1. Introducción

El término exclusión social se refiere a aspectos y dimensiones de la realidad social, de carácter estructural, económico, vincular y sociocultural, cuya caracterización incide tanto sobre qué entendemos por individuos o grupos incluidos/excluidos, como sobre el modelo implícito de sociedad en sí mismo (Levitas, 2005). Al expresarse en múltiples dimensiones y contextos del entramado social, la exclusión no tiene una definición universal ni existe consenso sobre ella¹.

Considerando la exclusión social como un proceso o conjunto de procesos más que una situación estable (Brugué, Gomà & Subirats, 2018; Buvinić, 2004), su caracterización dificulta considerablemente su medi­ción, puesto que no es posible definirla con indicadores estáticos y unidimensionales. Asimismo, existe interdependencia entre sus dimensiones y una articulación multinivel del fenómeno, afectando tanto a indi­viduos como colectivos, a nivel local, nacional o estructural (Percy-Smith, 2000; Kessler, 2011). Se habla de una “acumulación” estructurada de diferentes manifestaciones de exclusión, que varían en el tiempo y se diferencian en el espacio, lo que permite superar el análisis dicotómico incluidos-excluidos y otorga relevancia a la dimensión espacial del fenómeno (Øyen, 1997)².

En Latinoamérica la exclusión no se expresa a través de un factor único y originario, sino que las esferas o dimensiones que intervienen en este proceso se multiplican a diferentes escalas de acuerdo al entramado social de cada país. Esta visión dinámica y procesal plantea la exclusión como resultado de la acumulación y concentración de desventajas en sectores particulares de la sociedad (Buvinić, 2004; Saraví, 2004). Mediante la pobreza, la desigualdad, las deficiencias en el acceso a la vivienda, la precariedad laboral y la ausencia de derechos sociales en la región se acumulan como desventajas persistentes, la exclusión adquiere su propia par­ticularidad (Saraví, 2007). Desde una acepción más amplia, la exclusión social abarca pobreza, desigualdad, marginalidad, segregación, desvinculación o desafiliación social.

En Argentina se registraron importantes cambios en la estructura económica y social, producto de mo­delos político-económicos con orientación antagónica como los vigentes entre las dos décadas estudiadas (enlazados por una crisis socio-económica sin precedentes como la de 2001/2002), en un marco de creciente globalización comercial-financiera y marcados avances tecnológicos a escala internacional. Estos se manifies­tan en indicadores asociados a la exclusión social: económico, laboral, vincular, de vivienda, de salud, entre otros. Un aspecto diferencial sobre Argentina es que, desde una sociedad relativamente homogénea e iguali­taria, con cierto consenso en torno al "progreso social", durante los 90' de la mano de la crisis del Estado de Bienestar y su idea de "inclusión social", se verificó un proceso de empobrecimiento de la clase media, de pro­fundización de la pobreza estructural, de heterogeneidad creciente en la sociedad (Piola, 1999; Saraví, 2004; Torre, 2010). En 2014 -a pesar de cambios en la orientación político-económica- se llegó a un país donde algunas condiciones sociales mejoraron, otras persisten en su deterioro y otras vieron amenazada su recuperación.

El objetivo de este artículo es construir mapas de la exclusión social en las provincias argentinas en un periodo reciente (1995 - 2014), según las múltiples dimensiones en las que se expresa, e identificando sus regiones mediante una clasificación alternativa al criterio tradicional^3,4. A continuación, se presenta el marco teórico-empírico sobre la exclusión y su aplicación en el país. Luego se describen los datos y las metodologías empleadas, en la cuarta sección se analizan los resultados y finalmente se presentan las reflexiones finales.

2. Marco teórico-empírico

El análisis de la exclusión se asocia a ideas europeas allá por la década de 1970. Desde sus orígenes, el término fue objeto de controversias sobre los límites de su definición, las asociaciones con otras categorías analíticas como pobreza, marginalidad o desigualdad social⁵. Dos décadas adelante, la noción de exclusión social adquiría una particular notoriedad, abriendo la discusión sobre qué se entiende por exclusión y ser excluido.

2.1. Modelos de exclusión

La exclusión puede pensarse desde tres variantes analíticas vinculadas a las filosofías políticas (Silver, 1994): de solidaridad, de especialización y de monopolio. Para la primera -de acepción francesa- la exclusión surge con la ruptura del lazo cultural y/o moral entre individuo y Estado que genera solidaridad dentro de la comunidad republicana (Pérez Sáinz & Mora Salas, 2006). En una posición antagónica, para el modelo de especialización -propulsado por el liberalismo económico angloamericano, la exclusión expresa la diferencia­ción social, la división económica del trabajo y la segmentación de la vida social en distintos ámbitos, predominando la dimensión laboral sobre la integración. Finalmente, el enfoque del monopolio, se enmarca en teorías socialdemócratas y plantea un orden social fundamentado en relaciones jerárquicas y/o de domina­ción más un proceso de alienación. Los excluidos son percibidos como personas sometidas y ajenas al control de recursos por parte de otros grupos y sectores (Tezanos, 2001).

Desde el modelo de solidaridad, la exclusión nace del debilitamiento y/o pérdida de los lazos que man­tienen y definen la condición de pertenencia en una sociedad. Así, las divergencias entre los tres enfoques se asocian a los determinantes de esta ruptura: en la escuela anglosajona, los debates sobre pobreza; en los estu­dios franceses, la crisis de la sociedad salarial, el desempleo y la precarización laboral; y en los estudios europeos, las limitaciones y/o no cumplimiento de los derechos de ciudadanía (Saraví, 2006). En relación a esto último, Venceslao (2017) advierte que el modelo "ciudadanista" europeo aplicado a la región podría asociarse a un Estado encubridor de desigualdades sociales y promotor implícito de ciertos mecanismos de exclusión.

