un lado, el mutualismo estuvo formado sobre la base de ayuda mutua, lo que provocó un sentimiento de fraternidad y solidaridad entre los miembros y socios; por otro lado, funcionaba a través de fondos de ahorro para beneficio de los asociados.

De acuerdo con Vanesa Teitelbaum (2005), las sociedades tenían como prioridades: difundir la educación y la moralidad entre los integrantes, perfeccionar el oficio que realizaban, otorgar préstamos, crear talleres y participar en actividades filantrópicas. Por ello, los obreros y artesanos debían intervenir activamente en cualquier momento, pues el beneficio directo era tener un lugar al que acudir en caso de necesidades, aliviar la pobreza a través de la ayuda mutua e, incluso, recibir consejos del resto de los miembros.

A manera de contexto, la primera agrupación de trabajadores que se creó después de los gremios fue la Junta de Fomento de Artesanos, en 1843, la cual tuvo como prioridad promover la producción artesanal y establecer fondos de beneficencia para amparar a los miembros de las Juntas. Fue hasta 1857, al promulgarse la Constitución, que fue sancionado el derecho de asociación en el artículo 9° de la Carta Magna. A partir de la aprobación de esta ley, en la década de los sesenta se dan amplias posibilidades para la formación de los primeros grupos asociacionistas en México. Asimismo, la medida tuvo una buena aceptación por parte de los trabajadores, organizando las primeras asociaciones mutualistas (García, 1996).

Como antecedente de las sociedades mutualistas, se encuentra la “Sociedad Particular de Socorros Mutuos”, fundada el 5 de junio de 1853, que tuvo una influencia destacada al servir de modelo para el resto de las asociaciones que surgieron después de la aprobación del derecho de asociación. La estructura del estatuto reglamentario de la sociedad tenía bases sólidas, sostenidas bajo los principios de las cofradías;^[2] es decir, estaban sustentadas por la fe y los valores morales, cuyos principios eran la honradez, el amor y respeto al prójimo y promover en sus miembros el apoyo mutuo en épocas de necesidad social, religiosa y económica. Posterior a su fundación, le siguieron otros modelos asentados en la capital y en distintos puntos de la República (HNDM, 1902). Referente al cumplimiento de las cofradías, además de atender los requerimientos espirituales, debían satisfacer lo que hoy se conoce como seguridad social a los miembros, es decir, cuidado médico en la enfermedad, asistencia médica por estar inhabilitado del trabajo o el pago del entierro cuando acaecía la muerte (Orduña, 2014).

En los años cincuenta del siglo xix se buscó fortalecer la unidad nacional que aglutinara a los diferentes sectores sociales del país. Dicha labor sería impulsada por la nueva generación liberal; de esa manera, los regímenes conservadores ya no los tomarían en cuenta. A la par de ese momento, se encuentra el origen del movimiento asociativo:

Ello se debe a que las sociedades protestantes, igual que las demás sociedades de idea, se proponían crear un pueblo de ciudadanos que poco a poco constituirían el pueblo político, base de una democracia representativa y de una cultura política moderna (Bastian, 1994: 93).

Las sociedades modernas en transición (artesanos, obreros, comerciantes, empleados, entre otros) fueron las encargadas de difundir las ideas liberales. Como ejemplo de ellas, están las asociaciones mutualistas del naciente movimiento obrero y las sociedades protestantes impulsadas por un común liberalismo. Particularmente, las sociedades de obreros estaban optimistas en conformar agrupaciones que reemplazaran las antiguas organizaciones corporativas (Bastian, 1994).

Las mutualidades fueron planteadas por los propios trabajadores que buscaban hacer frente a los cambios que amenazaban a la clase trabajadora y pretendían tener el respaldo y la aprobación de las autoridades. Los grupos liberales veían en las asociaciones espacios que impulsaban la moral, la honradez y el fomento a la educación; valores que el propio gobierno quería inculcar a la sociedad. Con base a estos ideales, los liberales avalaron las mutualidades y, como consecuencia, los miembros de las asociaciones tenían permitido intervenir en actividades filantrópicas o en actos patrióticos. En algunos casos, la organización posibilitó la participación de los integrantes en la arena política; por ejemplo, la Junta de Artesanos tuvo reuniones para apoyar la candidatura de Ignacio Comonfort y así expresar los derechos de los trabajadores (Teitelbaum, 2005). De esta manera, las asociaciones de apoyo mutuo se vieron involucradas en actividades políticas, en tanto que los integrantes de las asociaciones se agruparon para fines particulares y promover sus intereses.

