Entretejer mi presencia en este puñado de asfalto Llevo conmigo un puñado de luciérnagas Imperceptibles en el salvaje complejo de la ciudad (Agonía, Celerina Sánchez Santiago)

INTRODUCCIÓN

Larga ha sido la lista de agravios contra las mujeres y la población mexicana que se ha registrado desde hace por lo menos tres décadas. Desde los hallazgos de mujeres asesinadas con signos de violencia sexual en Ciudad Juárez hasta las desapariciones de jóvenes en el Estado de México han pasado casi 15 años. Durante este período, innumerables esfuerzos colectivos han logrado que la lucha por justicia y verdad en los casos de violencia feminicida y desaparición tome centralidad.

Empero este esfuerzo social, el tema de la violencia hacia las mujeres aparece regularmente abordada desde una perspectiva de género desligada de las condiciones materiales donde tal violencia se despliega. En ese tenor, trazamos una etnografía y acercamiento histórico del escenario de la desaparición y violencia feminicida en el territorio del nororiente del Valle de México, específicamente en Ecatepec, con el objetivo de ofrecer un análisis que pueda dar contenido situado y concreto a la noción de cuerpos-territorios.

EL PUNTO DE PARTIDA: LA LUCHA

Si por un instante desplazamos el horror de los relatos de violencia hacia las mujeres, podemos reconocer que no siempre ha sido así. Así veremos que, si bien las posibilidades de producir y reproducir lo social se ven atravesadas por un conjunto de dificultades que cercan cada vez más las condiciones materiales y espirituales de la población; en medio de la crueldad, es necesario asomarse a las energías históricas que estos territorios guardan como experiencia de lucha por una vida digna. No hay que perder de vista que aún en las condiciones más difíciles está presente la lucha, llamada también las ganas de seguir viviendo (Suárez, 2015). La lucha, puede pensarse como un esfuerzo reiterado y minúsculo para resistir a una fuerza hostil que aparece como superior. Esto es, el ímpetu por no dejarse matar.

ECATEPEC: ESCENARIO DE LA VIOLENCIA FEMINICIDA Y LA DESAPARICIÓN

Gran parte de los últimos diez años del devenir violento en Ecatepec y otros municipios aledaños como Tecámac y Acolman, podrían contarse a través de los cuerpos ausentes de aquéllas mujeres de diversas edades, niñas, jóvenes, adultas y mayores que habitan y producen estos territorios. Historias de violencia en las casas y en las calles, selladas con el correlato de impunidad sistemática por parte del aparato de justicia estatal.

Describir en una sola estampa a Ecatepec es un ejercicio arriesgado, dada su densidad demográfica y social. Un territorio complejo por la inestabilidad de sus asentamientos laberínticos. Una rápida transformación de infraestructura y el aumento de los flujos de personas y mercancías, han transformado en un período de 30 años un lugar llamado antiguamente Cerro del aire, en un municipio-dormitorio densamente poblado.

En ese paisaje siempre móvil e inestable, las cifras oficiales de mujeres asesinadas se han disparado en los últimos seis años (2009-2015). Las calles y espacios domésticos del Estado de México han sido escenarios de los presuntos feminicidios de más de 2 mil 531 mujeres (inegi, 2010-2015). En el contexto de una violencia social que ha dejado en total 22 mil 212 de personas muertas de las que se presume se cometió homicidio. Se calcula que, del total de mujeres asesinadas en Estado de México, en Ecatepec durante este período (2009-2015) han sido asesinadas por lo menos 331 mujeres, según arroja la cifra de oficial Defunciones Femeninas con Presunción de Homicidio (dfPH) del informe oficial La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014, publicado por la Secretaría de Gobernación, Inmujeres y onu Mujeres en 2015. La tasa de dfPH –cálculo que divide el número total de dfPH anuales entre 100 mil habitantes– en Ecatepec es de 6.22, frente al promedio nacional, que es de 3.7.

La desaparición de niñas y jóvenes entre 17 y 20 años ha incrementado, según los registros realizados por organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio quien contabilizó en todo el Estado de México la ausencia de 2 mil 43 mujeres en un período de 18 meses, de enero del 2015 a junio del 2016 (Rosagel, 2016). Detrás de esas cifras, se hilan historias complejas que aparecen en el espacio doméstico pero que dan cuenta de la profundidad con la que la violencia estructural atraviesa el conjunto de la sociedad.

ECATEPEC: DE LA CONSTRUCCIÓN POPULAR A LA GESTIÓN RENTEADA

Las casas se van construyendo al ritmo de las familias, que buscan en la improvisación un punto de apoyo. Las construcciones desordenadas nunca están acabadas, no son pulcras, ni perfectas, ni quietas y constituyen gran parte del paisaje siempre cambiante. Los cientos de jales chicanos –arreglos de algún desperfecto con el material que hay al alcance– develan el modo improvisado de solucionar un problema con lo que se tiene a la mano. Puede pensarse que las varillas de acero que quedan en las azoteas de las casas son un descuido; aunque más bien su presencia representa la posibilidad de que ahí mismo se construya otro piso, para ampliar la familia cuando se necesite.

Ecatepec siempre está en construcción, en autoconstrucción. Puede ser que en un período de dos años, un terreno amplio donde antes se erigía una fábrica o una estación de transporte de combis, se comience a construir un nuevo centro comercial como pasó en los últimos diez años. Como una distopía, el municipio más poblado de México se fue constituyendo como el conurbado de la Ciudad de México, Ecatepunk, como le llama “la banda”, quizá por la rudeza con la que una tiene que vivir, o debido al carácter indomable de sus territorios. El viento sigue soplando, a veces huele a sal, a plomo o a cochambre.