2.2. Exclusión, pobreza y desigualdad

Al abordar la cuestión social en el subcontinente, surgen asociaciones con otros conceptos claves para su estudio. En ese aspecto, Sen (2000) propone ampliar la visión desde el mero enfoque de los recursos (en el que exclusión se asocia a pobreza y desigualdad) hacia uno de libertades y capacidades donde se consideren las privaciones o la pobreza de capacidades que los individuos pueden sufrir para su funcionamiento en sociedad. Asimismo, Jehoel-Gijsbers & Vrooman (2007) identifican diferencias analíticas entre pobreza por ingresos -carencia de recursos materiales- y exclusión: a) situación estática/proceso dinámico; b) absoluta/relativa; c) unidimensional/multidimensional; d) foco distributivo/relacional; e) agencia endógena/exógena). Similar­mente, Pérez Correa (2005) incluye en el alcance de la exclusión la desigualdad de acceso a los servicios públicos e infraestructura de calidad, al mercado laboral y crediticio y al sistema judicial.

2.3. Atributos de la exclusión social

Si bien existen divergencias respecto a los fundamentos o alcance de la exclusión, se identifica cierto consenso sobre sus elementos constitutivos (Tezanos, 2001; Percy-Smith, 2000; Atkinson, Cantillon, Marlier & Nolan., 2002; Tsakloglou, & Papadopoulos, 2002; Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 2007; Giambona & Vassallo, 2014; Brugué, Gomà & Subirats, 2018):

• estructural: sigue la trayectoria histórica de desigualdades sociales e implica fracturas en el tejido social y un nuevo sociograma de colectivos excluidos;

• relativa: la exclusión social absoluta no existe, el individuo/colectivo se encuentra incluido/excluido respecto a otros miembros/grupos de la sociedad;

• relacional: se favorece el análisis colectivo por sobre el singular;

• va más allá de la agencia o voluntad individual;

• dinámica: es un proceso o conjunto de procesos que afecta de forma cambiante a personas y colectivos⁶;

• multidimensional: su carácter es complejo y evidencia las múltiples interrelaciones entre sus esferas y dimensiones;

• multinivel: se expresa en diferentes contextos de la sociedad, micro, meso y macro;

• politizable: puede abordarse desde los valores, la acción colectiva, la práctica institucional y la política pública.

La visión pluralista o multidimensional permite sortear las limitaciones de un análisis dicotómico entre excluidos e incluidos (Mathieu (1997a) citando a Moreau de Bellaing (1996) y Short (2005)), una perspectiva valiosa para Latinoamérica si reconocemos que las dimensiones de la exclusión no son independientes entre sí sino una “acumulación” estructurada de diferentes desventajas sociales como producto de procesos donde distintos sectores están excluidos de algunas esferas pero incluidos en otras, (Buvinić, 2004; Kessler, 2011). Percy-Smith (2000), Peace (2001) y Brugué, Gomà & Subirats, (2018) sintetizan estas esferas o dimensiones en: económica, laboral, educativa, socio-sanitaria, urbana-territorial, familiar-relacional, legal-política-ciuda­dana, cultural-racial, siendo vectores que la intensifican el género, la edad, la etnia y los grupos minoritarios⁷.

2.4. Los excluidos

Paralelamente, los atributos asociados a la exclusión permiten explicar por qué el debate sobre los indivi­duos y colectivos afectados no ha finalizado. Esta cuestión requiere de una gran sensibilidad en el análisis y un manejo delicado que evite el estigma y la discriminación en la identificación de las personas o grupos objetos de exclusión (Mathieu, 1997a; Buvinić, 2004). En algunos casos, ese es excluido en esferas o dimensiones par­ticulares que pueden modificarse, mientras en otros la exclusión es un fenómeno persistente y estructural, tanto si se presenta en algunas esferas de interacción social como cuando las desventajas se acumulan en todas ellas, amplificando su impacto negativo. Algunos colectivos pasibles de procesos de exclusión continua son personas con minusvalías, en situación de calle o de detención, jóvenes en condiciones de riesgo, víctimas de violencia familiar, grupos de inmigrantes, minorías sexuales, asociaciones territoriales (Vasconcelos, 2003; Kessler, 2011)⁸. En estos y otros casos, la autopercepción como "outsider" -excluido- puede profundizar los efectos de la exclusión, al igual que la imposición de valores dominantes y el peso de los centros de poder sobre la misma (Estivill, 2003; Pérez Sáinz & Mora Salas, 2006; Sheppard, 2006).

No es trivial que entre los colectivos excluidos figuren grupos de migrantes. La migración, según Silver (2007), puede ser considerada como la transgresión de una frontera, lo que convierte al individuo en excluido con una eventual posterior integración, dependiendo de las normas laborales, de residencia y de naturalización del país receptor, pero también en función de otras reglas sociales y culturales más informales⁹. El contexto es importante, al haber múltiples variantes nacionales entre la asimilación total y el multiculturalismo, a la par de una fuerte heterogeneidad regional.

Respecto a la interacción social-territorial, para Mathieu (1997a, 1997b) el territorio no es sólo la deli­mitación del espacio sino también una construcción social y su representación como término de exclusión, destacando la necesidad de integrar los abordajes sociológicos y geográficos sobre ella. La extensión de lo urbano a lo rural es abordada por Pérez Correa (2005), quien introduce el concepto de "nueva ruralidad" ya que, debido a la migración interna, gran parte de la pobreza urbana tiene origen en lo rural por la procedencia de los ingresos en países con fuerte presencia del sector primario.

2.5. Aproximación a un concepto de exclusión

La ambigüedad en la definición de exclusión respecto otras categorías analíticas y sus diferentes perspec­tivas signaron el sinuoso camino para una conceptualización clara o unívoca de la exclusión. Jehoel-Gijsbers & Vrooman (2007) dan cuenta de las dificultades que encontraron actores políticos y académicos en proveer una caracterización clara y directa del término. Sin embargo, resulta pertinente suscribir a una acepción que permita clarificar qué entendemos por ella. Por lo que adoptamos la definición de la Comunidad Económica Europea como marco analítico:

La exclusión social se refiere a los múltiples y cambiantes factores que provocan personas excluidas de los intercambios, prácticas y derechos normales de la sociedad moderna. Más allá de la pobreza, se refiere a la insuficiencia de los derechos en materia de vivienda, educación, salud y acceso a los servicios. Afecta a individuos y grupos, en poblaciones urbanas y rurales que son objeto de discriminación o segregación; y pone de relieve las debilidades de la infraestructura social y el riesgo de permitir que una sociedad de dos niveles se establezca por defecto.

