La psicología comunitaria se enfoca en el entendimiento de las construcciones sociales dominantes (ideologías) y en alterarlas para: a) facilitar el cambio social, b) ampliar el nivel de análisis e intervención desde una perspectiva interdisciplinaria y c) lograr la integración del conocimiento científico y popular y de la teoría y la práctica. Está basada en un conjunto de valores, metas y compromisos, entre los que se incluye el bienestar, el fortalecimiento y el desarrollo humano. Utiliza un enfoque ecológico y recalca al definir los problemas bajo estudio el contexto social, la diversidad cultural y el estudio de las relaciones de poder. Aplica diversos métodos de investigación aunque pone énfasis en métodos participativos y con base comunitaria.

Las psicólogas y psicólogos comunitarios están comprometidos con los sectores marginalizados de la sociedad y con la promoción de justicia social fomentando la colaboración donde hay división y el empoderamiento y la liberación donde hay opresión (Montero, 2004; Reimer et al., 2020; Serrano García et al., 1992). Para lograr esas metas es necesario un sistema de gobierno democrático comprometido con la justicia social.

Partiendo de esos valores y compromisos, los objetivos de este trabajo incluyen: a) promover una reflexión sobre los sistemas democráticos, b) discutir los retos de la democracia representativa y participativa, c) presentar la aportación de la psicología comunitaria a la participación y su pertinencia a procesos democráticos participativos, d) describir ejemplos para fortalecer la democracia participativa desde la psicología comunitaria en Puerto Rico (P.R.) y e) ofrecer recomendaciones para continuar esta trayectoria y promoverla en otros países.

Democracia: definiciones, tipos, fortalezas y críticas

Muchas naciones en el mundo se rigen, o dicen regirse, por principios democráticos, es decir, en una forma de gobierno demócrata donde el poder reside en el pueblo y la ciudadanía tiene iguales derechos, privilegios y responsabilidades (Cunningham, 2002). Sin embargo, ninguna democracia puede serlo sin garantizar la expresión y participación de la ciudadanía, sobre todo de quienes disienten. Aún así, sabemos que muchos regímenes que se llaman democráticos tienen grandes limitaciones en lograr la equidad y participación de su ciudadanía (Agenda Ciudadana, 2011; Ortiz & Lara, 2009).

Existen dos modelos principales de democracia: representativa y participativa. En la democracia representativa el pueblo delega sus poderes en representantes durante el proceso electoral. Este modelo depende de la suma de voluntades de personas que individualmente expresan su preferencia mediante el voto. En la democracia participativa, el pueblo ejerce su poder directamente mediante la expresión de su voluntad colectiva. La ciudadanía asume un rol activo en cuanto al diseño, decisiones, formulación y control de las políticas públicas. Para que ésta funcione adecuadamente se requiere una ciudadanía consciente, con liderazgo, capaz de reconocer al otro u otra, y en busca de una transformación social (Colina & Del Valle, 2014; Cunningham, 2002; Montecinos, 2012; Ortiz & Lara, 2009).

Democracia representativa

La democracia representativa se ha criticado fuertemente (Colino & Del Pino, 2008; Cunningham, 2002;Font, 2001; Montecinos, 2012) porque es un sistema basado en el populismo y el autoritarismo de la mayoría limitando las voces minoritarias o discriminando contra ellas. Otra de las críticas destaca que una vez que pasa el periodo de elecciones, la relación entre las personas electas, en sus diferentes roles gubernamentales y la ciudadanía es muy pobre. De hecho en ocasiones pareciera que la democracia representativa depende de la apatía ciudadana, ya que dificulta incluir la voz de la ciudadanía en la consecución de metas comunes o de nuevas metas. En muchos casos, la representatividad se debilita por la limitada capacidad de las personas electas para realizar su trabajo ya sea por falta de preparación, desconocimiento del funcionamiento gubernamental, alianzas con intereses económicos o políticos que no benefician a la mayoría del pueblo o por valores discriminatorios.

