Introducción

El presente artículo es planteado en el marco de un proyecto de investigación desarrollado entre la Universidad de Manizales, la Universidad Católica Luis Amigó y la Universidad de Caldas, que tuvo como objetivo la formulación de un modelo de acción psicosocial comunitaria basado en la reconstrucción de las memorias de las víctimas del conflicto armado. Para el desarrollo de dicho proyecto se consideró como una primera fase, el reconocimiento de las prácticas comunitarias que las mismas poblaciones han desarrollado para enfrentar los daños y el sufrimiento, y los saberes interdisciplinarios construidos en el marco de políticas públicas para la reparación integral.

En respuesta a lo anterior, este artículo se centra en la revisión de la literatura sobre la acción psicosocial y las prácticas comunitarias de las víctimas del conflicto armado colombiano, quienes han desplegado estrategias de afrontamiento al margen de la asistencia y el apoyo profesional e institucional, que han sido determinantes en su proceso de sobrevivencia, y que deben ser reconocidas para poder avanzar en formas más efectivas de acompañamiento que las que se han logrado hasta el momento.

Acción psicosocial y prácticas comunitarias

Hay ya una avanzada discusión académica sobre la importancia de visibilizar las estrategias creativas mediante las cuales las víctimas del conflicto armado colombiano han afrontado los daños y el sufrimiento que han dejado décadas de violencia. Algunos referentes que enfatizan en ello son Caviedes (2017); Belalcázar y Molina (2017); y Getial (2016). En este mismo orden de ideas, Martín– Beristain (2009) resalta la importancia de ritos y ceremonias entre las víctimas como una forma de recuperación emocional, especialmente en Colombia donde existe diversidad cultural y los encuentros son fundamentales en la cotidianidad comunitaria.

En dichos escenarios, la escucha y la narración configuran dispositivos determinantes. Para Jelin (2002) quienes vivieron y sobrevivieron a situaciones límite demuestran obstáculos legítimos para narrar lo vivido; esto conlleva al riesgo del silencio con el fin de protegerse, de no exhibir eventos inhumanos que producen culpa y vergüenza no solo en quien narra, sino en quien escucha. Así como Primo Levi (1999), tras la liberación del campo de concentración nazi, relata lo sucedido a su familia y “un mundo de hielo se cerró sobre él”. En este sentido, según Jelin (2002) y Lugo (2017), el silencio está relacionado con la imposibilidad de la escucha; el sobreviviente calla porque no encuentra receptores de su relato; de ahí la importancia de cultivar la escucha, pues a través de ella se habilita la memoria. En coherencia, varios autores ( Gutiérrez-Peláez, 2018) ( Castro-Sardi & Olano, 2017), ( Moreno, 2013), y ( Camacho, 2019) llaman la atención sobre la ética como eje transversal de la escucha y el reconocimiento del dolor de los sobrevivientes.

En el marco de la memoria y la narración, las prácticas artísticas también son dispositivos mediadores para enfrentar las consecuencias de la violencia política en Colombia ( Quintero, 2020). Según Villa y Avendaño (2017) el arte ha sido un vehículo para la conversación, transmisión y expresión de las memorias superando lo individual para adquirir una dimensión pública. En esta misma línea, han surgido reflexiones en torno al “arte participativo” y su impacto no solo en las víctimas, sino también en las audiencias o espectadores ( Rubiano Pinilla, 2015). Teniendo en cuenta que las comunidades han desarrollado micro-proyectos por su propia cuenta, “el otro” como grupo o comunidad es sostén fundamental del proceso de duelo. Así entonces, los rituales y las actividades cotidianas al interior de los territorios y ancladas en lo colectivo, han sido de gran importancia para que la memoria circule en una función pública ( Figueroa, 2004).

Otros escenarios que configuran prácticas comunitarias para enfrentar el daño se han dado alrededor de la cocina. Como lo menciona Ruiz (2014), en ellos las víctimas resisten social y simbólicamente, produciendo efectos en sus procesos de reparación, recuperación emocional y reconstrucción del tejido social.

Las prácticas comunitarias que personas, familias y grupos han desarrollado, invitan a poner bajo cuestionamiento el protagonismo del saber experto. Al respecto, las reflexiones desde la perspectiva psicosocial, deben enfatizar en las consecuencias éticas y políticas que han tenido en las víctimas las intervenciones individualizadas y descontextualizadas. Estas orientaciones han llevado a incrementar estudios que dan cuenta del impacto de acciones participativas, que reconocen, además de los hechos victimizantes, otras experiencias como las estrategias para hacer frente al daño comunitario, a través del testimonio, los rituales y el arte. En este sentido, el reconocimiento de dichas prácticas se convierte en una de las claves para avanzar en la formulación de acciones psicosociales con sentido para los sobrevivientes.

Método

La presente investigación es cualitativa, de tipo documental y mediante revisión de literatura, que según Grant y Bootht (2009) es un proceso para identificar, incluir, seleccionar y sintetizar material según su contribución o valor, con el fin de visibilizar lo que se ha logrado anteriormente, así como las omisiones y también evitar el duplicado de los estudios.