A pesar de su carácter abarcativo, este concepto adolece de ciertas variables o contextos más apropiados a la realidad regional, generando dudas sobre la aplicabilidad de categorías europeas para abordar la cuestión social en América Latina (Piola, 2000). Consecuentemente, consideramos valiosos los siguientes aportes locales a la discusión:

• La desigualdad de oportunidades, fruto de la acción de grupos de poder (Buvinić, 2004).

• Un punto de partida mucho más desventajoso al europeo en cuanto a condiciones estructurales de vivienda, informalidad laboral y derechos sociales o ciudadanos postergados (Saraví 2006, 2007).

• La noción de gradientes de exclusión, superposición e interconexión entre las esferas (Kessler, 2011).

Aun cuando un ensayo sobre los elementos relevantes para una definición de la exclusión adaptada a la cuestión social latinoamericana escapa los objetivos de este artículo, las definiciones y atributos anteriores permiten caracterizar y delimitar el fenómeno.

2.6. Medición de la exclusión - Antecedentes

Desde fines de 1990, distintas iniciativas académicas y gubernamentales proponen operativizar y medir la exclusión:

• En países desarrollados: a) los Indicadores Laeken (Unión Europea) incorporan cuatro dominios: recursos materiales-económicos, participación económica, educación - conocimiento y salud; b) la serie Oportunidades para todos (Grupo de Tareas de la Exclusión Social, Reino Unido) define indica­dores en base a las etapas del ciclo de vida en tres áreas (recursos, participación y calidad de vida); c) la Encuesta de Pobreza y Exclusión Social del Milenio (Reino Unido) articula: recursos, mercado labo­ral, servicios público/privados y relaciones sociales; d) en Australia, el Monitor de Exclusión Social combina recursos materiales, empleo, educación y calificaciones, salud y discapaci­dad, sociales, comu­nitarios y de seguridad personal; e) en Holanda, el Índice de Exclusión Social emplea: privaciones materiales, participación social, integración normativa-cultural y acceso a ser­vicios públicos-semi públicos (Jehoel-Gijsbers & Vrooman, 2004; Scutella, Wilkins & Horn, 2009; Horn, Scutella & Wilkins, 2011).

• A nivel regional, se combina el estudio de la exclusión con la vulnerabilidad, la pobreza, la precariedad social, la calidad de vida, o el hábitat (García & Velázquez, 1999; Perona & Rocchi, 2001). Cicowiez (2003) se distingue al emplear análisis factorial de componentes principales para articular un ranking de provincias en base a tres indicadores. Además, dos antecedentes directos de este artículo proponen mediciones operativas de la exclusión en Argentina: Juárez Jerez, Perona, Pereyra, Navarrete & Ochoa (2010) y Pereyra (2015)¹⁰. Aún así no se identificaron mediciones operativas específicas y periódicas sobre exclusión para Latinoamérica o Argentina¹¹.

3. Datos y metodologías empleadas

3.1. Datos

En este artículo se emplearon microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina, particularmente de la EPH puntual para 1995 y 1999 (ondas de octubre) y la EPH continua para 2004 y 2014 (segundos semestres)^12,13.

Dado que el análisis es a nivel provincial, se tomaron todos los aglomerados que incluyen capitales de provincias y el distrito capital, a excepción de la provincia de Río Negro por falta de datos en la encuesta en los cuatro periodos, privilegiando homogeneidad y continuidad en la información (ver Anexo II con mapa de las provincias argentinas).

También se utilizaron datos demográficos del INDEC y del Ministerio de Economía de Argentina para estimar indicadores de gasto público per cápita con información presupuestaria de las administraciones pú­blicas provinciales clasificada por finalidad y función.

Dado el objetivo de delinear mapas de exclusión sobre Argentina, deben mencionarse algunos criterios adoptados a partir de la naturaleza y disponibilidad de la información:

• Escala: aunque buena parte de los enfoques sobre exclusión social hacen foco en la relación urbano-rural, la segregación residencial urbana, los patrones de identificación barrial y valores comunitarios, se siguió la escala provincial por dos razones: a) para delimitar el alcance de este estudio de la exclusión sobre el territorio nacional en un nivel que facilite el análisis integral del fenómeno; y b) en base a la disponibilidad de datos específicos para indicadores de exclusión con relativa actuali­dad¹⁴. Un estu­dio a menor escala con (posible con datos censales) podría captar otros aspectos del fenómeno, sin embargo, no podría realizarse con datos recientes, puesto que los censos poblacionales en Argentina se efectúan una vez por cada década (los últimos datos remiten a 2010). Más aún, gran parte de la población rural argentina está altamente integrada a la economía nacional y su partici­pación en la población total es de menos del 10%, una de las más bajas del sub-continente (Cruces & Gasparini, 2009)¹⁵.

• Colectivos: si bien se incorpora una parte importante de grupos sugeridos por la literatura nacional y regional, no resulta un conjunto exhaustivo, omitiendo análisis sobre: a) migrantes; b) pueblos origi­narios; c) colectivos LGBT; d) personas con enfermedades infecto-contagiosas, en situación de calle o detención, entre otros^16,17.

• La dimensión relacional: la EPH no identifica tipos de familia o ciclos de vida doméstico e induce a una elaboración a posteriori, lo cual conlleva limitaciones en su estimación y monitoreo.

• Corte transversal: la EPH no permite la construcción de paneles longitudinales, sino la mera compa­ración situaciones estáticas en diferentes momentos (Arriagada, 2001).

3.2. Indicadores

Las dimensiones e indicadores seleccionados siguen parcialmente los lineamientos de Subirats, Gomà, & Brugué (2005), adaptando su propuesta - por disponibilidad de datos y por aplicabilidad - al contexto nacio­nal (Juárez Jerez et al., 2010). Se distinguen ocho dimensiones:

• Laboral: nos permite identificar precarización, fragmentación e individualización, tanto en el acceso al mercado laboral como en las condiciones de trabajo.