Si se trata de unidades –así se les llama a los conjuntos de edificios habitacionales que se construyeron después del terremoto de 1985 en la ciudad de México– no es que todas sean uniformes: cada familia les va adaptando una construcción de acuerdo con los deseos y necesidades que surgen con el tiempo. Ni los tinacos donde almacenan el agua son iguales, hay diversos tamaños y colores. Cientos de comercios, de changarros y autos, muchos autos de diferentes épocas. Calles pavimentadas y polvorientas. El concreto gris se mezcla con las casas multicolor montadas caprichosamente en las calles irregulares del Cerro Gordo de Santa Clara.

Es un terreno accidentado geográficamente donde conviven modos rurales y urbanos a la vez. Perviven ocho pueblos históricos: Guadalupe Victoria, San Isidro Atlautenco, San Andrés de la Cañada, Santo Tomás Chiconautla, Santa María Chiconautla, Santa María Tulpetlac, Santa Clara Coatitla y San Pedro Xalostoc, 6 ejidos y 12 barrios. En el ámbito más urbanizado se contabilizan 163 fraccionamientos, 359 colonias y una ciudad San Cristóbal Centro (Ecatepec, 2013).

El relato de las familias que poblaron los primeros fraccionamientos de Ecatepec y las ocupaciones irregulares son testimonios de campesinos que salieron de sus comunidades desde la década de los 70 para “buscarse la vida” en el área metropolitana de la Ciudad de México, desplazándose desde poblaciones de los estados de Guerrero, Puebla e Hidalgo principalmente. Su objetivo era establecerse en la ciudad, encontrar un trabajo asalariado, hacerse de un terreno y formar una nueva unidad doméstica. Aquí el testimonio de un miembro sobre la trayectoria laboral para hacerse de un trabajo asalariado en plena conformación del sindicalismo universitario:

¡Uy! si te contara en todos los trabajos que he andado, en la fábrica del pato donde hacen Clarasol, de ahí en una tortillería, de ahí me regresé al pueblo y cuando volví a regresar en una lavandería, ahí duré tres años, luego me metí a trabajar en la herrería, me tocó luego en otra fábrica donde hacen el papel y de ahí empecé a vender terrenos […] de ahí me salí a la compañía de limpieza en Tlalpan, ahí ya vivía en Prados Ecatepec y nada más había un camión que llegaba ahí por la Candelaria, tenía que estar en la parada a las cuatro de la mañana si se me pasaba el camión ya no llegaba hasta Tlalpan. Ahí en la compañía de limpieza trabajaba mi hermano, él fue a dar ahí a la Universidad a finales de los 70 […] luego se empezó a formar el sindicato y él nos metió a trabajar ahí (Núñez Martínez. Comunicación personal, 12 de febrero de 2016).

En aquélla época, la extensión habitual de los terrenos en Jardines de Morelos era de 10 metros de frente por 20 de largo o de 8 por 18.5 metros. Los lotes medían entre 180 y 200 metros cuadrados. Después del terremoto de 1985 de la Ciudad de México, muchas familias que perdieron sus viviendas o arrendaban en el centro de la capital fueron re-instaladas en Jardines de Morelos, fraccionamiento pensado para la creciente clase trabajadora que podría adquirir un terreno a través de créditos estatales. Con la llegada de los “defeños”, Incobusa, la fraccionadora de Jardines de Morelos, dividió el tamaño de los lotes a la mitad, para hacer dos casas en un solo terreno o para construir condominios con departamentos de 50 o máximo 60 metros cuadrados.

A mitad de la década de los ochenta, el Movimiento Urbano Popular se consolida en el conurbado e intenta forjar una fuerza independiente del oficialismo, un movimiento de presión hacia el gobernante en turno, aunque muchas veces siguiendo, casi replicando, las mismas prácticas clientelares de la cultura política priísta (Maldonado Lorenzo, 2014). En esta cultura política, los beneficios obtenidos de la movilización social son “distribuidos” prioritariamente entre aquéllos que pertenecen a su organización (Bonilla González, 2004). Las gestiones sociales del muP se convierten a la larga en negociaciones con el Fondo Nacional de Vivienda para hacer compras legalizadas de terrenos a través de créditos.

Por aquéllas épocas se ha documentado la actuación de grupos policiacos cuya labor era minar la organización social disidente del priísmo. El antecedente más claro de la convergencia entre cuerpos policiacos y delincuencia organizada es el grupo Batallón de Radio Patrullas del Estado de México (Barapem). El Barapem (Cabildo, 1981) fue un cuerpo policiaco creado en los años 70 por Carlos Hank González, ex-gobernador del Estado de México y regente del Distrito Federal. En el Barapem había personas con antecedentes penales en el estado de Hidalgo y se trasladaban al Estado de México. Tenían más de 600 elementos equipados y entrenados en artes marciales con camionetas pick-up, metralletas M-1, y organizaban asaltos bancarios con total impunidad. En su momento sirvieron como grupo de choque para contener las múltiples ocupaciones de tierra del muP y para amedrentar al movimiento obrero que no se alineaba a la oficialidad. Aunque fue disuelto en los años 80, la metodología que inoculó en estos territorios puede que tenga un eco hasta la fecha.