En virtud de lo anterior, se realizó la búsqueda de artículos científicos teóricos y aplicados relacionados con el conflicto armado colombiano, específicamente mediante las palabras clave: acción psicosocial, prácticas comunitarias y conflicto armado. Se tuvieron dos criterios de inclusión iniciales, el primero, la ventana de tiempo entre el 2011 y el 2022, teniendo en cuenta que en el 2011 se establecen las disposiciones jurídicas en las que se reglamenta la atención psicosocial a las víctimas mediante la ley 1448, y a partir de ello se incrementan los planes, programas y proyectos en dicho campo, que a su vez se convierten en objeto de investigación y reflexión. El segundo criterio, fue que los trabajos hicieran alusión a la población y el territorio colombiano.

Las bases de datos en las cuales se realizó la búsqueda de información fueron SCOPUS, CEPAL, DIALNET, y JSTOR. En total se recolectaron 110 documentos, clasificados de la siguiente manera: acción psicosocial: 46 documentos, prácticas comunitarias: 64 documentos. En una revisión inicial se descartaron 32 artículos por no enfatizar suficientemente en las categorías propuestas.

El proceso de codificación fue realizado mediante el software Atlas Ti siguiendo los principios de la teoría fundamentada. Inicialmente se llevó a cabo una codificación abierta, teniendo en cuenta tanto códigos previamente establecidos y en correspondencia con la teoría existente, así como los códigos libres o emergentes. Siguiendo a Bonilla-Garcia y López Suárez (2016), se generan códigos a partir de dos fuentes: la primera es la pre-codificación; es decir, aquellos códigos determinados por el investigador de manera inductiva; y la segunda son los códigos in vivo; es decir, aquellos que se ven expresados en la información y que por su riqueza y particularidad no pueden ser clasificados como los primeros.

Se realizó un proceso de comparación constante entre los códigos para establecer sus posibilidades de agrupación y conformar categorías. Con base en la codificación abierta se realizó la codificación axial, que sugiere la búsqueda rigurosa de la relación entre códigos y familias, o en otras palabras, subcategorías y categorías ( Bonilla-García & López-Suárez, 2016).

Finalmente, se llevó a cabo la codificación selectiva, estableciendo la relación conceptual entre códigos y categorías, que se traduce en el establecimiento de una serie de proposiciones, que serán presentadas a continuación.

Resultados

Teniendo en cuenta el apartado anterior, en la Tabla 1 se relacionan los códigos preliminares, los emergentes y las categorías que los agrupan.

Dado que son múltiples las expresiones para dar cuenta de la acción psicosocial y la acción comunitaria, se tuvieron en cuenta diferentes formas en las que podía hacerse alusión en la producción científica. Así mismo, los efectos se clasificaron en tres tipos, y se tuvieron en cuenta los conceptos para considerar efectos negativos o no de la acción.

La revisión de literatura permite establecer los procesos recurrentes que intervienen en la configuración de las prácticas comunitarias a través de las cuales las víctimas sobrevivientes han podido hacer frente al daño y el sufrimiento. Entre los códigos emergentes se encuentran la resiliencia, la acción colectiva, la memoria, el reconocimiento, la organización, la interacción, el diálogo. Estos códigos, a pesar de las distinciones de orden conceptual y procedimental, dejan ver algunos comunes denominadores que son asumidos como hallazgos importantes para problematizar la acción psicosocial, en el marco del conflicto armado, y vislumbrar nuevas formas de actuación.

En primer lugar, se ha encontrado que todos los procesos implican un encuentro con otros; es decir, ninguno de los elementos que dan lugar al afrontamiento del daño se desarrollan de manera individual ni intra-psíquica, sino que requieren de la interacción, el diálogo con otros, y parece ser esto lo que potencializa los resultados que hasta ahora las víctimas sobrevivientes han alcanzado en el proceso de resignificar su sufrimiento, lo que sugiere y confirma a lo colectivo como insumo de la transformación. Sin embargo, otro hallazgo es que “los otros” no son una categoría generalizable a cualquier grupo poblacional, pues si bien los procesos a los que se hace alusión en la revisión de literatura, son colectivos, no quiere decir que se hayan presentado con grupos diversos. Por el contrario, se encuentra que las comunidades establecen esos diálogos e interacciones con frecuencia al interior de sí mismas, o con actores profesionales e institucionales, pero la población civil no afectada no aparece como interlocutor de los procesos mencionados al inicio, dinámica que configura una realidad en la cual víctimas y no víctimas se ubican en extremos distantes, siendo este un obstáculo para avanzar en la reconstrucción del tejido social.

Tabla 1
Resumen proceso de codificación

Nota. Elaboración propia.

Finalmente, se esboza un cuestionamiento por la acción psicosocial gestada desde las instituciones; es decir, se han empezado a considerar aspectos éticos en el acompañamiento brindado desde las instituciones encargadas, lo cual es favorable como elemento crítico que sugiere transformaciones. Sin embargo, el acento en lo institucional parece no contribuir a girar la mirada hacia otros roles, como es el de la población civil no afectada, e incluso de otros agentes de socialización que tienen importante incidencia en lo psicosocial como lo son los escenarios educativos y los medios de comunicación.

La dimensión relacional de los procesos en la acción psicosocial

Se establece el concepto acción psicosocial en vez de atención, acompañamiento o intervención psicosocial, que son más comunes, en tanto la revisión de literatura pretendió no solo indagar acciones orientadas desde terceros, sino también todo aquello que las comunidades han llevado a cabo sin la guía de instituciones, más bien en la cotidianidad y en ejercicio de estrategias espontáneas.