Numerosas mutualidades funcionaron como clubes políticos, ya que algunas mantenían relaciones con personalidades de la política, debido a las donaciones a cambio de la simpatía en los actos públicos. Su participación en estos círculos sirvió para hacer oír la voz de los trabajadores ante las autoridades públicas y conformar núcleos de asociación política que apoyaran sus intereses y reivindicaciones (Leal y Woldenberg, 1986).

En gran medida, las asociaciones mutualistas tenían un carácter de lucha social, pero es indispensable mencionar la existencia de otra manifestación del asociacionismo, tal como refiere Claudia Rivas (2014) sobre una mutualidad de tipo confesional promovida por la Iglesia Católica, la cual, además de aminorar la incertidumbre económica, buscaba fines religiosos de carácter moral, educativo y recreativo. Así, la Iglesia Católica de Guadalajara participó en una cuestión social derivada de una encíclica papal (emitida el 15 de mayo de 1891), la cual advertía de doctrinas socialistas, anarquistas y liberales e invitaba a los patrones a ser caritativos con sus trabajadores; incluso, reconocía el derecho a asociarse, preferentemente, en organizaciones cristianas.

Para este momento, el gobierno de Porfirio Díaz inició una reconciliación entre la Iglesia y el Estado; por ello, también consentía el lanzamiento de programas sociales y así recuperar la influencia de la clase trabajadora. A partir de entonces, se fundaron la Sociedad Católica de la Nación Mexicana (1869), el Círculo de Obreros Jaliscienses (1874), la Sociedad de Socorros Mutuos Hija del Trabajo (1879), el Círculo de Obreros Sociedad Alcalde (1884), cuyas asociaciones ofrecían la ayuda mutua entre los trabajadores, pero incluían el adoctrinamiento católico (Rivas, 2014). Mientras que la mayoría de las asociaciones identificaba un discurso para una sociedad más igualitaria y señalaba las injusticias de los patrones, las asociaciones católicas rechazaban el conflicto de clase y le daban valor a la caridad cristiana tradicional a través del apoyo mutuo entre los trabajadores.

Entre 1867 y 1884 se acrecentaron los intentos para aglutinar a los trabajadores obreros, que tuvieron la visión de una organización con proyección nacional; de tal modo que en los establecimientos industriales nació la necesidad de conformar organizaciones para reunir a todos los trabajadores del país. Entre las principales asociaciones de obreros y artesanos se encontraban: La Sociedad Artístico Industrial, el Conservatorio Artístico Industrial, La Social, Los Congresos Obreros y El Gran Círculo de Obreros de México; este último fue la organización más importante, pues tuvo un desarrollo sólido debido al énfasis en la estructura organizativa. Además, El Gran Círculo de Obreros tenía el objetivo de coordinar a las organizaciones que ya estaban formadas para mejorar el bienestar de todos los trabajadores (Leal y Woldenberg, 1986).

El Gran Círculo de Obreros en México se inauguró el 16 de septiembre de 1872 como medida para agrupar a las asociaciones de obreros y artesanos que procuraban la mejora de la clase trabajadora y así formar un núcleo entre las sociedades (García, 1996). De tal manera que los trabajadores vieron a dicha asociación como un medio de protección y defensa al que se le unieron un total de 28 sucursales en menos de tres años, lo que indica una aceptación considerable por parte de los obreros; así, la mayoría de los aglutinados pertenecía a fábricas o a sociedades de obreros que representaban a sus estados de procedencia.

No obstante, los artesanos no acogieron la idea de que existiera una agrupación central, ya que varias de las asociaciones mutualistas integradas por este sector de trabajadores tenían la preocupación de que su autonomía fuera disminuyendo, pero, por el contrario, los obreros dieron una mayor aprobación a las medidas que planteaba el Gran Círculo, ya que reprimía las acciones de opresión de los dueños de las fábricas hacia los trabajadores y unía fuerza entre ellos. Las principales sucursales mutualistas pertenecían a fábricas textiles del Estado de México, Distrito Federal y Valle de México, y, además, estaban inscritas mutualidades de artesanos que ya tenían años de su fundación, aunque en menor número (García, 1996).

Es muy probable que los obreros hayan recibido de mejor manera al Gran Círculo, pues era una nueva clase social que iniciaba un proceso de consolidación que todavía no adquiría la fuerza necesaria para exigir la implementación de una política laboral en defensa de sus derechos laborales, sumado a que no tenía una clara conciencia de clase ni una base teórica sobre los principios de organización, ni un apoyo de mucha presión e influencia, como el Círculo de Obreros. En contraparte, los artesanos se veían mermados debido a la sustitución de los talleres artesanales por los espacios fabriles; incluso, algunos de ellos se vieron obligados a abandonar su oficio para instalarse en las zonas fabriles.