Otra muestra temprana de colusión paraestatal para neutralizar la inconformidad social en estos territorios fue el asesinato por arma de fuego del profesor disidente Misael Núñez Acosta en Santa María Tulpetlac en 1981. Núñez era un importante actor comunitario, articulaba el movimiento obrero y popular en su zona de trabajo. Según la versión que se encuentra en el Archivo General de la Nación (Castillo García, 2011), tres policías judiciales del Estado de México fueron contratados por la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, encabezada por la entonces diputada Elba Esther Gordillo y Carlos Jonguitud Barrios. A su funeral, indican las notas periodísticas, acudieron trabajadores de empresas como Alcan Aluminio, Aceros Ecatepec, Aceros Tepeyac, General Electric y Kelvinator, pues Núñez era un importante articulador de la disidencia magisterial, la clase obrera en lucha y el emergente Movimiento Urbano Popular. El asesinato de Misael Núñez hasta el momento continúa impune, a pesar de que los autores materiales fueron capturados, quienes se fugaron del penal de Texcoco.

En la década de los 90, se consolida la prebenda y el clientelismo (Maldonado Lorenzo, 2014) como forma de gestionar las necesidades de vivienda, servicios, salud y educación en un territorio. En aquélla década el muP comienza a vincularse con el Partido de la Revolución Democrática (PRd), y sus principales líderes engrosan las dirigencias locales. La energía social del otrora muP se encamina hacia el apoyo de mítines o candidaturas de diputados, de presidentes municipales o estatales. Los intereses particulares se consolidan en las estructuras de gobierno, eso tiene consecuencias en la calidad de vida de los ecatepenses:

en los años 90 cuando continúa gobernando el PRi, es cuando se empieza a sentir más el estrés en el transporte, los transportistas crecen sin control, y quien está detrás de las rutas son los mismos que organizan a los taxis o tienen ahí su conexión con el ayuntamiento, sino es que son de ahí mismo (Comunicación personal con B.P., 2016).

A finales de los 90 la infraestructura del triángulo central industrial de Cuernavaca, Puebla y Edomex-Oriente se volvió obsoleta, hubo abandono de naves industriales con el consecuente deterioro de las zonas que la rodeaban. Gran parte del suelo destinado a las zonas fabriles, pasa a ser un lugar de almacenamiento. Además, con la desincorporación de las empresas públicas en la producción nacional industrial, las condiciones laborales se flexibilizaron y a pesar de la organización sindical disidente, la clase obrera en lucha pierde fuerza. En este contexto el sindicato de trabajadores de la fábrica Sosa-Texcoco emplazó a una huelga, la cual se alargó durante 5 años y finalizó en 1999 con el cierre definitivo de la fábrica que ocupaba 264 hectáreas del municipio.

A principios del año 2000, en San Cristóbal, centro de Ecatepec, hay un auge de los centros nocturnos. Las loncherías o cantinas donde en horario diurno se consumen alimentos y bebidas, extienden sus servicios por la noche para convertirse en prostíbulos improvisados. Algunos, según nuestro informante, administrados corruptamente por parte del gobernante en turno. De acuerdo con el testimonio de B.P., extrabajador municipal de Ecatepec, con el gobierno panista de Agustín Hernández Pastrana (2000-2003) los giros negros crecen: “la gente que se ha dedicado a la política se mete en esos negocios, esa cantina, ese antro, son de algún regidor, del presidente municipal. Se sabía que ese cabaret y centro nocturno el dueño era el hijo de Pastrana” (Comunicación personal con B.P. 2016).

Es 2006 cuando llega la oposición perredista al ayuntamiento, según nuestro informante, “este territorio esta ‘renteado’ (sic)”. Los grupos criminales que operan en el territorio se encuentran sino estructuralmente articulados, sí bajo el consentimiento del gobierno en turno. La renta se refiere a negocios locales sobre todo tiendas de abarrotes grandes, depósitos de cerveza, vinaterías, madererías, refaccionarias, talleres de autos que le pagan una renta a los grupos criminales para que no los agredan. Una especie de derecho de piso o de extorsión. Los modus operandi de la corrupción municipal y de la extorsión son similares, pues ambos cobran una renta por el uso de suelo, aunque unos operan cobijados desde la legalidad y otros desde la paraestatalidad.

Una investigación realizada por la Brigada Callejera Elisa Martínez (s/f) que recoge el testimonio de David Mancera, presidente de la organización Solidaridad con las Familias, sostiene que existe un corredor de trata de personas que opera en impunidad y atraviesa no solo el municipio de Ecatepec, sino Coacalco, Tecámac, Ojo de Agua, Tultépec y Tultitlán. La mayoría de mujeres desaparecidas son jóvenes entre 13 y 17 años de edad con rasgos físicos similares; de acuerdo con el testimonio de una sobreviviente, los grupos criminales utilizan credenciales de elector de otras mujeres parecidas, las mantienen cautivas para fines de acompañamiento forzado y explotación sexual. Los criminales, además, trafican armas y ejecutan el asesinato por encargo: sicariato.

A partir del 2012, cuando el gobierno estatal ordenó cerrar algunos establecimientos de baile erótico en el corredor de Texcoco-Lechería y la zona de Venta de Carpio que rodea la Central de Abasto, la logística criminal se reorganizó. Testimonios refieren que con las clausuras, bailarinas, meseras y trabajadoras sexuales ejercen trabajo sexual en la calle. Desde esas fechas se ha denunciado que, a la extorsión histórica por parte de la policía municipal y estatal, se sumaron las amenazas de ser secuestradas a las trabajadoras sexuales que se negaran a pagar el derecho a piso (Brigada Callejera, 2015: 27). Tiempo después de los operativos, se construyeron cabañas a pie de carretera donde es muy probable que se coaccione la explotación sexual.