En dicho marco se encontró que los procesos se recogen en encuentros con los otros, es decir, lo que las personas, familias, grupos y comunidades han hecho para enfrentar la condición de víctimas del conflicto armado, obedece a una dimensión relacional, a partir de la cual se reconoce la influencia del contexto en los procesos de recuperación, y estos mismos se entienden de manera corresponsable, superando la visión cognitivista de que los procesos psicológicos intra-psíquicos determinan en totalidad la posibilidad de resignificar el dolor. Al respecto, Ramírez Zuluaga (2021) denota la importancia y satisfacción de la población víctima al juntarse de manera asidua para trabajar colectivamente a su propio favor.

La revisión permite subrayar la resiliencia como un proceso recurrente en la realidad de las víctimas del conflicto armado, reconociendo que su emergencia tiene que ver con el contexto de las personas, pues las redes de apoyo son quienes la facilitan y la hacen posible. Así lo sugieren Cerquera y Torres (2017), quienes afirman que la ampliación de redes implica participación de las personas en otros nuevos entornos, y eso conlleva a la adquisición de nuevos roles. Los autores sugieren que las acciones que provienen de otros, y que propenden por estados de bienestar, aumentan la probabilidad de desarrollar resiliencia. Así entonces, las relaciones interpersonales se conciben como insumo fundamental de esta capacidad de sobreponerse a la adversidad.

Otros autores refieren la resiliencia como un factor que aparece para que las víctimas, específicamente las mujeres logren pasar del silencio, el miedo, la angustia y demás emociones asociadas al sufrimiento a la resistencia pacífica y a la construcción de un sujeto político ( Chaparro, 2018), ( Villa Gómez, 2013). Ahora bien, la resiliencia se manifiesta de diferentes formas, por lo tanto su incidencia en el afrontamiento y la superación de adversidades es también diversa. ( Miller Restrepo et al., 2013).

Rodríguez Alba (2022) plantea el trabajo colectivo de reconstrucción de redes a través del apoyo comunitario como una forma de resiliencia; es decir, la autora no concibe la resiliencia como el resultado del encuentro relacional, sino a este mismo como una forma de sobreposición a la adversidad; subrayando con ello la importancia de la interacción.

En este orden de ideas, es posible considerar la resiliencia como un efecto de la acción colectiva y la consolidación de redes. Según Mahecha Bustos (2020), cuando el dolor se comparte con otros, deja de ser individual, se convierte en dolor social y se transmuta en un mecanismo de apoyo mutuo, solidaridad y fortalecimiento de lazos, posicionando así el respaldo emocional a través de lo colectivo. Ahora bien, la autora señala que la cohesión social derivada del tejido colectivo, facilita la transformación. En esta misma línea, se indica que al momento de diseñar servicios de apoyo psicosocial se debe poner una mayor consideración en las redes, por ejemplo la familia, pues esto tiene un efecto positivo en los procesos de acompañamiento ( Correction, 2019).

Las redes que se tejen con los otros constituyen una verdadera fuerza que impulsa los diferentes procesos asociados a la acción psicosocial. En este sentido, las relaciones son un sustrato que despliega potencialidades y, al mismo tiempo, multiplica los procesos de intercambio abriendo caminos para la participación ( Martínez, 2018). Según Ruiz Romero (2012), una vez las experiencias individuales de dolor adquieren dimensión social y empiezan a ser parte de una historia compartida y una construcción colectiva, la comunidad transita hacia la superación de la victimización. En correspondencia, Londoño et al. (2022) señalan el relevante papel de la acción colectiva, tanto para la recuperación, como para la visibilización de las problemáticas y la presión que se debe ejercer sobre la agenda gubernamental.

Ahora bien, en el escenario de la acción colectiva, la participación y los procesos organizativos parecen indivisibles; por tanto, se generan mutuamente sin que sea posible establecer cuál da lugar a cuál de manera jerárquica, sino que suceden en un inter juego relacional que se convierte en un mecanismo para el restablecimiento de los derechos vulnerados. Las oportunidades que emanan de la organización no se agotan en aspectos de orden jurídico y administrativo; ellas trascienden a aspectos psicológicos y sociales; así lo enuncia González (2017) cuando plantea la importancia de las Juntas de Acción Comunitarias y los Comités de Conciliación, en la vida regional de la Sierra de la Macarena. En dicha experiencia, las organizaciones mencionadas no solamente permiten ganar autonomía y respeto ante instituciones e incluso los grupos armados, sino que permiten fortalecer la confianza comunitaria, y afianzan el tejido social construido mediante las relaciones interpersonales que tienen lugar en el marco de las organizaciones.

En estos procesos de acción colectiva, las organizaciones de mujeres se han constituido en un eje para la búsqueda de la convivencia pacífica tras un conflicto de larga duración ( Sánchez-Blake, 2016). Las mujeres que se organizan, crean mecanismos de solidaridad para con otras mujeres, como plataformas para la recuperación física y emocional, que además terminan siendo oportunidades para la formación política, saltando de lo privado a lo público ( Mora y Lara 2015).