Otras personas critican el rol de los partidos políticos, estructuras principales en las cuales se basa la democracia representativa (Subirats, J., & Font, J., 2001; Font, 2014; Guerra, 2015; Marchioni, 2006). Entienden que los partidos han perdido contacto directo con la ciudadanía y que ésta desconoce los mecanismos decisionales internos que les permitirían influir en el proceso decisorio de los partidos. También mencionan que pocas personas militan activamente en los partidos excepto, quizás, en el periodo electoral. Este proceso facilita la manipulación y la demagogia, fomenta la división partidista en la población, tanto como el individualismo y la competencia. La desconfianza en los partidos aumenta la abstención electoral minimizando así el número de personas que son representadas por las y los funcionarios electos.

En respuesta a estas críticas, Font (2014) identificó esfuerzos existentes para aumentar la participación electoral, éstos incluyen extender el periodo de campaña electoral, asignar más lugares donde ir a votar y utilizar mecanismos electrónicos; también sugirió aumentar el protagonismo a nivel local mejorando la selección del liderato, fortaleciendo las asambleas locales y fomentando la creación de alianzas temáticas como los grupos ambientalistas, la comunidad LGBTTIQ+, grupos en contra de la violencia por género y grupos agrícolas. Otras acciones incluyen el cambio o la incorporación de esfuerzos hacia la democracia participativa.

Democracia participativa

Se podría afirmar que los sistemas democráticos iniciales eran modelos de democracia participativa pero a medida que las sociedades crecieron y se industrializaron éstos fueron suplantados por gobiernos con modelos de democracia representativa (Barber, 2014). Por esto, se considera que la práctica reciente de la democracia participativa es todavía un fenómeno emergente, no consolidado. Éste se rige por las siguientes metas: a) lograr resultados específicos, b) desarrollar un proceso decisional legítimo y que rinda cuentas, c) contribuir al desarrollo de una ciudadanía más educada, reflexiva e involucrada y, a la larga, d) generar una relación diferente entre el Estado y la sociedad (Abelson & Gauvin, 2006; Font, 2014; Nelson, 2013; Wiesenfeld, 2015). Su surgimiento y fortalecimiento lo han propiciado las debilidades de la democracia representativa, el incremento en la accesibilidad de información, el aumento en el número de personas educadas, el crecimiento de los públicos temáticos y el énfasis en lo local (Subirats, J., & Font, J. (Eds.), 2001; Guerra, 2015; Marchioni, 2006).

Como se observa en la Tabla 1, hay ejemplos de proyectos participativos en todo el mundo. La gran mayoría de los esfuerzos en todos los países son a nivel local en pueblos, municipios o comunidades. El énfasis en América Latina es en proyectos para establecer presupuestos participativos (Montambeault, 2016). La Tabla 2 incluye la diversidad de mecanismos que se han desarrollado para facilitar la participación de la ciudadanía. Distingo con dos asteriscos los mecanismos que han probado ser más efectivos para convocar a la ciudadanía no asociada, o sea aquellas personas que no se convocan por su pertenencia a un grupo u organización ya constituida. Les invito a leer la descripción de los mecanismos en las referencias citadas, ya que por limitaciones de espacio no se puede incluir en este escrito.

Existen principios fundamentales que deben regir los esfuerzos de democracia participativa (Fung & Wright, 2003; Marchioni, 2006; Montecinos, 2012; Morales, 2016; Rendón, 2004). Es preferible que la participación se oriente hacia un problema específico y tangible basado, si es posible, en una identificación de necesidades y recursos de la comunidad concernida. Se deben involucrar tanto personas afectadas por el problema como representantes gubernamentales y esta representación gubernamental debe tener un rol de consultoría, no un rol decisorio. Debe además, expresar claramente la voluntad política de atender las ideas que surjan de la participación ciudadana. El proceso a seguir para realizar la consulta debe ser uno de diálogo deliberativo y los acuerdos iniciales deben incluir un proceso de seguimiento, mantenimiento y evaluación.

Tabla 1

Países donde se han implantado modelos de democracia participativa*

* Fuentes: Subirats, J., & Font, J. (Eds.), 2001; Montecinos, 2012; Noriega et al., 2016;Selee y Peruzzotti, 2009.

Existen además, factores contextuales que facilitan el éxito de estos esfuerzos, entre los que se incluye que: 1) haya poca competencia entre los sectores políticos del país, o en otras palabras, que el partido o la coalición en el poder tenga poca competencia, 2) participen organizaciones de la sociedad civil que representen diversidad de intereses y sectores, 3) el Estado y la ciudadanía compartan visiones de sus roles distintivos, pero complementarios y 4) exista un diseño institucional claro que recalque la intercomunicación y la colaboración (Fung & Wright, 2003; Marchioni, 2006; Montesinos, 2012; Morales, 2016; Rendón, 2004).