En lo que compete al Estado de México, El Gran Círculo de Obreros se conformó por cuatro sucursales, integradas por las fábricas de San Ildefonso, La Colmena y Barrón, Río Hondo y Miraflores; a cada una le correspondía una mutualidad (Leal y Woldenberg, 1986). El Gran Círculo marcó un gran precedente como elemento de asociación legal; hizo notar la fuerza que estaba recibiendo, no solo dentro de la organización, sino también fuera de las 28 sucursales, pues su influencia ideológica permitió que el resto de las mutualidades y sus integrantes se replantearan las condiciones laborales de explotación a las que eran sometidos por sus patrones. Las mutualidades creadas como un proyecto de defensa y amparo pronto se convirtieron en un espacio práctico sin la injerencia de sus dueños; es decir, los obreros podían discutir los problemas que vivían en las fábricas: salarios, horarios de trabajo, inconformidades, entre otros. A partir de las pláticas, los obreros pudieron tomar decisiones para mejorar su situación y buscar soluciones; por tanto, gracias a las sociedades mutualistas, los trabajadores dejaron de ser elementos aislados para involucrarse en lo que les beneficiara; así, fueron forjando un sentido de solidaridad y fraternidad.

Como se presenta en la tabla anterior, la mayor parte de las asociaciones mutualistas del Estado de México estaban ubicadas en el municipio de Toluca, seguidas de Tlalnepantla, Monte Bajo (actualmente Nicolás Romero), Huixquilucan, Jilotepec, Jocotitlán, Texcoco, Naucalpan, Chalco, Zacualpan y Almoloya del Río. Las primeras sociedades mutualistas de las que se tienen registros son la Sociedad Filantrópica de Auxilios Mutuos (Toluca) de 1860, la Sociedad Artística de Protección Mutua (Toluca) de 1867, la Unión de Tejedores de Miraflores (Chalco), la Sociedad Mutua de la fábrica de San Ildefonso (Monte Bajo) y la Sociedad Mutua de la fábrica de La Colmena; las tres últimas datan del año 1868, pero la mayoría se fundó alrededor de 1880, en la primera década del siglo xx. Había un aproximado de 31 sociedades mutualistas, de las cuales 9 pertenecían a Toluca y dos a Tlalnepantla.

Los estatutos reglamentarios de las asociaciones mutualistas compartían una estructura similar, ya que atendían a los lineamientos de las primeras que se fundaron en el país, especialmente las del Distrito Federal. Cada reglamento estaba dirigido a socios, funcionarios de la asociación y cajas de ahorro para su administración efectiva e incluían aspectos generales, como los principios que regían su comportamiento, infracciones o multas, deberes y obligaciones. Establecían las ideas de apoyo mutuo, solidaridad, fraternidad y honestidad y definían como objetivo central el auxilio a los socios en caso de enfermedad y a la familia del obrero cuando falleciera, así como la mejora de la situación física y moral de la clase obrera. Además, existía un interés en promover el progreso de las artes y la cultura (HNDM, 1876a: 1A y HNDM, 1876b:1A).

Las asociaciones que pertenecían a las sucursales del Gran Círculo de Obreros (Sociedad de Obreros de Río Hondo, fábricas San Ildefonso, La Colmena, Barrón y Miraflores) estaban obligadas a mantener una comunicación directa con dicha organización de obreros para establecer las conductas que debían adoptar y así obtener mejoras de cada una. El carácter de las mutualidades atendía principios que involucraban sentimientos de moralidad y orden. Por lo general, eran conducidas hacia los lemas de equidad y justicia, fraternidad y honradez, y, a través de esta línea, los obreros podían progresar.

Como se aprecia en la figura 1, la estructura administrativa de las asociaciones estaba compuesta por una mesa directiva, la cual estaba conformada por presidente, vicepresidente, tesorero, contador, secretarios y prosecretarios; mientras que los socios, las comisiones (de Salubridad y Hacienda) y los conserjes integraban el resto de las mutualidades que no formaban parte de la mesa directiva.

Figura 1.
Funcionarios de la Mesa Directiva de las mutualidades
Elaboración propia con base en la reglamentación de El Socialista, (HNDM, 1876b) y El Hijo del Trabajo (HNDM, 1876a).

La Mesa Directiva fue un componente muy importante de las mutualidades, pues entre sus obligaciones estaban: coordinar a la mayor parte de los funcionarios, celebrar una junta al mes para resolver los asuntos económicos o generales, deliberar las iniciativas para su mejoramiento, velar por el buen desempeño de sus funcionarios y procurar el respeto en las juntas.