Con base en lo dicho, el afrontamiento de la victimización, el daño, el dolor y el sufrimiento, por supuesto requieren de aspectos subjetivos, pero en ningún caso se desmarcan del contexto colectivo. En este sentido el encuentro con los otros es un escenario definitivo en la acción psicosocial, así lo sugieren Villa Gomez et al. (2019) cuando expresan que la reconciliación no solo tiene una índole ética y moral, sino también sociopolítica y social, desde la cual se tejen las propuestas en colectividad. Esto conlleva a insistir en la asociatividad y la acción colectiva para avanzar hacia la paz.

Las audiencias de las víctimas sobrevivientes del conflicto armado en Colombia

A pesar de que el encuentro relacional con los otros es el insumo fundamental para la acción psicosocial, la revisión de literatura ha indicado que esos “otros” son actores sociales de las mismas comunidades; es decir, otras víctimas, personas que han sufrido adversidades similares, o que son objeto de los mismos tipos de vulneraciones. Si bien esto ha sido de gran importancia para llevar a cabo los procesos relacionados con la sobrevivencia, se considera insuficiente para avanzar en aspectos de más amplio alcance como la reconciliación social. A pesar de que hay múltiples iniciativas y prácticas en medio de las cuales las personas, grupos y comunidades afectadas por el conflicto se han agenciado y han resignificado su experiencia, esto ha sido posible al interior de sí mismas, pero no se evidencia el despliegue dialógico, por ejemplo, con población civil no afectada, marcando así una de las dinámicas de polarización entre la sociedad colombiana.

No es posible afirmar que las víctimas sobrevivientes del conflicto han estado aisladas en el proceso de acción psicosocial; es evidente que instituciones estatales, internacionales, pastorales y académicas han acompañado los procesos, un ejemplo de esos actores externos comprometidos con la educación a las comunidades sobre sus derechos y reparación han sido USAID y OIM ( Firchow, 2014). Sin embargo, hay un sector poblacional ausente, los civiles no afectados directamente por el conflicto; esto obstaculiza la construcción de un puente de comprensión mutua para recomponer el tejido social, y aumenta los riesgos de repetición. Marín et al. (2020) plantean que la memoria a través de actos, iniciativas, estrategias y actividades resulta central para combatir el olvido y crear conciencia sobre la necesidad de la no repetición; sin embargo, esto no es funcional con solo una parte de la población Así, podemos entender la no vinculación de la población civil no afectada en los procesos de acción psicosocial con víctimas, como un riesgo de mantenernos en los círculos de violencia social y política en los que hemos transitado históricamente.

La mayoría de referencias que se encuentran en la revisión de literatura sobre procesos como la resiliencia, el reconocimiento, la memoria, y la organización, dan cuenta de conversaciones que han estructurado las comunidades al interior de sí mismas. Chaparro (2018) señala que las redes sociales naturales que constituyen las mujeres son una fuerza comunitaria de organización colectiva que se nutre recíprocamente y dinamiza la capacidad de respuesta, lo cual tiene un componente de reconocimiento del otro desde la solidaridad y el apoyo mutuo, como vehículo para la transformación identitaria. Mientras tanto Rodríguez Alba (2022) expone la creación de escenarios de encuentro personal y colectivo para la reflexión, posibilitando el reconocimiento del otro como ser legítimo, hilando una red de vínculos y apoyo, lo que permitió reconstruir lazos de confianza, apoyo mutuo, participación y construcción de oportunidades para el mejoramiento de la calidad de vida. Pero como lo plantea Aparicio et al. (2017), estas prácticas se encuentran marginalizadas, y por lo tanto demandan reconocimiento.

El estudio de Santaella-Tenorio et al. (2018) encontró que una de las soluciones más utilizadas por las víctimas del conflicto para tramitar el trauma social fueron las conversaciones con familia y amigos. Y por su parte, Sarmiento-Marulanda et al. (2021) señalan los esfuerzos de las mujeres monte marianas para superar sus traumas psicosociales desde sus propios recursos comunitarios. Sin embargo, como lo plantea Ramírez Zuluaga (2021), al hecho de juntarse al interior de una comunidad, que recupera los vínculos afectivos y sociales, se le suma la necesidad de juntarse con otros, para que de manera asociada se avance en formas de cuidado social.

Otra investigación que confirma la no vinculación de la población civil a las iniciativas y los actos en el marco de la acción psicosocial, es la de Courtheyn (2019) en la cual se expone el caso de San José de Apartadó, cuya comunidad marcha a los lugares de los hechos, vuelve a narrarlos, pinta piedras con los nombres de las víctimas; pero los que mayoritariamente participan de ello son, además de las víctimas, otros grupos de campesinos, actores institucionales, académicos y periodistas.

Valencia y María (2014), documentaron 50 iniciativas de recuperación, a partir de las cuales manifiestan que las comunidades se acompañan entre sí, gestando una matriz de apoyo mutuo que influye en la reconfiguración subjetiva y psicosocial, pero no refieren en ello el involucramiento de las no víctimas.

Los antecedentes mencionados son solo algunos de los que dejan ver a la población civil no afectada como un actor ausente en el encuentro relacional que supone la reconstrucción del tejido social. Al respecto Vélez (2011) plantea que para superar los traumas sociales producidos en el marco de las violencias, se requiere pasar de las voces de las víctimas a las voces públicas de la ciudadanía, combinando emoción y razón, lo político y lo simbólico. El autor asume la necesidad de dicha transición como algo inmediato.