También se han estudiado los factores que dificultan la implantación de mecanismos participativos los cuales se han dividido en factores contextuales e individuales (Colino & Del Pino, 2006; Subirats, J., & Font, J. (Eds.), 2001; Font, 2014; Ríos & Lachapelle, 2015; Rivera, 2014; Rochira & Mannarini, 2011). Entre los factores contextuales encontramos que a mayor el tamaño de la instancia política, más difícil es gestionar esfuerzos participativos; en una nación o en una ciudad grande será más complicado que en un barrio o una comunidad. Igualmente, es más difícil implantar este tipo de esfuerzo en sistemas que privilegian el individualismo, desconfían del gobierno y prima el partidismo. Es importante incluir organizaciones comunitarias, pero hay que velar porque éstas no procuren sólo adelantar sus propios intereses.

Tabla 2

Mecanismos de democracia participativa*

* Fuentes: Colombo, 2006; Subirats, J., & Font, J. (Eds.), 2001; Font, 2014; Ortiz & Lara, 2009; Rochira & Mannarini, 2011; Roth, 2013.

Los factores individuales se refieren a características que deben tener las personas que facilitan los procesos. Es sumamente importante que las personas se sientan capaces de cambiar el rumbo de su entorno, esto se refiere no sólo a las competencias que puedan tener sino a sentir que se les escuchará y que lograrán sus propósitos, para esto es necesario que el plan que se proponga incluya logros concretos y a corto plazo. Es por ello que las personas necesitan capacitarse en cuanto al contenido de los asuntos a discutir y en sus destrezas de expresión oral, manejo de grupo, procesos administrativos y organizativos. La entidad que organice el proceso participativo debe tener esta necesidad de capacitación presente para facilitarla; en tanto que el proceso participativo en general requiere más tiempo, por lo que hay que preparar a las personas para un proceso largo para así evitar fatiga y abstención (Colino & Del Pino, 2006; Subirats, J., & Font, J. (Eds.), 2001; Font, 2014; Mannarini & Talo, 2013; Morales, 2016; Rochira & Mannarini, 2011).

Aunque como psicóloga social-comunitaria creo firmemente en la importancia de la participación, es necesario reconocer las limitaciones de la democracia participativa. Los esfuerzos participativos pueden afectarse por la manipulación que surja de la presión de un grupo mayoritario con más recursos económicos, más preparación académica o conexiones con personas en el poder. También se corre el riesgo de la exclusión de grupos minoritarios a partir de ideologías dominantes como el machismo, la homofobia y el racismo. Por último, hay evidencia de que los mecanismos que hasta ahora se han desarrollado tienden a favorecer a la ciudadanía asociada versus la no-asociada. Si a las actividades asisten personas representando organizaciones o grupos existentes, éstas pueden opacar la voz de la persona que llega sola (Abelson & Gauvin, 2006; Colino & Del Pino, 2006; Subirats, J., & Font, J. (Eds.), 2001; Font, 2014; Fung & Wright, 2003; Menser, 2018; Rochira & Mannarini, 2011).

Para evitar que estos fenómenos ocurran y viabilizar procesos participativos que respondan a las necesidades comunitarias, debemos conocer sobre participación ¿qué es, cómo se facilita, cómo se mantiene? Veamos lo que ha contribuido la psicología comunitaria a la respuesta de estas preguntas.

Participación

Desde la psicología comunitaria se han estudiado los procesos participativos y el conocimiento generado es de gran utilidad para facilitar los mecanismos de democracia participativa. La participación se ha definido como un proceso social, un espacio dinámico que evoluciona, en el cual las personas inciden directa o indirectamente en las instituciones, programas y ambientes que les afectan. Se considera un proceso inclusivo y voluntario y un acto de ejercicio del poder (Churchman et al., 2017; Ferullo de Parajón, 2006; Ortiz & Lara, 2009; Sánchez, 2000).