EL CENTRO COMERCIAL COMO ESPACIO SEGURO Y LA INCLUSIÓN NEOLIBERAL POR EL CONSUMO

Una de las transformación más brutales y rápidas que modificó el paisaje de Ecatepec a finales de los noventa fue el cambio del uso de suelo industrial a uso comercial y posteriormente a uso habitacional. En Tecámac cambió directamente de agrícola a uso habitacional. El ejemplo más grande de esta operación es la inversión privada en los terrenos de El Caracol, expropiados a la desaparecida fábrica de Sosa-Texcoco. Durante el sexenio de Arturo Montiel (1999-2005), en estos terrenos comienza la construcción del conjunto habitacional y Plaza las Américas, obra concesionada a Consorcio de Ingeniería Integral, vinculado al Consorcio ara, que dicho sea de paso tiene entre sus accionistas principales a una de las 40 familias más ricas de México, los hermanos Ahumada Russek (Forbes Staff, 2014).

El conjunto habitacional Las Américas lo constituyen más de 13 mil viviendas de interés social de diferentes dimensiones y precios –60, 66 y 76 metros cuadrados de construcción distribuidas en dos plantas– con precios de 370, 473 y 720 mil pesos (Jacquin, 2007). La idea ha sido poblar esta zona por sectores populares instruidos que aspiran a ser clase media. Diversos testimonios especializados refieren que los suelos de esos terrenos están contaminados con residuos alcalinos, corrosivos y tóxicos (Barrón Rodríguez, 2006).

Este proyecto de conjunto habitacional y mall, inédito en la zona nororiente del Valle de México (Bassols Ricárdez & Espinosa Castillo, 2011), estaba vinculado con la infraestructura impulsada alrededor del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, proyectado en las tierras agrícolas de Atenco. La construcción del Hotel Fiesta Inn junto con el centro comercial que trajo tiendas de marca dirigidas a la clase media tales como Liverpool, Sam’s, Sears y Sanborns. Asimismo, se terminó de construir la autopista de cuota Texcoco-Zumpango que conectaría con una salida hacia el proyectado aeropuerto.

Todavía en 2005 para llegar a Las Américas se tomaba una combi o camión en el paradero caótico de Ciudad Azteca. En 2015, en el terreno que hacía de paradero sobre la Avenida Hank González ahora se encuentra el Mexipuerto Ciudad Azteca Bicentenario, del grupo inmobiliario Carso. Actualmente la única forma de transporte para llegar a la entrada de las colonias de la Avenida Central es a través del Mexibús, el cual es insuficiente para las más de 456 mil personas que diariamente tienen que desplazarse de Ecatepec hacia la Ciudad de México por esta vía. Según el testimonio de la familia Núñez Martínez, vecina de la colonia Jardines de Morelos, muchos de los ex-choferes de las rutas quedaron sin empleo y ahora se dedican a delinquir: “ahora son los mismos hijos de vecino los que se meten en tu casa, es esa gente de las camiones y combis que se quedaron sin trabajo y pues ¿qué van hacer?” (Comunicación personal, 2016).

Bassols y Espinosa (2011), al hacer un recuento de los cambios en las zonas populares del oriente del Valle de México subraya que aunque esos grandes asentamientos humanos no tienen la “capacidad de consumo esperada para las grandes tiendas”, la ventaja de las grandes cadenas son las posibilidades crediticias que ofrecen a clientes que llegan en la búsqueda de marcas que ya están presentes en la vida diaria de los fraccionamientos: “la existencia cercana de colonias de bajos ingresos no es un obstáculo para la realización de las ventas” (Bassols y Espinosa, 2011: 191).

Según la percepción de la misma familia, Plaza las Américas es un sitio seguro. En el contexto de estrés por la inseguridad y violencia social que se vive en muchos barrios de Ecatepec, el centro comercial se erige entonces como lugar de recreación y seguridad que no existe en otros espacios: “con más de 200 tiendas a tu servicio, área de bancos, juegos para niños, entretenimiento para pasar un rato agradable con tus seres queridos, así como realizar tus compras de forma segura” (Plaza las Américas). Incluso para muchas trabajadoras en casa después de una jornada de trabajo al interior de las unidades domésticas, el centro comercial representa un momento de socialización o esparcimiento, fuera de los reducidos espacios de habitación.

EL CUERPO AUSENTE: DESAPARICIÓN Y FEMINICIDIO EN CONTEXTO CONTRAINSURGENTE

El fenómeno de la desaparición forzada en las geografías de Nuestra América no es algo que se ha gestado de la noche a la mañana. En la historia reciente de México existe un episodio llamado “guerra sucia” que se desenvolvió desde la década de los sesenta hasta finales de los ochenta. La guerra sucia fue una estrategia estatal de cuño contrainsurgente para debilitar la organización popular posterior a la represión de 1968. Consistió en la criminalización, persecución, tortura, detención arbitraria, encierro clandestino y silenciamiento de la disidencia social organizada en movimientos políticos civiles o en grupos de guerrilla urbana y rural (Mendoza García, 2016).

Adela Cedillo (2009), estudiosa del período de la guerra sucia en México, refiere que durante siglos como forma de disciplinamiento y desmoralización de la población rebelde, los poderosos han expuesto públicamente cadáveres, como la exhibición de la cabeza de Hidalgo y los independentistas capturados en 1811. Dos siglos después, la pedagogía del miedo (Segato, 2014), dirige su estrategia a través del desprestigio y la deshumanización de su actividad social: los luchadores sociales no son personas, sino elementos “subversivos” (Calveiro, 2004) que buscan desestabilizar la paz social. Se utiliza también el silenciamiento: “desaparecerlos sin informar nunca sobre su destino a nadie”.