• Económica: incorpora privaciones y desventajas materiales (incluyendo pobreza, desigualdad, desa­rrollo promedio y dependencia).

• Educativa: el acceso al sistema educativo y la educación como insumo para el desempeño laboral y la integración social.

• Hábitat: las condiciones de vivienda, esenciales para la vida de las personas y las familias.

• Demográfica: asociada a indicadores poblacionales.

• Social: relacional familiar, recursos destinados a la promoción social e incidencia de hogares excluidos (ver Anexo I).

• Salud y seguridad: recursos destinados a la salud, y a prevención y seguridad de las personas.

Estas dimensiones se articulan en los siguientes indicadores (cuadro 1)¹⁸:

Un aspecto diferencial del artículo es la inclusión de indicadores de gasto público provincial per cápita, los que se fundamentan en la noción del Estado de Bienestar como actor central en la sociedad que introduce elementos correctores o paliativos sobre la misma, que no son captados por las encuestas de hogares. La inclu­sión del gasto per cápita en promoción y asistencia social, salud, educación, o seguridad, nos posibilita una aproximación de manera indirecta¹⁹.

3.3. Metodologías

AFCP

Se emplea en primer lugar el análisis factorial de componentes principales (AFCP), que permite reducir el número de indicadores originales, explicando los mismos a partir de un conjunto de variables no observadas o factores, garantizando la menor pérdida de información. Dos razones motivan el uso de AFCP: cuando se busca indagar sobre qué construcciones pueden explicar las interrelaciones entre las variables estudiadas y como herramienta para la construcción de indicadores sintéticos, posibilitando la ordenación de las distintas unidades respecto al valor del indicador.

En AFCP es importante armonizar la naturaleza de la información, particularmente en índices multidi­mensionales, donde existe gran variabilidad entre los datos y diferencias considerables en las escalas (ver anexo III con estadísticos descriptivos). Por eso, previamente se estandarizaron las escalas de los 20 indicadores para cada año. Luego, se debe verificar la presencia de correlaciones elevadas en la matriz de datos, lo que indicaría interdependencia entre ellos²⁰. Se aplicaron entonces tres pruebas de idoneidad:

• Determinante de la matriz de correlaciones: para evaluar altas inter-correlaciones entre las variables. El determinante de esta matriz arrojó valores muy próximos a cero en los diferentes periodos, un indicio de que las variables resultan adecuadas para el análisis.

• Test de esfericidad de Bartlett: se contrastó si la matriz de correlaciones es una matriz de identidad, lo cual invalidaría la aplicación del modelo. Los resultados fueron óptimos, dando muestras de un ajuste idóneo de las variables.

• Medidas de adecuación de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO): se evaluó la proporción de la varianza que tienen en común las variables analizadas, obteniéndose resultados cercanos a 0,6, un valor “aceptable” según la escala de Kaiser, que indica que el empleo de AFCP es apropiado.

En función de estas pruebas, se corroboró la idoneidad del AFCP para aplicar en los datos seleccionados.

Posteriormente al AFCP se siguieron los siguientes pasos:

• Determinación del número de factores y estudio de las comunalidades: para identificar los factores a conservar en función de la porción de variabilidad captada por ellos, de manera que el total de la varianza de la matriz sea explicada por los componentes extraídos²¹. En términos prácticos, siguió el criterio de preservar aquellas variables (indicadores de exclusión) con comunalidades por encima de 0,70. De esta manera, las variables consideradas son explicadas, en una proporción elevada por los componentes extraídos (ver cuadro 2):

• Rotación Varimax de factores: facilitó -gracias a una distribución más uniforme de la capacidad explicativa de éstos- la interpretación de la matriz factorial. Se evaluaron los pesos factoriales de sus variables, en particular las más saturadas.

Análisis de Clústeres

La segunda metodología está directamente apunta al objetivo de delinear “regiones” propias de la exclu­sión. El AFCP -como método de reducción de dimensiones en los datos- posibilita que esto se realice con el análisis clúster o de conglomerados, una técnica de clasificación post hoc, pues el número de clústeres o grupos relativamente homogéneos se crea en función de la naturaleza de los datos. Mediante una clasificación jerár­quica -que extrae la cantidad de agrupamientos de acuerdo a las variables utilizadas- se elaboraron dendogramas o representaciones gráficas de las distancias (euclídeas) entre los grupos y a través de ellas, su grado de agrupación. Complementariamente, se aplicó el método de Ward, para medir la pérdida de infor­mación al integrar individuos en un clúster. Kuiper & Fisher (1975) sostienen que este método es capaz de obtener una clasificación óptima. Finalmente, se verificó que la solución tenga representatividad en cada año, a través del test F de Hartigan, cuyos resultados convalidaron el número de grupos definidos bajo este enfoque.

En la siguiente sección se muestran los resultados empíricos, la interpretación de los factores y sus com­ponentes, y el análisis de la naturaleza y conformación de los clústeres de exclusión.

4. Resultados

A partir de los resultados del AFCP, se muestran en el cuadro 3 a continuación las variables que integran factor en cada periodo²²:

La primera observación trata sobre la dispar composición de los factores entre los periodos. Esta situación no permite construir un indicador sintético geográfico de exclusión social con continuidad en el tiempo, resultando inviable cualquier intento de ordenamiento general de las provincias o ranking de situación sobre exclusión social. A pesar de la disparidad en cuanto a composición de factores, ciertos indicadores cobran relevancia en todos los periodos analizados (desempleo en jóvenes y en cabezas de familia; la incidencia de la pobreza y la dependencia de los adultos mayores; la tasa de mortalidad; y el gasto per cápita en educación, salud y promoción y asistencia social). No obstante, se advierten ciertas transformaciones que matizan dichas regularidades, donde la crisis argentina de 2001/2002 marca un hito respecto a los factores de exclusión. La primera está vinculada a conexión entre Estado y pobreza, donde puede observarse que si bien ésta es un determinante permanente de la exclusión -resultado abordado extensamente en la literatura-, se combina de manera diferente con otras variables según la década. En 1995 y 1999, ambos indicadores intervienen de forma paralela en diferentes factores, mientras en 2004 pobreza y presencia/ausencia de políticas públicas se articulan como variables explicativas en un mismo factor. Una posible interpretación de este cambio responde al fuerte crecimiento en las partidas sociales producto de los extremos niveles de pobreza a los que se arribó luego de la crisis. Capello, Grión & Valsagna (2013) muestran que el gasto público en servicios sociales en general fue el rubro presupuestario que más creció en 1998-2012. Si esto se complementa con las diferenciales condiciones de pobreza entre las provincias, ambos indicadores parecen indicar que, en los 2000, en aquellos lugares donde primó la ausencia de estas políticas públicas, se profundizaron las privaciones materiales corrientes, expresadas en mayores tasas de pobreza entre sus habitantes.