La participación provee múltiples beneficios tanto individuales como colectivos; para cada individuo, participar en procesos comunitarios contribuye al desarrollo personal de destrezas y conocimientos, también puede generar mayor comprensión e interés en asuntos públicos y aumentar la tolerancia, empatía y confianza hacia sus congéneres. Así mismo, puede crear lazos entre grupos diversos que en otras circunstancias no compartirían y empoderar y fortalecer a cada participante. En términos colectivos, la participación genera solidaridad y capital social, aumenta la conciencia cívica y fomenta el sentido de comunidad. Si la participación es instrumental y transformadora puede rescatar la legitimidad de las instituciones, mejorar la articulación entre gobiernos locales y nacionales y fomentar la justicia social (Abelson & Gauvin, 2006; Bess et al., 2009; Bess et al., 2011; Christen & Speer, 2011; Clayton et al., 2013; Colino & Del Pino, 2008; Cunningham, 2002; Ferullo de Parajón , 2006; Font, 2014; Foster-Fishman et al., 2013; Lara, 2007; Mannarini & Talo, 2013; Sánchez, 2000; Wolff, 2010).

Sin embargo, la participación no ocurre siempre de la misma manera ni con la misma intensidad. Podemos ver en la Figura 1 que la ciudadanía puede: a) participar sólo compartiendo o recibiendo información, b) elegir representantes para que lleven sus demandas a los consejos asesores o las reuniones de comunidad, c) participar en consultas como encuestas, grupos focales u otros mecanismos similares para expresarse directamente, d) participar en los cuerpos que toman las decisiones o e) cogestionar todo el proceso. Dependiendo de su nivel la participación se ha categorizado desde parcial a instrumental y desde plena a transformadora (Bishop et al., 2009; Colino & Del Pino, 2008; Cornwall, 2008; Ferullo de Parajón, 2006; Menser, 2018; Sánchez, 2000; Wolff, 2010).

Para facilitar la participación instrumental y transformadora debemos conocer qué promueve o impide que las personas participen. Es esencial reconocer que es más fácil iniciar un proceso participativo que sostenerlo y consolidarlo por todas las barreras contextuales e

Figura 1
Niveles de participación en procesos de democracia participativa

individuales antes mencionadas. Ahora, el estudio de la participación nos ha enseñado que las personas tienen mayor disposición a participar si: a) el asunto les atañe, b) se les invita formalmente, c) el liderato del proceso es compartido y d) tienen logros concretos a corto plazo. Para mantener el esfuerzo también se ha identificado que las personas continuarán participando si: a) entre una actividad y otra se mantiene contacto con ellas, b) participan personas de sus redes sociales o familiares, c) se sienten respetadas, valoradas, d) desarrollan lazos afectivos/compromiso/sentido de pertenencia en el esfuerzo, e) creen que los beneficios que obtendrán sobrepasan los costos de tiempo, energía y esfuerzo invertido, y f) luego de cada logro identifican nuevos asuntos qué trabajar (Christen & Speer, 2011; Clayton et al., 2013; Colina & Del Valle, 2014; Colino & Del Pino, 2008; Foster-Fishman et al., 2013; Mannarini & Talo, 2013; Montambeault, 2016; Sánchez, 2000; Wolff, 2010).

Es importante tener presente que muchas veces la participación se idealiza porque en la mayoría de las investigaciones se recalca la “buena” participación (Ferullo de Parajón, 2006; Menser, 2018; Sánchez, 2000; Wiesenfeld, 2015). Como ya indiqué, nada garantiza que estos procesos no estén sujetos a la manipulación, y no porque haya participación las decisiones van a ser siempre más acertadas. Por último, no podemos obligar a la gente a participar, ya que eso sería tan autoritario como excluirles del proceso. Podemos esperar que la ciudadanía participe, pero no que viva para participar.

Por último, Serrano García (2018) indicó que son diversas las tareas que las psicólogas y psicólogos comunitarios pueden realizar para agilizar la participación en los diversos mecanismos de democracia participativa. Estas tareas incluyen: consultoría, capacitación, movilización, intercesoría, investigación, dirección de programas y servicios y evaluación/rendición de cuentas.

Para concluir esta sección, puedo señalar que hay severas críticas a la democracia representativa y que una forma de atenderlas es fortaleciendo diversos mecanismos participativos con la información que la psicología comunitaria ha contribuido al estudio de la participación. También puedo aseverar que los dos modelos de democracia mencionados no son mutuamente excluyentes y que la democracia participativa puede fortalecer la democracia representativa. La primera se implementa principalmente en escenarios más reducidos, pero genera capacidades individuales y colectivas que pueden incidir en el mejor funcionamiento de la democracia representativa. Paso ahora a presentar y analizar tres ejemplos de democracia participativa implantados en Puerto Rico.