El cargo principal lo tenía el presidente de la mesa directiva, quien debía convocar y asistir con puntualidad a todas las juntas para atender los imprevistos. Su finalidad primordial era procurar el progreso de la asociación a la que pertenecía a través de la aplicación de distintas acciones como: verificar el cumplimiento oportuno de los tesoreros para otorgar los auxilios económicos a los enfermos y cuidar del respeto, moralidad y orden en las sesiones entre los participantes. Mientras que el vicepresidente sustituía al presidente cuando faltara a las sesiones.

El tesorero se encargaba de administrar y asegurar los fondos de cada sociedad, autorizar con su firma la salida de dinero, no sin antes ser aprobada por el presidente y la Comisión de Hacienda; también debía comparar los pagos realizados con los recibos, realizar cortes de caja que justificaran los ingresos y egresos de las mutualidades y entregar el inventario de la tesorería en la junta general cuando lo removieran de su cargo. Por su parte, los contadores tenían el manejo de las cifras de la asociación y de los actos del tesorero; razón que les permitía sustituirlo en caso de una ausencia por enfermedad.

El secretario principal tenía que asistir a todas las juntas para extender por escrito las actas o comunicar cualquier situación; asimismo, autorizaba los actos oficiales de las asociaciones. Los prosecretarios debían asistir a los acuerdos y fungir como vocales en las juntas generales; en caso de ausencia del principal, uno de ellos debía sustituirlo.

Para que los socios pudieran ser admitidos en las asociaciones, debían cumplir requisitos específicos, como ingresar su solicitud por escrito a la mesa directiva, estar apoyado mínimo por dos socios y que su solicitud fuera aprobada por la mayoría de votos de los que formaban parte de la mesa directiva. Para lograr el nombramiento, debían cumplir las siguientes características: buena conducta, moralidad, honradez, buenas costumbres y la voluntad de ayudar a los obreros, además de prestar sus servicios a la humanidad, la patria y la clase obrera.

Para elegir a los funcionarios de cada cargo, se llevaban a cabo elecciones anualmente; una vez elegidos, recibían libros, documentos, dinero y objetos pertenecientes a las asociaciones. Después de la verificación de las elecciones, se debía levantar un acta y remitirla al Gran Círculo, si fuera el caso, para reconocer a los nuevos integrantes. En el caso de la fábrica de Río Hondo, la elección se realizaba el primer domingo de septiembre de cada año y era hasta el 16 del mismo mes cuando los electos tomaban su cargo.

Las comisiones podían ser de Hacienda y Salubridad. La primera vigilaba la buena inversión y seguridad de los fondos. En las juntas de corte de caja, la Comisión analizaba las cuentas y, si llegaba a notar abuso o ilegalidad en los gastos, tenía que informar inmediatamente a la mesa directiva. Otra de sus tareas era vigilar el correcto manejo del tesorero, y podía exigir que retiraran del puesto al infractor, siempre y cuando se presentaran las causas justificadas.

La Comisión de Salubridad, en algunos casos llamada de Hospitalidad, se involucraba en los casos de enfermedad, accidente y fallecimiento de los socios. Si a la Comisión le llegaba la noticia de un enfermo, lo visitaba para ver qué tipo de auxilios requería para después notificarlo a la mesa directiva y que ésta tomara las medidas necesarias; los miembros hacían visitas diarias con el objetivo de tener un seguimiento sobre el estado de salud del enfermo. Finalmente, en los fallecimientos se atendía todo lo que involucrara la inhumación del cadáver (HNDM, 1976a: 1A).

Continuando con los estatutos de las mutualidades, los socios debían cumplir con los siguientes derechos y obligaciones: estaban obligados a dar dos reales a la Tesorería de la sociedad cuando se matricularan y una contribución mensual de 12.5 centavos, en la mayoría de los casos; los que formaban parte del Gran Círculo de Obreros también debían pagar la misma cantidad y asistir puntualmente a todas las juntas de su asociación y del Gran Círculo, así como cuidar de la buena inversión de los fondos y dar cuenta si llegaban a notar un mal uso del dinero. En caso de que los socios estuvieran enfermos, el resto de los miembros debía donar 6.25 centavos para cada uno.

Los socios tenían el derecho de participar con voz y voto en las decisiones del funcionamiento de la mutualidad, así como emitir por escrito sus propuestas con el fin de mejorar a la asociación. También era derecho de los socios solicitar apoyo por escrito cuando estos enfermaran o se accidentaran; si existía una enfermedad, se tenían que dirigir a la comisión de salubridad y si había un accidente la notificación era para la junta directiva. En caso de fallecimiento, la comisión de salubridad informaba a la junta directiva para que cubriera los gastos necesarios del sepelio.^[3]

De acuerdo con las bases reglamentarias, las asociaciones mutualistas no solo mantenían un vínculo con los trabajadores y socios, sino que estas relaciones eran trasladadas al ámbito extralaboral, pues uno de sus derechos era la instrucción primaria o secundaria, tanto para los socios como para sus hijos, así como aprender del oficio que desempeñaran de manera gratuita; por ello, algunas mutualidades contaban con escuelas y talleres.