Teniendo en cuenta lo anterior, si bien el diálogo que las personas, grupos y comunidades han establecido con ellos mismos o con instituciones, ha favorecido procesos en los cuales los individuos se entienden como protagonistas del proceso de acción psicosocial, urge la interacción con personas no afectadas, que como lo plantean Gomez et al. (2019), son audiencias que coadyuvan en la construcción de la memoria, y al mismo tiempo influyen en la manera en la que las víctimas sobrevivientes en Colombia se asumen a sí mismas, en la importancia de construir memorias incluyentes, que permitan reconocer todas las historias y puntos de vista, además de transformar los marcos de significado y las creencias sociales que deslegitiman al adversario y lo convierten en enemigo absoluto . De acuerdo con lo anterior, Colombia necesita convocar a la ciudadanía, y la intervención del Estado al respecto ha sido insuficiente ( Holguín, 2017)

Del cuestionamiento del papel institucional a la corresponsabilidad social plena

En la producción académica reciente, hay un cuestionamiento sobre el papel de las instituciones en los procesos de atención y reparación, y se resaltan algunas debilidades que deben ser minimizadas específicamente por el Estado para mejorar dichos procesos. Por ejemplo, Pérez - Contreras (2017) sugiere superar la política de corte asistencialista y asumir una política comprometida con el desarrollo humano, la creación de redes solidarias y el apoyo comunal; así mismo, el autor enfatiza en la importancia de los espacios de diálogos en los cuales las víctimas puedan ser reconocidas como actores activos, todo ello como mecanismo para alcanzar la reparación integral efectiva y prevenir la revictimización generada por la indiferencia Estatal. Franco Gamboa et al. (2021) afirman que los procesos de reparación en Colombia se fundamentan en saberes objetivos, producidos en centros académicos; los saberes no están situados en territorios y territorialidades que incorporen las ciudadanías plurales. En correspondencia con el estudio anterior, Martinez et al. (2017) señalan en su estudio que el 51.6% de mujeres participantes afirman que una verdadera reparación implica reformas en el Estado. En ese orden de ideas, Camacho (2019) establece que los profesionales encargados de la atención psicosocial son convocados a desarrollar su trabajo como expertos, lo que es contradictorio con las dimensiones planteadas en el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI.

Avila (2013) afirma que quienes han sufrido violaciones y afectaciones en el marco del conflicto armado, son sometidos a diferentes revictimizaciones, y en ese orden de ideas, el papel del Estado es generar medidas que puedan evitar dicha situación. También Sarmiento Marulanda et al. (2021) afirman que a pesar de que la Ley de Víctimas está orientada desde un paradigma socio político, las mujeres de Montes de Maria señalan intervenciones basadas en la revictimización, negligencia y abandono por parte del Estado.

En respuesta a las situaciones descritas, las comunidades han desarrollado una serie de acciones colectivas en pro de la memoria, para resistir a la lógica estatal que emprende olvidos y silencios, como forma de dominio del pasado. Las comunidades se han enfrentado a la versión oficial de los hechos, que desconoce el accionar violento dirigido hacia ellas ( Eraso Simonds, 2016). Estos procesos organizativos tanto de víctimas como de mujeres han buscado ser escuchadas y posicionar sus reivindicaciones en el espacio público; sin embargo esto ha implicado tensiones, específicamente en temas como la definición de víctima o la reconciliación social. ( Gómez & García, 2017)

Los cuestionamientos encontrados en las investigaciones, han sido dirigidos únicamente a las instituciones y los funcionarios, invisibilizando el papel de otros actores sociales como los medios de comunicación, escenarios educativos y la población civil no afectada. Esta última no aparece como referencia en la revisión documental, lo que llama la atención dado que los procesos de reparación y reconciliación sólo pueden ser construidos con la participación de todos los actores de la sociedad. Como lo plantea Ramírez-Alvarez (2016), la tarea para Colombia es consolidar una política pública basada en el reconocimiento de los invisibilizados, así también Barrero Castellanos et al. (2020) denuncia invisibilización y no asunción de responsabilidades por parte del Estado, pero eso no puede darse solo entre unos actores específicos, es decir, si bien el reconocimiento por parte del Estado es fundamental, la población civil no afectada debe involucrarse activamente en la reconstrucción del tejido social. También Acosta López (2019) llama la atención sobre las formas alternativas de producción de sentido que se requieren para una actividad de escucha responsable y solidaria en contextos de acompañamiento; sin embargo, la escucha no debe comprenderse como un ejercicio que se circunscribe únicamente a contextos institucionales, sino como una práctica social entre diferentes actores.

La referencia encontrada alrededor de la acción psicosocial en comunidades da cuenta de una especie de dinámica centrípeta en la cual el apoyo, la cooperación, la solidaridad y demás condiciones para continuar existiendo se dan con aquellos quienes están en una misma condición victimizante o cercanos a ella. En ninguna de las estrategias de supervivencia participa el no afectado, lo que ha sido corroborado por Villa et al. (2015).