En México, durante tres décadas, gran parte de la represión no sólo se ha dirigido a los militantes de los grupos guerrilleros, sino a sus posibles bases de apoyo, a su familia y al movimiento civil organizado. La utilización del ejército para arrasar comunidades, la desaparición forzada y selectiva de luchadores sociales y de sus familias fueron parte de las acciones contrainsurgentes que el régimen mexicano utilizó para mantener su hegemonía durante décadas (Mendoza García, 2016).

En el periodo del pacto de transición foxista (2000-2006), a diferencia de otras geografías –como Argentina donde se buscó reparación, verdad y justicia a las víctimas de la dictadura–, el gobierno en turno encubrió los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante los períodos priístas: Tlatelolco, Halconazo, Aguas Blancas, Acteal, El Charco, por mencionar los más conocidos. Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (femosPP), pero nunca se profundizó en las desapariciones forzadas y por supuesto nunca hubo un juicio a los responsables de la guerra sucia, ni siquiera se reconoció que estos crímenes se realizaron por motivos políticos.

Fueron las organizaciones de familias de las víctimas las que contabilizaron a los desaparecidos por motivos políticos, los cuales ascienden a mil 500 en el periodo mencionado (Cedillo, 2014). Con la llegada de Felipe Calderón (2006-2012) a la presidencia de México, hubo una expansión del aparato represivo estatal y paramilitar. Las desapariciones forzadas continuaron, así lo atestiguan las primeras manifestaciones de pobladores del norte del país, cuyos familiares presuntamente habían sido desaparecidos por grupos delincuenciales, así también acciones de organizaciones civiles y armadas para reclamar la presentación con vida de sus miembros (Olivares, 2007).

Dawn Paley (2016) explica que la guerra de contrainsurgencia sigue ocurriendo aun cuando discursivamente estamos viviendo una democracia; se trata de una ampliación de la categoría contrainsurgente que tiene como práctica central la desaparición forzada no-selectiva, así como la utilización de grupos paramilitares y criminales para estas tareas. Una estrategia de terror estatal que debilita los procesos de organización comunitaria-popular facilitando con ello el avance de la acumulación y despojo. La desaparición de personas utilizada como estrategia de terror se hizo más evidente durante la llamada “guerra contra el narco” después del 2006 (Mastrogiovanni, 2014). De hecho, Paley (2016) sostiene que esta guerra aplica las técnicas conocidas de la guerra contrainsurgente del siglo xx y las amplía, haciendo difícil entender la frontera entre lo estatal y lo paraestatal. Las fuerzas militares, policiacas, económicas y políticas tienen lazos históricos. Lo que nos parece una lucha del bien contra el mal (policía contra crimen organizado) opera bajo la misma logística y se vale de la misma infraestructura.

En ese sentido, la desaparición de niñas y mujeres es un hecho que no puede desligarse del contexto de violencia contrainsurgente que se vive en estas geografías. Si bien no puede decirse que los casos de desaparición de niñas y mujeres a los que me he aproximado en Ecatepec y Tecámac (Reyes-Díaz, 2017) puedan entrar en la categoría de desaparición forzada –en tanto se necesita comprobar la participación de las fuerzas estatales en cometer el acto–, sí podemos ver un continuum en la actuación del aparato estatal: patrón de desprestigio, ocultamiento, omisión e impunidad, acciones que emulan las formas de conducción estatal utilizadas desde la guerra sucia. Aun cuando técnicamente es difícil probar el carácter “forzado” de todas las desapariciones, las cometidas por particulares no son menos graves, pues los efectos de la ausencia en el núcleo familiar son igualmente irreversibles.

Por otro lado, ocultar, eliminar, desaparecer el cuerpo también se ha vuelto un procedimiento que los perpetradores de feminicidios íntimos han replicado. Casos donde el feminicida intenta deshacerse del cuerpo disolviéndolo en ácido o quemando los restos, copiando los métodos contrainsurgentes de la desaparición forzada para borrar todo rastro que lo inculpe. Este método dificulta la distinción entre desapariciones en serie de mujeres jóvenes para fines de trata de personas y el presunto feminicidio por razones íntimas.

En momentos de despojo de los medios de existencia donde se precarizan las condiciones del trabajo asalariado, con los antecedentes históricos de una guerra sucia impune, los valores de una jerarquía masculina-dominante son un caldo de cultivo para que la violencia estructural se replique en todos los niveles. Esos valores niegan la compasión, ocultan todo tipo de ligamen afectivo. En estas geografías la masculinidad hegemónica necesita una forma cada vez más violenta para reafirmarse. De este modo, cuando el estatus masculino se ve amenazado, los varones ejercen violencia en sus diferentes tipos para resarcir su jerarquía, violencia contra sus congéneres y sobre todo contra las mujeres cercanas.

En ese sentido, queda pendiente una agenda de investigación capaz de relacionar cómo se está produciendo una subjetividad masculina que busca resarcimiento sobre los cuerpos femeninos y control territorial a través de la violencia, muy en resonancia con las formas bélicas utilizadas por los grupos policiacos, militares y paramilitares.