La presencia del desempleo confirma la evidencia previa sobre el rol central de la dimensión laboral y permite visualizar su conexión con la dimensión económica. En 1995 aquella tuvo su primer pico histórico (18,4%), en un contexto de precarización laboral creciente durante el Plan de Convertibilidad vigente desde 1991. A pesar de la recuperación posterior, la economía argentina volvió a una fase recesiva, repuntó el des­empleo y el subempleo en 1999, al igual que la desigualdad, la informalidad laboral y la pobreza (que ascendió al 20%). Con la crisis de 2001/2002 el desempleo y la tasa de pobreza superaban el 20% y el 50%, respectiva­mente, con impactos persistentes sobre el desempleo si consideramos que, para 2004, este representa per se un solo factor de exclusión, en contraste con el resto de los períodos.

Más adelante se consolidó la senda de recuperación de la economía, el mercado laboral y las condiciones de vida, incluyendo masiva generación de empleo formal, mejoras significativas en los ingresos y fuertes re­ducciones de la pobreza. El desempleo cierra 2014 en un estable 7%, si bien sin creación de nuevos empleos y freno en la actividad económica, y sobre todo con alta inflación y un piso de pobreza del 31%, condicionando nuevamente los indicadores sociales. En cuanto a los factores, se evidencia cierta complejidad en la configura­ción de la exclusión en dicho año, al estar explicada por medio de 14 de 20 indicadores propuestos, el mayor número de los cuatro periodos.

La situación a 2018 revela un estancamiento en la actividad económica (a niveles de 2013) y un alza del desempleo, superando los 9 pp, mientras la pobreza alcanza un 29%, indicadores que dan indicio de mayores grados de exclusión o al menos un piso en la misma hacia el fin de esta década.

Análisis de conglomerados jerárquicos

A continuación, se detallan los resultados del análisis de clúster o de conglomerados jerárquicos para 1995, 1999, 2004 y 2014. Los dendogramas resultantes se pueden observar en las figuras A2, A3, A4 y A5, en el Anexo IV.

El análisis comienza en 1995, en el cuadro 4a a continuación se distinguen cinco grupos de provincias. En el primer conglomerado, se concentran aquellas que reúnen el 62% de la población del país y el 72% de su producto bruto. La exclusión tiene rasgos laborales y familiares, a través de mayores tasas de desempleo en cabezas de familia, tasa de dependencia de adultos mayores y hogares con débiles redes familiares. De igual modo, la dimensión laboral es central en los grupos 3 y 4. Tan fuerte incidencia se explica por las transforma­ciones en el mercado laboral acaecidas en la década en un contexto de apertura comercial indiscriminada, en especial para el primer grupo, por su naturaleza industrialista e intensiva de mano de obra. Bekerman y Sirlin (1996) concluyen que el patrón dual de comercio que se presentaba históricamente en el país se profundizó en dichos años con una primarización de las ventajas comparativas, en desmedro de las industrias de media y alta tecnología. En el grupo 3 estos efectos se traducen en mayores tasas de desempleo y de informalidad, a las que suman altas tasas de pobreza por ingresos y de mortalidad infantil; y en mayores tasas de sobre-empleo horario en el grupo 4.

Para las seis provincias que integran el conglomerado 2, la exclusión se origina principalmente en la vi­vienda, ya que las mismas registran el mayor déficit habitacional del país. Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa y Misiones reportaron tasas de hacinamiento entre 7% y 13%, muy superior a la media na­cional de 5%).

En el grupo 5 el Estado se hace visible de gastos sociales per cápita en defensa y seguridad, educación; salud y promoción y asistencia social. Esta última resultó vital para que la incidencia de los hogares con exclu­sión social no fuera relevante. Los resultados confirman que la distribución de recursos a nivel provincial incidió positivamente sobre las condiciones de bienestar de la población.

Para 1999, se identificaron cuatro grupos según indica el cuadro 4b. En el primero, se destaca el compo­nente económico – relacional, con una mayor tasa de dependencia de los adultos mayores y más hogares con desintegración familiar. El envejecimiento poblacional en las provincias más numerosas (con participación de adultos mayores un 25% superior a cualquier otra región) permite explicar parte de estos determinantes.

La dimensión laboral es un factor decisivo en los grupos 2 y 3. En el grupo 2 (compuesto por provincias del norte) ésta se combina con exclusión económica, y ambas arrojan mayores niveles de desempleo abierto en cabezas de familia y en jóvenes, subempleo, informalidad laboral y pobreza, como también mortalidad infantil. En el grupo 3 (el más numeroso y heterogéneo), la exclusión laboral (sobre-empleo) se articula con la habitacional (hacinamiento). En términos de vivienda, los resultados concuerdan con García & Velázquez (1999) para aquellas provincias.