Ante la organización de las huelgas en los lugares de trabajo, los socios decidían si participaban, pero ya no iban a formar parte de la asociación, a menos que justificaran sus causas ante la mesa directiva. Si eran más de veinte socios, no iban a recibir auxilios hasta que se hiciera pública la resolución de la mesa directiva. Por el contrario, si un socio tomaba la decisión de separarse —y mientras sus causas no deshonrarían a la asociación—, tenía el derecho a recibir sus fondos que había depositado.

Si los socios no atendían a las indicaciones estipuladas en los estatutos de la mutualidad a la que pertenecían, perdían todo tipo de derechos. Las causas podían ser: no entregar las cuotas durante tres meses consecutivos, vagancia, mala conducta o rebeldía; para esos casos, no les podían devolver las cantidades aportadas mensualmente. No obstante, si un socio ya había perdido su derecho por falta de pago, tenía la oportunidad de matricularse de nuevo y después de los seis meses volvía a gozar de los auxilios que la mutualidad ofrecía.

Al igual que las mutualidades integradas por hombres, se fundaron asociaciones conformadas por mujeres, como la “Sociedad ‘Unión y concordia’ auxilios mutuos para señoras”, la cual tenía las mismas bases reglamentarias que el resto, pero se ampliaba el apoyo en caso de que las integrantes necesitaran dinero por maternidad o gastos médicos si su situación era grave (HNDM, 1876a: 1A). El conformar una agrupación que pensara en las mujeres trabajadoras creó entre ellas un lazo de fraternidad y solidaridad que velaba por intereses particulares, como la maternidad, cuyo aspecto no les resolvía el trabajo.

Las mutualidades, a través del otorgamiento de las cuotas, debían tener una buena base financiera, lo que significó un reto para hacer crecer a las asociaciones. Entre sus principales conflictos, figuró la omisión a la reglamentación por la asistencia en caso de enfermedad; por ejemplo, solía pasar que una mutualidad podía aglutinar a varios socios que únicamente se adscribían para recibir estos beneficios sin estar enfermos, mientras que otros llevaban años aportando las cuotas mensuales y pocas veces obtenían dicho apoyo (porque casi no se enfermaban). Este aspecto provocó un estancamiento económico, dado que, si varios integrantes llegaban a enfermarse al mismo tiempo, el dinero escaseaba o, caso contrario, si se acumulaba y permanecía estancado, disponían de él para otros fines (Leal y Woldenberg, 1986).

Referente a los objetivos de las mutualidades, los trabajadores que ingresaban como socios asumían nuevas responsabilidades que ya no estaban relacionadas con el aspecto laboral, sino al cuidado de sus intereses económicos y, por lo tanto, ellos mismos debían de atender. Ante esta situación, es posible apuntar que los obreros se asignaron obligaciones que le correspondían a los dueños, pues ellos no tenían identificado que los patrones eran los encargados de solucionar cualquier eventualidad presentada durante las jornadas laborales y, por consiguiente, intentaban resolver solidariamente las cuestiones económicas que los afectaban, sin buscar una mayor exigencia a los patrones.

Las mutualidades tuvieron un papel importante al dar paso a que los trabajadores experimentaran la conformación de organizaciones que velaran por sus derechos; sin embargo, algunas agrupaciones no acogieron el proyecto de asociación, como la de artesanos pertenecientes al ramo de tapicería que decidieron asistir solo a una junta, generando apatía ante las nuevas asociaciones (Leal y Woldenberg 1986).

Los socios que colaboraban con las sociedades mutualistas mantenían una participación activaban; organizaban reuniones mensuales, en la mayoría de los casos, para discutir asuntos internos de la mutualidad, de los socios o de temas sociales. En esas juntas se veía el sentido práctico y de unidad de las asociaciones y los trabajadores, pues ellos no eran un elemento aislado sujeto a su patrón, ya que su participación les hacía reflexionar y cuestionar su entorno social y laboral. Es así como las mutualidades impulsaron la fraternidad e identidad.

La educación moral que recibieron los integrantes de las mutualidades fue necesaria para reconstruirse como comunidad y enfrentarse públicamente a las visiones de la sociedad que les parecían injustas (Orduña, 2014). A través de los códigos éticos y morales, los obreros pudieron participar en los espacios públicos y en la lucha por redefinir el significado social del trabajo, así como su dignidad.