UN DIÁLOGO ETNOGRÁFICO ATRAVESADO POR LAS AUSENCIAS

En un contexto de acumulación y despojo, la violencia feminicida en el ámbito íntimo y la violencia institucional patriarcal se refuerzan mutuamente. Recordemos que la división público/privado (Pateman, 1995) es una configuración que tomó fuerza en la modernidad capitalista y se consolidó con la instauración del Estado moderno-colonial en la mayoría de los territorios del globo, pero con sus particularidades en los territorios colonizados. La confinación de las mujeres en la unidad doméstica para ocuparse centralmente de las labores de la reproducción –aun cuando desde ahí ocupen un papel importantísimo– contribuyó a que los lazos entre las mujeres se debilitaran y las energías femeninas quedaran dedicadas principalmente a la reproducción de la unidad en el matrimonial heterosexual. La apropiación de la energía de las mujeres para la reproducción y la desvalorización de ese ámbito (Federici, 2015), afianzó históricamente la separación público/privado. El corazón del heteropatriarcado o del llamado régimen heterosexual (Wittig, 1992), se encuentra en esa separación.

En el trabajo etnográfico y seguimiento de cuatro casos de desaparición y probable feminicidio en Ecatepec, Acolman y Tecámac pude analizar de qué manera, a partir de la desaparición de una mujer en la familia, el espacio doméstico se desestabiliza. Son las mujeres de la unidad doméstica quienes van a salir al ámbito público para hacer las búsquedas. En nuestros casos ocurre la urgencia de que las madres acuden a buscar a la hija desaparecida o de la hija que busca a su mamá. Al encarar al Ministerio Público, a las Fiscalías, al esperar, al formarse, al acudir a citas, a reuniones, a manifestaciones, las mujeres salen de la unidad doméstica. Si bien lo hacen en circunstancias muy dolorosas y frágiles, esto altera o pone en tensión los roles asignados de género al interior de la unidad de reproducción, puede ser que el marido o los hijos varones tomen la estafeta en la preparación de alimentos, que también contribuyan a la gestión de la búsqueda, o que no soporten el estrés y abandonen la unidad doméstica.

Las mujeres van a tener que encarar o protagonizar esa lucha lo que les traerá una desgaste físico y emocional que repercutirá en su salud y cimbrará la reproducción de la unidad. Pese a esas difíciles circunstancias, en sus relatos aparece la manera en que irrumpen en la escena pública para buscar a sus hijas o madres, poniendo al desnudo –para sí mismas– su confinamiento, reconociendo la violencia que han padecido al interior de la familia y descubriendo el continuum de violencia institucional.

La impunidad estatal penetra hasta el nivel íntimo y también fractura la confianza y el cuidado. La violencia en el seno del núcleo familiar aparece como un efecto de la trayectoria de violencia estructural que es constante en la vida de muchas mujeres y familias, violencia cuyo flujo no tiene un claro comienzo y final, se replica como bucle y se articula como un continuum.

Por otro lado, en términos cuantitativos no existe una estadística o índice que pueda dar dimensión del drenado de energía de las familias y especialmente de las mujeres que pertenecen a los núcleos familiares donde ocurre una pérdida. Ellas, frente a la versión oficial, que en la mayoría de los casos es absurda o no cuadra con sus propias intuiciones, deben organizar la experiencia de la pérdida. En segundo lugar, hacerse cargo y organizar su tiempo para dedicarse al kafkiano camino para “saber qué pasó” (verdad) y contribuir a que “esto no vuelva a pasar a otra” (justicia).

Las energías y tiempos drenados en la búsqueda, merman en la capacidad económica de las familias. En los centros de trabajo de donde las familias obtienen el salario, comienzan a reducir los permisos de ausencia, la lógica del valor acostumbrada a disponer de la mayor parte del tiempo de sus trabajadores e inclusive horas extras a la jornada legal de 8 horas de trabajo, impondrá también sus reglas a las familias de las desaparecidas, las familias se ven obligadas a decidir entre continuar la búsqueda y su trabajo asalariado.

De manera sistemática, las instancias estatales hacen esperar prolongadamente. Las mujeres de las familias se convierten en pacientes (Ouviña, 2015), ellas deben esperar, un dispositivo que no es producto únicamente de la desidia burocrática. Tiene un doble sentido: primero que las familias se desmoralicen y desistan de la búsqueda; y segundo, naturalizar un “así son las cosas con el gobierno”, que permea en el sentido común de toda la sociedad. Imponer el tiempo burocrático es prerrogativa del poder y esa situación la población la resiente en un momento de renovado cercamiento de sus condiciones materiales de existencia.

Con la inoculación de la violencia e impunidad, no sólo se desgarran los tejidos que constituyen lo social-comunitario (Gutiérrez & Paley, 2016), también la apatía, el cinismo y la indolencia aparecen reiteradamente. El miedo parecería paralizarlo todo, pero nunca en su totalidad. En medio de lógicas extractivas y desposesivas cada vez más veloces y violentas (Gago, 2014), aparece también un ímpetu por no dejarse matar, un conatus vitalista que se resiste a que las ausentes queden en el olvido. A que desaparezcan por segunda vez. En ese sentido, mirar las potencias, aún en las circunstancias más dolorosas, abre la posibilidad de comprender el dolor desde capacidades afectivas que sean fuente social transformadora frente al agravio sistemático.

Los casos de búsqueda de justicia y verdad se sostienen en gran medida por la identificación madre-hija y por la empatía hacia otras víctimas. La desaparecida está ausente, está, como potencia. Los familiares encarnan su ausencia: “es como si me faltara un brazo, una pierna”, repite G.R. al hablar de su hija M. Con demasiado en contra y a pesar de la pedagogía del miedo, éste no se efectiviza permanentemente hasta el nivel de abandonar el caso. Su ausencia les habla: “No puedes dejarte vencer por el miedo. Pues mi mamá nunca se rindió, ella siempre estuvo ahí, y siento que alguien así no se merece morir en el olvido”, explica M. R. cuando rememora la amistad madre-hija que tenía con D., ausente desde diciembre del 2012.