Por otro lado, Marín et al. (2018) aduce que en Colombia hay una cantidad de informes, celebraciones, material audiovisual, exposiciones, procesos pedagógicos, plataformas interactivas, cajas de herramientas y archivos alrededor de la memoria que dan cuenta del horror, y que tienen como propósito socializar a la opinión pública las dimensiones de la guerra y sus costos sociales, culturales y políticos. Sin embargo, no hay referencias de que dicha información interpele a actores sociales no afectados por el conflicto, y menos aún que los movilice hacia una noción de corresponsabilidad. Todas las iniciativas y los actos de memoria son fundamentales para evitar el olvido, así como para crear conciencia de la necesidad de no repetición ( Marín et al., 2020), de ahí la importancia de que los diferentes actores sean interlocutores de las memorias; de lo contrario persisten grandes riesgos de continuar en el círculo de la violencia sociopolítica.

A partir de lo anterior, es importante considerar las consecuencias que podrían derivarse de nuevas interlocuciones. Una vez se evidencia que la población civil no afectada no funge como audiencia activa de los procesos de resistencia, reconocimiento, sobrevivencia y demás, emerge en dicha posibilidad una nueva forma de relacionamiento entre ciudadanos y de reconstrucción del tejido social, como responsabilidad conjunta y plena. En palabras de Ramírez-Alvarez (2016), Colombia es un país desangrado y agonizante que tiene una deuda histórica con las víctimas del conflicto, y para saldarla requiere establecer un marco jurídico e institucional justo que incluya las voces de los sobrevivientes, pero que además no se base en el “ellos”, sino en el “nosotros”; esto implica una vinculación comprometida de la sociedad, constituyéndose como audiencia activa.

Tamayo et al. (2014) se preguntan cómo y desde dónde hacer visibles las memorias de las víctimas, al respecto sugieren a los medios de comunicación comunitarios como lugares estratégicos donde es posible reconstruir tejido social y tejer confianza en la vida pública, lo que muestra la importancia de los medios de comunicación en el contexto de la acción psicosocial. En este sentido, la intermediación de procesos educativos y de comunicación. como escenarios para la resignificación, la resistencia, la memoria y el agenciamiento evitarían la centralidad de la institucionalidad y el Estado.

Discusión

Una vez que los resultados de la revisión de literatura esbozan una especie de vacío, ausencia e invisibilización en cuanto al papel de algunos actores sociales en los procesos de acción psicosocial, la discusión adoptará una dirección generativa a través de la cual sea posible reflexionar algunas alternativas para enfrentar el panorama que hasta aquí se ha planteado de manera crítica. En dicho sentido, primero se establecerán algunos elementos que permitan comprender la importancia del afrontamiento colectivo y la potencialidad de extenderlo a nuevos escenarios que contribuyan a la construcción de un relato, que nos convoque como sociedad en vez de fragmentarnos en grupos específicos. Posteriormente, la discusión se concreta en algunos escenarios que se consideran fértiles para promover una participación social más activa de los ciudadanos en la recuperación, reparación, restauración y resignificación del sufrimiento vivido por las víctimas sobrevivientes. En este aspecto, la reflexión gira en torno al acto narrativo como posibilidad para disminuir las brechas polarizantes.

Afrontamiento colectivo: por qué y para qué

La violencia política se define como el “uso intencional de la fuerza por grupos organizados, contra un grupo o una comunidad, con el fin de apoyar ciertos fines políticos” ( Landa et al., 2011). Entre sus implicaciones más importantes se encuentran: primero, expresa un conflicto social sobre las necesidades, valores o intereses para las personas implicadas; segundo, responde a intereses colectivos y no individuales; tercero, consiste en un conjunto de actos violentos y no se circunscribe a hechos únicos y aislados.

En este orden de ideas, la violencia sociopolítica no se explica al igual que la violencia individual, pues los actos no se presentan de manera espontánea como reacción a una situación particular; tampoco se deben a tendencias psicológicas de los participantes, y en la mayoría de ocasiones las víctimas son civiles no combatientes que quedan en medio de la confrontación armada de manera involuntaria. Así, este tipo de violencia constituye un fenómeno que emerge no en la individualidad, sino en marcos contextuales e históricos de relacionamiento, que cuentan con diferentes niveles de legitimación, desde justificaciones morales y cotidianas de la agresión, hasta cuerpos de argumentación de la violencia; ambos lados del espectro enmarcados en dispositivos culturales de relaciones de poder en los que perviven valores autoritarios y jerárquicos. Según Martín-Baró (1990) los hechos que generan traumas en una colectividad se sustentan en determinado tipo de relaciones sociales que mantienen los hechos y cuyos efectos son globales; es decir, no reducibles a lo individual.

Con base en lo anterior, es necesario abordar la violencia sociopolítica de manera colectiva, con la implicación de actores sociales más allá de los directamente afectados e involucrados. Para el tratamiento de lo traumático, en términos colectivos, según Martín-Baró (1990) es necesario el reconocimiento de los otros como iguales en la experiencia del sufrimiento. Por esta razón es que los grupos de apoyo mutuo y las asociaciones de víctimas tienen un gran impacto en términos del soporte psicosocial. Sin embargo, no se encuentra una interlocución directa entre víctimas sobrevivientes y personas no afectadas que apalanque el reconocimiento de la víctima en nuestro país, más allá de la esfera de su red relacional inmediata.