Pese a las limitaciones que pudieron haber frenado el avance de las mutualidades, es oportuno resaltar sus aportaciones. Más allá de verlas como agrupaciones de carácter defensivo o sociedades de resistencia, deben considerarse la base de los modelos asociativos que se conformaron en el siglo xx, fundados con una estructura compleja encaminada a la búsqueda de un cambio social para los trabajadores bajo ideales utópicos, el apoyo mutuo, la igualdad y la justicia entre los trabajadores. Los principios establecidos en esta primera etapa constituyeron un avance gracias a las relaciones sociales que se forjaron dentro de las asociaciones.

Las mutualidades y la formación de identidad de clase

De acuerdo con Latorre (2015), la identidad de clase comprende una colectividad que nace por la desigualdad, ya sea en las condiciones materiales, sociales o laborales entre distintos grupos sociales. Para ese caso, la identidad de clase obrera se conforma a partir de la opresión sufrida por sus integrantes. Asimismo, la identidad también es entendida como las conductas e ideas similares que comparten integrantes de un mismo grupo. Lo anterior lleva a la conformación de una comunidad,^[4]definida como el espacio en el que ocurren las relaciones sociales que refuerza la unión entre los individuos. Las relaciones son el soporte de la identidad, la cual integra a los individuos (Adleson et ál, 1990).

A partir de la situación de los obreros, aparecieron movimientos sociales en favor de sus derechos y necesidades. El origen de la clase obrera se ubica en Inglaterra a mediados del siglo xviii con la creación de la máquina de vapor y las despepitadoras de algodón, lo que, posteriormente, generó la Revolución Industrial (Engels, 1984). A lo largo del desarrollo de ésta, surgieron las primeras experiencias de lucha de los obreros fabriles, a través de la conformación de las organizaciones obreras. La Revolución Francesa repercutió en distintos movimientos sociales, como fue el socialismo utópico francés que influyó en el movimiento obrero de Europa; de esta manera, los utopistas franceses constituyeron una corriente de opinión en los movimientos obreros, no solo europeos, sino internacionales (De la Cruz, 1991).

Ambas revoluciones tuvieron un impacto ideológico en la percepción de los trabajadores, pues su expansión llegó a varios países latinoamericanos, como México, donde las ideas basadas en la solidaridad y la fraternidad se manifestaron entre los trabajadores presentes en las mutualidades. Además, estos movimientos incitaron a la lucha por las demandas y mejora de sus condiciones laborales, influyendo en la creación de una identidad de clase obrera.

Para el caso de México, durante la segunda mitad del siglo xix, la prensa obrera fue una de las principales herramientas de difusión de ideas socialistas, mientras que a los trabajadores les sirvió como uno de los medios de defensa ante su situación de precariedad, tales fueron El Amigo del Pueblo (1869), El Obrero del Porvenir (1870), El Pueblo (1873), El Obrero Internacional (1874), La Abeja (1874), El Socialista (1871), La Voz del Obrero (1877), El Hijo del Trabajo (1876), La Comuna (1874), La Unión de los Obreros (1877), El Obrero Mexicano (1894), entre otros (Leal y Woldenberg, 1986). Al ser el único medio que relataba la vida social y laboral de los artesanos y obreros, los redactores de esos periódicos estaban orientados hacia una determinada ideología que representaba al sector trabajador; por lo tanto, sus lectores simpatizaban con una postura ideológica, moral e, incluso, política de los periodistas.

Desde la década de 1870 hasta principios del siglo xx, aproximadamente, se dio la formación de la clase obrera generada por la disminución del artesanado y la aparición de las industrias. El surgimiento de esta nueva clase trabajadora orilló a la formación de una identidad que los distinguiera y definiera. Su identidad tuvo un proceso largo y complejo que se manifestaba en la convivencia laboral y la unidad se demostraba fuera de los espacios fabriles, donde también expresaban sus ideales y conducta a través de su experiencia en el trabajo. Por ello, a partir de la creación de las mutualidades surgieron comunidades de trabajadores que compartieron vivencias laborales y personales, y la mentalidad que iban forjando (Adleson et ál, 1990).

El mutualismo fue una de las organizaciones que nació a partir de las malas condiciones sociales y económicas de los trabajadores; situación que reforzó las relaciones entre sus miembros, pues se forjaba un sentimiento similar, porque vivían las mismas carencias y tenían una mentalidad parecida a la del resto de su comunidad. Esas ideas eran la fraternidad y solidaridad lo que mantenía una unidad entre los integrantes.