En los cuatro casos estudiados, son las mujeres de las familias quienes persisten en la búsqueda por verdad y justicia. De acuerdo son sus palabras, su fuerza la encuentran en lo que llaman amor, no el amor romántico de la pareja heterosexual, sino una fuerza superior en un sentido cuasi metafísico de la existencia que encuentra concreción verdadera, refugio e identificación en su genealogía femenina.

REFLEXIONES FINALES

La concentración de riqueza en élites locales, el despojo de tierras y medios de existencia agrícolas para desarrollar el modo urbanoindustrial, el control de la organización popular en los territorios conurbados a través de la utilización de grupos oficiales y paraestatales, nos habla de un escenario que se fue cimentando desde hace por lo menos cuatro décadas. Sírvase este recorrido para describir a grandes rasgos el paisaje de Ecatepec, al nororiente del Valle de México, donde se anidan estas condiciones materiales propicias para el despliegue de la violencia feminicida y la desaparición de personas y su epílogo de impunidad y colusión estatal. La importancia de estudiar la violencia feminicida y desaparición en relación a dos procesos: el despojo de los territorios y el cuerpo femenino o feminizado como espacio histórico habitado. Pensar el cuerpo no separado del territorio, para quienes hemos vivido en el ámbito conurbado, nos permite, en primer lugar, reconocernos como seres que habitamos un espacio producto de un despojo anterior, de una migración campo-ciudad, de una colonización o de una privatización de tierras antes ejidales o comunales. Conectar el campo con el conurbado es reconocer que nuestras familias ya fueron despojadas anteriormente de sus medios de existencia.

En segundo lugar, permite reconocer nuestra materialidad más íntima, el cuerpo, como un espacio donde se imprimió la marca colonial a través de la violencia sexual (Gago y Quiroga Díaz, 2014). El cuerpo feminizado ha sido un espacio para resarcir el estatus masculino, el lugar donde transita la energía vital que será encaminada –vía la explotación– hacia la valorización del valor y en la mayoría de los casos hacia la fecundación de la futura mano de obra. Pensar la idea de cuerpo-territorio nos permite conectar las dimensiones de la violencia que se viven en ambos espacios.

Finalmente, no pensarse separadas entre lo corpóreo físico y el conjunto de sentires, emociones y sentidos, es fundamental para reconocer la subjetividad que se produce desde el lugar donde se habita. (Espinosa Miñoso, Gómez Correal y Ochoa Muñoz, 2014). El cuerpo del conurbado es el cuerpo disponible para ser ocupado, expoliado hasta el cansancio, lacerado, violado, desechado, desaparecido. El cuerpo del conurbado también es posibilidad, porque al encarnar, y recibir directamente la violencia, actúa para no morir, no se deja vencer, no calla, se aferra, se protege para no quedar a la intemperie. Defiende su cuerpo, como defiende el pedazo de tierra donde se erige la casa improvisada que albergará a una familia entera. Cuando el cuerpo-territorio conoce sus capacidades, se conecta con las historias de lucha y resistencia. Reconoce en su vulnerabilidad su potencia, ya no se dejará intervenir, chantajear. Negocia, calcula, aún en condiciones asimétricas. El cuerpo del conurbado tiene que sobrevivir a la calle oscura, al lote baldío. Se sabe mover. Rodea el peligro directo, se aprovisiona de servicios, se apropia de lo que le corresponde, se conecta con otros cuerpos, rompe el cerco, se comunica con otros de su misma condición.

BIBLIOGRAFÍA

Amnistía Internacional (AI) (2016). Informe: Un trato de indolencia. La respuesta del Estado frente a la desaparición de personas en México. México: Oficina Regional de Amnistía Internacional para las Américas.

Barrón Rodríguez, Juan (2008). “Impacto de la urbanización en el uso del suelo y precio de la vivienda: el caso de Sosa Texcoco, Ecatepec, Estado de México, 1988-2004”. Tesis Licenciatura en Economía, Ciudad Nezahualcóyotl: unam.

Bassols Ricárdez, Mario y Espinosa Castillo, Maribel (2011). “Construcción social del espacio urbano: Ecatepec y Nezahualcóyotl. Dos gigantes del oriente”. Polis, 7(2), 181-212.

Bonilla González, Marcos Rodolfo (2004). Movimiento Urbano Popular en Ecatepec de Morelos. Gestión política y urbanización. Tesis Licenciatura en Arquitectura, México: unam.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” (2015). Autoprotección ante la trata de personas. Colección Trabajo Sexual, Trata de personas y Sociedad. México: Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer.

Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez” (s/f). Desaparecidas de Ecatepec y otros rumbos. México: Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer.

Cabildo, Miguel (1981). “Oficialmente muerto, el Barapem continúa vivo y amenazador”. Revista Proceso, México: diciembre (269).

Calveiro, Pilar (2004). Poder y desaparición. Buenos Aires: Colihue.

Castillo García, Gustavo (2011). “El gobierno no hará justicia en el caso de Misael Núñez”. La Jornada, México, 30 de enero de 2011. En http://www.jornada.unam.mx/2011/01/30/politica/002n1pol [Consultado el 23 de noviembre de 2015].

Cedillo, Adela (2014). “Ayotzinapa, las fosas y el Estado-nación mexicano”. En La guerra sucia en México. En http://guerrasuciamexicana.blogspot.mx/2014/10/ayotzinapan-las-fosas-y-el-estado.html [Consultado el 9 de enero del 2017].

Centro Las Américas (2014). ¿Por qué nosotros? En http://www.cen-trolasamericas.com/ [consultado en febrero de 2016].