También lo advierten De Rivera et al. (2011) cuando plantean que el primer paso para seguir coexistiendo, después del conflicto, es el reconocimiento genuino de la humanidad del otro que ha sido negada en la confrontación.

En Colombia, la no referencia a procesos de reconocimiento social de las victimas indica una lógica de indiferencia que presenta la necesidad de promover la humanización, más si se reconoce que el camino a la reconciliación depende de múltiples actores. Ahora bien, cómo poder caminar hacia el reconocimiento en un contexto de polarización, que llega incluso a negar al otro, y que ha dejado de presente que la reconciliación no se da en cumplimiento a mandatos políticos, sino como lo expresa Lederach (2007) se arraiga en realidades subjetivas, y se aleja de los marcos tradicionales de la diplomacia del Estado. En esta misma línea, Moreno (2013) manifiesta que es algo que puede darse pero no puede exigirse. La auténtica reconciliación se presenta en un marco relacional y singular con el otro, y ese proceso parece no iniciar, pues a pesar de los acuerdos de paz firmados en el año 2016 y las iniciativas comunitarias psicosociales derivadas, estas mismas no han logrado expandirse a las relaciones entre ciudadanos.

El contacto frecuente y positivo entre los miembros de diferentes grupos se relaciona con la disposición a tejer relaciones, y esto incide en la reconciliación social; según De Rivera et al. (2011), la familiaridad que se obtiene mediante el contacto y la identificación, promueve la aparición de sentimientos de empatía. De otro lado, es importante poder construir perspectivas únicas de los actores y fenómenos, evitando la generalización, pues esta genera estereotipos que castran la curiosidad por el otro y su experiencia.

Estos argumentos ponen de presente la importancia de las relaciones como puntos centrales en el abordaje del conflicto; que las partes admitan y reconozcan la legitimidad de la experiencia de los otros es determinante en el camino de la reconciliación. Aunque en el contexto del conflicto colombiano se conoce bien la situación de las víctimas, en palabras de Lederach (2007):

Una cosa es conocer, pero reconocer es un fenómeno social muy diferente. Llegar a admitir después de escuchar las historias de los demás da validez a la experiencia y los sentimientos, y representa el primer paso hacia la recuperación de la persona y de la relación. (p. 61)

Esto implica que se requieren escenarios de expresión, escucha, intercambio entre diferentes grupos poblacionales. Aunque estos escenarios ya se hayan dispuesto de muchas maneras en el país, durante las últimas décadas, es necesario advertir que hay actores aún no acuden a dicha invitación, o simplemente no han sido exhortados a replantear sus relaciones y percepciones mediante una nueva experiencia compartida.

El reconocimiento de la dimensión relacional del conflicto conlleva a entender que las tensiones van más allá de los problemas visibles, y tienen que ver con la forma en la que las personas perciben el conflicto, a los demás, y a sí mismas. En este orden de ideas, la acción psicosocial debe enfocarse en procesos microsociales que favorezcan el encuentro interaccional. Sin que sea una única forma, se plantea el encuentro narrativo como alternativa para acercar a las personas distanciadas por las brechas sociales, políticas, culturales que determinan su experiencia.

Un puente construido a través de la narración

Durante las últimas décadas, se ha reconocido la importancia del trabajo narrativo con víctimas sobrevivientes del conflicto armado. Palacios Mena (2017) concluye que esta es una categoría teórica y metodológica que penetra en la experiencia y la subjetividad, y dota a los sujetos de una función política frente al olvido y el reconocimiento del pasado.

La narración tiene una función identitaria para todos los sujetos, tal como lo manifiestan Licata et al. (2011) es el relato el que provee al individuo la información sobre quién es, de dónde viene y hacia dónde va. Pero esta identidad no es un constructo desde sí y para sí mismo; constituye el performance de quienes somos para los demás y, en ese sentido, queda explícita la importancia de las relaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, no es nuevo reconocer la potencialidad del narrar en el abordaje del dolor y el sufrimiento. Ya las diversas formas de acción psicosocial para enfrentar el daño han encontrado en el acto narrativo un dispositivo para construir y reconstruir el significado de la experiencia. Sin embargo, lo que se advierte aquí es la pregunta por las audiencias, y cómo la ampliación de las mismas puede implicar el favorecimiento del reconocimiento social de las víctimas sobrevivientes, y de otro lado la construcción de una narrativa colectiva orientada a la reconciliación.

La construcción de un relato colectivo no implica la homogeneización de las versiones, sino más bien la circulación de los recuerdos vivos, aquellos que son transmitidos horizontalmente sin la intervención de discursos dominantes ( Licata et al., 2011) y que en su diversidad se encuentren para dar sentido al pasado, pues, como lo plantean estos autores, se trata más del sentido que de los hechos vividos.

La importancia de la narración se concreta en la necesidad de reconocer a los sujetos de manera singular, no generalizarlos, pues al hacerlo se convierte a los actores en una masa indiferenciada, objeto de etiquetas que desdibujan la experiencia. Mèlich (2010) sugiere una pedagogía del testimonio como dispositivo ético de relacionamiento.