Algunos ejemplos puertorriqueños

Campaña Electoral de Altura

Este es un ejemplo de democracia participativa asociativa con énfasis en la capacitación de la ciudadanía para que ejerciera un voto informado partiendo de las propuestas presentadas por las personas candidatas a diferentes puestos en las elecciones del 2012 en Puerto Rico (Pérez-Jiménez et al., 2014). Esto requería lo que se llamó una Campaña Electoral de Altura (CEA) regida por principios éticos que permitieran enfocar propuestas e ideas y no características personales de candidatos y candidatas. Así se podía estrechar la relación entre las comunidades y sus representantes. La CEA fue dirigida por la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) motivada por las características dominantes de las campañas electorales en el país que incluían: a) énfasis en las características personales de candidatos y candidatas en vez de en sus propuestas, b) imputaciones de unas personas hacia otras sin evidencia, c) seguimiento “ciego” a los partidos por la mayoría del electorado, d) publicidad enfocada en “derrotar” a oponentes y no en analizar la deficiencia de sus ideas y e) análisis personalistas, insultantes e irrespetuosos.

Las actividades se dirigieron a tres grupos: a) candidatas y candidatos a puestos políticos, b) las agencias publicitarias y personas de los medios, y c) la ciudadanía. Éstas incluyeron: a) revisar literatura sobre los efectos psicológicos de las campañas electorales negativas; b) identificar códigos de ética electorales en diferentes países que permitieron redactar los 10 Principios éticos para una campaña electoral de altura y las Reglas para un debate público de altura. c) diseminar, mediante alianzas profesionales, estos documentos en la prensa, radio y televisión y en diversas actividades comunitarias, escolares y profesionales, y d) reunirse individualmente con los candidatos[¹] a la gobernación para presentarle los principios.

También la CEA creó una Lista de cotejo sobre las características de un buen candidato o candidata a puestos electivos que junto a los 10 principios éticos repartimos en el Día Nacional de Campaña de Altura. En ese día estudiantes de psicología se ubicaron en las avenidas más transitadas de las ciudades principales del país a repartir los documentos y orientar a la ciudadanía. Otro esfuerzo importante fue la producción de un vídeo que se diseminó ampliamente. Este aún está disponible en youtubehttps://www.youtube.com/watch?v=AmVl2S8nWj0 y notarán que tiene más de 11,000 vistas.

Por último, se utilizó el documento de Reglas del debate para evaluar dos debates para la gobernación y se diseminaron ampliamente los resultados en cuanto a qué candidatos cumplieron con los principios éticos y quienes no.

Este esfuerzo se realizó sin presupuesto, aunque con el apoyo administrativo de la APPR. Las tareas realizadas contaron con el trabajo de personas que cedieron su tiempo y su trabajo, recalcando que es posible hacer este tipo de trabajo con un mínimo de recursos económicos.

Algunos de los logros más significativos fueron el endoso a la CEA de todos los candidatos a la gobernación, el uso incrementado del término campaña de altura por periodistas y candidatos, el uso de los documentos que se crearon en diversos foros y un cambio significativo en la manera de conducir el segundo debate de los candidatos a la gobernación luego de que se informó que algunos no habían cumplido con las reglas éticas en el primer debate.

Las limitaciones principales fueron la falta de presupuesto y el tiempo que le requirió el proyecto al voluntariado. Un aprendizaje importante fue que el involucramiento en tareas de asuntos públicos requiere flexibilidad y disponibilidad de cambiar planes de trabajo en corto tiempo y en respuesta a eventos sociopolíticos que ocurren en el país.