Comunicación personal con B. P. Ecatepec: 16 de abril de 2016.

Comunicación personal con familia Núñez Martínez. Ecatepec:12 de febrero 2016.

Espinosa Miñoso, Yuderkis, Gómez Correal Diana y Ochoa Muñoz Karina (Eds.) (2014). Tejiendo de otro modo: Feminismo, epistemología y apuestas descoloniales en Abya Yala. Popayán: Universidad del Cauca.

Federici, Silvia (2015). Calibán y la bruja: mujeres, cuerpo y acumulación originaria. Puebla-Oaxaca: Tinta Limón, Pez en el árbol, Labrando en Común.

Forbes Staff (2014). “Los 37 mexicanos más acaudalados”. Revista Forbes. En http://www.forbes.com.mx/los-37-mexicanos-mas-acaudalados/#gs.o99Nuyw [Consultado el 24 de octubre de 2016].

Gago, Verónica (2014). La razón neoliberal. Economías barrocas y pragmática popular. Buenos Aires: Tinta Limón.

Gago, Verónica y Quiroga Díaz, Natalia (2014). “Los comunes en femenino. Cuerpo y poder ante la expropiación de las economías para la vida”. Economía y Sociedad, 19(45).

Gobierno del municipio de Ecatepec (2016). “Refuerzan en Ecatepec cobertura policial con nueve bases de operaciones mixtas”. En http://ecatepec.gob.mx/refuerzan-ecatepec-cobertura-policial-nueve-bases-operaciones-mixtas/ [Consultado el 15 de noviembre 2016].

Gutiérrez Aguilar, Raquel (2015). Horizontes comunitario-populares. Antagonismo y producción de lo común en América Latina. Puebla: iCsyH-BuaP.

Gutiérrez Aguilar, Raquel y Paley, Dawn (2016). “La transformación sustancial de la guerra y la violencia contra las mujeres en México”. dep, Deportate, Esuli e Profughe, 30. Venezia: Universidad Ca’ Foscari.

Ibarra García, Verónica (2004). “Los espacios de poder del Grupo Atlacomulco”. Tesis Doctorado en Geografía, México: unam.

Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. Consulta de datos de Defunción por Presunto Homicidio desagregados por municipio realizada el 15 de noviembre de 2016.

Jacquin, Céline (2007). “El conjunto habitacional Las Américas, un laboratorio para la edificación de la microsociedad”. Alteridades, 17(34), 57-73.

Maldonado Lorenzo, Cecilia (2014). “Territorio y relaciones políticas, un estudio de caso de la zona oriente del Valle de México”. Tesis Maestría en Sociología, Puebla: BuaP.

Mastrogiovanni, Federico (2014). Ni vivos, ni muertos. La desaparición forzada en México como estrategia de terror. México: Grijalbo.

Mendoza García, Jorge (2016). “Trazando la memoria de la guerra sucia en México: La ideologización de la guerrilla”. Pacarina del Sur. En http://www.pacarinadelsur.com/58-dossiers/dossier-18/1329-trazando-la-memoria-de-la-guerra-sucia-en-mexico-la-ideologizacion-de-la-guerrilla [Consultado el 9 de enero 2017].

Navarro, Mina Lorena (2015). “Claves para pensar el despojo y lo común desde el marxismo crítico”. En La Crisis, el Poder y los Movimientos Sociales en el Mundo Global. México: Instituto de Investigaciones Sociales-unam.

Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio (onCf) (2014). Estudio de la implementación del tipo penal de Feminicidio en México: causas y consecuencias 2012 y 2013. México: Católicas por el derecho a decidir.

Olivares, Emir (2007). “Nadin Reyes denuncia la desaparición de su padre, ligado a células del ePR”. En http://www.jornada.unam.mx/2007/07/01/index.php?section=politica&article=015n1pol [Consultado el 8 de enero del 2017].

Organización de las Naciones Unidas-Mujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, Secretaría de gobernación (2015). La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2014. México: Segob-Inmujeres-onu Mujeres.

Ouviña, Hernán (2015). “Tomar el obelisco por asalto para conquistar el derecho a la ciudad”. En Claudia Korol y Mosquera, Aníbal (Comps.), Las voces de lxs huelguistas. 53 días de acampe y huelga de hambre. Buenos Aires: América Libre.

Paley, Dawn (2016). “La Guerra en México: contrainsurgencia ampliada versus lo popular”. El Apantle, Revista de estudios comunitarios, Puebla, octubre (2).

Pateman, Carole (1995). El contrato sexual. Barcelona-México: Anthropos-uam Iztapalapa.

Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (s.f.). Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. Consulta pública: http://www.rnped.segob.gob.mx [Consultado el 29 de octubre de 2016].

Reyes-Díaz, Itandehui (2017). “Violencia feminicida y desaparición en cuerpos-territorios feminizados. Familias que luchan por las ausentes en Ecatepec”. Tesis Maestría en Sociología, Puebla: BuaP.

Rosagel, Sonia (2016). “Esto es Edomex: en 18 meses, 550 feminicidios y 2,043 desaparecidas, la mayoría menores”. Sin Embargo. México, 6 de octubre de 2016. En http://www.sinembargo.mx/07-10-2016/3101229 [Consultado el 26 de octubre de 2016].

Segato, Rita Laura (2014). Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres. Puebla: Pez en el árbol.

Suárez Lima, Ana (2015). “La dimensión sensible de lo político”. Tesis Maestría en Sociología, Puebla: BuaP.

Wittig, Monique (1992). El pensamiento heterosexual y otros ensayos. Madrid: Editorial Egales.