El testimonio nos transmite una experiencia que no hemos vivido y que, como tal, no podrá volver a repetirse, pero es una experiencia que puede “dar a pensar”, que puede romper nuestros esquemas y nuestras expectativas. Una pedagogía del testimonio “da a pensar… ( Mèlich, 2010, p. 286)

El testimonio, no dice, muestra, y muestra “lo que no se puede decir”. La transmisión testimonial no consiste en imponer un modelo a seguir o a imitar, sino en mostrar el dolor del otro; un dolor que no es ni el del testigo ni el del receptor del testimonio, sino el de la víctima.

De acuerdo con Mèlich (2010), el testimonio constituye un puente entre los individuos, que se erige a partir de la experiencia del sufrimiento y que es la que va a humanizar al “otro”, pues el sufrimiento es lo que es común entre individuos, y es a partir de ahí que es posible reconocernos.

En Colombia se requieren escenarios de encuentro narrativo, en los cuales el dolor y el sufrimiento sea individualizado. Algunos de los espacios propicios para ello son el educativo. Como lo plantean Bar-Tal et al. (2011), el sistema educativo tiene una importancia especial dado que es un agente de socialización del conflicto, que lo contribuye o en el mejor de los casos le hace resistencia.

Los autores anteriormente mencionados consideran que uno de los métodos más importantes y eficientes para promover la reconciliación es la Educación para la paz; ésta proporciona los recursos para comprender los orígenes de la violencia, la tendencia a devaluar a determinados grupos de actores, y sobre todo a dimensionar la función de los observadores pasivos, que es lo más importante a considerar en la presente discusión. “sin educación para la paz, las sociedades pueden verse condenadas a continuar el derramamiento de sangre, el sufrimiento y la tristeza” ( Bar-Tal et al., 2011, p. 5)

Uno de los elementos más prometedores en la promoción de la empatía es la toma de perspectiva, esto es, ponerse en el lugar del otro, ver el mundo desde sus ojos, exponerse a situaciones particulares en las que debería comportarse como él; aspectos que pueden ser dinamizados más fácilmente desde el encuentro narrativo. Salomón (2002) propone que la educación para la paz esté orientada a transformar la percepción de los relatos de los otros, en otras palabras, aceptar el discurso de los otros como algo legítimo.

Además del escenario educativo, otro agente de socialización de considerable relevancia son los medios de comunicación, Perosanz (2011) quien ha revisado investigaciones empíricas en dicho campo, sostiene que los medios tienen la posibilidad de legitimar el conflicto o contribuir a su re-significación; los medios de comunicación priorizan y jerarquizan los asuntos sociales, condicionando con ello la percepción de la realidad social.

Con base en lo anterior, los medios de comunicación tienen un papel definitivo en la reconciliación social, ya que promueven unas narrativas e invisibilizan otras, logrando influir en las percepciones y lecturas que los individuos de una sociedad hacen de la realidad y de los demás. La indiferencia que se percibe en algunos actores sociales, respecto a las víctimas del conflicto, puede considerarse un resultado de la falta de espacios narrativos en los cuales las historias resuenen en las vidas de unos y otros. Por esta razón el tipo de relatos que se consideran viables para transitar el camino de la reconciliación social son aquellos que permitan el reconocimiento de las víctimas como sobrevivientes, y que dan lugar a nociones más generativas de relacionamiento horizontal y reconocimiento del otro como interlocutor válido ( Butler, 2006).

A partir del contenido narrativo en los medios de comunicación es posible desplegar procesos persuasivos, por los efectos de la narración en la vida de los sujetos, que va más allá del puro entretenimiento y tiene implicaciones de orden afectivo. Esto lo explican Green y Brock (2000) mediante el concepto de transporte narrativo, que significa la pérdida de atención por parte del sujeto respecto a su realidad física inmediata, y simultánea focalización en el relato, además de una activación de la imaginación y emergencia de imágenes mentales de alta vivacidad, con un efecto emocional significativo. El transporte narrativo conduce a cambios en las creencias sobre el mundo social representado en la narración. Una evidencia de ello es el proceso relatado por Cruz y Prieto (2020) sobre las acciones e iniciativas del colectivo de periodistas, que destaca que cada historia que escuchan de las víctimas les implica sentir la tragedia; se ven afectados y transformados.

La discusión hasta aquí planteada permite comprender que hay unas dinámicas de invisibilización de ciertos actores sociales, y realidades que requieren ser puestas de manifiesto con el fin de articular las experiencias en un “entre nos”. Pero, además enuncia unos puntos de partida cuyo mecanismo es la circulación de diversos relatos que favorezcan la empatía en medio de la diferencia, para superar con ello una situación de indiferencia que impide el reconocernos como actores interrelacionados y constructores de una dinámica social.

Las consideraciones presentadas constituyen una invitación a poner en cuestión las tecnologías usadas hasta el momento para enfrentar las consecuencias del conflicto, reconociendo la necesidad de pensar el camino hacia la reconciliación en nuevas formas que vehiculen la articulación entre actores sociales y que apelen a la construcción de un proyecto colectivo que integre a todos aquellos que han estado afectados e involucrados directamente, y también a quienes hasta el momento han asumido una posición marginal.

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Notas de autor

¹ Correspondence about this article should be addressed Paula Vanessa Sánchez Agudelo: vanessa_sanchez23@hotmail.com

Declaración de intereses