Presupuestos participativos del municipio de San Juan[²]

La meta de este proyecto fue que las personas residentes en un área de San Juan, ciudad capital de Puerto Rico, determinaran el uso de $500,000 (1% del presupuesto municipal) asignados para obras locales de infraestructura. El proceso incluyó cinco pasos: el primero consistió en realizar varias asambleas comunitarias para identificar necesidades de infraestructura y recoger ideas de la comunidad de proyectos que podían ser ejecutados para satisfacerlas. El segundo paso consistió en elegir a dos personas para la creación del comité de delegadas y delegados; en dichas asambleas se exponían ideas de proyectos que se convertían en proyectos específicos y, de ser necesario, se consultaban especialistas en construcción, ingeniería, arquitectura, entre otras. El tercer paso residió en convocar a una asamblea comunitaria en la cual se presentaban los proyectos en formato de maquetas, fotos, planos y demás. El cuarto paso fue una votación secreta en las asambleas para escoger el o los proyectos a construir, y el quinto paso fue entregarle la información al municipio para su implantación. El municipio también tuvo a su cargo la evaluación del proyecto.

Según grupos focales realizados con las personas participantes, los logros principales del proyecto fueron: a) participación enriquecedora y de aprendizaje para las personas residentes, b) vinculación entre comunidades del municipio, c) conocer a nuevas personas, y d) capacitarse en destrezas de gobernanza democrática. Las asambleas y reuniones fueron inclusivas de los diferentes sectores y la votación se consideró adecuada.

Las dificultades incluyeron: a) falta de capacitación para el diálogo, b) un proceso largo del cual muchas personas se retiraron y c) la necesidad de aclarar expectativas desde el inicio. También fue difícil superar el partidismo y la desconfianza en la administración del municipio. La vinculación con las personas que evaluaron los proyectos fue tardía y fue necesario generar diversas estrategias de convocatoria y movilización que no se consideraron desde el inicio.

En el informe de evaluación se mencionaron varios aprendizajes: en primer lugar se aludió a la centralidad de la capacitación, tanto para residentes como para quienes facilitaban las asambleas y reuniones. Se indicó que el proceso de convocatoria debe variar dependiendo de la cultura y contexto del área y que era necesario considerar medios electrónicos para algunas etapas. Fue importante aclarar y coordinar la vinculación entre las diferentes agencias del municipio involucradas en el proceso y se recomendó desarrollar mecanismos que insertaran a personas de la comunidad en la implementación de los proyectos de la cual quedaron excluídas.

Lamentablemente, la implementación de los proyectos no se terminó y las comunidades se desvincularon. Aunque este proyecto no tuvo un final feliz, era importante describirlo porque fue un esfuerzo pionero en nuestro país que evidencia que podemos aprender no sólo del éxito, sino también de los reveses.

Fundación Agenda Ciudadana

Uno de los esfuerzos más exitosos de democracia participativa en Puerto Rico es el que creó y continúa la organización sin fines de lucro Agenda Ciudadana. Ésta, organizada en el 2007 por una psicóloga social comunitaria, tiene como aspiración:

transformar la cultura cívico pasiva en una activa en la que [la ciudadanía promueva] políticas que permitan la transformación de la sociedad. Esto requiere de una ciudadanía competente, activa y apoderada que se movilice para provocar la unión entre ciudadanía y Estado con un norte claro: garantizar que Puerto Rico sea más equitativo, justo, solidario y democrático (Agenda Ciudadana, s.f).

Para lograr esas aspiraciones facilitan procesos de diálogo (deliberativo y sostenido), acuerdos, colaboraciones y alianzas entre diversos sectores. Les guían principios de empoderamiento ciudadano, democracia participativa, transparencia y rendición de cuentas.

Agenda Ciudadana comenzó su trabajo generando una carta de ruta para los candidatos a la gobernación de las elecciones del 2008. Con la colaboración de la Corporación de Apoyo a Programas Educativos y Comunitarios (CAPEDCOM) y El Nuevo Día (uno de los periódicos de mayor circulación en el país) lograron motivar a personas, organizaciones, universidades y coaliciones para organizar siete foros ciudadanos en los cuales se presentaron propuestas sobre los temas de mayor preocupación en el país (Figura 2). Esto generó un documento que se entregó a los candidatos a la gobernación, pero que también se publicó para información de la ciudadanía en El Nuevo Día (2012). Desarrollaron “agendas ciudadanas” para las elecciones del 2012 y 2016 y continúan generando esfuerzos de diálogo, legislación y capacitación ciudadana (Figura 3).

En todos estos esfuerzos han participado psicólogas y psicólogos sociales-comunitarios en diversos roles y tareas. En la Figura 4 muestro cómo sus roles se han reflejado en los diversos proyectos y cómo han ido incrementando de esfuerzo en esfuerzo.