Finalmente, en el cuarto conglomerado, se agrupan provincias con gasto social per cápita mayor en edu­cación, salud, y promoción y asistencia social. Los resultados sugieren que -aun considerando la heterogénea incidencia de sus políticas- una fuerte presencia del Estado aleja la posibilidad de encontrar niveles altos exclusión social

A pesar de la etapa de crecimiento de 1995-1998 y de la implementación del primer plan de empleo (Plan Trabajar) en 1996, la absorción de mano de obra se mantiene baja. La creciente precarización y expulsión de trabajadores es uno de tantos efectos de un modelo de desarrollo que generan múltiples formas de desprotec­ción social (Venceslao, 2017). Desde 1999 Argentina ingresa a una fase regresiva en su economía hasta la crisis final de la Convertibilidad, lo que fue un punto de quiebre histórico en la abrumadora hegemonía del ajuste estructural y la valorización financiera en Argentina (Azpiazu & Schorr, 2010). De acuerdo con Piola (1999) y Gasparini (2005), finaliza una década en la que se combinó una estructura productiva primarizada y desin­dustrializada, un mercado laboral segmentado, precarizado y luego flexibili­zado, el incremento en las brechas salariales y la marginación de amplios sectores del mercado de trabajo, todos fenómenos que potencian las condiciones de exclusión.

En la figura 1 se muestran los mapas de exclusión para 1995 y 1999.

Figura 1.
Mapas de exclusión social en Argentina por provincias (1995-1999)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y MECON. SD(*)= Provincia sin datos.

Consideramos ahora los resultados para 2004, en un marco de recuperación de los indicadores sociales (a finales del año, pobreza e indigencia caían al 52% y 17% luego de 58pp y 21pp un año antes). El desempleo se ubicaba por debajo de los 15 puntos bajo reactivación en la actividad económica. La cantidad de grupos identificados para este año se reduce a un mínimo de tres, y se eleva la heterogeneidad entre las provincias que los componen (ver cuadro 4c). El conglomerado 1 reúne 11 provincias, con prevalencia de dimensiones labo­rales y familiares, por mayores tasas de desempleo abierto (en jóvenes y cabezas de familia), de subempleo e informalidad laboral. Gasparini (2005) muestra que el débil mercado laboral de entonces implicó menos horas de trabajo para las personas menos calificadas y una caída significativa en las tasas de cobertura de la seguridad social. Esto se combinó nuevamente con altas tasas de pobreza y de mortalidad infantil, fuerte dependencia de adultos mayores y una mayor porción hogares con desintegración familiar.

En el segundo grupo las provincias cuentan con mayores déficits de vivienda (hacinamiento), problemas que persisten dada su naturaleza estructural y a pesar de la implementación de políticas habitacionales²³. Finalmente, el tercer grupo reúne los estados con mayores niveles de gasto social en educación, salud y pro­moción y asistencia social, a los que se suman problemas derivados del sobre-empleo. En este grupo de provincias del sur reside el 7% de la población nacional.

Finalmente, en el cuadro 4d se observan cinco conglomerados en 2014, Al igual que en 2004, en el primer conglomerado se combinan dimensiones laborales y familiares (altas tasas de subempleo horario y de depen­dencia de los adultos mayores). Se trata de 10 de los 11 estados más populosos, donde habita el 73% de los argentinos. Por otro lado, cuatro de cinco provincias del grupo 2 están ubicadas en el norte del país y en ellas se destaca el alto desempleo en los jóvenes. Un análisis integral debería combinar este indicador con aquellos del eje educativo, de manera de captar el fenómeno de los jóvenes NiNi (no estudian ni trabajan), ya que a nivel nacional el 11,5% de los jóvenes entre 15 y 29 años no estudia, no trabaja, ni busca trabajo²⁴. En la misma dimensión, para el tercer conglomerado la exclusión es principalmente laboral (combinando desempleo en cabezas de familia y sobre-empleo).

En el cuarto grupo, las provincias revelan tasas de empleo no registrado y de hogares con desintegración familiar superiores al resto de los agrupamientos (en el primer caso la tasa de informalidad en el grupo asciende a 39% en 2014, 9 puntos por encima de la tasa nacional); y en el grupo nº5, Tierra del Fuego encuentra en los gastos sociales los determinantes principales de su exclusión.

La figura 2 muestra los mapas de la exclusión por provincias en 2004 y 2014.

Figura 2.
Mapas de exclusión social en Argentina por provincias (2004-2014)
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y MECON. SD(*)= Provincia sin datos.

5. La exclusión social en Argentina según sus regiones

La elaboración de mapas de exclusión obedece a la necesidad de interpretar el fenómeno desde regiones relativamente homogéneas que no se condicen necesariamente con las divisiones político-administrativas de Argentina. Entendemos que la dinámica composición de los conglomerados tiene su fundamento en las pro­fundas transformaciones económicas, laborales y sociales del país y el mundo desde la última década del siglo XX.

En el orden internacional el proceso de globalización comercial y financiera, de la mano del desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación fueron claves en este periodo. En Argentina, las reformas económicas e institucionales, incluyeron apertura comercial y liberalización financiera, reforma laboral y una reformulación del rol del Estado (de planificador, interventor y gran empleador a neoliberal y expulsor), logrando una reconfiguración del vínculo entre los sectores públicos y privados, lo que afectó a casi todas las esferas de la convivencia social.

En el ámbito privado, una serie de transformaciones estructurales en las tramas productivas locales y los patrones de especialización e inserción de comercio internacional, exacerbaron la histórica heterogeneidad estructural de la economía argentina (Katz & Stumpo, 2001). Estas asimetrías sectoriales tuvieron incidencia en la dimensión regional. Las regiones extra pampeanas, insertas en el sistema regional argentino y abastece­doras fundamentalmente del mercado interno fueron castigadas, en contraste con las zonas pampeanas (Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos), las que generaron la mayor porción de los saldos exportables en los noventa. La primarización de la economía (incluyendo productos energéticos) tuvo su correlato en la crisis de los sectores industriales, con impactos negativos sobre el crecimiento econó­mico de largo plazo, la supervivencia de pequeñas y medianas empresas - y la generación de empleo (Bekerman & Sirlin, 1996).

Los sectores beneficiados por estas transformaciones fueron típicamente agropecuarios y sus encadena­mientos industriales en la región pampeana, los que participaron del 80% del valor exportable en 1990-1994, al igual que los sectores exportadores de hidrocarburos (en Neuquén, Chubut, Santa Cruz) de acuerdo a Russo (1998). Las economías regionales -integradas en su mayoría por pequeñas y medianas empresas- sufrie­ron tanto la apertura comercial como la eliminación de los subsidios a su producción, la falta de políticas de apoyo a la reconversión productiva o acceso al financiamiento: industria azucarera en Jujuy, Salta y Tucumán; sectores frutícolas y conserveros en Mendoza, Río Negro y Neuquén; vitivinícolas en Mendoza y San Juan; industria yerbatera en Corrientes y Misiones; sector olivícola en Catamarca y La Rioja; entre otros.