Otro elemento que compartían era la cotidianeidad dentro de una comunidad de trabajadores. Los temas afines no solo eran de trabajo, sino de costumbres, tradiciones, idioma, religión, los cuales terminaban por consolidar las relaciones de su convivencia; fue un aspecto importante que reforzó la identidad de los trabajadores (Adleson et ál,, 1990). Como ya se refirió, algunas de las fábricas, como Río Hondo en Naucalpan, Estado de México, seguían un modelo fabril específico, lo que implicaba la construcción de industrias en las zonas rurales para que los trabajadores formaran poblados. Esto generaba una interacción más cercana y personal, ya que también participaban las familias.

Por un lado, los trabajadores comenzaron a presentar inconformidades y molestias, lo cual terminó en la proliferación de protestas y demandas en contra de los dueños tales como: salarios bajos, malos tratos recibidos de los patrones, constantes accidentes en las fábricas, sumado a que no existía una legislación laboral que los respaldara y protegiera. Por otro lado, algunas organizaciones de trabajadores decidieron inclinarse hacia un planteamiento más benéfico entre los trabajadores para establecer relaciones armónicas (Ávila, 1993).

Por tanto, ya se iniciaba un nuevo proceso de unión obrera, fomentado por sus condiciones laborales. A pesar de no tener una conciencia de clase totalmente desarrollada, el movimiento que se estaba gestando logró una nueva asociación integra da por la clase trabajadora que pasaba por una etapa de identificación. Las mutualidades se constituyeron como una organización que funcionaba a partir de planteamientos específicos, es decir, con principios que los condujera a comportamientos en favor de todos para fortalecerlos e ir forjando un importante sentido de solidaridad.

Asimismo, las organizaciones se valían del conocimiento de la historia y de la vida y obra de los héroes nacionales provenientes de las clases trabajadoras, con la finalidad de crear una conciencia nacionalista^[5]y cívica (Ávila, 1993), ya que era una manera de unir a sus integrantes y hacerlos reflexionar sobre los personajes nacionales que habían nacido en las mismas circunstancias que ellos y lograron una mejora social para los sectores sociales vulnerables.

Ejemplo de lo anterior es el oficio de la Sociedad Fraternal de Socorros Mutuos “Benito Juárez” de Texcoco, del 2 de julio de 1892, dirigido al gobernador del Estado de México, Vicente Villada, para comunicarle su descontento, ya que no se había solemnizado el hecho histórico del 5 de mayo y tampoco honraron la memoria de Benito Juárez, a quien lo nombraban como el salvador de la nación y de sus instituciones. En ese comunicado, la asociación pedía a las autoridades estatales que cumplieran con la obligación de recordarle a la gente no olvidar el aniversario de la muerte de Juárez y lo que hizo por la patria. En respuesta, las autoridades tomaron la medida de reunirse en el Pabellón Nacional y tocar las campanas frente a los asociados y la población de Texcoco (AHEM, 1892). Las mutualidades no solo prestaban su atención al apoyo mutuo, pues su influencia también estuvo apegada al reconocimiento y a la honra de la historia y de los héroes mexicanos; por esta razón, los socios tenían que promover el nacionalismo a través de la defensa de la patria, que debía de ser transmitida a su círculo familiar y social.

Los órganos de prensa tenían una visión especial al compartir y difundir información respecto a las asociaciones mutualistas que promovían dichos valores patrios, exaltaban el nacionalismo y la conducta cívica que buscaban inculcar (Ávila, 1993). De alguna forma, los artículos de periódicos fomentaban los valores mutualistas que les hicieran tener un reconocimiento sobre su avance como organización.

Uno de los efectos resultantes de la etapa mutualista fue el movimiento huelguista, protagonizado, principalmente, por obreros textiles, con la finalidad de transformar las sociedades de ayuda mutua en organismos de resistencia (González y Gutiérrez, 2010). En gran medida, estas luchas estuvieron sostenidas por el proceso de una identidad de clase que los llevó a buscar una organización para defenderse de las decisiones que tomaban los dueños de los establecimientos de trabajo y les ocasionaba inestabilidad en su modo de vivir, tanto en lo económico como en lo social.

Para el caso del Estado de México, se llevaron a cabo huelgas en las fábricas textiles de San Ildefonso y La Colmena, en 1865. En el Distrito Federal fueron en La Fama Montañesa, en 1868, y en La Hormiga, en 1875; en Puebla, en El Mayorazgo y La Economía; en Tlaxcala, en La Trinidad. Para esos años ya se notaba un cambio ideológico que presentaba dudas sobre los métodos de lucha y relaciones de poder impuestos por las clases dominantes (González y Gutiérrez 2010).