Logros y retos

Al examinar en conjunto los proyectos antes descritos vemos que han generado diversos logros para nuestro país, similares a los de esfuerzos de democracia participativa en otras naciones. En primer lugar, han aumentado tanto el conocimiento ciudadano de los problemas del país como el desarrollo de criticidad en cuanto a soluciones previas y en cuanto a la labor de los partidos. Se han creado nuevos espacios de colaboración entre grupos y organizaciones, lo cual ha requerido el desarrollo de encuentros multi, inter y transdisciplinarios. Como estos proyectos se dan dentro del marco de un sistema de democracia representativa es importante notar la inclusión de propuestas ciudadanas en las plataformas de los partidos y el interés en ellas de parte de la rama legislativa.

Figura 2
Esfuerzo inicial de creación de una agenda ciudadana para el país

Figura 3
Actividades de Fundación Agenda Ciudadana del 2008 al 2020

Figura 4.
Roles y funciones de psicólogos y psicólogas comunitarios en procesos de democracia participativa

Se ha logrado presencia en los medios masivos de comunicación, particularmente la prensa y la radio, y el reconocimiento de las entidades que los han dirigido.

Esto no elimina la presencia de retos compartidos los cuales incluyen; a) mantener criticidad y distancia de los partidos politicos y aún así lograr los propósitos, b) lograr acceso a la TV, y c) batallar contra una cultura política dominante que no favorece la participación ciudadana instrumental y transformadora. En el caso de la psicología todavía es necesario minimizar la renuencia de colegas de otras especialidades (p. ej. clínica, evolutiva, experimental) para lograr que participen en estos esfuerzos. Por último, es necesario velar continuamente por la posible fragmentación de acuerdos ante presiones partidistas o ante la potencial pérdida de control y de recursos.

Conclusiones y recomendaciones

La información y experiencias presentadas en este escrito demuestran que las psicólogas y psicólogos comunitarios tenemos los conocimientos y las destrezas para generar esfuerzos de democracia participativa que fortalezcan a la ciudadanía y, a su vez, le permitan influir de manera más directa en los procesos de democracia representativa que caracterizan la mayoría de nuestros países. Para que esto continue y se fortalezca propongo las siguientes recomendaciones en cuatro áreas principales: investigación, trabajo legislativo, trabajo académico y asociaciones profesionales de psicología. Estimo que en el área investigativa es importante fortalecer el proceso evaluativo de estos esfuerzos y obtener la opinión de la ciudadanía. El trabajo legislativo requiere que continuemos mostrándole a legisladoras y legisladores cómo los procesos participativos les favorecen para hacer bien a cada país. Debemos además, tener presencia constante en el trabajo legislativo, ya sea presentando o evaluando proyectos y cabildeando por la aprobación de propuestas que surjan de la ciudadanía. La creación de oficinas de participación ciudadana como la que propulsó Agenda Ciudadana en Puerto Rico es una idea que podría generalizarse y ser útil en otros países.

En términos de la formación de futuros psicólogos y psicólogas, tanto comunitarios como de otras especialidades, es necesario fortalecer en los currículos el área de políticas sociales, de procesos legislativos y de evaluación de programas. La creación de pasantías en organizaciones que promueven la democracia participativa o en escenarios legislativos sería de gran provecho para nuestro estudiantado y, a la larga, para nuestros países. Las asociaciones de psicología pueden proveer educación continuada a profesionales, fortalecer alianzas con organizaciones profesionales de otras disciplinas como el trabajo social y la planificación, así como reclutar personas expertas en los medios de comunicación para facilitar llevar su mensaje.

La psicología comunitaria, dados sus compromisos y valores, debe continuar a la vanguardia de estos esfuerzos no sólo para adelantar nuestros propósitos, sino para trazar rutas para profesionales, organizaciones comunitarias y para la ciudadanía comprometida con la justicia y la equidad social. Espero que la solidez conceptual que nuestra disciplina ha logrado y que los ejemplos aquí presentados promuevan el desarrollo de investigaciones y proyectos que afiancen los esfuerzos participativos y democráticos en nuestros países.

Referencias

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Notas

Notas de autor

^a. Correspondence about this article should be addressed to Irma Serrano García: serranogarciairma@gmail.com