Los cambios en el sector público generaron nuevas condiciones de exclusión. Piola (1999) aplica la expresión Estado de malestar a las políticas de vaciamiento presupuestario, descentralización y/o privatización de servicios (como ocurrió en Argentina con prestaciones de salud y educación), flexibilización de las relacio­nes laborales, transferencia de funciones a las familias o a organismos no gubernamentales. La exclusión social se expresa aquí como privaciones de los beneficios del progreso, particularmente visibles en provincias con menor densidad poblacional, donde el peso de las administraciones públicas en la actividad económica es his­tóricamente más grande (Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y Formosa, ver Capello, Grión & Valsagna (2013)).

El mercado laboral fue escenario de tensiones que elevaron la pobreza y la desigualdad. Para Altimir, Beccaria & González Rosada (2002), los cambios mencionados en los 90’ provocaron: a) creciente desempleo por la inelasticidad de la demanda laboral -ante la reestructuración productiva- y una oferta de trabajo ampliada por mayores deseos de participación (principalmente femenina); b) mayor desigualdad en las remuneraciones, con sesgo en perjuicio de aquellos con bajas calificaciones o escaso nivel educativo.

Con el cambio de década, la combinación de reactivación económica, recuperación del salario real hasta 2005 y mejoras en los indicadores laborales y socioeconómicos permitió mitigar en parte los factores de exclusión, aunque algunos persisten en 2018 y otros volvieron a tomar impulso por la inflación creciente y el nuevo freno al empleo. Las tasas de pobreza e informalidad laboral alcanzan hoy un piso alrededor del 30%, y el desempleo en jóvenes, que promedia el 19%, sugiriendo un fenómeno de carácter estructural.

La distribución territorial de los factores de exclusión en Argentina permite observar ciertos patrones de regularidades o cambios vinculados a ellas. Bajo esa premisa, se identificaron cuatro bloques de provincias que permanecieron unidas a lo largo de los periodos estudiados²⁵:

1. 1. Región pampeana: compuesta por Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Ciudad de Buenos Aires lo integra hasta 2004 inclusive y Entre Ríos desde 1999. En este grupo priman las dimensiones económica y relacional, con la tasa de dependencia de los adultos mayores y la de hogares con desin­tegración familiar (hasta 2004). Los problemas laborales son significativos en dos de cuatro períodos (desempleo en cabezas de familia y subempleo).
2. 2. Norte y cuyo: Jujuy, Salta, Tucumán y Corrientes lo integran en todos los periodos, y San Juan lo hace en todos salvo en 1999. En este bloque la exclusión se expresa en el ámbito económico y laboral, mediante la tasa de pobreza, la tasa de mortalidad infantil (ambos hasta 2004) y la tasa de subempleo. También inciden el desempleo en cabezas de familia y la dependencia de adultos mayores en dos de cuatro períodos. Estas provincias cuentan con indicadores de exclusión más altos (mayor tasa de pobreza y mortalidad infantil), lo que se traduce en un perfil social más desfavorable y en escasas posibilidades de mejorar su situación pues en el periodo inicial ya parten en desiguales condiciones que el resto.

   A partir de 2004, este bloque y el anterior se unen integrando -junto a otras provincias con trayecto­rias más inestables- un mismo conglomerado. Los factores de exclusión en este bloque unificado se expresan vía indicadores laborales, económicos y relacionales. Una década después, el subempleo y la tasa de dependencia de adultos mayores son los únicos relevantes en un bloque ampliado que reúne el 66% de la población del país.

3. 3. Norte bis: confirmado por Misiones y Santiago del Estero de forma permanente, a los que se suman Catamarca y Formosa (salvo en 2014 y 1999, respectivamente). La dimensión habitacional incide mayormente en este bloque hasta 2004, mientras en 2014 se vuelve relevante el desempleo en los jóvenes.
4. 4. Sur: incluye Tierra del Fuego durante los cuatro períodos y Neuquén en los tres primeros (se reagrupa con otras provincias del sur en 2014). Los gastos sociales resultan un factor de mitigación relevante en estas provincias, aun considerando que los indicadores correspondientes son ajustados por paridad de poder de compra regional.

En la mayoría de los casos, el tamaño poblacional o la proximidad geográfica parecen operar para que los factores de exclusión se expresen de manera similar entre las provincias. En el bloque pampeano, el envejeci­miento y consecuentemente la fuerte relación de dependencia - identificada en los distritos más grandes de América Latina- ha sido reportada en Rodríguez (2014) y Monteverde, Tomas, Acosta & Garay (2016). Por su parte, la proximidad geográfica condiciona el aspecto económico a través de la disponibilidad de recursos naturales como de las complejos productivos que se proveen de estos recursos y se desarrollan local­mente: a) en el bloque pampeano las grandes extensiones de llanuras de clima templado y húmedo que favorecen las actividades agrícolas cerealeras o de cultivo de oleaginosas, los tambos y la ganadería extensiva, y por encade­namiento, la industria lechera, molinera, oleaginosa, frigorífica, entre otras derivadas; b) en Salta, Jujuy, Tucumán y San Juan (bloque norte-cuyo) se favorecen las condiciones para la producción hortícola, frutícola, minera y azucarera (las tres primeras), entre otros²⁶. Asimismo, la configuración demográfica, social e idiosin­crática de cada región podría estar influyendo fuertemente en los resultados. La región pampeana, cuenta con provincias con mucho territorio y densamente pobladas, con más de tres millones de habitantes en Córdoba y Santa Fe y más de 16 millones en la Provincia de Buenos Aires. La orientación histórica de sus actividades hacia los puertos, el peso de la inmigración masiva entre los siglos XIX y XX y la conformación de mega ciu­dades en su territorio inciden no sólo demográficamente. Se contraponen a otras regiones del país con ciudades de menor tamaño, mayor participación de descendientes de pueblos originarios y de población de países limítrofes, así como estructuras productivas con siglos de historia (como la minera en el noroeste y cuyo); o territorios escasamente poblados, ciudades y pueblos con historia relativamente reciente y condicio­nes climáticas que exigen una fuerte protección social, como en las regiones del sur argentino.