Sin embargo, como lo menciona Felipe Ávila (1993), las huelgas no eran una alternativa para la resolución de las malas condiciones laborales, pues esas acciones provocarían una ruptura al equilibrio que intentaban lograr como sociedad. Por ello, eran consideradas perjudiciales, ya que alteraban el orden público. El hecho de organizarlas no solucionaba las condiciones laborales, pero se buscaba promover una mutualidad pacífica sustentada en principios favorables que no viera a los patrones y al gobierno como enemigos, sino como una sociedad armónica, en la que las distintas clases se complementaban para un bien común.

Los trabajadores que conformaron las primeras agrupaciones mutualistas desarrollaron su propio método de lucha que aplicaron en sus primeras experiencias organizativas; sin embargo, implicó enfrentarse a dificultades que frenaron su desarrollo, como la inexperiencia y el poco conocimiento en la formación y el manejo de asociaciones y que no todos los socios apoyaban desinteresadamente a las mutualidades. A pesar de iniciar una resistencia incierta, lograron adaptarse y ajustarse a los ideales de las organizaciones, creando entre los trabajadores una organización de carácter defensivo, a partir de su identidad de clase. Esta etapa trascendió a lo que fue el movimiento sindicalista que le sucedió; es decir, la experiencia mutualista llevó a los trabajadores a reconocer que los patrones debían ser los encargados de cubrir sus necesidades laborales y no ellos mismos, lo cual forjó una conciencia de clase que los condujo a transitar a la nueva forma de organización de carácter ofensiva.

Reflexiones finales

Las asociaciones mutualistas que surgieron en México permiten identificar que un considerable sector de la clase trabajadora (obreros y artesanos) se integró al proceso de industrialización con la proletarización del campesinado, al pasar de ser trabajadores manuales independientes para laborar en las nuevas fábricas (rurales y urbanas), aunque también permanecieron pequeños productores independientes. No obstante, la nueva dinámica generó descontento en el trabajador, ya que no contemplaban sus necesidades dentro y fuera de los espacios fabriles, orillándolos a buscar protección de sus infortunios.

La clase trabajadora merece una especial atención como constructora de la sociedad que garantice su seguridad y bienestar como derechos laborales. La aparición de los obreros en el país como asalariados, durante la segunda mitad del siglo xix, significó el punto de partida para conformar las primeras agrupaciones que pretendían encontrar soluciones a sus condiciones laborales adversas (por ejemplo: enfermedades, accidente o fallecimiento). La historia de estas organizaciones tuvo sustento ideológico en algunos casos relacionados con las teorías socialistas europeas, pues a través de ellas buscaron solucionar los problemas presentados en esos primeros años de conformación de la clase obrera.

Ello provocó que los obreros tuvieran la necesidad de organizarse en mutualidades con el objetivo de atenuar la falta de protección social a la que se enfrentaban. Ante ello, los trabajadores vieron la posibilidad de protegerse de las medidas que los patrones implementaban perjudicándolos en sus salarios y seguridad; un ejemplo fue la nula protección en los accidentes o fallecimientos en las fábricas.

Las asociaciones mutualistas fueron creadas, en su mayoría, con un carácter de lucha social que logró integrar a los trabajadores a fin de que fueran reconocidos sus derechos; esto reafirma su valor al ser precedentes de la lucha de clase obrera más radical en México; no obstante, a nivel nacional surgieron mutualidades confesionales, tal es el caso de las de Guadalajara, que se asociaron para ayuda mutua agregando el adoctrinamiento cristiano.

En el Estado de México, los obreros que estaban asociados a las organizaciones adoptaron la misma estructura que el resto de las mutualidades para participar en el proyecto nacional: el Gran Círculo de Obreros. Al organizarse tuvieron la oportunidad de entablar relaciones sociales con el resto de los socios y trabajadores, siendo uno de los motivos que dio paso a la búsqueda de la identidad de clase, porque entre los integrantes se reconocieron como personas que pasaban por situaciones de carencia, no recibían una adecuada protección en su trabajo y no estaban apoyados por una base legal reglamentaria o, al menos, sus patrones no se los hacían saber.

Estas experiencias condujeron a que los trabajadores adquirieran conciencia social al percatarse de que sus condiciones laborales rebasaban el ámbito individual y afectaban a todos los trabajadores asalariados. Los obreros lograron comprender que debía reglamentarse lo relacionado con horarios de trabajo, salarios y protección contra accidentes, cuyos aspectos requerían el compromiso de los dueños de las fábricas de generar mejores condiciones para sus trabajadores. Sus acciones reivindicativas constituyeron la base que, posteriormente, condujo a otra etapa en la historia de la organización de los trabajadores: el sindicalismo. Esa fue la principal contribución de las mutualidades al generar en los trabajadores conciencia de clase.

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Notas

Información adicional

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