6. Reflexiones finales

En este artículo se propuso avanzar en una definición operativa del concepto de exclusión social y en su aplicación a nivel provincial en Argentina entre 1995 y 2014.

En primer lugar, se destaca la variabilidad de los factores de exclusión en el tiempo, al igual que las provincias en las que estos factores operan bajo un perfil de exclusión particular, heterogeneidad que también es apuntada por Arévalo & Paz (2015).

Los resultados sugieren, por un lado, una dinámica inserta en la composición de los conglomerados que se fundamenta en transformaciones en curso del orden económico, laboral y social en el país y el mundo, en la participación del Estado en la sociedad argentina y la orientación de la política pública (pasando en el periodo estudiado de un Estado neoliberal a uno neo desarrollista). Por el otro, pone en evidencia, al igual que en Gatto (2007), la impronta del "territorio" a distintos niveles de agregación espacial como escenario socio­económico, cultural y relacional. Es necesario entonces que el análisis territorial sea un eje en sí mismo para un diseño de políticas que aspire efectivamente a mejorar los niveles de bienestar de la población.

No obstante, se detectan bloques de provincias que se mantienen unidas y que se combinan con dimen­siones de exclusión en el tiempo: a) pampeano (Ciudad y Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos) donde la exclusión tiene rasgos económicos, relacionales y laborales; b) norte-cuyo (Corrientes, Jujuy, Salta Tucumán y San Juan) con dimensiones económico-laborales; c) Misiones y Santiago del Estero, donde el déficit habitacional resulta el factor de exclusión central; y d) sur (Neuquén y Tierra del Fuego), donde las políticas sociales resultan claves para mitigar la exclusión. Algunas combinaciones indicadores-provincias siguen los resultados de García & Velázquez (1999) y Arévalo & Paz (2015). En relación a los bloques del norte, Gatto (2007) sostiene que la región sigue históricamente un estilo de desarrollo heterogé­neo, con escasa inclusión social y muy complejo por las tramas socio-productivas y políticas que gesta, y de implicancias intergeneracionales futuras profundas.

En la última década, 2014 se contrapone con 2004 tanto en el número de indicadores significativos como en los conglomerados identificados, lo cual complejiza el fenómeno estudiado dada la creciente multiplicidad de dimensiones y variables. Esto evidencia la fragmentación social presente también en Latinoamérica. En este aspecto, Saraví (2007) propone que el enfoque sobre exclusión se concentre en el tipo de sociedad que se construye, si excluye o incluye a los individuos.

Para una mejor interpretación de los resultados, cabe mencionar las limitaciones de este artículo. La primera proviene de la naturaleza de la información, ya que la encuesta de hogares está dirigida al conjunto de la población sin atender a grupos sociales particulares, y enfocada a los ingresos y el mercado laboral, lo que impide elaborar indicadores específicos sobre exclusión social. Por otro lado, la escala provincial y los datos no longitudinales actúan como limitantes al estudio de la exclusión, a nivel local mediante el análisis de la segregación urbana o territorial de menor escala o a través de los ciclos de vida en distintos grupos poblacionales.

A futuro consideramos profundizar el análisis del déficit cualitativo y cuantitativo habitacional indepen­dientemente de la tasa de incidencia de hogares excluidos, para explorar otros factores de exclusión permanentes, como también incorporar un indicador que capte la inmigración externa y habilite el análisis de dichos flujos. Además, se busca emplear otros microdatos recientemente publicados: la Encuesta Nacional sobre la Estructura Social (Programa de investigación sobre la sociedad argentina contemporánea); y la Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (INDEC) para indagar perfiles de exclusión en estos grupos etarios. En el aspecto teórico, queda pendiente desarrollar una definición de exclusión aplicable a la realidad argentina, que actúe de marco propio al estudio del fenómeno en nuestro país.

Finalmente, los resultados promueven indagar en qué grado aquellos factores de exclusión pueden miti­garse mediante políticas de Estado. Brugué et al (2018) combinan factores de exclusión con propuestas de políticas para mitigarla. Algunas políticas están vigentes en Argentina: Asignación Universal por Hijo, trans­ferencias monetarias a niñas, niños y adolescentes, con requisitos de escolaridad y vacunación; Conectar Igualdad, entrega de netbooks a estudiantes de nivel primario y secundario con contenidos específicos para superar las brechas digitales; Programa de Crédito Argentino para la Vivienda, créditos hipotecarios a tasas subsidiadas, entre otros²⁷. Otras políticas pendientes para abordar la exclusión en Argentina, se sugieren: inclusión financiera de ciertos grupos poblacionales, programas de reinserción de personas que abandonaron los sistemas educativos formales, la aplicación de presupuestos participativos en las finanzas locales, audiencias públicas vinculantes para aprobación de proyectos de infraestructura con potencial impacto ambiental. El enfoque territorial aplicado a estas y otras tantas iniciativas podrían reducir de manera sostenida el preocu­pante número de excluidos en el país.

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ANEXO II. Mapa de las provincias argentinas

Figura A1.
Mapa de las provincias argentinas

ANEXO IV. Análisis de conglomerados. Dendogramas

Figura A2.
Dendograma. Combinación de conglomerados. Año 1995
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y MECON.

Figura A3.
Dendograma. Combinación de conglomerados. Año 1999
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y MECON.

Figura A4.
Dendograma. Combinación de conglomerados. Año 2004
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y MECON.

Figura A5.
Dendograma. Combinación de conglomerados. Año 2014
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC y MECON.

Notas

Información adicional

Clasificación JEL: O18; D63; I31; I32.

Autor responsable de la correspondencia: mcelestegomez.arg@gmail.com

Nota de autoras: Las autoras han contribuido igualmente al trabajo presentado aquí y deberían ser consideradas autoras equivalentes.